Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)La denegatoria de la información requerida está justificada, en tanto la misma está vinculada con causas penales abiertas y en trámite ante el Ministerio Público. El respaldo de la decisión se encuentra en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que preceptúa: “(…) Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. (…) Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave (…)”.
El promovente pierde de vista que el acceso a la información que necesita se ha visto limitado de manera momentánea, es decir, en tanto se sustancia el (los) proceso (s) penales, de tal forma que, una vez ya no sea aplicable la normativa infraconstitucional que regula el acceso a este tipo de información en estas circunstancias, podrá gestionar su entrega y obtenerla. Además, nótese que fue referido al Ministerio Público, para lo que estimara pertinente.
Paralelamente, en cuanto a los límites del acceso a la información ambiental, esta Sala Constitucional desde la sentencia No. 2010-07789 de las 15:00 horas de 28 de abril de 2010 (posición reiterada en la sentencia No. 2024-017779 de las 13:20 horas de 25 de junio de 2024), estableció: “(…) Si bien se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la importancia esencial que posee el derecho de acceso a la información y, en este caso, a la información de índole ambiental, como un instrumento para garantizar la adecuada protección del medio ambiente –pues su conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto-, lo cierto es que, también, el ejercicio de dicho derecho se encuentra sujeto a límites. (…) De ahí que, dicho derecho debe ceder ante las exigencias de una convivencia pacífica y democrática, objetivo prioritario de la sociedad y de su organización política y, desde luego, también, ante el derecho a la intimidad y reserva del resto de los administrados. (…) que una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse en los siguientes supuestos: (…) b) cuando la divulgación de tal información tenga efectos desfavorables sobre los siguientes aspectos: b.1.) La buena marcha de la justicia, posibilidad que toda persona pueda ser juzgada, equitativamente, o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario (…)”.
English (translation)The denial of the requested information is justified, since it is linked to open criminal cases being processed before the Public Prosecutor's Office. The decision is supported by Article 295 of the Criminal Procedure Code, which provides: “(…) Privacy of proceedings. The preparatory procedure shall not be public for third parties. The proceedings may only be examined by the parties, directly or through their representatives. (…) The parties, the officials participating in the investigation, and any other persons who, for any reason, become aware of the proceedings carried out, shall have the obligation to maintain secrecy. Non-compliance with this obligation shall be considered a serious offense (…)”.
The petitioner overlooks the fact that access to the information he needs has been limited temporarily, that is, while the criminal proceeding(s) is being substantiated, so that once the sub-constitutional regulation governing access to this type of information under these circumstances is no longer applicable, he may request its delivery and obtain it. Moreover, note that he was referred to the Public Prosecutor's Office for whatever he deemed pertinent.
In parallel, regarding the limits of access to environmental information, this Constitutional Chamber, since judgment No. 2010-07789 of 3:00 p.m. on April 28, 2010 (a position reiterated in judgment No. 2024-017779 of 1:20 p.m. on June 25, 2024), established: “(…) Although our legal system recognizes the essential importance of the right of access to information and, in this case, to environmental information, as an instrument to guarantee adequate protection of the environment —since its conservation is an obligation shared by public authorities and society as a whole—, the truth is that the exercise of said right is also subject to limits. (…) Hence, said right must yield to the demands of peaceful and democratic coexistence, a priority objective of society and its political organization, and, of course, also to the right to privacy and confidentiality of the other citizens. (…) that a request for information on the environment may be denied in the following cases: (…) b) when the disclosure of such information would have adverse effects on the following aspects: b.1.) The proper administration of justice, the possibility that any person may be tried fairly, or the ability of a public authority to conduct a criminal or disciplinary investigation (…)”.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 13565 - 2025 Fecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-002369-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-002369-0007-CO Res. Nº 2025013565 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Resultando: 1.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 11:43 horas de 27 de enero de 2025, Nombre01 presentó un recurso de amparo en contra del SINAC. El recurrente aseguró que el SINAC le denegó información de carácter ambiental solicitada desde el 20 de enero de 2025. Solicitó que se declare con lugar el recurso de amparo. 2.- Mediante el auto de las 12:44 horas de 31 de enero de 2025, se admitió el recurso de amparo y se dio traslado a la Administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, así como a la Directora Regional del Área de Conservación La Amistad Cariba, ambas del SINAC. 3.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 08:59 horas de 17 de marzo de 2025, Maylin de los Ángeles Mora Arias y Fanny Cruz Torres, Directora Regional a.i. del Área de Conservación la Amistad y Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, ambas del SINAC, informaron: “(…) El señor Nombre01 inició su gestión mediante el oficio AEL-00264-2024, con fecha 7 de noviembre de 2024, en el cual solicitó copia de todos los informes técnicos relacionados con tala y cambio de uso de suelo en la Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). Posteriormente, mediante el oficio AEL-030-2025, con fecha 20 de enero de 2025, solicitó información detallada, incluyendo coordenadas y nombres de las personas físicas y jurídicas mencionadas en el oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024, emitido el 25 de noviembre de 2024 (…) Mediante el oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024, se informó al recurrente que no era posible proporcionar copia de los informes técnicos solicitados, ya que estos formaban parte de una investigación penal activa en el Ministerio Público, relacionada con presuntos delitos ambientales. En el oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025, con fecha 24 de enero de 2025, se reiteró que la información solicitada no podía ser divulgada debido a su carácter confidencial y su vinculación con un proceso investigativo en curso (…) Que se recibe nota AEL-00281-2024, relacionada con los informes de seguimiento de tala y cambio de uso de suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo (REGAMA), y en relación con el oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25 de noviembre de 2024 (…) Finalmente, mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025, con fecha 10 de marzo de 2025, se recordó al recurrente que, conforme al Artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones en procesos investigativos no son de acceso público y que, para obtener la información solicitada, debía dirigirse al Ministerio Público (…) Que este mismo caso se encuentra actualmente en trámite ante esta Honorable Sala Constitucional bajo el Expediente No. 24-035547-0007-CO, y que, en atención a dicha circunstancia, se remitió un informe detallado de lo actuado mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-RNVSGM 087-2025, con fecha 10 de marzo de 2025, en el cual se evidencia que las consultas del recurrente han sido reiterativas y han sido atendidas en múltiples ocasiones conforme a la normativa aplicable (…)” (sic). 4.- Mediante el escrito agregado al expediente digital a las 15:39 horas de 17 de marzo de 2025, Nombre01, se refirió a lo informado. Manifestó: “(…) reitero a Sus Autoridades la urgente necesidad de que, mediante sentencia, se delimiten los alcances del referido artículo 295, de modo que se garantice un equilibrio entre las prerrogativas administrativas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Solo así se podrá evitar que esta norma sea instrumentalizada para desnaturalizar el acceso a la información pública, pilar esencial de la transparencia y la rendición de cuentas en un Estado de Derecho (…) Solicito a Sus Autoridades declarar con lugar el presente recurso, estableciendo los límites necesarios al artículo 295 del Código Procesal y ordenando a las autoridades recurridas cumplir con sus obligaciones legales en relación con la información solicitada y la resolución N° 2019-012745 (…)” (sic). 5.- Por medio del escrito agregado al expediente digital a las 16:32 horas de 8 de abril de 2025, Nombre01, volvió a referirse a lo informado. Insistió: “(…) Solicito respetuosamente a esta Sala que, en su función de garante de la supremacía constitucional, declare la necesidad de modular la aplicación del artículo 295 del Código Procesal para evitar que su interpretación vulnere principios esenciales como la proporcionalidad, la razonabilidad y el respeto a los derechos fundamentales del recurrente, conforme a los estándares internacionales antes mencionados (…)” (sic). 6.- Mediante el correo electrónico agregado al expediente digital a las 10:36 horas de 2 de mayo de 2025, Yuliana Salvatierra López, Secretaria de la Dirección Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe, conformó a este Tribunal que el informe rendido por las autoridades recurridas fue debidamente firmado utilizando la aplicación Agente Gaudi. Aportó prueba que respalda su dicho. 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente aseguró que el SINAC le denegó información de carácter ambiental solicitada desde el 20 de enero de 2025. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1. En el oficio No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de 25 de noviembre de 2024, la Administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Caribe, indicó al tutelado: “(…) En respuesta al oficio AEL-00264-2024 referente a la solicitud de copia de todos los informes de tala y cambio de uso de suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca – Manzanillo (REGAMA), le indico lo siguiente. Con respecto a la solicitud planteada, no se le puede entregar copia de los informes técnicos atendidos en esas áreas que han resultado con algún tipo de delito ambiental, ya que se han presentado como denuncia en el Ministerio Publico y estos forman parte de un proceso investigativo activo en dicha instancia judicial. Para cualquier consulta sobre el avance de estas investigaciones o copias, debe dirigirse directamente a esa institución. Cabe señalar que lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 de la Ley N° 7594: Código Procesal Penal (…) No obstante, con el propósito de que pueda realizar la consulta del caso ante el Ministerio Público, a continuación, se le presenta una lista de los informes con los números de oficio sobre los diferentes delitos ambientales encontrados en el área e Paraíso y el RNVSGM y que están siendo investigados por el Ministerio Público. Los informes que no cuentan con número de causa aún no han sido solicitados a la fiscalía. Para obtener el número de causa de estos, deberá realizar la solicitud directamente a esa institución (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital). 2. Por medio del oficio No. AEL-0030-2025 de 20 de enero de 2025, Nombre01 solicitó a la Administradora del Refugio Gandoca Manzanillo del Área de Conservación Amistad Caribe del SINAC, lo siguiente: “(…) Solicitud de informe escrito que incluya coordenadas y nombres de las personas físicas y jurídicas enlistadas en el oficio SINAC-ACLAC-DASP RNVSGM-549-2024 de fecha 25 de noviembre de 2024 (…) Estimada señora Administradora: Requerimos de manera urgente, con fundamento en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública No.10.554, publicada en la Gaceta del día viernes 1 de noviembre de 2024, que obliga a las autoridades públicas a informar de manera adecuada y veraz, oportuna y pertinente, que interponga sus buenos oficios a fin de suministrarnos mediante oficio los fundamentos facticos y legales que han mediado en el asunto de referencia y sus antecedentes (…) Notificaciones señalo en primer lugar el correo ...01 , y en segundo lugar ...02 (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital). 3. Mediante el oficio No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 de 24 de enero de 2025, la Administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Caribe, contestó al amparado: “(…) Como se indicó previamente, la información contenida en oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25 de noviembre de 2025 a las que usted se refiere ha sido remitida al Ministerio Público debido a la presunta comisión de delitos ambientales. En este momento, la información forma parte de un proceso investigativo activo, por lo que su divulgación podría afectar el curso de las diligencias judiciales. Cabe señalar que lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 de la Ley No. 7594: Código Procesal Penal (…) que indica lo siguiente (…)” (sic) (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital). III.- Sobre el caso concreto. De la relación de hechos probados se desprende que en el oficio No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de 25 de noviembre de 2024, la Administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Caribe, indicó al tutelado: “(…) En respuesta al oficio AEL-00264-2024 referente a la solicitud de copia de todos los informes de tala y cambio de uso de suelo en Dirección01 y dentro de los límites del Refugio Gandoca – Manzanillo (REGAMA), le indico lo siguiente. Con respecto a la solicitud planteada, no se le puede entregar copia de los informes técnicos atendidos en esas áreas que han resultado con algún tipo de delito ambiental, ya que se han presentado como denuncia en el Ministerio Publico y estos forman parte de un proceso investigativo activo en dicha instancia judicial. Para cualquier consulta sobre el avance de estas investigaciones o copias, debe dirigirse directamente a esa institución. Cabe señalar que lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 de la Ley N° 7594: Código Procesal Penal (…) No obstante, con el propósito de que pueda realizar la consulta del caso ante el Ministerio Público, a continuación, se le presenta una lista de los informes con los números de oficio sobre los diferentes delitos ambientales encontrados en el área e Paraíso y el RNVSGM y que están siendo investigados por el Ministerio Público. Los informes que no cuentan con número de causa aún no han sido solicitados a la fiscalía. Para obtener el número de causa de estos, deberá realizar la solicitud directamente a esa institución (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). IV.- Posteriormente, por medio del oficio No. AEL-0030-2025 de 20 de enero de 2025, Nombre01 solicitó a la Administradora del Refugio Gandoca Manzanillo del Área de Conservación Amistad Caribe del SINAC, lo siguiente: “(…) Solicitud de informe escrito que incluya coordenadas y nombres de las personas físicas y jurídicas enlistadas en el oficio SINAC-ACLAC-DASP RNVSGM-549-2024 de fecha 25 de noviembre de 2024 (…) Estimada señora Administradora: Requerimos de manera urgente, con fundamento en la Ley Marco de Acceso a la Información Pública No.10.554, publicada en la Gaceta del día viernes 1 de noviembre de 2024, que obliga a las autoridades públicas a informar de manera adecuada y veraz, oportuna y pertinente, que interponga sus buenos oficios a fin de suministrarnos mediante oficio los fundamentos facticos y legales que han mediado en el asunto de referencia y sus antecedentes (…) Notificaciones señalo en primer lugar el correo ...01 , y en segundo lugar ...02 (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). Ante esto, mediante el oficio No. No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 de 24 de enero de 2025, la Administradora del Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo de la Dirección de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación La Amistad Caribe, contestó al amparado: “(…) Como se indicó previamente, la información contenida en oficio SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 de fecha 25 de noviembre de 2025 a las que usted se refiere ha sido remitida al Ministerio Público debido a la presunta comisión de delitos ambientales. En este momento, la información forma parte de un proceso investigativo activo, por lo que su divulgación podría afectar el curso de las diligencias judiciales. Cabe señalar que lo anterior se encuentra establecido en el Artículo 295 de la Ley No. 7594: Código Procesal Penal (…) que indica lo siguiente (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). V.- La denegatoria de la información requerida está justificada, en tanto la misma está vinculada con causas penales abiertas y en trámite ante el Ministerio Público. El respaldo de la decisión se encuentra en el artículo 295 del Código Procesal Penal, que preceptúa: “(…) Privacidad de las actuaciones El procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los imputados o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave (…)” (sic). VI.- El promovente pierde de vista que el acceso a la información que necesita se ha visto limitado de manera momentánea, es decir, en tanto se sustancia el (los) proceso (s) penales, de tal forma que, una vez ya no sea aplicable la normativa infraconstitucional que regula el acceso a este tipo de información en estas circunstancias, podrá gestionar su entrega y obtenerla. Además, nótese que fue referido al Ministerio Público, para lo que estimara pertinente. VII.- Paralelamente, en cuanto a los límites del acceso a la información ambiental, esta Sala Constitucional desde la sentencia No. 2010-07789 de las 15:00 horas de 28 de abril de 2010 (posición reiterada en la sentencia No. 2024-017779 de las 13:20 horas de 25 de junio de 2024), estableció: “(…) Si bien se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la importancia esencial que posee el derecho de acceso a la información y, en este caso, a la información de índole ambiental, como un instrumento para garantizar la adecuada protección del medio ambiente –pues su conservación es una obligación que comparten los poderes públicos y la sociedad en su conjunto-, lo cierto es que, también, el ejercicio de dicho derecho se encuentra sujeto a límites. Resulta imposible predicar, respecto del derecho de acceso a la información ambiental, un derecho absoluto, puesto que, como el resto de derechos, posee un carácter relativo. De modo tal que, los límites que se le impongan a dicho derecho, se justifican en cuanto habrá situaciones en que la transparencia o publicidad puede causar serios perjuicios o trastornos a los intereses generales o particulares que la sociedad estime dignos de protección o prevalecientes. De ahí que, dicho derecho debe ceder ante las exigencias de una convivencia pacífica y democrática, objetivo prioritario de la sociedad y de su organización política y, desde luego, también, ante el derecho a la intimidad y reserva del resto de los administrados. Desde esa perspectiva, resulta factible señalar, de conformidad, a su vez, con lo dispuesto por la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales o Convención de Aarhus, adoptada en la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, celebrada en Dinamarca el 25 de junio de 1998, que una solicitud de información sobre el medio ambiente podrá denegarse en los siguientes supuestos: a) Cuando la solicitud se refiere a documentos que están elaborándose y b) cuando la divulgación de tal información tenga efectos desfavorables sobre los siguientes aspectos: b.1.) La buena marcha de la justicia, posibilidad que toda persona pueda ser juzgada, equitativamente, o la capacidad de una autoridad pública para efectuar una investigación de orden penal o disciplinario y b.2.) el carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esta persona no ha consentido la divulgación de esas informaciones al público, cuando dicho carácter confidencial de este tipo de información esté previsto por el derecho interno (…)” (sic) (el énfasis no pertenece al original). No existen en el sub examine razones particulares o de interés público que hagan necesaria la aclaración que el recurrente solicitó en los escritos agregados al expediente digital a las 15:39 horas de 17 de marzo de 2025, y a las 16:32 horas de 8 de abril de 2025, y mucho menos, variar el criterio vertido. VIII.- Conclusión. Bajo este orden de consideraciones el recurso de amparo deviene improcedente, y así debe declararse. IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. Fernando Cruz C. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Rosibel Jara V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- M43CEM6NI7HE61 EXPEDIENTE N° 25-002369-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:05:56. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Constitutional Chamber Resolution No. 13565 - 2025 Resolution Date: May 9, 2025 at 9:15 a.m. Expediente: 25-002369-0007-CO Drafted by: Jorge Araya Garcia Type of matter: recurso de amparo Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Resolution text Exp: 25-002369-0007-CO Res. No. 2025013565 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine fifteen on the ninth of May of two thousand twenty-five. Recurso de amparo filed by Nombre01, identity document CED01, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). Resultando: 1.- By means of the filing added to the digital case file at 11:43 a.m. on January 27, 2025, Nombre01 filed a recurso de amparo against SINAC. The petitioner asserted that SINAC denied him environmental information requested since January 20, 2025. He requested that the recurso de amparo be granted. 2.- By means of the order of 12:44 p.m. on January 31, 2025, the recurso de amparo was admitted and the Administrator of the Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, as well as the Regional Director of the Área de Conservación La Amistad Caribe, both of SINAC, were notified. 3.- By means of the filing added to the digital case file at 8:59 a.m. on March 17, 2025, Maylin de los Ángeles Mora Arias and Fanny Cruz Torres, Acting Regional Director of the Área de Conservación la Amistad and Administrator of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, both of SINAC, reported: “(…) Mr. Nombre01 began his proceedings through official letter AEL-00264-2024, dated November 7, 2024, in which he requested copies of all technical reports related to logging (tala) and land-use change (cambio de uso de suelo) in Dirección01 and within the boundaries of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA). Subsequently, through official letter AEL-030-2025, dated January 20, 2025, he requested detailed information, including coordinates and names of natural and legal persons mentioned in official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024, issued on November 25, 2024 (…) Through official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024, the petitioner was informed that it was not possible to provide copies of the requested technical reports, as these were part of an active criminal investigation in the Ministerio Público, related to alleged environmental crimes. In official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025, dated January 24, 2025, it was reiterated that the requested information could not be disclosed due to its confidential nature and its link to an ongoing investigative process (…) That note AEL-00281-2024 is received, related to the follow-up reports on logging and land-use change (cambio de uso de suelo) in Dirección01 and within the boundaries of the Refugio Gandoca Manzanillo (REGAMA), and in relation to official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated November 25, 2024 (…) Finally, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-087-2025, dated March 10, 2025, the petitioner was reminded that, pursuant to Article 295 of the Código Procesal Penal, actions in investigative processes are not publicly accessible and that, to obtain the requested information, he should address the Ministerio Público (…) That this same case is currently pending before this Honorable Constitutional Chamber under Expediente No. 24-035547-0007-CO, and that, in attention to said circumstance, a detailed report of the actions taken was submitted through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-RNVSGM 087-2025, dated March 10, 2025, in which it is evidenced that the petitioner's inquiries have been reiterative and have been addressed on multiple occasions in accordance with applicable regulations (…)” (sic). 4.- By means of the filing added to the digital case file at 3:39 p.m. on March 17, 2025, Nombre01 commented on what was reported. He stated: “(…) I reiterate to Your Authorities the urgent need for the scope of the referenced Article 295 to be delimited by judgment, in such a way as to guarantee a balance between administrative prerogatives and the fundamental rights of citizens. Only thus can this norm be prevented from being instrumentalized to denaturalize access to public information, an essential pillar of transparency and accountability in a State of Law (…) I request that Your Authorities grant this recurso, establishing the necessary limits to Article 295 of the Código Procesal and ordering the respondent authorities to comply with their legal obligations in relation to the requested information and Resolution No. 2019-012745 (…)” (sic). 5.- By means of the filing added to the digital case file at 4:32 p.m. on April 8, 2025, Nombre01 again commented on what was reported. He insisted: “(…) I respectfully request that this Chamber, in its function as guarantor of constitutional supremacy, declare the need to modulate the application of Article 295 of the Código Procesal to prevent its interpretation from violating essential principles such as proportionality, reasonableness, and respect for the petitioner's fundamental rights, in accordance with the aforementioned international standards (…)” (sic). 6.- By means of the email added to the digital case file at 10:36 a.m. on May 2, 2025, Yuliana Salvatierra López, Secretary of the Regional Direction of the Área de Conservación La Amistad Caribe, confirmed to this Tribunal that the report issued by the respondent authorities was duly signed using the Agente Gaudi application. She provided evidence supporting her statement. 7.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed. Drafted by Judge Araya García; and, Considering: I.- Purpose of the recurso. The petitioner asserted that SINAC denied him environmental information requested since January 20, 2025. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: 1. In official letter No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024, the Administrator of the Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo of the Dirección de Áreas Silvestres Protegidas of the Área de Conservación La Amistad Caribe, indicated to the protected party: “(…) In response to official letter AEL-00264-2024 regarding the request for copies of all reports on logging and land-use change (cambio de uso de suelo) in Dirección01 and within the boundaries of the Refugio Gandoca – Manzanillo (REGAMA), I indicate the following. With respect to the request submitted, copies of the technical reports addressed in those areas that have resulted in some type of environmental crime cannot be provided to you, as they have been submitted as a complaint to the Ministerio Público and these form part of an active investigative process in said judicial instance. For any inquiry about the progress of these investigations or copies, you must address that institution directly. It should be noted that the foregoing is established in Article 295 of Law No. 7594: Código Procesal Penal (…) However, for the purpose of enabling you to make the relevant inquiry before the Ministerio Público, a list of the reports is presented below with the official letter numbers regarding the different environmental crimes found in the Paraíso area and the RNVSGM and that are being investigated by the Ministerio Público. The reports that do not have a case number have not yet been requested from the prosecutor's office. To obtain the case number for these, you must make the request directly to that institution (…)” (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file). 2. By means of official letter No. AEL-0030-2025 of January 20, 2025, Nombre01 requested from the Administrator of the Refugio Gandoca Manzanillo of the Área de Conservación Amistad Caribe of SINAC, the following: “(…) Request for a written report that includes coordinates and names of the natural and legal persons listed in official letter SINAC-ACLAC-DASP RNVSGM-549-2024 dated November 25, 2024 (…) Dear Madam Administrator: We urgently require, based on the Ley Marco de Acceso a la Información Pública No. 10,554, published in La Gaceta on Friday, November 1, 2024, which obliges public authorities to inform in an adequate, truthful, timely, and pertinent manner, that you use your good offices to provide us, by official letter, the factual and legal grounds that have mediated in the referenced matter and its background (…) For notifications, I indicate firstly the email ...01 , and secondly ...02 (…)” (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file). 3. Through official letter No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 of January 24, 2025, the Administrator of the Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo of the Dirección de Áreas Silvestres Protegidas of the Área de Conservación La Amistad Caribe, replied to the amparo petitioner: “(…) As previously indicated, the information contained in official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated November 25, [2024] to which you refer has been referred to the Ministerio Público due to the alleged commission of environmental crimes. At this time, the information forms part of an active investigative process, so its disclosure could affect the course of the judicial proceedings. It should be noted that the foregoing is established in Article 295 of Law No. 7594: Código Procesal Penal (…) which indicates the following (…)” (sic) (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital case file). III.- Regarding the specific case. From the account of proven facts, it is evident that in official letter No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 of November 25, 2024, the Administrator of the Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo of the Dirección de Áreas Silvestres Protegidas of the Área de Conservación La Amistad Caribe, indicated to the protected party: “(…) In response to official letter AEL-00264-2024 regarding the request for copies of all reports on logging and land-use change (cambio de uso de suelo) in Dirección01 and within the boundaries of the Refugio Gandoca – Manzanillo (REGAMA), I indicate the following. With respect to the request submitted, copies of the technical reports addressed in those areas that have resulted in some type of environmental crime cannot be provided to you, as they have been submitted as a complaint to the Ministerio Público and these form part of an active investigative process in said judicial instance. For any inquiry about the progress of these investigations or copies, you must address that institution directly. It should be noted that the foregoing is established in Article 295 of Law No. 7594: Código Procesal Penal (…) However, for the purpose of enabling you to make the relevant inquiry before the Ministerio Público, a list of the reports is presented below with the official letter numbers regarding the different environmental crimes found in the Paraíso area and the RNVSGM and that are being investigated by the Ministerio Público. The reports that do not have a case number have not yet been requested from the prosecutor's office. To obtain the case number for these, you must make the request directly to that institution (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). IV.- Subsequently, by means of official letter No. AEL-0030-2025 of January 20, 2025, Nombre01 requested from the Administrator of the Refugio Gandoca Manzanillo of the Área de Conservación Amistad Caribe of SINAC, the following: “(…) Request for a written report that includes coordinates and names of the natural and legal persons listed in official letter SINAC-ACLAC-DASP RNVSGM-549-2024 dated November 25, 2024 (…) Dear Madam Administrator: We urgently require, based on the Ley Marco de Acceso a la Información Pública No. 10,554, published in La Gaceta on Friday, November 1, 2024, which obliges public authorities to inform in an adequate, truthful, timely, and pertinent manner, that you use your good offices to provide us, by official letter, the factual and legal grounds that have mediated in the referenced matter and its background (…) For notifications, I indicate firstly the email ...01 , and secondly ...02 (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). Given this, through official letter No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-042-2025 of January 24, 2025, the Administrator of the Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo of the Dirección de Áreas Silvestres Protegidas of the Área de Conservación La Amistad Caribe, replied to the amparo petitioner: “(…) As previously indicated, the information contained in official letter SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-549-2024 dated November 25, [2024] to which you refer has been referred to the Ministerio Público due to the alleged commission of environmental crimes. At this time, the information forms part of an active investigative process, so its disclosure could affect the course of the judicial proceedings. It should be noted that the foregoing is established in Article 295 of Law No. 7594: Código Procesal Penal (…) which indicates the following (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). V.- The denial of the requested information is justified, insofar as it is linked to open criminal cases pending before the Ministerio Público. The support for the decision is found in Article 295 of the Código Procesal Penal, which prescribes: “(…) Privacy of actions. The preparatory procedure shall not be public for third parties. The actions may only be examined by the parties, directly or through their representatives. Lawyers who invoke a legitimate interest shall be informed by the Ministerio Público about the fact under investigation and about any accused or detained persons, so that they may decide whether to accept participation in the case. The parties, the officials who participate in the investigation, and the other persons who, for any reason, have knowledge of the actions carried out, shall have the obligation to keep secrecy. Failure to comply with this obligation shall be considered a serious offense (…)” (sic). VI.- The petitioner loses sight of the fact that access to the information he needs has been limited momentarily, that is, while the criminal proceeding(s) is/are being substantiated, such that, once the infraconstitutional regulation that governs access to this type of information in these circumstances is no longer applicable, he may manage its delivery and obtain it. Furthermore, note that he was referred to the Ministerio Público, for whatever he deemed pertinent. VII.- In parallel, regarding the limits to access to environmental information, this Constitutional Chamber, since ruling No. 2010-07789 of 3:00 p.m. on April 28, 2010 (position reiterated in ruling No. 2024-017779 of 1:20 p.m. on June 25, 2024), established: “(…) Although the essential importance of the right of access to information and, in this case, to environmental information, is recognized in our legal system as an instrument to guarantee adequate protection of the environment –since its conservation is an obligation shared by public powers and society as a whole–, the fact is that the exercise of said right is also subject to limits. It is impossible to predicate, regarding the right of access to environmental information, an absolute right, since, like the rest of the rights, it possesses a relative character. Such that, the limits imposed on said right are justified insofar as there will be situations in which transparency or publicity may cause serious damages or disruptions to general or particular interests that society deems worthy of protection or prevailing. Hence, said right must yield to the demands of peaceful and democratic coexistence, a priority objective of society and its political organization and, of course, also, to the right to privacy and confidentiality of the rest of the administered parties. From that perspective, it is feasible to point out, in accordance, in turn, with the provisions of the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters or Aarhus Convention, adopted at the Ministerial Conference “Environment for Europe”, held in Denmark on June 25, 1998, that a request for information on the environment may be denied in the following circumstances: a) When the request refers to documents that are being prepared and b) when the disclosure of such information has adverse effects on the following aspects: b.1.) The proper administration of justice, the possibility that every person may be tried equitably, or the capacity of a public authority to carry out a criminal or disciplinary investigation and b.2.) the confidential nature of personal data and files regarding a natural person if that person has not consented to the disclosure of that information to the public, when said confidential nature of this type of information is provided for by domestic law (…)” (sic) (emphasis does not belong to the original). There are no particular or public interest reasons in the instant case that make the clarification the petitioner requested in the filings added to the digital case file at 3:39 p.m. on March 17, 2025, and at 4:32 p.m. on April 8, 2025, necessary, much less to vary the opinion rendered. VIII.- Conclusion. Under this order of considerations, the recurso de amparo becomes inadmissible, and thus must be declared. IX.- Documentation provided to the expediente. The parties are warned that if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Por tanto: The recurso is declared without merit. Fernando Cruz C. Acting President Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Aracelly Pacheco S. Ana Cristina Fernandez A. Rosibel Jara V. Digitally Signed Document -- Verification code -- M43CEM6NI7HE61 EXPEDIENTE No. 25-002369-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 meters South of the Perpetuo Socorro church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:05:56. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República