Res. 13819-2025 Sala Constitucional — Reasonable Time to Resolve Environmental Complaint Before TAAPlazo razonable para resolver denuncia ambiental ante el TAA

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Sala Constitucional

Resolución Nº 13819 - 2025

Fecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-010935-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-010935-0007-CO

Res. Nº 2025013819

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO (TAA).

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 22 de abril de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que en la finca madre plano catastro No. 6- 259523-1995, ubicada en la provincia de Puntarenas, cantón Osa, distrito Bahía Ballena, a nombre de Klamath Sociedad de Responsabilidad Limitada, se han llevado a cabo “presuntamente diversas actividades sin la debida autorización para intervenir en áreas de bosque, tales como corta de árboles, construcción de caminos y construcciones”. Sostiene que esto constituye una intervención directa en contra del ambiente natural del bosque, afectando la biodiversidad y el equilibrio natural de estas zonas. Por ello, indica que el 14 de febrero del 2025 y, en atención a lo indicado por el Tribunal Ambiental Administrativo en la resolución No. 127-25-TAA, remitió ante ese órgano formal denuncia para que se investigue a dicha sociedad por presunta violación al artículo 19 de la Ley Forestal (por cambio de suelo), se ordene la paralización de cualquier actividad en la zona de bosque y se reestablezca su estado original. Lo anterior, además, “considerando que se omitieron requisitos de valoración de impacto ambiental para un proyecto de fraccionamiento y en caso de determinarse daños al ambiente, deberá ordenarse la reparación del daño causado en este sitio”. Reclama que, a la fecha de interposición de este recurso, no se ha recibido respuesta alguna a su denuncia, ni tiene conocimiento sobre algún abordaje realizado por el Tribunal respecto a la misma. Solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene a la parte recurrida atender la denuncia presentada.

2.- Por resolución de las 15:22 hrs. de 23 de abril de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 28 de abril de 2025, Maureen Solís Retana, en su condición de Jueza Presidenta y Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Vicepresidenta, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, rinden informe y señalan expresamente lo siguiente: “(…) ANTECEDENTES: PRIMERO: El día 18 de noviembre del 2024, mediante oficio SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024, el señor Andrés Cortez Orozco, en su condición de Secretario General de la SETENA, conforme al artículo 60 del Decreto 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, trasladó a este Tribunal la denuncia interpuesta por el señor Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, en contra de la sociedad KLAMATH S.R.L., por la supuesta infracción a la Ley Forestal, ubicado en Puntarenas, Cantón Osa. Distrito Bahía Ballena. (Ver folios del 02 al 11 del expediente administrativo) SEGUNDO: A dicha denuncia, según su fecha de presentación, se le asignó el número de expediente Nº 262-24-01-TAA. TERCERO: Mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2024, el señor Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, se apersonó ante este Tribunal en calidad de denunciante de la gestión trasladada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en oficio SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024. (Ver folio 13 del expediente administrativo) CUARTO: Mediante oficio TAA-DT-003-2025, de fecha 08 de enero del 2025, el Departamento Técnico de este Tribunal, realiza un análisis previo de la denuncia, verificando las plataformas oficiales de información geográfica entre otras, todo con el fin de facilitar la etapa de investigación del expediente. (ver folio 14 del expediente administrativo). QUINTO: Que mediante resolución Nº 127-2025-TAA de las siete horas veinte minutos del once de febrero del dos mil veinticinco, visible a folios 15 y 16 del expediente administrativo, este Tribunal dando trámite a la denuncia presentada por el señor Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, en contra de la sociedad KLAMATH S.R.L., por la supuesta infracción a la Ley Forestal, con fundamento en el oficio TAA-DT-003-2025 del Departamento Técnico resolvió: “… y con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Tribunal considera pertinente prevenir al señor Nombre01, en su condición de denunciante que indique de manera puntual, cuáles son las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental, anterior de acuerdo con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente, lo anterior, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública.” (El subrayado no es del original) (ver folios 15 y 16 del expediente administrativo). SEXTO: El día 14 de febrero del 2025, el señor Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, presentó escrito mediante el cual da respuesta a lo prevenido en la resolución Nº 127-2025-TAA de las siete horas veinte minutos del once de febrero del dos mil veinticinco. (visible a folios 20 y 21 del expediente administrativo) SÉPTIMO: Una vez analizada la respuesta dada por el denunciante a lo requerido por este Tribunal en la resolución Nº 127-2025-TAA, mediante oficio TAA-DT-106-2025 de fecha 24 de abril del 2025, se indicó lo siguiente: (visible a folio 26 del expediente administrativo) “… I. HALLAZGOS DEL ANÁLISIS Con base en el análisis de lo indicado en el oficio O-286-2025-TAA se indica lo siguiente: a. En folio 2, 4, 13 e incluso en folio 20 se hace referencia a un rango con dos juegos de coordenadas que no corresponden a coordenadas de ubicación dentro del territorio costarricense. En Costa Rica, el formato oficial según el decreto 33797-MJ-MOPT es el CRTM05 (EPSG:5367). En este formato, el Norte debe contener siete (7) dígitos en el número entero (es decir, sin incluir los dígitos decimales). Por otro lado, el Este debe contener seis (6) dígitos. En la información remitida por la parte denunciante, tanto el Norte como el Este poseen seis (6) dígitos, por tanto, no corresponden a puntos de ubicación válidos dentro del país. b. Realizando búsqueda de información en la plataforma del Registro Nacional de Costa Rica1 sobre el plano mencionado en folios 20 y 21, al momento de esta consulta se encontró que, dicho plano está relacionado en apariencia con la formación de fincas, específicamente las fincas folio real 6-19549, 6-19563, 6-17596 y 6-3657-M. A su vez, las fincas indicadas poseen supuestamente varias segregaciones: i. La Dirección01 posee dos segregaciones ii. La Dirección02 posee segregaciones, varias de ellas cerradas iii. La Dirección03 posee segregaciones, varias de ellas cerradas iv. La Dirección04 en apariencia posee 28 filiales, cada una con folio real distinto, además proviene supuestamente del folio real CED02. v. Con base en lo previamente indicado, el área del presunto plano mencionado en folios 20 y 21 por la parte denunciante se ha modificado en el tiempo por más de 35 inmuebles diferentes que poseen su propio folio real y plano respectivo. Dicho lo anterior, se considera prudente solicitar nuevamente a la parte denunciante indicar cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega.” OCTAVO: Con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente y 14 del Decreto Ejecutivo número 34136-MINAE, este Tribunal en resolución Nº 373-25-TAA de las siete horas quince minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, visible a folio 27 y 28 del expediente administrativo, resolvió: “ÚNICO: En aras de continuar con el respectivo trámite y proceder con la investigación de la verdad real de los hechos en el presente procedimiento administrativo, se previene por segunda ocasión al Licenciado Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, en su condición de denunciante, que deberá aclarar los requisitos establecidos, específicamente en cuanto a indicar “…cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega..”, tal y como se indicó en el oficio TAA-DT-106-2025 transcrito líneas arriba. Para lo anterior, se le concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública. En caso de incumplimiento se procederá al archivo directo del expediente, conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente.” Tal y como consta en el expediente administrativo, la resolución Nº 373-25-TAA de las siete horas quince minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, fue debidamente notificada el día 25 de abril del 2025, en el medio señalado por el denunciante para recibir notificaciones. (Folio 29) Una vez que se cuente con la información requerida en la resolución Nº 373-25-TAA, este Tribunal con el objetivo de resolver la denuncia interpuesta, continuará con el procedimiento que legalmente proceda, según sus competencias. CONSIDERACIONES JURÍDICAS: El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por disposición del artículo 103 de la Ley Orgánica del Ambiente (publicada en La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995), es un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, con competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. De acuerdo a las potestades dadas al Tribunal Ambiental por la Ley Orgánica del Ambiente, este actúa a partir de presentada la denuncia a instancia de parte (Art. 108 de LOA) o de oficio (Art. 111 de LOA) aplicando para ello el procedimiento establecido en su Reglamento N°34136. En ese sentido, es importante indicar que, las denuncias que se presentan ante el Tribunal Ambiental, al igual que cualquier otra petición de información o reclamo administrativo, para su correcta tramitación requieren del cumplimiento de varios requisitos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 14 del Decreto N° 34136, artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente, en relación con el artículo 285 de la Ley General de la Administración Pública. El cumplimiento de dichos requisitos, es fundamental para poder realizar de manera objetiva la investigación preliminar y poder determinar la verdad real de los hechos denunciados. Los artículos 14, 107 y 285 señalados disponen lo siguiente (…) SOBRE EL EXPEDIENTE Nº 262-24-01-TAA: En razón de la normativa anterior, en cumplimiento del debido proceso y principio de legalidad, este Tribunal en el caso concreto del expediente Nº 262-24-01-TAA, una vez recibida y analizada la denuncia presentada por el señor Nombre01, se determinó con base en el estudio técnico que la información respecto a la ubicación de los hechos denunciados no era clara y precisa como se requiere. Por lo que, mediante la resolución Nº 127-2025-TAA de las siete horas veinte minutos del once de febrero del dos mil veinticinco, este Tribunal previno al señor Nombre01, que indicara de manera puntual, cuáles son las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental. Ante la respuesta brindada por el denunciante a lo prevenido en resolución Nº 127-2025- TAA, se analiza técnicamente dicha respuesta, lográndose determinar que se mantienen las inconsistencias en cuanto a la ubicación exacta del lugar de los hechos denunciados, según lo indicado en el oficio TAA-DT-106-2025. Por lo que, acatando la recomendación dada por el Departamento Técnico de este Tribunal, se procedió por segunda ocasión a prevenirle al señor denunciante Nombre01, que deberá aclarar los requisitos específicamente en cuanto cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que alega en su denuncia. Esta segunda prevención se llevó a cabo mediante la resolución Nº 373-25-TAA de las siete horas quince minutos del día veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, debidamente notificada el día 25 de abril del 2025, en el medio señalado por el denunciante para recibir notificaciones. Así las cosas, se informa a esa Honorable Sala Constitucional que la denuncia con número de expediente 262-24-01-TAA presentada por el señor Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, se encuentra en la etapa de investigación preliminar, en la cual, se procedió a la prevención del cumplimiento o aclaración de requisitos conforme el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente, específicamente la ubicación de los hechos denunciados insumo técnico necesario para continuar con la respectiva investigación de la verdad real de los hechos denunciados, lo cual permitirá que este Tribunal solicite los insumos técnicos necesarios, que le permitan determinar la verdad real de los hechos, tal y como lo disponen los artículos 22 y 23 del reglamento N°34136. Con la información recabada en esta etapa de investigación en la cual se encuentra el expediente Nº 262-24-01-TAA, este Tribunal conforme a sus competencias, tomará las medidas que se estimen legalmente pertinentes, apegadas al principio de legalidad y debido proceso (…)”.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente aduce que las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo, para la fecha de formulado este amparo, no habían resuelto una denuncia que planteó formalmente desde el 14 de febrero de 2025 en contra de la sociedad Klamath, por diversas actividades llevadas a cabo en contra del ambiente.

II.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONOCER ESTE AMPARO CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un supuesto de excepción –respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional–, pues se está ante una denuncia de índole ambiental, la cual presuntamente no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1)   El día 18 de noviembre del 2024, mediante oficio No. SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024, el Secretario General de la SETENA trasladó al Tribunal Ambiental Administrativo la denuncia interpuesta por el recurrente, señor Nombre01, en contra de la sociedad KLAMATH S.R.L. (ubicada en Puntarenas, Cantón Osa. Distrito Bahía Ballena), por la supuesta infracción a la Ley Forestal. A dicha denuncia se le asignó el expediente No. 262-24-01-TAA (ver informe y prueba).

2)   Mediante escrito de fecha 15 de noviembre del 2024, el recurrente se apersonó al Tribunal recurrido en calidad de denunciante de la gestión trasladada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental mediante oficio No. SETENA-SG-1338-2024 de fecha 12 de noviembre del 2024. El accionante señaló el siguiente medio para recibir notificaciones del proceso: ...01 (ver informe y prueba).

3)   En oficio No. TAA-DT-003-2025 de fecha 8 de enero del 2025, el Departamento Técnico del Tribunal recurrido consignó un análisis previo realizado de la denuncia, verificando las plataformas oficiales de información geográfica, entre otras, con el fin de facilitar la etapa de investigación del expediente (ver informe y prueba).

4)   Mediante resolución No. 127-2025-TAA de las 07:20 hrs. de 11 de febrero de 2025, el Tribunal recurrido, con fundamento en lo dispuesto en el oficio No. TAA-DT-003-2025 del Departamento Técnico, resolvió:

“(…) con el fin de verificar la verdad real de los hechos, este Tribunal considera pertinente prevenir al señor Nombre01, en su condición de denunciante que indique de manera puntual, cuáles son las coordenadas del sitio de la denuncia, así como especificar puntualmente el supuesto daño ambiental, anterior de acuerdo con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente, lo anterior, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública (…)” (ver informe y prueba).

5)   El día 14 de febrero de 2025, el recurrente presentó escrito ante la recurrida mediante el cual dio respuesta a lo prevenido en la resolución No. 127-2025-TAA de 11 de febrero de 2025 (ver informe y prueba)

6)   Para la fecha de formulado este amparo, sea, el 22 de abril de 2025, dicha denuncia no había sido resuelta (los autos).

7)   A las 09:46 hrs. de 24 de abril de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la interposición de este amparo (ver acta de notificación).

8)   Mediante oficio No. O-286-2025-TAA de fecha 24 de abril de 2025, la abogada tramitadora del citado expediente en el Tribunal recurrido, solicitó al Departamento Técnico de ese mismo órgano lo siguiente:

“(…) Con el objetivo de continuar con el procedimiento correspondiente en el expediente N° 262-24-01-TAA, respetuosamente le solicito, verificar y brindar información sobre la respuesta dada por el señor Nombre01 a lo prevenido en la resolución de este Tribunal R-127-25-TAA (…)” (ver prueba).

9)   En oficio No. TAA-DT-106-2025 de fecha 24 de abril del 2025, la Unidad Técnica del Tribunal recurrido consignó lo siguiente:

“(…) “… I. HALLAZGOS DEL ANÁLISIS Con base en el análisis de lo indicado en el oficio O-286-2025-TAA se indica lo siguiente: a. En folio 2, 4, 13 e incluso en folio 20 se hace referencia a un rango con dos juegos de coordenadas que no corresponden a coordenadas de ubicación dentro del territorio costarricense. En Costa Rica, el formato oficial según el decreto 33797-MJ-MOPT es el CRTM05 (EPSG:5367). En este formato, el Norte debe contener siete (7) dígitos en el número entero (es decir, sin incluir los dígitos decimales). Por otro lado, el Este debe contener seis (6) dígitos. En la información remitida por la parte denunciante, tanto el Norte como el Este poseen seis (6) dígitos, por tanto, no corresponden a puntos de ubicación válidos dentro del país. b. Realizando búsqueda de información en la plataforma del Registro Nacional de Costa Rica1 sobre el plano mencionado en folios 20 y 21, al momento de esta consulta se encontró que, dicho plano está relacionado en apariencia con la formación de fincas, específicamente las fincas folio real 6-19549, 6-19563, 6-17596 y 6-3657-M. A su vez, las fincas indicadas poseen supuestamente varias segregaciones: i. La finca 6-19549 posee dos segregaciones ii. La finca 6-19563 posee segregaciones, varias de ellas cerradas iii. La finca 6-17596 posee segregaciones, varias de ellas cerradas iv. La finca 6-3657-M en apariencia posee 28 filiales, cada una con folio real distinto, además proviene supuestamente del folio real 6-192993. v. Con base en lo previamente indicado, el área del presunto plano mencionado en folios 20 y 21 por la parte denunciante se ha modificado en el tiempo por más de 35 inmuebles diferentes que poseen su propio folio real y plano respectivo.

Dicho lo anterior, se considera prudente solicitar nuevamente a la parte denunciante indicar cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega (…)” (ver informe y prueba).

10) Mediante resolución No. 373-25-TAA de las 07:15 hrs. de 25 de abril de 2025, el Tribunal recurrido resolvió lo siguiente:

“(…) “ÚNICO: En aras de continuar con el respectivo trámite y proceder con la investigación de la verdad real de los hechos en el presente procedimiento administrativo, se previene por segunda ocasión al Licenciado Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, en su condición de denunciante, que deberá aclarar los requisitos establecidos, específicamente en cuanto a indicar “…cuáles son los juegos de coordenadas puntuales y válidos del sitio o los sitios aparentemente involucrados en los supuestos hechos, así como los folios reales válidos de las propiedades aparentemente involucradas en las irregularidades que el recurrente alega..”, tal y como se indicó en el oficio TAA-DT-106-2025 transcrito líneas arriba. Para lo anterior, se le concede un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, lo anterior de acuerdo con el artículo 262 de la Ley General de Administración Pública. En caso de incumplimiento se procederá al archivo directo del expediente, conforme al artículo 107 de la Ley Orgánica del Ambiente (…)” (ver informe y prueba).

11) La anterior resolución No. 373-25-TAA se le notificó al recurrente al medio señalado para tales efectos el día 25 de abril de 2025 (ver informe y prueba). 

IV.- CASO CONCRETO. El recurrente acusa que, a la fecha en que acude en amparo, las autoridades del Tribunal Ambiental Administrativo no habían resuelto una denuncia que planteó contra la sociedad Klamath por la supuesta infracción a la Ley Forestal y el consecuente daño ambiental producido en virtud actividades realizadas. 

Revisados los autos, esta Sala estima que lleva razón el tutelado en su alegato. Lo anterior, ya que se tiene por demostrado que, pese a que el Tribunal recurrido recibió, por parte de SETENA, la denuncia en cuestión desde el 18 de noviembre de 2024, a la fecha de formulado este proceso, sea, el 22 de abril de 2025 -luego de transcurrido un plazo excesivo de cinco meses aproximadamente-, esta no había sido resuelta de manera definitiva.

Dicha demora, en este caso en particular, no resulta justificada. En primer término, por cuanto del elenco de hechos probados se denota que el último acto realizado en dicho procedimiento data del 11 de febrero de 2025, que fue cuando mediante resolución No. 127-2025-TAA se le previno al recurrente señalar las coordenadas del sitio denunciado y el supuesto daño ambiental producido, lo cual, además, fue atendido por el denunciante desde el 14 de febrero del año en curso, es decir, dos meses antes incluso de formulado este amparo.  Por su parte, cabe destacar que la recurrida no argumentó la existencia de algún motivo objetivo y de peso posterior a dicha actuación que justificara por qué se omitió continuar con la instrucción del procedimiento hasta el dictado de la resolución final.

Aunado a lo anterior, cabe destacarse que no fue sino hasta que las autoridades del Tribunal recurrido tuvieron conocimiento de la interposición de este proceso de amparo (lo cual ocurrió el 24 de abril de 2025), que se dispuso verificar la información rendida por el tutelado el 14 de febrero de 2025 y se emitió la resolución No. 373-25-TAA de las 07:15 hrs. de 25 de abril de 2025, mediante la cual, a su vez, se le previno a este último nuevamente aportar las coordenadas puntuales del sitio denunciado y los folios válidos de las propiedades.

La dilación observada en la tramitación de este procedimiento, deviene, sin lugar a dudas, en un quebranto al derecho fundamental a obtener un procedimiento administrativo pronto y cumplido, estatuido en el ordinal 41 de la Constitución Política. Por consiguiente, lo que procede es acoger este amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es también criterio del suscrito, de que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, considero que su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente presentó una denuncia por un problema ambiental, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva, con violación del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE.  Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Maureen Solís Retana, en su condición de Jueza Presidenta y a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Vicepresidenta, ambas del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes en su lugar ocupen dichos cargos, que dentro del plazo de UN MES –contado a partir del momento en que se cumpla la prevención girada mediante resolución No. 373-25-TAA de 25 de abril de 2025–, se resuelva de forma definitiva y sin dilaciones indebidas, la denuncia ambiental planteada por el tutelado y se le notifique lo resuelto. Se advierte que, de no acatar la orden dicha, podría incurrir en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley la Jurisdicción Constitucional, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OO4NW5A7RBU61

EXPEDIENTE N° 25-010935-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:06:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 13819 - 2025

Date of Resolution: May 9, 2025, at 9:15 a.m.

Expediente: 25-010935-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-010935-0007-CO

Res. No. 2025013819

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on May ninth, two thousand twenty-five.

Amparo remedy filed by Nombre01, identity card CED03, against the ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL (TAA).

WHEREAS:

1.- By means of a written submission filed with the Chamber on April 22, 2025, the petitioner files an amparo remedy and states that on the parent farm, cadastral map No. 6-259523-1995, located in the province of Puntarenas, canton Osa, district Bahía Ballena, registered to Klamath Sociedad de Responsabilidad Limitada, “presumably various activities have been carried out without proper authorization to intervene in forest areas, such as tree felling, road construction, and building construction.” He argues that this constitutes a direct intervention against the natural forest environment, affecting biodiversity and the natural balance of these areas. Therefore, he indicates that on February 14, 2025, and in response to the findings of the Administrative Environmental Tribunal in resolution No. 127-25-TAA, he submitted a formal complaint to that body to investigate said company for an alleged violation of Article 19 of the Ley Forestal (due to land-use change [cambio de suelo]), to order the paralysis of any activity in the forest zone, and to restore it to its original state. The foregoing, additionally, “considering that environmental impact assessment [evaluación de impacto ambiental] requirements were omitted for a subdivision [fraccionamiento] project and, should damage to the environment be determined, the repair of the damage caused at this site must be ordered.” He complains that, as of the date of filing this remedy, no response has been received to his complaint, nor does he have knowledge of any action taken by the Tribunal regarding it. He requests that the remedy be granted and that the respondent party be ordered to address the complaint filed.

2.- By resolution at 3:22 p.m. on April 23, 2025, the proceeding is set in motion and reports are requested from the respondent authorities.

3.- By means of a submission filed with the Chamber on April 28, 2025, Maureen Solís Retana, in her capacity as Presiding Judge, and Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice-Presiding Judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, render their report and expressly state the following: “(…) BACKGROUND: FIRST: On November 18, 2024, through official communication SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024, Mr. Andrés Cortez Orozco, in his capacity as General Secretary of SETENA, pursuant to Article 60 of Decree 43898-MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, transferred to this Tribunal the complaint filed by Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, against the company KLAMATH S.R.L., for the alleged violation of the Ley Forestal, located in Puntarenas, Canton Osa, District Bahía Ballena. (See folios 02 through 11 of the administrative file) SECOND: This complaint, according to its filing date, was assigned file number 262-24-01-TAA. THIRD: Through a written submission dated November 15, 2024, Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, appeared before this Tribunal as the complainant in the proceeding transferred by the National Environmental Technical Secretariat in official communication SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024. (See folio 13 of the administrative file) FOURTH: Through official communication TAA-DT-003-2025, dated January 8, 2025, the Technical Department of this Tribunal conducted a preliminary analysis of the complaint, verifying official geographic information platforms, among others, all for the purpose of facilitating the investigation stage of the file. (see folio 14 of the administrative file). FIFTH: That through resolution No. 127-2025-TAA at seven hours and twenty minutes on February eleventh, two thousand twenty-five, visible at folios 15 and 16 of the administrative file, this Tribunal, processing the complaint filed by Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, against the company KLAMATH S.R.L., for the alleged violation of the Ley Forestal, based on official communication TAA-DT-003-2025 from the Technical Department, resolved: “… and in order to verify the real truth of the facts, this Tribunal deems it pertinent to formally request [prevenir] Mr. Nombre01, in his capacity as complainant, to indicate specifically the coordinates of the complaint site, as well as to specify precisely the alleged environmental damage, in accordance with Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente, the foregoing, WITHIN A PERIOD OF TEN BUSINESS DAYS, starting from the day following notification of this resolution, in accordance with Article 262 of the Ley General de Administración Pública.” (The underlining is not from the original) (see folios 15 and 16 of the administrative file). SIXTH: On February 14, 2025, Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, filed a written submission responding to what was formally requested in resolution No. 127-2025-TAA at seven hours and twenty minutes on February eleventh, two thousand twenty-five. (visible at folios 20 and 21 of the administrative file) SEVENTH: After analyzing the response given by the complainant to what was required by this Tribunal in resolution No. 127-2025-TAA, through official communication TAA-DT-106-2025 dated April 24, 2025, the following was indicated: (visible at folio 26 of the administrative file) “… I. ANALYSIS FINDINGS Based on the analysis of what was indicated in official communication O-286-2025-TAA, the following is stated: a. In folio 2, 4, 13, and even in folio 20, reference is made to a range with two sets of coordinates that do not correspond to location coordinates within Costa Rican territory. In Costa Rica, the official format according to decree 33797-MJ-MOPT is CRTM05 (EPSG:5367). In this format, the North coordinate must contain seven (7) digits in the whole number (that is, excluding decimal digits). On the other hand, the East must contain six (6) digits. In the information provided by the complainant, both North and East have six (6) digits; therefore, they do not correspond to valid location points within the country. b. Searching for information on the platform of the Registro Nacional de Costa Rica1 regarding the map mentioned in folios 20 and 21, at the time of this query, it was found that said map is apparently related to the formation of farms, specifically the farms with real estate folio numbers 6-19549, 6-19563, 6-17596, and 6-3657-M. In turn, the indicated farms supposedly have several segregations: i. Farm 6-19549 has two segregations ii. Farm 6-19563 has segregations, several of which are closed iii. Farm 6-17596 has segregations, several of which are closed iv. Farm 6-3657-M apparently has 28 subsidiaries, each with a different real estate folio number; furthermore, it supposedly originates from real estate folio number CED02. v. Based on the foregoing, the area of the alleged map mentioned in folios 20 and 21 by the complainant has been modified over time into more than 35 different properties that have their own real estate folio number and respective map. Having stated the above, it is considered prudent to request again that the complainant indicate the specific and valid sets of coordinates of the site or sites apparently involved in the alleged facts, as well as the valid real estate folio numbers of the properties apparently involved in the irregularities claimed by the appellant.” EIGHTH: Based on Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente and Article 14 of Decreto Ejecutivo number 34136-MINAE, this Tribunal, in resolution No. 373-25-TAA at seven hours and fifteen minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five, visible at folios 27 and 28 of the administrative file, resolved: “ONE: In order to continue with the respective processing and proceed with the investigation to ascertain the real truth of the facts in this administrative procedure, Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, in his capacity as complainant, is formally requested for the second time to clarify the established requirements, specifically regarding indicating ‘…the specific and valid sets of coordinates of the site or sites apparently involved in the alleged facts, as well as the valid real estate folio numbers of the properties apparently involved in the irregularities claimed by the appellant…’, as indicated in official communication TAA-DT-106-2025 transcribed above. For this purpose, a period of THREE BUSINESS DAYS is granted, counted from the day following notification of this Resolution, in accordance with Article 262 of the Ley General de Administración Pública. In the event of non-compliance, the file will be directly archived, in accordance with Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente.” As stated in the administrative file, resolution No. 373-25-TAA at seven hours and fifteen minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five, was duly notified on April 25, 2025, to the means indicated by the complainant for receiving notifications. (Folio 29) Once the information required in resolution No. 373-25-TAA is available, this Tribunal, in order to resolve the filed complaint, will continue with the legally applicable procedure, according to its competences. LEGAL CONSIDERATIONS: The Administrative Environmental Tribunal (TAA), by provision of Article 103 of the Ley Orgánica del Ambiente (published in La Gaceta No. 215 of November 13, 1995), is a deconcentrated body of the Ministry of Environment and Energy, with exclusive competence and functional independence in the performance of its duties. According to the powers granted to the Environmental Tribunal by the Ley Orgánica del Ambiente, it acts upon the filing of a complaint by a party (Art. 108 of LOA) or ex officio (Art. 111 of LOA), applying the procedure established in its Regulation No. 34136. In this sense, it is important to indicate that complaints filed before the Environmental Tribunal, like any other request for information or administrative claim, require compliance with several requirements for proper processing, which are established in Article 14 of Decree No. 34136, Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente, in relation to Article 285 of the Ley General de la Administración Pública. Compliance with these requirements is fundamental for objectively carrying out the preliminary investigation and determining the real truth of the reported facts. Articles 14, 107, and 285 cited state the following (…) REGARDING FILE No. 262-24-01-TAA: By reason of the foregoing regulations, in compliance with due process and the principle of legality, this Tribunal, in the specific case of file No. 262-24-01-TAA, once the complaint filed by Mr. Nombre01 was received and analyzed, determined, based on the technical study, that the information regarding the location of the reported facts was not clear and precise as required. Therefore, through resolution No. 127-2025-TAA at seven hours and twenty minutes on February eleventh, two thousand twenty-five, this Tribunal formally requested Mr. Nombre01 to specifically indicate the coordinates of the complaint site, as well as to specify precisely the alleged environmental damage. Given the response provided by the complainant to what was formally requested in resolution No. 127-2025-TAA, said response was technically analyzed, determining that the inconsistencies regarding the exact location of the site of the reported facts persist, as indicated in official communication TAA-DT-106-2025. Therefore, heeding the recommendation given by the Technical Department of this Tribunal, the complainant Mr. Nombre01 was formally requested for a second time to clarify the requirements, specifically regarding the specific and valid sets of coordinates of the site or sites apparently involved in the alleged facts, as well as the valid real estate folio numbers of the properties apparently involved in the irregularities claimed in his complaint. This second formal request was carried out through resolution No. 373-25-TAA at seven hours and fifteen minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five, duly notified on April 25, 2025, to the means indicated by the complainant for receiving notifications. Thus, this Honorable Constitutional Chamber is informed that the complaint with file number 262-24-01-TAA filed by Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, is in the preliminary investigation stage, in which the request for compliance with or clarification of requirements was carried out in accordance with Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente, specifically the location of the reported facts, necessary technical input to continue with the respective investigation into the real truth of the reported facts, which will allow this Tribunal to request the necessary technical inputs to determine the real truth of the facts, as provided in Articles 22 and 23 of Regulation No. 34136. With the information gathered in this investigation stage in which file No. 262-24-01-TAA is found, this Tribunal, in accordance with its competences, will take the measures deemed legally pertinent, adhering to the principle of legality and due process (…)”.

4.- In the substantiation of the process, legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

WHEREAS:

I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner claims that the authorities of the Administrative Environmental Tribunal, as of the date this amparo was filed, had not resolved a complaint that he formally filed on February 14, 2025, against the company Klamath, for various activities carried out against the environment.

II.- ON THE POSSIBILITY OF HEARING THIS AMPARO PURSUANT TO ARTICLE 41 OF THE CONSTITUTION. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure—it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is debated whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at a party's request—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this case, a scenario of exception is raised—supported by the majority of this Constitutional Court—since it concerns an environmental complaint, which has allegedly not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- PROVEN FACTS. The following are deemed relevant and accredited for deciding this amparo remedy:

1) On November 18, 2024, through official communication No. SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024, the General Secretary of SETENA transferred to the Administrative Environmental Tribunal the complaint filed by the petitioner, Mr. Nombre01, against the company KLAMATH S.R.L. (located in Puntarenas, Canton Osa, District Bahía Ballena), for the alleged violation of the Ley Forestal. This complaint was assigned file No. 262-24-01-TAA (see report and evidence).

2) By means of a written submission dated November 15, 2024, the petitioner appeared before the respondent Tribunal as the complainant in the proceeding transferred by the National Environmental Technical Secretariat through official communication No. SETENA-SG-1338-2024 dated November 12, 2024. The petitioner indicated the following means for receiving notifications of the process: ...01 (see report and evidence).

3) In official communication No. TAA-DT-003-2025 dated January 8, 2025, the Technical Department of the respondent Tribunal recorded a preliminary analysis conducted on the complaint, verifying official geographic information platforms, among others, in order to facilitate the investigation stage of the file (see report and evidence).

4) Through resolution No. 127-2025-TAA at 7:20 a.m. on February 11, 2025, the respondent Tribunal, based on the provisions of official communication No. TAA-DT-003-2025 from the Technical Department, resolved:

“(…) in order to verify the real truth of the facts, this Tribunal deems it pertinent to formally request Mr. Nombre01, in his capacity as complainant, to indicate specifically the coordinates of the complaint site, as well as to specify precisely the alleged environmental damage, in accordance with Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente, the foregoing, WITHIN A PERIOD OF TEN BUSINESS DAYS, starting from the day following notification of this resolution, in accordance with Article 262 of the Ley General de Administración Pública (…)” (see report and evidence).

5) On February 14, 2025, the petitioner filed a written submission before the respondent responding to what was formally requested in resolution No. 127-2025-TAA of February 11, 2025 (see report and evidence).

6) As of the date this amparo was filed, i.e., April 22, 2025, said complaint had not been resolved (the case file).

7) At 9:46 a.m. on April 24, 2025, the respondent authority was notified of the filing of this amparo (see notification record).

8) Through official communication No. O-286-2025-TAA dated April 24, 2025, the processing attorney for the cited file at the respondent Tribunal requested the following from the Technical Department of that same body:

“(…) In order to continue with the corresponding procedure in file No. 262-24-01-TAA, I respectfully request you to verify and provide information regarding the response given by Mr. Nombre01 to what was formally requested in this Tribunal’s resolution R-127-25-TAA (…)” (see evidence).

9) In official communication No. TAA-DT-106-2025 dated April 24, 2025, the Technical Unit of the respondent Tribunal recorded the following:

“(…) “… I. ANALYSIS FINDINGS Based on the analysis of what was indicated in official communication O-286-2025-TAA, the following is stated: a. In folio 2, 4, 13, and even in folio 20, reference is made to a range with two sets of coordinates that do not correspond to location coordinates within Costa Rican territory. In Costa Rica, the official format according to decree 33797-MJ-MOPT is CRTM05 (EPSG:5367). In this format, the North coordinate must contain seven (7) digits in the whole number (that is, excluding decimal digits). On the other hand, the East must contain six (6) digits. In the information provided by the complainant, both North and East have six (6) digits; therefore, they do not correspond to valid location points within the country. b. Searching for information on the platform of the Registro Nacional de Costa Rica1 regarding the map mentioned in folios 20 and 21, at the time of this query, it was found that said map is apparently related to the formation of farms, specifically the farms with real estate folio numbers 6-19549, 6-19563, 6-17596, and 6-3657-M. In turn, the indicated farms supposedly have several segregations: i. Farm 6-19549 has two segregations ii. Farm 6-19563 has segregations, several of which are closed iii. Farm 6-17596 has segregations, several of which are closed iv. Farm 6-3657-M apparently has 28 subsidiaries, each with a different real estate folio number; furthermore, it supposedly originates from real estate folio number 6-192993. v. Based on the foregoing, the area of the alleged map mentioned in folios 20 and 21 by the complainant has been modified over time into more than 35 different properties that have their own real estate folio number and respective map.

Having stated the above, it is considered prudent to request again that the complainant indicate the specific and valid sets of coordinates of the site or sites apparently involved in the alleged facts, as well as the valid real estate folio numbers of the properties apparently involved in the irregularities claimed by the appellant (…)” (see report and evidence).

10) Through resolution No. 373-25-TAA at 7:15 a.m. on April 25, 2025, the respondent Tribunal resolved the following:

“(…) “ONE: In order to continue with the respective processing and proceed with the investigation to ascertain the real truth of the facts in this administrative procedure, Mr. Nombre01, holder of identity card number CED01, in his capacity as complainant, is formally requested for the second time to clarify the established requirements, specifically regarding indicating ‘…the specific and valid sets of coordinates of the site or sites apparently involved in the alleged facts, as well as the valid real estate folio numbers of the properties apparently involved in the irregularities claimed by the appellant…’, as indicated in official communication TAA-DT-106-2025 transcribed above. For this purpose, a period of THREE BUSINESS DAYS is granted, counted from the day following notification of this Resolution, in accordance with Article 262 of the Ley General de Administración Pública. In the event of non-compliance, the file will be directly archived, in accordance with Article 107 of the Ley Orgánica del Ambiente (…)” (see report and evidence).

11) The aforementioned resolution No. 373-25-TAA was notified to the petitioner to the means indicated for such purposes on April 25, 2025 (see report and evidence).

IV.- SPECIFIC CASE. The petitioner alleges that, as of the date he filed this amparo, the authorities of the Administrative Environmental Tribunal had not resolved a complaint he filed against the company Klamath for the alleged violation of the Ley Forestal and the resulting environmental damage caused by activities carried out.

Having reviewed the case file, this Chamber considers that the petitioner is correct in his claim. This is because it has been proven that, despite the respondent Tribunal receiving the complaint in question from SETENA as of November 18, 2024, as of the date this process was filed, i.e., April 22, 2025—after an excessive period of approximately five months had elapsed—it had not been definitively resolved.

Said delay, in this particular case, is not justified. Firstly, because the list of proven facts shows that the last action carried out in said procedure dates from February 11, 2025, which was when, through resolution No. 127-2025-TAA, the petitioner was formally requested to indicate the coordinates of the reported site and the alleged environmental damage caused, which, moreover, was addressed by the complainant as of February 14 of the current year, i.e., even two months before this amparo was filed. Furthermore, it should be noted that the respondent did not argue the existence of any objective and weighty reason subsequent to said action that would justify why the instruction of the procedure was omitted until the issuance of the final resolution.

In addition to the foregoing, it should be highlighted that it was not until the authorities of the respondent Tribunal became aware of the filing of this amparo process (which occurred on April 24, 2025) that they ordered the verification of the information provided by the petitioner on February 14, 2025, and issued resolution No. 373-25-TAA at 7:15 a.m. on April 25, 2025, through which, in turn, the latter was again formally requested to provide the specific coordinates of the reported site and the valid folio numbers of the properties.

The delay observed in the processing of this procedure undoubtedly constitutes a violation of the fundamental right to obtain a prompt and fulfilled administrative procedure, established in Article 41 of the Constitution. Consequently, the appropriate course is to grant this amparo, with the consequences set forth in the operative part of this judgment.

V.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is also the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, I consider that its knowledge and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitution), as occurs in this case, in which the petitioner filed a complaint for an environmental problem, which involves the right to a healthy environment and the right to health, which the petitioner claims has not been definitively resolved, in violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified quality of life.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are formally requested that if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic File before the Judicial Branch" ["Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial"], approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The remedy is granted. Maureen Solís Retana, in her capacity as Presiding Judge, and Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Vice-Presiding Judge, both of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever occupies said positions in their stead, are ordered to, within a period of ONE MONTH—counted from the moment the formal request issued through resolution No. 373-25-TAA of April 25, 2025, is fulfilled—resolve definitively and without undue delay the environmental complaint filed by the petitioner and notify him of the decision. It is warned that, by not complying with said order, they could incur in the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo remedy, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Notify.


Fernando Cruz C.

Acting Presiding Judge


Luis Fdo. Salazar A.


Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.


Aracelly Pacheco S.

Ana Cristina Fernandez A.


Rosibel Jara V.

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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OO4NW5A7RBU61

FILE No. 25-010935-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección05, Dirección06, 100 mts.

South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:06:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República