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Res. 14498-2025 Sala Constitucional — Usurpation of municipal land and failure to recover not subject to amparoUsurpación de terreno municipal y omisión en la recuperación no son amparables

constitutional decision Sala Constitucional 16/05/2025 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber flatly rejects an amparo petition filed against the Municipality of Goicoechea for the alleged failure to address a complaint about the usurpation of a municipal lot and to recover said property. The petitioner claimed that a neighbor had illegally taken over an adjacent municipal lot, using it as a yard and storage area, and that the municipality had not acted despite the complaint. She also complained about fill in a protected area that was under criminal investigation. The Chamber holds that it is not its role to substitute the municipality in determining ownership of the property or in recovering the land. Any undue delay in resolving the administrative complaint must be raised before the administrative contentious jurisdiction, which provides swift and effective mechanisms for protecting substantive legal positions. Regarding the criminal case, the Chamber states that it cannot replace the criminal jurisdiction or act as an appellate body. The petition is rejected as manifestly inadmissible, with a separate note by Justice Castillo Víquez on the Chamber's competence regarding prompt administrative justice, and a dissenting vote by Justice Cruz Castro, who argues that administrative delay can harm fundamental rights and should be heard by the Chamber.
Español
La Sala Constitucional rechaza de plano un recurso de amparo interpuesto contra la Municipalidad de Goicoechea por la presunta omisión en atender una denuncia sobre usurpación de un terreno municipal y por no recuperar dicho bien. La recurrente alegó que un vecino se había apropiado ilegalmente de un terreno colindante con su casa, utilizándolo como patio y bodega, y que la municipalidad no había actuado pese a la denuncia presentada. También reclamó por un relleno en zona protegida que estaría siendo investigado en vía penal. La Sala considera que no le corresponde sustituir a la municipalidad en la determinación de la titularidad del inmueble ni en la recuperación del terreno. Señala que cualquier dilación en la resolución de la denuncia administrativa debe plantearse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual ofrece mecanismos céleres y efectivos para la protección de situaciones jurídicas sustanciales. Respecto a la causa penal, indica que no puede suplir a la jurisdicción penal ni actuar como alzada. El rechazo es por inadmisibilidad manifiesta, con una nota separada del magistrado Castillo Víquez sobre la competencia en materia de justicia administrativa pronta y cumplida, y un voto salvado del magistrado Cruz Castro, quien sostiene que la mora administrativa sí puede lesionar derechos fundamentales y debe ser conocida por la Sala.

Key excerpt

Español (source)
I.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. La recurrente alega, como principal reproche, que un particular ha usurpado o se ha apropiado, sin permiso alguno, de un terreno municipal ubicado en la Urbanización Beraca. Acusa que ya denunció tal situación ante la Municipalidad de Goicoechea, pero la corporación municipal ha sido omisa en atender su denuncia y recuperar el bien en cuestión. En cuyo caso, debe indicarse que -prima facie- no corresponde a esta Sala sustituir a la municipalidad recurrida en sus funciones y determinar la naturaleza o titularidad del referido inmueble. Ahora bien, de estimar la recurrente que ha existo alguna dilación indebida en el trámite y resolución de la mencionada denuncia, ello supondría un reproche propio de plantearse en la vía contenciosa administrativa, con fundamento en los siguientes considerandos.

II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infraconstitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súperlegalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o "amparo de legalidad", los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
English (translation)
I.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. The petitioner's main complaint is that an individual has usurped or taken over, without any permit, a municipal lot located in the Beraca Urbanization. She accuses that she had already reported this to the Municipality of Goicoechea, but the municipal corporation has been negligent in addressing her complaint and recovering the property in question. In which case, it must be stated that – prima facie – it is not for this Chamber to substitute the respondent municipality in its functions and determine the nature or ownership of the immovable property in question. Now, if the petitioner considers that there has been some undue delay in the processing and resolution of the aforementioned complaint, this would be a complaint properly raised before the administrative contentious courts, based on the following considerations.

II.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL POSITIONS OF THE ADMINISTERED. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria given the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal positions grounded in infra-constitutional law or the legality parameter, which are indirectly connected to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it should not be overlooked that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly supports any conceivable substantive legal position of individuals. However, upon better consideration and with the enactment of the Code of Administrative Contentious Procedure (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force on January 1, 2008, it has become clear that parties now have a full and universal administrative contentious jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms introduced by that legislation, such as the shortening of time limits for performing procedural acts, broad standing, precautionary measures, the open list of admissible claims, orality – and its sub-principles of concentration, immediacy, and celerity –, a single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential proceeding or 'amparo of legality,' processes on pure questions of law, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial enforcement, attachment of fiscal domain property and some public domain property), the broad powers of the enforcement judges, the extension and adaptation of case law effects to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and goal of achieving procedural economy, celerity, promptness, and effective or complete protection of the substantive legal positions of the administered, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new administrative contentious jurisdiction is an appropriate channel, given its new characteristics of simplicity, celerity, and promptness, for the amparo and effective protection of substantive legal positions of the administered in cases where it is necessary to gather evidence or define certain ordinary legality issues.

III.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: A CLEAR MATTER OF ORDINARY LEGALITY. It is clear that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, in order to resolve an administrative procedure by final act – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the relevant administrative appeals, is a clear matter of ordinary legality that, from now on, can be discussed and resolved before the administrative contentious jurisdiction with the application of the principles that nourish constitutional jurisdiction, such as vicarious standing, the possibility of material defense – i.e., appearing without legal representation – and gratuity for the appellants. Consequently, flat rejection is required, and the parties are advised that if they so wish, they may resort to the administrative contentious jurisdiction.

Outcome

Inadmissible

English
The amparo petition is flatly rejected because it is not for the Chamber to substitute the municipality in land recovery or replace the criminal jurisdiction, and any delays must be addressed through the administrative contentious courts.
Español
Se rechaza de plano el recurso de amparo por no corresponder a la Sala sustituir a la municipalidad en la recuperación de terrenos ni suplir a la jurisdicción penal, correspondiendo las dilaciones a la vía contencioso-administrativa.

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Sala Constitucional

Resolución Nº 14498 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 09:35

Expediente: 25-009846-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 25-009846-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2025014498

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad nro. CED01, contra la Municipalidad de Goicoechea.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 16:36 horas del 6 de abril de 2025, la recurrente manifiesta que interpone este amparo por las “omisiones en el actuar frente a una Usurpación de un terreno Municipal que denuncié y que desde hace años ocurre”. Expone que un líder comunal y presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno para Adulto Mayor, llamado Carlos Quintero, quien vive en la casa nro. 55, de la Urbanización Beraca, “tiene colindante un terreno Municipal a un costado de su casa, este señor realizó una puerta anexa de latas en pared de latas para camuflarla, dicho terreno está complemente cerrado con maya (sic), y sólo hay acceso del lado de la pared de latas… de la casa del Presidente de la Asociación Carlos Quintero, ese terreno no tiene acceso nadie más de la Comunidad”. Reclama que, en consecuencia, tal persona se ha apropiado de ese terreno, “sin ningún permiso legal”. Aduce que la Municipalidad de Goicoechea ha violenta su derecho de petición. Asegura que “no se trata de un caso aislado, presuntamente este señor tiene vínculos en la municipalidad lo cuál impide que se tomen medidas como debe ser en casos que se refieren a él”. Expone que “[a]l parecer y con la ayuda de la Municipalidad hace varios años atrás este señor realizó un mega relleno en una zona protegida de la misma urbanización… donde murieron Buhos (sic), pajaros (sic) carpinteros, etc muchas especies de árboles quedaron enterrados, hubo desviación de Ríos o quebradas… y todo eso sin permisos, … aproximadamente hace 10 años atrás, dicho señor usurpó esas zonas, realizó estructuras, creo que hay casas en esa zona Protegida de Costa Rica, Este caso está en la Fiscalía Ambiental”. Alega que resulta preocupante que la administración pública no actúe conforme al ordenamiento jurídico, por “tanta omisión, complicidad, negligencia de varios funcionarios que llevan los casos”. Acusa infracción a los artículos 11 y 27 de la Constitución Política. Insiste que el “vecino de la casa # 55… Usurpa el Terreno continuo a su casa… lo utiliza como Patio, bodega, tendedero de ropa, para hacer fiestas, reuniones familiares y amigos, etc. hizo una puerta escondida en la pared de latas…, para camuflarla y lo tiene cerrado con mallas y tubos, sin posible acceso para la comunidad”. Aduce que ella interpuso la denuncia ante la Municipalidad, pero “no realizó el desalojo, no se fiscaliza o supervisa el terreno municipal, ni… realizado el cierre con tapia o maya (sic) del lado del Presidente de la Asociación Carlos Quintero para evitar que reincida en la usurpación de ese espacio, que puede ser de facilidades Comunales y ponerse máquinas de ejercicios para toda la comunidad adulta mayor, ya que es propiedad del Estado”. Solicita, la recurrente, que se declare con lugar el recurso y si se prueba complicidad o incumplimiento deberes, encubrimiento u omisión, se refiera al Ministerio Público. Asimismo, que se ordene a la Municipalidad de Goicoechea tomar las medidas necesarias para recuperar el terreno municipal usurpado y, una vez recuperado, sea abierto a la comunidad con máquinas de ejercicios como en otros parques de Costa Rica. También pide que se “agilice la denuncia ante la fiscalía Ambiental en el caso del Mega Relleno, se destruyan edificaciones en esa zona Protegida y sea reforestada. ya que continuan (sic) las estructuras en esa zona y aún siguen rellenando con tierra en algunas partes, de esa zona protegida”.   

 2.- Mediante escrito asociado a este expediente el 28 de abril de 2025, la recurrente aporta fotografías como prueba.

3.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

 I.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. La recurrente alega, como principal reproche, que un particular ha usurpado o se ha apropiado, sin permiso alguno, de un terreno municipal ubicado en la Urbanización Beraca. Acusa que ya denunció tal situación ante la Municipalidad de Goicoechea, pero la corporación municipal ha sido omisa en atender su denuncia y recuperar el bien en cuestión. En cuyo caso, debe indicarse que -prima facie- no corresponde a esta Sala sustituir a la municipalidad recurrida en sus funciones y determinar la naturaleza o titularidad del referido inmueble. Ahora bien, de estimar la recurrente que ha existo alguna dilación indebida en el trámite y resolución de la mencionada denuncia, ello supondría un reproche propio de plantearse en la vía contenciosa administrativa, con fundamento en los siguientes considerandos.

II.- NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infraconstitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súperlegalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad -y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o "amparo de legalidad", los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.

III.- VERIFICACIÓN DE LOS PLAZOS PAUTADOS POR LEY PARA RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIÓN EVIDENTE DE LEGALIDAD ORDINARIA. Es evidente que determinar si la administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser discutida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa con la aplicación de los principios que nutren la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la posibilidad de la defensa material -esto es de comparecer sin patrocinio letrado- y de gratuidad para los recurrentes. Consecuentemente, se impone el rechazo de plano e indicarle a las partes gestionantes que si a bien lo tienen pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

IV.- Por lo demás, si la recurrente estima que determinado funcionario público ha actuado de forma indebida o en incumplimiento de sus deberes y obligaciones, lo procedente es que formule la denuncia pertinente en la vía administrativa o en la jurisdicción ordinaria, para que se investigue -con la debida amplitud probatoria- tales hechos.

V.- Finalmente, la recurrente también solicita que se “agilice” una causa penal que se tramita ante la Fiscalía Ambiental, relacionada con una presunta usurpación de una zona protegida. Solicita, además, que en esa causa se disponga la destrucción o derribo de unas edificaciones, así como otras medidas. Por lo que debe advertirse que no le corresponde  a este Tribunal Constitucional suplir a la jurisdicción penal o actuar como alzada en la materia, toda vez que eso implicaría incidir en el ámbito de competencia propio de dicha jurisdicción, el cual está constitucionalmente reservado a los jueces correspondientes, de conformidad con lo dispuesto  en el artículo 153 de la Constitución Política. En razón de lo anterior, deberá la promovente, si a bien lo tiene, apersonarse al referido proceso y exponer sus alegatos a través de los mecanismos que el derecho procesal penal prevé, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Además, si la tutelada estima que existe algún retardo en el trámite de tal proceso, en reiteradas ocasiones, esta Sala ha dicho que, en materia penal, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 174 del Código Procesal Penal, si en la tramitación de algún asunto, recurso o gestión se ha producido algún retardo, la parte interesada puede presentar un pronto despacho y, de no obtener respuesta dentro del plazo legalmente establecido, interponer la respectiva denuncia ante la Inspección Judicial, la Inspección Fiscal o la Corte Plena, según corresponda.

VI.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano el presente amparo, como así se dispone.

VII.- NOTA SEPARADA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país.

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Cruz Castro salva el voto, únicamente en relación con el artículo 41 constitucional.    

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 WNO3OGVT043Y61

EXPEDIENTE N° 25-009846-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:07:22.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
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Sala Constitucional

Resolution No. 14498 - 2025

Date of Resolution: 16 May 2025 at 09:35

Expediente: 25-009846-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL



Text of the resolution

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EXPEDIENTE N° 25-009846-0007-CO

PROCEEDING: AMPARO ACTION

RESOLUTION Nº 2025014498

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty-five hours on the sixteenth of May two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre01, identity card no. CED01, against the Municipality of Goicoechea.

Resultando:

1.- By written brief received in this Chamber at 16:36 hours on 6 April 2025, the petitioner states that she files this amparo for the "omissions in acting regarding a Usurpation of a Municipal land that I reported and which has been occurring for years." She states that a community leader and president of the Asociación Beraca Centro Diurno para Adulto Mayor, named Carlos Quintero, who lives at house no. 55, in Urbanización Beraca, "has a Municipal land adjacent to the side of his house, this man made an attached door of sheet metal in a sheet metal wall to camouflage it, said land is completely closed with mesh (sic), and there is only access from the side of the sheet metal wall… of the house of the Association President Carlos Quintero, no one else from the Community has access to that land." She claims that, consequently, such person has appropriated that land, "without any legal permit." She argues that the Municipality of Goicoechea has violated her right of petition. She asserts that "this is not an isolated case, this man allegedly has connections in the municipality which prevents measures from being taken as they should be in cases involving him." She states that "[a]pparently and with the help of the Municipality several years ago this man carried out a mega landfill in a protected area of the same residential development… where Owls (sic), woodpeckers (sic), etc. died, many tree species were buried, there was diversion of Rivers or streams… and all of that without permits, … approximately 10 years ago, said man usurped those zones, built structures, I believe there are houses in that Protected area of Costa Rica, This case is in the Environmental Prosecutor’s Office (Fiscalía Ambiental)." She alleges that it is concerning that the public administration does not act in accordance with the legal system, due to "so much omission, complicity, negligence of various officials who handle the cases." She accuses a violation of Articles 11 and 27 of the Political Constitution. She insists that the "neighbor of house # 55… Usurps the Land contiguous to his house… he uses it as a Patio, storage, clothesline, to host parties, family and friend gatherings, etc. he made a hidden door in the sheet metal wall…, to camouflage it and he has it closed with meshes and pipes, without possible access for the community." She argues that she filed the report before the Municipality, but "it did not carry out the eviction, it does not inspect or supervise the municipal land, nor… carried out the closure with a wall or mesh (sic) on the side of the Association President Carlos Quintero to prevent him from re-offending in the usurpation of that space, which can be for Community amenities and placing exercise machines for the entire elderly community, since it is State property." The petitioner requests that the action be granted and, if complicity, breach of duties, cover-up, or omission is proven, that a referral be made to the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público). Likewise, that the Municipality of Goicoechea be ordered to take the necessary measures to recover the usurped municipal land and, once recovered, that it be opened to the community with exercise machines as in other parks in Costa Rica. She also requests that the "report before the Environmental Prosecutor’s Office (Fiscalía Ambiental) in the case of the Mega Landfill be expedited, that buildings in that Protected area be demolished and it be reforested. since the structures in that area continue (sic) and they are still filling with earth in some parts, of that protected area."   

2.- Through a written brief associated with this expediente on 28 April 2025, the petitioner provided photographs as evidence.

3.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any request brought to its attention that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous equal or similar dismissed request.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO ACTION. The petitioner alleges, as her main reproach, that a private individual has usurped or appropriated, without any permit, a municipal land located in Urbanización Beraca. She accuses that she already reported such situation to the Municipality of Goicoechea, but the municipal corporation has been negligent in addressing her report and recovering the property in question. In which case, it must be noted that -prima facie- it is not for this Chamber to substitute the respondent municipality in its functions and determine the nature or ownership of the aforementioned property. That said, should the petitioner consider that there has been some undue delay in the processing and resolution of the mentioned report, that would constitute a reproach appropriately raised through the administrative litigation track, based on the following considerations.

II.- NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIVE LEGAL SITUATIONS OF INDIVIDUALS. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantive legal situations rooted in the infra-constitutional legal system or the legality parameter, which have an indirect connection to fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it must not be lost from perspective that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, indirectly underpins any conceivable substantive legal situation of individuals. Nevertheless, upon better consideration and following the enactment of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso-Administrativo) (Law No. 8508 of 24 April 2006) and its entry into force as of 1 January 2008, it has become clear that litigants now have at their disposal a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms that this legislation incorporates into the legal system, such as the shortening of time limits for conducting various procedural acts, the broadness of standing, precautionary measures, the numerus apertus of permissible claims, orality -and its sub-principles of concentration, immediacy, and swiftness-, the single instance with appeal in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing or "legality amparo" process, pure-law processes, the new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of fiscal domain property and some public domain property), the broad powers of the enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and objective of achieving procedural economy, swiftness, promptness, and the effective protection of the substantive legal situations of individuals, all with guarantees of basic fundamental rights such as due process, defense, and adversarial proceedings. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate channel, due to its new characteristics of simplicity, swiftness, and promptness, for the protection and effective protection of the substantive legal situations of individuals in which it is necessary to gather evidence or define certain issues of ordinary legality.

III.- VERIFICATION OF THE TIME LIMITS SET BY LAW FOR RESOLVING ADMINISTRATIVE PROCEDURES: AN EVIDENT ISSUE OF ORDINARY LEGALITY. It is evident that determining whether the public administration complies or not with the time limits set by the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -begun ex officio or at the request of a party- or hear the appropriate administrative appeals, is an evident issue of ordinary legality which, henceforth, may be discussed and resolved before the contentious-administrative jurisdiction with the application of the principles that nourish the constitutional jurisdiction, such as those of vicarious standing, the possibility of material defense -that is, appearing without legal representation- and of gratuity for the petitioners. Consequently, outright rejection is warranted, and the petitioning parties are to be informed that they may, if they so see fit, resort to the contentious-administrative jurisdiction.

IV.- Furthermore, if the petitioner considers that a specific public official has acted improperly or in breach of their duties and obligations, the appropriate course of action is to file the pertinent report through the administrative channel or in the ordinary jurisdiction, so that such facts may be investigated -with due evidentiary breadth-.

V.- Finally, the petitioner also requests that a criminal case being processed before the Environmental Prosecutor's Office (Fiscalía Ambiental), related to an alleged usurpation of a protected area, be “expedited.” She also requests that, in that case, the destruction or demolition of certain buildings be ordered, as well as other measures. Therefore, it must be noted that it is not for this Constitutional Court to substitute for the criminal jurisdiction or act as an appellate body in the matter, since that would imply interfering in the realm of competence specific to said jurisdiction, which is constitutionally reserved to the corresponding judges, in accordance with the provisions of Article 153 of the Political Constitution. For the above reason, the petitioner must, if she so sees fit, appear in the referenced proceeding and present her arguments through the mechanisms provided for by criminal procedural law, so that what is legally appropriate is resolved. Furthermore, if the protected party considers that there is some delay in the processing of that proceeding, on repeated occasions, this Chamber has stated that, in criminal matters, and in application of the provisions of Article 174 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), if in the processing of any matter, appeal, or proceeding, some delay has occurred, the interested party may file a motion for speedy dispatch and, should they not receive a response within the legally established period, file the respective complaint before the Judicial Inspection (Inspección Judicial), the Prosecutor’s Inspection (Inspección Fiscal), or the Full Court (Corte Plena), as appropriate.

VI.- IN CONCLUSION. As a corollary of the above, it is appropriate to reject this amparo action outright, as is hereby ordered.

VII.- SEPARATE NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND EFFECTIVE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and effective justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established in Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted legislation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it is, under numeral 7 of its Law, exclusively the Court's province to define its own competence. Therefore, except for those constitutional-legal controversies that have been recognized by this very Chamber as exceptional circumstances that may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of the amparo guarantee, in all other cases, and for the reasons this Court has provided (judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on 22 February 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO. Although in the past I have held the majority opinion of the Court, upon better consideration of the fundamental rights being claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, reason for which I change the opinion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and effective administrative justice, separating myself from the vision of the majority of the Court, in the sense that -with few exceptions- this type of reproach must be resolved in the contentious-administrative jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called to protect is that of prompt and effective justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of competence assigned to this Court in matters of protecting fundamental rights, in view of the provisions in Articles 10 and 48 of the Political Constitution. While I understand the importance of the reforms to the contentious-administrative jurisdiction as of the entry into force of Law 8508 of the twenty-fourth of April two thousand six, the truth is that this situation does not justify remitting to that instance matters that fall under the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants.

IX.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. The parties are forewarned that should they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the "Regulation on Electronic Expediente before the Judicial Branch (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court in session No. 27-11 of 22 August 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of 26 January 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on 3 May 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The action is rejected outright. Magistrate Castillo Víquez makes a note. Magistrate Cruz Castro dissents, solely in relation to Article 41 of the Constitution.    

 

 

 

Fernando Castillo V.

President

 




Fernando Cruz C.

 

 

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

 

 

Jorge Araya G.



Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Rosibel Jara V.

 

 

Digitally Signed Document

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WNO3OGVT043Y61

EXPEDIENTE N° 25-009846-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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