Res. 14545-2025 Sala Constitucional — Condominium Connection to Cantonal Sewer SystemConexión de condominio a alcantarillado cantonal

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Sala Constitucional

Resolución Nº 14545 - 2025

Fecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 09:35

Expediente: 25-010321-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-010321-0007-CO

Res. Nº 2025014545

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED05, abogado, en su condición de apoderado especial judicial de Nombre02, cédula de identidad número CED06;  Nombre03, cédula de identidad número CED07; Nombre04, cédula de identidad número CED08 y  Nombre05, cédula de identidad número CED09; contra la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH).

Resultando:

1.- Por escrito presentado por Gestión en Línea   a las  16:21  horas del  10 de abril de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que: “PRIMERO: Mi representados son dueños de los siguientes inmuebles ubicados en el condominio denominado CONDOMINIO AVICENIA, que se encuentra situado en San Francisco de Heredia: 1. Nombre02, la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Heredia, matrícula número , a nombre de la sociedad denominada CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO OCHENTA Y SEIS RAMIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número CED01. Pruebas 2 y 3. 2. Nombre03, la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Heredia, matrícula número , a nombre de la sociedad denominada CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO CUARENTA Y UNO URUCU, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número CED02. Pruebas 4 y 5. 3. Nombre04, la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Heredia, matrícula número , a nombre de la sociedad denominada INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS ANDES ECUATORIANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número CED03. Pruebas 6 y 7. 4. Nombre05, la finca inscrita en el Registro Inmobiliario, Partido de Heredia, matrícula número , a nombre de la sociedad denominada CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE RETAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número CED04. Pruebas 8 y 9. SEGUNDO: Dicho condominio tiene bastantes años de construido y, por ser tan antiguo cada una de las casas que en él se encuentran tiene un tanque séptico para la recolección de sus aguas residuales. El condominio no está conectado al alcantarillado cantonal que administra la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, según su competencia definida por ley. TERCERO: De acuerdo con las declaraciones juradas que se aportan como prueba con el presente recurso de amparo, los inmuebles de mis representados tienen un grave problema relacionado con los tanques sépticos, los cuales ya no tienen capacidad de absorber los residuos, generando graves daños a los inmuebles y problemas de contaminación dentro del condominio indicado, lo cual, sólo puede ser solucionado con la conexión al alcantarillado sanitario cantonal. Pruebas 10, 11 y 12. CUARTO: Como consecuencia de esta necesidad urgente de conexión al alcantarillado cantonal, el administrador del condominio realizó solicitud de información a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que, por competencia legal, es la institución encargada de administrar el alcantarillado del cantón central de Heredia. Consulta que se realizó el día 23 de enero del año 2024, pero que fue resuelto por la ESPH hasta el día 18 de febrero de 2025, por medio de oficio GER-DE-PR-31-2025, en donde, se le negó al Condominio Avicenia la conexión al alcantarillado sanitario cantonal, indicando que los condominios no se deben conectar a esos alcantarillados y que deben ellos, a lo interno, resolver los problemas de las aguas residuales, con lo cual, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia está violentando los derechos fundamentales de todos los habitantes de este condominio, tanto el derecho de propiedad, como el de vivir en un ambiente sano. Prueba QUINTO: Como consecuencia de esos problemas de tanques sépticos, el mismo Ministerio de Salud ha dictado órdenes sanitarias contra los habitantes del condominio, para que corrijan la situación, la cual, lamentablemente solo puede ser solucionada a través de la conexión al alcantarillado sanitario cantonal. En este sentido véase la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSH-Orden Sanitaria N° 74- 2024, de mayo del año 2024, dirigida a los dueños de la filial número 41: [inserta imagen] Teniéndose que realizar una serie de labores dentro del condominio, para, en forma provisional, tratar de solucionar el problema de los tanques sépticos de las casas dentro del condominio, pero, como ya lo hemos indicado supra, sólo podrá ser solucionado a través de la conexión al alcantarillado sanitario cantonal, lo cual está siendo negado por la ESPH. Véase la siguientes fotos: [inserta imagen] Los artículos 21, 45 y 50 de la Constitución Política, consagran el derecho de propiedad y a un ambiente sano, los cuales están siendo violentados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, al negarle a mis representados que se pueda conectar el alcantarillado sanitario del condominio en el que viven al alcantarillado del cantón central de Heredia, lo cual procedo a explicar así: Tal como lo expusimos en el hecho cuarto del presente recurso, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, por medio de oficio de fecha 18 de febrero de 2025, número GER-DE-PR-31-2025, le respondió al administrador del Condominio Avicennia lo siguiente: [inserta imagen]  Con lo cual, se les niega a los dueños de las propiedades en ese condominio, la posibilidad de conectar el alcantarillado de esa propiedad, al alcantarillado del cantón central de Heredia. Recordemos lo que indicó la Sala Constitucional en el voto 01910 – 2011 del 15 de febrero del año 2011, en relación a la obligación de las instituciones públicas de cumplir con sus competencias definidas por ley para satisfacer el interés público: “V.- A lo anterior hay que agregar que dentro de la doctrina humanista y social que impera en la Constitución Política, la dignidad humana es el eje central sobre el cual giran los demás derechos fundamentales y sociales del hombre en comunidad. El Estado, y en ello incluidos los Gobiernos Locales, tiene su razón de ser en la protección de los derechos de sus habitantes, así como proyectar su función en aras de una más justa calidad de vida; es por ello, que siempre que estos están afectados, mediante lesión, el Estado debe proteger de inmediato al afectado, pues el entero orden jurídico se encuentra al servicio de las personas, que es el fin del derecho, de suerte que le corresponde a los órganos públicos colocar todos los medios y adecuados a su alcance para proteger aquellos derechos. (…)” (La cursiva, la negrita y el subrayado no son el original). Donde nos dejan claro, que la razón de ser de las instituciones públicas es solventar y solucionar los problemas de cada uno de los costarricenses, adecuado sus labores, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública1, al cumplimiento del fin público encomendado en la ley. Bajo esa tesitura, la ley número 7789, denominada Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, indica en su artículo 62, lo siguiente: “ARTÍCULO 6.- A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia le corresponde: a) Solucionar los requerimientos de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, otros servicios públicos y servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y otros servicios en convergencia necesarios para el desarrollo, en las condiciones apropiadas de cantidad, calidad, regularidad y eficiencia. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia estará sujeta al pago de los cánones, los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y los demás tributos a los que estén sometidos los operadores y proveedores de telecomunicaciones, sin detrimento de las exenciones establecidas en otras leyes. (Así reformado el inciso anterior, por el artículo 44 aparte a) de la Ley N°8660 del 8 de agosto de 2008)” (La cursiva, la negrita y el subrayado no son el original). Así las cosas, por definición legal, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia debe resolver, a todos los habitantes del cantón central de Heredia, la problemática relativa al alcantarillado sanitario, sin que pueda aducir excusas para cumplir con esa obligación, tal como lo está haciendo en su oficio de fecha 18 de febrero de 2025, número GER-DE-PR-31-2025. En la resolución número 23025 – 2021 del 15 de octubre del año 2021, la Sala Constitucional indicó: “IV.- SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO YECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en Sentencia N° 2006-005928 de las 15:00 horas del 2 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió: “(…) El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras – principio de desarrollo sostenible– ”. Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto: "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciarlos actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes ". Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. V.- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE. Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia. Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en loque respecta a  su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar, mediante Sentencia N° 5445-99, de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999,que: "La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de  su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos aun esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector". (La cursiva, la negrita y el subrayado no son del original). Por lo tanto, ha quedado claro que es responsabilidad del Estado, a través del ente que los legisladores hayan definido, resolver y solucionar los problemas que tengan relación con la violación del principio constitucional del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, en ese sentido, según lo establecido en la ley número 7789, denominada Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, le corresponde a este ente solucionar el conflicto del alcantarillado sanitario del Condominio Avicenia. No es de recibo la manifestación hecha por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH en el oficio número GER-DE-PR-31-2025 de fecha 18 de febrero de 2025, pues, como lo vimos supra, está indicando que no es competencia de ellos el tener que conectar la alcantarillado sanitario del Condominio Avicenia con el alcantarillado sanitario del cantón central de Heredia. Según las citas de jurisprudencia trascritas de este misma Sala, esa manifestación violenta los derechos fundamentales de mis representados, pues se les está negando el principio constitucional de ambiente sano y ecológicamente equilibrado.”  Solicita que se ordene de forma inmediata a la recurrida realizar las gestiones necesarias para conectar el Condominio Avicenia al alcantarillados sanitario cantonal, para proteger los derechos de sus habitantes. Asimismo, se condene a la ESPH al pago de los daños y perjuicios, así como de las costas.

2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

   I.- OBJETO DEL RECURSO.  El recurrente alega que sus representados viven en el Condominio Avicenia, el cual cuenta con sistema de tanque séptico para la recolección de aguas residuales. Sin embargo, están enfrentando un grave problema con esos tanques, porque ya no tienen la capacidad de absorber los residuos generando daños a los inmuebles y problemas de contaminación que incluso han generado ordenes sanitarias del Ministerio de Salud.  Por ello, el administrador del condominio realizó consulta a la ESPH para la conexión urgente al alcantarillado cantonal, sin embargo el 18 de febrero de 2025, por medio del oficio GER-DE-PR-31-2025, se les negó con fundamento en que los condominios no se deben conectar a esos alcantarillados y que deben ellos, a lo interno, resolver los problemas de las aguas residuales, con lo cual, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia está violentando los derechos fundamentales de todos los habitantes de este condominio, tanto el derecho de propiedad, como el de vivir en un ambiente sano.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que si bien,  se reconoce el derecho fundamental de acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones, este derecho no implica un acceso irrestricto, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales  para acceder a estos servicios. Asimismo, resulta válido  que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de servicios,  cuando  el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o  legales que los justifiquen. Ahora bien, en el caso concreto, se observa que efectivamente,  el Administrador del condominio donde se localizan las filiales de  los amparados, solicitó la conexión del condominio a la red de alcantarillado cantonal. Sin embargo, esa solicitud fue denegada con fundamento en las siguientes razones:

“[…]Se reconoce la problemática significativa que los tanques sépticos generan, no solo en algunos condominios, sino también en la población en general, es por ello que diariamente se reciben solicitudes de conexión al sistema de alcantarillado, aunque lamentablemente la cobertura del sistema sanitario es limitada. Esta situación ha sido una de las razones por las cuales se ha desarrollado, desde hace varios años, el Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia. Se trata de un megaproyecto que implica una planificación sumamente detallada y compleja, dado su alcance e impacto, pues implica negociaciones inter e intrainstitucionales, trámites, planes de comunicación anuales, ferias de difusión de información, negociaciones con terceros privados, procesos de adquisición de terrenos y expropiaciones vía judicial, actualización de permisos, actualización de diseños de sectores por cambios en servidumbres, actualizaciones de modelos financieros, elaboración de carteles y especificaciones técnicas para la fase de contratación de la construcción, contratación y elaboración de estudios complementarios, atención a solicitudes de instituciones interesadas y particulares, negociaciones con entes financieros y entes internacionales, búsqueda de financiamiento y análisis de propuestas de financiamiento, así como un sinfín de actividades y tareas que el público, en general, desconoce sobre la gestión de proyectos, particularmente por ser uno tan grande como el de la ESPH. Lo anterior, para explicar por qué este proyecto requiere tanto tiempo para su ejecución. El Proyecto avanza incesantemente pese a trabas y retrasos ajenos a la gestión de la Unidad Ejecutora.

 Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de consecución del financiamiento y definición de la figura financiera más apropiada para su ejecución constructiva y operativa, con el objetivo de garantizar su viabilidad y, al mismo tiempo, minimizar el impacto en la tarifa que se le cobrará al abonado. A pesar de los desafíos inherentes a un proyecto de esta magnitud, se ha avanzado de manera constante desde su inicio, y se está cada vez más cerca de su ejecución.

Cuando se cuente con una fecha concreta para el inicio de la construcción de las obras, y la logística sectorial, se comunicarán oportunamente a la población para que quienes deban conectarse puedan hacerlo de manera planificada. Asimismo, aquellas propiedades que requieran realizar obras de interconexión podrán iniciar sus gestiones con la debida antelación.

Con respecto a los condominios interesados en conectarse al sistema, una vez que la infraestructura esté disponible en la zona, se deberá presentar una solicitud formal ante el Negocio de Residuos de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, según los términos y condiciones que esta determine de previo. Posteriormente, se realizará un estudio técnico para evaluar la factibilidad de la conexión. Es importante destacar que este análisis no garantiza ni confiere un compromiso automático de brindar el servicio al condominio, por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ni del Negocio de Residuos propiamente, ya que la decisión final estará sujeta a un proceso de negociación en el que las condiciones técnicas y otros criterios tendrán un peso determinante. En algunos casos, podrían existir limitaciones técnicas o de infraestructura que impidan autorizar la conexión, aun después de realizar los estudios correspondientes.

Se recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, los condominios deben contar con sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales, ya sea mediante una planta de tratamiento privada aprobada por el Ministerio de Salud, así como con el permiso de vertidos otorgado por la Dirección de Aguas del MINAE, o mediante sistemas de tanques sépticos individuales con drenaje apto autorizados por la municipalidad correspondiente. La responsabilidad del mantenimiento, operación y corrección de fallos en estos sistemas, recae exclusivamente en la administración o el desarrollador del condominio. Asimismo, cada propietario de vivienda es responsable del correcto funcionamiento de su tanque séptico, lo que incluye el diseño, la construcción y el mantenimiento periódico que garantice su adecuada operación. La ESPH puede suministrar, si así lo requieren, una guía de diseño, construcción y mantenimiento de tanques sépticos aprobada por ESPH, AYA, Ministerio de Salud, Minae, algunas municipalidades y empresas de recolección de lodos sépticos, entre otras instituciones. Esta guía podría servirles para mejorar las condiciones individuales de sus sistemas. En caso de presentarse fallos en los sistemas sépticos, se recomienda acudir a la municipalidad correspondiente, que fue la entidad encargada de otorgar los permisos para su instalación, con el fin de evaluar posibles deficiencias en el diseño, construcción o capacidad de infiltración del suelo; o dado el caso utilizar los servicios de un profesional con conocimiento en tanque sépticos para diagnosticar y corregir estos sistemas, si fuera posible. Esta es otra sugerencia, en la que la ESPH no forma parte de su ejecución individual.” (El resaltado no es original).

 Así las cosas, se observa que la negativa de la empresa recurrida se encuentra sustentada en razones técnicas y legales, de manera que no resulta arbitraria. Nótese que tal como se le hizo saber al representante del condominio,  de conformidad con la normativa aplicable, cada condominio debe contar con sus propios sistemas de tratamiento de aguas residuales y cada dueño de filial es responsable de su mantenimiento y correcto funcionamiento, por lo que, corresponde a los propios amparados realizar las obras necesarias para dar cumplimiento a esto, o bien, gestionar lo correspondiente ante las autoridades municipales, ambientales y sanitarias para detectar y corregir fallos en los sistemas aprobados a través de los permisos.

Ahora bien, cabe mencionar que la Sala Constitucional no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en materia de alcantarillado y tampoco puede reemplazar a la Administración activa en la gestión de sus competencias, de modo que no le corresponde hacer las veces de alzada en la materia y revisar si la decisión de negar la conexión a la red de alcantarillado sanitario gestionado por los amparados, se ajusta o no a la normativa legal vigente, ni cuestionar los criterios técnicos y legales en los que se basó esa decisión, mucho menos usurpar las atribuciones de la parte recurrida y, previa comprobación de los requisitos legales y reglamentarios del caso, ordenar la conexión pretendida, pues se trata de extremos de legalidad ordinaria que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional. Por todo ello, deberá la parte recurrente plantear sus inconformidades o reclamos ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.  En consecuencia el recurso resulta inadmisible y así se declara.

III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 43ZBVXPM43VK61

EXPEDIENTE N° 25-010321-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:08:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 14545 - 2025

Resolution Date: 16 de Mayo del 2025 at 09:35

Expediente: 25-010321-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

Exp: 25-010321-0007-CO

Res. No. 2025014545

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours thirty-five minutes on the sixteenth of May, two thousand twenty-five.

Amparo filed by Nombre01, identification number CED05, attorney, acting as special judicial representative of Nombre02, identification number CED06; Nombre03, identification number CED07; Nombre04, identification number CED08 and Nombre05, identification number CED09; against the EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH).

Resultando:

1.- By a brief filed via Online Management at 16:21 on April 10, 2025, the petitioners file an amparo and state that: "FIRST: My clients are the owners of the following properties located in the condominium called CONDOMINIO AVICENIA, which is situated in San Francisco de Heredia: 1. Nombre02, the property registered in the Real Property Registry, Partido de Heredia, folio number , in the name of the corporation called CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO OCHENTA Y SEIS RAMIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED01. Exhibits 2 and 3. 2. Nombre03, the property registered in the Real Property Registry, Partido de Heredia, folio number , in the name of the corporation called CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO CUARENTA Y UNO URUCU, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED02. Exhibits 4 and 5. 3. Nombre04, the property registered in the Real Property Registry, Partido de Heredia, folio number , in the name of the corporation called INVERSIONES AGROPECUARIAS LOS ANDES ECUATORIANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED03. Exhibits 6 and 7. 4. Nombre05, the property registered in the Real Property Registry, Partido de Heredia, folio number , in the name of the corporation called CONDOMINIO AVICENIA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE RETAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED04. Exhibits 8 and 9. SECOND: This condominium was built many years ago and, because it is so old, each of the houses located within it has a septic tank for the collection of its wastewater. The condominium is not connected to the cantonal sewer system administered by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, according to its legally defined competence. THIRD: According to the sworn statements provided as evidence with this amparo, my clients' properties have a serious problem related to the septic tanks, which no longer have the capacity to absorb the waste, generating serious damage to the properties and contamination problems within the indicated condominium, which can only be solved by connecting to the cantonal sanitary sewer system. Exhibits 10, 11, and 12. FOURTH: As a consequence of this urgent need for connection to the cantonal sewer system, the condominium administrator made a request for information to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, which, by legal competence, is the institution in charge of administering the sewer system of the central canton of Heredia. A query that was made on January 23, 2024, but was not resolved by the ESPH until February 18, 2025, through official letter GER-DE-PR-31-2025, in which, the Condominio Avicenia was denied connection to the cantonal sanitary sewer system, indicating that condominiums should not connect to those sewer systems and that they must, internally, solve their wastewater problems, with which, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia is violating the fundamental rights of all the inhabitants of this condominium, both the right to property and the right to live in a healthy environment. Exhibit FIFTH: As a consequence of these septic tank problems, the Ministry of Health itself has issued sanitary orders against the inhabitants of the condominium, so that they correct the situation, which, unfortunately, can only be solved through connection to the cantonal sanitary sewer system. In this regard, see sanitary order number MS-DRRSCN-DARSH-Sanitary Order No. 74- 2024, of May 2024, addressed to the owners of unit number 41: [image inserted] A series of tasks having to be carried out within the condominium, to, on a provisional basis, try to solve the problem of the septic tanks of the houses within the condominium, but, as we have already indicated supra, it can only be solved through connection to the cantonal sanitary sewer system, which is being denied by the ESPH. See the following photos: [image inserted] Articles 21, 45, and 50 of the Political Constitution enshrine the right to property and to a healthy environment, which are being violated by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, by denying my clients the possibility of connecting the sanitary sewer system of the condominium in which they live to the sewer system of the central canton of Heredia, which I proceed to explain as follows: As we set forth in fact four of this amparo, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, by means of an official letter dated February 18, 2025, number GER-DE-PR-31-2025, responded to the administrator of Condominio Avicenia as follows: [image inserted] With which, the owners of the properties in that condominium are denied the possibility of connecting the sewer system of that property to the sewer system of the central canton of Heredia. Let us remember what the Sala Constitucional indicated in vote 01910 – 2011 of February 15, 2011, regarding the obligation of public institutions to fulfill their legally defined competencies to satisfy the public interest: "V.- To the foregoing, it must be added that within the humanist and social doctrine that prevails in the Political Constitution, human dignity is the central axis around which the other fundamental and social rights of man in community revolve. The State, and included within it the Local Governments, has its reason for being in the protection of the rights of its inhabitants, as well as projecting its function for the sake of a more just quality of life; it is for this reason that, whenever these are affected, by means of injury, the State must immediately protect the affected party, because the entire legal order is at the service of the people, which is the purpose of the law, such that it falls to public bodies to place all the appropriate means within their reach to protect those rights. (...)" (The italics, bold, and underlining are not original). Where they make it clear to us that the reason for being of public institutions is to settle and solve the problems of each of the Costa Ricans, adapting their work, according to Article 4 of the General Law of Public Administration1, to the fulfillment of the public purpose entrusted in the law. Under that reasoning, law number 7789, called Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, states in its Article 6, the following: "ARTICLE 6.- The Empresa de Servicios Públicos de Heredia is responsible for: a) Solving the requirements for electrical energy, public lighting, drinking water, stormwater and sanitary sewer systems, other public services and telecommunications, infocommunications, and other converging services necessary for development, under appropriate conditions of quantity, quality, regularity, and efficiency. The Empresa de Servicios Públicos de Heredia shall be subject to the payment of fees, taxes, rates, special contributions, and other tributes to which telecommunications operators and providers are subject, without prejudice to the exemptions established in other laws. (Thus amended the previous subsection, by Article 44, part a) of Law N°8660 of August 8, 2008)" (The italics, bold, and underlining are not original). As such, by legal definition, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia must resolve, for all the inhabitants of the central canton of Heredia, the issue relating to the sanitary sewer system, without being able to adduce excuses for failing to comply with that obligation, just as it is doing in its official letter dated February 18, 2025, number GER-DE-PR-31-2025. In resolution number 23025 – 2021 of October 15, 2021, the Sala Constitucional stated: "IV.- ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. It must be noted, firstly, that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (articles 21, 50, 73, and 89, of the Political Constitution), as well as through international regulations applicable in Costa Rica. In this regard, in Judgment No. 2006-005928 at 15:00 on May 2, 2006, this Court resolved: "(...) The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that ordinal of the political charter, the right to health finds its underpinning, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Now, public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all the country's inhabitants to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has resorted to the use of the notion of 'environmental quality' as a parameter, precisely, of people's quality of life, which is combined with other elements such as health, food, work, and housing, making reference to the fact that every person has the right to use the environment for their own development but not in an unlimited manner, since there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations – principle of sustainable development–". Likewise, from Article 50 of the Political Constitution derives the State's obligation to protect the environment. A norm that establishes to that effect: \"The State shall procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are legitimized to report acts that infringe upon that right and to demand reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions \". With which it is corroborated that the different public authorities have the inescapable duty to preserve, defend, and guarantee the fundamental right of every person to health and to a healthy and ecologically balanced environment. V.- ON THE COORDINATION OF PUBLIC INSTITUTIONS IN COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL PROTECTION. There is an obligation for the State —as a whole— to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of contamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inappropriate use of natural resources, that endanger the health of the administered. In this task, public institution is understood to mean both the Central Administration —Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health—, which by reason of subject matter, have a broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized dependencies in the matter. Likewise, in this task, the municipalities have great responsibility with respect to their territorial jurisdiction. Due to the diversity of actors that may intervene, it might be thought that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relations among the various dependencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them. This Chamber has already referred to the principle of coordination of public dependencies with the municipalities in the realization of common goals, noting, through Judgment No. 5445-99, at 14:30 on July 14, 1999, that: \"Coordination is the ordering of the relationships between these various independent activities, which deals with that concurrence on a single object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. As there is no hierarchical relationship of the decentralized institutions, nor of the State itself in relation to the municipalities, it is not possible to impose certain conducts on them, hence the indispensable inter-institutional 'concerting' arises, in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of the municipalities with other public entities can only be carried out on a level of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, that allows subjecting the corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the latter (through the 'administrative tutelage' of the State, and specifically, in the function of controlling legality that it is responsible for, with powers of general oversight over the entire sector\". (The italics, bold, and underlining are not original). Therefore, it has been made clear that it is the responsibility of the State, through the entity that the legislators have defined, to resolve and solve the problems related to the violation of the constitutional principle of a healthy and ecologically balanced environment, and, in that sense, according to what is established in law number 7789, called Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, it is incumbent upon this entity to solve the conflict of the sanitary sewer system of Condominio Avicenia. The statement made by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH in official letter number GER-DE-PR-31-2025 dated February 18, 2025, is not acceptable, because, as we saw supra, it is indicating that it is not their competence to have to connect the sanitary sewer system of Condominio Avicenia with the sanitary sewer system of the central canton of Heredia. According to the jurisprudence citations transcribed from this same Chamber, that statement violates the fundamental rights of my clients, since they are being denied the constitutional principle of a healthy and ecologically balanced environment." Requests that the respondent be immediately ordered to take the necessary steps to connect Condominio Avicenia to the cantonal sanitary sewer system, in order to protect the rights of its inhabitants. Likewise, that the ESPH be condemned to pay damages and losses, as well as costs.

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to reject on procedural grounds or on the merits, at any time, even from its filing, any action brought to its attention that proves to be manifestly improper, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it involves a simple reiteration or reproduction of a previous, identical or similar, rejected action.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE AMPARO. The petitioner alleges that his clients live in Condominio Avicenia, which has a septic tank system for wastewater collection. However, they are facing a serious problem with those tanks, because they no longer have the capacity to absorb the waste, generating damage to the properties and contamination problems that have even generated sanitary orders from the Ministry of Health. Therefore, the condominium administrator consulted the ESPH for the urgent connection to the cantonal sewer system; however, on February 18, 2025, by means of official letter GER-DE-PR-31-2025, they were denied on the grounds that condominiums should not connect to those sewer systems and that they must, internally, solve their wastewater problems, with which, the Empresa de Servicios Públicos de Heredia is violating the fundamental rights of all the inhabitants of this condominium, both the right to property and the right to live in a healthy environment.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. On repeated occasions, this Chamber has held that while the fundamental right to access public services under equal conditions is recognized, this right does not imply unrestricted access, since the Administration can validly establish general conditions and requirements to access these services. Likewise, it is valid for entities —public or private— that administer the service to be able to reject service requests when the interested party does not meet the requirements or when there are technical or legal reasons that justify it. Now, in the specific case, it is observed that indeed, the Administrator of the condominium where the protected parties' units are located requested the connection of the condominium to the cantonal sewer network. However, that request was denied based on the following reasons:

"[…] The significant problems that septic tanks generate are recognized, not only in some condominiums but also in the general population; that is why requests for connection to the sewer system are received daily, although unfortunately the coverage of the sanitary system is limited. This situation has been one of the reasons why the Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia has been developed for several years. It is a mega-project that involves extremely detailed and complex planning, given its scope and impact, as it involves inter- and intra-institutional negotiations, procedures, annual communication plans, information dissemination fairs, negotiations with private third parties, land acquisition and judicial expropriation processes, updating of permits, updating of sector designs due to easement (servidumbre) changes, updating of financial models, preparation of bidding documents and technical specifications for the construction contracting phase, contracting and preparation of complementary studies, attention to requests from interested institutions and individuals, negotiations with financial entities and international entities, search for financing and analysis of financing proposals, as well as an endless number of activities and tasks that the public, in general, is unaware of regarding project management, particularly because it is one as large as that of the ESPH. The foregoing, to explain why this project requires so much time for its execution. The Project advances incessantly despite obstacles and delays beyond the control of the Executing Unit.

Currently, the project is in the phase of obtaining financing and defining the most appropriate financial model for its constructive and operational execution, with the aim of guaranteeing its viability and, at the same time, minimizing the impact on the rate that will be charged to the subscriber. Despite the challenges inherent to a project of this magnitude, steady progress has been made since its inception, and we are increasingly closer to its execution.

When a concrete date for the start of the construction of the works, and the sectorial logistics, is available, the population will be informed in a timely manner so that those who must connect can do so in a planned manner. Likewise, those properties that require interconnection works will be able to initiate their procedures with due advance notice.

Regarding condominiums interested in connecting to the system, once the infrastructure is available in the area, a formal application must be submitted to the Waste Business of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, according to the terms and conditions previously determined by it. Subsequently, a technical study will be carried out to evaluate the feasibility of the connection. It is important to highlight that this analysis does not guarantee nor confer an automatic commitment to provide the service to the condominium, by the Empresa de Servicios Públicos de Heredia nor by the Waste Business itself, given that the final decision will be subject to a negotiation process in which the technical conditions and other criteria will have a decisive weight. In some cases, there may be technical or infrastructure limitations that prevent the connection from being authorized, even after carrying out the corresponding studies.

It is reminded that, in accordance with current regulations, condominiums must have their own wastewater treatment systems, either through an approved private treatment plant by the Ministry of Health, as well as with the discharge permit issued by the Dirección de Aguas of the MINAE, or through individual septic tank systems with suitable drainage authorized by the corresponding municipality. The responsibility for the maintenance, operation, and correction of faults in these systems falls exclusively on the administration or the developer of the condominium. Likewise, each homeowner is responsible for the correct functioning of their septic tank, which includes the design, construction, and periodic maintenance that guarantees its adequate operation. The ESPH can provide, if required, a guide for the design, construction, and maintenance of septic tanks approved by ESPH, AYA, Ministerio de Salud, Minae, some municipalities, and septic sludge collection companies, among other institutions. This guide could serve to improve the individual conditions of your systems. In the event of faults in the septic systems, it is recommended to go to the corresponding municipality, which was the entity in charge of granting the permits for their installation, in order to evaluate possible deficiencies in the design, construction, or soil infiltration capacity; or if necessary, use the services of a professional knowledgeable in septic tanks to diagnose and correct these systems, if possible. This is another suggestion, in which the ESPH is not part of its individual execution." (The highlighting is not original).

As such, it is observed that the refusal of the respondent company is supported by technical and legal reasons, so that it is not arbitrary. Note that, as the condominium representative was informed, in accordance with applicable regulations, each condominium must have its own wastewater treatment systems and each unit owner is responsible for its maintenance and correct functioning, so it is up to the protected parties themselves to carry out the necessary works to comply with this, or else, to manage what is necessary before the municipal, environmental, and health authorities to detect and correct faults in the systems approved through the permits.

Now, it is worth mentioning that the Sala Constitucional is not a comptroller of the legality of the actions or resolutions of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia in sewer system matters and cannot replace the active Administration in the management of its competencies, such that it is not its place to act as an appellate instance in the matter and review whether the decision to deny the connection to the sanitary sewer network managed by the protected parties conforms or not to the current legal regulations, nor question the technical and legal criteria on which that decision was based, much less usurp the attributions of the respondent and, upon verification of the legal and regulatory requirements of the case, order the intended connection, as these are matters of ordinary legality that must be resolved in the ordinary, administrative, or jurisdictional channels. For all these reasons, the petitioner must raise their disagreements or claims before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, venues in which they will be able, in an ample manner, to discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the amparo is inadmissible and is so declared.

III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is warned that if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The amparo is rejected on procedural grounds.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ana Cristina Fernandez A.

Rosibel Jara V.

Digitally Signed Document
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43ZBVXPM43VK61
EXPEDIENTE N° 25-010321-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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