Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Por lo tanto, de ser cierta la omisión en responder las denuncias interpuestas ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE y Concejo Municipal de La Unión, lo que podría configurarse es una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida, tutelado en el el 41 constitucional. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una serie de gestiones que tienen incidencia en materia ambiental. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
English (translation)Therefore, if the omission to respond to the complaints filed with the Geology and Mines Directorate of MINAE and the Municipal Council of La Unión is proven, it would constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice, protected under Article 41 of the Constitution. Before analyzing the merits for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, since judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws concerning special administrative procedures, both to resolve an administrative proceeding by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the corresponding administrative appeals. However, this case presents precisely an exception, as it involves a series of petitions that have environmental implications. In light of the above, the Chamber will proceed to resolve the amparo.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 05710 - 2025 Fecha de la Resolución: 25 de Febrero del 2025 a las 10:20 Expediente: 24-010965-0007-CO Redactado por: Anamari Garro Vargas Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución *CO* Exp: 24-010965-0007-CO Res. Nº 250005710 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veinticinco. Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-010965-0007-CO, interpuesto por Nombre12896, cédula de identidad CED29062, Nombre57364, cédula de identidad CED29063, Nombre57365, cédula de identidad CED29064, y Nombre57366, cédula de identidad CED29065, contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINAE).- Resultando: 1.- Por escrito recibido a las 10:23 horas del 25 de abril de 2024, los recurrentes interponen un recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, el MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, y manifiestan lo siguiente, en resumen: que por medio de la resolución N° 2191-2013-SETENA, se le otorgó la viabilidad ambiental al proyecto denominado “Estabilización de deslizamiento con Extracción de Cantera”, a nombre de Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. Asimismo, por medio de la determinación N° R-083-2015-MINAE, las autoridades de turno —el presidente Solís Rivera y la ministra de Ambiente y Energía Madrigal Cordero, ambos del Gobierno Central de la República—, otorgaron a la Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. la “Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera” por un plazo de 15 años, lo cual no fue otra cosa más que la propia extracción de materiales a cielo abierto. A lo anterior agregan, textualmente, lo siguiente: “...Mediante Resolución Municipal de Ubicación SSPU-111o-15-8800701 del 13 de agosto de 2015, el arquitecto José Carlos Barrantes Cubillo, indicó que, esta zona es necesaria para retener el desarrollo urbano y continúan en ella el uso forestal. Usos permitidos: 1. Forestales. 5. (sic) Vivienda unifamiliar con características suburbanas, quedan excluidos en todo caso los conjuntos residenciales y las urbanizaciones de cualquier tipo. 6. (sic) Viveros. 4. (sic) Zonas ecoturísticas. Usos condicionales. No se permitirán usos condicionales. LA ZONA NO PERMITE ACTIVIDAD DE CANTERA, SEGÚN EL ARTÍCULO 11.b. DEL REGLAMENTO DEL PLAN REGULADOR VIGENTE DEL CANTÓN DE LA UNIÓN, al momento y que hoy día se recalca, en mismas condiciones, en el nuevo Plan Regulador cuya vigencia es del año anterior 2023. 4- A pesar de lo consignado en el punto anterior, mediante oficio MLU-DIUR-023-2016 el Director Jurídico de la Municipalidad de la Unión, Lic. Rommel Calvo Padilla, indicó que a pesar de que: '...la determinación del uso del suelo se enmarca dentro de la normativa urbana, de manera que el uso permitido es el que determine cada municipio en el plan regulador y su reglamento de zonificación vigente, contradice su indicación al expresar más adelante en dicho oficio que, ‘... existe suficiente base normativa y legal para que el Concesionario Hacienda San Rafael HSR SA., pueda iniciar sus actividades de explotación pétrea, sin mayor cuestionamiento, amparado al Código de Minería, así como a la Ley de Emergencias 8488. Para estos efectos, el concesionario deberá gestionar lo pertinente ante la Dirección Tributaria a fin de obtener la correspondiente licencia comercial..’ , (hoy Patente 04-717) (...) 5- Sobre el fundamento y respaldo del criterio emitido por el licenciado Calvo Padilla en el oficio MLU-DJUR-023-2016, se emitió la resolución administrativa No. MLU-PAT-0127-2016 del 26 de enero de 2016, emitida por la Dirección de Administración Tributaria y la Coordinación del Departamento de Patentes de la Administración Municipal, donde se dispuso otorgar a la empresa Hacienda San Rafael I-LR.S. S.A. la Licencia Municipal No. 04-0717 para la actividad de ‘TAJOS’. 6-Que si bien mediante las resoluciones del Contencioso Administrativo N° 001-2022-IV y 001-2022-W (BIS), dicho Tribunal (Superior Impropio en Materia Legal de las Municipalidades), ordenó la anulación absoluta de todo lo actuado al respecto, tanto por las Autoridades del Gobierno Central como las propias de la Municipalidad de La Unión, esta, la Municipalidad, acudió a interponer (a criterio propio) un Recurso Extraordinario de Casación contra la misma, la cual mantiene la Resolución No. 001-2022-IV, sin firmeza, no así la 001-2022-IV (Bis), y ello le ha permitido, a tolerancia municipal, que el Tajo Las Cazuelas o San Rafael, propiedad de Hacienda San Rafael H.R.S. SA., siga operando, solo que ahora lo hace en función distinta a la Concesión Minera otorgada por la Dirección de Geología y Minas del MINAE y la misma Patente o4-212, contrariando en lo absoluto lo dispuesto en la legislación vigente al respecto, ahondando aún más, los defectos legales determinados por la sentencia N° 001-2022-IV, cometidos al momento de otorgar todo lo relacionado con la operación de dicho Tajo. 7- Mediante el oficio MLU-DAM-1316-2022 la Alcaldía Municipal le solicita criterio técnico a la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad, para efectos de conocer factibilidades de recibir materiales en dicho lugar, contrariando lo dispuesto en la Concesión Minera y el otorgamiento impropio de la Patente 04-717. Dicha dirección, bajo un respeto absoluto a la normativa legal vigente, expresa en el contenido del oficio de respuesta MLU-GESA-337-2022, en los puntos de respuesta r) y conclusión final, lo que es lógica y razonablemente oportuno y conveniente indicar; ‘.10). De manera antagónica ahora se pretende, la recepción de tierra y productos de construcción... Por todo lo anterior y con base en la información remitida, se puede considerar que un proyecto de esta naturaleza, no cuenta con los elementos necesarios para tener permiso municipal, evidenciando además la necesidad de contar con estudios geológicos”. No obstante, el criterio técnico así suscrito fue desconocido por la Municipalidad de la Unión, cuya tolerancia administrativa ha permitido que los fines de la patente otorgada “sean otros distintos a ella”, afectando con tal acción la estabilidad social, económica y ambiental de las comunidades de Yerbabuena Iztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua y aledañas. Alegan los recurrentes que si la patente municipal constituye un acto administrativo que, por medio de la Oficina de Patentes, la Corporación Loca emite para acreditar los derechos exclusivos correspondientes —con lo que dicho Gobierno Local autoriza a las personas físicas o jurídicas, a encargarse de la operación y funcionamiento para el ejercicio de cualquier tipo de actividad económica determinada al momento de otorgarla, para un fin operativo determinado—, éste no puede ser variado a criterio unilateral, o en desacato de criterios técnicos y científicos que garanticen que la nueva acción. No obstante, es una realidad comprobable, palpable y contundente, que la patente N° 04-717, otorgada de manera impropia según la sentencia N° 01-2022-IV del Tribunal Contencioso Administrativo, ha sido utilizada por la Empresa CARCRUZ S.A. para fines distintos a lo que originalmente fue efectuado su espurio otorgamiento, aparte de que no existe —ni tampoco, legalmente podría haberla— una solicitud y aprobación de transformación de dicho fin, ante la situación legal que la misma está presentando desde inicios del año 2022, con lo cual, los actos que se vienen desarrollando al respecto en dicho lugar, rozan y sobredimensionan los aprobados para los mismos. Ante estos hechos, desde el 9 de enero de 2024, se solicitó a las autoridades recurridas que actuaran conforme a derecho corresponde, sin que a la fecha se haya obtenido una respuesta al respecto de parte de tres de ellas sobre las consultas consignadas en su momento —ver auto—, a saber: “…A la Dirección de Geología y Minas del MINAE: Para que proceda a suspender de inmediato, la Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera, otorgada a la Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, para dicho lugar (Tajo las Cazuelas o San Rafael), misma que respalda, a criterio Municipal, el otorgamiento de la Patente 04-717, por cuanto la misma no se está utilizando para ese fin, sino para otros de extraña consecuencia y ante ello, la inexistencia de una, suprime tácitamente la otra. -A la Dirección Regional de Salud de La Unión: Para que le indiquen a las Comunidades de Yerbabuena, lztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua y circunvecinas, acerca de la existencia o no de un Permiso Sanitario de Funcionamiento que esa Entidad Pública haya autorizado para que en ese lugar (Tajo Las Cazuelas o Tajo San Rafael), se reciban toda clase de materiales externos, con lo cual están convirtiendo, en la práctica, tácitamente el lugar en un Relleno Sanitario a cielo abierto, con los perjuicios que ello sigue acumulando al deterioro del ambiente en dicho lugar y las comunidades circunvecinas. - Al Concejo Municipal que de manera inmediata, se suspenda y no se permita más, el trajinar de la maquinaria pesada, por las rutas de Yerbabuena y La Antigua, que son rutas cantonales, de dominio municipal y de normativa de uso propio del Concejo Municipal, ante el objetivo que tienen las vagonetas de introducir materiales al Tajo, por cuanto ello no corresponde a la actividad que debe realizarse en ese lugar, de conformidad con la Patente 04-717 (otorgada de manera impropia) por la Municipalidad de La Unión y que además; conforme lo exige la legislación vigente, se levante una investigación exhaustiva de los motivos, razones, causas, circunstancias y responsables, que han conducido a este hecho tan lamentable para la estabilidad Social, Económica y Ambiental de la Comunidad de Yerbabuena y comunidades circunvecinas”. Alegan violado su derecho de petición y de respuesta. Solicitan que se declare el recurso, a fin de que la Dirección de Geología y Minas del MINAE y la Dirección Regional de Salud de La Unión y el Concejo den respuesta a las consultas efectuadas por la comunidad en relación con la apertura, reapertura y funcionamiento indebido del Tajo San Rafael, así como de las acciones emprendidas en relación al asunto que han ido en contra de la voluntad de las comunidades en cuestión, todo ello de manera detallada, cierta y probada, y se le ordene a las Autoridades recurridas reordenar todo lo actuado en favor de los derechos consagrados en la Constitución Política. 2.- Rinde informe bajo juramento Mario Alberto Gómez Venegas, en su calidad de director a. i. de la Dirección de Geología y Minas del MINAE, haciendo una contextualización del caso y un recuento de todas las acciones realizadas por esa dependencia. Asimismo, indica que en el oficio DGM-CRC1-010-2024 del 7 de mayo de 2024 se hizo referencia a la denuncia planteada por los recurrentes, pero no informa que se le haya dado formal respuesta a la citada denuncia. Solicita que se desestime el recurso planteado. 3.- Informa bajo gravedad de juramento la Dra. Ángela Morales Soto, en su calidad de directora del Área Rectora de Salud La Unión, lo siguiente: “... En este caso con relación al Ministerio de Salud, Área Rectora de Salud La Unión, se debe aclarar que no existen en el presente recurso de amparo acusaciones por inatención a denuncias, ni se acusa de ninguna falta a este Ministerio de Salud; solamente se realiza una petición de información por parte del recurrente; siendo que lo que se solicita es informar sobre la existencia o no de un Permiso Sanitario de Funcionamiento que autorice que en el lugar denunciado se reciban toda clase de materiales externos. Sobre este caso la Sala Constitucional no realiza una solicitud específica de información, indicando únicamente que ‘el informe deberá de rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos que se especifican dentro de los TRES DIAS HABILES siguientes a la notificación de esta resolución’. Con base en lo anterior se infiere que lo que se solicita es un informe de acciones realizadas en la atención a los hechos recurridos. Segundo: Sobre la atención del caso: Respecto a la información que se solicita se indica de forma puntual que, de parte de esta Área Rectora de Salud, a la fecha de interposición y recepción del recurso de amparo no se había emitido ningún Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) que autorizara en ese lugar la recepción de materiales externos; siendo que por el contrario se habían realizado amplias acciones para evitar el ingreso no autorizado de materiales de desecho al sitio. Se aclara además que dicho permiso si fue otorgado por esta Área Rectora el día 30/05/2024 para la actividad de ‘Recolección de Desechos No Peligrosos y recepción y disposición de tierra y escombros’ una vez que el solicitante cumplió con los requisitos de ley para la obtención de este. Tercero: Sobre evidencias y acciones realizadas: Como evidencia del accionar de esta Área Rectora está la denuncia 20-004 (Anexo 1) en la que se denunciaba el ingreso de materiales de desecho al sitio. Para su atención de parte de esta Área Rectora se realizó una inspección al lugar por porte del funcionario Ing. Oscar Salas Mora asignado al caso; quien en su informe MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0120-2024 (Anexo 2), confirmó el ingreso no autorizado de materiales de desecho al sitio, por lo que para corregir la situación evidenciada recomendó se girase la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 (Anexo 3), en la que se ordenó lo siguiente: ‘Detener la actividad de recepción y disposición de tierra, materiales de construcción y escombro, hasta tanto cuente con el Permiso Sanitario de Funcionamiento correspondiente para desarrollar dicha actividad. En cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 43432-S: Reglamento General para PSF, Permisos de Habilitación y Autorizaciones para Eventos Temporales de Concentración Masiva de Personas.’ Dicha orden sanitaria fue recurrida por el administrado mediante Recurso de Revocatoria con apelación Subsidiaria, por lo que se elevó el recurso de revocatoria al Nivel Superior para la respuesta correspondiente; siendo que mediante resolución MS-DRRSCE-00162-2024 (Anexo 4) se brindó respuesta por parte del Nivel Regional en la que se dio sin lugar el recurso de revocatoria. El mismo fue elevado en subsidio al Nivel Central para resolución final, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la resolución de dicho Nivel Superior. Adicionalmente para las fechas 12/02/24 y 15/03/2024 de parte de esta Área Rectora se dio seguimiento a lo ordenado en la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 mediante inspección al sitio realizada por el funcionario Ing. Oscar Salas Mora quien indicó en sus (sic) informe MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0283-2024 (Anexo 5) y MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0431-2024 (Anexo 6) respectivamente, que se estaba dando cumplimiento a la ordenanza MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 por parte de la administración de la empresa denunciada. En relación a la atención brindada a la denuncia 24-004, debo recalcar que como está pendiente la resolución del recurso de revocatoria del Nivel Central, el caso de esta denuncia permanece abierto; pero que, una vez finalizada la atención de esta, se brindará información de resolución y hallazgos al denunciante como está estipulado mediante el documento de resolución correspondiente. Finalmente se debe aclarar que si bien de parte de esta Área Rectora a la fecha de recepción del recurso de amparo no se había emitido ningún Permiso Sanitario de Funcionamiento que autorice que en el lugar denunciado se recibieran toda clase de materiales externos; para el día 28/05/2024 si se recibió en ventanilla de esta Área Rectora una solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento, remitida por el representante del Tajo Hacienda San Rafael, solicitando por primera vez permiso sanitario para la actividad de ‘Recolección de Desechos No Peligrosos y recepción y disposición de tierra y escombros’ que pretenden desarrollar en el sitio (Anexo 7). Se aclara además que dicho permiso no fue otorgado de inmediato como estipula la ley para permisos por primera vez, debido a que incumplían con el requisito de ‘estar al día con sus responsabilidades con el Ministerio de Hacienda’, ya que se encontraban Morosos y Omisos, por lo que se le giró al solicitante un documento de prevención única (Anexo 8), en el que se apercibió que debía cumplir con dicho requisito para que se pudiera emitir el PSF. El día 30/05/2024 se recibe vía correo electrónico la respuesta a la prevención única enviada (Anexo 9) en la que se informó por parte de la representación del establecimiento que ya habían cumplido con el requisito pendiente, lo cual fue verificado por esta Área Rectora; por lo que se emitió el PSF para la actividad de ‘Recolección de Desechos No Peligrosos y recepción y disposición de tierra y escombros’ (Anexo 10)…” Solicita que se desestime el recurso planteado. 4.- Informa bajo gravedad de juramento Jorge Calvo Cascante, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de La Unión, lo siguiente: “... A-Que nuestra actividad como presidente de dicho Concejo inicia el día 02 de mayo del año 2024 y actualmente estamos actualizando los contenidos de las comisiones permanentes. B.- Que en dicha sesión numero dos del dos de mayo de este año, se solicitó a la administración que otorgara a este Concejo una copia total del expediente del tajo para proceder a buscar una solución a la problemática que aquejo a los recurrentes. C- Que a la fecha no acusa este Concejo una remisión de dicho expediente por lo que en la sesión ordinaria del próximo jueves 30 de mayo se hará un recordatorio formal de dicho expediente a la Alcaldía de La Unión. D- Que a pesar de lo expuesto, es importante manifestar que nos hemo (sic) reunido con algunos miembros de los grupos activos como los recurrentes señores Nombre57367, Alvaro (sic) González Chaves, Nombre57364 y otros para ir buscando algunas soluciones a una situación que han complicado irresponsablemente algunos funcionarios de la administración activa y han omitido responder la información que se les ha requerido. De lo anterior pueden dar fe los recurrentes. E- Que de conformidad con lo expuesto, las actuaciones que denuncian los recurrentes obedecen a actos de la alcaldía y sus Departamentos competentes que han omitido conocer dicha solicitud, que como expresa el recurrente se venía ejecutando en virtud de las disposiciones contenidas en el Código Municipal que otorgan esa competencia específicamente a la Alcaldía y no a este Concejo como lo establece el artículo 13 del citado Código. E- Sin embargo, dirigiremos atento recordatorio al señor Alcalde recordándole la obligación de brindar una respuesta oportuna a nuestros ciudadanos y remitir el expediente del tajo a la mayor brevedad posible para poder coadyuvar a buscar una solución…” Solicita que se desestime el recurso planteado. 5.- Informa bajo gravedad de juramento Cristian Torres Garita, en su calidad de alcalde municipal de La Unión, lo siguiente: “... 1. Que mediante boleta N° 8888894 de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de La Unión fechada 09 de enero de 2024, se recibe nota con denuncia formal y precisa contra la Alcaldía Municipal de La Unión por el uso indebido que se otorga a Patente 04-717, cuya finalidad de uso cumple hoy fines muy distintos a su origen y existencia, incumpliendo el principio de legalidad y deber de probidad a que está sujeto su accionar como autoridad pública y la posible comisión de un incumplimiento de deberes, presentada por los recurrentes y dirigida al Concejo Municipal, Auditoria (sic) Interna Municipal, varias instituciones públicas (CGR, MINAE, PROCURADURIA DE LA ETICA Y ANTICORRUPCION EN LA FUNCION PUBLICA, MINISTERIO DE SALUD, SALA CONSTITUCIONAL). 2. Que dicha denuncia fue conocida por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 300, celebrada el jueves 15 de febrero de 2024, según Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos N°MLU-CAJ-41-2024, Punto N° 1, adoptándose el acuerdo N° 6107 comunicado con el oficio MLU-SM-113-24-2020/2024, del cual se infiere: ´... SE LE SOLICITA A LA ACALDIA MUNICIPAL RENDIR UN INFORME DETALLADO A ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACERCA DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE LA ADMINISTRACIÓN HAYA ADOPTADO HASTA LA FECHA DESE SU AMBITO (sic) DE COMPETENCIA, REFERENTE A LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA PRESENTE DENUNCIA FORMAL EN SU CONTRA, POR EL USO INDEBIDO QUE SE LE ESTA (sic) DANDO A LA PATENTE 04-717, EN EL PLAZO DE 8 DIAS (sic) NATURALES... ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME ...' 3. Que mediante oficio MLU-PAT-0605-2024 fechado 13 de marzo de 2024, suscrito por el Maf. Horacio Fonseca Chacón, Dirección de Administración Tributaria y en atención al acuerdo N° 6107 se presenta el siguiente informe: 1. Que mediante solicitud No. 8803914 con fecha del 18 de noviembre de 2015, la persona jurídica ‘HACIENDA SAN RAFAEL HSR SOCIEDAD ANONIMA’ con cédula jurídica CED29061, presenta solicitud formal con 136 folios para desarrollar la actividad comercial de cantera, no obstante dicha solicitud, recibida por la señorita Nombre57368, funcionaria de la Plataforma le indica en la solicitud que no aporta el uso de suelo ni el permiso de salud. 2. Que mediante boleta solicitud No. 8804226 con fecha del 27 de noviembre de 2015 (Folio No.173), el interesado presenta carta indicando que se cumple con lo prevenido mediante solicitud No. 8803914, en la misma cita: …La solicitud presentada mediante formulario se acompaña con una nota legal explicativa así como múltiples oficios, que sirven de fundamento para tener por cumplido los requerimientos que esa Plataforma considera no se aportan con la simple lectura de un formulario. Contrario a lo considerado por el funcionario encargado de la plataforma, la solicitud si incluye estudio de uso de suelo conforme, además de vastos estudios emitidos por las autoridades públicas competentes, siendo procedente el conocimiento a la mayor brevedad de la solicitud presentada desde fecha 18 de noviembre 2015… El informe que presentaron se refería al Estudio de Suelo otorgado por el INTA, pero que en dicho momento, sin el criterio legal, no se podía considerar como el uso de suelo para otorgar la licencia municipal. Adicional a la documentación presentada, mediante boleta No. 8804376 el 02 de diciembre de 2015, el solicitante aporta criterio adicional sobre autoridad técnica competente para emitir uso de suelo en caso de concesión pública y hace del conocimiento que dicho caso lo estuvo analizando en conjunto la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal y la Auditoría Interna. 3. Que mediante el oficio MLU-PAT-1790-2015 del 17 de diciembre de 2015, dirigida a la señora Ana Gabriela González Quirós, el Departamento de Patentes le notifica que debe aportar el Uso de Suelo emitido por la Dirección de Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de La Unión; Adicional en dicho oficio se le indica que hasta que cuente con el uso de suelo solicitado, no se le daría trámite a la solicitud. En atención al caso, se envió a consultar mediante el memorando MLU-PAT- 0108-2016 al señor José Carlos Barrantes Cubillo, coordinador de Planificación Urbana, sobre el requerimiento de uso de suelo por parte de Hacienda San Rafael HRS S.A. Ante la consulta, el señor Barrantes Cubillo indicó en el memorando MLU- SPPU-041- 2016 que se emitió el (sic) constancia de uso de suelo SPPU-1110-15- 8800701 a nombre de Nombre57369, dicho oficio determina como resolución final ‘Uso: Consulta’ y ‘Actividad Informativo’. Por otra parte, mediante memorando MLU-PAT-109-2016 (Folio 215), se le solicita a la Alcaldía Municipal informar sobre el estado del uso de suelo, a fin de atender las consultas y vencimientos de plazo por parte de los interesados, No obstante en oficio MLU-DAM-093-2016 le hace un llamado de atención al coordinador de patentes, en donde le indica que se está a la espera del análisis en conjunto de lo expresado por el Lic. Rommel Calvo, Director Jurídico. En dicho oficio indica que el señor Gerardo Morales, esta (sic) consiente de que el caso está en análisis tanto por el Concejo Municipal así como por la Dirección Jurídica de esta Municipalidad. 4. Que mediante oficio MLU-DATSAC-0006-2016 el señor Gerardo Morales Barboza, con base en el oficio MLU-DJUR-023-2016 el cual se lo dirige el Lic. Rommel Calvo Padilla a la Licda. Lydia Garita Rodríguez, indica que: ‘Existe suficiente base normativa y legal para que el concesionario Hacienda San Rafael HSR S.A. pueda iniciar sus actividades de explotación pétrea, sin mayor cuestionamiento, amparado al ‘Código de Minería’ así como a la Ley de Emergencias 8488…’ El citado Oficio MLU-DATSAC-0006-2016 el Director de Administración Tributaria emite la orden escrita …Por lo anterior, siguiendo la instrucción de la Dirección Jurídica se le solicita proceda con el otorgamiento de la Licencia Municipal a Hacienda San Rafael HSR Sociedad Anónima; toda vez que analizado el caso se determina que no requiere del uso de suelo de la municipalidad, por cuanto prevalece el criterio de la Comisión Nacional de Emergencia como órgano competente y de acatamiento obligatorio’… Así como las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), SETENA y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Todo de conforme con el criterio de la Dirección Jurídica expuesta en el oficio pre citado. De la documentación suministrada en el análisis jurídico, así como de la documentación del expediente de patentes (cabe resaltar que se desconoce la existencia de otros expedientes en custodia de otras instancias), se extrae los siguientes hechos relevantes: a) Que el Informe Técnico DPM-INF-0852-2011 referente a la ‘VALORACION TECNICA DEL DESLIZAMIENTO EN LA MARGEN DERECHA DE RIO CHIQUITO’ emitido por la Comisión Nacional de Emergencias, indica en la Recomendación a la Municipalidad de La Unión, que de las evidencias comprobadas por la inspección de campo, la probabilidad irrefutable, de que el proceso de deslizamiento continuará a través del tiempo, también indica ‘indudablemente es necesario implementar un Sistema de Alerta Temprana que involucre a la población de las partes. b) Que la actividad tiene por objeto ‘MITIGAR EL RIEGO DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO’ catalogado por las autoridades técnicas del Estado como INMINENTE e IRREFUTABLE. c) Que en lo que respecta al tema del Uso de Suelo, consta en el expediente la consulta de la Auditora Interna, señora Anabelle Barboza, la consulta sobre varias inquietudes, entre ellas sobre el uso de suelo. En respuesta a las preguntas, en el oficio DGM-RNM- 985-2015 en el punto 4 (Folio No. 049), se aclara que no se requiere la presentación del de uso de suelo aprobado por la municipalidad del lugar donde se ubica el área solicitada, en su lugar se debe contar con un Estudio de Uso Conforme de Suelo por parte del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA). Además en oficio MLU-DIDECU- 196-2016 el Director de Desarrollo y Control Urbano le aclara al coordinador de Patentes, que: ‘El Certificado de Uso de Suelo no es una autorización para ejercer una actividad específica en un determinado terreno ni para edificar o modificar. Con el certificado de uso de suelo ni se autoriza el ejercicio de un derecho, como lo es el ius a edificandi, ni se constituye o modifica un derecho o situación jurídica’ además aclara que: ‘…por medio de un certificado de uso de suelo, lo único que hace la administración es acreditar el uso debido, según la normativa vigente, y el uso que de hecho se le está dando a un terreno, calificando como conforme o no conforme con dicha normativa’. Para efectos del Uso de Suelo se consideró para el otorgamiento de la Licencia Municipal, el oficio DST-004-14 del 24 de enero del 2016 (Folio No. 0160), en donde el Departamento de Servicios Técnicos del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnologías Agropecuarias (INTA) le aprobó el ‘ESTUDIO DETALLADO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO DE SUELO DE LAS TIERRAS DE LA PROPIEDAD PERTENECIENTE HACIENDA SAN RAFAEL H.S.R. S.A’, toda vez que no se estará causando una pérdida a la productividad de los suelos del cantón de La Unión. d) Que la resolución R-0083-2015-MINAE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 98 del viernes 22 de mayo del 2015, indica en el considerando primero, que con fundamento en el artículo primero del Código de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales existentes, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones para la explotación de los recursos mineros, No obstante en el POR TANTO, El Presidente de la República y La Ministra de Ambiente y Energía otorgan la concesión de Extracción de Materiales en una cantera por un plazo de quince años a favor de la sociedad Hacienda San Rafael HSR S.A. e) Que en Resolución No 2191-2013-SETENA se le otorga la ‘VIABILIDAD AMBIENTAL’ (Licencia Municipal) por un período de CINCO años f) Que el permiso sanitario no es para la operación de la cantera de la cual ya se tiene la concesión; el permiso se refiere a obras tales como oficinas, comedor para los empleados, servicios sanitarios para empleados y personas que le frecuenten. (MLU-DAM-DJUR- 231-2016). Razón por la cual se le hace la advertencia de que debe tramitar este permiso ante el Ministerio de Salud, previo a realizar las actividades administrativas en el sitio. g) Otro aspecto a considerar fue la intención de la municipalidad, la finalidad de mitigar el riesgo de deslizamiento, velando por la seguridad de la población aledaña y procurando disminuir los riesgos naturales, que se puedan suscitar en el futuro. Cabe indicar que con vista en el expediente, el proyecto agrega beneficios en la estabilización del deslizamiento y prevención del riesgo de mayor estrechamiento del margen del Rio Chiquito, por cuanto se está mitigando los riesgos de un posible deslizamiento. A su vez el otorgamiento de la concesión que fue otorgada por el Gobierno Central en su potestad de imperio, en lo que respecta al análisis jurídico, no se dictó en el criterio legal, elementos que impidieran la concesión otorgada. Mediante resolución MLU-PAT-0127-2016, se formaliza la Licencia Municipal a nombre de Hacienda San Rafael HSR S.A. Pese a que la licencia fue otorgada bajo el análisis de la Dirección Jurídica de la municipalidad, tanto en la formalización como en el documento ‘Acto de visita’ con fecha del 17 de marzo de 2016, se le recalcó que para dar inicio a sus actividades debían de obtener el Permiso de Salud y presentarlo a esta oficina, en esa visita se presentó a entregar los documentos aportados al área de Salud de La Unión para tramitar el respectivo permiso. En ese momento la empresa no estaba desarrollando la actividad por no poseer el permiso de salud. No es cierto que se trasgrede la normativa de salud, ya que se puso de manifiesto a la empresa, que para ejercer la actividad debía estar a derecho con las demás instituciones entre ellas al Área Rectora de Salud de La Unión del Ministerio de Salud, y que debía de hacer del conocimiento a esta instancia; situación que la empresa ha cumplido a cabalidad. En su momento la empresa Hacienda San Rafael HSR S.A., no se le había permitido el inicio de las operaciones por falta del permiso de salud, tramites que estuvieron informando formalmente a este departamento, a fin de estar regularizados con esta institución. A fin de constatar el cumplimiento del ordenamiento municipal, se realizó una inspección al sitio por parte del inspector de patentes, de previo se coordinó con el Área de Salud para realizar la visita en conjunto, sin embargo indicaron que no era prudente por parte del esta institución apersonarse al sitio. En dicha inspección, realizada por el inspector de patentes Jorge Sanabria, acompañado de los inspectores generales Daniel Rodríguez y Mauricio Román, informaron que visitaron el lugar y que constataron que en dicho lugar no se estaba realizando la actividad comercial, a su vez indicaron que las calles se veían en completo deterioro, lo que hace ver que no hay paso regular de vehículos, si se observa ve movimientos de tierra para hacer calles, pero no se observa extracción minera, en las fotos aportadas en el informe MLU-PAT-1020-2016 se constata lo informado por los inspectores. Cabe informar, que con la sustitución del anterior Director de Administración Tributaria, señor Gerardo Morales, el cual participó del análisis y fue quien dio la instrucción del otorgamiento de la Licencia, se emitió un informe para el nuevo Director de Administración Tributaria, señor Eddy Quesada Monge en ese momento, a fin de que este conociera el caso y tomara la participación en decisiones que le corresponden. Por otra parte, la Dirección Jurídica hace del conocimiento sobre la existencia de un Recurso de Amparo interpuesto contra la Municipalidad de La Unión, en donde uno de los temas a recurrir corresponde al otorgamiento de la Licencia Municipal a favor de HACIENDA SAN RAFAEL H.S.R S.A por lo que a la espera de que la Sala Constitucional se pronuncie al respecto, no es factible que se analice el caso en cuestión hasta no conocer las disposiciones de la Sala Constitucional, posterior a esta resolución se procederá con lo que ordene la Sala Constitucional. 5. Que mediante oficio MLU-DJUR-480-2017 del 05 de junio del 2017 el Director Jurídico Rommel Calvo Padilla le dirige oficio al Dr. Luis Carlos Villalobos Monestel, Alcalde Municipal, indicando en el asunto ‘Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, ante apelación en jerarquía impropia de Nombre57370, Nombre57364, Nombre57371( y Nombre57366 por otorgamiento de la Licencia Comercial a favor de Hacienda San Rafael HSR. S.A.; en dicho oficio el Director Jurídico le hace saber al Alcalde Municipal que en resolución final de las quince horas del veintiuno de abril del dos mil diecisiete, notificada vía electrónica, contenida en el expediente 16-007717- 1027-CA indicando que en esta resolución judicial evidencia que lo actuado y lo resuelto por la Municipalidad en la expedición de la licencia comercial se dio conforme al ordenamiento jurídico; en el Por Tanto se confirma lo resuelto por la Alcaldía Municipal de La Unión en la Resolución número MLU-DAM-DJUR- 292-2016 de las nueve horas del veintiséis de mayo del dos mil dieciséis y se da por agotada la vía administrativa. 6. Que mediante resolución CS-ARS-CU-D-0476-2019 de la Dirección del Área Rectora de Salud de Curridabat del Ministerio de Salud (Folio 0797) resuelve otorgar Permiso Sanitario de Funcionamiento al establecimiento denominado Tajo San Rafael, para la actividad de extracción de piedra, arena y arcilla, el cual fue presentado por parte de la sociedad Hacienda San Rafael H.S.R. S.A., cédula jurídica CED29061, cuya representación legal le corresponde al señor Nombre57372, cédula de identidad CED29066; dicha resolución fue firmada por el doctor Manuel Rosales Caamaño Director del Área. En dicho oficio se indica que mediante Oficio DGS-3452-2018, suscrito por la Dra. Priscilla Herrera García, Directora de la Dirección General de Salud ordena que la Dirección del Área Rectora de Curridabat, continúa siendo la designada para la atención del caso del establecimiento Hacienda San Rafael HSR S.A. 7. Que mediante oficio MLU-PAT-1484-2020 el Departamento de Patentes le informa al Ingeniero Juan Pablo Vásquez Chavarría, Gerente de Operaciones de Hacienda San Rafael HSR S.A. que habiendo cumplido con la presentación de la resolución del Ministerio de Salud CS-ARS-CU-D-0476-2019 se procede al levantamiento de la suspensión de la licencia 04-0717. 8. Que mediante oficio MLU-PAT-1625-2020 dirigido a los señores: Cristian Torres Garita, Alcalde Municipal; Licda. Maribel Álvarez Mora, Vicealcaldesa y Franz Cordero Fernández, Director Tributario se le emite un informe sobre el otorgamiento de la licencia 04-0717 de Hacienda San Rafael HSR S.A. de este modo se da por informado a la nueva administración sobre la situación de esta patente. Con relación a detalles sobre la gestión cobratoria, estados de morosidad y de arreglos de pago, le corresponde tanto al Departamento de Cobro Administrativo como a la Unidad de Servicio al Cliente, emitir la información sobre las gestiones llevadas a cabo; se incluye a la Unidad de Servicio al Cliente toda vez, que esta empresa fue calificada como ‘Grandes Contribuyentes’ y su atención privilegiada está a cargo de dicho departamento. 9. Que mediante el expediente 16-001882-0007-CO, de la Sala Constitucional, emite resolución N2016010297, DE LAS NUEVE Horas quince minutos del 22 de julio de 2016, la Sala Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por los vecinos del cantón, quienes alegaban que el permitir la reapertura del tajo de San Rafael. Alegando entre otros lo siguiente: ‘...el proceso de amparo no es la vía para fiscalizar tales actuaciones sino el proceso contencioso administrativo. Tampoco, este Tribunal Constitucional debe entrar a conocer y resolver el incumplimiento.’ 10. Proceso Contencioso Administrativo, interpuestos: a) Recurso Extraordinario de Casación contra de SENTENCIA No. 26- 2021-IX de las 8 horas veinte minutos del treinta de setiembre del dos mil veintiuno. b) En fecha 05 de octubre del dos mil veintiuno, se interpone formal solicitud de Aclaración y Adición por parte de mi Representada. c) Mediante Sentencia No. 26-2021-IX-Bis de las ocho horas cero minutos del trece de octubre del dos mil veintiuno, en su parte dispositiva se rechazo (sic) la gestión de adición y aclaración presentada por la Municipalidad de La Unión. d) La última notificación de la Sentencia No. 26-2021-IX-BIS, de la Sentencia No. 26-2021-IX-BIS, de las ocho horas cero minutos del trece de 0ctubre del dos mil veintiuno, fue en fecha 19 de octubre del 2021. Así las cosas, de conformidad con los antecedentes expuestos, el presente Recurso Extraordinario de Casación contra la Sentencia No. 26-2021-IX-BIS de las ocho horas cero minutos del trece de octubre del dos mil veintiuno, se encuentra interpuesta en tiempo y forma y cumple con los requisitos procesales establecidos en el artículo 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 2-.Expediente No. 17-006505-1027-CA. ACTORES: Asociación de vecinos de Sierras de la Unión. En este caso en particular se interpuso en tiempo y forma, Recurso Extraordinario de Casación en contra de la SENTENCIA No. 001-2021-IV de las diez horas treinta minutos del 04 de Enero del 2022 dictada dentro del Proceso de Conocimiento tramitado bajo el Expediente No. 17-006505-1027-CA. La Sentencia No. 001-2022-IV, dictada dentro del expediente No. 17-006505- 1027-CA fue debidamente notificada al medio señalado por la municipalidad de La Unión al ser las nueve horas siete minutos del día miércoles 05 de enero del 2022. En ese sentido, conviene señalar que la referida Sentencia No. 001- 2022-IV se tuvo por notificada a la Municipalidad el día jueves 05 de enero del 2022, debido a que su comunicación se hizo vía electrónica el día antes a las 09:07 horas, lo que se destaca para efectos de que se encuentra interpuesto en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos procesales establecidos en el inciso 1 del articulo (sic) 139 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El escrito en el cual consta el Recurso Extraordinario de Casación fue presentado ante Sala Primera en fecha 27 de enero del 2022. En lo que respecta a los recursos interpuestos en la sede judicial están pendientes de resolverse, y se esta (sic) a la espera de que la Dirección Jurídica o la Alcaldía brinde las instrucciones a seguir toda vez que la sentencia quede en firme...’ …” Solicita que se desestime el recurso planteado. 6.- El magistrado Paul Esteban Rueda Leal solicitó que se le tuviera por inhibido del asunto, debido a que el letrado de su oficina Gabriel Rojas Barrientos le comunicó que, desde el 1º de mayo de 2024, su papá Nombre57373 asumió como regidor propietario del Concejo Municipal de La Unión hasta el 30 de abril de 2028. 7.- Por resolución de las 14:49 horas del 29 de enero de 2025, la Presidencia de esta Sala aceptó la inhibitoria del magistrado Rueda Leal. 8.- Por sorteo N° 13178 se designó al suplente Ronald Jesús Salazar Murillo para sustituir al magistrado que se inhibió. 9.- La magistrada Garro Vargas solicitó que se le tuviera por inhibida del asunto a fin de que el recurso de amparo fuera tramitado con la mayor transparencia y no existan dudas de objetividad o de credibilidad institucional, toda vez que los recurrentes denuncian una supuesta afectación a la estabilidad social, económica y ambiental de las comunidades de Yerbabuena Iztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua y aledañas; y su hermano, Nombre57374, y su esposa, Nombre57375, residen, precisamente, en La Antigua. 10.- Sin embargo, por resolución de las 10:21 horas del 18 de febrero de 2025, la presidencia de esta Sala denegó dicha solicitud y declaró a la magistrada Garro Vargas habilitada para el conocimiento de este asunto. 11.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Garro Vargas; y, Considerando: I.- DE PREVIO. En el sub judice, el reclamo de los recurrentes se debe a la supuesta falta de respuesta a una serie de gestiones —que ellos denominan “consultas”— planteadas ante las Autoridades recurridas. A este respecto, la Sala advierte que las gestiones formuladas no son consultas o solicitudes de criterio jurídico, como los accionantes erróneamente las llaman, sino una solicitud de información presentada ante la Dirección Regional de Salud de La Unión y sendas denuncias interpuestas ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE y el Concejo Municipal de La Unión por la realización indebida de actividades no amparadas apropiadamente en una patente. Ahora bien, en este punto es necesario aclararles que el derecho de petición, establecido en el artículo 27 constitucional, cuando es entendido en sentido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aun cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley—, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Sin embargo, es necesario diferenciar a las peticiones puras y simples de información de los reclamos administrativos, las denuncias y otras solicitudes. En el primer caso, normalmente la respuesta deberá darse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, como lo ordena el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y el numeral 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097. Excepcionalmente, si la contestación no puede brindarse dentro de ese término por razones justificadas, la Administración está obligada a explicar, dentro del plazo exigido por la Ley, cuáles son los motivos por los que no puede atender la petición en ese momento —obviamente, en el entendido de que más adelante, cuando pueda hacerlo, deberá responder cabalmente la petición—. La explicación correspondiente deberá ser clara, profusa y detallada, con el objeto de que el petente quede debidamente informado y pueda ejercer las acciones legales que juzgue apropiadas. En el segundo caso, cuando se trata de reclamos o recursos —en que el particular pide la declaración o restitución de un derecho subjetivo —, como lo ha señalado esta Sala, no es el artículo 27 constitucional el aplicable, sino el 41: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Lo anterior, por cuanto los reclamos y recursos administrativos, a diferencia de las peticiones puras, requieren un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia N° 2002-03851 de las 14:56 horas del 30 de abril de 2002). Usualmente, el término para resolver está dado por el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, que establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación (véase la sentencia número 759-93 de las 16:39 horas del 15 de febrero de 2993), lo cual se afirma, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales en determinados supuestos. En la hipótesis del procedimiento sumario, el artículo 325 de esa misma Ley General de la Administración Pública dispone un plazo de un mes —a partir de su inicio— para que la Administración concluya la tramitación. Además, en lo tocante a la fase recursiva o procedimiento de impugnación, el numeral 261, párrafo 2° del mismo cuerpo legal fija también el término de un mes para resolver. Lo anterior se afirma en el entendido de que, en virtud del principio del debido proceso que rige en la vía administrativa, la autoridad recurrida está obligada no sólo a resolver dentro del período conferido por la ley para tal efecto, sino también a notificar la resolución respectiva dentro de ese mismo lapso. En el tercer caso, cuando se trata de denuncias, aunque la Sala ha reconocido que la denuncia se ubica dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su correlativo derecho de obtener resolución, no existe un plazo legalmente establecido para resolver al efecto. Sin embargo, esta Sala ha reconocido y declarado que, aunque el denunciante no es parte en el procedimiento, si así lo desea, tiene derecho a que se le comunique el resultado de su gestión en un término razonable (véase la resolución Nº 2002-06543 de las 08:57 horas del 5 de julio de 2002). En este sentido, aunque el numeral 3 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 solamente establece que no son objeto del derecho de petición aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico estableció un procedimiento administrativo específico y plazos distintos de los regulados en dicha ley, dado que, en tratándose de denuncias, la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo tanto, de ser cierta la omisión en responder las denuncias interpuestas ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE y Concejo Municipal de La Unión, lo que podría configurarse es una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida, tutelado en el el 41 constitucional. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante una serie de gestiones que tienen incidencia en materia ambiental. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso. II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes alegan que, ante una situación irregular que se produjo durante la aprobación y posterior ejecución de la “Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera” otorgada a la Hacienda San Rafael H.S.R. S.A., el 9 de enero de 2024, presentaron una solicitud de información ante la Dirección Regional de Salud de La Unión y sendas denuncias administrativas ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE y el Concejo Municipal de La Unión por la realización de actividades no amparadas apropiadamente en una patente, pero, a la fecha de interposición del recurso, no habían obtenido una respuesta al respecto. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) Sobre la Dirección de Geología y Minas del MINAE: 1) El 9 de enero de 2024, los recurrentes presentaron una denuncia ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE, requiriendo que “... que proceda a suspender de inmediato, la Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera, otorgada a la Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, para dicho lugar (Tajo las Cazuelas o San Rafael), misma que respalda, a criterio Municipal, el otorgamiento de la Patente 04-717, por cuanto la misma no se está utilizando para ese fin, sino para otros de extraña consecuencia y ante ello, la inexistencia de una, suprime tácitamente la otra...” (hecho no controvertido). b) Sobre la Dirección Regional de Salud de La Unión: 2) El 9 de enero de 2024, los recurrentes presentaron una solicitud de información ante la Dirección Regional de Salud de La Unión, requiriendo que “... le indiquen a las Comunidades de Yerbabuena, lztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua y circunvecinas, acerca de la existencia o no de un Permiso Sanitario de Funcionamiento que esa Entidad Pública haya autorizado para que en ese lugar (Tajo Las Cazuelas o Tajo San Rafael), se reciban toda clase de materiales externos, con lo cual están convirtiendo, en la práctica, tácitamente el lugar en un Relleno Sanitario a cielo abierto, con los perjuicios que ello sigue acumulando al deterioro del ambiente en dicho lugar y las comunidades circunvecinas...” (hecho no controvertido). c) Sobre la Municipalidad de la Unión: 3) Por medio de la boleta N° 8888894 de la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de La Unión, fechada el 9 de enero de 2024, el Gobierno Local antes indicado recibió una nota que contenía una denuncia formal dirigida contra la Alcaldía Municipal de La Unión, por el uso indebido que se le otorgaba a Patente N° 04-717, solicitando que “...de manera inmediata, se suspenda y no se permita más, el trajinar de la maquinaria pesada, por las rutas de Yerbabuena y La Antigua, que son rutas cantonales, de dominio municipal y de normativa de uso propio del Concejo Municipal, ante el objetivo que tienen las vagonetas de introducir materiales al Tajo, por cuanto ello no corresponde a la actividad que debe realizarse en ese lugar, de conformidad con la Patente 04-717 (otorgada de manera impropia) por la Municipalidad de La Unión y que además; conforme lo exige la legislación vigente, se levante una investigación exhaustiva de los motivos, razones, causas, circunstancias y responsables, que han conducido a este hecho tan lamentable para la estabilidad Social, Económica y Ambiental de la Comunidad de Yerbabuena y comunidades circunvecinas...”. Dicha denuncia, presentada por los recurrentes, fue dirigida al Concejo Municipal y la Auditoría Interna Municipal (informes y prueba que obra en el expediente). 4) Por oficio MLU-DAM-DJUR-310-2024 del 29 de mayo de 2024, suscrito por el alcalde municipal de La Unión, se contestó la denuncia antes indicada, haciéndole saber a los denunciantes cuáles eran las medidas y acciones adoptadas por la Administración Municipal sobre la citada problemática. Sin embargo, no se les contestó claramente si procedía acoger, desestimar o dejar en suspenso la ejecución de su petitoria (ver oficio MLU-DAM-DJUR-310-2024). 5) La respuesta respectiva fue enviada a los accionantes el 30 de mayo de 2024 (ver comprobante de envío). IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución: a) Que la Dirección de Geología y Minas del MINAE haya contestado la denuncia planteada por los recurrentes y les haya notificado lo resuelto oportunamente. b) Que la Dirección3288 haya contestado formalmente la solicitud de información planteada por los recurrentes y les haya notificado lo de rigor. V.- SOBRE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS DEL MINAE. En el sub lite, los recurrentes alegan que, 9 de enero de 2024, presentaron una denuncia ante la Dirección de Geología y Minas del MINAE, requiriendo que “... que proceda a suspender de inmediato, la Concesión de Extracción de Materiales en una Cantera, otorgada a la Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, para dicho lugar (Tajo las Cazuelas o San Rafael), misma que respalda, a criterio Municipal, el otorgamiento de la Patente 04-717, por cuanto la misma no se está utilizando para ese fin, sino para otros de extraña consecuencia y ante ello, la inexistencia de una, suprime tácitamente la otra...”. Sin embargo, en los autos no se constata que esa denuncia fuera respondida en tiempo. Por lo tanto, el presente asunto debe ser declarado con lugar con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41 constitucional. VI.- SOBRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE LA UNIÓN. Alegan los recurrentes que, el 9 de enero de 2024, presentaron una petición ante la Dirección Regional de Salud de La Unión, requiriendo información acerca de la posible existencia de un permiso sanitario de funcionamiento. En relación con esa petición, la Dra. Ángela Morales Soto, en su calidad de directora del Área Rectora de Salud La Unión rinde su informe haciendo una elaborada exposición de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud en la atención a los hechos objeto de la petición, pero en ningún momento indica que la solicitud de los recurrentes fuera contestada dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición y, en este contexto, se entiende que las Administraciones Públicas están obligadas a notificarle oportunamente al administrado cuál ha sido el resultado de sus peticiones. En este sentido, ya es copiosa la jurisprudencia de este Tribunal que establece que, para los efectos del derecho de petición y pronta resolución, la respuesta de la Administración no surte efectos hasta que se lleve a cabo el acto de comunicación: “En su informe, la funcionaria accionada lo que hace es informarle a este Tribunal todos los datos que la promovente requiere; no obstante, los aporta ante la Sala y nunca fue confeccionada una respuesta a la recurrente. En su jurisprudencia, la Sala ha sostenido que la Administración está en la obligación de contestar, de manera escrita, toda petición de los administrados presentada de esa misma forma, dado que solo así disponen estos de un medio de prueba idóneo en el que conste la voluntad de la autoridad pública, requisito indispensable para hacer valer sus derechos ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes. En el caso bajo análisis, la autoridad recurrida omitió aportar algún documento mediante el cual se pudiera constatar que a la recurrente se le informó de manera escrita el resultado de su gestión. Tal omisión implica una vulneración al orden constitucional y, por ello, este amparo resulta del todo procedente. Habiéndose constatado la infracción al derecho reconocido en el ordinal 27, de la Constitución Política, lo que procede es acoger el presente proceso, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la sentencia”. (Sentencia Nº 2020008960 de las 09:15 horas de 15 de mayo de 2020). Por lo tanto, al no quedar acreditado que esa información que la recurrida le suministra a la Sala, le fue comunicada oportunamente a la parte recurrente, procede declarar con lugar el extremo. VII.- SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN. En lo referente al Gobierno Local accionado, aunque el oficio MLU-DAM-DJUR-310-2024 del 29 de mayo de 2024, suscrito por el alcalde municipal de La Unión —es decir, el propio denunciado—, pretendió contestar la denuncia planteada por los recurrentes el 09 de enero de 2024, haciéndoles saber cuáles habían sido las medidas y acciones adoptadas por la Administración Municipal sobre la problemática de interés, lo cierto es que de su lectura, la Sala no constata que se haya efectuado una cabal referencia a las pretensiones de los denunciantes, indicándoles clara y expresamente si procedía acoger, rechazar o dejar en suspenso su petitoria. Tómese en cuenta que, en la sentencia N° 2002-09538 de las 09:48 horas del 4 de octubre de 2002, esta Sala dispuso lo siguiente: “Del estudio de los elementos probatorios y del informe rendido, se constató que el veinticuatro de julio de dos mil dos, la amparada presentó una gestión de información ante el accionado, a efecto de que el Director del Area (sic) Rectora de Salud Sureste Metropolitana de la Región Central Sur del Ministerio de Salud le informara ante cuál autoridad judicial había realizado solicitud de allanamiento para dar cumplimiento a la orden sanitaria número DRCS-3648-02 y en qué fecha se presentó esa gestión (copia a folios 13 y 14); que con oficio TSASSM-112-2002 de 13 de agosto de 2002, se le informó a la Licenciada Grace Sánchez que puede accionar el desalojo judicial, a través del Juzgado (copia a folio 12) y que ese oficio se le comunicó a la recurrente vía fax el catorce de agosto del presente año (copia a folio 12). III.– Sobre el fondo.– El derecho de petición y pronta resolución, regulado en el artículo 27 constitucional, establece la obligación a cargo de la Administración de dar una contestación escrita al peticionario. Esa respuesta debe producirse en un plazo breve y ser congruente con los términos de la petición, sin que esto no signifique de modo alguno que el peticionario tiene derecho a que se le resuelva favorablemente lo solicitado, pero si, que se le dé una respuesta concreta a todos los extremos que plantea en su petición. En el caso concreto, estima esta Sala si bien es cierto la respuesta que se le dio a la amparada guarda relación con su solicitud, la contestación no es congruente con la petición, puesto que no se concreta a los extremos que en ella se plantean. La amparada lejos de pretender informarse o conocer si ella se encuentra legitimada para accionar ante autoridad judicial el desalojo de su inmueble, pretende informarse si el recurrido ha accionado en la vía jurisdiccional lo que corresponde para hacer valer sus resoluciones y en que (sic) fecha. La Administración lejos de haber brindado una respuesta como la que se le dio a la petente, debió haberle informado de las diligencias que se ha realizado para hacer cumplir lo resuelto. En esas condiciones, como la respuesta no es congruente con la petición, esta Sala verifica la violación del derecho de petición y pronta respuesta del amparado, por consiguiente este recurso debe ser estimado, como en efecto se hace”. (El resaltado y subrayado no es del original; véase en también, en relación con la congruencia, el voto N° 2015013990 de las 09:05 horas del 4 de setiembre de 2015). Por lo tanto, el extremo también debe ser declarado con lugar. VIII.- CONSIDERACIONES FINALES. Por último, en lo tocante a la pretensión de que se le ordene a las Autoridades recurridas reordenar todo lo actuado en favor de los derechos consagrados en la Constitución Política, se les hace saber a los accionantes que la finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esta razón, la Sala no puede hacer las veces de alzada en la materia y revisar si la concesión minera, el uso de suelo y la patente municipal otorgados para la explotación del Tajo Las Cazuelas o San Rafael, se ajustan o no a la normativa legal vigente, ni tampoco usurpar las atribuciones de las partes recurridas y tramitar directamente una denuncia por supuestas actividades que generan acumulación de materiales o exceden lo autorizado en una patente otorgada para otros usos. Todos estos extremos son propios de la legalidad ordinaria y deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional. En consecuencia, estos extremos deben ser declarados sin lugar. IX.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. X.- VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO SOBRE MORA ADMINISTRATIVA. Si bien en el pasado he sostenido el criterio de mayoría del Tribunal, bajo una mejor ponderación de los derechos fundamentales que se reclaman, estimo que la mora administrativa constituye una lesión a una garantía procesal fundamental, razón por la que cambio el criterio que había expuesto, admitiendo la posible infracción al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, separándome de la visión de la mayoría del Tribunal, en el sentido que -salvo contadas excepciones- este tipo de reproches deben resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por el contrario, estimo que uno de los derechos que esta jurisdicción se encuentra llamada a tutelar es el de la justicia pronta y cumplida, expresamente consagrado en el artículo 41 constitucional. Ello conforme al ámbito de competencia asignado a este Tribunal en materia de protección a derechos fundamentales, en atención a lo dispuesto en los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Si bien, entiendo la importancia de las reformas de la jurisdicción contencioso-administrativa a partir de la vigencia de la Ley 8508 del veinticuatro de abril de dos mil seis, lo cierto es que dicha situación no justifica la remisión a dicha instancia de los asuntos que versan sobre materia que es competencia de esta Sala, la cual ha demostrado a lo largo de los años que es un medio célere y efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los habitantes del país. XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a Mario Alberto Gómez Venegas, en su calidad de director a. i. de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, resuelva la denuncia interpuesta por los recurrentes el 9 de enero de 2024 y les notifique lo resuelto. Asimismo, se ordena a la Dra. Ángela Morales Soto, en su carácter de directora del Área Rectora de Salud La Unión, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, conteste la solicitud de información pura y simple presentada por los recurrentes el 9 de enero de 2024 y les notifique dicha contestación. Por último, se le ordena a Jorge Calvo Cascante, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de La Unión, o a quien ocupe su cargo, que en el término improrrogable de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta resolución, resuelva la denuncia interpuesta por los recurrentes el 9 de enero de 2024 contra la alcaldía de esa Corporación Local, abordando expresamente sus pretensiones, y les notifique lo resuelto. Se les advierte a todas esas Autoridades, o a quienes ocupen sus cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de La Unión al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Castillo Víquez consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto en relación con lo dispuesto sobre el artículo 41 constitucional. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ronald Salazar M. EXPEDIENTE N° 24-010965-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf2897 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:08:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Protected Data** (in accordance with current regulations) *CO* Exp: 24-010965-0007-CO Res. No. 250005710 **CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at ten twenty on the twenty-fifth of February, two thousand twenty-five. Amparo action processed under case file number 24-010965-0007-CO, filed by Nombre12896, identity card CED29062, Nombre57364, identity card CED29063, Nombre57365, identity card CED29064, and Nombre57366, identity card CED29065, against the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENERGY AND MINES (MINAE).- **Whereas:** 1.- In a written submission received at 10:23 a.m. on April 25, 2024, the petitioners filed an amparo action against the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN, the MINISTRY OF HEALTH, and the MINISTRY OF ENERGY AND MINES, stating the following, in summary: that through resolution No. 2191-2013-SETENA, environmental viability (viabilidad ambiental) was granted to the project called "Landslide Stabilization with Quarry Extraction," in the name of Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. Likewise, through determination No. R-083-2015-MINAE, the authorities in office—President Solís Rivera and the Minister of Environment and Energy Madrigal Cordero, both of the Central Government of the Republic—granted Hacienda San Rafael H.S.R. S.A. the "Concession for the Extraction of Materials in a Quarry" for a term of 15 years, which was nothing more than the open-pit extraction of materials. To the above, they add, textually, the following: "...By Municipal Location Resolution SSPU-111o-15-8800701 of August 13, 2015, architect José Carlos Barrantes Cubillo indicated that this zone is necessary to retain urban development and that forest use continues within it. Permitted uses: 1. Forestry. 5. (sic) Single-family dwelling with suburban characteristics; residential complexes and urbanizations of any type are excluded in all cases. 6. (sic) Nurseries. 4. (sic) Ecotourism zones. Conditional uses. No conditional uses shall be permitted. THE ZONE DOES NOT PERMIT QUARRY ACTIVITY, ACCORDING TO ARTICLE 11.b. OF THE CURRENT REGULATORY PLAN REGULATIONS OF THE CANTON OF LA UNIÓN, in force at that time and reiterated today, under the same conditions, in the new Regulatory Plan effective since the previous year 2023. 4- Despite what is stated in the previous point, through official letter MLU-DIUR-023-2016, the Legal Director of the Municipality of La Unión, Mr. Rommel Calvo Padilla, indicated that although: '...the determination of land use (uso del suelo) is framed within urban regulations, such that the permitted use is that determined by each municipality in its regulatory plan and current zoning regulations,' he contradicts his own indication by expressing later in that official letter that, '... there is sufficient regulatory and legal basis for the Concessionaire Hacienda San Rafael HSR SA. to commence its stone exploitation activities, without further question, protected by the Mining Code (Código de Minería), as well as by the Emergency Law (Ley de Emergencias) 8488. For these purposes, the concessionaire must manage the pertinent matters before the Tax Directorate in order to obtain the corresponding commercial license..' , (now License (Patente) 04-717) (...) 5- In support of the criterion issued by Mr. Calvo Padilla in official letter MLU-DJUR-023-2016, administrative resolution No. MLU-PAT-0127-2016 of January 26, 2016, was issued by the Directorate of Tax Administration and the Coordination of the Licensing Department of the Municipal Administration, which ordered the granting of Municipal License No. 04-0717 to the company Hacienda San Rafael I-LR.S. S.A. for the activity of 'QUARRIES'. 6-That although through Administrative Litigation resolutions No. 001-2022-IV and 001-2022-W (BIS), said Court (Improper Superior Court in Legal Matters of Municipalities), ordered the absolute annulment of everything acted upon in this regard, both by the Central Government Authorities and those of the Municipality of La Unión, the Municipality proceeded to file (in its own opinion) an Extraordinary Cassation Appeal against the same, which keeps Resolution No. 001-2022-IV without finality, but not Resolution No. 001-2022-IV (Bis), and this has allowed, with municipal tolerance, that the Las Cazuelas or San Rafael Quarry (Tajo), owned by Hacienda San Rafael H.R.S. SA., continues operating, only now it does so for a purpose different from the Mining Concession granted by the Directorate of Geology and Mines of MINAE and the same license 04-212, absolutely contravening the provisions of the current legislation on the matter, further deepening the legal defects determined by judgment No. 001-2022-IV, committed at the time of granting everything related to the operation of said Quarry. 7- Through official letter MLU-DAM-1316-2022, the Mayor's Office requested a technical criterion from the Environmental Management Directorate of the Municipality, for the purpose of knowing the feasibility of receiving materials at said place, contravening the provisions of the Mining Concession and the improper granting of License 04-717. Said directorate, under absolute respect for current legal regulations, expresses in the content of response official letter MLU-GESA-337-2022, in response points r) and the final conclusion, what is logically and reasonably timely and convenient to indicate; '.10). Antagonistically, it is now intended, the reception of soil and construction products... For all the foregoing and based on the information submitted, it can be considered that a project of this nature does not have the necessary elements to have a municipal permit, also evidencing the need for geological studies." However, the technical criterion thus subscribed was disregarded by the Municipality of La Unión, whose administrative tolerance has allowed the purposes of the granted license "to be distinct from it," affecting with such action the social, economic, and environmental stability of the communities of Yerbabuena Iztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua, and surrounding areas. The petitioners allege that if the municipal license constitutes an administrative act by which, through the Licensing Office, the Local Corporation issues to accredit the corresponding exclusive rights—with which said Local Government authorizes natural or legal persons to take charge of the operation and functioning for the exercise of any type of economic activity determined at the time of granting it, for a determined operational purpose—this purpose cannot be varied at a unilateral criterion, or in defiance of technical and scientific criteria that guarantee the new action. However, it is a verifiable, palpable, and compelling reality that License No. 04-717, granted improperly according to judgment No. 01-2022-IV of the Administrative Litigation Court, has been used by the Company CARCRUZ S.A. for purposes different from those for which its spurious granting was originally effected, apart from the fact that there does not exist—nor legally could there be—a request and approval for the transformation of said purpose, given the legal situation it has been presenting since the beginning of 2022, with which the acts being carried out in this regard at said location border on and exceed the dimensions of those approved for them. Faced with these facts, on January 9, 2024, the respondent authorities were requested to act in accordance with the corresponding law, without a response having been obtained to date from three of them regarding the inquiries placed at that time—see order—, namely: "…To the Directorate of Geology and Mines of MINAE: To proceed to immediately suspend the Concession for the Extraction of Materials in a Quarry, granted to Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, for said place (Las Cazuelas or San Rafael Quarry), the same that supports, in the Municipality's opinion, the granting of License 04-717, since it is not being used for that purpose, but for others of strange consequence and in view of this, the nonexistence of one tacitly suppresses the other. -To the Regional Health Directorate of La Unión: To inform the Communities of Yerbabuena, lztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua, and surrounding areas about the existence or not of a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) that this Public Entity may have authorized so that in that place (Las Cazuelas Quarry or San Rafael Quarry), all kinds of external materials may be received, thereby turning the place, in practice, tacitly into an open-air landfill, with the damages that this continues to accumulate to the deterioration of the environment in said place and the surrounding communities. - To the Municipal Council to immediately suspend and no longer permit the movement of heavy machinery along the routes of Yerbabuena and La Antigua, which are cantonal routes, under municipal domain and subject to usage regulations of the Municipal Council itself, given the objective the dump trucks have of introducing materials into the Quarry, since this does not correspond to the activity that must be carried out at that place, in accordance with License 04-717 (granted improperly) by the Municipality of La Unión and which also; as required by current legislation, an exhaustive investigation be initiated into the motives, reasons, causes, circumstances, and responsible parties that have led to this very regrettable fact for the Social, Economic, and Environmental stability of the Community of Yerbabuena and surrounding communities." They allege a violation of their right to petition and to a response. They request that the action be granted, so that the Directorate of Geology and Mines of MINAE and the Regional Health Directorate of La Unión and the Council respond to the inquiries made by the community regarding the opening, reopening, and improper operation of the San Rafael Quarry, as well as the actions undertaken in relation to the matter that have gone against the will of the communities in question, all in a detailed, certain, and proven manner, and that the Respondent Authorities be ordered to reorder everything acted upon in favor of the rights enshrined in the Political Constitution. 2.- Mario Alberto Gómez Venegas, in his capacity as acting director of the Directorate of Geology and Mines of MINAE, renders a report under oath, providing a contextualization of the case and a recounting of all actions taken by that unit. Likewise, he indicates that official letter DGM-CRC1-010-2024 of May 7, 2024, referred to the complaint filed by the petitioners, but he does not report that a formal response to said complaint has been given. He requests that the filed action be dismissed. 3.- Dr. Ángela Morales Soto, in her capacity as director of the La Unión Governing Health Area, reports under the gravity of an oath the following: "... In this case concerning the Ministry of Health, La Unión Governing Health Area, it must be clarified that in the present amparo action there are no accusations of inattention to complaints, nor is any fault accused against this Ministry of Health; only a request for information is made by the petitioner; what is requested being to report on the existence or not of a Sanitary Operating Permit that authorizes the reception of all kinds of external materials at the denounced location. Regarding this case, the Constitutional Chamber does not make a specific request for information, indicating only that 'the report must be rendered only once, in any of the formats specified within the THREE BUSINESS DAYS following the notification of this resolution.' Based on the foregoing, it is inferred that what is requested is a report of actions taken in addressing the appealed facts. Second: Regarding the handling of the case: With respect to the information requested, it is specifically indicated that, from this Governing Health Area, as of the date of filing and receipt of the amparo action, no Sanitary Operating Permit had been issued authorizing the reception of external materials at that location; quite the contrary, extensive actions had been taken to prevent the unauthorized entry of waste materials to the site. It is also clarified that said permit was indeed granted by this Governing Area on 05/30/2024 for the activity of 'Collection of Non-Hazardous Waste and reception and disposal of soil and rubble' once the applicant met the legal requirements for obtaining it. Third: Regarding evidence and actions taken: As evidence of the actions of this Governing Area, there is complaint 20-004 (Annex 1) in which the entry of waste materials to the site was denounced. For its attention by this Governing Area, an inspection of the site was carried out by the official Ing. Oscar Salas Mora assigned to the case; who in his report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0120-2024 (Annex 2), confirmed the unauthorized entry of waste materials to the site, so to correct the evidenced situation he recommended issuing Sanitary Order MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 (Annex 3), in which the following was ordered: 'Stop the activity of reception and disposal of soil, construction materials, and rubble, until you have the corresponding Sanitary Operating Permit to carry out said activity. In compliance with Executive Decree N° 43432-S: General Regulation for Sanitary Operating Permits, Enabling Permits, and Authorizations for Temporary Mass Gathering Events.' Said sanitary order was appealed by the administered party through a Revocation Appeal with Subsidiary Appeal, so the revocation appeal was elevated to the Higher Level for the corresponding response; through resolution MS-DRRSCE-00162-2024 (Annex 4), a response was provided by the Regional Level in which the revocation appeal was dismissed. It was elevated in subsidy to the Central Level for final resolution; however, to date, the resolution from said Higher Level has not been received. Additionally, for the dates 02/12/24 and 03/15/2024, this Governing Area followed up on what was ordered in sanitary order MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 through an on-site inspection carried out by the official Ing. Oscar Salas Mora who indicated in his report MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0283-2024 (Annex 5) and MS-DRRSCE-DARSLU-IT-0431-2024 (Annex 6) respectively, that the ordinance MS-DRRSCE-DARSLU-OS-018-2024 was being complied with by the administration of the denounced company. Regarding the attention given to complaint 24-004, I must emphasize that since the resolution of the revocation appeal from the Central Level is pending, the case of this complaint remains open; but that, once its attention is completed, resolution information and findings will be provided to the complainant as stipulated through the corresponding resolution document. Finally, it must be clarified that although this Governing Area, as of the date of receipt of the amparo action, had not issued any Sanitary Operating Permit authorizing the reception of all kinds of external materials at the denounced location; on 05/28/2024, a request for a Sanitary Operating Permit was indeed received at the office of this Governing Area, submitted by the representative of the Hacienda San Rafael Quarry, requesting for the first time a sanitary permit for the activity of 'Collection of Non-Hazardous Waste and reception and disposal of soil and rubble' that they intend to develop at the site (Annex 7). It is also clarified that said permit was not granted immediately as stipulated by law for first-time permits, because they failed to comply with the requirement of 'being up to date with their responsibilities to the Ministry of Finance', as they were found to be Delinquent and Non-Filers, so a single prevention document was issued to the applicant (Annex 8), in which he was warned that he had to comply with said requirement in order for the Sanitary Operating Permit to be issued. On 05/30/2024, the response to the single prevention sent was received via email (Annex 9), in which the establishment's representative reported that they had already met the pending requirement, which was verified by this Governing Area; therefore, the Sanitary Operating Permit was issued for the activity of 'Collection of Non-Hazardous Waste and reception and disposal of soil and rubble' (Annex 10)…" She requests that the filed action be dismissed. 4.- Jorge Calvo Cascante, in his capacity as president of the Municipal Council of La Unión, reports under the gravity of an oath the following: "... A-That our activity as president of said Council began on May 2, 2024, and we are currently updating the contents of the permanent commissions. B.- That in said session number two of May second of this year, the administration was requested to provide this Council with a complete copy of the quarry's case file in order to proceed to find a solution to the problem afflicting the petitioners. C- That to date, this Council has not received a referral of said case file, so at the ordinary session of next Thursday, May 30, a formal reminder will be made for said case file to the Mayor's Office of La Unión. D- That despite the foregoing, it is important to state that we have met with some members of the active groups such as the petitioners Mr. Nombre57367, Alvaro (sic) González Chaves, Nombre57364, and others to seek some solutions to a situation that some active administration officials have irresponsibly complicated and have omitted to respond to the information that has been requested of them. The petitioners can attest to the above. E- That in accordance with the foregoing, the actions denounced by the petitioners are attributable to acts of the mayor's office and its competent Departments, which have omitted to acknowledge said request, which as the petitioner states was being executed by virtue of the provisions contained in the Municipal Code (Código Municipal) that grant that competence specifically to the Mayor's Office and not to this Council as established by article 13 of the cited Code. E- However, we will send a reminder to the Mayor reminding him of the obligation to provide a timely response to our citizens and to refer the quarry's case file as soon as possible so that we can contribute to finding a solution…" He requests that the filed action be dismissed. 5.- Cristian Torres Garita, in his capacity as municipal mayor of La Unión, reports under the gravity of an oath the following: "... 1. That through ticket No. 8888894 of the Municipality of La Unión's Services Platform dated January 9, 2024, a note is received with a formal and precise complaint against the Municipal Mayor's Office of La Unión for the improper use being given to License 04-717, whose purpose of use today fulfills ends very different from its origin and existence, breaching the principle of legality and the duty of probity to which your actions as a public authority are subject and the possible commission of a breach of duties, filed by the petitioners and addressed to the Municipal Council, Municipal Internal Audit, several public institutions (CGR, MINAE, PROCURADURIA DE LA ETICA Y ANTICORRUPCION EN LA FUNCION PUBLICA, MINISTRY OF HEALTH, CONSTITUTIONAL CHAMBER). 2. That said complaint was made known to the Municipal Council in Ordinary Session No. 300, held on Thursday, February 15, 2024, according to the Opinion of the Legal Affairs Commission No. MLU-CAJ-41-2024, Item No. 1, adopting agreement No. 6107 communicated with official letter MLU-SM-113-24-2020/2024, from which it is inferred: '... THE MUNICIPAL MAYOR'S OFFICE IS REQUESTED TO RENDER A DETAILED REPORT TO THIS MUNICIPAL COUNCIL ABOUT THE MEASURES AND ACTIONS THAT THE ADMINISTRATION HAS ADOPTED TO DATE FROM ITS SPHERE OF COMPETENCE, REGARDING THE FACTS DENOUNCED IN THIS FORMAL COMPLAINT FILED AGAINST IT, FOR THE IMPROPER USE BEING GIVEN TO LICENSE 04-717, WITHIN A PERIOD OF 8 (sic) CALENDAR DAYS... AGREEMENT APPROVED UNANIMOUSLY AND DEFINITIVELY APPROVED AS FINAL ...' 3. That through official letter No. MLU-PAT-0605-2024 dated March 13, 2024, signed by Maf. Horacio Fonseca Chacón, Tax Administration Directorate, and in response to agreement No. 6107, the following report is presented: 1. That through application No. 8803914 dated November 18, 2015, the legal entity 'HACIENDA SAN RAFAEL HSR SOCIEDAD ANONIMA' with legal identification number CED29061, filed a formal application with 136 pages to develop the commercial activity of quarry, notwithstanding said application, received by Miss Nombre57368, a Platform official, indicates on the application that it does not provide the land use (uso de suelo) nor the health permit. 2. That through application ticket No. 8804226 dated November 27, 2015 (Page No.173), the interested party presents a letter indicating compliance with what was advised through application No. 8803914, in the same it cites: …The application presented by form is accompanied by an explanatory legal note as well as multiple official letters, which serve as a basis to deem the requirements that this Platform considers are not provided by a simple reading of a form as fulfilled. Contrary to what was considered by the official in charge of the platform, the application does include a conforming land-use study, in addition to vast studies issued by the competent public authorities, and it is appropriate to address the application presented since November 18, 2015, as soon as possible… The report they presented referred to the Soil Study issued by the INTA, but at that time, without the legal criterion, it could not be considered as the land use to grant the municipal license. In addition to the documentation presented, through ticket No. 8804376 on December 2, 2015, the applicant provides an additional criterion regarding the competent technical authority to issue land use in the case of a public concession and makes it known that said case was being jointly analyzed by the Municipal Mayor's Office, the Municipal Council, and the Internal Audit. 3. That through official letter No. MLU-PAT-1790-2015 of December 17, 2015, addressed to Mrs. Ana Gabriela González Quirós, the Licensing Department notifies her that she must provide the Land Use Certificate (Uso de Suelo) issued by the Directorate of Urban Development and Control of the Municipality of La Unión; Additionally, in said official letter, she is told that until she has the requested land use certificate, the application will not be processed. In response to the case, a query was sent via memorandum No. MLU-PAT- 0108-2016 to Mr. José Carlos Barrantes Cubillo, Urban Planning coordinator, regarding the land use requirement from Hacienda San Rafael HRS S.A. In response to the query, Mr. Barrantes Cubillo indicated in memorandum No. MLU- SPPU-041- 2016 that the land use certificate SPPU-1110-15- 8800701 was issued in the name of Nombre57369; said official letter determines as a final resolution 'Use: Consultation' and 'Activity: Informational'. On the other hand, through memorandum No. MLU-PAT-109-2016 (Page 215), the Mayor's Office is requested to report on the status of the land use certificate, in order to address the queries and deadline expirations from the interested parties. However, in official letter No. MLU-DAM-093-2016, the licensing coordinator is reprimanded, where it is indicated that a joint analysis of what was expressed by Mr. Rommel Calvo, Legal Director, is awaited. In said official letter, it indicates that Mr. Gerardo Morales is aware that the case is under analysis both by the Municipal Council and by the Legal Directorate of this Municipality. 4. That through official letter No. MLU-DATSAC-0006-2016, Mr. Gerardo Morales Barboza, based on official letter No. MLU-DJUR-023-2016, which Mr. Rommel Calvo Padilla addresses to Ms. Lydia Garita Rodríguez, indicates that: 'There is sufficient regulatory and legal basis for the concessionaire Hacienda San Rafael HSR S.A. to commence its stone exploitation activities, without further question, protected by the 'Mining Code' as well as Emergency Law 8488…' The aforementioned Official Letter MLU-DATSAC-0006-2016, the Director of Tax Administration issues the written order …Therefore, following the instruction of the Legal Directorate, you are requested to proceed with the granting of the Municipal License to Hacienda San Rafael HSR Sociedad Anónima; since after analyzing the case it is determined that it does not require the land use certificate from the municipality, as the criterion of the National Emergency Commission as the competent and mandatory compliance body prevails'… As well as the resolutions issued by the Ministry of Environment and Energy (MINAE), SETENA, and the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA). All in accordance with the criterion of the Legal Directorate expressed in the aforementioned official letter. From the documentation supplied in the legal analysis, as well as from the documentation of the licensing file (it should be noted that the existence of other files in the custody of other instances is unknown), the following relevant facts are extracted: a) That the Technical Report DPM-INF-0852-2011 referring to the 'TECHNICAL ASSESSMENT OF THE LANDSLIDE ON THE RIGHT BANK OF RIO CHIQUITO' issued by the National Emergency Commission, indicates in the Recommendation to the Municipality of La Unión, that from the evidence verified by the field inspection, the irrefutable probability that the landslide process will continue over time, it also indicates 'undoubtedly it is necessary to implement an Early Warning System that involves the population of the areas.' b) That the activity's purpose is to 'MITIGATE THE RISK OF DETACHMENT AND LANDSLIDE' cataloged by the State's technical authorities as IMMINENT and IRREFUTABLE. c) That regarding the Land Use matter, the file contains the query from the Internal Auditor, Mrs. Anabelle Barboza, the query regarding several concerns, among them about the land use. In response to the questions, in official letter DGM-RNM- 985-2015 in point 4 (Page No. 049), it is clarified that the presentation of the land use certificate approved by the municipality where the requested area is located is not required; instead, a Conforming Land Use Study from the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technology (INTA) must be obtained. In addition, in official letter MLU-DIDECU- 196-2016, the Director of Urban Development and Control clarifies to the Licensing coordinator that: 'The Land Use Certificate is not an authorization to exercise a specific activity on a determined piece of land nor to build or modify. With the land use certificate, neither is the exercise of a right authorized, such as the ius a edificandi, nor is a right or legal situation constituted or modified' it also clarifies that: '…through a land use certificate, the only thing the administration does is certify the due use, according to current regulations, and the use that is in fact being given to a piece of land, qualifying it as conforming or non-conforming with said regulations'. For Land Use purposes, for the granting of the Municipal License, official letter DST-004-14 of January 24, 2016 (Page No. 0160) was considered, in which the Department of Technical Services of the National Institute of Innovation and Transfer in Agricultural Technologies (INTA) approved the 'DETAILED STUDY OF SOILS AND LAND USE CAPACITY OF THE LANDS OF THE PROPERTY BELONGING TO HACIENDA SAN RAFAEL H.S.R. S.A', since no loss of soil productivity in the canton of La Unión will be caused. d) That resolution R-0083-2015-MINAE, published in the Official Gazette La Gaceta No. 98 of Friday, May 22, 2015, indicates in its first whereas clause, that based on the first article of the Mining Code, the State has absolute, inalienable, and imprescriptible dominion over all existing mineral resources, with the Executive Branch having the power to grant concessions for the exploitation of mineral resources. However, in the THEREFORE clause, The President of the Republic and the Minister of Environment and Energy grant the concession for Extraction of Materials in a quarry for a term of fifteen years in favor of the company Hacienda San Rafael HSR S.A. e) That Resolution No. 2191-2013-SETENA grants 'ENVIRONMENTAL VIABILITY' (Municipal License) for a period of FIVE years f) That the sanitary permit is not for the operation of the quarry for which the concession already exists; the permit refers to works such as offices, dining room for employees, sanitary services for employees and people who frequent the place. (MLU-DAM-DJUR- 231-2016). For this reason, the warning is given that this permit must be processed before the Ministry of Health, prior to carrying out administrative activities at the site. g) Another aspect to consider was the intention of the municipality, the purpose of mitigating landslide risk, ensuring the safety of the neighboring population and seeking to reduce natural risks that may arise in the future. It should be noted that in view of the case file, the project adds benefits in stabilizing the landslide and preventing the risk of further narrowing of the margin of the Chiquito River, as the risks of a potential landslide are being mitigated. In turn, the granting of the concession that was granted by the Central Government in its sovereign power, with regard to the legal analysis, did not identify elements in the legal opinion that would prevent the granted concession. Through resolution MLU-PAT-0127-2016, the Municipal License is formalized in the name of Hacienda San Rafael HSR S.A. Although the license was granted under the analysis of the Legal Department of the municipality, both in the formalization and in the document 'Acto de visita' dated March 17, 2016, it was emphasized that to begin its activities they had to obtain the Health Permit and present it to this office; during that visit, they presented the documents submitted to the Health area of La Unión to process the respective permit. At that time, the company was not carrying out the activity because it lacked the health permit. It is not true that health regulations are being violated, since it was made clear to the company that, to carry out the activity, it had to be in compliance with other institutions, including the Área Rectora de Salud of La Unión of the Ministry of Health, and that it had to inform this office; a situation which the company has fully complied with. At the time, the company Hacienda San Rafael HSR S.A. had not been allowed to begin operations due to the lack of a health permit, procedures that they were formally reporting to this department, in order to be regularized with this institution. In order to verify compliance with municipal regulations, an inspection of the site was carried out by the patent inspector, after coordinating with the Health Area to conduct a joint visit; however, they indicated that it was not prudent for that institution to appear at the site. In said inspection, carried out by patent inspector Jorge Sanabria, accompanied by general inspectors Daniel Rodríguez and Mauricio Román, they reported that they visited the place and verified that no commercial activity was being carried out at said location; they also indicated that the roads looked completely deteriorated, which suggests there is no regular vehicle traffic; earthworks (movimientos de tierra) to build roads were observed, but no mining extraction was observed; in the photos provided in report MLU-PAT-1020-2016, what was reported by the inspectors is verified. It should be noted that, with the replacement of the former Director of Tax Administration, Mr. Gerardo Morales, who participated in the analysis and was the one who gave the instruction for granting the License, a report was issued to the new Director of Tax Administration, Mr. Eddy Quesada Monge at that time, so that he would be aware of the case and take part in the corresponding decisions. On the other hand, the Legal Department makes known the existence of an Amparo Appeal filed against the Municipality of La Unión, where one of the appealed matters corresponds to the granting of the Municipal License in favor of HACIENDA SAN RAFAEL H.S.R S.A., so pending the Constitutional Chamber's (Sala Constitucional) pronouncement, it is not feasible to analyze the case in question until the provisions of the Constitutional Chamber are known; subsequent to this resolution, what the Constitutional Chamber orders will be proceeded with. 5. That through official communication MLU-DJUR-480-2017 of June 5, 2017, the Legal Director Rommel Calvo Padilla sent a communication to Dr. Luis Carlos Villalobos Monestel, Municipal Mayor, indicating in the subject line 'Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, ante apelación en jerarquía impropia de Nombre57370, Nombre57364, Nombre57371( y Nombre57366 por otorgamiento de la Licencia Comercial a favor de Hacienda San Rafael HSR. S.A.'; in said communication the Legal Director informs the Municipal Mayor that in the final resolution at fifteen hours on April twenty-first, two thousand seventeen, notified electronically, contained in case file 16-007717-1027-CA, this judicial resolution shows that the actions and decisions taken by the Municipality in issuing the commercial license were in accordance with the legal system; in the "Por tanto" section, the decision of the Municipal Mayor's Office of La Unión in Resolution number MLU-DAM-DJUR-292-2016 at nine hours on May twenty-sixth, two thousand sixteen is confirmed and the administrative route is considered exhausted. 6. That through resolution CS-ARS-CU-D-0476-2019 of the Directorate of the Área Rectora de Salud of Curridabat of the Ministry of Health (Folio 0797), it is resolved to grant a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) to the establishment called Tajo San Rafael, for the activity of extracting stone, sand, and clay, which was presented by the company Hacienda San Rafael H.S.R. S.A., legal identification CED29061, whose legal representation corresponds to Mr. Nombre57372, identity card CED29066; said resolution was signed by Dr. Manuel Rosales Caamaño, Director of the Area. In said communication, it is indicated that through Official Communication DGS-3452-2018, signed by Dr. Priscilla Herrera García, Director of the Dirección General de Salud, it is ordered that the Directorate of the Área Rectora of Curridabat remains designated for addressing the case of the establishment Hacienda San Rafael HSR S.A. 7. That through official communication MLU-PAT-1484-2020, the Patent Department informs Engineer Juan Pablo Vásquez Chavarría, Operations Manager of Hacienda San Rafael HSR S.A., that having complied with the presentation of the Ministry of Health resolution CS-ARS-CU-D-0476-2019, the suspension of license 04-0717 is lifted. 8. That through official communication MLU-PAT-1625-2020 addressed to: Mr. Cristian Torres Garita, Municipal Mayor; Licda. Maribel Álvarez Mora, Deputy Mayor, and Franz Cordero Fernández, Tax Director, a report on the granting of license 04-0717 of Hacienda San Rafael HSR S.A. is issued, thus informing the new administration about the situation of this patent. Regarding details on collection management, delinquency statuses, and payment arrangements, it is the responsibility of both the Administrative Collection Department and the Customer Service Unit to issue information on the actions carried out; the Customer Service Unit is included since this company was classified as 'Large Contributors' and its privileged attention is the responsibility of said department. 9. That through case file 16-001882-0007-CO, of the Constitutional Chamber, resolution N2016010297 is issued, AT NINE HOURS fifteen minutes on July 22, 2016, the Constitutional Chamber rejects the amparo appeal filed by residents of the canton, who claimed that allowing the reopening of the San Rafael quarry. Alleging among others the following: '...the amparo process is not the avenue to oversee such actions but rather the contentious-administrative process. Nor should this Constitutional Court become involved in hearing and resolving the non-compliance.' 10. Contentious-Administrative Process, filed: a) Extraordinary Appeal for Cassation against SENTENCE No. 26-2021-IX at eight hours twenty minutes on September thirtieth, two thousand twenty-one. b) On October 5, two thousand twenty-one, a formal request for Clarification and Addition is filed by my Represented Party. c) Through Sentence No. 26-2021-IX-Bis at eight hours zero minutes on October thirteenth, two thousand twenty-one, in its operative part, the request for addition and clarification presented by the Municipality of La Unión was rejected (sic). d) The last notification of Sentence No. 26-2021-IX-BIS, of Sentence No. 26-2021-IX-BIS, at eight hours zero minutes on October thirteenth, two thousand twenty-one, was on October 19, 2021. Thus, in accordance with the background presented, this Extraordinary Appeal for Cassation against Sentence No. 26-2021-IX-BIS at eight hours zero minutes on October thirteenth, two thousand twenty-one, is filed in time and form and meets the procedural requirements established in article 139 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. 2-. Case File No. 17-006505-1027-CA. PLAINTIFFS: Neighborhood Association of Sierras de la Unión. In this particular case, an Extraordinary Appeal for Cassation was filed in time and form against SENTENCE No. 001-2021-IV at ten hours thirty minutes on January 4, 2022, issued within the Declaration Process (Proceso de Conocimiento) processed under Case File No. 17-006505-1027-CA. Sentence No. 001-2022-IV, issued within case file No. 17-006505-1027-CA was duly notified to the address indicated by the Municipality of La Unión at nine hours seven minutes on Wednesday, January 5, 2022. In that sense, it is appropriate to note that said Sentence No. 001-2022-IV was considered notified to the Municipality on Thursday, January 5, 2022, because its communication was made electronically the day before at 09:07 hours, which is highlighted for the purpose that it was filed in time and form, complying with the procedural requirements established in subsection 1 of article (sic) 139 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. The document containing the Extraordinary Appeal for Cassation was filed before the First Chamber on January 27, 2022. Regarding the appeals filed in the judicial venue, they are pending resolution, and we are (sic) waiting for the Legal Department or the Mayor's Office to provide the instructions to follow once the sentence becomes final...’ …” Requests that the appeal filed be dismissed. 6.- The magistrate Paul Esteban Rueda Leal requested to be recused from the matter, because the attorney of his office, Gabriel Rojas Barrientos, communicated to him that, as of May 1, 2024, his father Nombre57373 assumed the role of proprietary councilor of the Municipal Council of La Unión until April 30, 2028. 7.- By resolution at 14:49 hours on January 29, 2025, the Presidency of this Chamber accepted the recusal of magistrate Rueda Leal. 8.- By draw No. 13178, the substitute Ronald Jesús Salazar Murillo was designated to replace the magistrate who recused himself. 9.- The magistrate Garro Vargas requested to be recused from the matter so that the amparo appeal would be processed with the utmost transparency and there would be no doubts of objectivity or institutional credibility, since the appellants denounce an alleged impact on the social, economic, and environmental stability of the communities of Yerbabuena Iztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua, and surrounding areas; and her brother, Nombre57374, and his wife, Nombre57375, reside, precisely, in La Antigua. 10.- However, by resolution at 10:21 hours on February 18, 2025, the presidency of this Chamber denied said request and declared magistrate Garro Vargas qualified to hear this matter. 11.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Garro Vargas; and, Considering: I.- PRELIMINARY. In the sub judice, the claim of the appellants is due to the alleged lack of response to a series of petitions —which they call "consultations"— presented to the Respondent Authorities. In this regard, the Chamber warns that the petitions formulated are not consultations or requests for a legal opinion, as the plaintiffs erroneously call them, but rather a request for information presented to the Dirección Regional de Salud of La Unión and respective complaints filed before the Dirección de Geología y Minas of MINAE and the Municipal Council of La Unión for the improper performance of activities not appropriately covered by a patent. Now then, at this point, it is necessary to clarify to them that the right of petition, established in article 27 of the Constitution, when understood in a broad sense, refers to the power that every citizen has to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party must receive a response favorable to their interests. In other words, it is the right to petition and not the right to obtain what is requested —even though the public official must resolve in strict accordance with the law—, as the freedom of petition is based on another principle; that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies. However, it is necessary to differentiate pure and simple requests for information from administrative claims, complaints, and other requests. In the first case, the response must normally be given within ten days following receipt of the petition, as ordered by article 32 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, and numeral 6 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097. Exceptionally, if the response cannot be provided within that term for justified reasons, the Administration is obliged to explain, within the period required by Law, the reasons why it cannot attend to the petition at that moment —obviously, with the understanding that later, when it can do so, it must fully respond to the petition—. The corresponding explanation must be clear, profuse, and detailed, so that the petitioner is duly informed and can exercise the legal actions they deem appropriate. In the second case, when dealing with claims or appeals —in which the individual requests the declaration or restitution of a subjective right—, as this Chamber has indicated, it is not article 27 of the Constitution that applies, but article 41: "Seeking recourse to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have received in their person, property, or moral interests. Justice must be provided to them promptly, fully, without denial, and in strict conformity with the laws". The foregoing, because administrative claims and appeals, unlike pure petitions, require a procedure to verify the facts that will serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures (see sentence No. 2002-03851 at 14:56 hours on April 30, 2002). Usually, the term to resolve is given by article 261, paragraph 1, of the General Law of Public Administration, which establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by a final act, within the period of two months following its initiation (see sentence number 759-93 at 16:39 hours on February 15, 1993), which is stated without prejudice to what special laws provide in certain cases. In the hypothesis of the summary procedure, article 325 of that same General Law of Public Administration provides a period of one month —from its start— for the Administration to conclude the processing. Furthermore, regarding the appeals phase or challenge procedure, numeral 261, paragraph 2 of the same legal body also sets a term of one month to resolve. The foregoing is stated with the understanding that, by virtue of the principle of due process that governs in the administrative venue, the respondent authority is obliged not only to resolve within the period granted by law for such purpose, but also to notify the respective resolution within that same period. In the third case, when dealing with complaints, although the Chamber has recognized that a complaint falls within the generic concept of petition established in article 27 of the Constitution, with its correlative right to obtain a resolution, there is no legally established period to resolve in that regard. However, this Chamber has recognized and declared that, even though the complainant is not a party to the procedure, if they so desire, they have the right to be informed of the result of their petition within a reasonable term (see resolution No. 2002-06543 at 08:57 hours on July 5, 2002). In this sense, although numeral 3 of the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 only establishes that those requests, complaints, or suggestions for whose satisfaction the legal system established a specific administrative procedure and deadlines different from those regulated in said law are not subject to the right of petition, given that, in the case of complaints, the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that will serve as grounds for the final act, as well as to adopt the pertinent evidentiary measures, the Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of the constitutional provisions is verified by weighing —in accordance with the evidence on file— that the processing occurred without undue delays (see sentence No. 2002-09041 at 15:02 hours on September 17, 2002), without prejudice to applying as a general guide the term provided in article 261 of the General Law of Public Administration. Therefore, if the omission to respond to the complaints filed before the Dirección de Geología y Minas of MINAE and the Municipal Council of La Unión is true, what could be constituted is an injury to the right to prompt and complete administrative justice, protected in article 41 of the Constitution. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, starting from sentence No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by a final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— and to hear the corresponding administrative appeals. Now, in this case, an exception is precisely raised, as we are faced with a series of petitions that have an impact on environmental matters. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to hear and resolve the appeal. II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellants allege that, given an irregular situation that occurred during the approval and subsequent execution of the "Concession for the Extraction of Materials in a Quarry" granted to Hacienda San Rafael H.S.R. S.A., on January 9, 2024, they presented a request for information before the Regional Health Directorate of La Unión and respective administrative complaints before the Dirección de Geología y Minas of MINAE and the Municipal Council of La Unión for the performance of activities not appropriately covered by a patent, but, as of the date the appeal was filed, they had not obtained a response in this regard. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial ruling: a) Regarding the Dirección de Geología y Minas of MINAE: 1) On January 9, 2024, the appellants filed a complaint before the Dirección de Geología y Minas of MINAE, requesting that “... it proceed to immediately suspend the Concession for the Extraction of Materials in a Quarry, granted to Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, for said place (Tajo las Cazuelas or San Rafael), which supports, in the Municipality's opinion, the granting of Patent 04-717, as it is not being used for that purpose, but for others of strange consequence and in light of this, the non-existence of one, tacitly suppresses the other...” (uncontested fact). b) Regarding the Regional Health Directorate of La Unión: 2) On January 9, 2024, the appellants presented a request for information before the Regional Health Directorate of La Unión, requesting that “... you indicate to the Communities of Yerbabuena, Iztarú, Sierras de La Unión, Lomas de Tres Ríos, La Antigua, and surrounding areas, about the existence or not of a Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) that said Public Entity has authorized so that in that place (Tajo Las Cazuelas or Tajo San Rafael), all kinds of external materials are received, with which they are effectively converting the place into an open-air Sanitary Landfill, with the damages that this continues to accumulate to the deterioration of the environment in said place and the surrounding communities...” (uncontested fact). c) Regarding the Municipality of La Unión: 3) By means of receipt No. 8888894 of the Services Platform of the Municipality of La Unión, dated January 9, 2024, the aforementioned Local Government received a note containing a formal complaint directed against the Municipal Mayor's Office of La Unión, for the improper use given to Patent No. 04-717, requesting that “...immediately, the movement of heavy machinery be suspended and no longer permitted, through the routes of Yerbabuena and La Antigua, which are cantonal routes, of municipal domain and with usage regulations belonging to the Municipal Council, given the objective that the dump trucks have of introducing materials to the Quarry, as this does not correspond to the activity that must be carried out in that place, in accordance with Patent 04-717 (improperly granted) by the Municipality of La Unión and also; as required by current legislation, a thorough investigation be carried out into the motives, reasons, causes, circumstances, and responsible parties that have led to this very unfortunate event for the Social, Economic, and Environmental stability of the Community of Yerbabuena and surrounding communities...”. Said complaint, presented by the appellants, was directed to the Municipal Council and the Municipal Internal Audit (reports and evidence on file). 4) By official communication MLU-DAM-DJUR-310-2024 of May 29, 2024, signed by the municipal mayor of La Unión, the aforementioned complaint was answered, informing the complainants what the measures and actions adopted by the Municipal Administration regarding the cited problem were. However, they were not clearly answered whether it was appropriate to accept, dismiss, or suspend the execution of their petition (see official communication MLU-DAM-DJUR-310-2024). 5) The respective response was sent to the plaintiffs on May 30, 2024 (see proof of sending). IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts of relevance to this resolution are not deemed proven: a) That the Dirección de Geología y Minas of MINAE responded to the complaint filed by the appellants and notified them of the decision in a timely manner. b) That the Directorate3288 formally responded to the request for information filed by the appellants and notified them accordingly. V.- REGARDING THE DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS OF MINAE. In the sub lite, the appellants allege that, on January 9, 2024, they filed a complaint before the Dirección de Geología y Minas of MINAE, requesting that “... it proceed to immediately suspend the Concession for the Extraction of Materials in a Quarry, granted to Hacienda San Rafael H.R.S. S.A, for said place (Tajo las Cazuelas or San Rafael), which supports, in the Municipality's opinion, the granting of Patent 04-717, as it is not being used for that purpose, but for others of strange consequence and in light of this, the non-existence of one, tacitly suppresses the other...”. However, the case file does not confirm that this complaint was responded to in time. Therefore, this matter must be declared with merit based on the provisions of article 41 of the Constitution. VI.- REGARDING THE REGIONAL HEALTH DIRECTORATE OF LA UNIÓN. The appellants allege that, on January 9, 2024, they presented a petition before the Regional Health Directorate of La Unión, requesting information about the possible existence of a sanitary operating permit. In relation to that petition, Dr. Ángela Morales Soto, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud La Unión, renders her report making an elaborate exposition of the actions carried out by the Ministry of Health in attending to the facts that are the subject of the petition, but at no time indicates that the appellants' request was answered within ten days following receipt of the petition and, in this context, it is understood that Public Administrations are obliged to timely notify the administered party of the outcome of their petitions. In this sense, the jurisprudence of this Court is already copious, establishing that, for the purposes of the right of petition and prompt resolution, the Administration's response does not take effect until the act of communication is carried out: “In her report, the respondent official informs this Court of all the data that the petitioner requires; however, she provides it to the Chamber and a response to the petitioner was never prepared. In its jurisprudence, the Chamber has held that the Administration is obliged to respond, in writing, to every petition from administered parties presented in that same form, given that only in this way do they have a suitable means of proof in which the will of the public authority is recorded, an indispensable requirement to assert their rights before the corresponding administrative and judicial instances. In the case under analysis, the respondent authority failed to provide any document through which it could be verified that the petitioner was informed in writing of the result of her petition. Such omission implies a violation of the constitutional order and, therefore, this amparo is entirely appropriate. Having verified the infringement of the right recognized in article 27 of the Political Constitution, what is appropriate is to grant this process, with the consequences that will be stated in the operative part of the sentence.” (Sentence No. 2020008960 at 09:15 hours on May 15, 2020). Therefore, as it is not proven that this information that the respondent provides to the Chamber was timely communicated to the appellant party, it is appropriate to grant this point. VII.- REGARDING THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN. Regarding the respondent Local Government, although official communication MLU-DAM-DJUR-310-2024 of May 29, 2024, signed by the municipal mayor of La Unión —that is, the denounced party himself—, attempted to answer the complaint filed by the appellants on January 9, 2024, informing them what the measures and actions adopted by the Municipal Administration had been regarding the problem of interest, the truth is that from its reading, the Chamber does not verify that a complete reference was made to the claims of the complainants, indicating clearly and expressly whether it was appropriate to accept, reject, or suspend their petition. Take into account that, in sentence No. 2002-09538 at 09:48 hours on October 4, 2002, this Chamber ordered the following: “From the study of the evidentiary elements and the report rendered, it was verified that on July twenty-fourth, two thousand two, the protected party presented a request for information before the respondent, so that the Director of the Área (sic) Rectora de Salud Sureste Metropolitana of the Región Central Sur of the Ministry of Health would inform her before which judicial authority a search warrant request had been made to comply with health order number DRCS-3648-02 and on what date that request was filed (copy at folios 13 and 14); that with official communication TSASSM-112-2002 of August 13, 2002, Licenciada Grace Sánchez was informed that she could initiate judicial eviction through the Court (copy at folio 12) and that this communication was delivered to the appellant via fax on the fourteenth of August of the current year (copy at folio 12). III.– On the merits.– The right of petition and prompt resolution, regulated in article 27 of the Constitution, establishes the obligation on the part of the Administration to give a written response to the petitioner. That response must occur within a short period and be consistent with the terms of the petition, without this meaning in any way that the petitioner has the right to have what was requested resolved favorably, but rather, that they be given a concrete response to all the points they raise in their petition.” In the specific case, this Chamber considers that, although the response given to the protected party is indeed related to her request, the answer is not congruent with the petition, since it does not address the specific points raised therein. Far from seeking to be informed or to know whether she is entitled to bring an action before a judicial authority for the eviction of her property, the protected party seeks to be informed whether the respondent has taken the appropriate judicial action to enforce its resolutions and on what date. The Administration, far from having provided a response such as the one given to the petitioner, should have informed her of the steps taken to enforce what was resolved. Under these conditions, since the response is not congruent with the petition, this Chamber verifies a violation of the protected party's right of petition and prompt response; therefore, this recourse must be granted, as it hereby is." (The highlighting and underlining are not from the original; see also, regarding congruence, vote No. 2015013990 of 09:05 hours on September 4, 2015). Therefore, this point must also be declared granted. VIII.- FINAL CONSIDERATIONS. Finally, with regard to the claim that the respondent Authorities be ordered to reorganize all actions taken in favor of the rights enshrined in the Political Constitution, the claimants are advised that the purpose of the amparo recourse is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the various Public Administrations. For this reason, the Chamber cannot act as an appellate body in this matter and review whether the mining concession, the land use (uso de suelo), and the municipal license granted for the exploitation of the Tajo Las Cazuelas or San Rafael comply or not with the current legal regulations, nor can it usurp the powers of the respondent parties and directly process a complaint for alleged activities that generate accumulation of materials or exceed what is authorized in a license granted for other uses. All these points pertain to ordinary legality and must be resolved through ordinary administrative or judicial channels. Consequently, these points must be declared without merit. IX.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ. I have supported this Court's thesis that, when a party alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, it is the Administrative-Contentious Courts, and not this Chamber, that must hear the legal dispute. However, with the recent enactment of Law No. 9097, the Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is eligible for judicial protection through the amparo recourse established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the Administrative-Contentious Jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. X.- DISSENTING VOTE OF JUDGE CRUZ CASTRO ON ADMINISTRATIVE DELAY. Although I have previously supported the majority criterion of the Court, upon a better weighing of the fundamental rights claimed, I consider that administrative delay constitutes an injury to a fundamental procedural guarantee, which is why I change the criterion I had expressed, admitting the possible infringement of the right to prompt and complete administrative justice, separating myself from the majority view of the Court, in the sense that—with few exceptions—this type of reproach must be resolved in the Administrative-Contentious Jurisdiction. On the contrary, I consider that one of the rights this jurisdiction is called upon to protect is that of prompt and complete justice, expressly enshrined in Article 41 of the Constitution. This is in accordance with the scope of jurisdiction assigned to this Court regarding the protection of fundamental rights, in consideration of the provisions of Articles 10 and 48 of the Political Constitution. Although I understand the importance of the reforms to the Administrative-Contentious Jurisdiction since the entry into force of Law 8508 of April 24, 2006, the fact is that this situation does not justify referring to that instance matters that fall within the competence of this Chamber, which has demonstrated over the years that it is a swift and effective means for the protection of the fundamental rights of the country's inhabitants. XI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The recourse is declared GRANTED. Mario Alberto Gómez Venegas, in his capacity as acting director of the Directorate of Geology and Mines of the Ministry of Environment and Energy, or whoever holds his position, is ordered to resolve, within the non-extendable term of TWO MONTHS from the notification of this resolution, the complaint filed by the petitioners on January 9, 2024, and to notify them of what is resolved. Likewise, Dr. Ángela Morales Soto, in her capacity as director of the La Unión Health Governing Area (Área Rectora de Salud La Unión), or whoever holds her position, is ordered to answer, within the non-extendable term of TEN DAYS from the notification of this resolution, the pure and simple request for information filed by the petitioners on January 9, 2024, and to notify them of said answer. Finally, Jorge Calvo Cascante, in his capacity as president of the Municipal Council of La Unión, or whoever holds his position, is ordered to resolve, within the non-extendable term of TWO MONTHS from the notification of this resolution, the complaint filed by the petitioners on January 9, 2024, against the mayor's office of that Local Corporation, expressly addressing their claims, and to notify them of what is resolved. All these Authorities, or whoever holds their positions, are warned that failure to comply with said order will constitute the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, whoever receives an order that must be executed or enforced, issued in an amparo recourse, and does not execute it or does not cause it to be enforced, shall be punished with imprisonment from three months to two years, or a fine from twenty to sixty days, provided the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of La Unión are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment before the Administrative-Contentious Jurisdiction. Judge Castillo Víquez records a note. Judge Cruz Castro issues a dissenting vote regarding the disposition on Article 41 of the Constitution. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ronald Salazar M. EXPEDIENTE N° 24-010965-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf2897 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, 19th and 21st Streets, Address1786 Observations of SALA CONSTITUCIONAL voted with ballot It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:08:44. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República