Res. 15248-2025 Sala Constitucional — Logging at the Edge: Keköldi Amparo Fails to Prove Territorial InvasionTalando en los límites: el amparo de Keköldi que no demostró la invasión

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Sala Constitucional

Resolución Nº 15248 - 2025

Fecha de la Resolución: 23 de Mayo del 2025 a las 09:25

Expediente: 24-004886-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales,Pueblos Indígenas

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

TALA DE ARBOLES.

Tema: MINORÍAS

Subtemas:

INDIGENAS.

015248-25. AMBIENTE. MINORÍAS. SE CUESTIONA TALA DE ÁRBOLES EN TERRITORIO INDÍGENA. SE DECLARA SIN LUGAR, AL DEMOSTRARSE QUE LA TALA AUTORIZADA FUE FUERA DE LOS LÍMITES DEL TERRITORIO INDÍGENA Y, SE ADVIERTE A LAS AUTORIDADES RECURRIDAS, DARLE SEGUIMIENTO, PARA QUE, LA ACTIVIDAD SE EJECUTE SEGÚN LOS PRINCIPIOS PREVENTIVO Y PRECAUTORIO. VCG06/2025

“(…) IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el presente asunto, el recurrente aduce vulnerado el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dado que, según su dicho, en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes al Territorio Indígena Bribri de Keköldi, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal".

Según se desprende en el sub lite, efectivamente el 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de [Nombre 003], [Nombre 004] e [Nombre 007], constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. Aunado ello, el Área de Conservación la Amistad Caribe elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024, así el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de [Nombre 003], [Nombre 004] e [Nombre 005] una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable. A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor [Nombre 006], integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” . Asimismo, se constata que en la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO bajo las coordenadas CRTM05: E 633141 N 1066730, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023.

Tanto el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) son las entidades legalmente facultadas para determinar si un inmueble se encuentra dentro o fuera de un territorio indígena, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Indígena (Ley N.º 6172), que expresamente establece que corresponde al INDER en coordinación con la CONAI, efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas conforme a los límites legalmente establecidos. Esta atribución confiere a dichas instituciones la competencia para realizar procesos técnicos de delimitación, que incluyen estudios de campo, análisis cartográficos y uso de sistemas georreferenciados, con el fin de establecer con certeza jurídica los linderos de los territorios indígenas reconocidos por el Estado.

En aplicación de esa potestad, la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del INDER, mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 ordenó la realización de una inspección técnica en el sitio -como bien se señaló ut supra- donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI. A su vez, según el informe de gira No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 del 21 de diciembre de 2024 y el oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 del 23 de enero de 2024, la técnica del SINAC, María Fernanda Arias Villalobos en asocio con el señor [Nombre 006] -miembro del ADITIK- tomaron 7 puntos y al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se observó que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi, tomando en consideración el margen del error -de ±3.7 metros- que indica el fabricante del equipo -GARMIN Montana 700- utilizado en dicha diligencia.

De dicho informe se desprende que la zona inspeccionada se ubica fuera de los límites del Territorio Indígena Keköldi, según los registros técnicos disponibles y se deja constancia de que la ADI cuenta con el “shape” (archivo geográfico) actualizado de dicha delimitación.

Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial.

Aunado a lo anterior, es importante acotar que en la prueba para mejor resolver traída al proceso, la representante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) aclara que no tiene la competencia legal para certificar si un predio se encuentra o no dentro de un territorio indígena, ya que esta función es exclusiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), según lo dispuesto por la Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) y la jurisprudencia vigente. Asimismo, que el IGN tiene competencias limitadas en el ámbito cartográfico y geográfico, como lo establece su Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), lo que no incluye la certificación de territorios indígenas; pues la Ley Indígena, en sus artículos 5 y 8, le asigna al INDER la responsabilidad de la delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Esa institución en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) tiene la obligación de garantizar la protección y el aseguramiento de los territorios indígenas. En todo caso, la directora del ING acota que “… en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados …”.

Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi.

V.- Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento. (…)”




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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PRECAUTORIO

“(…) III.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza -plausiblemente debe involucrar un peligro serio-, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente -lo que desnaturalizaría su razón de ser-, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica -véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006-, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”. (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Pro natura

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA

“(…) Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018). (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Progresividad

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y DE NO REGRESIÓN.

“(…) Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan. (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Objetivación de la Tutela Ambiental o Principio de la Vinculación a la Ciencia y a la Técnica

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO DE OBJETIVACIÓN

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

VI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:

         La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG06/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 24-004886-0007-CO

Res. Nº 2025015248

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinticinco minutos del veintitres de mayo de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en el expediente No.24-004886-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, favor del pueblo indígena KEKÖLDI contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y OTROS.

Resultando:

 1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 16:22 horas del 22 de febrero de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA y el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. Manifiesta que acude en favor de los integrantes del pueblo indígena Keköldi, quienes se enteraron de que en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes a su territorio, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que el pueblo indígena Keköldi le solicitó colaboración a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK), quién determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal" del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, pero en realidad se desconoce si se trata de un permiso de corta o solo de una solicitud. Añade que en el Formulario de Regencia Forestal No.0007783, en el cual consta la autorización para el aprovechamiento del recurso forestal de las fincas con folio real N° 751261-001-003-004-005-006-007 y Nº 751262-001-003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991, ubicados en la provincia de Limón, cantón Talamanca, distrito de Cahuita; el título de estas propiedades se publicita a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre04, todos de apellidos (Nombre05). En este se indica que el total a talar en el sitio es: 174 Árboles de 11 especies diferentes, y el inventario presenta un sello del SINAC, con firma del 12 de noviembre de 2023. Señala que el 16 de enero de 2024, la ADITIK le solicitó colaboración al CONAI para detener el permiso de aprovechamiento forestal ante el MINAE y para que le proporcionara constancia sobre los límites territoriales del pueblo indígena Keköldi. Añade que la viceministra de paz, Erika Madriz Chinchilla quién es la coordinadora de la Mesa Técnica Interinstitucional le remitió al ministro del MINAE la solicitud de la ADITIK, mediante escrito No. SVMP-MT-007-2024. Agrega que se emitió un informe sobre la visita de campo a la zona en conflicto y a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala. Acusa que el supuesto permiso fue otorgado por 6 meses, lo cual implica que aún no ha finalizado la explotación del recurso forestal y la tala sigue afectando al pueblo indígena que Keköldi y al medio ambiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 12:26 horas del 20 de marzo de 2024, se dio curso al proceso.

 3.- Informa David Chavarría Morales, director Ejecutivo a.i. del Sistema

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), lo siguiente: “(…) respecto a los hechos alegados por el recurrente se procedió a brindar traslado al Área de Conservación la Amistad Caribe, misma que efectuó el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo del año en curso, informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, así como ampliación de informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha veintidós de marzo del presente año, documentación en la se expresa a continuación (…)en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, Propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre05 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio tramite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable. A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Edward Jackson Stewart, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites. Del informe antes referido se desprende que la visita se realizó en las coordenadas CRTM05: Dirección01 donde se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023. Sigue indicando el informe que se dio revisión las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se ha realizado fuera de los límites como se muestra en la siguiente imagen (…). Aunado a lo anterior, una vez revisado el sistema SIRI del Registro Nacional, se denota que el predio demarcado en la siguiente imagen de color turquesa (el antes mencionado Certificado de Origen SAF-RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del territorio Keköldi. En virtud de todo lo anterior, no es cierto que la corta de árboles realizada sea en terreno del Territorio Indígena Bribri – Keköldi, ni que se expandió e invadió los límites del citado territorio (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 4. Informa F ranz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía (MINAE), lo siguiente: “(…) En relación con el alegato del recurrente, este Despacho procede a rendir informe en los siguientes términos: Este Ministerio es el ente encargado de velar por la protección del recurso natural del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante la promoción de manejo, conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales, cuya gestión corresponde a este Ministerio por disposición legal o convenio internacional. Asimismo, es importante señalar que el artículo 50 de nuestra carta magna establece que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de los parámetros fundamentales para las personas. Por lo tanto, mediante el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), cuya naturaleza jurídica, es la de un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental adscrito al MINAE, y su propósito fundamental, es el de integrar las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas silvestres protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de nuestro país (…).  Por tal motivo y en atención a la especialidad de la materia, se coordina con el área de conservación La Amistad Caribe Subregión Limón-Talamanca mediante oficio DAJ-MINAE-0354-2024 y es mediante el informe SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, de fecha 20 de marzo de 2024 que señalo: “En fecha del 21 de diciembre del año 2023, se realizó una inspección conjunta con el señor Edward Jackson Stewart de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi ( ADITIK) para la atención de una denuncia sobre aparente tala ilegal en el Territorio Indígena Keköldi en donde el oficio SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023, se concluye “No se determina al momento de la visita un posible ilícito, por lo cual, se recomienda, dar el seguimiento al acuerdo tomado con la ADITK sobre sus límites para poder solucionar el asunto”. Por lo que efectivamente en fecha 17 de noviembre de 2023 ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presenta y se recibe solicitud de un Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre04; en el cual se le otorga el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023, por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. De conformidad con lo anterior, este expediente se le asigna mediante acuerdo en reunión. Es importante manifestar que los Certificados de Origen son solicitudes forestales presentados por un Regente (Ingeniero) forestal ante la Administración Forestal del Estado (AFE) para su revisión técnica y visto bueno por lo que NO ES UN PERMISO OTORGADO POR LA AFE. De acuerdo a lo que estable la Ley Forestal N°7575 y su artículo 28 “Excepción de permiso de corta las plantaciones forestales, incluidos los Sistemas Agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación.¨ ante esta situación tanto la identificación, el marcado y la ubicación de los árboles es una competencia del Regente forestal quién ostenta una FE PÚBLICA. La Administración Forestal del Estado (AFE) es el ente rector para proporcionar los dispositivos para el transporte de la madera proveniente de los diferentes tipos de permisos con la salvedad de las Plantaciones forestales en donde el Regente Forestal es quién extiende las respectivas guías para el transporte de la madera proveniente de las plantaciones; así siendo en este caso particular la Oficina Subregional en el seguimiento y control a los diferentes tipos de permiso forestales otorgó la primera emisión de guías y placas en fecha 24 de noviembre del 2023. La solicitud de permiso bajo la modalidad de Certificado de Origen (CO) en sistema Agroforestal (SAF) cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente por lo que se continuó con la tramitología y su recepción otorgando el número de expediente administrativo N° AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 a nombre de los hermanos (Nombre05). Siendo así, mediante el oficio SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, se verifican las capas oficiales de los límites del territorio indígena (TI) Keköldi mediante los sistemas de información geográfica (SIG) utilizando el Sistema Nacional De Información Territorial (SNIT), denotando que los puntos tomados en campo de árboles que habían sido cortado y/o marcados según Certificado de origen # COSAF RN 151-2280-2023, se encuentran fuera de los límites del TI (…).Asimismo, sistema SIRI del Registro Nacional, donde se denota que el predio demarcado en turquesa (correspondiente al CO SAF RN 151-2280-2023) se encuentra fuera de los límites del TI Keköldi, representados con la línea amarilla intermitente (…)”.Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 5.-Informa Esteban Jamienson Hidalgo, jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del Instituto de Desarrollo Rural, lo siguiente: “(…) el día viernes 19 de enero del año en curso se recibe mediante correo interno, enviado por la Presidencia Ejecutiva del Inder, la solicitud de atención y coordinación respectiva para lo indicado en la Carta solicitud CONAI 16 (se adjunta carta). Luego de la coordinación realizada con la Presidente de la ADI, señora Signia Villanueva Morales, se designó a la señora Dulcelina Sánchez, fiscal de la ADI, para que me guiara durante el recorrido al sitio y poder determinar si el proceso de deforestación se estaba realizando dentro o fuera del territorio Indígena Keköldi. Este recorrido se realizó el día 23 de enero. En el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 se describe el equipo que se utilizó para realizar el trabajo en el campo. Adicionalmente se mencionó que se tomaron 7 puntos con el equipo indicado y que al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se pueden observar que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi; esto a pesar del margen del error que indica el fabricante del equipo. Los puntos tomados durante el recorrido realizado en conjunto con la señora Dulcelina fueron enviados a la señora Signia mediante WhatsApp el día 24 de enero del 2024 a solicitud de doña Signia. Lo que se describe en el Recurso de Amparo, específicamente en donde se indica: “…a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala.” no es correcto. Se adjunta el oficio indicado para que se constate lo anotado por este servidor en el oficio en mención. Por último, es importante indicar que el recorrido fue realizado en el área que estaba siendo deforestada al día martes 23 de enero (se desconoce si se extendió) y se recopilaron las coordenadas con un equipo que tiene un margen de error según el fabricante de ±3,7 metros (…)”.

 6.- Mediante resolución de las 11:22 horas del 04 de setiembre de 2024, se ampliaron las partes y se solicitó informe al presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y a la viceministra de Paz.

 7.- Informa Rubilia Aurora Stuart Leiva, presidenta de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, lo siguiente: “(…) en el caso concreto de lo indicado por la ADITIK el permiso o formulario fue otorgado por el Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, es menester indicar que dichos certificados de origen no aplican para Territorio Indígena, en primer término estos certificados no son suficientes por si solos para autorizar la tala de árboles en Territorios, siendo que la Tala se encuentra regulada por leyes ambientales específicas como lo es la Ley Indígena 6172, misma que se encuentra amparada en el Convenio Internacional 169 de la OIT, si bien las instituciones como el MINAE y el SINAC, son los encargados de otorgar permisos, en los pueblos indígenas priva una Ley Especial donde únicamente los Indígenas pueden hacer uso de sus recursos naturales tanto de los que se encuentren en su territorio como en los límites del Territorio ancestral previamente ocupado por ellos; lo anterior, en pleno cumplimiento de su autonomía y derecho sobre los recursos naturales, por lo que los permisos otorgados o certificados origen son ilegales y no otorgan la autorización legal para la tala de árboles. En segundo término, un regente forestal no puede tampoco facilitar permisos o formularios de tala de árboles en Territorio Indígena mediante los certificados de origen emitidos por el CFIA, véase que estos forman parte de un proceso técnico y administrativo que tiene como finalidad garantizar que la extracción de productos forestales cumpla con la Ley y en este caso en específico con la ley indígena 6172, Convenio 169 de la OIT y el derecho propio indígena sobre sus territorios. Finalmente manifestar, que cuando se habla de límites del Territorios Indígena, que si bien se encuentran delimitados mediante los decretos 7267, 16568, 29956 y 25296, se recuerda que es una mera titulación por parte del Estado, siendo que los Territorios Indígenas son ancestrales y preexistentes a este, por lo que también se debe respetar las tierras ancestrales cuyos límites son históricos, culturales y son reconocidos por las propias comunidades indígenas, los cuales incluyen limites naturales que pueden ser definidos por ríos, montañas, valles o costas, y que tradicionalmente han servido como fronteras naturales dentro de los cuales los pueblos indígenas han desarrollado sus formas de vida, cultura y gestión de recursos. El Territorio ancestral viene inmerso dentro de la autodeterminación de los pueblos indígenas, mediante los cuales tienen derecho a gestionar y administrar su territorio, incluyendo el uso de recursos naturales, prácticas agrícolas, caza y pesca, de acuerdo con sus costumbres y leyes internas (…).SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE TALA: La responsabilidad objetiva del Estado y sus instituciones implica que este puede ser considerado responsable por los daños cause a terceros, sin necesidad de demostrar culpa o dolo, esto porque al ejercer sus funciones, puede ocasionar detrimentos, por el simple hecho de llevar a cabo actividades que generen riesgos para los derechos de las personas, esto se fundamenta principalmente en el artículo 190 de la Constitución Política donde dicha responsabilidad se amplía a todos los actos de la Administración pública que puedan causar daños; en el caso de los Territorios indígenas la responsabilidad objetiva del Estado se articula en torno a la obligación estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas. El artículo 6 de la Ley Indígena 6172, es claro en cuanto a lo que refiere a la tala de árboles dentro de los límites de los Territorios Indígenas o a lo interno de estos por personas NO indígenas, donde las instituciones estatales están en el deber y la obligación de respetar dicha prohibición y cualquier incumplimiento puede acarrear consecuencias legales y sociales graves, por lo que las entidades que expidan permisos de tala incurren en una falta administrativa o incluso hasta responsabilidades penales, siendo que como buen padre de familia, estas deben velar porque las personas talen arboles dentro de los límites que les corresponden, véase que en la situación actual es era deber del MINAE supervisar dichos permisos y el actuar de las personas, sin embargo, se ha roto de forma deliberada la normativa que protege los derechos de los pueblos indígenas, y que el ESTADO es el llamado a proteger estos derechos, y proceder con las sanciones a las personas que se aprovecharon y violentaron los límites del Territorio Indígena de Keköldi. Ahora bien, la tala ilegal de la que es víctima el Territorio también afecta directamente los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, que como se dijo dependen de las tierras y recursos naturales para su supervivencia física, cultural y económica, por lo que en cumplimiento con la normativa internacional, así como la nacional, las instituciones públicas están OBLIGADAS a respetar y garantizar su preservación, además de que se causa un daño ambiental grave, ya que la tala ilegal afecta también la biodiversidad y los ecosistemas que los pueblos indígenas han protegido desde generaciones, esto se produce cuando las instituciones no cumplen su deber de garantizar la legalidad en estos territorios. Es menester reiterar, la obligación de fiscalización y prevención a las que están llamadas las instituciones públicas, en particular las que tienen relación directa con el medio ambiente, como lo son el MINAE, el SINAC y las municipalidades, para con la inspección de las concesiones de tala de una forma adecuada, así como cualquier actividad que pueda impactar a los Territorios, de no hacerlo recae en una negligencia como se ha reiterado a lo largo del informe y un claro incumplimiento en cuanto a la responsabilidad que como Administración Pública le son atribuidas, véase que de esta responsabilidad no solo se contemplas acciones directas de Estado que causan daño, sino también omisiones, como por ejemplo al no impedir las talas ilegales, donde dicha omisión o falta de acción constituye una violación de sus obligaciones al no tomar medidas para prevenir o detener estas actividades o cualesquiera otras que afecten los derechos de los pueblos indígenas territoriales o ancestrales. Finalmente, se trae a colación la distinta jurisprudencia internacional que a emanado de conformidad con el derecho comparado y vinculada con los derechos humanos y la protección al medio ambiente, donde varios tribunales y organismo internacionales han emitido fallo y/o recomendaciones que buscan salvaguardas los derechos de los pueblos indígenas frente a la explotación de recursos naturales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha establecido que los pueblos indígenas tienen un derecho especial sobre sus territorios ancestrales y que cualquier proyecto de explotación o tala de árboles requiere su CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO, de acuerdo con los estándares internacionales. Como derecho comparado, concurren diferentes casos donde el Estado ha sido condenado por su inacción, como por ejemplo el caso Saramaka vs. Surinam, donde la CIDH determino que el Estado Surinam violento los derechos del pueblo de Saramaka al otorgar concesiones para la tala y explotación de los recursos naturales sin su consentimiento, donde cualquier actividad que pueda afectar la integridad de estos territorios, como la Tala debe contar con su consentimiento, por lo que el Estado debe garantizar que dichas actividades no comprometan la supervivencia física o cultural. Otro caso particular es el del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, que si bien su discusión radicó en un tema de petróleo, el fallo de la Corte es relevante para la tala de árboles, siendo que refiere a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS: Como se indica en efecto mi representada mediante correo de fecha 16 de enero de 2024, recibió solicitud escrita por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi (ADITIK), a los efectos de que la institución colaborara para detener la tala de árboles dentro del Territorio, motivo por el cual se procedió a remitir al INDER la consulta, a los efectos de solicitar colaboración para identificar si la tala de árboles estaba o no dentro del Territorio, posteriormente, la asociación solicita que mi representada proceda a suministrarle “la resolución de los límites nuevamente e informar a SINAC para el mejor proceder del caso”; ante dicha solicitud, mediante oficio DE-OF-216-2024 suscrito por la Directora Ejecutiva Daniela Gutiérrez Villanueva y dirigido al señor Diego Vicenzi León, Jefe de Despacho Ministerio de Ambiente y Energía, se indica lo siguiente “Lo anterior, no puede darse un cumplimiento, en virtud de que NO es competencia de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, verificar o emitir resoluciones respecto a los límites de un Territorio Indígena, lo anterior, de conformidad con el pronunciamiento PGR-C-217-2023 de 16 de noviembre de 2023 de la Procuraduría General de la República y oficio DRI-03- 0899-2023 de 20 de noviembre de 2023 del Registro Nacional de la Propiedad, mismos que se adjuntan al presente oficio. Sin perjuicio de lo anterior, se pone en conocimiento que el ente rector en esta materia y el único que puede certificar los límites de un Territorio Indígena que es el caso que nos atañe, es el Instituto Geográfico Nacional, adscrito al Registro Nacional, y que dicha competencia que ha sido reiterada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, siendo el único autorizado por ley para certificar si una finca o terreno está dentro o no de territorio”. Así las cosas, con la prueba que se aporta al efecto, queda demostrado que a la fecha la CONAI dentro de sus competencias ha cumplido y ha colaborado con la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, a los efectos de lograr detener la tala de árboles que limita y ha invadido el Territorio Indígena, sin embargo, a pesar de las comunicaciones con el MINAE el actuar de esa entidad ha sido ayuna, desprotegiendo así su obligación como Administración Pública e incumpliendo con la normativa nacional e internacional que previamente se ha expuesto a lo largo del presente informe, en cuanto a la fiscalización de los permisos que se han otorgado para dicha explotación, permitiendo que persona NO indígenas se aprovechen de los recursos naturales ubicados dentro de los límites del Territorio (…)”.Solicita que se declare sin lugar el recurso.

8.- Informa Erika Madriz Chinchilla, Viceministra de Paz, lo siguiente: “(…) es importante aclarar que la nota sin número de oficio firmado por las Sras. Signia Villanueva Morales y Keyla Pizarro Lazo, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi (ADITIK), originalmente sólo fue enviada a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) el 16 de enero del 2024. Fue precisamente la Directora Ejecutiva de CONAI, Sra. Daniela Gutiérrez Villanueva, quien remite el asunto a la Coordinación de la Mesa Técnica, con el fin de articular acciones para su atención. Esto sucedió por correo electrónico del 19 de enero del 2024. Habiéndose recibido en la dirección de correo electrónico de esa Mesa (a saber ...01)) se refirió la solicitud para su atención al Sr. Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía. Lo anterior se realizó mediante envío de Oficio DVMP-MT-007-2024 a los correos electrónicos ...02, ...03 y ...04, en fecha 23 de enero del 2024. Posteriormente, el 9 de febrero del 2024 se reenvía la gestión a los correos electrónicos Para: ...02, ...03, ...04 y ...05. En este punto es fundamental anotar que las competencias de la Mesa Técnica que coordino, aparte de la construcción y seguimiento de la ruta de trabajo que debe plantear, sólo le atribuyen articular con las demás instituciones las acciones tendientes a la solución de las necesidades de la población indígena. Esto de conformidad con los numerales 1 y 4 de la Directriz Nº003-MJP referida. Es decir, que las atribuciones de la Mesa sólo son de coordinar, referir, relacionar, más no de resolver o decidir sobre las gestiones que le envíen. Ir más allá sería violentar el principio de legalidad pues quienes conformamos esa instancia somos funcionarios públicos, por lo que sólo podemos realizar aquellos actos que autorice expresamente la ley. Del escenario antes expuesto, se desprende que las acciones ejecutadas por esta Coordinación fueron las que, por competencia, correspondían. En aras de buscar la mejor atención de la gestión planteada, esta Coordinación solicitará a los integrantes de la Mesa, en la próxima sesión que se efectúe, se consulte al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el trámite brindado a la nota remitida mediante Oficio DVMPMT-007-2024 (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

9.- Mediante resolución de las 14:41 horas del 28 de abril de 2025, la magistrada instructora solicitó prueba para mejor resolver, en los siguientes términos: “… como prueba para resolver solicítese informe AL DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; a fin de que certifique de forma clara y precisa lo siguiente: a) si las fincas con folio real No. 751261-001-003-004-005-006-007 y No. 751262-001- 003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991 - colindantes con el territorio de la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, se encuentran o no dentro de dicho territorio indígena.

10.- Informa Marta Eugenia Aguilar Varela, en su condición de directora a.i. del Instituto Geográfico Nacional (IGN) del Registro Nacional, quien señala lo siguiente: “… 1) Sobre las competencias del Instituto Geográfico Nacional para la certificación de predios en territorios indígenas La Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, dispone en su artículo 1 que el IGN será “la dependencia científica y técnica rectora de la cartografía nacional, destinada a la ejecución del Mapa básico oficial y la Descripción básica geográfica de la República de Costa Rica y a los estudios, las investigaciones o labores y el desarrollo de políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga relación con dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación” (el resaltado es suplido). Conforme a lo anterior, la función del IGN estaría circunscrita, como autoridad oficial permanente y en representación del Estado, al desarrollo de las políticas nacionales de carácter cartográfico, geográfico, geodésico, geofísico y de índole similar que tenga y que permitan brindar soporte a dichas obras, con el fin de apoyar los procesos de planificación; ello en concordancia con lo establecido en el numeral 59 de la Ley General de la Administración Púbica, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978 y sus reformas, al disponer que: “Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de potestades de imperio. 2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia. 3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.” (El resaltado es suplido.) Por su parte, nótese que, en cuanto a la demarcación territorial de las reservas indígenas, esta competencia fue delegada por el ordenamiento jurídico en su momento al Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) -actual Instituto de Desarrollo Rural (INDER)-, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley Indígena, Ley N°6172 del 29 de noviembre de 1977 y sus reformas. Consecuente con ello, ha sido reiterativa la jurisprudencia emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con las competencias del INDER, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y el Registro Nacional, sobre asuntos relacionados con los territorios indígenas, designando en el Registro Nacional lo relativo a la publicidad registral derivada de las acciones realizadas de previo por el INDER y la CONAI en aras de la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Al respecto, véase la resolución Nº00496-2023 de las 09:14 horas del 13 de abril del 2023 emitida por la Sala Primera, la cual en lo de interés dispone: “XI. Al analizar estas pruebas, se hace necesario hacer referencia en primer término, a la potestad certificadora que equivocadamente se está atribuyendo la CONAI. Dicha facultad es reserva de ley, es decir, solo mediante autorización expresa plasmada en norma legal, se crea la potestad certificadora. La CONAI no cuenta según su normativa con dicha facultad, además, tampoco cumple con el requisito impuesto por el artículo 65 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece: “La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado […]”. Al hacer un estudio de la Ley de Creación de la CONAI, no se establece en esta ninguna potestad relacionada con delimitar o certificar la existencia de predios dentro de territorio indígena. Esta actividad le corresponde al INDER, en el tanto el numeral 5 de la Ley Indígena dispone su obligación de reubicar a las personas no indígenas o bien en su defecto expropiarlas e indemnizarlas. La labor de la CONAI, según lo dispone ese propio ordinal, consiste en coordinar junto con el INDER la realización de los estudios y trámites de expropiación e indemnización.” (El resaltado es suplido. Véase en esa misma línea, las resoluciones Nº02878-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre del 2020; 00552–2021 de las 11:30 horas del 09 de marzo del 2021; Nº00681-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo del 2021, todas emitidas por la Sala Primera; entre otras.) Asimismo, en la resolución de marras, la Sala Primera es clara al señalar la competencia del INDER de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para poder mantener la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de los territorios indígenas que se encuentran dentro de las reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas, ello conforme al ordenamiento jurídico y las convenciones internacionales vigentes y vinculantes, a saber: “XIII. Finalmente, considera importante esta Cámara indicar que el INDER y la CONAI, tienen la obligación jurídica desde sus competencias, y en especial, a partir de la creación de la Ley Indígena, de llevar a cabo todas las diligencias necesarias para poder mantener la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de los territorios indígenas que se encuentran dentro de las Reservas, las cuales son propiedad exclusiva de los pueblos indígenas. Entre esas acciones de aseguramiento, deben gestionar ante el Registro Nacional la publicidad ante terceros de las tierras y territorios -en los términos del Convenio 169 de la OIT- que se encuentren dentro de las Reservas Indígenas -Territorios Indígenas- con el fin de evidenciar su situación de ser bienes ubicados dentro de esas áreas. Lo anterior en cumplimiento de la normativa nacional y especialmente, lo dispuesto en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas OEA 2016, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos; además, las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, la emitida el 6 de febrero de 2020, con ocasión del caso planteado por las Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) contra Argentina, que en lo medular refiere: “el deber de los Estados de adoptar medidas para asegurar a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad implica necesariamente, en atención al principio de seguridad jurídica, que el Estado debe demarcar, delimitar y titular los territorios de las comunidades indígenas […]. Por tanto, el incumplimiento de dichas obligaciones constituye una violación al uso y goce de los bienes de los miembros de dichas comunidades”. La titulación y demarcación deben implicar el uso y goce pacífico de la propiedad.” (Pueblos Indígenas Kuna de Madugandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá, 2014). Se suma a lo anterior, el voto emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 24725-2022 en el que se rechazó la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la línea jurisprudencial de la Sala Primera en relación con los artículos 3 y 5 de la Ley Indígena, entre otras disposiciones relevantes de carácter vinculante. Por conexidad y consecuencia, con fundamento en el artículo 122 inciso a), c), d), e), f), g) y K) del Código Procesal Contencioso Administrativo, deberá el INDER, CONAI y el Registro Inmobiliario del Registro Nacional, proceder conforme a sus respectivas competencias, respectivamente, a la protección, aseguramiento, delimitación y demarcación de la reserva indígena involucrada – territorio indígena – así como a la debida anotación del territorio indígena en las propiedades que la conforman, según la normativa que creó la reserva. Esos aspectos se concretarán y verificarán en la ejecución de sentencia de este proceso. Notifíquese esta sentencia al Registro Inmobiliario para que proceda conforme lo señalado, y a las demás partes intervinientes.” (El resaltado es suplido. Ver en ese mismo sentido, resolución Nº00005-2024 de las 09:10 horas del 11 de enero del 2024 emitida por la Sala Primera) Ahora bien, por otra parte, y no menos importante, es clara la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 65 y 66 sobre la emisión de certificaciones y las potestades de imperio en el ejercicio de los deberes públicos y su cumplimiento, los cuales disponen: “Artículo 65.- 1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o materiales internas necesarias para la eficiente expedición de sus asuntos. 2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. Artículo 66.- 1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles. 2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad de imperio. Dicho compromiso sólo podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso. 3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes.” (El subrayado en ambos artículos es suplido.) En razón de lo anterior, conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia previamente citada, no es competencia del IGN el certificar si un predio se encuentra o no en territorios indígenas; dado que, realizar gestiones referentes a las delimitaciones de las reservas indígenas o certificar si un determinado predio se encuentra o no dentro de territorios indígenas por parte del IGN, devendría en improcedente, amén de resultar en un conflicto de competencias dado que la información que se pretende acreditar pertenece a otra entidad. Es decir, el marco jurídico vinculante en la materia ha designado que, conforme al principio de legalidad imperante en los numerales 11 de la Constitución Política y su homónimo de la Ley General de la Administración Pública, la competencia en la delimitación de las reservas indígenas corresponde al INDER, sin injerencia alguna del IGN del Registro Nacional, más allá de la publicidad de los límites debidamente descritos en los decretos que declaren las reservas indígenas al tenor de la delimitación que, de esas reservas realice el ente competente. Se reitera que, el IGN al tenor de sus competencias no ha emitido certificación alguna con respecto a territorios indígenas, dado que esa función no se encuentra regulada dentro de la Ley de Creación y Organización del Instituto Geográfico Nacional, Ley N°59 del 04 de julio de 1944 y sus reformas, ni en el Decreto Ejecutivo N°44481-MJP Reglamento del Instituto Geográfico Nacional del 08 de mayo del 2024; de ahí que, la tarea de certificar la ubicación o no de propiedades dentro de territorios indígenas es una labor a cargo del INDER pues es a esa institución a quien el ordenamiento jurídico le otorgó la potestad de demarcar los territorios indígenas (artículo 8 Ley Indígena) y, en consecuencia, dicho órgano tiene funciones de decisión sobre esos territorios (artículo 65 Ley General de la Administración Pública), no así el IGN. 2) Sobre el informe solicitado como prueba para resolver La resolución de interés sea esta la de las 14:41 horas del 28 de abril del 2025, peticiona lo siguiente: “(…) como prueba para resolver solicítese informe AL DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; a fin de que certifique de forma clara y precisa lo siguiente: a) si las fincas con folio real No. 751261-001-003-004-005-006-007 y No. 751261-001-003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991 - colindantes con el territorio de la Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, se encuentran o no dentro de dicho territorio indígena. (…)” Una vez aclaradas las competencias del IGN en relación con los territorios indígenas y ante la imposibilidad de certificar materias ajenas a las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico a esta instancia, y con vista en la información publicitada en el Sistema de Información del Registro Inmobiliario (SIRI) de la Dirección de Registro Inmobiliario del Registro Nacional vinculados al sistema nacional de coordenadas; y la base de datos de imágenes digitales del IGN pertenecientes al Mosaico de Ortofotos a escala 1:5.000 del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), en aras de colaborar, se procede a informar lo siguiente: De acuerdo con la consulta sobre los planos catastrados: 1) L-13392-1991 asociado a la finca N°7-51261, ubicado en el distrito 03 Cahuita, cantón 04 Talamanca, provincia 07 Limón; y 2) L-975726-1991 perteneciente a la finca Dirección02, ubicado en el Dirección03, cantón 01 Limón, provincia 07 Limón; se tiene lo siguiente: a) La ubicación geográfica de los predios consultados fue dada por el profesional responsable de los planos catastrados L-975726-1991 y L-13392-1991, conforme a la hoja cartográfica, Cahuita y Amubri respectivamente, a escala 1:50.000. b) La información de referencia y el levantamiento topográfico contenida en los planos catastrados L-975726-1991 y L-13392-1991; fue la proporcionada por el profesional en topografía que elaboró dichos planos en ese momento, los cuales sirvieron de base para el presente informe. c) La cartografía básica oficial utilizada para rendir el informe solicitado obedece a las escalas 1:1.000 y 1:5.000; y, a la base cartográfica continua de la República de Costa Rica a escala 1:25.000 (publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°146 del 29 de julio de 2011; y el Diario Oficial La Gaceta N°101 del 7 de junio de 2018, respectivamente). Así las cosas, conforme a los criterios supra indicados y analizada la información disponible, en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados; siendo menester aclarar que el INDER no ha tenido ni tiene actualmente nodo o capa oficial alguna publicitada en el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) referente a territorios indígenas …”.

11.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que acude a favor de los integrantes del pueblo indígena Keköldi, quienes se enteraron de que en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes a su territorio, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal" del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, pero en realidad se desconoce si se trata de un permiso de corta o solo de una solicitud. Añade que en el Formulario de Regencia Forestal No.0007783, en el cual consta la autorización para el aprovechamiento del recurso forestal de las fincas con folio real N° 751261-001-003-004-005-006-007 y Nº 751262-001-003-005-006-007, planos catastrados N° L-13392-1991 y L-975726-1991, ubicados en la provincia de Limón, cantón Talamanca, distrito de Cahuita; el título de estas propiedades se publicita a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre04, todos de apellidos (Nombre05). Señala que el 16 de enero de 2024, la ADITIK le solicitó colaboración al CONAI, para detener el permiso de aprovechamiento forestal ante el MINAE, y para que le proporcionara constancia sobre los límites territoriales del pueblo indígena Keköldi. Añade que la viceministra de paz, Erika Madriz Chinchilla, quién es la coordinadora de la Mesa Técnica Interinstitucional, le remitió al ministro del MINAE la solicitud de la ADITIK, mediante escrito No. SVMP-MT-007-2024. Agrega que se emitió un informe sobre la visita de campo a la zona en conflicto y a través del oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, se constató que se invadió el territorio indígena Keköldi mediante tala. Acusa que el supuesto permiso fue otorgado por 6 meses, lo cual implica que aún no ha finalizado la explotación del recurso forestal, y que la tala sigue afectando al pueblo indígena que Keköldi y al medio ambiente. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de los derechos fundamentales de la parte tutelada y solicita que se declare con lugar el recurso.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 

a)   El 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre04, constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)   El Área de Conservación la Amistad Caribe, elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024 y el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre05 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable. A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Edward Jackson Stewart, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)    En la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA - MANZANILLO bajo las coordenadas CRTM05: E 633141 N 1066730, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023. Además, se dio revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI (ver informe rendido bajo juramento e imagen allegada al expediente como prueba).

d)   Mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024,  el jefe a.i. de la Oficina Territorial de Talamanca del INDER pusó en conocimiento de la CONAI que se había realizado una inspección técnica en el sitio donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), utilizándose a su vez un equipo de geolocalización GARMIN Montana 700, cuyo fabricante reporta un margen de error de ±3.7 metros, dato que fue debidamente considerado en el análisis técnico. Todo lo cual indicó que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

III.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre06 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

IV.- SOBRE EL CASO EN CONCRETO. En el presente asunto, el recurrente aduce vulnerado el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dado que, según su dicho, en noviembre y diciembre de 2023 se inició una tala de árboles en las propiedades colindantes al Territorio Indígena Bribri de Keköldi, la cual posteriormente se expandió e invadió los límites de su territorio, al grado de acercarse a una de sus quebradas. Refiere que la Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determinó que efectivamente se invadió el territorio indígena y que los vecinos que están talando, cuentan con un documento llamado "formulario de regencia forestal".

Según se desprende en el sub lite, efectivamente el 17 de noviembre de 2023, ante la oficina Subregional Limón – Talamanca se presentó solicitud de Certificado de Origen (CO) bajo la modalidad de Sistema Agroforestal (SAF) por regeneración Forestal a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre04, constando que en el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 se otorgó el certificado por un total de 174 árboles en 12 especies y un volumen de 293.46 metros cúbicos. Aunado ello, el Área de Conservación la Amistad Caribe elaboró el informe técnico número SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 de fecha 21 de diciembre de 2023, el informe número SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 de fecha 20 de marzo de 2024, así el informe número SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 de fecha 22 de marzo de 2024, señalándose lo siguiente: “… en fecha 17 de noviembre del año dos mil veintitrés, propiamente en la Oficina Subregional Limón –Talamanca se recibió a nombre de Nombre02, Nombre03 e Nombre05 una solicitud de certificado de Origen bajo la modalidad de Sistema Agroforestal por Regeneración Forestal, para el aprovechamiento de 174 árboles y en virtud de ellos se le asignó el número de expediente AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 además se le dio trámite y autorización porque reunía los requisitos de conformidad con la técnica y normativa aplicable. A solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), en fecha 21 de diciembre del año dos mil veintitrés, se realizó inspección junto con el señor Edward Jackson Stewart, integrante de la citada Asociación, por supuesta tala ilegal en el territorio indígena KEKÖLDI, y como resultado de la citada inspección se levantó el informe SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 donde se concluyó que no se evidenciaba ningún ilícito y se recomendó dar seguimiento al acuerdo tomado con la ADITIK sobre sus límites …” . Asimismo, se constata que en la visita in situ, la técnica María Fernanda Arias Villalobos, del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO bajo las coordenadas CRTM05: E 633141 N 1066730, hizo constar que se observó una importante corta de árboles, autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023.

Tanto el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) como la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) son las entidades legalmente facultadas para determinar si un inmueble se encuentra dentro o fuera de un territorio indígena, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Indígena (Ley N.º 6172), que expresamente establece que corresponde al INDER en coordinación con la CONAI, efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas conforme a los límites legalmente establecidos. Esta atribución confiere a dichas instituciones la competencia para realizar procesos técnicos de delimitación, que incluyen estudios de campo, análisis cartográficos y uso de sistemas georreferenciados, con el fin de establecer con certeza jurídica los linderos de los territorios indígenas reconocidos por el Estado.

En aplicación de esa potestad, la Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca del INDER, mediante el oficio INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 ordenó la realización de una inspección técnica en el sitio -como bien se señaló ut supra- donde se denunció un proceso de deforestación, con acompañamiento de una persona designada por la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Keköldi y mediante el uso de un equipo GPS con precisión geoespacial, recolectó coordenadas y verificó su ubicación en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) plataforma oficial del Registro Nacional que contiene la delimitación digital de los territorios indígenas, dándose la revisión de las capas oficiales de los límites del territorio con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y los mismos indican que la corta se realizó fuera de los límites del territorio indígena KEKÖLDI. A su vez, según el informe de gira No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 del 21 de diciembre de 2024 y el oficio No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 del 23 de enero de 2024, la técnica del SINAC, María Fernanda Arias Villalobos en asocio con el señor Edward Jackson Stewart -miembro del ADITIK- tomaron 7 puntos y al ser ubicados en el Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) del Registro Nacional, se observó que todos los puntos están fuera del territorio Indígena Keköldi, tomando en consideración el margen del error -de ±3.7 metros- que indica el fabricante del equipo -GARMIN Montana 700- utilizado en dicha diligencia.

De dicho informe se desprende que la zona inspeccionada se ubica fuera de los límites del Territorio Indígena Keköldi, según los registros técnicos disponibles y se deja constancia de que la ADI cuenta con el “shape” (archivo geográfico) actualizado de dicha delimitación.

Así las cosas, el criterio técnico emitido por el INDER se basa en competencias que le son propias, conforme al ordenamiento jurídico, de modo que constituye el referente válido y autorizado para determinar la ubicación territorial de inmuebles respecto de reservas indígenas. En consecuencia, debe entenderse que la determinación oficial sobre si un inmueble se encuentra dentro o fuera de una reserva indígena corresponde únicamente al INDER y la CONAI y que, en el presente asunto, al haberse acreditado mediante inspección técnica debidamente fundamentada que el área en cuestión se ubica fuera de los límites del territorio indígena Keköldi, no existe violación alguna a derechos colectivos o territoriales protegidos, ni fundamento para cuestionar el resultado de dicha evaluación territorial.

Aunado a lo anterior, es importante acotar que en la prueba para mejor resolver traída al proceso, la representante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) aclara que no tiene la competencia legal para certificar si un predio se encuentra o no dentro de un territorio indígena, ya que esta función es exclusiva del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), según lo dispuesto por la Ley Indígena (Ley N°6172 de 1977) y la jurisprudencia vigente. Asimismo, que el IGN tiene competencias limitadas en el ámbito cartográfico y geográfico, como lo establece su Ley de Creación (Ley N°59 de 1944), lo que no incluye la certificación de territorios indígenas; pues la Ley Indígena, en sus artículos 5 y 8, le asigna al INDER la responsabilidad de la delimitación y demarcación de las reservas indígenas. Esa institución en coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) tiene la obligación de garantizar la protección y el aseguramiento de los territorios indígenas. En todo caso, la directora del ING acota que “… en apariencia se podría indicar que los planos en estudio se encuentran fuera de la zona de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterándose nuevamente que, la información aquí proporcionada no es una certificación sino un criterio técnico emitido a la luz de los insumos anteriormente citados …”.

Ahora bien, según se desprende de los informes rendidos bajo juramento y del acervo probatorio que consta en el expediente electrónico, la corta de árboles autorizados bajo el certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023, fue realizada fuera de los límites del territorio indígena Keköldi. Es decir, no se acreditó que la tala de árboles se diera dentro de dicho territorio indígena, por lo que esta Sala no considera que se haya violentado derecho fundamental alguno, por lo que no se constata una vulneración del territorio indígena Keköldi.

V.- Finalmente, en atención a lo aquí resuelto, tomen nota el Viceministerio de Paz -en su condición de coordinador de la Mesa Técnica Interinstitucional- y el Ministerio de Ambiente y Energía de su deber de darle seguimiento a la tala de árboles en la zona supra señalada, en relación con el número de expediente AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificado de origen número CO SAF RN 151-2280-2023- de conformidad con los principios preventivo y precautorio, ya desarrollados en este pronunciamiento.

VI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Con el debido respeto, concuerdo con el voto de mayoría que declara sin lugar el recurso; sin embargo, lo fundamento con las siguientes razones:

         La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso. Tomen nota el Viceministerio de Paz y el Ministerio de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando V, de esta sentencia. El magistrado Salazar Alvarado consigna razones diferentes, al estimar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. -

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 RJOLL9KGFFE61

EXPEDIENTE N° 24-004886-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección04, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:50:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 15248 - 2025

Resolution Date: May 23, 2025 at 09:25

Case File: 24-004886-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of Matter: Amparo Appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Ruling with Separate Note

Relevance Indicators

Relevant Ruling

Ruling with protected data, in accordance with current regulations

Content of Interest:

Strategic Issues: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights, Indigenous Peoples

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

TREE FELLING.

Topic: MINORITIES

Subtopics:

INDIGENOUS PEOPLES.

015248-25. ENVIRONMENT. MINORITIES. TREE FELLING IN INDIGENOUS TERRITORY IS QUESTIONED. DECLARED WITHOUT MERIT, AS IT WAS DEMONSTRATED THAT THE AUTHORIZED FELLING WAS OUTSIDE THE LIMITS OF THE INDIGENOUS TERRITORY, AND THE RESPONDENT AUTHORITIES ARE ADVISED TO FOLLOW UP SO THAT THE ACTIVITY IS CARRIED OUT ACCORDING TO THE PREVENTIVE AND PRECAUTIONARY PRINCIPLES. VCG06/2025

"(…) IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellant alleges a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment given that, according to his statement, in November and December of 2023, tree felling began on properties adjacent to the Bribri Indigenous Territory of Keköldi, which subsequently expanded and invaded the limits of his territory, to the point of approaching one of its streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determined that the indigenous territory was indeed invaded and that the neighbors who are felling have a document called "forest management form (formulario de regencia forestal)".

As can be deduced in the sub lite, indeed on November 17, 2023, at the Limón – Talamanca Subregional office, an application for a Certificate of Origin (CO) under the Agroforestry System (SAF) modality for Forest Regeneration was submitted in the name of [Name 003], [Name 004] and [Name 007], with it being recorded that in case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023 the certificate was granted for a total of 174 trees of 12 species and a volume of 293.46 cubic meters. In addition to this, the Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20, 2024, as well as report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March 22, 2024, stating the following: "… on November 17, two thousand twenty-three, specifically at the Limón –Talamanca Subregional Office, an application for a Certificate of Origin under the Agroforestry System for Forest Regeneration modality was received in the name of [Name 003], [Name 004] and [Name 005], for the harvesting (aprovechamiento) of 174 trees, and by virtue thereof, case file number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned, and it was also processed and authorized because it met the requirements in accordance with the applicable technique and regulations. At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), on December 21, two thousand twenty-three, an inspection was carried out together with Mr. [Name 006], a member of the aforementioned Association, for alleged illegal felling in the KEKÖLDI indigenous territory, and as a result of the aforementioned inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, where it was concluded that no illegality was evident and it was recommended to follow up on the agreement reached with ADITIK regarding its limits …" . Likewise, it is verified that in the on-site visit, the technician María Fernanda Arias Villalobos, from the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO, under coordinates CRTM05: E 633141 N 1066730, recorded that significant tree felling was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023.

Both the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) are the legally empowered entities to determine whether a property is located inside or outside an indigenous territory, in accordance with Article 8 of the Indigenous Law (Ley Indígena) (Law No. 6172), which expressly establishes that it corresponds to INDER, in coordination with CONAI, to carry out the territorial demarcation of indigenous reserves according to the legally established limits. This attribution confers on said institutions the competence to carry out technical delimitation processes, which include field studies, cartographic analysis, and the use of georeferenced systems, in order to establish with legal certainty the boundaries of the indigenous territories recognized by the State.

In application of that power, the Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca of INDER, through official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, ordered the performance of a technical inspection at the site -as was well noted ut supra- where a deforestation process was reported, with the accompaniment of a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) of Keköldi and, through the use of a GPS device with geospatial precision, collected coordinates and verified their location in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI), the official platform of the National Registry that contains the digital delimitation of indigenous territories, with the review of the official layers of the territory limits using Geographic Information Systems (GIS) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and they indicate that the felling (corta) was carried out outside the limits of the KEKÖLDI indigenous territory. In turn, according to inspection report No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 of December 21, 2024, and official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 of January 23, 2024, the SINAC technician, María Fernanda Arias Villalobos, in association with Mr. [Name 006] -member of ADITIK- took 7 points, and upon being located in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) of the National Registry, it was observed that all points are outside the Keköldi Indigenous territory, taking into consideration the margin of error -of ±3.7 meters- indicated by the manufacturer of the equipment -GARMIN Montana 700- used in said proceeding.

From said report it is clear that the inspected area is located outside the limits of the Keköldi Indigenous Territory, according to available technical records, and it is placed on record that the ADI has the updated "shape" (geographic file) of said delimitation.

Thus, the technical criterion issued by INDER is based on competencies that are its own, according to the legal system, so it constitutes the valid and authorized referent to determine the territorial location of properties with respect to indigenous reserves. Consequently, it must be understood that the official determination of whether a property is inside or outside an indigenous reserve corresponds only to INDER and CONAI, and that, in the present matter, having been accredited by means of a duly substantiated technical inspection that the area in question is located outside the limits of the Keköldi indigenous territory, there is no violation of protected collective or territorial rights, nor basis to question the result of said territorial evaluation.

In addition to the foregoing, it is important to note that in the evidence for better resolution (prueba para mejor resolver) brought to the process, the representative of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) clarifies that it does not have the legal competence to certify whether a property is located inside or outside an indigenous territory, as this function is exclusive to the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), as provided by the Indigenous Law (Ley Indígena) (Law N°6172 of 1977) and current jurisprudence. Likewise, that IGN has limited competencies in the cartographic and geographic field, as established by its Creation Law (Law N°59 of 1944), which does not include the certification of indigenous territories; for the Indigenous Law, in its Articles 5 and 8, assigns INDER the responsibility for the delimitation and demarcation of indigenous reserves. That institution, in coordination with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), has the obligation to guarantee the protection and securing of indigenous territories. In any case, the director of ING notes that "… apparently it could be indicated that the plans under study are located outside the area of the Bribrí Indigenous Reserve of Keköldi (Cocles); reiterating again that the information provided here is not a certification but a technical criterion issued in light of the inputs previously cited …".

Now, as can be deduced from the reports rendered under oath and from the body of evidence contained in the electronic case file, the tree felling authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023 was carried out outside the limits of the Keköldi indigenous territory. That is, it was not proven that the tree felling occurred within said indigenous territory, so this Chamber does not consider that any fundamental right has been violated, and therefore, a violation of the Keköldi indigenous territory is not verified.

V.- Finally, in attention to what is resolved herein, the Vice-Ministry of Peace -in its capacity as coordinator of the Interinstitutional Technical Table (Mesa Técnica Interinstitucional)- and the Ministry of Environment and Energy take note of their duty to follow up on the tree felling in the area noted above, in relation to case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023 -certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023- in accordance with the preventive and precautionary principles, already developed in this pronouncement. (…)"

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Content of Interest:

Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Precautionary

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRECAUTIONARY PRINCIPLE (PRINCIPIO PRECAUTORIO)

"(…) III.- ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS.

Concerning the preventive and precautionary principles, in ruling no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

"In this order of ideas, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned to the fulfillment of certain requirements. In general, this principle applies when there are risks clearly defined and identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle (principio precautorio) states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)" (the boldface was supplied).

Precisely, the precautionary principle (principio precautorio) must be understood as contemplated in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation". That is, it is not about the requirement to have scientific studies to arrive at 'absolute certainty' of the harmlessness of an activity for the environment (in principle, total security is hardly achievable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty will never justify or excuse postponing the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that it is not just any type of threat -it must plausibly involve a serious danger-, and, on the other hand, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed. In the expressed sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment -which would denaturalize its reason for being-, but rather it is necessary to have a certain degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when facing a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or modification that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend activities that are being developed. In parallel, they must efficiently and effectively adopt all the measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The referenced principle is also contained in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change -ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states- stipulates:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties." (the highlighting was incorporated).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, among them, Costa Rica -see Law No. 8538 of August 23, 2006-, in which it reads:

"ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)".

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)".

In line with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

"180. (…) Therefore, the Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage." (the highlighting was added).

Subsequent to that resolution and by means of a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the Inter-American Court ruled on February 6, 2020, in this way: "the right to a healthy environment 'must be considered among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of States to achieve the 'integral development' of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter". Of high significance, it must be emphasized that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to advisory opinion No. OC-23/17 in order to develop the content and scope of such right, thanks to which the legal considerations of the latter have logically come to achieve the legal binding nature of a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity', and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature', not only for its 'utility' or 'effects' with respect to human beings, 'but for its importance for the other living organisms with whom we share the planet'. The foregoing does not prevent, of course, other human rights from being violated as a consequence of environmental damage". Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court clearly details the state obligations in the face of possible environmental damages, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by the relevant practice in many environmental treaties and the main codification projects".

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as well stated in the document '95 Environmental Legal Principles for an Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to "the causes and sources of environmental problems shall be addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention will prevail, then, over any other in the public and private management of the environment and natural resources". The foregoing makes full sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not be limited to deciding on the reparation of the harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of the harmful effects.

Such institute is reflected, among other norms, in ordinals 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see rulings nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in advisory opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Baraona Bray vs. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court expressly states:

"208. Notwithstanding the foregoing, in specific environmental matters, it must be highlighted that the principle of prevention of environmental damage is part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obliged to use all means at their disposal in order to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment'200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201. On the other hand, while it is not possible to make a detailed list of all the measures that States could take in order to fulfill this duty, some can be noted, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202". (…)" VCG06/2025

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Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Pro natura

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

IN DUBIO PRO NATURA PRINCIPLE (PRINCIPIO IN DUBIO PRO NATURA)

"(…) For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters', that "in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived therefrom" (see principle V).

In this sense, according to the document '95 Environmental Legal Principles for an Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms shall always bear in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that more broadly protects the environment shall be preferred".

The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being danger of serious or irreversible damage -as happens with the precautionary principle (principio precautorio)-, but rather implies a "general rule of behavior, for the relationship of the State -and society in general- with the environment, applicable to all areas of decisions in which there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those behaviors that may cause damage to the environment, when other options exist" (Olivares and Lucero, 2018). (…)" VCG06/2025

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Type of Content: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Progressivity

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLES OF PROGRESSIVITY AND NON-REGRESSION (PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD Y DE NO REGRESIÓN).

"(…) Moreover, in ruling no. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, especially those, such as the right to the environment (art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not suppose an absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature, which negatively impact the achievements reached until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot -and much less by means of an International Treaty- reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Ruling of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment according to the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment." (Ruling of the Constitutional Chamber No. 18702-10)". (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, rulings 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397)".

In this way, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, insofar as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment.

For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, if applicable, the corresponding compensatory measures must be weighed. (…)” VCG06/2025

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Content of Interest:

Content type: Majority Vote

Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE

Topic: Objectification of Environmental Protection or the Principle of Linkage to Science and Technique

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

PRINCIPLE OF OBJECTIFICATION

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy’. The ‘healthy’ requirement leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced’, the need for sustainable and enduring development emerges; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment’, ‘healthy’, ‘ecologically balanced’, the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, in the terms of articles 16 of the General Public Administration Law and 38 of the Organic Environmental Law, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country’. Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, this Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that can in no way be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], insofar as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Public Administration Law, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature –both legal and regulatory–, from which the requirement of linkage to science and technique is derived, thereby conditioning the Administration’s discretion in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if objective technical criteria are evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people’s health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the event of a “reasonable doubt”, it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012). (…)” VCG06/2025

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Content type: Separate Note

Branch of Law: 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

Topic: 050- Environment

Subtopics:

NOT APPLICABLE.

VI.- DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I concur with the majority vote that declares the appeal without merit; however, I base it on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Environmental Law, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutionality control from legality control. In this regard, it is the undersigned’s criterion that this Chamber, through the amparo procedure, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed through legality channels. Therefore, the simple non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly heard through legality channels –administrative or jurisdictional–, where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and speedy process, such that, from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its competencies, and processes a procedure, with the issuance of administrative acts, its hearing becomes alien to the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out concerning an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under current legal or regulatory norms or with the disclosure of new and greater elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already contained in the case’s administrative expediente. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, which would denature it and render nugatory the purposes for which it has been designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its hearing and oversight correspond to the jurisdiction of the contentious-administrative courts. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls under the jurisdiction of the legality channel. Consequently, this appeal should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved through legality channels. However, since it was not done so, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the matter raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conducts conform or not, in substance, to what is prescribed in the legal system at the legal rank, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG06/2025

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Text of the resolution

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Exp: 24-004886-0007-CO

Res. No. 2025015248

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty-five minutes on May twenty-third, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in expediente No. 24-004886-0007-CO, filed by Name01, identity card CED01, on behalf of the indigenous people KEKÖLDI against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL AND OTHERS.

Whereas:

1.- By document added to the Chamber’s digital expediente at 4:22 p.m. on February 22, 2025, the appellant files an amparo appeal against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA and the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL. It states that it acts on behalf of the members of the Keköldi indigenous people, who learned that in November and December 2023, tree felling began on properties adjacent to their territory, which later expanded and invaded the boundaries of their territory, to the point of approaching one of their streams. It relates that the Keköldi indigenous people requested collaboration from the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK), which determined that the indigenous territory was indeed invaded and that the neighbors who are felling have a document called “forest management form (formulario de regencia forestal)” from the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, but it is actually unknown whether it is a cutting permit or just a request. It adds that in the Forest Management Form No. 0007783, which contains the authorization for the use of the forest resource of the properties with real estate folio number N° 751261-001-003-004-005-006-007 and Nº 751262-001-003-005-006-007, cadastral plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991, located in the province of Limón, canton Talamanca, district of Cahuita; the title to these properties is publicized in the name of Name02, Name03, and Name04, all with the last name (Name05). In this, it is indicated that the total to be felled on the site is: 174 trees of 11 different species, and the inventory bears a SINAC stamp, with a signature dated November 12, 2023. It points out that on January 16, 2024, ADITIK requested collaboration from CONAI to stop the forest use permit before MINAE and to provide certification on the territorial boundaries of the Keköldi indigenous people. It adds that the Deputy Minister of Peace, Erika Madriz Chinchilla, who is the coordinator of the Interinstitutional Technical Roundtable, forwarded ADITIK’s request to the Minister of MINAE, through document No. SVMP-MT-007-2024. It adds that a report on the field visit to the conflict zone was issued, and through official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was verified that the Keköldi indigenous territory was invaded through felling. It accuses that the alleged permit was granted for 6 months, which implies that the exploitation of the forest resource has not yet concluded and the felling continues to affect the Keköldi indigenous people and the environment. For the reasons stated, it comes to this Chamber in protection of the fundamental rights of the protected party and requests that the appeal be declared with merit.

2.- By Presidency resolution at 12:26 p.m. on March 20, 2024, the process was given course.

3.- David Chavarría Morales, Acting Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reports the following: “(…) regarding the facts alleged by the appellant, the matter was forwarded to the La Amistad Caribe Conservation Area, which issued report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20 of the current year, technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, two thousand twenty-three, as well as an expanded report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March twenty-second of the current year, documentation in which the following is expressed (…) on November 17, two thousand twenty-three, at the Limón–Talamanca Subregional Office, an application for a certificate of origin (CO) was received in the name of Name02, Name03, and Name05 under the Agroforestry System by Forest Regeneration modality, for the use of 174 trees, and by virtue thereof, it was assigned the expediente number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 and was processed and authorized because it met the requirements in accordance with the applicable technique and regulations. At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), on December 21, two thousand twenty-three, an inspection was carried out jointly with Mr. Edward Jackson Stewart, a member of the aforementioned Association, for alleged illegal felling in the KEKÖLDI indigenous territory, and as a result of the cited inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, where it was concluded that no illegal act was evidenced and it was recommended to follow up on the agreement reached with ADITIK regarding their boundaries. From the aforementioned report, it is clear that the visit was conducted at coordinates CRTM05: Address01 where significant tree cutting was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023. The report continues to indicate that the official layers of the territory boundaries were reviewed with the Geographic Information Systems (GIS) using the National Territorial Information System (SNIT), and they indicate that the cutting has been carried out outside the boundaries as shown in the following image (…). In addition, once the National Registry’s SIRI system was reviewed, it is denoted that the property demarcated in the following image in turquoise color (the aforementioned Certificate of Origin SAF-RN 151-2280-2023) is located outside the boundaries of the Keköldi territory. By virtue of all the foregoing, it is not true that the tree cutting carried out is on land of the Bribri – Keköldi Indigenous Territory, nor that it expanded and invaded the boundaries of the cited territory (…)”. It requests that the appeal be declared without merit.

4. Franz Tattenbach Capra, Minister of Ambiente y Energía (MINAE), reports the following: “(…) In relation to the appellant’s claim, this Office proceeds to render a report in the following terms: This Ministry is the entity responsible for ensuring the protection of the country’s natural resources, contributing to the improvement of the quality of life of the inhabitants through the promotion of management, conservation, and sustainable development of the environmental and natural elements, goods, services, and resources, whose management corresponds to this Ministry by legal provision or international agreement. Likewise, it is important to note that Article 50 of our Magna Carta establishes that the State must procure the greatest well-being for all the inhabitants of the country, guaranteeing the right to a healthy and ecologically balanced environment, in respect of the right to the protection of human health derived from the right to life; hence, the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to human beings in harmony with it, where environmental quality and economic means are fundamental parameters for people. Therefore, through Article 22 of the Biodiversity Law No. 7788, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC) was created, whose legal nature is that of a deconcentrated body with instrumental legal personality attached to MINAE, and its fundamental purpose is to integrate the competencies in forest, wildlife, and protected wild areas matters, in order to dictate policies, plan, and execute processes aimed at achieving sustainability in the management of natural resources in our country (…). For this reason and in attention to the specialty of the matter, coordination was made with the La Amistad Caribe Conservation Area, Limón-Talamanca Subregion, through official letter DAJ-MINAE-0354-2024, and it is through report SINAC-ACLAC-SLT-087-2024, dated March 20, 2024, that it states: “On December 21, 2023, a joint inspection was carried out with Mr. Edward Jackson Stewart of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK) to address a complaint about apparent illegal felling in the Keköldi Indigenous Territory, where official document SINAC-ACLACDASP-RNVSGM-190-2023 concludes: ‘At the time of the visit, no possible illegal act is determined; therefore, it is recommended to follow up on the agreement reached with ADITK regarding their boundaries to resolve the matter.’” So that, effectively, on November 17, 2023, an application for a Certificate of Origin (CO) under the Agroforestry System (SAF) modality by Forest Regeneration was presented and received before the Limón – Talamanca Subregional Office in the name of Name02, Name03, and Name04; for which expediente number AC-AC03-COSAF-00122-2023 was granted, for a total of 174 trees of 12 species and a volume of 293.46 cubic meters. In accordance with the foregoing, this expediente was assigned by agreement at a meeting. It is important to state that Certificates of Origin are forest applications submitted by a Forest Regent (Engineer) to the State Forest Administration (AFE) for its technical review and approval, therefore IT IS NOT A PERMIT GRANTED BY THE AFE. According to what is established in Forest Law No. 7575 and its Article 28: ‘Exception from cutting permit: Forest plantations, including Agroforestry Systems and individually planted trees and their products, shall not require a permit for cutting, transport, industrialization, or export.’ In this situation, the identification, marking, and location of the trees are the responsibility of the Forest Regent, who holds PUBLIC FAITH. The State Forest Administration (AFE) is the governing body for providing the devices for the transport of wood from the different types of permits, with the exception of Forest Plantations, where the Forest Regent is the one who issues the respective guides for the transport of wood from plantations; thus, in this particular case, the Subregional Office, in the follow-up and control of the different types of forest permits, granted the first issuance of guides and plates on November 24, 2023. The permit application under the Certificate of Origin (CO) modality in the Agroforestry System (SAF) met all the requirements established in the current regulations, so the processing and receipt continued, granting administrative expediente number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 in the name of the (Name05) brothers. Thus, through official document SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024, the official layers of the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory (TI) were verified using the geographic information systems (GIS) utilizing the National Territorial Information System (SNIT), denoting that the points taken in the field of trees that had been cut and/or marked according to Certificate of Origin # COSAF RN 151-2280-2023, are located outside the boundaries of the TI (…). Likewise, the National Registry’s SIRI system, where it is denoted that the plot demarcated in turquoise (corresponding to CO SAF RN 151-2280-2023) is located outside the boundaries of the Keköldi TI, represented by the intermittent yellow line (…)”. It requests that the appeal be declared without merit.

5.- Esteban Jamienson Hidalgo, head of the Talamanca Territorial Development Office of the Instituto de Desarrollo Rural, reports the following: “(…) on Friday, January 19 of the current year, the request for respective attention and coordination for what is indicated in Request Letter CONAI 16 was received via internal mail, sent by the Executive Presidency of Inder (letter attached). After coordination with the President of the ADI, Mrs. Signia Villanueva Morales, Mrs. Dulcelina Sánchez, fiscal of the ADI, was designated to guide me during the site visit to determine if the deforestation process was being carried out within or outside the Keköldi Indigenous Territory. This visit was carried out on January 23. Official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 describes the equipment used to carry out the fieldwork. Additionally, it was mentioned that 7 points were taken with the indicated equipment and that, when located in the Real Estate Registry Information System (SIRI) of the National Registry, it can be observed that all the points are outside the Keköldi Indigenous Territory; this despite the margin of error indicated by the equipment manufacturer. The points taken during the visit conducted jointly with Mrs. Dulcelina were sent to Mrs. Signia via WhatsApp on January 24, 2024, at Mrs. Signia’s request. What is described in the Amparo Appeal, specifically where it indicates: ‘…through official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was verified that the Keköldi indigenous territory was invaded through felling.’ is not correct. The indicated officio is attached so that what was noted by this official in the mentioned official letter can be verified. Finally, it is important to note that the visit was carried out in the area that was being deforested as of Tuesday, January 23 (it is unknown if it extended), and the coordinates were collected with equipment that has a manufacturer-stated margin of error of ±3.7 meters (…)”.

6.- By resolution at 11:22 a.m. on September 4, 2024, the parties were expanded and a report was requested from the president of the board of directors of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) and from the Deputy Minister of Peace.

7.- Rubilia Aurora Stuart Leiva, president of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, reports the following: “(…) in the specific case of what was indicated by ADITIK, the permit or form was granted by the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, it is necessary to indicate that such certificates of origin do not apply to Indigenous Territory. In the first place, these certificates are not sufficient by themselves to authorize tree felling in Territories, given that felling is regulated by specific environmental laws such as Indigenous Law 6172, which is protected under International Convention 169 of the ILO. Although institutions like MINAE and SINAC are responsible for granting permits, in indigenous peoples, a Special Law prevails where only Indigenous people can use their natural resources, both those found in their territory and within the boundaries of the ancestral Territory previously occupied by them; the foregoing, in full compliance of their autonomy and right over natural resources, therefore, the permits granted or certificates of origin are illegal and do not grant legal authorization for tree felling. Secondly, a forest regent cannot facilitate permits or tree felling forms in Indigenous Territory through certificates of origin issued by the CFIA, seeing as these form part of a technical and administrative process whose purpose is to ensure that the extraction of forest products complies with the Law, and in this specific case with Indigenous Law 6172, ILO Convention 169, and the indigenous people’s own law over their territories. Finally, I state that when speaking of the boundaries of the Indigenous Territories, which, while delimited through decrees 7267, 16568, 29956, and 25296, it must be remembered that it is a mere titling by the State, given that the Indigenous Territories are ancestral and pre-existing to the State, so that the ancestral lands must also be respected, whose boundaries are historical, cultural, and are recognized by the indigenous communities themselves, which include natural limits that may be defined by rivers, mountains, valleys, or coasts, and that have traditionally served as natural borders within which indigenous peoples have developed their ways of life, culture, and resource management. The ancestral Territory is embedded within the self-determination of indigenous peoples, through which they have the right to manage and administer their territory, including the use of natural resources, agricultural practices, hunting, and fishing, in accordance with their customs and internal laws (…). REGARDING THE STATE’S STRICT OBJECTIVE RESPONSIBILITY REGARDING THE GRANTING OF FELLING PERMITS: The objective strict liability of the State and its institutions implies that it can be held responsible for damages caused to third parties, without the need to demonstrate fault or intent, because in exercising its functions, it can cause detriment, by the mere fact of carrying out activities that generate risks to people’s rights. This is based primarily on Article 190 of the Political Constitution where said responsibility is extended to all acts of the public Administration that may cause damages. In the case of Indigenous Territories, the State’s strict objective responsibility is articulated around the state obligation to protect, respect, and guarantee the territorial and environmental rights of indigenous peoples. Article 6 of Indigenous Law 6172 is clear regarding tree felling within the boundaries of Indigenous Territories or inside them by NON-indigenous persons, where state institutions have the duty and obligation to respect said prohibition, and any non-compliance can entail serious legal and social consequences. Therefore, entities that issue felling permits incur an administrative fault or even criminal liability, given that, as a good father of a family, they must ensure that people fell trees within the boundaries that correspond to them. Seeing that, in the current situation, it was MINAE’s duty to supervise said permits and the actions of the individuals, however, the regulations protecting the rights of indigenous peoples have been deliberately broken, and the STATE is called upon to protect these rights and to proceed with sanctions against the individuals who took advantage of and violated the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory. Now, the illegal felling of which the Territory is a victim also directly affects the territorial and cultural rights of indigenous communities, which, as stated, depend on the lands and natural resources for their physical, cultural, and economic survival. Therefore, in compliance with international as well as national regulations, public institutions are OBLIGATED to respect and guarantee their preservation, in addition to the fact that serious environmental damage is caused, as illegal felling also affects biodiversity and the ecosystems that indigenous peoples have protected for generations. This occurs when institutions fail in their duty to guarantee legality in these territories. It is necessary to reiterate the obligation of oversight and prevention to which public institutions are called, particularly those directly related to the environment, such as MINAE, SINAC, and municipalities, regarding the appropriate inspection of felling concessions, as well as any activity that may impact the Territories. Failure to do so constitutes negligence, as reiterated throughout the report, and a clear non-compliance with the responsibility attributed to them as Public Administration. Note that this responsibility not only contemplates direct actions by the State that cause damage but also omissions, such as failing to prevent illegal felling, where said omission or lack of action constitutes a violation of its obligations by not taking measures to prevent or stop these activities or any others that affect the territorial or ancestral rights of indigenous peoples. Finally, the distinct international jurisprudence emanating in accordance with comparative law and linked to human rights and environmental protection is brought up, where several international courts and bodies have issued rulings and/or recommendations seeking to safeguard the rights of indigenous peoples against the exploitation of natural resources, such as the Inter-American Court of Human Rights, which has established that indigenous peoples have a special right over their ancestral territories and that any exploitation or tree felling project requires their PRIOR, FREE, AND INFORMED CONSENT, in accordance with international standards. As comparative law, different cases concur where the State has been condemned for its inaction, such as the case Saramaka vs. Suriname, where the IACHR determined that the State of Suriname violated the rights of the Saramaka people by granting concessions for felling and exploitation of natural resources without their consent, where any activity that may affect the integrity of these territories, such as felling, must have their consent, so that the State must guarantee that such activities do not compromise their physical or cultural survival. Another particular case is that of the Kichwa Indigenous People of Sarayaku vs. Ecuador, which, while its discussion was based on an oil issue, the Court’s ruling is relevant for tree felling, given that it concerns the exploitation of natural resources in indigenous territories.

REGARDING THE ACTIONS OF THE NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS AFFAIRS: As indicated, my client, through email dated January 16, 2024, received a written request from the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi (ADITIK), for the purpose of the institution collaborating to stop the felling of trees within the Territory, which is why the consultation was forwarded to INDER, for the purpose of requesting collaboration to identify whether the tree felling was inside the Territory or not. Subsequently, the association requests that my client proceed to provide them with “the resolution of the limits once again and inform SINAC for the best proceeding of the case”; in response to that request, through official letter DE-OF-216-2024 signed by Executive Director Daniela Gutiérrez Villanueva and addressed to Mr. Diego Vicenzi León, Chief of Staff of the Ministry of Environment and Energy, the following is indicated: “The above cannot be complied with, by virtue of the fact that it is NOT the competence of the National Commission on Indigenous Affairs to verify or issue resolutions regarding the limits of an Indigenous Territory, in accordance with pronouncement PGR-C-217-2023 of November 16, 2023, from the Procuraduría General de la República and official letter DRI-03-0899-2023 of November 20, 2023, from the Registro Nacional de la Propiedad, which are attached to this official letter. Without prejudice to the above, it is made known that the governing body in this matter and the only one that can certify the limits of an Indigenous Territory, which is the case at hand, is the Instituto Geográfico Nacional, assigned to the Registro Nacional, and that this competence has been reiterated by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, being the only one authorized by law to certify whether a property or land is inside or outside the territory.” Thus, with the evidence provided for this purpose, it is demonstrated that to date, CONAI, within its competencies, has complied and collaborated with the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, for the purpose of stopping the tree felling that borders and has invaded the Indigenous Territory. However, despite communications with MINAE, the actions of that entity have been absent, thus failing to protect its obligation as Public Administration and failing to comply with the national and international regulations that have been previously set forth throughout this report, regarding the oversight of the permits that have been granted for said exploitation, allowing NON-indigenous persons to take advantage of the natural resources located within the limits of the Territory (…)”. It requests that the appeal be declared without merit.

8.- Erika Madriz Chinchilla, Vice-Minister of Peace, reports the following: “(…) it is important to clarify that the note without an official letter number signed by Mrs. Signia Villanueva Morales and Keyla Pizarro Lazo, President and Secretary, respectively, of the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Keköldi (ADITIK), was originally only sent to the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI) on January 16, 2024. It was precisely the Executive Director of CONAI, Mrs. Daniela Gutiérrez Villanueva, who referred the matter to the Coordination of the Mesa Técnica, in order to articulate actions for its attention. This occurred by email on January 19, 2024. Having been received at the email address of that Mesa (namely ...01), the request was referred for attention to Mr. Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy. The foregoing was carried out by sending Official Letter DVMP-MT-007-2024 to the email addresses ...02, ...03 and ...04, on January 23, 2024. Subsequently, on February 9, 2024, the request is forwarded to the email addresses To: ...02, ...03, ...04 and ...05. At this point, it is essential to note that the competencies of the Mesa Técnica that I coordinate, apart from the construction and follow-up of the work route that it must propose, only attribute to it the articulation with other institutions of actions aimed at solving the needs of the indigenous population. This in accordance with numerals 1 and 4 of the referred Directriz Nº003-MJP. That is, the powers of the Mesa are only to coordinate, refer, and relate, but not to resolve or decide on the requests sent to it. Going further would violate the principle of legality because those of us who form that instance are public officials, so we can only perform those acts expressly authorized by law. From the scenario set forth above, it follows that the actions executed by this Coordination were those that, by competence, corresponded. In order to seek the best attention for the request submitted, this Coordination will request the members of the Mesa, at the next session held, to consult the Ministry of Environment and Energy regarding the processing given to the note forwarded through Official Letter DVMPMT-007-2024 (…)”. It requests that the appeal be declared without merit.

9.- Through a resolution at 14:41 hours on April 28, 2025, the investigating magistrate requested evidence for a better decision, in the following terms: “… as evidence for a decision, request a report FROM THE DIRECTOR OF THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; so that they may clearly and precisely certify the following: a) whether the properties with real folio No. 751261-001-003-004-005-006-007 and No. 751262-001-003-005-006-007, cadastral plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991 - adjacent to the territory of the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, are located or not within said indigenous territory.

10.- Marta Eugenia Aguilar Varela reports, in her capacity as acting director of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) of the Registro Nacional, who states the following: “… 1) Regarding the competencies of the Instituto Geográfico Nacional for the certification of properties in indigenous territories. The Law of Creation and Organization of the Instituto Geográfico Nacional, Law N°59 of July 4, 1944, and its amendments, provides in its article 1 that the IGN shall be “the scientific and technical dependency governing national cartography, destined for the execution of the official basic Map and the basic geographical Description of the Republic of Costa Rica and for the studies, investigations or work and the development of national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical and similar nature related to said works, in order to support planning processes” (highlighting supplied). In accordance with the foregoing, the function of the IGN would be circumscribed, as the permanent official authority and in representation of the State, to the development of national policies of a cartographic, geographic, geodetic, geophysical and similar nature that it may have and that allow it to provide support to said works, in order to support planning processes; this in accordance with the provisions of numeral 59 of the Ley General de la Administración Pública, Law N°6227 of May 2, 1978, and its amendments, when providing that: “Article 59.- 1. Competence shall be regulated by law whenever it contains the attribution of powers of authority (potestades de imperio). 2. The internal distribution of competencies, as well as the creation of services without powers of authority, may be done by autonomous regulation, but it shall be subordinated to any future law on the matter. 3. The relationships between bodies may be regulated through autonomous regulation, which shall also be subordinated to any future law.” (Highlighting supplied.) Meanwhile, it should be noted that, regarding the territorial demarcation of indigenous reserves, this competence was delegated by the legal system at the time to the Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) -currently the Instituto de Desarrollo Rural (INDER)-, in accordance with the provisions of articles 5 and 8 of the Ley Indígena, Law N°6172 of November 29, 1977, and its amendments. Consistent with this, the jurisprudence issued by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has been reiterative in relation to the competencies of INDER, the National Commission on Indigenous Affairs (CONAI), and the Registro Nacional, on matters related to indigenous territories, designating to the Registro Nacional matters relating to the registry publicity derived from actions previously carried out by INDER and CONAI in the interest of the protection, securing, delimitation, and demarcation of indigenous reserves. Regarding this, see resolution Nº00496-2023 of 09:14 hours on April 13, 2023, issued by the Sala Primera, which, in what is of interest, provides: “XI. When analyzing this evidence, it is necessary to refer, in the first term, to the certifying power that CONAI is mistakenly attributing to itself. This power is a reserve of law, that is, only through express authorization embodied in a legal norm is the certifying power created. CONAI does not have said power according to its regulations, and furthermore, it does not meet the requirement imposed by article 65, subsection 2) of the Ley General de la Administración Pública, which establishes: “The power to issue certifications shall correspond solely to the body that has decision-making functions regarding what is certified […]”. When studying the Law of Creation of CONAI, no power related to delimiting or certifying the existence of properties within indigenous territory is established therein. This activity corresponds to INDER, as numeral 5 of the Ley Indígena provides its obligation to relocate non-indigenous persons or, failing that, to expropriate and indemnify them. The work of CONAI, as provided in that same numeral, consists of coordinating together with INDER the realization of the studies and procedures for expropriation and indemnification.” (Highlighting supplied. See along the same lines, resolutions Nº02878-2020 of 10:35 hours on December 10, 2020; 00552–2021 of 11:30 hours on March 9, 2021; Nº00681-2021 of 10:00 hours on March 25, 2021, all issued by the Sala Primera; among others.) Likewise, in the resolution in question, the Sala Primera is clear in stating the competence of INDER to carry out all necessary steps to maintain the protection, securing, delimitation, and demarcation of the indigenous territories found within the reserves, which are the exclusive property of the indigenous peoples, in accordance with the legal system and current and binding international conventions, namely: “XIII. Finally, this Chamber considers it important to indicate that INDER and CONAI have the legal obligation, from their competencies, and especially, from the creation of the Ley Indígena, to carry out all necessary steps to maintain the protection, securing, delimitation, and demarcation of the indigenous territories found within the Reserves, which are the exclusive property of the indigenous peoples. Among these securing actions, they must manage before the Registro Nacional the publicity to third parties of the lands and territories -in the terms of Convention 169 of the ILO- that are found within the Indigenous Reserves -Indigenous Territories- in order to evidence their situation of being goods located within those areas. The foregoing in compliance with national regulations and especially, the provisions of the Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples 1989 (ILO Convention 169), the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007 and the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples OAS 2016, among other international human rights instruments; additionally, the resolutions issued by the Inter-American Court of Human Rights, among them, the one issued on February 6, 2020, on the occasion of the case brought by the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) against Argentina, which essentially states: “the duty of the States to adopt measures to ensure the right of indigenous peoples to their property necessarily implies, in accordance with the principle of legal certainty, that the State must demarcate, delimit, and title the territories of the indigenous communities […]. Therefore, the non-compliance with said obligations constitutes a violation of the use and enjoyment of the property of the members of said communities”. The titling and demarcation must imply the peaceful use and enjoyment of the property.” (Kuna of Madugandí and Emberá of Bayano Indigenous Peoples and their Members Vs. Panama, 2014). Added to the above is the vote issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia number 24725-2022, in which the action of unconstitutionality filed against the jurisprudential line of the Sala Primera in relation to articles 3 and 5 of the Ley Indígena, among other relevant binding provisions, was rejected. By connection and consequence, based on article 122 subsections a), c), d), e), f), g) and K) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, INDER, CONAI, and the Registro Inmobiliario of the Registro Nacional must proceed in accordance with their respective competencies, respectively, to the protection, securing, delimitation, and demarcation of the involved indigenous reserve – indigenous territory – as well as to the proper annotation of the indigenous territory on the properties that comprise it, according to the regulations that created the reserve. These aspects will be specified and verified in the execution of the judgment of this process. Notify this judgment to the Registro Inmobiliario so that it may proceed as indicated, and to the other intervening parties.” (Highlighting supplied. See in that same sense, resolution Nº00005-2024 of 09:10 hours on January 11, 2024, issued by the Sala Primera.) Now then, on the other hand, and no less important, the Ley General de la Administración Pública is clear in its articles 65 and 66 regarding the issuance of certifications and the powers of authority in the exercise of public duties and their fulfillment, which provide: “Article 65.- 1. Every body shall be competent to carry out the regulated or material internal tasks necessary for the efficient dispatch of its affairs. 2. The power to issue certifications shall correspond solely to the body that has decision-making functions regarding what is certified or to its secretary. Article 66.- 1. The powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be inalienable, intransmissible, and imprescriptible. 2. Commitments not to exercise a power of authority may only be established by law. Said commitment may only be given within a bilateral and onerous act or contract. 3. The exercise of powers in specific cases may be expressly subject to expiration (caducidad), by virtue of other laws.” (The underlining in both articles is supplied.) By reason of the foregoing, in accordance with the legal system and the jurisprudence previously cited, it is not the competence of the IGN to certify whether a property is located or not in indigenous territories; given that, carrying out procedures related to the delimitations of indigenous reserves or certifying whether a specific property is located or not within indigenous territories by the IGN would be improper, besides resulting in a conflict of competencies given that the information sought to be accredited belongs to another entity. That is, the binding legal framework in the matter has designated that, in accordance with the principle of legality prevailing in numerals 11 of the Constitución Política and its namesake of the Ley General de la Administración Pública, the competence for the delimitation of indigenous reserves corresponds to INDER, without any interference from the IGN of the Registro Nacional, beyond the publicity of the limits duly described in the decrees that declare the indigenous reserves in accordance with the delimitation that the competent entity carries out of those reserves. It is reiterated that, in accordance with its competencies, the IGN has not issued any certification regarding indigenous territories, given that this function is not regulated within the Law of Creation and Organization of the Instituto Geográfico Nacional, Law N°59 of July 4, 1944, and its amendments, nor in Decreto Ejecutivo N°44481-MJP Reglamento del Instituto Geográfico Nacional of May 8, 2024; hence, the task of certifying the location or not of properties within indigenous territories is a task under the responsibility of INDER, as it is that institution to which the legal system granted the power to demarcate indigenous territories (article 8 Ley Indígena) and, consequently, said body has decision-making functions over those territories (article 65 Ley General de la Administración Pública), not the IGN. 2) Regarding the report requested as evidence for a better decision. The resolution of interest, that being the one of 14:41 hours on April 28, 2025, requests the following: “(…) as evidence for a decision, request a report FROM THE DIRECTOR OF THE INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL; so that they may clearly and precisely certify the following: a) whether the properties with real folio No. 751261-001-003-004-005-006-007 and No. 751261-001-003-005-006-007, cadastral plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991 - adjacent to the territory of the Asociación de Desarrollo Integral de Keköldi, are located or not within said indigenous territory. (…)” Once the competencies of the IGN in relation to indigenous territories have been clarified, and faced with the impossibility of certifying matters outside the competencies granted by the legal system to this instance, and with a view of the information published in the Information System of the Registro Inmobiliario (SIRI) of the Directorate of the Registro Inmobiliario of the Registro Nacional linked to the national coordinate system; and the digital image database of the IGN belonging to the Orthophoto Mosaic at a scale of 1:5,000 of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), in order to collaborate, we proceed to report the following: According to the query regarding the cadastral plans: 1) L-13392-1991 associated with property N°7-51261, located in district 03 Cahuita, canton 04 Talamanca, province 07 Limón; and 2) L-975726-1991 pertaining to property Dirección02, located in Dirección03, canton 01 Limón, province 07 Limón; the following is determined: a) The geographic location of the consulted properties was given by the professional responsible for the cadastral plans L-975726-1991 and L-13392-1991, according to the cartographic sheet, Cahuita and Amubri respectively, at a scale of 1:50,000. b) The reference information and the topographic survey contained in the cadastral plans L-975726-1991 and L-13392-1991 were those provided by the topography professional who prepared said plans at that time, which served as the basis for this report. c) The official basic cartography used to render the requested report corresponds to the scales 1:1,000 and 1:5,000; and to the continuous cartographic base of the Republic of Costa Rica at a scale of 1:25,000 (published in the Diario Oficial La Gaceta N°146 of July 29, 2011; and the Diario Oficial La Gaceta N°101 of June 7, 2018, respectively). Thus, in accordance with the criteria indicated above and having analyzed the available information, it could seemingly be indicated that the plans under study are located outside the zone of the Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles); reiterating once again that the information provided here is not a certification but rather a technical criterion issued in light of the inputs previously cited; it being necessary to clarify that INDER has not had, nor currently has, any official node or layer published in the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) regarding indigenous territories …”.

11.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that they appear on behalf of the members of the Keköldi indigenous people, who learned that in November and December 2023, tree felling began on the properties adjacent to their territory, which subsequently expanded and invaded the limits of their territory, to the point of approaching one of their streams. They refer that the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Keköldi (ADITIK) determined that the indigenous territory was indeed invaded and that the neighbors who are felling trees have a document called "forestry regency form (formulario de regencia forestal)" from the Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica, but in reality, it is unknown if it is a cutting permit or just an application. They add that in the Forestry Regency Form No.0007783, in which the authorization for the use of the forest resource is recorded for properties with real folio N° 751261-001-003-004-005-006-007 and Nº 751262-001-003-005-006-007, cadastral plans N° L-13392-1991 and L-975726-1991, located in the province of Limón, canton Talamanca, district of Cahuita; the title to these properties is publicized in the name of Nombre02, Nombre03 and Nombre04, all with surnames (Nombre05). They point out that on January 16, 2024, ADITIK requested collaboration from CONAI, to stop the forest use permit before MINAE, and to provide them with certification of the territorial limits of the Keköldi indigenous people. They add that the Vice-Minister of Peace, Erika Madriz Chinchilla, who is the coordinator of the Mesa Técnica Interinstitucional, referred the request from ADITIK to the MINAE minister, through document No. SVMP-MT-007-2024. They add that a report was issued on the field visit to the conflict zone and through official letter No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, it was verified that the Keköldi indigenous territory was invaded through tree felling. They accuse that the alleged permit was granted for 6 months, which implies that the exploitation of the forest resource has not yet finished, and that the felling continues to affect the Keköldi indigenous people and the environment. For the reasons stated, they appeal to the Chamber in protection of the fundamental rights of the protected party and request that the appeal be declared with merit.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed as duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On November 17, 2023, before the Limón – Talamanca Subregional Office, an application for a Certificate of Origin (Certificado de Origen, CO) was filed under the Agroforestry System (Sistema Agroforestal, SAF) modality for Forest Regeneration in the name of Nombre02, Nombre03 and Nombre04, stating that in case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023, the certificate was granted for a total of 174 trees in 12 species and a volume of 293.46 cubic meters (see report rendered under oath and attached evidence).

b) The Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20, 2024, and report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March 22, 2024, stating the following: “… on November 17, two thousand twenty-three, at the Limón – Talamanca Subregional Office itself, an application for a Certificate of Origin under the Agroforestry System for Forest Regeneration modality was received in the name of Nombre02, Nombre03 and Nombre05, for the use of 174 trees and by virtue of this, case file number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned, and it was processed and authorized because it met the requirements in accordance with the applicable technique and regulations. At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), on December 21, two thousand twenty-three, an inspection was carried out together with Mr. Edward Jackson Stewart, a member of the cited Association, for alleged illegal felling in the KEKÖLDI indigenous territory, and as a result of the cited inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared where it was concluded that no illicit activity was evident and it was recommended to follow up on the agreement reached with ADITIK about their limits …” (see report rendered under oath and attached evidence).

c) During the on-site visit, the technician María Fernanda Arias Villalobos, from the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA - MANZANILLO under CRTM05 coordinates: E 633141 N 1066730, recorded that significant felling of trees was observed, authorized under the certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023. Additionally, a review of the official layers of the territory limits was carried out with the Geographic Information Systems (SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and the same indicate that the felling took place outside the limits of the KEKÖLDI indigenous territory (see report rendered under oath and image attached to the case file as evidence).

d) Through official letter INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, the acting head of the Talamanca Territorial Office of INDER made known to CONAI that a technical inspection had been carried out at the site where a deforestation process was reported, with accompaniment from a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) of Keköldi and through the use of a GPS device with geospatial precision, coordinates were collected and their location was verified in the Information System of the Registro Inmobiliario (SIRI), the official platform of the Registro Nacional that contains the digital delimitation of indigenous territories, with a review being performed of the official layers of the territory limits with the Geographic Information Systems (SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and in turn using a GARMIN Montana 700 geolocation device, whose manufacturer reports a margin of error of ±3.7 meters, a fact that was duly considered in the technical analysis. All of which indicated that the felling took place outside the limits of the KEKÖLDI indigenous territory (see report rendered under oath and attached evidence).

III.- ON THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTER.

Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 of 9:20 hours on November 5, 2021, this Chamber specified:

“In this line of thought, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damages to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While in the first there is such certainty, in the second what is noted is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (the bold type was supplied).

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. That is, it is not about the requirement of having scientific studies to arrive at the ‘absolute certainty’ of the innocuousness of an activity for the environment (in principle, absolute security is hardly achievable), but, rather, that even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty will never justify nor excuse that the execution of effective measures to prevent degradation of the environment be postponed. In this regard, note, on the one hand, that we are not facing any type of threat ‑it must plausibly involve a serious danger‑, and, on the other hand, that the measure demands an effective and efficient use of the resources employed.

In the sense set forth, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could cause damage to the environment—which would distort its raison d'être—but rather that it is necessary to have a certain degree of identification of the dangers of a serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation requiring the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification application that reasonably entails a serious risk; they are even obliged to suspend activities that are being carried out. At the same time, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is also contained in a hard law legal source, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states—provides:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica—see Law No. 8538 of August 23, 2006—which reads:

“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary principle enshrined in principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.

Likewise, such principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of June 30, 1994, whose preamble establishes: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of reduction or loss of biological diversity at its source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.

In accordance with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purpose of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, for which, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are ‘effective’ to prevent serious or irreversible damage” (emphasis added).

Subsequent to that ruling and through a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the Inter-American Court ruled on February 6, 2020, as follows: “the right to a healthy environment ‘must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention’, given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it must be emphasized that, in this pronouncement, the Inter-American Court refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force of a judgment. In this regard, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature,’ not only for its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but for its importance for the other living organisms with which the planet is shared.’ This does not, of course, preclude that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.”

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as is well stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to the fact that “the causes and sources of environmental problems shall be addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention shall prevail, then, over any other in public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes perfect sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of harmful effects.

Such institute is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional case law (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional case law, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Nombre06 vs. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court expressly states:

“208. Notwithstanding the foregoing, in specific environmental matters, it should be highlighted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures necessary ex ante the occurrence of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal with the aim of preventing activities under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201. On the other hand, while it is not possible to provide a detailed enumeration of all measures that States could take in order to fulfill this duty, some may be identified, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and oversee; iii) require and approve environmental impact assessment studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.”

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that “in case of doubt, all proceedings before courts, administrative bodies and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).

In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.”

The in dubio pro natura principle, then, does not depend on a danger of serious or irreversible damage—as happens with the precautionary principle—but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

On the other hand, in Judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration to those—such as the right to the environment (art. 11 of the Protocol)—that require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Magna Carta, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to nature itself, which negatively impact the achievements made up to that point and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Right to the Constitution and the principles under examination oblige the State to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has stated in its case law, regarding the right to health: ‘…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the guise of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment according to the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).’ (The emphasis does not correspond to the original). (In the same sense, Judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397).”

Thus, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, if the case arises, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

“As for the environment, object of the aforementioned fundamental right, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy.’ The requirement ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ the need for sustainable and sustainble development is derived; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, under the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, State actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ In terms of the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘From the objectification of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or ‘principle of prudent avoidance’], since, as derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which the requirement of linkage to science and technique is derived, thereby conditioning the discretion of the Administration in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it is mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in case of ‘reasonable doubt,’ it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgments of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05).’ (emphasis added). (Ruling No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the present matter, the petitioner alleges a violation of the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment given that, according to his statement, in November and December 2023, tree felling began on properties adjacent to the Bribri Indigenous Territory of Keköldi, which later expanded and invaded the boundaries of his territory, to the point of approaching one of its streams. He states that the Asociación de Desarrollo Integral ADITIK determined that the indigenous territory was indeed invaded and that the neighbors who are felling have a document called “forest management form (formulario de regencia forestal).”

As can be inferred in the sub lite, on November 17, 2023, an application for a Certificate of Origin (Certificado de Origen, CO) was filed before the Limón–Talamanca Subregional Office under the Agroforestry System modality by Forest Regeneration in the name of Nombre02, Nombre03, and Nombre04, and it is on record that in case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023, the certificate was granted for a total of 174 trees in 12 species and a volume of 293.46 cubic meters. In addition, the Área de Conservación la Amistad Caribe prepared technical report number SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 dated December 21, 2023, report number SINAC-ACLAC-SLT-087-2024 dated March 20, 2024, and report number SINAC-ACLAC-PPCP-029-2024 dated March 22, 2024, stating the following: “… on November 17, two thousand twenty-three, specifically at the Limón–Talamanca Subregional Office, an application for a Certificate of Origin under the Agroforestry System by Forest Regeneration modality was received in the name of Nombre02, Nombre03, and Nombre05 for the utilization of 174 trees, and by virtue thereof, case file number AC-AC03-CO-SAF-00122-2023 was assigned; in addition, it was processed and authorized because it met the requirements in accordance with the applicable technique and regulations. At the request of the Asociación de Desarrollo Integral Territorio Indígena Keköldi (ADITIK), on December 21, two thousand twenty-three, an inspection was carried out together with Mr. Edward Jackson Stewart, a member of the aforementioned Association, for alleged illegal logging in the KEKÖLDI indigenous territory, and as a result of said inspection, report SINACACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 was prepared, concluding that no illegal act was evidenced and it was recommended to follow up on the agreement reached with the ADITIK regarding its boundaries ….” Likewise, it is verified that during the on-site visit, the technician María Fernanda Arias Villalobos, from the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE REFUGIO NACIONAL MIXTO DE VIDA SILVESTRE GANDOCA – MANZANILLO under coordinates CRTM05: E 633141 N 1066730, noted that a significant felling of trees was observed, authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023.

Both the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) and the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) are the legally empowered entities to determine whether a property is located within or outside an indigenous territory, in accordance with Article 8 of the Indigenous Law (Ley Indígena, Law No. 6172), which expressly establishes that it is the responsibility of INDER, in coordination with CONAI, to carry out the territorial demarcation of indigenous reserves according to legally established boundaries. This attribution confers upon said institutions the competence to carry out technical delimitation processes, including field studies, cartographic analysis, and the use of georeferenced systems, in order to establish with legal certainty the boundaries of the indigenous territories recognized by the State.

In application of that power, the Oficina de Desarrollo Territorial de Talamanca of INDER, through official communication INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024, ordered the performance of a technical inspection on the site—as was well stated supra—where a deforestation process was reported, accompanied by a person designated by the Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) of Keköldi, and through the use of GPS equipment with geospatial precision, collected coordinates and verified their location in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI), the official platform of the Registro Nacional containing the digital delimitation of indigenous territories, resulting in the review of the official boundary layers of the territory with Geographic Information Systems (Sistemas de Información Geográfica, SIG) through the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), and these indicate that the felling was carried out outside the limits of the KEKÖLDI indigenous territory. In turn, according to field visit report No. SINAC-ACLAC-DASP-RNVSGM-190-2023 of December 21, 2024, and official communication No. INDER-GG-DRT-RDHC-OTTA-OFI-0020-2024 of January 23, 2024, the SINAC technician, María Fernanda Arias Villalobos, in partnership with Mr. Edward Jackson Stewart—member of ADITIK—took 7 points and when these were located in the Sistema de Información de Registro Inmobiliario (SIRI) of the Registro Nacional, it was observed that all points are outside the Keköldi Indigenous Territory, taking into consideration the margin of error—of ±3.7 meters—indicated by the manufacturer of the equipment—GARMIN Montana 700—used in said proceeding.

From said report, it follows that the inspected area is located outside the boundaries of the Keköldi Indigenous Territory, according to the available technical records, and it is placed on record that the ADI has the updated “shape” (geographical file) of said delimitation.

Thus, the technical criterion issued by INDER is based on its own competences, in accordance with the legal system, so that it constitutes the valid and authorized reference for determining the territorial location of properties with respect to indigenous reserves. Consequently, it must be understood that the official determination of whether a property is within or outside an indigenous reserve corresponds solely to INDER and CONAI, and that, in the present matter, given that it has been accredited through a duly substantiated technical inspection that the area in question is located outside the boundaries of the Keköldi indigenous territory, there is no violation whatsoever of protected collective or territorial rights, nor grounds to question the result of said territorial evaluation.

In addition to the foregoing, it is important to note that in the evidence gathered for a better resolution brought to the process, the representative of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) clarifies that it does not have the legal competence to certify whether a property is or is not within an indigenous territory, since this function is exclusive to the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), as provided for by the Indigenous Law (Law No. 6172 of 1977) and the current case law. Furthermore, that the IGN has limited competences in the cartographic and geographical field, as established by its Creation Law (Law No. 59 of 1944), which does not include the certification of indigenous territories; for the Indigenous Law, in its Articles 5 and 8, assigns INDER the responsibility for the delimitation and demarcation of indigenous reserves. That institution, in coordination with the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), has the obligation to guarantee the protection and safeguarding of indigenous territories. In any case, the director of the ING notes that “… apparently it could be indicated that the plans under study are located outside the area of the Bribri Indigenous Reserve of Keköldi (Cocles); reiterating once again that the information provided herein is not a certification but a technical criterion issued in light of the aforementioned inputs ….”

Now, as can be inferred from the reports rendered under oath and from the body of evidence on file in the electronic case file, the felling of trees authorized under certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023 was carried out outside the limits of the Keköldi indigenous territory. That is, it was not accredited that the tree felling took place within said indigenous territory, which is why this Chamber does not consider that any fundamental right has been violated, and therefore no violation of the Keköldi indigenous territory is verified.

V.- Finally, in light of the decision rendered herein, the Vice-Ministry of Peace—in its capacity as coordinator of the Inter-Institutional Technical Table—and the Ministry of Environment and Energy shall take note of their duty to follow up on the tree felling in the aforementioned area, in relation to case file number AC-AC03-COSAF-00122-2023—certificate of origin number CO SAF RN 151-2280-2023—in accordance with the preventive and precautionary principles, already developed in this pronouncement.

VI.- SEPARATE REASONS OF JUDGE SALAZAR ALVARADO. With due respect, I concur with the majority vote that dismisses the appeal; however, I base my opinion on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to cite just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate the control of constitutionality from the control of legality. In this sense, it is the undersigned’s criterion that this Chamber, through amparo proceedings, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and that directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed through the legality process. Therefore, the mere failure to comply with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is appropriate to be heard through the legality process—administrative or jurisdictional—where, with much greater breadth, the alleged non-compliances or omissions may be scrutinized.

It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid proceeding, such that, from the very moment in which the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, by issuing administrative acts, its cognizance falls outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its correct assessment, a full evidentiary process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo proceeding is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force, or with the production of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative file of the case. To do otherwise would imply transforming the amparo into an ordinary proceeding of full cognizance, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and oversight correspond to the jurisdiction of the administrative litigation court. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention which determines that the matter falls under the competence of the legality track. Consequently, this remedy should have been rejected outright, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved on the legality track. However, as this was not done, the proper course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, since it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the administrative litigation court, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are cautioned that if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Therefore:

The remedy is declared without merit. The Viceministerio de Paz and the Ministerio de Ambiente y Energía take note of the provisions in considerando V of this judgment. Magistrate Salazar Alvarado sets forth different reasons, considering that it falls to the ordinary jurisdiction, specifically, the administrative litigation court, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. -








Fernando Castillo V.

Presidente






Fernando Cruz C.



Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.



Ingrid Hess H.



Ileana Sánchez N.



Rosibel Jara V.



Documento Firmado Digitalmente

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