Res. 16097-2025 Sala Constitucional — Amparo regarding failure to respond to request for environmental and public property information from municipalityAmparo sobre omisión de respuesta a solicitud de información ambiental y de bienes demaniales ante municipalidad

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16097 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-005794-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: INFORMACIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

FALTA DE RESPUESTA.

016097-25. MUNICIPALIDAD. INFORMACIÓN. PETICIÓN. SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, SOBRE AGUAS NEGRAS EN CAUSE DE RÍOS Y, NO LE HAN CONTESTADO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LOS LISTADOS DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL CANTÓN DE SAN RAFAEL QUE ARROJAN SUS AGUAS GRISES Y NEGRAS A LOS CAUCES DE LOS RÍOS Y DE LAS CONSTRUCCIONES QUE IRRESPETAN EL ALINEAMIENTO VIAL O QUE OBSTRUYEN O LIMITAN EL USO DE LAS ACERAS, Y DE LOS BIENES DEMANIALES. SE ORDENA AL ALCALDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, QUE DISPONGAN Y COORDINEN LO NECESARIO A EFECTO QUE, EN EL PLAZO DE TRES MESES, SE BRINDE AL AMPARADO ESA INFORMACIÓN. VCG06/2025

“(…) IV.- CASO CONCRETO. Conviene, en primer término, advertir a la parte recurrente que en lo que respecta a la ejecución de una sentencia de esta Sala y la recuperación de las zonas protegidas, lo que se formula en las solicitudes de 14 de mayo y de 11 de julio, ambos de 2024, lo que se plantea no es una solicitud de información pura y simple, sino un exhortativa. Tampoco la réplica que plantea respecto de la respuesta que se le brindó en el oficio AL-356-2024 de 5 de junio de 2024, se encuentra cobijada por el derecho de petición. En todo caso, consta que, por oficio No. AL-356-2024 de 5 de junio de 2024 se brindó una respuesta al amparado sobre lo pretendido. De ahí que, en lo que a esos extremos respecta, el recurso debe desestimarse.

De otra parte, aunque en el oficio No. AL-356-2024 de 5 de junio de 2024 se manifestó al actor que, para atender el punto III de la solicitud de 14 de mayo de ese mismo año resultaba necesario realizar un mapeo del cantón de San Rafael y que a esos efectos se coordinaría con las dependencias competentes para iniciar la sistematización de la información, prácticamente un año después, no consta que al amparado se le ha brindado la información que echa de menos. Tampoco se acreditó que lo pedido el 24 de enero de 2025 se le haya suministrado a este. Así las cosas, en lo que respecta esos extremos del recurso, aprecia la Sala que existe la omisión acusada. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, en lo que a esas solicitudes atañe. (…)”




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Texto de la resolución

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Exp: 25-005794-0007-CO

Res. Nº 2025016097

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo promovido por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA.

RESULTANDO:

 1.- Mediante memorial presentado a las 22:33 horas de 27 de febrero de 2025, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Municipalidad de San Rafael de Heredia, pues, según afirma, el 14 de mayo de 2024 remitió el oficio No. CCZ-14-05- 2024  a la alcaldía municipal, a través del correo electrónico, mediante el cual solicitó que se le informara qué acciones está tomando sobre los siguientes tres temas: i- Estamos a 60 días para que se cumpla el plazo improrrogable que mediante Sentencia No. 017109- 2023 sobre el Expediente No. 22-027662-0007-CO dicto la Sala Constitucional el pasado 07/07/2023 y notificado a las partes el 14/07/2023, Así las cosas, el próximo 14 de julio del 2024, ya deben están realizados todos los desalojos de las personas o sociedades que se encuentren dentro de los terrenos que abarcan la Ley No.65. II- Sobre el irrespeto de las zonas inalienables de los ríos y los ilegales desfogues de aguas negras en los cauces de los ríos del cantón. III- El listado actualizado en el plazo de ley de todas aquellas obras que se encuentran en estas condiciones; ya sea, en mayor o menor grado; pero que deben ser atendidas por la MSRH para hacer cumplir la ley que en definitiva deban ser demolidas parcial o totalmente, porque no hay forma posible de subsanar; por estar dentro de zonas protegidas como por ejemplo los 10 metros de los márgenes de los ríos; así como aquellas obras que irrespetan el alineamiento vial invadiendo el derecho de vía o presentan rampas que incumplen sobreelevadas que obstruyen o limitan el uso de las aceras para los peatones”. Alega que recibió el oficio No. AL-356-2024 del 5 de junio de 2024, pero no se da respuesta a sus planteamientos. Con respecto al punto III de la solicitud referente al listado de construcciones a demoler porque fueron construidas ilegalmente e incumplen con la normativa vigente en temas de planificación urbana, de leyes ambientales, etc. la alcaldía manifestó: “Finalmente, en lo referente al listado que solicita, dada la complejidad de su petición, la cual implica un mapeo de la totalidad del Cantón, se coordinara con los Departamentos correspondientes a fin de iniciar una sistematización de dicha información a fin de que la misma sea accesible tanto para el recurrente, como para cualquier otro ciudadano”; sin embargo, a la fecha de interposición del presente recurso, no se le ha entregado dicha información. Posteriormente, el 11 de julio de 2024, remitió vía correo electrónico el Oficio No. CCZ-11-7-2024, dirigido a la alcaldía municipal por medio del cual solicitó que se le informara acerca de todos los bienes patrimoniales de esa municipalidad y varios aspectos relacionados con ellos que son de interés público, pero han transcurrido más de siete meses y no ha recibido dicha información. Además, el 24 de enero de 2025 envió a la autoridad recurrida el oficio No. CCZ-24-01-2025, pero tampoco ha recibido respuesta.

 2.- Por resolución de las 12:52 horas de 7 de marzo de 2025 se previno a la parte recurrente que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento aportara copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de todas las gestiones que señala planteó ante la autoridad accionada y cuya falta de respuesta alega en el memorial de interposición de este proceso.

 3.- Mediante resolución de las 9:44 horas de 11 de marzo de 2025 se tuvo por cumplida esa prevención; se dio curso al recurso y se requirió un informe al alcalde de San Rafael de Heredia, sobre los hechos acusados.

 4.- Informa bajo juramento Jorge Eduardo Arias Santamaria, en su condición de alcalde de San Rafael de Heredia, que del oficio IU-038-2025 se colige que:

“1. Con relación a la información solicitada mediante el oficio NO CCZ-14-5-2024, le indico que la información ha sido brindada mediante varios oficios, ya que los temas expuestos han sido consultados por el Sr. Nombre01 en varias ocasiones, siendo atendidos finalmente mediante los oficios IU-186-2024 y AM- 1009-2024, los cuales fueron notificados vía correo electrónico el 1 8 de octubre del 2024, tal y como constan en la siguiente imagen:

…

A través de este último oficio se le indicó al Sr. Nombre01 lo siguiente:

"En relación a la sentencia No. 017109-2023 me permito indicarle que la sentencia generada fue hacia la entidad MINAE, por lo que no es un tema resorte de la Corporación Municipal; es decir, quien debe ejecutar es el MINAE; por supuesto que en caso de dicha institución requiera la colaboración de la Municipalidad estamos en la mayor disposición de colaborar, sin embargo, el proceso de ser liderado y llevado a cabo por el MINAE.

Con ese mismo orden de ideas y de la lista solicitada se le indica que se tiene conocimiento de procesos de notificaciones, pero sin determinación de forma definitiva o específica del tipo de infracción sobre los alineamientos y áreas de retiros de los ríos, así mismo se realizan notificaciones por denuncia o de oficio situación que se indicó en el oficio previo de Don Nombre02; además se tiene conocimiento de muchos casos de desfogue de aguas negras de igual manera que al no ser resorte de la municipalidad deben tratarse directamente por parte del Ministerio de Salud; sin embargo, la Municipalidad sí ha dado información y acompañamiento de forma continua a dicho Ministerio para agilizar el proceso; pero justamente no realizamos desalojos ni órdenes sanitarias porque eso le compete específicamente al Ministerio de salud.

En continuación del párrafo anterior el tema de aguas que generen malos olores, se indica que de forma adicional los temas de aguas que generen olor, siempre y cuando se trate tanto de aguas de pilas como fregaderos, es decir, jabonosas así como residuales y grises que se desfoguen de forma incorrecta a la vía pública o hacia cauces de quebradas o ríos, las mismas deben de diligenciarse directamente con el Ministerio de Salud; con respecto a las aparentes aguas residuales es el Ministerio de Salud como ente competente de la Salud Pública es quien debe ejercer los controles pertinentes, encargado de velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de salud pública, dicha institución tiene los mecanismos legales y técnicos para declarar una vivienda inhabitable o insalubre, lo anterior con base en Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud DECRETOS NO 30921S EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE SALUD En uso de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; 28 de la Ley General de la Administración Pública; 3 y 28 de la Ley NO 5412 de 8 de noviembre de 1973 "Ley Orgánica del Ministerio de Salud"; y Ley NO 7927 de 12 de octubre de 1999. Considerando: 1. — Que la acción rectora del Ministerio de Salud debe conducir a la unificación, fortalecimiento y modernización de las políticas, legislación, planes, programas y proyectos, así como la movilización y sinergia de las fuerzas sociales, institucionales y comunitarias que favorecen la salud, el bienestar, y la protección y mejoramiento del ambiente humano. 2. — Que el Ministerio de Salud requiere de una organización para la gestión, de carácter político-gerencial, indispensable para conducir, vigilar y regular la producción social de la salud. 3.—Que mediante Ley NO 7927 de 12 de octubre de 1999, publicada en La Gaceta NO 215 del 5 de noviembre de 1999, se autorizó al Poder Ejecutivo para establecer vía reglamento la estructura administrativa interna del Ministerio de Salud. 4.— Que, por lo anterior, se hace necesario y oportuno emitir el citado reglamento. Por tanto, DECRETAN: El siguiente: Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1 0—De la Misión, Visión y Valores del Ministerio de Salud: - Misión: garantizar que la producción social de la salud se realice en forma eficiente y eficaz, mediante el ejercicio de la Rectoría, con plena participación de los actores sociales, para contribuir a mantener y mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país, bajo los principios de equidad, solidaridad y universalidad. - Visión: el Ministerio de Salud es una organización líder y conductora de la producción social de la salud, con un perfil organizacional y un marco legal actualizados, con prestigio y credibilidad, capaz de convocar a la negociación y concertación de los diversos actores sociales, apoyada en el pensamiento crítico, trabajo en equipo, participación social y en un sistema de información adecuado y oportuno. - Valores: mística, conocimiento, motivación, participación, creatividad, productividad, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, compromiso y concertación. Artículo 2—Corresponde al Ministerio de Salud velar por la salud de la población, ejerciendo el rol rector en el Sector Salud. Por Rectoría debe entenderse el ejercicio político, técnico, administrativo y legal del Ministerio de Salud, para dirigir, conducir, regular, controlar y fiscalizar los diferentes procesos de la sociedad relacionados con la producción social de la salud y el gasto público en salud. El Ministerio de Salud ejercerá su competencia rectora por medio de las siguientes funciones estratégicas:

a. Dirección y conducción: es el proceso sistémico orientado a dirigir políticamente y a guiar de manera operativa y estratégica la producción social de la salud. Esta función se fundamenta en la formulación y seguimiento al cumplimiento de la Política Nacional de Salud, Programas Sectoriales de Salud y Planes Estratégicos en Salud, para lo cual, requiere de planificación, coordinación e integración de las actividades relacionadas con la producción social de la salud y con la promoción de la capacidad de respuesta de los actores que participan en este proceso. b. Vigilancia de la salud: garantiza el fortalecimiento de la salud en los distintos espacios población del territorio nacional, mediante la conducción, dirección y evaluación de las intervenciones sanitarias a partir del Análisis de la situación de salud y la Vigilancia epidemiológica y la elaboración de escenarios de salud, los cuales constituyen el principal insumo para la función de planificación estratégica. Incluye el desarrollo de sistemas de información para la medición, análisis y monitoreo de los factores que determinan la situación de salud actual y para la evaluación de escenarios futuros. c. Regulación: es el Control y evaluación de las actividades que afectan la salud de las personas y el ambiente, para garantizar que los actores sociales que realizan actividades relativas a la salud de las personas y del ambiente, cumplan con lo estipulado en instructivos, manuales, formularios y demás instrumentos, así como en los reglamentos, leyes y procedimientos jurídicos, administrativos y técnicos. Implica difundir, capacitar, aplicar y evaluar. d. Investigación científica y desarrollo tecnológico: es la promoción y desarrollo de investigaciones científicas y desarrollo tecnológico en salud, para producir conocimiento científico y respuestas tecnológicas necesarias para apoyar la dirección

...

Con respecto a que la Municipalidad inicie procesos de Notificaciones formales de Resoluciones para eventuales demoliciones, le indico primeramente que muchas de las construcciones que en apariencia pueden estar invadiendo zonas de protección o alineamientos, se trata de construcciones que tienen más de 40 0 50 años, por lo que no se cuenta con información de las mismas, máxime si consideramos que hace muchos años hasta el Concejo Municipal otorgaba Licencias de Construcción sin quedar registro alguno, por tal motivo, en caso de que el Sr. Nombre01 desee conocer sobre un caso en particular le solicitamos respetuosamente que se realice de manera puntual y conforme corresponde se le dará la información; ya que como se indicó por parte de la asesoría legal, estos casos de edificaciones cercanas a causes de los ríos se trata de un mal endémico y que aparte si bien es cierto se tiene conocimiento de algunos casos sobre de construcciones ilegales no tenemos definido o apartado en un registro o lista de cuales de esos casos son específicos de invasiones como invasión a la vía o invasión al río pero se está trabajando en identificar con otras unidades para generar mapas específicos si deseas saber de un caso específico puede solicitarnos y con mucho gusto le podemos brindar la información como corresponde en derecho.

En relación a la lista de casos que se menciona, le indico que los 1500 casos, corresponde o se refiere a un número de consecutivo de casos, que trata de diversas problemáticas, razón por la cual muchos de los cuales ya han sido resueltos, puestos a derecho o en proceso de tramitología de ley, por lo cual resulta incorrecto asumir que se trata de 1500 casos que no han sido tramitados o diligenciados oportunamente o que se tratan únicamente de invasiones.

Finalmente, le recalco que esta Municipalidad, propiamente en las gestiones que debe realizar la Unidad de Gestión Urbana y Territorial, realiza un aproximado de 60 a 80 resoluciones administrativas por mes, por irregularidades asociadas al tema constructivo, por lo que no se está cruzado de manos únicamente esperando denuncias, sino que se trata de brindar seguimiento a los casos en curso y a los casos nuevos que van llegando, detectados en muchas ocasiones de oficio por parte de los inspectores…”

Como podemos observar, los temas consultados por el recurrente han sido ampliamente analizados por la administración municipal; no obstante, actualmente no cuenta con un listado de las fincas que albergan construcciones dentro de zona de protección de ríos, quebradas u otros cauces de dominio público, ya que a pesar de que conocen que dicha problemática existe, la misma obedece principalmente a construcciones realizadas principalmente desde décadas anteriores. Por lo que no podríamos pensar que un problema que se ha suscitado por décadas se solucione de la noche a la mañana, salvo casos muy puntuales en que la Municipalidad recientemente haya clausurado construcciones en estas zonas, en cuyo caso, se les debe dictar orden de demolición cumpliendo con el debido proceso. Finalmente le indico que al Sr. Nombre01 se le ha invitado a indicarnos que en caso de conocer de casos puntuales de este tipo nos lo haga saber para brindarle la información que requiera …”

 

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

CONSIDERANDO:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acota que ha formulado distintas solicitudes de información ante el ente local recurrido; no obstante, meses después, continúa sin recibir lo pedido. Afirma que ese proceder es contrario a sus derechos fundamentales.

II.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Dado que la autoridad recurrida, omitió indicar en su informe, si el correo electrónico al que la parte recurrente dirigió sus solicitudes está previsto como mecanismo oficial de comunicación, en los términos indicados por este Tribunal en la resolución de traslado, se tendrá como tal.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 14 de mayo de 2024, el recurrente remitió el oficio No. CCZ-14-05-2024, a la Alcaldía de San Rafael de Heredia, a través del correo electrónico, mediante el cual solicitó que se le informara qué acciones está tomando sobre los siguientes tres temas:  “…les informo que hoy 14 de mayo del 2024, estamos a 60 días para que se cumpla el plazo improrrogable que mediante Sentencia No. 017109-2023 sobre el Expediente No. 22-027662-0007-CO dicto la Sala Constitucional el pasado 07/07/2023 y notificado a las partes el 14/07/2023, en dicha sentencia se ordenó: “ … Se ordena a Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gire las órdenes pertinentes y disponga de manera pronta y oportuna las acciones y coordinaciones necesarias para que, en un plazo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural. Posteriormente, dentro de los SEIS MESES posteriores, se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin. Finalmente, deberá la autoridad recurrida remitir a este Tribunal cada TRES MESES, un informe de avance de las acciones llevadas a cabo, respecto a la identificación de los terrenos y la reivindicación de las zonas protegidas. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.” (La negrita es nuestra) Así las cosas, el próximo 14 de julio del 2024, ya deben están realizados todos los desalojos de las personas o sociedades que se encuentren dentro de los terrenos que abarcan la Ley No.65, tal como lo describe en su artículo 1; a saber: “ Art. 1: Se declara inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho, a uno y otro lado de la cima de las montañas con el nombre de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia, ya sea dicha zona de propiedad nacional o municipal ” ( La negrita es nuestra ) Dicha sentencia es sumamente clara, no es que a partir del 14/07/2024 se inicien los procesos o procedimientos, todo lo contrario, para esa fecha perentoria ya los desalojos deben estar realizados y en caso de oposición de los que ahí se encuentren para esa fecha; en condición registral o de poseedores se debe haber iniciado las acciones pertinentes para recuperar esas áreas protegidas y así lo exige la comunidad. En ese mismo orden de ideas, en otras áreas del cantón de San Rafael de Heredia se ha irrespetado el área de protección de ríos, permitiendo por omisión, inacción o incluso autorizando construcciones de viviendas y otros en las márgenes de nuestros ríos, con el evidente perjuicio a la naturaleza y a las aguas superficiales de estos ríos, otrora limpios y hoy día cloacas a cielo abierto, ya que la gran mayoría de esas construcciones arrojan sus aguas grises y negras a los cauces de nuestros ríos, situación que según la Jefe del Ministerio de Salud de San Rafael de Heredia (MS), es harto conocida por los funcionarios municipales, ya que el MS han girado las ordenes sanitarias correspondientes y han suministrado dicha información a la MSRH, sin que se cumpla con la legislación vigente en materia ambiental y de salud pública. Adicionalmente, solicito: El listado actualizado en el plazo de ley de todas aquellas obras que se encuentran en estas condiciones; ya sea, en mayor o menor grado; pero que deben ser atendidas por la MSRH para hacer cumplir la ley, ya sea que los infractores les corresponda realizar mejoras para NO desfogar sus aguas grises y negras a los cauces de nuestros ríos, canalizándolas a través de sistemas de tratamiento adecuados para evitar la contaminación de las aguas superficiales, así como por la infiltración de los nitratos y bacterias a nuestros manantiales; o que en definitiva deban ser demolidas parcial o totalmente, porque no hay forma posible de subsanar; por estar dentro de zonas protegidas como por ejemplo los 10 metros de los márgenes de los ríos; así como aquellas obras que irrespetan el alineamiento vial invadiendo el derecho de vía o presentan rampas que incumplen sobreelevadas que obstruyen o limitan el uso de las aceras para los peatones, sobre lo cual estaremos vigilantes de que se cumpla con las mismas” (copia adjunta al libelo de interposición). 2) Mediante el oficio No. AL-356-2024 de 5 de junio de 2024 se brindó la siguiente respuesta al amparado: “… 1.- Que los procedimientos relacionados a la recuperación de zonas, en virtud del decreto de 1889, se encuentra en ejecución y se valoran las gestiones y documentos que sobre el tema se presentan a fin de cumplir con el seguimiento ordenado por la Sala Constitucional. 2.- Que la Municipalidad actúa cuando se detectan irregularidades constructivas, ya sea por denuncia o de oficio, procediendo a activar los mecanismos para solucionar dichos problemas 3.- En el tema del vertido de aguas jabonosas o negras de forma irregular, se coordina con el Ministerio de Salud, quien es finalmente, el responsable de girar las órdenes sanitarias correspondientes. 4.- Que la información solicitada, requiere, dada su extensión y complejidad, de un análisis interdepartamental complejo, por lo que, se realizaran las gestiones de rigor, para brindarle la información oportunamente …” (copia adjunta al libelo de interposición). 3) El 11 de julio de 2024, el recurrente remitió un correo electrónico a la recurrida, que señala lo siguiente: “… En mi Oficio No.CCZ-14-5-2024 les indique que según Voto No. 017109-2023 del 7 julio del 2023, se cumple el segundo plazo de seis meses fijados a las instituciones públicas, para el cumplimiento de la Ley 65, y en lo que atañe a la Municipalidad de San Rafael de Heredia y a otras que estén afectadas por esta ley, es. “dentro de los SEIS MESES posteriores, se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas, según lo establecido por la Ley N° 65 del 30 de julio de 1888, e iniciar materialmente, cuando así corresponda, los procesos o procedimientos necesarios para tal fin. “ (La negrita es nuestra) Es claro el voto cuando ordena coordinar las acciones que sean necesarias a fin de recuperar las zonas protegidas y a escazas 2 semanas es la información que les solicite, porque para seguir en la misma tesitura de su respuesta, el MINAE ya superó el periodo de seis meses que se le otorgo para lo que la Sala ordenó: “ Se ordena a Franz Tattenbach Capra, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, o a quien en su lugar ocupe ese cargo … se identifiquen la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural “ (La negrita es nuestra) Y esta información del MINAE ya debería estar en poder de la MSRH desde hace cerca de seis meses y Uds. cumpliendo con la segunda parte de la Resolución “ se deberá coordinar las acciones que sean necesarias, a fin de recuperar las zonas protegidas “ (La negrita no es del original) y precisamente eso fue lo que les solicite que me informaran y en vista que ya contrataron una abogada externa para ello, solicito que se me copie de todos y cada uno de los informes recibidos de esta profesional contratada por la MSRH. Con respecto a la segunda parte de mi solicitud es importante recalcar varios puntos de su respuesta, manifiesta Ud. “ con respecto al irrespeto del área de exclusión de los márgenes de los ríos en materia constructiva y el vertido de aguas negras as los cauces, se debe indicar que cuando se recibe una denuncia de construcción ilegal, la Municipalidad procede a realizar las inspecciones correspondientes y a otorgar el plazo de ley a los propietarios para que se pongan a derecho, “ (La negrita es nuestra). Primero que todo, indicar que la MSRH no solo debe cruzarse de brazos y esperar recibir de vecinos denuncias por irrespeto al área de exclusión o vertido de aguas negras, todo lo contrario debe ser proactiva y cumplir con lo que la ley la autoriza, pero también la obliga y tengo información del Ministerio de Salud de las obras que ellos les han notificado que incumplen y no han actuado, también es notorio y evidente las construcciones en las zonas inalienables de protección a ríos y tampoco han actuado, haciendo respetar la ley y mas bien se han hecho de la vista gorda, en clarísima violación del Artículo 50 Constitucional. De forma tal que lo que pareciera una excusa de que el vertido de aguas negras es un mal endémico, no lleva razón ni justificación y repito el Ministerio de Salud indica que se les ha enviado las informaciones y la MSRH no ha actuado. Y lamentablemente dentro de su Oficio No. Oficio N°AL-356-2024 que indica: “Finalmente, en lo referente al listado que solicita, dada la complejidad de su petición, la cual implica un mapeo de la totalidad del Cantón, se coordinara con los Departamentos correspondientes a fin de iniciar una sistematización de dicha información a fin de que la misma sea accesible tanto para el recurrente, como para cualquier otro ciudadano.” (La negrita es nuestra) Le informo que dicha respuesta no es de recibo y la información sea cual fuere la presentación que tenga, tienen que entregármela, así como yo tengo esa misma información de años anteriores y que Uds. deseen hacerle correcciones no justifica de ninguna manera que no me la entreguen; porque precisamente deseo compararla con la información de demoliciones que ya tengo para ver si es tan cierto como Ud. dice que se han venido cumpliendo con los deberes y obligaciones que corresponden a la MSRH. Por ejemplo las siguientes demoliciones y claro las mas de 1500 que tengo en mi poder. Y Sr. Jorge Santamaría, continúa sin recibir de su parte su correo oficial como Alcalde de MSRH …” (sic). (adjunta al libelo de interposición). 4) El 24 de enero de 2025, el recurrente formuló una solicitud ante el ente recurrido a efectos de que se brindara la siguiente información: “…Por este medio le solicito formalmente se sirva brindarme el detalle de los bienes inmuebles patrimoniales que posee la MSRH, con la siguiente información: -Folio Real: -Plano Catastrado: -Ubicación: -Uso actual por parte de la MSRH o usufructuario. -Usufructuario actual si fuere el caso (préstamo u otro de predio o edificio): -Desde cuando determinada persona física o jurídica usufructo el bien inmueble: -Motivo por el cual a persona física o jurídica usufructúa el bien patrimonial de la municipalidad: -Plazo que le queda a la persona física o jurídica para que finalice el usufructo: -Existencia de algún tipo de litigio o contradictorio con algún usufructuario: -Otros aspectos relevantes que afecten cada bien patrimonial, como por ejemplo están o no asegurados, quien cancela los servicios públicos asignados a ese bien patrimonial, quien le da mantenimiento, etc. …” (copia adjunta al libelo de interposición). 5) Las cuentas de correo electrónico a través de las que el recurrente remitió sus solicitudes están previstas como mecanismos oficiales de comunicación del ente local recurrido (hecho no controvertido).

IV.- CASO CONCRETO. Conviene, en primer término, advertir a la parte recurrente que en lo que respecta a la ejecución de una sentencia de esta Sala y la recuperación de las zonas protegidas, lo que se formula en las solicitudes de 14 de mayo y de 11 de julio, ambos de 2024, lo que se plantea no es una solicitud de información pura y simple, sino un exhortativa. Tampoco la réplica que plantea respecto de la respuesta que se le brindó en el oficio AL-356-2024 de 5 de junio de 2024, se encuentra cobijada por el derecho de petición. En todo caso, consta que, por oficio No. AL-356-2024 de 5 de junio de 2024 se brindó una respuesta al amparado sobre lo pretendido. De ahí que, en lo que a esos extremos respecta, el recurso debe desestimarse.

De otra parte, aunque en el oficio No. AL-356-2024 de 5 de junio de 2024 se manifestó al actor que, para atender el punto III de la solicitud de 14 de mayo de ese mismo año resultaba necesario realizar un mapeo del cantón de San Rafael y que a esos efectos se coordinaría con las dependencias competentes para iniciar la sistematización de la información, prácticamente un año después, no consta que al amparado se le ha brindado la información que echa de menos. Tampoco se acreditó que lo pedido el 24 de enero de 2025 se le haya suministrado a este. Así las cosas, en lo que respecta esos extremos del recurso, aprecia la Sala que existe la omisión acusada. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, en lo que a esas solicitudes atañe.

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en lo que respecta a los listados de las construcciones existentes en el cantón de San Rafael que arrojan sus aguas grises y negras a los cauces de los ríos y de las construcciones que irrespetan el alineamiento vial o que obstruyen o limitan el uso de las aceras, y de los bienes demaniales. Se ordena a Jorge Eduardo Arias Santamaria, en su condición de alcalde de San Rafael de Heredia, o a quien ejerza ese cargo, que dispongan y coordinen lo necesario a efecto que, en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde al amparado esa información. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Rafael de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se desestima el recurso. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 BGXERAOAONE61

EXPEDIENTE N° 25-005794-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:11:36.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Text of the resolution**

**Exp: 25-005794-0007-CO**

**Res. No. 2025016097**

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May, two thousand twenty-five.

Amparo remedy filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALITY OF SAN RAFAEL DE HEREDIA.

**WHEREAS:**

1.- By means of a brief filed at 22:33 on 27 February 2025, the appellant filed an amparo remedy against the Municipality of San Rafael de Heredia, as, according to his claim, on 14 May 2024, he sent official communication No. CCZ-14-05-2024 to the municipal mayor's office, via email, by which he requested to be informed what actions it is taking on the following three matters: i- We are 60 days away from the expiration of the non-extendable deadline that, through Judgment No. 017109-2023 regarding Case File No. 22-027662-0007-CO, the Constitutional Chamber issued on 07/07/2023 and notified to the parties on 14/07/2023. Thus, by next 14 July 2024, all evictions of persons or companies located within the lands covered by Law No. 65 must already be completed. II- Regarding the disregard for the inalienable zones of rivers and the illegal discharges of untreated sewage (aguas negras) into the riverbeds of the canton. III- The updated list, within the legal timeframe, of all those constructions that are in these conditions; whether to a greater or lesser degree; but which must be addressed by the MSRH to enforce the law, which ultimately must be partially or totally demolished, because there is no possible way to correct the situation; due to being within protected zones such as, for example, the 10 meters from riverbanks; as well as those constructions that disregard road alignment by encroaching on the right of way or present non-compliant, over-elevated ramps that obstruct or limit the use of sidewalks for pedestrians." He alleges that he received official communication No. AL-356-2024 of 5 June 2024, but his points are not answered. Regarding point III of the request, concerning the list of constructions to be demolished because they were built illegally and violate current regulations on urban planning, environmental laws, etc., the mayor's office stated: "Finally, regarding the list you request, given the complexity of your petition, which entails a mapping of the entire Canton, coordination will be made with the corresponding Departments in order to initiate a systematization of said information so that it is accessible to both the appellant and any other citizen"; however, as of the date of filing of this remedy, such information has not been provided to him. Subsequently, on 11 July 2024, he sent via email Official Communication No. CCZ-11-7-2024, addressed to the municipal mayor's office, by which he requested to be informed about all the patrimonial assets of that municipality and various aspects related to them that are of public interest, but more than seven months have passed and he has not received said information. In addition, on 24 January 2025, he sent official communication No. CCZ-24-01-2025 to the respondent authority, but he has also not received a response.

2.- By resolution at 12:52 on 7 March 2025, the appellant was warned that, within a period of three days, counted from the notification of this pronouncement, he must provide a complete, legible copy with the respective receipt or proof of email submission of all the filings he indicates he made before the accused authority and whose lack of response he alleges in the brief initiating this process.

3.- By resolution at 9:44 on 11 March 2025, said warning was deemed complied with; the remedy was processed, and a report was requested from the mayor of San Rafael de Heredia on the accused facts.

4.- Jorge Eduardo Arias Santamaría, in his capacity as mayor of San Rafael de Heredia, reports under oath that the following can be inferred from official communication IU-038-2025:

"1. Regarding the information requested through official communication NO CCZ-14-5-2024, I inform you that the information has been provided through various official communications, since the issues raised have been consulted by Mr. Nombre01 on several occasions, finally being addressed through official communications IU-186-2024 and AM- 1009-2024, which were notified via email on 18 October 2024, as shown in the following image:

…

Through this latter official communication, Mr. Nombre01 was informed:

"In relation to judgment No. 017109-2023, allow me to indicate that the judgment issued was directed at the MINAE entity, so this is not a matter within the purview of the Municipal Corporation; that is, it is MINAE that must execute it; of course, should that institution require the collaboration of the Municipality, we are in the utmost willingness to collaborate; however, the process must be led and carried out by MINAE.

Following the same line of thought and regarding the requested list, you are informed that there is knowledge of notification processes, but without a definitive or specific determination of the type of infraction concerning alignments and river setback areas (áreas de retiros de los ríos); likewise, notifications are made upon complaint or ex officio, a situation indicated in the prior official communication from Mr. Nombre02; additionally, there is knowledge of many cases of untreated sewage discharges, and likewise, as this is not within the purview of the municipality, they must be dealt with directly by the Ministry of Health; however, the Municipality has continuously provided information and support to said Ministry to expedite the process; but precisely we do not carry out evictions or sanitary orders because that is specifically the competence of the Ministry of Health.

Continuing from the previous paragraph on the issue of water generating bad odors, it is indicated that additionally, regarding water issues generating odor, provided they involve both sink and washbasin water, i.e., soapy water as well as residual and grey water (aguas residuales y grises) that are discharged improperly onto public roads or into stream or riverbeds, these must be processed directly with the Ministry of Health; regarding apparent wastewater (aguas residuales), it is the Ministry of Health, as the competent entity for Public Health, that must exercise the pertinent controls, charged with ensuring compliance with good public health practices; said institution has the legal and technical mechanisms to declare a dwelling uninhabitable or unsanitary, based on the Organic Regulation of the Ministry of Health DECREES NO 30921S THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTER OF HEALTH Using the powers conferred upon them by articles 140, subsections 3) and 18), and 146 of the Political Constitution; 28 of the General Law of Public Administration; 3 and 28 of Law No. 5412 of 8 November 1973 "Organic Law of the Ministry of Health"; and Law No. 7927 of 12 October 1999. Whereas: 1. — That the steering role of the Ministry of Health must lead to the unification, strengthening, and modernization of policies, legislation, plans, programs, and projects, as well as the mobilization and synergy of social, institutional, and community forces that favor health, well-being, and the protection and improvement of the human environment. 2. — That the Ministry of Health requires a management organization, of a political-managerial nature, essential for conducting, monitoring, and regulating the social production of health. 3.—That through Law No. 7927 of 12 October 1999, published in La Gaceta No. 215 of 5 November 1999, the Executive Branch was authorized to establish, via regulation, the internal administrative structure of the Ministry of Health. 4.— That, due to the foregoing, it is necessary and appropriate to issue the cited regulation. Therefore, THEY DECREE: The following: Organic Regulation of the Ministry of Health CHAPTER I General Provisions Article 1—Regarding the Mission, Vision, and Values of the Ministry of Health: - Mission: to ensure that the social production of health is carried out efficiently and effectively, through the exercise of its Steering Role, with full participation of social actors, to contribute to maintaining and improving the quality of life of the population and the development of the country, under the principles of equity, solidarity, and universality. - Vision: the Ministry of Health is a leading organization that guides the social production of health, with an updated organizational profile and legal framework, with prestige and credibility, capable of convening the negotiation and agreement of diverse social actors, supported by critical thinking, teamwork, social participation, and an adequate and timely information system. - Values: dedication, knowledge, motivation, participation, creativity, productivity, teamwork, leadership, commitment, and agreement. Article 2—The Ministry of Health is responsible for watching over the health of the population, exercising the steering role in the Health Sector. The Steering Role shall be understood as the political, technical, administrative, and legal exercise of the Ministry of Health, to direct, guide, regulate, control, and supervise the different societal processes related to the social production of health and public spending on health. The Ministry of Health shall exercise its steering competence through the following strategic functions:

a. Direction and guidance: this is the systemic process aimed at politically directing and operationally and strategically guiding the social production of health. This function is based on the formulation and monitoring of compliance with the National Health Policy, Sectoral Health Programs, and Strategic Health Plans, for which it requires planning, coordination, and integration of activities related to the social production of health and the promotion of the response capacity of the actors participating in this process. b. Health surveillance: ensures the strengthening of health in the different population spaces of the national territory, through the conduction, direction, and evaluation of sanitary interventions based on the Analysis of the health situation and Epidemiological surveillance and the development of health scenarios, which constitute the main input for the strategic planning function. It includes the development of information systems for measuring, analyzing, and monitoring the factors that determine the current health situation and for evaluating future scenarios. c. Regulation: this is the Control and evaluation of activities affecting the health of people and the environment, to guarantee that social actors carrying out activities relating to human and environmental health comply with the stipulations in instructions, manuals, forms, and other instruments, as well as in regulations, laws, and legal, administrative, and technical procedures. It involves disseminating, training, applying, and evaluating. d. Scientific research and technological development: this is the promotion and development of scientific research and technological development in health, to produce scientific knowledge and technological responses necessary to support direction

...

Regarding the Municipality initiating processes of formal Notifications of Resolutions for eventual demolitions, I indicate firstly that many of the constructions that may apparently be encroaching on protection zones or alignments are constructions that are over 40 or 50 years old, so there is no information on them, especially considering that many years ago even the Municipal Council granted Construction Licenses without any record remaining; for this reason, should Mr. Nombre01 wish to find out about a particular case, we respectfully request that it be done specifically and, as appropriate, the information will be provided; since, as indicated by the legal advisory office, these cases of buildings near riverbeds are an endemic ill, and besides, although it is true there is knowledge of some cases of illegal constructions, we do not have defined or set aside in a registry or list which of those cases are specific to encroachments such as encroachment on the road or encroachment on the river, but work is being done to identify with other units to generate specific maps; if you wish to know about a specific case, you may request it, and we will gladly provide the information as legally appropriate.

In relation to the list of cases mentioned, I indicate that the 1500 cases correspond or refer to a sequential case number, which deals with various issues, reason why many of which have already been resolved, brought into legal compliance, or are undergoing legal procedures, thus it is incorrect to assume it concerns 1500 cases that have not been processed or handled in a timely manner or that they exclusively concern encroachments.

Finally, I reiterate that this Municipality, specifically in the actions that the Urban and Territorial Management Unit must carry out, issues approximately 60 to 80 administrative resolutions per month for irregularities associated with construction matters; therefore, we are not sitting idly by just waiting for complaints, but rather it is about providing follow-up to ongoing cases and new cases that come in, often detected ex officio by the inspectors…"

As we can observe, the issues consulted by the appellant have been extensively analyzed by the municipal administration; however, it does not currently have a list of properties that house constructions within the protection zone (zona de protección) of rivers, streams, or other public domain watercourses, since despite knowing that this problem exists, it mainly stems from constructions built primarily in previous decades. So we could not think that a problem that has arisen over decades will be solved overnight, save for very specific cases where the Municipality has recently closed constructions in these zones, in which case, a demolition order must be issued to them in compliance with due process. Finally, I indicate that Mr. Nombre01 has been invited to let us know if he becomes aware of specific cases of this type so that we can provide the information he requires..."

5.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

**CONSIDERING:**

I.- PURPOSE OF THE REMEDY. The appellant notes that he has made various requests for information before the respondent local entity; however, months later, he continues without receiving what was requested. He claims that this conduct is contrary to his fundamental rights.

II.- PRELIMINARY QUESTION. Given that the respondent authority omitted to indicate in its report whether the email address to which the appellant directed his requests is established as an official communication mechanism, under the terms indicated by this Court in the referral resolution, it will be considered as such.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for the decision of this amparo, the following are deemed proven: 1) On 14 May 2024, the appellant sent official communication No. CCZ-14-05-2024 to the Mayor's Office of San Rafael de Heredia, via email, by which he requested to be informed what actions it is taking on the following three subjects: "…I inform you that today, 14 May 2024, we are 60 days away from the expiration of the non-extendable deadline that, through Judgment No. 017109-2023 regarding Case File No. 22-027662-0007-CO, the Constitutional Chamber issued on 07/07/2023 and notified to the parties on 14/07/2023. In said judgment it was ordered: ' … Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that position in his stead, is ordered to issue the pertinent orders and to arrange promptly and in a timely manner the necessary actions and coordination so that, within a period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, all lands corresponding to the protected zones and those declared as natural heritage are identified. Subsequently, within the subsequent SIX MONTHS, the necessary actions must be coordinated in order to recover the protected zones, as established by Law No. 65 of 30 July 1888, and to materially initiate, when applicable, the processes or procedures necessary for such purpose. Finally, the respondent authority must submit to this Court every THREE MONTHS a progress report on the actions carried out, regarding the identification of the lands and the recovery of the protected zones. The respondent authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on whomever receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely penalized. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of a judgment from the administrative contentious jurisdiction.' (Bold is ours) Thus, by next 14 July 2024, all evictions of persons or companies located within the lands covered by Law No. 65 must already be completed, as described in its article 1; namely: ' Art. 1: A land zone two kilometers wide is declared inalienable, on both sides of the crest of the mountains bearing the name Barva Volcano Mountain, from the hill called El Zurquí to the one known by the name of Concordia, whether said zone is national or municipal property ' (Bold is ours) Said judgment is extremely clear; it is not that the processes or procedures are to begin on 14/07/2024; on the contrary, by that peremptory date, the evictions must already be carried out, and in case of opposition from those found there by that date, either as registered owners or possessors, the pertinent actions must have been initiated to recover those protected areas, as demanded by the community. In the same line of thought, in other areas of the canton of San Rafael de Heredia, the river protection area has been disregarded, allowing through omission, inaction, or even authorizing constructions of dwellings and others on the banks of our rivers, with evident harm to nature and the surface waters of these rivers, once clean and now open-air sewers, since the vast majority of those constructions discharge their grey water (aguas grises) and untreated sewage (aguas negras) into the riverbeds of our rivers, a situation that, according to the Head of the Ministry of Health of San Rafael de Heredia (MS), is well known to municipal officials, as the MS has issued the corresponding sanitary orders and has provided said information to the MSRH, without compliance with current legislation on environmental and public health matters. Additionally, I request: The updated list, within the legal timeframe, of all those constructions that are in these conditions; whether to a greater or lesser degree; but which must be addressed by the MSRH to enforce the law, whether the violators must make improvements to NOT discharge their grey water and untreated sewage into the riverbeds of our rivers, channeling them through adequate treatment systems to avoid the contamination of surface waters, as well as the infiltration of nitrates and bacteria into our springs (manantiales); or which ultimately must be partially or totally demolished, because there is no possible way to correct the situation; due to being within protected zones such as, for example, the 10 meters from riverbanks; as well as those constructions that disregard road alignment by encroaching on the right of way or present non-compliant, over-elevated ramps that obstruct or limit the use of sidewalks for pedestrians, which we will be vigilant to ensure are complied with" (copy attached to the filing brief). 2) Through official communication No. AL-356-2024 of 5 June 2024, the following response was provided to the protected party: "… 1.- That the procedures related to the recovery of zones, by virtue of the decree of 1889, are under execution, and the actions and documents presented on the matter are being assessed in order to comply with the follow-up ordered by the Constitutional Chamber. 2.- That the Municipality acts when construction irregularities are detected, whether by complaint or ex officio, proceeding to activate the mechanisms to resolve said problems. 3.- On the matter of irregular discharge of soapy or untreated sewage, coordination is carried out with the Ministry of Health, which is ultimately responsible for issuing the corresponding sanitary orders. 4.- That the requested information requires, given its extent and complexity, a complex interdepartmental analysis; therefore, the necessary steps will be taken to provide you the information in a timely manner…" (copy attached to the filing brief). 3) On 11 July 2024, the appellant sent an email to the respondent, stating the following: "… In my Official Communication No. CCZ-14-5-2024, I indicated to you that according to Decision No. 017109-2023 of 7 July 2023, the second six-month deadline established for public institutions for compliance with Law 65 is fulfilled, and regarding the Municipality of San Rafael de Heredia and others that are affected by this law, it is. 'within the subsequent SIX MONTHS, the necessary actions must be coordinated in order to recover the protected zones, as established by Law No. 65 of 30 July 1888, and to materially initiate, when applicable, the processes or procedures necessary for such purpose. ' (Bold is ours) The decision is clear when it orders to coordinate the necessary actions to recover the protected zones, and barely 2 weeks from that date is the information I requested from you, because to continue in the same vein as your response, MINAE has already exceeded the six-month period granted to it for what the Chamber ordered: 'Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, or whoever holds that position in his stead, is ordered … to identify all lands corresponding to the protected zones and those declared as natural heritage ' (Bold is ours) And this information from MINAE should already be in the possession of the MSRH for nearly six months, and you, complying with the second part of the Resolution, ' the necessary actions must be coordinated in order to recover the protected zones ' (Bold is not original) and precisely that is what I requested you to inform me about, and given that you have already hired an external lawyer for this, I request to be copied on each and every one of the reports received from this professional hired by the MSRH. Regarding the second part of my request, it is important to emphasize several points of your response. You state: 'regarding the disregard for the exclusion area of riverbanks in construction matters and the discharge of untreated sewage into riverbeds, it must be indicated that when a complaint of illegal construction is received, the Municipality proceeds to carry out the corresponding inspections and grant the legal deadline to the owners to come into compliance,' (Bold is ours). First of all, point out that the MSRH should not just sit idly by and wait to receive complaints from neighbors regarding disregard for the exclusion area or untreated sewage discharge; on the contrary, it must be proactive and comply with what the law authorizes, but also obligates it, and I have information from the Ministry of Health on the works they have notified you are non-compliant and you have not acted upon; constructions in the inalienable river protection zones are also notorious and evident, and you have also not acted to enforce the law, and rather you have turned a blind eye, in clear violation of Article 50 of the Constitution. So, what appeared to be an excuse that untreated sewage discharge is an endemic ill has no reasoning or justification, and I repeat, the Ministry of Health indicates that the information has been sent to you, and the MSRH has not acted. And regrettably, within your Official Communication No. AL-356-2024, which states: 'Finally, regarding the list you request, given the complexity of your petition, which entails a mapping of the entire Canton, coordination will be made with the corresponding Departments in order to initiate a systematization of said information so that it is accessible to both the appellant and any other citizen.' (Bold is ours) I inform you that said response is not acceptable, and the information, whatever presentation it may have, you must provide to me, just as I have that same information from previous years, and the fact that you wish to make corrections to it in no way justifies not providing it to me; because precisely I wish to compare it with the demolition information I already have to see if it is as true as you say that the duties and obligations corresponding to the MSRH have been fulfilled. For example, the following demolitions and, of course, the more than 1500 that I have in my possession. And Mr. Jorge Santamaría, I continue without receiving your official email as Mayor of MSRH …" (sic). (attached to the filing brief). 4) On 24 January 2025, the appellant made a request before the respondent entity for the purpose of providing the following information: "…Through this means, I formally request you to kindly provide me with the detail of the real estate patrimonial assets owned by the MSRH, with the following information: -Folio Real: -Cadastral Plan (Plano Catastrado): -Location: -Current use by the MSRH or usufructuary.

- Current usufructuary, if applicable (loan or other of property or building): - Since when a specific natural or legal person has held the usufruct of the real property: - Reason why the natural or legal person holds the usufruct of the municipality's patrimonial asset: - Time remaining for the natural or legal person before the usufruct ends: - Existence of any type of litigation or dispute with any usufructuary: - Other relevant aspects affecting each patrimonial asset, such as whether or not they are insured, who pays the public utilities assigned to that patrimonial asset, who maintains it, etc. …” (copy attached to the filing brief). 5) The email accounts through which the appellant sent his requests are provided for as official communication mechanisms of the appealed local entity (uncontroverted fact).

IV.- SPECIFIC CASE. It is appropriate, first of all, to advise the appellant that with respect to the execution of a judgment of this Chamber and the recovery of protected areas, what is formulated in the requests of May 14 and July 11, both of 2024, is not a pure and simple request for information, but rather an exhortation. Nor is the reply he makes regarding the response provided to him in official letter AL-356-2024 of June 5, 2024, covered by the right of petition. In any case, it is on record that, through official letter No. AL-356-2024 of June 5, 2024, a response was provided to the amparo petitioner regarding what was sought. Hence, as far as those points are concerned, the appeal must be dismissed.

On the other hand, although in official letter No. AL-356-2024 of June 5, 2024, the complainant was told that, in order to address point III of the request of May 14 of that same year, it was necessary to carry out a mapping of the canton of San Rafael and that, for these purposes, coordination would be made with the competent units to begin the systematization of the information, practically a year later, there is no record that the amparo petitioner has been provided with the information he misses. Nor was it proven that what was requested on January 24, 2025, was supplied to him. Thus, regarding those points of the appeal, the Chamber finds that the alleged omission exists. Under this reasoning, it is necessary to grant the appeal, as far as those requests are concerned.

 V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is partially granted, solely with respect to the lists of existing constructions in the canton of San Rafael that discharge their gray and black water into river channels, and of constructions that disregard road alignment or obstruct or limit the use of sidewalks, and of public domain assets (bienes demaniales). Jorge Eduardo Arias Santamaria, in his capacity as mayor of San Rafael de Heredia, or whoever holds that office, is ordered to arrange and coordinate what is necessary so that, within a period of THREE MONTHS, counted from the notification of this judgment, this information is provided to the amparo petitioner. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or enforce it, provided the crime is not more severely penalized. The Municipality of San Rafael de Heredia is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the sentence of the contentious-administrative proceeding. For the rest, the appeal is dismissed. Notify.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

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