Res. 16120-2025 Sala Constitucional — Municipal inaction on Cañas River erosion riskOmisión municipal ante riesgo por erosión del río Cañas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16120 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-008464-0007-CO

Redactado por: Ronald Salazar Murillo

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PRONTA RESOLUCIÓN

Subtemas:

MORA ADMINISTRATIVA..

016120-25. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. PRONTA RESOLUCIÓN. VECINOS DE RÍO CAÑAS, ACUSAN QUE SON AFECTADOS POR LAS CRECIDAS DEL RÍO Y, PESE A QUE SE HA RECONOCIDO EL RIESGO, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, NO LES HAN DADO SOLUCIÓN.  SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE RESPECTO A LA DILACIÓN DE LA RECURRIDA EN CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DADAS. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, QUE, EN UN PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, SE CUMPLAN A CABALIDAD, LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL INFORME TÉCNICO N.° CNE-UIAR-INF-0308-2025.  VCG06/2025


“(…) IV.- Análisis por el fondo.  La parte recurrente sostiene que su vivienda y las de varios familiares han sido históricamente afectadas por las crecidas del río Cañas, lo cual se agravó en 2022 con importantes pérdidas materiales. Indica que, pese a que funcionarios municipales y de la CNE reconocieron el alto riesgo y la necesidad de obras de infraestructura, recientemente tuvo conocimiento de un proyecto de protección de márgenes que excluye su sector, a pesar de los daños sufridos y de que allí residen personas en condición de vulnerabilidad. Señala que la definición de las zonas de intervención fue encargada a una empresa privada y que su comunidad quedó fuera sin una justificación clara, pese a existir un informe técnico de la CNE que advierte del riesgo extremo que enfrentan. Por ello, solicita la intervención de esta Sala, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por dicha exclusión.

Al respecto, es preciso señalar que la actuación de las instituciones públicas debe caracterizarse por celeridad y eficiencia, especialmente en la prestación de los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al estar encargadas de atender los intereses y necesidades locales, su labor comprende un amplio conjunto de responsabilidades. Sobre esta materia, en la sentencia Nº 2011-012886 de las 12:44 horas del 23 de septiembre de 2011, esta Sala se pronunció en los siguientes términos:

“Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado” (Lo destacado y subrayado no corresponde al original).

En el presente caso, esta Sala verifica la lesión de los derechos fundamentales del amparado, en virtud de la inacción sostenida por parte de la Municipalidad de Desamparados, la cual, a pesar de contar desde hace varios años con información técnica precisa sobre los hechos descritos por el promovente, no ha adoptado medidas efectivas para atender la grave situación de riesgo en la que se encuentran tanto su vivienda como las de otros vecinos del sector. En efecto, conforme al contenido del expediente, se ha acreditado que el área en cuestión ha sido objeto de diversos informes técnicos emitidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entre ellos el informe n.° CNE-UIAR-INF-0308-2025, en el cual se alerta de manera específica sobre los problemas de erosión lateral de la margen izquierda del río Cañas, en Calle El Roble, y se concluye que dicha condición representa un riesgo alto que podría comprometer la estabilidad del terreno, con potenciales consecuencias graves para las viviendas y la integridad física de quienes habitan la zona.

Además, dicho informe incluye una serie de recomendaciones concretas dirigidas a mitigar el riesgo detectado, tales como la necesidad de realizar estudios técnicos complementarios que permitan proponer medidas correctivas, así como valorar la reubicación de las personas afectadas y la ejecución de obras de infraestructura que estabilicen la ladera. A pesar de la contundencia de esas conclusiones y de la claridad de las recomendaciones formuladas por el órgano rector en materia de prevención de riesgos, lo cierto es que las autoridades municipales accionadas, aunque han realizado algunas gestiones puntuales, no han ejecutado ninguna acción que se corresponda con el nivel de intervención sugerido por la CNE. Lejos de acoger tales recomendaciones, ha mantenido una postura inactiva que ha permitido la persistencia del peligro, sin que exista evidencia de que haya promovido estudios adicionales, elaborado planes de mitigación o previsto la ejecución de obras tendientes a atender estructuralmente el problema.

En ese contexto, resulta aún más relevante destacar que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, a la Administración Municipal se le asigna una función genérica de velar por los intereses y necesidades locales, lo cual le impone el deber constitucional de atender los riesgos que comprometan la seguridad y la integridad de su población. Por consiguiente, no puede válidamente excusarse en la participación de otros entes del Estado, ni delegar su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de la comunidad en terceros, puesto que, como claramente lo ha indicado esta jurisdicción, es la autoridad municipal, en su conjunto, quien debe dar solución efectiva a las problemáticas que afectan a su población. En consecuencia, al constatarse que la Municipalidad de Desamparados ha tenido pleno conocimiento de la situación de riesgo durante un tiempo prolongado, que ha recibido advertencias técnicas claras, que se le han formulado recomendaciones específicas para atender el problema, y que, a pesar de ello, no ha adoptado medidas orientadas a reducir efectivamente el peligro, se configura una omisión administrativa incompatible con la protección de los derechos fundamentales del amparado, en particular su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda digna y segura.

En virtud de las consideraciones esgrimidas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace.

V.- Sobre el actuar de CNE: Respecto a esta autoridad, resulta procedente indicar que mediante sentencia N.º 04283-2015 de las 09:30 horas del 27 de marzo de 2015, esta Sala señaló que:

“VII.- LA NATURALEZA JURÍDICA Y LAS COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo define a la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República. Se trata de la entidad rectora en todo lo referido a prevención de riesgos y los preparativos para atender situaciones de emergencia, conforme a las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en los artículos 14 y 15 de dicha ley. Sobre el particular, la Sala ha definido que la prevención de situaciones peligrosas para las personas y bienes, así como la atención de emergencias, son aspectos que inciden directamente en el pleno disfrute de derechos de rango constitucional, como la vida, la salud, la propiedad y el ambiente. La atención de esa materia debe estar coordinada por dependencias especializadas cuyas decisiones y actuaciones se funden en criterios técnicos. Precisamente, por mandato legal, le atañe a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dicha función de coordinación, la cual, sin embargo, se puede extender a la emisión de resoluciones vinculantes e incluso al ejercicio de un deber de control permanente. Dentro del marco supracitado, resulta de interés para este asunto, resaltar las siguientes funciones ordinarias de la Comisión, establecidas en el numeral 14 de la su ley. El inciso a) estatuye su deber de articular y coordinar la política nacional relativa a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Por su parte, el inciso c) le asigna la potestad de dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendentes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Ahora bien, como se indicó supra, esta competencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias no se agota en tal función coordinadora ni en la emisión de resoluciones vinculantes, sino que se adiciona con el deber de ejercer un permanente control en el área competencial que le incumbe. Así, el inciso d) del citado ordinal 14 le asigna a la Comisión la obligación de ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. En el mismo sentido, el inciso e) la asigna una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. En el caso concreto de las municipalidades, la Comisión está compelida a asesorar las en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. Tal asesoría debe contribuir a la elaboración de planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, todo ello tendente a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. Ergo, no basta con que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dicte resoluciones vinculantes y asesore a las municipalidades en relación con la prevención del riesgo y la atención de emergencia; se requiere, además, que, por un lado, vele por el efectivo cumplimiento de tales resoluciones y, por el otro, controle el accionar de las municipalidades en la referida materia”.

En ese sentido, si bien del antecedente citado se evidencia que la CNE ostenta la responsabilidad de coordinar la política nacional en materia de prevención y atención de emergencias, así como facultades concretas de control respecto al accionar de las municipalidades en esa materia, lo cierto es que en el caso sub judice dicho órgano sí ha desplegado diversas actuaciones dirigidas a cumplir con sus atribuciones. En efecto, consta en autos que, mediante los informes técnicos n.° CNE-UIAR-INF-1025-2022 y CNE-UIAR-INF-1089-2023 y CNE-UIAR-INF-0308-2025, elaborados por su Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, se determinó el alto nivel de vulnerabilidad existente en el sector de El Roble y se emitieron recomendaciones puntuales orientadas a la mitigación de los riesgos advertidos. Además, se verificó que la Comisión ha mantenido conocimiento formal de la situación desde años atrás y que, conforme a su papel técnico y asesor, ha brindado apoyo en la caracterización del riesgo e instado a la adopción de medidas correctivas. Sin embargo, también se desprende del expediente que la fase de ejecución de obras no ha avanzado, precisamente, por la omisión de la Municipalidad de Desamparados en impulsar con celeridad y determinación las acciones necesarias para implementar dichas recomendaciones.

Por ende, esta Sala concluye que, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, no se configura una lesión directa a los derechos fundamentales de la parte amparada, en tanto su actuación ha estado orientada al cumplimiento de sus deberes legales de análisis, asesoría y valoración técnica, sin que le sea imputable la paralización en la atención estructural de la problemática.

Por ende, se desestima el recurso en cuanto a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por cuanto consta en el expediente que dicha entidad ha cumplido con sus competencias mediante la elaboración de informes técnicos, la formulación de recomendaciones específicas y la gestión de acciones dirigidas a atender la situación denunciada.

VI.- Por lo demás, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la exclusión de su casa del proyecto de protección de márgenes, es preciso advertir que excede las competencias de este Tribunal entrar a determinar si la vivienda del amparado debe o no ser incluida dentro del proyecto en cuestión, toda vez que esa valoración le corresponde a las autoridades técnicas competentes y no a esta jurisdicción constitucional. Por ende, si la parte accionante persiste en su disconformidad, lo procedente es que plantee sus alegatos ante las vías de legalidad ordinaria, donde podrá exponer de manera amplia los extremos que considere pertinentes. (…)”






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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un posible supuesto de excepción, ya que el promovente refiere la presentación de solicitudes vinculadas a una situación que, según alega, afecta directamente a viviendas habitadas por menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y cuya atención, afirma, no ha sido solucionado dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG06/2025

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

VII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG06/2025

 

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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, que según alega afecta directamente a viviendas habitadas por menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y cuya atención, afirma, no ha sido solucionado dentro de un plazo razonable.

VCG06/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-008464-0007-CO

Res. Nº 2025016120

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-008464-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS y la COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS -CNE-.

Resultando:

 1.- Por escrito presentado ante esta Sala a las 12:47 horas del 25 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Desamparados. Manifiesta que desde hace años, su vivienda y las de su familia, han sufrido los embates del río Cañas. Indica que, en el invierno de 2022, sufrieron grandes pérdidas materiales debido a la crecida del río. Asegura que funcionarios de la Municipalidad de Desamparados, incluido el ingeniero Jesús Chinchilla, visitaron el sitio y reconocieron la gravedad del problema, señalando que solo una inversión en infraestructura podría corregir la situación. Asegura que la CNE también tiene conocimiento del alto riesgo en esa zona y debido a las emergencias ocurridas ese año y en los siguientes, la Municipalidad y la CNE desarrollaron un programa para mitigar riesgos. No obstante, acusa que se enteró que existe un proyecto de protección de márgenes del río Cañas, financiado con presupuesto de esas en el que viven y de los daños que han sufrido. Recalca que en esos hogares habitan menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que hace aún más urgente la intervención. Añade que ha intentado obtener información sobre los criterios usados para esa decisión; empero, la alcaldesa Antonieta Naranjo y el ingeniero Jesús Chinchilla han indicado que ese análisis quedó en manos de la empresa privada CASISA. Agrega que, según su respuesta, las zonas más críticas fueron determinadas en el proyecto; sin embargo, acusa que esa falta de atención los deja expuestos a un peligro inminente. Resalta el informe geólogo Julio Madrigal Mora, de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, en el cual se concluye que la zona donde habita su familia presenta un riesgo extremadamente alto debido a la erosión causada por fenómenos hidrometeorológicos. Esgrime que el informe advierte que, de no ejecutarse obras de contención o revestimiento, la zona quedará expuesta a daños severos en futuros eventos climáticos, comprometiendo la seguridad de quienes viven allí. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente asunto.

2.- Por resolución de las 17:22 horas del 01 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe a la alcaldesa, al presidente del concejo y al coordinador del Departamento de Infraestructura y Obras Públicas, todos de la Municipalidad de Desamparados; así como, al jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 09:16 horas del 08 de abril de 2024, informa bajo juramento Lidier Esquivel Valverde, en su condición de jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, lo siguiente:

“HECHO ÚNICO: Parcialmente cierto. Solamente en cuanto al informe N° CNE-UIAR-INF 0308-2025 de Marzo de 2025 denominado: “Valoración de sector debido a problemas de erosión lateral de la margen izquierda del río Cañas, Dirección01”, solicitado por la parte recurrente el señor Nombre01, que fue confeccionado por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo donde soy el jefe inmediato de la misma. En lo demás, se rechaza este hecho. Pues no corresponde a competencia de la Unidad que representó ni la CNE, pues la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia única y exclusiva del Gobierno Local en este caso concreto de la Municipalidad de Desamparados. II. POTESTADES DE LA MUNICIPALIDAD: Es deber de cada gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos. Desprendiéndose directamente del artículo 169 de la Constitución Política, del Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones y de la normativa conexa, es responsabilidad absoluta y exclusiva de las municipalidades ordenar el territorio bajo su jurisdicción. Este deber insoslayable ha sido ampliado en diversos criterios de la Procuraduría General de la República, entre ellos, el C-093-2007 del 27 de marzo de 2007, el C-020-2009 del 29 de enero de 2009, el C-118-2009 del 4 de mayo de 2009, el C-155-2009 del 01 de junio de 2009, el C-091-2010 del 03 de mayo de 2010, y varios más en la misma tesitura. La Sala Constitucional ha ratificado esta responsabilidad, en resoluciones como las número 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002 y 2005-07516, entre muchas otras. Al respecto, ha señalado el jurista Eduardo Ortiz Ortiz, citado en Dictamen C-032-98 del 25 de febrero de 1998, de la Procuraduría General de la República: "La competencia municipal para dictar los planes urbanísticos proviene de la ley, puesto que cubre materia constitucionalmente reservada a ésta, pero tiene también fundamento constitucional, puesto que es materia local. Esto quiere decir que la ley no puede hacer la delegación sino en el Municipio y que sería inconstitucional, por violatoria de la autonomía municipal la ley que hiciera lo contrario y habilitara, por ejemplo, al Poder Ejecutivo." Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128-2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. Por otra parte, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en la Sesión Extraordinaria N° 10-11, celebrada el 09 de noviembre de 2011, tomo el Acuerdo N° 0443-2011, el cual fue publicado en la Gaceta N° 230 del 30 de noviembre de 2011, en dicho acuerdo se indica en lo que interesa: a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente. Quedarán a disposición de las municipalidades en las oficinas de la CNE, los estudios y recomendaciones técnicas que se han girado históricamente en cada caso. (…)” En este punto, es necesario recordar que en virtud de que por mandato constitucional la administración de los intereses y servicios locales del cantón es competencia del Gobierno Local, y para el caso concreto, la Municipalidad de Desamparados, como una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad (artículo 2 del Código Municipal N° 7794), esta tiene plena capacidad jurídica para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. De lo anterior, dentro del presupuesto y como parte de las potestades de los gobiernos locales en la prevención del riesgo, tenemos que de conformidad con la ley N° 9907, del veintisiete de octubre del año dos mil veinte, se adicionó a la Ley 8488 el artículo 46 bis, dedicado a la aplicación del tres por ciento que antes debía girarse a la Comisión por parte del régimen municipal, actualmente las Municipalidades deben girar ese porcentaje para atender emergencias en su territorio. III. DE LAS COMPETENCIAS Y ALCANCES DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO DE LA CNE (UIAR): La Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, pertenece a la Dirección de Gestión del Riesgo, que es la Dirección sustantiva de la organización encargada de planificar el desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, evaluar los resultados sustantivos de manera integral, así como promover la articulación interinstitucional y local para la implementación y ejecución de las acciones en gestión de riesgo. La UIAR es una de las Unidades de la Direccion de Gestión del Riesgo, que se encargada del desarrollo de la investigación y conocimiento en gestión del riesgo del Sistema Nacional, además de implementar acciones para su análisis integral y fortalecer las capacidades para su investigación. Entre sus funciones se encuentran: • Articular y coordinar la Política Nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. • Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, peligro inminente basados en criterios técnicos y científicos. • Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores del riesgo, según sus áreas de competencia. • Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo. • Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de información sobre las condiciones de riesgo que los afectan. • Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. • Estudios en materia de gestión del riesgo • Análisis de riesgo del territorio (incluye desarrollo y utilización de herramientas como SIGs) • Aplicación de modelos e indicadores en Gestión del Riesgo. • Homologación y coordinación con otras instancias e instituciones de la información cartográfica del país, para garantizar que las amenazas naturales sean incluidas como capas y datos asociados en todos los proyectos y programas de ordenamiento territorial, a nivel nacional y local. • Gestión y desarrollo tecnológico en la Gestión del Riesgo. • Sistemas de alerta temprana. • Conformación y seguimiento de comités asesores técnicos, redes temáticas y territoriales. • Incentivos para apoyar la investigación en gestión del riesgo. • Capacidades fortalecidas para investigación de gestión del riesgo por parte de actores del SNGR. • Recomendaciones de expropiaciones y restricciones temporales por emergencias. • Recomendaciones para la declaratoria de emergencia. De lo anterior, se puede entender que la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, no es la Unidad competente para interponer los recursos de amparo, pues, no ostenta la representación judicial de la CNE, y sus competencias y alcances son delimitados en cuanto al campo de acción de la CNE, cabe indicar, que la representación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias recae en la Presidencia solamente, según sus competencias. […] DE LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA CNE: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), está representada por el Presidente de la Junta Directiva de la Comisión será el funcionario de mayor jerarquía de la Institución y ostentará su representación judicial y extrajudicial, es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Las competencias de la CNE tanto Ordinarias se encuentran reguladas en el numeral 14 de la Ley N°8488, siendo que señala: “Artículo 14.-Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al proceso. b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y divulgación. c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra, conforme al artículo 36 de esta Ley. d) Ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. e) Ejercer una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a los preparativos para enfrentarlos. g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de situaciones de riesgo, mediante el estudio o la implantación de medidas de observación, vigilancia y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el impacto y daños de los posibles sucesos de desastre. Además, en caso necesario, coordinar la vigilancia y el manejo de tales situaciones. h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la elaboración de los planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. i) Establecer y coordinar una instancia multinstitucional permanente de planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia. j) Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que se estimen convenientes. k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de capacidades regionales, municipales y locales para el manejo de situaciones de emergencia. En caso necesario, incluye la participación en acciones de alerta, alarma, movilización y atención de la población. l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias. m) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el presidente de la Republica y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos, asesoramiento técnico o donaciones de bienes y servicios, según lo permitan las posibilidades del país…” (Lo resaltado no es del original) El artículo 25 de la ley Nº 8488, indica que es responsabilidad del Estado costarricense prevenir los desastres; por ello, todas las instituciones estarán obligadas a considerar en sus programas los conceptos de riesgo y desastre e incluir las medidas de gestión ordinaria que les sean propias y oportunas para evitar su manifestación, promoviendo una cultura que atienda a reducirlos. V. DEL INFORME DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO (UIAR). Sobre el informe N° CNE-UIAR-INF-0308-2025 de fecha 17 de marzo de 2025 denominado “Valoración de sector debido a problemas de erosión lateral de la margen izquierda del río Cañas, Dirección01”, solicitado por la parte recurrente, donde se indica (se respeta la redacción, negrita y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponde al original): “(…) I.1 Objetivo general Brindar criterio técnico con respecto a las condiciones actuales del entorno debido a los procesos generados por la erosión lateral del cauce del río Cañas en las propiedades colindantes. II. Ubicación geográfica del sector evaluado III. Antecedentes del sector ” Por parte de la CNE, gran cantidad de informes técnicos relacionados con la problemática que se ha generado a través del tiempo a lo largo del río Cañas debido a eventos hidrometeorológicos importantes que han afectado casas, asentamientos informales, puentes, diques, tubería de acueductos en secciones de los distritos de San Rafael Arriba, Abajo y San Juan de Dios de Desamparados. Informe técnico CNE-UIAR-INF-1026-2022, Valoración de los efectos generados por fuertes lluvias del 16 de setiembre del 2022 a lo largo del río Cañas. En conjunto con el CME de Desamparados y personeros del Ministerio de Salud, los sectores afectados por las fuertes lluvias que generaron incidentes el 16 de setiembre del 2022, debido a deslizamientos, erosiones de las márgenes en varios cauces y en particular el río Cañas. Los sectores afectados como El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Dirección03, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01, Dirección07. Informe técnico, CNE-UIAR-INF-1089-2023, “Valoración de los efectos generados por las fuertes lluvias a lo largo del río Cañas, Damas y Cucubres , (26/09/2023) y (06-10/10/2023), debido a las fuertes precipitaciones del 26 de setiembre del 2023, se generaron afectaciones, tales erosiones laterales de las márgenes, desbordamientos en áreas urbanas ubicadas a lo largo de la cuenca baja, media y alta del río Cañas, propiamente en sectores que han sido reincidentes en Aserri, como: Salitrillos, La Tamalera, Santa Teresita, Dirección08 y en Desamparados sectores como el borde del Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot y Borde de Condominio Monte Carlo. Debe indicarse que estos sectores han sido reincidentes a través del tiempo ante eventos hidrometeorológicos importantes a lo largo del cauce del río Cañas. IV. Análisis general de la amenaza en el entorno Acorde con la gestión solicitada por el señor Nombre01, céd: Telf01, vecino de Dirección01 de San Juan de Dios de Desamparados, se efectúa una visita de campo en compañía de un funcionario del CME de Desamparados, a las propiedades localizadas en la margen izquierda del río Cañas, donde se evidencia que, a raíz de los últimos eventos de lluvias, se han dado problemas de erosión y exposición de los cimientos de varias construcciones. Por lo tanto, para los eventos generados en el 2022 y 2023, el sector ha estado expuesto a fuertes procesos erosivos de ambas márgenes, afectando los inmuebles existentes en sus márgenes. De hecho, que por parte de la Unidad e Investigación y Análisis del Riesgo (IAR), ha efectuado informes relacionados a estos eventos, así como, de sobrevuelos con el drone en el área. (…) […] […] V. Alcance del informe De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), además, en dicho acuerdo se establece una serie de pasos apegados a la normativa actual de país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del Riesgo.” VI. DEL CASO CONCRETO: Se comprende la lectura de los hechos esbozados por el recurrente, así como de su pretensión, que el presente recurso está dirigido únicamente contra la Municipalidad de Desamparados, por su inacción ante los hechos descritos de los cuales tienen conocimiento desde vieja data, lo que conlleva a un peligro latente de derrumbe y de inseguridad a la vida y a la salud de los vecinos de la zona. No va dirigido contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. En la misma línea, queda en evidencia que es competencia de la Municipalidad de Desamparados, en su figura de gobierno municipal, quien debe garantizar mediante el planeamiento, y el ejercicio de la potestad, que el desarrollo urbanístico atienda a criterios de seguridad, salubridad y sostenibilidad ambiental, así como la atención de emergencias dentro de su jurisdicción. Lo anterior, en resguardo de los derechos de los ciudadanos, como bien, lo indica el recurrente. Como se indicó líneas atrás, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, no es la Unidad competente para interponer los recursos de amparo, pues, no ostenta la representación judicial de la CNE, y sus competencias y alcances son delimitados en cuanto al campo de acción de la CNE, se recalca, que la representación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias recae en la Presidencia solamente, según sus competencias. Por cuanto la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE ha cumplido según sus competencias legales Ordinarias como lo indica la ley N° 8488, asesorando de forma técnica sobre las acciones que el gobierno local debe ejercer, siendo el informe técnico emanado por la UIAR, que son de carácter vinculante para las instituciones involucradas, lo anterior, según las sentencias de la propia Sala, como el caso en concreto que nos ocupa. Por lo que se reitera que la UIAR ha actuado en apego a sus competencias ordinarias, realizando el informe de carácter vinculante, amparado al marco normativo que nos rige, según consta en la prueba aportadas, por lo que no se observa una inacción por parte de la Unidad. Caso contrario al de la Municipalidad de Desamparados, que ha hecho caso omiso al Informe rendido por la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, siendo que tenían amplio conocimiento del mismo y de la situación, quedado demostrado que no han accionado solicitud alguna hacia la CNE para la zona afectada. De lo anterior, me permito, citar lo indicado por la honorable Sala en la resolución Nº 03969 – 2024, donde cita (se respeta la redacción, negrita y ortografía del original, cursiva y subrayado no corresponde al original): “(…) Adicionalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ha emitido sentencias concordantes con la posición de la Procuraduría General, como la resolución N°128- 2008 de las 10:30 minutos del 7 de marzo de 2008, la N°209-2011, de las 14:30 del 16 de junio del 2011, y la N°124-2011, de las 09:50 minutos del 15 de abril del 2012, entre muchas otras, recalcando la absoluta responsabilidad de los gobiernos locales en cuanto al ordenamiento territorial. Por otra parte, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en la Sesión Extraordinaria N° 10-11, celebrada el 09 de noviembre de 2011, tomo el Acuerdo N° 0443-2011, el cual fue publicado en la Gaceta N° 230 del 30 de noviembre de 2011, en dicho acuerdo se indica en lo que interesa: a. Recomendar a todos los Alcaldes y Alcaldesas del país: i. Que conforme a los deberes y atribuciones que la Constitución Política en sus artículos 50 y 169, el Código Municipal, la Ley de Planificación Urbana, la Ley de Construcciones, la Ley Orgánica del Ambiente, el artículo 33 de la Ley Forestal, y normativa conexa, la Ley General de Salud y la amplia jurisprudencia sobre el tema les imponen, procedan de inmediato al desalojo de los ocupantes de las zonas de reconocido riesgo y peligro inminente, así como a demoler las edificaciones ubicadas en ellas, y a vigilar que no vuelvan a ser invadidas con asentamientos humanos, aplicando la secuencia procedimental citada en el Considerando IV, que se extrae de la resolución Nº 12485-2010 de la Sala Constitucional. ii. Que por el carácter vinculante que la Sala Constitucional les confiere, implementen de inmediato las recomendaciones que los técnicos de la CNE y de las instituciones académicas les han brindado reiteradamente a lo largo de muchos años y que son de su conocimiento, sobre acciones concretas y oportunas para salvaguardar la vida humana en zonas de reconocido riesgo y peligro inminente.” Por lo cual, en consecuencia, se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos contra la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, pues no se encuentra dentro de sus competencias, APROBAR proyectos ni presupuestos, pues, es competencia de la Junta Directiva de la CNE. Por último, se le indica a la Honorable Sala, que en caso de requerir información acerca de los presupuestos y proyectos de la CNE; deberá elevar los recursos únicamente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) a su representante judicial que recae en la Presidencia y no a las Unidades que conforman la institución, pues estas últimas, tienen sus funciones y competencias delimitadas a un solo campo de acción”.

 

4.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 12:46 horas del 10 de abril de 2025, informan bajo juramento María Antonieta Naranjo Brenes y Jesús Manuel Chinchilla González, en sus respetivas condiciones de alcaldesa y coordinador del Área de Infraestructura, ambos de Desamparados, lo siguiente:

“II. INFORME DE LA MUNICIPALIDAD 1. Conforme se hace constar mediante el informe técnico AM-IF-079-2025 de fecha 09 de abril del 2025, el país sufrió emergencias, específicamente el cantón de Desamparados en el año 2022, y realizados una serie de estudios por parte de una empresa contratada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias llamada CACISA, se obtiene la determinación de cuáles son las zonas o márgenes del Río Cañas que deben ser intervenidos para mantener una adecuada sección hidráulica que no estreche el cauce, de manera que repercuta en inundaciones en la zona. 2. Por otro lado el informe N° CNE-UIAR-INF0308-2025 de marzo de 2025 denominado: “Valoración de sector debido a problemas de erosión lateral de la margen izquierda del río Cañas, Dirección01”, solicitado por la parte recurrente, confeccionado por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, es contundente al indicar en lo conducente: “…Dirección01, margen izquierda del río Cañas, Plano de catastro No dato, Finca No. No dato. Coordenadas geográficas Latitud: 9 0 531.46"N Longitud 840 4'52.11"0. Subcuenca hidrográfica Río Cañas, Tiribi, Virilla, Grande de Tárcoles. (…) Acorde con la gestión solicitada por el señor Nombre01, céd: 1-13740283, vecino de Dirección01 de San Juan de Dios de Desamparados, se efectúa una visita de campo en compañía de un funcionario del CME de Desamparados, a las propiedades localizadas en la margen izquierda del río Cañas, donde se evidencia que, a raíz de los últimos eventos de lluvias, se han dado problemas de erosión y exposición de los cimientos de varias construcciones. Por lo tanto, para los eventos generados en el 2022 y 2023, el sector ha estado expuesto a fuertes procesos erosivos de ambas márgenes, afectando los inmuebles existentes en sus márgenes. De hecho, que por parte de la Unidad e Investigación y Análisis del: Riesgo (IAR), ha efectuado informes relacionados a estos eventos, así como, de sobrevuelos con el drone en el área. (…) Conclusiones y Recomendaciones: Sector que ha presentado a través de los años afectaciones y, por consiguiente, es un punto muy vulnerable a los procesos erosivos del río Cañas. Analizar alternativas para una posible obra de contención con la finalidad de prevenir mayores afectaciones a futuro. De no efectuarse medidas de mitigación es muy factible que ante los eventos a futuro parte de las propiedades serán más erosionadas con la posibilidad de mayores daños o la pérdida de estas. (…) En la mayoría de los casos estos municipios por sí solo no están en la capacidad de solventar los problemas que se presentan, siendo necesario el apoyo de las demás instituciones del estado. Los daños en viviendas, caminos, puentes se ha incrementado debido a los desbordamientos y las fuertes erosiones laterales de los cauces que atraviesan estos cantones, donde este problema ha generado incertidumbre y ha preocupado a las autoridades municipales y de más instituciones del Estado en buscar soluciones para mitigar los efectos por inundación en estas áreas. La población tanto de Aserrí y Desamparados, conocen de estos sectores o comunidades completas, que se ubican en áreas muy vulnerables a desbordamientos del río Cañas y sus afluentes.(…) La mayoría de los ríos que drenan los sectores de Aserrí y Desamparados presentan a Io largo de su trazado, zonas adyacentes al cauce de morfología más aplanada y con clara influencia fluvial, donde existen pequeñas áreas de descarga que se han ido formando a través de los años por los procesos hidrológicos. Su tamaño y forma dependen en gran medida de las características topográfica, morfológicas y litológica del área, donde hoy en día se han asentado poblaciones completas. Muchos asentamientos y urbanizaciones se han ubicado cerca o dentro de los cauces de estos ríos, sin percatarse que se puedan producir cambios repentinos en sus regímenes de caudal, debido a las intervenciones propias del hombre en las partes superiores de las micro cuencas hidrográficas, las cuales al generarse desbordamientos repentinos, principalmente en aquellas áreas que se ubican en áreas planas y con evidencias de antiguos desbordamientos tales  como: Salitrillos, Dirección09 en Aserrí y en Desamparados en San Juan de Dios las comunidades de San Diego (Fusilera), Dirección02 y el San Rafael Arriba las comunidades de Dirección10, Maiquetía, Dirección11. En los últimos años se ha corroborado que las obras que se han efectuado a lo largo y ancho de los cantones de Aserrí y Desamparados tanto en diques, puentes, espigones entre otras, no han resultado como se ha deseado. Indudablemente la inversión en cualquier tipo de obra es muy alta y no se asegura la protección de la comunidad amenazada y se expone nuevamente a una mayor afectación mayor.(…) VII. Conclusión. La situación de desbordamientos pasivos que se han originado debido al cauce del río Cañas que atraviesa parte de los distritos de San Juan de Dios y San Rafael Abajo Arriba, se agrava por factores de la invasión de los cauces por construcciones de viviendas dentro de la zona de protección, obras sin los debidos permisos, colapso de estructuras de protección de las márgenes con permisos, construcción de talleres, asentamientos tipo precarios, botaderos y acumulación de desechos sólidos que los tiran o descargan en la zona de protección, así como, el diseño de los puentes que más bien restringen el flujo normal generando una condición hidráulica crítica (tipo embudo).(…) 3. Las recomendaciones del informe citado indica: “… VIII. Recomendaciones. 1 . Crear un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para toda la subcuenca hidrográfica del río Cañas donde integre al CME de Aserri, Desamparados y Alajuelita 2. (…) 3. No se recomienda el uso habitacional o comercial en las zonas impactadas y que corresponden con el área de protección del río Cañas, definida en el artículo 33 de la ley forestal 7575. 4. Los propietarios que se ubican en las riberas del río Cañas y que fueron directamente impactados sus construcciones con daños en sus inmuebles y obras de protección, deberán buscar mediante los mecanismos existentes en las instituciones de ayuda social (IMAS entre otros), la posibilidad de obtener algún apoyo que les ayude a solucionar los problemas de sus propiedades si es viable un uso en el terreno, mediante la construcción de adecuados muros de contención que protejan los terrenos de erosión acorde a la normativa actual. 5.(…) 6.(…) 7. A la Municipalidad de Desamparados la limpieza, remoción de escombros y vegetación ubicada en la sección del río Cañas que desvía el caudal y favorece la erosión lateral. Además, mediante los mecanismos institucionales existentes, realizar el reacomodo de la sección, recuperar la capacidad hidráulica con la remoción de sedimentos depositados y realizar obras de protección como diques o enrocados en los sitios vulnerables que favorecen el ingreso de los flujos de lodo y escombros a los lugares impactados. 8. El MINAE en coordinación con la municipalidad deben realizar la recuperación de las zonas de protección que fueron invadidas con construcciones ilegales de viviendas y destinar su uso a la protección, para que se conviertan en zonas de amortiguamiento de inundaciones. 9. El Ministerio de Salud debe realizar la valoración de las viviendas impactadas por flujos de lodos y escombros, la erosión lateral en ambas márgenes del río Cañas en los barrios evaluados. De acuerdo con los mecanismos institucionales, amparado en la ley General de Salud, girar la orden sanitaria a las infraestructuras en caso de que corresponda. 10. El IMAS debe realizar el levantamiento de las familias afectadas por el impacto de los flujos de lodos y escombros que generó la pérdida de sus bienes, mediante los mecanismos institucionales determinar las ayudas a las que son sujetas para que puedan reponerlos. Además, deberá valorar los casos de las familias que deben salir de sus viviendas por los daños estructurales o por ubicarse en zona de riesgo, según corresponda a sus procedimientos, valorar las opciones de una reubicación temporal. 11. El Ministerio de Vivienda debe analizar todos los casos que por efectos de este evento fueron impactos directamente debido a las pérdidas de sus propiedades y estructuras con la finalidad de buscar soluciones habitacionales. 12. Los terrenos que no reúnen las condiciones para ser habitados debido a los efectos de desbordamientos o erosiones laterales del río Cañas, deben ser planificados como parques lineales bajo la tutela del ente municipal en coordinación con organizaciones comunales, 13. Todos estos sectores impactos deben ser analizados e incorporados dentro del Plan Regulador para su análisis y de establecer una estrategia de seguimiento y monitoreo. (…) 4. Retomando el informe AM-IF-079-2025 de fecha 09 de abril del 2025, este es contundente al indicar que de los resultados de la modelación hidráulica realizados por CASISA, se determina una serie de fincas que, por la ubicación y morfología del río tienen un riesgo bajo de inundación, por lo cual, estas, que no fueron incluidas esas zonas a realizar proyectos de mejoramiento de la sección hidráulica del rio Cañas, identificando para el caso de las propiedades del recurrente con riesgo bajo o muy bajo. 5. Es importante aclarar que, los proyectos que reclama el recurrente en los cuales dice no está incluida su propiedad, no corresponden a proyectos de protección individual de casas de habitación, sino a la protección y aseguramiento de la sección hidráulica del Río Cañas y la protección de las rutas cantonales aledañas como es el caso de Dirección01 y calles del Dirección12, por lo que, la finca del Sr. Nombre01 y la de otros propietarios no fueron incluidas en los proyectos a ejecutar por la CNE según los estudios realizados. Además de lo anterior, las casas de la familia del Sr: Nombre01 se encuentran en la zona de retiro del Río Cañas, De esta forma, de haber realizado una intervención a la altura de la propiedad del Sr. Valverde, necesariamente esta estructura obstruiría el cauce del río, a menos que se demuela la vivienda que se encuentra dentro de la zona de protección. 7. A pesar de estas limitaciones, el año pasado, en abril y mayo fue realizada una intervención por parte de la Municipalidad de Desamparados, que corresponde a una escollera o protección del talud de 8 m de longitud y 3.5 m de altura aproximadamente, con la finalidad de asegurar el talud. Esta intervención tiene un carácter no invasivo, justo por la misma razón de no reducir el cauce del río (la sesión hidráulica). Esta intervención realizada por la Municipalidad de Desamparados, consiste básicamente en un revestimiento o blindaje contra erosión la cual ha tenido un buen desempeño y protección a la propiedad del Sr. Valverde, por lo que extraña mucho a la Municipalidad de Desamparados que el Sr. Nombre01 indique que no se le ha protegido. 8. Debido a la ubicación de las edificaciones en cuestión, para realizar algún tipo de protección similar a los demás muros o protecciones que se están realizando, se debe demoler la casa o casas o realizar una construcción dentro del río, lo cual no es procedente por la ilegalidad que esto sería. Es por eso se realizó un revestimiento no invasivo como se aprecia en las fotografías del informe del Área de Infraestructura. 9. El trámite 1324-2025 fue resuelto y notificado al recurrente, según informe IF-IG 087-2025 de fecha 27 de febrero del 2025, que le fue comunicado al tutelado mediante correo electrónico el día 12 de marzo del 2025 a las 14:59 horas, desde el correo ...01 al correo ...02 10. Ahora bien, el trámite fue respondido en forma correcta, no obstante el tutelado se encuentra inconforme con la respuesta , según se desprende de este recurso, lo que pretende el tutelado es que se realicen obras de mitigación en su propiedad que está en el cauce del río, no obstante que ya se realizaron las obras que por competencia corresponden a esta Municipalidad y que pareciera no comprender el señor Valverde en cuanto que no se están realizando intervenciones de protección individual en casas de habitació , sino a la protección y aseguramiento de la sección hidráulica del Río Cañas y la protección de las rutas cantonales aledañas como es el caso de Dirección01 y calles del Dirección12. III. SOBRE EL FONDO Conforme consta de los informes rendidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, la única instrucción girada a esta Municipalidad es la limpieza, remoción de escombros y vegetación ubicada en la sección del río Cañas que desvía el caudal y favorece la erosión lateral. Además, mediante los mecanismos institucionales existentes, realizar el reacomodo de la sección, recuperar la capacidad hidráulica con la remoción de sedimentos depositados y realizar obras de protección como diques o enrocados en los sitios vulnerables que favorecen el ingreso de los flujos de lodo y escombros a los lugares impactados, que ya se realizó. El informe IF-IG-087-2025 notificado al tutelado es contundente en la respuesta, al indicarle que el Plan de Inversión para la protección en el margen del Río Cañas presentado por el Gobierno Local se basó en el modelo hidráulico desarrollado por consultor experto CACISA, donde el muro propuesto presenta el estacionamiento y alineamiento propuesto. El alineamiento propuesto por el consultor responde a la geometría del cauce y no a los alineamientos de las propiedades privadas o públicas. Dicho planteamiento lo que busca es mejorar la dinámica del rio para reducir secciones que representan algún cuello de botella y que pueda provocar un efecto adverso en los niveles del cauce. En particular, posterior a la fase de diseño desarrollada por la empresa Macaferri, dicha sección se ha mantenido sin modificación ni inclusión de tramos adicionales, debido a la inexistencia de una premisa técnica que lo respalde. Asimismo se le informó que la normativa corresponde a la Declaratoria de emergencia nacional por la influencia directa de la zona de convergencia intertropical, según Decreto No. 43752-MP. Que el contratista adjudicado es MACAFERRI S.A y la supervisión corresponde a la Unidad Ejecutora que recae en la Consultora Vieto y Comisión Nacional de Emergencias y que las zonas por intervenir están determinadas como las zonas más críticas por la geometría del cauce según los estudios hidrológicos integrales de la cuenca. Ninguno de los proyectos ejecutados bajo el programa PROERI, está definido bajo los alineamientos de las propiedades privadas o públicas, sino que responden a la integridad como un todo, con lo cual queda claro que esta Municipalidad ha cumplido con el requerimiento del tutelado, dando respuesta clara y de acuerdo a lo solicitado, el hecho que no esté de acuerdo con lo que se responde y actuaciones Municipales, es una situación diferente que no puede asumir la Municipalidad, al solicitar una intervención directa en su propiedad que además está en la zona de cauce como claramente lo indican los técnicos de la CNE y nuestros técnicos, por lo que solicitamos declarar sin lugar el recurso ya que el riesgo debido a la erosión causada por fenómenos hidrometeorológicos, ya ha sido intervenido con obras de contención, resultando improcedente realizar las intervenciones en propiedades privadas, más aún si éstas están invadiendo los cauces por construcciones de viviendas dentro de la zona de protección. Aunado a lo anterior tenemos que el artículo 89 de la Ley de Aguas es claro al indicar que, para el caso de que un propietario de un predio lindantes con cauces públicos nen libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente, no obstante la administración podrá, mandar suspender tales obras y aún restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias amenacen aquéllas causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso natural, o producir inundaciones.”

 

5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital a las 14:18 horas del 14 de abril de 2025, informa bajo juramento María Isabel Llamas Echeverría, en su condición de presidenta del Concejo de Desamparados, lo siguiente:

“A partir de los hechos que son planteados por el recurrente es importante identificar primero que todo cuáles son propiamente las acciones que dependan del ejercicio de competencias específicas del Concejo Municipal como se establece en el artículo 13 del Código Municipal o alguna otra norma especial que de manera específica otorgue al Concejo una competencia de decisión o intervención directa en la problemática planteada, la cual adelanto, es de resorte exclusivo de la Administración Municipal en la cabeza del titular de la Alcaldía Municipal, en su carácter de administración activa y bajo las competencias otorgadas por el Código Municipal en el numeral 17 de dicho cuerpo normativo. No obstante, debe recordarse que el Concejo Municipal, en su calidad de órgano parlamentario local, en ejercicio de la dinámica democrática en torno a la existencia de pesos y contrapesos en torno a la diarquía del Gobierno Municipal tiene una labor de coordinación interna con la Alcaldía Municipal. Aclarado lo anterior, para la atención de los asuntos descritos por el señor Nombre01, este honorable Concejo Municipal, tuvo conocimiento de una nota suscrita por el recurrente y el regidor Chavarría Sibaja, en la que se había consultado a la Administración por la no inclusión de la ladera del río Cañas en el proyecto CE-PROERI Diseño y construcción del sistema de protección del 5 de febrero de 2025, nota con Código 479-2025. No obstante, el Concejo Municipal para revisar el estado de la contratación que había realizado con la empresa CACISA, adjudicada mediante la licitación 2024PX-000062-0006500001 “Estudio Integral de la cuenca de la quebrada Chilamate y diseño de solución para el control de inundaciones en Gravilias, Desamparados, sector colegio”, había tomado el acuerdo 25 de la Sesión 73-2024 desde el lunes 18 de noviembre de 2024, para recibir un informe de dicha empresa. Incluso a posteriori se invitó a los representantes de la empresa CACISA para discutir sobre los trabajos realizados en el cantón y que por ende se presentaran ante el Concejo Municipal el 12 de diciembre de 2024, y la empresa no se presentó a la sesión programada aduciendo que solo iría si el CNE, que fue la administración que los adjudicó, así lo requería. A la fecha, el Concejo Municipal se encuentra a la espera de que se informe que ha acontecido con la situación descrita por el recurrente, que al contar la Administración Municipal con los técnicos suficientes para coordinar con el CNE, se espera que la Alcaldía pueda determinar cuál es la solución técnica que amerita la zona. En virtud de lo anterior, no se denota del caso concreto que el Concejo Municipal tenga en este momento potestad o injerencia en acciones concretas que por acción u omisión puedan ser tenidas como violatorias de los derechos fundamentales del munícipe recurrente en los términos esgrimidos en su recurso de amparo, porque la solicitud de intervención de la vía es asunto que debe ser atendido por la Alcaldía Municipal.”

 

 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.             

 Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

 Considerando:

  I.- Objeto del recurso. El recurrente señala que su vivienda y las de varios miembros de su familia han sido afectadas por las crecidas del río Cañas, especialmente durante el invierno de 2022, cuando sufrieron importantes pérdidas materiales. Indica que funcionarios municipales y de la CNE reconocieron la gravedad de la situación y promovieron un programa para mitigar riesgos. No obstante, sostiene que fue excluido del proyecto de protección de márgenes del río, financiado con recursos públicos, pese a que en su sector habitan menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. Aduce que ha intentado conocer los criterios de selección, pero le informaron que fueron definidos por la empresa CASISA, sin considerar el nivel de afectación que enfrenta su comunidad. Resalta que un informe técnico de la CNE advierte sobre el riesgo extremadamente alto en la zona donde reside su familia. Por lo anterior, solicita la intervención de esta Sala, al estimar que dicha exclusión vulnera sus derechos fundamentales.

II.- Cuestión preliminar. De previo a analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso se plantea un posible supuesto de excepción, ya que el promovente refiere la presentación de solicitudes vinculadas a una situación que, según alega, afecta directamente a viviendas habitadas por menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y cuya atención, afirma, no ha sido solucionado dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)   El 16 de septiembre de 2022, varios sectores del cantón de Desamparados, entre ellos El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Urbanización Villafuentes, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01 y Urbanización Pablo Presbere, resultaron afectados por fuertes lluvias que provocaron deslizamientos y erosión de las márgenes del río Cañas, generando daños materiales en viviendas y otras infraestructuras (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

b)   Entre el 26 de septiembre y el 10 de octubre de 2023, los sectores del borde del Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot y el borde del Condominio Monte Carlo, ubicados en Desamparados, sufrieron erosión lateral de las márgenes y desbordamientos del río Cañas debido a fuertes precipitaciones, siendo zonas reincidentes en afectaciones por eventos hidrometeorológicos (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

c)    El 18 de noviembre de 2024, el Concejo Municipal de Desamparados acordó en su Sesión 73-2024 solicitar un informe a la empresa CACISA, adjudicataria de la licitación 2024PX-000062-0006500001 para el estudio integral de la cuenca de la quebrada Chilamate y diseño de solución para el control de inundaciones en Gravilias, Desamparados, sector colegio (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital)

d)   El 5 de febrero de 2025, el recurrente y el regidor Chavarría Sibaja suscribieron una nota consultando a la Administración Municipal sobre la no inclusión de la ladera del río Cañas en el proyecto CE-PROERI de diseño y construcción del sistema de protección, la cual fue conocida por el Concejo Municipal bajo el código 479-2025 (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

e)    El 12 de diciembre de 2024, los representantes de la empresa CACISA no se presentaron a la sesión del Concejo Municipal a la que habían sido convocados para discutir sobre los trabajos realizados en el cantón, argumentando que solo asistirían si la Comisión Nacional de Emergencias, como entidad adjudicadora, lo solicitaba (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital)

f)     El 25 de febrero de 2025, el accionante presentó una gestión ante la Municipalidad de Desamparados, en la que solicitó la siguiente información: “Por este medio yo, Nombre01, portador de la cédula de identidad número CED01, respetuosamente solicita información detallada y respuesta formal en relación con el proyecto de protección de márgenes que se ejecuta en las inmediaciones de Dirección13 y Dirección12. En particular, requiero conocer: Criterios técnicos utilizados: ¿Qué fundamentos técnicos se emplearon para definir la ubicación de los muros o revestimientos destinados a proteger los márgenes en dicha área? ¿Qué normativa o lineamientos se consideraron para dicha planificación? Responsables del diseño: ¿Quiénes son los funcionarios o profesionales responsables de la elaboración, supervisión y aprobación del diseño de este proyecto? Impacto sobre propiedades afectas: ¿ Cuáles son las propiedades o fincas identificadas como las más afectadas en la zona? Se observa que el diseño actual omite la inclusión de puntos críticos que, a simple vista, presentan mayores riesgos. Es relevante destacar que algunas de las propiedades que han sufrido daños considerables en los últimos tres años no están contempladas dentro del área de protección del proyecto. Dado el nivel de riesgo evidente en estas propiedades, solicito que se realice una inspección técnica exhaustiva para verificar la situación actual y, de ser necesario, se considera la inclusión de dichas áreas dentro del plan de protección. Agradezco de antemano la atención a la presente y quedo a su pronta y formal respuesta” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

g)   El 27 de febrero de 2025, el coordinador del Área de Infraestructura de la Municipalidad de Desamparados, a través del oficio n.° IF-IG-087-2025 dirigido a la alcaldesa, contestó la gestión de información planteada por el amparado, en los siguientes términos: “Estimada señora: Asunto: Atención trámite 1324-2025 Reciba cordial saludo. Según su instrucción por medio de correo electrónico para atender el trámite 1324-2025, presentado por el señor Nombre01, se tiene: ¿Qué fundamentos técnicos se emplearon para definir la ubicación de los muros o revestimientos destinados a proteger los márgenes en dicha área? El Plan de Inversión para la protección en el margen del Río Cañas presentado por el Gobierno Local se basó en el modelo hidráulico desarrollado por consultor experto CACISA, donde el muro propuesto presenta el estacionamiento y alineamiento propuesto. El alineamiento propuesto por el consultor responde a la geometría del cauce y no a los alineamientos de las propiedades privadas o públicas. Dicho planteamiento lo que busca es mejorar la dinámica del rio para reducir secciones que representan algún cuello de botella y que pueda provocar un efecto adverso en los niveles del cauce. En particular, posterior a la fase de diseño desarrollada por la empresa Macaferri, dicha sección se ha mantenido sin modificación ni inclusión de tramos adicionales, debido a la inexistencia de una premisa técnica que lo respalde. ¿Qué normativa o lineamientos se consideraron para dicha planificación? Decreto No. 43752-MP. ¿Quiénes son los funcionarios o profesionales responsables de la elaboración, supervisión y aprobación del diseño de este proyecto? Se debe aclarar que el diseño se basa en los estudios supracitados y el Plan de Inversión aprobado. Diseño y elaboración: Contratista adjudicado MACAFERRI S.A Supervisión y aprobación: Personeros Unidad Ejecutora, firma Consultora Vieto y Comisión Nacional de Emergencias. Es importante indicar que también se cuenta con fiscalización de la Contraloría General de la República para el programa y soporte por parte de UNOPS para la CNE. ¿Cuáles son las propiedades o fincas identificadas como las más afectadas en la zona? Las zonas por intervenir están determinadas como las zonas más críticas por la geometría del cauce según los estudios hidrológicos integrales de la cuenca. Ninguno de los proyectos ejecutados bajo el programa PROERI, está definido bajo los alineamientos de las propiedades privadas o públicas, sino que responden a la integridad como un todo. Cualquier consulta, quedo a la orden.” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital)

h)   El 12 de marzo de 2025, la Alcaldía de Desamparados remitió el oficio n.° IF-IG-087-2025 al tutelado por medio del correo electrónico (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).  

i)     El 17 de marzo de 2025, la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE, a través del informe técnico n.° CNE-UIAR-INF-0308-2025, determinó que, en la margen izquierda del río Cañas, específicamente en Dirección01, existía exposición de cimientos de varias construcciones debido a procesos erosivos provocados por lluvias recientes. En dicho informe, se consignó, en lo que interesa, lo siguiente: “III. Antecedentes del sector ” Por parte de la CNE, gran cantidad de informes técnicos relacionados con la problemática que se ha generado a través del tiempo a lo largo del río Cañas debido a eventos hidrometeorológicos importantes que han afectado casas, asentamientos informales, puentes, diques, tubería de acueductos en secciones de los distritos de San Rafael Arriba, Abajo y San Juan de Dios de Desamparados. Informe técnico CNE-UIAR-INF-1026-2022, Valoración de los efectos generados por fuertes lluvias del 16 de setiembre del 2022 a lo largo del río Cañas. En conjunto con el CME de Desamparados y personeros del Ministerio de Salud, los sectores afectados por las fuertes lluvias que generaron incidentes el 16 de setiembre del 2022, debido a deslizamientos, erosiones de las márgenes en varios cauces y en particular el río Cañas. Los sectores afectados como El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Dirección03, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01, Dirección07. lluvias a lo largo del río Cañas, Damas y Cucubres , (26/09/2023) y (06-10/10/2023), debido a las fuertes precipitaciones del 26 de setiembre del 2023, se generaron afectaciones, tales erosiones laterales de las márgenes, desbordamientos en áreas urbanas ubicadas a lo largo de la cuenca baja, media y alta del río Cañas, propiamente en sectores que han sido reincidentes en Aserri, como: Salitrillos, La Tamalera, Santa Teresita, Dirección08 y en Desamparados sectores como el borde del Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot y Borde de Condominio Monte Carlo. Debe indicarse que estos sectores han sido reincidentes a través del tiempo ante eventos hidrometeorológicos importantes a lo largo del cauce del río Cañas. IV. Análisis general de la amenaza en el entorno Acorde con la gestión solicitada por el señor Nombre01 , céd: Telf01, vecino de Dirección01 de San Juan de Dios de Desamparados, se efectúa una visita de campo en compañía de un funcionario del CME de Desamparados, a las propiedades localizadas en la margen izquierda del río Cañas, donde se evidencia que, a raíz de los últimos eventos de lluvias, se han dado problemas de erosión y exposición de los cimientos de varias construcciones. Por lo tanto, para los eventos generados en el 2022 y 2023, el sector ha estado expuesto a fuertes procesos erosivos de ambas márgenes, afectando los inmuebles existentes en sus márgenes. De hecho, que por parte de la Unidad e Investigación y Análisis del Riesgo (IAR), ha efectuado informes relacionados a estos eventos, así como, de sobrevuelos con el drone en el Área (…) “Sector que ha presentado a través de los años afectaciones y, por consiguiente, es un punto muy vulnerable a los procesos erosivos del río Cañas. Analizar alternativa para una posible obra de contención con la finalidad de prevenir mayor afectaciones a futuro. De no efectuarse medidas de mitigación es muy factible que ante los eventos a futuro parte de las propiedades serán más erosionadas con la posibilidad de mayores daños o la perdida de estas. V. Alcance del informe De conformidad a las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional, con a los criterios técnicos dados por funcionarios especializados de la CNE y de los Comités Asesores Técnicos, se aclara que las recomendaciones de éste informe son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen (acuerdo 443-2011 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), además, en dicho acuerdo se establece una serie de pasos apegados a la normativa actual de país, en cuanto a las regulaciones y medidas que deben efectuar los municipios en el ámbito de la Gestión del Riesgo” (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital).

j)     La Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la CNE ha emitido los informes técnicos CNE-UIAR-INF-1025-2022 y CNE-UIAR-INF-1089-2023, advirtiendo que diversos sectores ubicados a lo largo del cauce del río Cañas, tanto en Aserrí como en Desamparados, han presentado afectaciones recurrentes por eventos hidrometeorológicos que han provocado erosión lateral de sus márgenes, desbordamientos e impactos significativos en viviendas, infraestructura vial y obras de protección, identificando entre las zonas más vulnerables Dirección01, La Fusilera, Areneros y Dirección02 (véanse los informes de las autoridades recurridas y la prueba aportada al expediente digital)

IV.- Análisis por el fondo.  La parte recurrente sostiene que su vivienda y las de varios familiares han sido históricamente afectadas por las crecidas del río Cañas, lo cual se agravó en 2022 con importantes pérdidas materiales. Indica que, pese a que funcionarios municipales y de la CNE reconocieron el alto riesgo y la necesidad de obras de infraestructura, recientemente tuvo conocimiento de un proyecto de protección de márgenes que excluye su sector, a pesar de los daños sufridos y de que allí residen personas en condición de vulnerabilidad. Señala que la definición de las zonas de intervención fue encargada a una empresa privada y que su comunidad quedó fuera sin una justificación clara, pese a existir un informe técnico de la CNE que advierte del riesgo extremo que enfrentan. Por ello, solicita la intervención de esta Sala, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por dicha exclusión.

Al respecto, es preciso señalar que la actuación de las instituciones públicas debe caracterizarse por celeridad y eficiencia, especialmente en la prestación de los servicios que les competen. En el caso de las municipalidades, al estar encargadas de atender los intereses y necesidades locales, su labor comprende un amplio conjunto de responsabilidades. Sobre esta materia, en la sentencia Nº 2011-012886 de las 12:44 horas del 23 de septiembre de 2011, esta Sala se pronunció en los siguientes términos:

“Conforme lo establece el artículo 169 de la Constitución Política y el Código Municipal, corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional. En consecuencia, la Municipalidad debe establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la ley respectiva, que persiga el desarrollo eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice -al menos- eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de provisión de agua potable y evacuación de aguas servidas, adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de iluminación y ornato de las ciudades; servicios de construcción, reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; en general planes concretos y prácticos para hacer confortable y segura la vida de la población. En el caso concreto, el Alcalde recurrido manifiesta que los caminos mencionados por el recurrente no fueron incluidos en el plazo estratégico anual que deben presentar las instituciones públicas, por lo que no se pueden comprometer fondos públicos sin estar presupuestados. Que estarán realizando una visita de campo para gestionar reparar los caminos que alegan los recurrentes. Además del informe rendido bajo juramento no se dice nada acerca del trámite que se le diera a la solicitud de información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de interés social, ni se indica que se le hubiera dado respuesta, pese a que la gestión fue presentada desde mayo del dos mil once. Así las cosas, estima esta Sala que existe una clara omisión en la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes atribuible al gobierno local, toda vez que la omisión del pleno ejercicio de las facultades que la ley le otorga a este ente, ha permitido que se llegue a dar y persistan los problemas denunciados por los recurrentes, sobre todo provocados por la falta de mantenimiento de caminos públicos, los cuales, al estar dañados dejan incomunicados a los vecinos de la comunidad Nueve Millas, Moín Limón. Además, del expediente no se logra acreditar que las autoridades municipales hubieran dado respuesta a la nota presentado el 16 de mayo del 2011, en la Unidad Técnica de la Junta Vial de la Municipalidad del Cantón, por medio del cual se solicitaba información respecto a la falta de mantenimiento de caminos públicos de su interés. Por consiguiente, a juicio de este Tribunal, con su omisión, la Municipalidad ha puesto en situación de peligro el libre transitar de los recurrentes y vecinos de la comunidad en cuestión, así como el derecho a disfrutar de un ambiente sano y equilibrado” (Lo destacado y subrayado no corresponde al original).

 

En el presente caso, esta Sala verifica la lesión de los derechos fundamentales del amparado, en virtud de la inacción sostenida por parte de la Municipalidad de Desamparados, la cual, a pesar de contar desde hace varios años con información técnica precisa sobre los hechos descritos por el promovente, no ha adoptado medidas efectivas para atender la grave situación de riesgo en la que se encuentran tanto su vivienda como las de otros vecinos del sector. En efecto, conforme al contenido del expediente, se ha acreditado que el área en cuestión ha sido objeto de diversos informes técnicos emitidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entre ellos el informe n.° CNE-UIAR-INF-0308-2025, en el cual se alerta de manera específica sobre los problemas de erosión lateral de la margen izquierda del río Cañas, en Dirección01, y se concluye que dicha condición representa un riesgo alto que podría comprometer la estabilidad del terreno, con potenciales consecuencias graves para las viviendas y la integridad física de quienes habitan la zona.

Además, dicho informe incluye una serie de recomendaciones concretas dirigidas a mitigar el riesgo detectado, tales como la necesidad de realizar estudios técnicos complementarios que permitan proponer medidas correctivas, así como valorar la reubicación de las personas afectadas y la ejecución de obras de infraestructura que estabilicen la ladera. A pesar de la contundencia de esas conclusiones y de la claridad de las recomendaciones formuladas por el órgano rector en materia de prevención de riesgos, lo cierto es que las autoridades municipales accionadas, aunque han realizado algunas gestiones puntuales, no han ejecutado ninguna acción que se corresponda con el nivel de intervención sugerido por la CNE. Lejos de acoger tales recomendaciones, ha mantenido una postura inactiva que ha permitido la persistencia del peligro, sin que exista evidencia de que haya promovido estudios adicionales, elaborado planes de mitigación o previsto la ejecución de obras tendientes a atender estructuralmente el problema.

En ese contexto, resulta aún más relevante destacar que, conforme a la jurisprudencia de esta Sala, a la Administración Municipal se le asigna una función genérica de velar por los intereses y necesidades locales, lo cual le impone el deber constitucional de atender los riesgos que comprometan la seguridad y la integridad de su población. Por consiguiente, no puede válidamente excusarse en la participación de otros entes del Estado, ni delegar su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de la comunidad en terceros, puesto que, como claramente lo ha indicado esta jurisdicción, es la autoridad municipal, en su conjunto, quien debe dar solución efectiva a las problemáticas que afectan a su población. En consecuencia, al constatarse que la Municipalidad de Desamparados ha tenido pleno conocimiento de la situación de riesgo durante un tiempo prolongado, que ha recibido advertencias técnicas claras, que se le han formulado recomendaciones específicas para atender el problema, y que, a pesar de ello, no ha adoptado medidas orientadas a reducir efectivamente el peligro, se configura una omisión administrativa incompatible con la protección de los derechos fundamentales del amparado, en particular su derecho a la vida, a la salud y a una vivienda digna y segura.

En virtud de las consideraciones esgrimidas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, como en efecto se hace.

V.- Sobre el actuar de CNE: Respecto a esta autoridad, resulta procedente indicar que mediante sentencia N.º 04283-2015 de las 09:30 horas del 27 de marzo de 2015, esta Sala señaló que:

“VII.- LA NATURALEZA JURÍDICA Y LAS COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo define a la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República. Se trata de la entidad rectora en todo lo referido a prevención de riesgos y los preparativos para atender situaciones de emergencia, conforme a las competencias ordinarias y extraordinarias establecidas en los artículos 14 y 15 de dicha ley. Sobre el particular, la Sala ha definido que la prevención de situaciones peligrosas para las personas y bienes, así como la atención de emergencias, son aspectos que inciden directamente en el pleno disfrute de derechos de rango constitucional, como la vida, la salud, la propiedad y el ambiente. La atención de esa materia debe estar coordinada por dependencias especializadas cuyas decisiones y actuaciones se funden en criterios técnicos. Precisamente, por mandato legal, le atañe a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dicha función de coordinación, la cual, sin embargo, se puede extender a la emisión de resoluciones vinculantes e incluso al ejercicio de un deber de control permanente. Dentro del marco supracitado, resulta de interés para este asunto, resaltar las siguientes funciones ordinarias de la Comisión, establecidas en el numeral 14 de la su ley. El inciso a) estatuye su deber de articular y coordinar la política nacional relativa a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender situaciones de emergencia. Por su parte, el inciso c) le asigna la potestad de dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, basadas en criterios técnicos y científicos, tendentes a orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo, que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones del Estado, el sector privado y la población en general. Ahora bien, como se indicó supra, esta competencia de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias no se agota en tal función coordinadora ni en la emisión de resoluciones vinculantes, sino que se adiciona con el deber de ejercer un permanente control en el área competencial que le incumbe. Así, el inciso d) del citado ordinal 14 le asigna a la Comisión la obligación de ejercer control sobre la función reguladora realizada por las instituciones del Estado para controlar los procesos generadores de riesgo, según sus áreas de competencia, a partir de la facultad de la Comisión de emitir resoluciones vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención de emergencias. En el mismo sentido, el inciso e) la asigna una función permanente de control, para que los órganos y entes del Estado incluyan criterios de gestión del riesgo, en la planificación y ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del país. En el caso concreto de las municipalidades, la Comisión está compelida a asesorar las en cuanto al manejo de la información sobre las condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. Tal asesoría debe contribuir a la elaboración de planes reguladores, la adopción de medidas de control y el fomento de la organización, todo ello tendente a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta problemática. Ergo, no basta con que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dicte resoluciones vinculantes y asesore a las municipalidades en relación con la prevención del riesgo y la atención de emergencia; se requiere, además, que, por un lado, vele por el efectivo cumplimiento de tales resoluciones y, por el otro, controle el accionar de las municipalidades en la referida materia”.

 

 En ese sentido, si bien del antecedente citado se evidencia que la CNE ostenta la responsabilidad de coordinar la política nacional en materia de prevención y atención de emergencias, así como facultades concretas de control respecto al accionar de las municipalidades en esa materia, lo cierto es que en el caso sub judice dicho órgano sí ha desplegado diversas actuaciones dirigidas a cumplir con sus atribuciones. En efecto, consta en autos que, mediante los informes técnicos n.° CNE-UIAR-INF-1025-2022 y CNE-UIAR-INF-1089-2023 y CNE-UIAR-INF-0308-2025, elaborados por su Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo, se determinó el alto nivel de vulnerabilidad existente en el sector de El Roble y se emitieron recomendaciones puntuales orientadas a la mitigación de los riesgos advertidos. Además, se verificó que la Comisión ha mantenido conocimiento formal de la situación desde años atrás y que, conforme a su papel técnico y asesor, ha brindado apoyo en la caracterización del riesgo e instado a la adopción de medidas correctivas. Sin embargo, también se desprende del expediente que la fase de ejecución de obras no ha avanzado, precisamente, por la omisión de la Municipalidad de Desamparados en impulsar con celeridad y determinación las acciones necesarias para implementar dichas recomendaciones.

Por ende, esta Sala concluye que, en lo que respecta a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, no se configura una lesión directa a los derechos fundamentales de la parte amparada, en tanto su actuación ha estado orientada al cumplimiento de sus deberes legales de análisis, asesoría y valoración técnica, sin que le sea imputable la paralización en la atención estructural de la problemática.

Por ende, se desestima el recurso en cuanto a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por cuanto consta en el expediente que dicha entidad ha cumplido con sus competencias mediante la elaboración de informes técnicos, la formulación de recomendaciones específicas y la gestión de acciones dirigidas a atender la situación denunciada.

VI.- Por lo demás, si la parte recurrente se encuentra disconforme con la exclusión de su casa del proyecto de protección de márgenes, es preciso advertir que excede las competencias de este Tribunal entrar a determinar si la vivienda del amparado debe o no ser incluida dentro del proyecto en cuestión, toda vez que esa valoración le corresponde a las autoridades técnicas competentes y no a esta jurisdicción constitucional. Por ende, si la parte accionante persiste en su disconformidad, lo procedente es que plantee sus alegatos ante las vías de legalidad ordinaria, donde podrá exponer de manera amplia los extremos que considere pertinentes.

VII.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, que según alega afecta directamente a viviendas habitadas por menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad, y cuya atención, afirma, no ha sido solucionado dentro de un plazo razonable.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente respecto a la dilación de la Municipalidad de Desamparados en cumplir con las recomendaciones dadas por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en el informe técnico n.° CNE-UIAR-INF-0308-2025. En consecuencia, se ordena a María Antonieta Naranjo Brenes y Jesús Manuel Chinchilla González, en sus respetivas condiciones de alcaldesa y coordinador del Área de Infraestructura, ambos de la Municipalidad de Desamparados, así como a María Isabel Llamas Echeverría, en su condición de presidenta del Concejo Municipal de Desamparados, o a quienes ocupen dichos cargos, que adopten las medidas necesarias para que, en un plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se cumplan a cabalidad las recomendaciones dadas por la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en el informe técnico n.° CNE-UIAR-INF-0308-2025. Se apercibe a la parte recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Desamparados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.  En lo demás, y en cuanto Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:11:15.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Large**
**Normal**
**Small**
**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 16120 - 2025**

**Date of Resolution:** 09:20 on May 30, 2025

**Case File:** 25-008464-0007-CO

**Drafted by:** Ronald Salazar Murillo

**Type of Matter:** Amparo

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER


**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

**Relevant Judgment**

**Judgment with Protected Data, in accordance with current regulations**


**Content of Interest:**

**Strategic Themes:** Human Rights, Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Theme:** MUNICIPALITY

**Subthemes:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

**Theme:** EXECUTIVE BRANCH

**Subthemes:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

**Theme:** PROMPT RESOLUTION

**Subthemes:**

ADMINISTRATIVE DELAY.

016120-25. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. PROMPT RESOLUTION. RESIDENTS OF RÍO CAÑAS ACCUSE THAT THEY ARE AFFECTED BY RIVER FLOODING AND, DESPITE THE RISK HAVING BEEN RECOGNIZED BY THE AUTHORITIES, THEY HAVE NOT BEEN GIVEN A SOLUTION. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED, SOLELY REGARDING THE RESPONDENT'S DELAY IN COMPLYING WITH THE RECOMMENDATIONS GIVEN. CONSEQUENTLY, THE MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS IS ORDERED TO FULLY COMPLY, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS, WITH THE RECOMMENDATIONS GIVEN BY THE RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT OF THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE IN TECHNICAL REPORT NO. CNE-UIAR-INF-0308-2025. VCG06/2025


“(…) IV.- Analysis on the merits. The appellant argues that their home and those of several relatives have been historically affected by the flooding of the Cañas River, which worsened in 2022 with significant material losses. They indicate that, although municipal and CNE officials recognized the high risk and the need for infrastructure works, they recently learned of a bank protection project that excludes their sector, despite the damages suffered and the presence of vulnerable persons residing there. They point out that the definition of the intervention zones was entrusted to a private company and that their community was excluded without clear justification, despite a technical report from the CNE warning of the extreme risk they face. Therefore, they request the intervention of this Chamber, considering their fundamental rights violated by said exclusion.

In this regard, it is necessary to point out that the actions of public institutions must be characterized by speed and efficiency, especially in the provision of services under their purview. In the case of municipalities, being responsible for addressing local interests and needs, their work encompasses a broad set of responsibilities. On this matter, in judgment No. 2011-012886 of 12:44 on September 23, 2011, this Chamber ruled as follows:

“As established by Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, municipalities are responsible for the administration of local services and interests, with the purpose of promoting the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive urban planning policy in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees -at least- efficient electrification and communication services; good systems for providing potable water and sewage disposal, adequate aqueduct and sewer systems, city lighting and beautification systems; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make life comfortable and safe for the population. In this specific case, the respondent Mayor states that the roads mentioned by the appellant were not included in the annual strategic plan that public institutions must present, therefore public funds cannot be committed without being budgeted. That they will be conducting a field visit to manage repairing the roads alleged by the appellants. In addition to the report rendered under oath, nothing is said about the processing of the request for information regarding the lack of maintenance of public roads of social interest, nor is it indicated that a response was given, despite the request having been filed since May of two thousand eleven. As things stand, this Chamber considers that there is a clear omission in the protection of the appellants' fundamental rights attributable to the local government, since the failure to fully exercise the powers granted by law to this entity has allowed the problems denounced by the appellants to arise and persist, especially those caused by the lack of maintenance of public roads, which, being damaged, leave the residents of the Nueve Millas community, Moín Limón, isolated. Furthermore, it cannot be established from the case file that the municipal authorities responded to the note submitted on May 16, 2011, to the Technical Unit of the Cantonal Road Board of the Municipality, through which information was requested regarding the lack of maintenance of public roads of their interest. Consequently, in the judgment of this Tribunal, through its omission, the Municipality has jeopardized the free transit of the appellants and residents of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment” (The highlighting and underlining do not correspond to the original).

In the present case, this Chamber verifies the violation of the fundamental rights of the protected party, by virtue of the sustained inaction on the part of the Municipality of Desamparados, which, despite having for several years precise technical information on the facts described by the petitioner, has not adopted effective measures to address the serious risk situation in which both their home and those of other neighbors in the sector find themselves. Indeed, according to the content of the case file, it has been proven that the area in question has been the subject of various technical reports issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, among them report no. CNE-UIAR-INF-0308-2025, which specifically warns about the problems of lateral erosion of the left bank of the Cañas River, on Calle El Roble, and concludes that this condition represents a high risk that could compromise the stability of the land, with potential serious consequences for the homes and the physical integrity of those who inhabit the area.

Furthermore, said report includes a series of concrete recommendations aimed at mitigating the detected risk, such as the need to conduct complementary technical studies to propose corrective measures, as well as to assess the relocation of the affected persons and the execution of infrastructure works to stabilize the slope. Despite the forcefulness of these conclusions and the clarity of the recommendations formulated by the governing body in risk prevention matters, the fact is that the respondent municipal authorities, although they have carried out some specific efforts, have not executed any action commensurate with the level of intervention suggested by the CNE. Far from accepting such recommendations, it has maintained an inactive stance that has allowed the persistence of the danger, without evidence that it has promoted additional studies, prepared mitigation plans, or planned the execution of works aimed at structurally addressing the problem.

In this context, it is even more relevant to highlight that, according to the jurisprudence of this Chamber, the Municipal Administration is assigned a generic function of looking after local interests and needs, which imposes on it the constitutional duty to address risks that compromise the safety and integrity of its population. Consequently, it cannot validly excuse itself based on the participation of other State entities, nor delegate its constitutional obligation to protect the fundamental rights of the community to third parties, since, as this jurisdiction has clearly indicated, it is the municipal authority, as a whole, that must provide an effective solution to the problems affecting its population. Consequently, upon verifying that the Municipality of Desamparados has had full knowledge of the risk situation for a prolonged period, has received clear technical warnings, has been given specific recommendations to address the problem, and that, despite this, it has not adopted measures aimed at effectively reducing the danger, an administrative omission is configured that is incompatible with the protection of the fundamental rights of the protected party, particularly their right to life, to health, and to a decent and safe dwelling.

By virtue of the considerations argued, it is appropriate to grant the appeal, as is hereby done.

V.- Regarding the actions of the CNE: With respect to this authority, it is pertinent to indicate that through judgment No. 04283-2015 of 09:30 on March 27, 2015, this Chamber stated that:

“VII.- THE LEGAL NATURE AND COMPETENCIES OF THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE. The National Emergency and Risk Prevention Law defines the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response as a body of maximum deconcentration attached to the Presidency of the Republic. It is the governing entity in everything relating to risk prevention and preparations to deal with emergency situations, in accordance with the ordinary and extraordinary powers established in Articles 14 and 15 of said law. On this particular, the Chamber has defined that the prevention of dangerous situations for persons and property, as well as emergency response, are aspects that directly affect the full enjoyment of constitutional rights, such as life, health, property, and the environment. The handling of this matter must be coordinated by specialized units whose decisions and actions are based on technical criteria. Precisely, by legal mandate, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response is charged with this coordination function, which, however, can extend to the issuance of binding resolutions and even the exercise of a permanent duty of control. Within the aforementioned framework, it is of interest for this matter to highlight the following ordinary functions of the Commission, established in section 14 of its law. Subsection a) establishes its duty to articulate and coordinate national policy relating to risk prevention and preparations to deal with emergency situations. For its part, subsection c) assigns it the power to issue binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, which regulate or arrange their effective compliance by State institutions, the private sector, and the general population. Now then, as indicated supra, this competence of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response is not exhausted in such coordinating function or in the issuance of binding resolutions, but is supplemented by the duty to exercise permanent control in the jurisdictional area that concerns it. Thus, subsection d) of the cited section 14 assigns the Commission the obligation to exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's power to issue binding resolutions on risk conditions and emergency response. In the same sense, subsection e) assigns it a permanent control function, so that State bodies and entities include risk management criteria in the planning and execution of plans, programs, and projects that promote the country's development. In the specific case of municipalities, the Commission is compelled to advise them on the management of information about the risk conditions that affect them, such as guidance for an effective land use and land-use planning policy. Such advice should contribute to the preparation of regulatory plans, the adoption of control measures, and the promotion of organization, all aimed at reducing the vulnerability of persons, considering that, in the municipal sphere, the primary responsibility for facing this issue lies. Ergo, it is not enough for the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response to issue binding resolutions and advise municipalities regarding risk prevention and emergency response; it is also required that, on one hand, it ensure the effective compliance with such resolutions and, on the other, control the actions of municipalities in the aforementioned matter”.

In that sense, although it is evident from the cited precedent that the CNE holds the responsibility for coordinating national policy on emergency prevention and response, as well as specific control powers regarding the actions of municipalities in this area, the fact is that in the case sub judice, said body has indeed deployed various actions aimed at fulfilling its duties. Indeed, it is recorded in the case file that, through technical reports no. CNE-UIAR-INF-1025-2022 and CNE-UIAR-INF-1089-2023 and CNE-UIAR-INF-0308-2025, prepared by its Risk Research and Analysis Unit, the high level of vulnerability existing in the El Roble sector was determined and specific recommendations aimed at mitigating the observed risks were issued. Furthermore, it was verified that the Commission has maintained formal knowledge of the situation for years and that, in accordance with its technical and advisory role, it has provided support in characterizing the risk and urged the adoption of corrective measures. However, it also emerges from the case file that the execution phase of the works has not progressed, precisely due to the omission of the Municipality of Desamparados in promptly and decisively promoting the necessary actions to implement said recommendations.

Therefore, this Chamber concludes that, with respect to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, no direct violation of the fundamental rights of the protected party is configured, insofar as its action has been oriented towards fulfilling its legal duties of analysis, advice, and technical assessment, without the paralysis in the structural attention of the problem being attributable to it.

Hence, the appeal is dismissed as regards the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, since it is recorded in the case file that said entity has complied with its competencies by preparing technical reports, formulating specific recommendations, and managing actions aimed at addressing the denounced situation.

VI.- Furthermore, if the appellant disagrees with the exclusion of their house from the bank protection project, it is necessary to warn that it exceeds the competencies of this Tribunal to determine whether or not the dwelling of the protected party should be included within the project in question, insofar as this assessment corresponds to the competent technical authorities and not to this constitutional jurisdiction. Therefore, if the petitioner persists in their disagreement, the proper course is for them to present their arguments before the ordinary legal channels, where they may broadly present the points they deem pertinent. (…)”




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**Related Judgments**
**Content of Interest:**

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Theme:** 041- Effective Judicial Protection. Swift and Fulfilled Justice

**Subthemes:**

NOT APPLICABLE.

ARTICLE 41 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

“(…) II.- Preliminary question. Before analyzing the merits of the matter –regarding the alleged violation of the right to a swift and fulfilled procedure– it must be clarified that, starting with judgment No. 2008-02545 of 08:55 on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both for resolving an administrative procedure by final act –initiated ex officio or at the request of a party– and for hearing the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, a possible exception is raised, since the petitioner refers to the submission of requests linked to a situation that, as they allege, directly affects dwellings inhabited by minors, elderly persons, and persons with disabilities, and whose attention, they affirm, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG06/2025

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Separate Note

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Theme:** 041- Effective Judicial Protection. Swift and Fulfilled Justice

**Subthemes:**

NOT APPLICABLE.

VII.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding swift and fulfilled administrative justice. I have supported the thesis of this Tribunal that, when a party alleges a violation of the right to swift and fulfilled justice in an administrative setting, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now then, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo remedy established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, since, based on section 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 08:55 on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG06/2025

 

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**Content of Interest:**

**Type of Content:** Separate Note

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Theme:** MUNICIPALITY

**Subthemes:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as this omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or when vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, which, as alleged, directly affects dwellings inhabited by minors, elderly persons, and persons with disabilities, and whose attention, it is affirmed, has not been resolved within a reasonable time.

VCG06/2025

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**Text of the resolution**

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Exp: 25-008464-0007-CO

Res. No. 2025016120

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 25-008464-0007-CO, filed by Name01, identity card ID02, against the MUNICIPALITY OF DESAMPARADOS and the NATIONAL EMERGENCY COMMISSION -CNE-.

**Whereas:**

1.- By written submission filed before this Chamber at 12:47 on March 25, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Desamparados. They state that for years, their home and those of their family have suffered the ravages of the Cañas River. They indicate that, in the winter of 2022, they suffered major material losses due to the river's flooding. They assert that officials from the Municipality of Desamparados, including engineer Jesús Chinchilla, visited the site and recognized the seriousness of the problem, pointing out that only an investment in infrastructure could remedy the situation. They assert that the CNE also has knowledge of the high risk in that area and due to the emergencies that occurred that year and in subsequent years, the Municipality and the CNE developed a program to mitigate risks. However, they accuse that they learned of a bank protection project for the Cañas River, funded by the budget of those where they live and the damages they have suffered. They emphasize that minors, elderly persons, and persons with disabilities live in those homes, which makes intervention even more urgent. They add that they have tried to obtain information on the criteria used for that decision; however, Mayor Antonieta Naranjo and engineer Jesús Chinchilla have indicated that this analysis was left in the hands of the private company CASISA. They add that, according to their response, the most critical areas were determined in the project; however, they accuse that this lack of attention leaves them exposed to imminent danger. They highlight the report by geologist Julio Madrigal Mora from the CNE's Risk Research and Analysis Unit, in which it is concluded that the area where their family lives presents an extremely high risk due to erosion caused by hydrometeorological phenomena. They argue that the report warns that, if containment or lining works are not executed, the area will be exposed to severe damage in future climate events, compromising the safety of those living there. For the reasons stated, they request the intervention of the Chamber in this matter.

2.- By resolution of 17:22 on April 1, 2025, the Presidency of the Chamber processed this amparo and requested a report from the Mayor, the Council President, and the Coordinator of the Department of Infrastructure and Public Works, all of the Municipality of Desamparados; as well as from the head of the Risk Research and Analysis Unit of the CNE, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- Through a written submission incorporated into the digital case file at 09:16 on April 8, 2024, Lidier Esquivel Valverde, in his capacity as head of the CNE's Risk Research and Analysis Unit, reports under oath the following:

“SOLE FACT: Partially true. Only as regards report No. CNE-UIAR-INF 0308-2025 of March 2025 entitled: “Assessment of a sector due to problems of lateral erosion on the left bank of the Cañas River, Address01”, requested by the appellant, Mr. Name01, which was prepared by the Risk Research and Analysis Unit where I am the immediate superior. In all other respects, this fact is rejected, as it does not correspond to the competence of the Unit I represent or the CNE, since the administration of the local interests and services of the canton is the sole and exclusive competence of the Local Government, in this specific case, of the Municipality of Desamparados. II. POWERS OF THE MUNICIPALITY: It is the duty of every municipal government to guarantee, through planning and the exercise of its authority, that urban development meets criteria of safety, healthiness, and environmental sustainability. The foregoing, to safeguard citizens' rights. Deriving directly from Article 169 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, and related regulations, it is the absolute and exclusive responsibility of the municipalities to order the territory under their jurisdiction. This unavoidable duty has been expanded upon in various opinions of the Attorney General's Office, among them, C-093-2007 of March 27, 2007, C-020-2009 of January 29, 2009, C-118-2009 of May 4, 2009, C-155-2009 of June 1, 2009, C-091-2010 of May 3, 2010, and several others along the same lines. The Constitutional Chamber has ratified this responsibility in resolutions such as numbers 2153-93, 5305-93, 6706-93, 4205-96, 2000-431, 2000-06653, 2001-07485, 2002-01220, 2002-05996, 2002-07751, 2003-11397, 2004-1915, 2004-14404, 2004-01915, 2004-09439, 2005-04002, and 2005-07516, among many others. In this regard, the jurist Eduardo Ortiz Ortiz, cited in Opinion C-032-98 of February 25, 1998, of the Attorney General's Office, has stated: \"The municipal competence to issue urban plans comes from the law, since it covers matter constitutionally reserved to it, but it also has a constitutional basis, since it is a local matter. This means that the law cannot make the delegation except to the Municipality and that it would be unconstitutional, as violating municipal autonomy, for a law to do the opposite and empower, for example, the Executive Branch.\" Additionally, the Contentious Administrative and Civil Treasury Tribunal has issued judgments consistent with the position of the Attorney General's Office, such as resolution No. 128-2008 of 10:30 on March 7, 2008, No. 209-2011, of 14:30 on June 16, 2011, and No. 124-2011, of 09:50 on April 15, 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding land-use planning. On the other hand, the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, in Extraordinary Session No. 10-11, held on November 9, 2011, took Agreement No. 0443-2011, which was published in Gazette No. 230 of November 30, 2011. Said agreement indicates, in the pertinent part: a. Recommend to all Mayors of the country: i. That in accordance with the duties and powers imposed on them by the Political Constitution in its Articles 50 and 169, the Municipal Code, the Urban Planning Law, the Construction Law, the Organic Environmental Law, Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal), and related regulations, the General Health Law, and the extensive jurisprudence on the subject, proceed immediately to the eviction of the occupants of areas of recognized risk and imminent danger, as well as to demolish the buildings located on them, and to monitor that they are not invaded again with human settlements, applying the procedural sequence cited in Considering IV, which is taken from resolution No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber. ii. That due to the binding nature that the Constitutional Chamber confers on them, immediately implement the recommendations that the technicians of the CNE and academic institutions have provided them repeatedly over many years and which are of their knowledge, regarding specific and timely actions to safeguard human life in areas of recognized risk and imminent danger. The studies and technical recommendations that have been historically issued in each case will be available to the municipalities at the CNE offices."

(...) At this point, it is necessary to recall that, by constitutional mandate, the administration of the local interests and services of the canton is the competence of the Local Government, and in the specific case, the Municipalidad de Desamparados, as a state legal entity, with its own assets and legal personality (article 2 of the Código Municipal No. 7794), has full legal capacity to execute all types of acts and contracts necessary to fulfill its purposes. From the foregoing, within the budget and as part of the powers of local governments in risk prevention, we have that in accordance with Law No. 9907, of October 27, 2020, Article 46 bis was added to Law 8488, dedicated to the application of the three percent that previously had to be transferred to the Commission by the municipal regime; currently, Municipalities must transfer that percentage to attend to emergencies in their territory. III. COMPETENCIES AND SCOPE OF THE CNE'S RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT (UIAR): The Risk Research and Analysis Unit belongs to the Risk Management Directorate, which is the substantive Directorate of the organization responsible for planning the development of the National Risk Management System, evaluating substantive results comprehensively, and promoting inter-institutional and local articulation for the implementation and execution of risk management actions. The UIAR is one of the Units of the Risk Management Directorate, which is responsible for the development of research and knowledge in risk management of the National System, as well as implementing actions for its comprehensive analysis and strengthening capacities for its research. Among its functions are: • Articulate and coordinate the National Policy regarding risk prevention and preparations for attending to emergency situations. • Issue binding resolutions on risk situations, imminent danger based on technical and scientific criteria. • Exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence. • Promote and encourage the surveillance and management of risk situations. • Advise municipalities regarding the management of information on the risk conditions that affect them. • Promote the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities for managing emergency situations. • Studies in risk management matters. • Territorial risk analysis (includes development and use of tools such as GIS). • Application of models and indicators in Risk Management. • Standardization and coordination with other instances and institutions of the country's cartographic information, to ensure that natural threats are included as layers and associated data in all territorial planning projects and programs, at the national and local level. • Management and technological development in Risk Management. • Early warning systems. • Formation and follow-up of technical advisory committees, thematic and territorial networks. • Incentives to support research in risk management. • Strengthened capacities for risk management research by SNGR actors. • Recommendations for expropriations and temporary restrictions due to emergencies. • Recommendations for the declaration of emergency. From the foregoing, it can be understood that the CNE's Risk Research and Analysis Unit is not the competent Unit to file amparo appeals, since it does not hold the judicial representation of the CNE, and its competencies and scope are limited regarding the CNE's field of action. It should be noted that the representation of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias falls solely on the Presidency, according to its competencies. […] COMPETENCIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CNE: The Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) is represented by the President of the Board of Directors of the Commission, who shall be the highest-ranking official of the Institution and shall hold its judicial and extrajudicial representation. It is the governing public institution regarding the coordination of preventive work for situations of imminent risk, mitigation, and response to emergency situations. The Ordinary competencies of the CNE are regulated in numeral 14 of Law No. 8488, which states: “Article 14.- Ordinary prevention competencies of the commission. The Commission shall be the governing entity regarding risk prevention and preparations for attending to emergency situations. It must fulfill the following competencies: a) Articulate and coordinate the national policy regarding risk prevention and preparations for attending to emergency situations. Likewise, it must promote, organize, direct, and coordinate, as appropriate, the allocations required to articulate the National Risk Management System and its components and instruments. This management shall be carried out in permanent consultation with the organs and entities integrated into the process. b) Carry out thematic promotion, through permanent education and dissemination programs. c) Issue binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulation and control actions for their effective prevention and management, which regulate or order their effective compliance by State institutions, the private sector, and the population in general. The officials of the competent organs and entities to execute or implement such binding resolutions may, in no case, disregard them. Natural or legal persons, public or private, who build or improperly use restricted zones by means of these binding resolutions, shall be subject to the obligation to demolish or eliminate the work, in accordance with Article 36 of this Law. d) Exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's power to issue binding resolutions on risk conditions and emergency response. e) Exercise a permanent control function, so that State organs and entities include risk management criteria in the planning and execution of the plans, programs, and projects that promote the country's development. f) Promote and support studies and research in matters related to its purposes, as well as the development of projects that promote physical, technical, and educational systems oriented towards disaster prevention and mitigation, and preparations to face them. g) Promote and encourage the surveillance and management of risk situations, through the study or implementation of observation, surveillance, and alert measures that allow for foreseeing, reducing, and avoiding the impact and damage of possible disaster events. In addition, if necessary, coordinate the surveillance and management of such situations. h) Advise municipalities regarding the management of information on the risk conditions that affect them, such as guidance for an effective policy on land use and territorial planning. The advice must contribute to the preparation of regulatory plans, the adoption of control measures, and the promotion of organization, aimed at reducing the vulnerability of people, considering that, at the municipal level, the responsibility for dealing with this issue falls primarily. i) Establish and coordinate a permanent multi-institutional body for planning, coordinating, and directing emergency operations. j) Establish and maintain relations with entities, national and international, governmental or non-governmental, whose purpose is akin to the institution; sign, with said entities, agreements, conventions, or exchange and cooperation contracts deemed appropriate. k) Promote the creation and strengthening of regional, municipal, and local capacities for managing emergency situations. If necessary, it includes participation in alert, alarm, mobilization, and assistance actions for the population. l) Manage international aid, from agencies and countries, in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and Worship, for prevention programs and emergency response. m) Coordinate the international aid that Costa Rica can offer to other nations that have declared an emergency in their territories, when agreed upon by the President of the Republic and the Minister of Foreign Affairs and Worship. Said cooperation shall consist of human resources, technical advice, or donations of goods and services, as permitted by the country's possibilities…” (Emphasis is not from the original) Article 25 of Law No. 8488 indicates that it is the responsibility of the Costa Rican State to prevent disasters; therefore, all institutions shall be obliged to consider risk and disaster concepts in their programs and include the ordinary management measures that are proper and timely to avoid their manifestation, promoting a culture that seeks to reduce them. V. THE REPORT OF THE RISK RESEARCH AND ANALYSIS UNIT (UIAR). Regarding report No. CNE-UIAR-INF-0308-2025 dated March 17, 2025, called “Assessment of sector due to lateral erosion problems on the left bank of the río Cañas, Dirección01”, requested by the appellant, which states (the wording, bold, and spelling of the original are respected; italics and underlining do not correspond to the original): “(…) I.1 General objective Provide technical criteria regarding the current conditions of the environment due to the processes generated by lateral erosion of the río Cañas channel on adjacent properties. II. Geographic location of the evaluated sector III. Background of the sector ” On behalf of the CNE, a large number of technical reports related to the problems that have been generated over time along the río Cañas due to important hydrometeorological events that have affected houses, informal settlements, bridges, levees, aqueduct pipes in sections of the districts of San Rafael Arriba, Abajo and San Juan de Dios of Desamparados. Technical report CNE-UIAR-INF-1026-2022, Assessment of the effects generated by heavy rains on September 16, 2022, along the río Cañas. In conjunction with the CME of Desamparados and representatives of the Ministry of Health, the sectors affected by the heavy rains that generated incidents on September 16, 2022, due to landslides, bank erosion in several channels and particularly the río Cañas. The affected sectors such as El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Dirección03, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01, Dirección07. Technical report, CNE-UIAR-INF-1089-2023, “Assessment of the effects generated by heavy rains along the río Cañas, Damas and Cucubres, (09/26/2023) and (10/06-10/2023), due to the heavy rainfall on September 26, 2023, affectations were generated, such as lateral erosion of the banks, overflows in urban areas located along the lower, middle, and upper basin of the río Cañas, specifically in sectors that have been recurrent in Aserri, such as: Salitrillos, La Tamalera, Santa Teresita, Dirección08 and in Desamparados sectors such as the edge of Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot and Edge of Condominio Monte Carlo. It must be noted that these sectors have been recurrent over time in the face of important hydrometeorological events along the río Cañas channel. IV. General analysis of the threat in the environment In accordance with the request made by Mr. Nombre01, ID: Telf01, resident of Dirección01, San Juan de Dios de Desamparados, a field visit is carried out accompanied by an official from the CME of Desamparados, to the properties located on the left bank of the río Cañas, where it is evident that, as a result of the latest rain events, there have been erosion problems and exposure of the foundations of several constructions. Therefore, for the events generated in 2022 and 2023, the sector has been exposed to strong erosive processes on both banks, affecting the existing properties on its banks. In fact, the Risk Research and Analysis Unit (IAR) has issued reports related to these events, as well as drone overflights in the area. (…) […] […] V. Scope of the report In accordance with the resolutions issued by the Constitutional Chamber, with the technical criteria given by specialized CNE officials and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this report are binding for the institutions to which they are addressed (agreement 443-2011 of the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), in addition, said agreement establishes a series of steps attached to the country's current regulations, regarding the regulations and measures that municipalities must carry out in the area of Risk Management.” VI. THE SPECIFC CASE: The reading of the facts outlined by the appellant is understood, as well as his claim, that this appeal is directed solely against the Municipalidad de Desamparados, for its inaction in the face of the described facts of which they have been aware for a long time, which leads to a latent danger of collapse and insecurity to the life and health of the residents of the area. It is not directed against the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. In the same line, it is evident that it is the competence of the Municipalidad de Desamparados, in its role as municipal government, which must guarantee through planning, and the exercise of its authority, that urban development attends to criteria of safety, health, and environmental sustainability, as well as emergency response within its jurisdiction. The foregoing, in protection of the rights of citizens, as the appellant rightly indicates. As indicated above, the CNE's Risk Research and Analysis Unit is not the competent Unit to file amparo appeals, since it does not hold the judicial representation of the CNE, and its competencies and scope are limited regarding the CNE's field of action. It is emphasized that the representation of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias falls solely on the Presidency, according to its competencies. Since the CNE's Risk Research and Analysis Unit has complied according to its Ordinary legal competencies as indicated in Law No. 8488, technically advising on the actions that the local government must exercise, with the technical report issued by the UIAR being binding for the institutions involved, the foregoing, according to the rulings of the Chamber itself, as in the specific case at hand. Therefore, it is reiterated that the UIAR has acted in compliance with its ordinary competencies, preparing the binding report, protected by the regulatory framework that governs us, as documented in the evidence provided, so no inaction is observed on the part of the Unit. Contrary to the case of the Municipalidad de Desamparados, which has ignored the Report issued by the Risk Research and Analysis Unit, given that they had ample knowledge of it and the situation, it being demonstrated that they have not made any request to the CNE for the affected area. From the foregoing, I allow myself to cite what was indicated by the honorable Chamber in resolution No. 03969 – 2024, where it cites (the wording, bold, and spelling of the original are respected; italics and underlining do not correspond to the original): “(…) Additionally, the Administrative and Civil Treasury Court has issued judgments consistent with the position of the Attorney General's Office, such as resolution No. 128-2008 of 10:30 a.m. on March 7, 2008, No. 209-2011, of 2:30 p.m. on June 16, 2011, and No. 124-2011, of 9:50 a.m. on April 15, 2012, among many others, emphasizing the absolute responsibility of local governments regarding territorial planning. On the other hand, the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, in Extraordinary Session No. 10-11, held on November 9, 2011, adopted Agreement No. 0443-2011, which was published in La Gaceta No. 230 on November 30, 2011, in said agreement it is stated in what is of interest: a. Recommend to all Mayors of the country: i. That in accordance with the duties and powers imposed on them by the Political Constitution in its articles 50 and 169, the Código Municipal, the Ley de Planificación Urbana, the Ley de Construcciones, the Ley Orgánica del Ambiente, Article 33 of the Ley Forestal, and related regulations, the Ley General de Salud and the extensive jurisprudence on the subject, they immediately proceed to evict the occupants of zones of recognized risk and imminent danger, as well as demolish the buildings located therein, and ensure that they are not invaded again by human settlements, applying the procedural sequence cited in Considerando IV, which is extracted from resolution No. 12485-2010 of the Constitutional Chamber. ii. That due to the binding nature that the Constitutional Chamber confers on them, they immediately implement the recommendations that CNE technicians and academic institutions have repeatedly provided them over many years and which are of their knowledge, regarding concrete and timely actions to safeguard human life in zones of recognized risk and imminent danger.” Therefore, consequently, it is requested that this amparo appeal be declared without merit in all its aspects against the CNE's Risk Research and Analysis Unit, since it is not within its competencies to APPROVE projects or budgets, as that is the competence of the CNE's Board of Directors. Lastly, it is indicated to the Honorable Chamber, that if information regarding the CNE's budgets and projects is required, the appeals must be filed solely with the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) to its judicial representative that falls on the Presidency and not to the Units that make up the institution, since the latter have their functions and competencies limited to a single field of action”.

4.- Through a document incorporated into the digital file at 12:46 hours on April 10, 2025, María Antonieta Naranjo Brenes and Jesús Manuel Chinchilla González, in their respective capacities as mayor and coordinator of the Infrastructure Area, both of Desamparados, report under oath the following:

“II. MUNICIPALITY REPORT 1. As recorded in technical report AM-IF-079-2025 dated April 9, 2025, the country suffered emergencies, specifically the canton of Desamparados in the year 2022, and through a series of studies carried out by a company contracted by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias called CACISA, the determination is obtained of which are the zones or banks of the Río Cañas that must be intervened to maintain an adequate hydraulic section that does not narrow the channel, so as to cause flooding in the area. 2. On the other hand, report No. CNE-UIAR-INF0308-2025 of March 2025 called: “Assessment of sector due to lateral erosion problems on the left bank of the río Cañas, Dirección01”, requested by the appellant, prepared by the CNE's Risk Research and Analysis Unit, is categorical in indicating where relevant: “…Dirección01, left bank of the río Cañas, Cadastral Map No data, Farm No. No data. Geographic coordinates Latitude: 9 0 531.46\"N Longitude 840 4'52.11\"W. Hydrographic sub-basin Río Cañas, Tiribi, Virilla, Grande de Tárcoles. (…) In accordance with the request made by Mr. Nombre01, ID: 1-13740283, resident of Dirección01, San Juan de Dios de Desamparados, a field visit is carried out accompanied by an official from the CME of Desamparados, to the properties located on the left bank of the río Cañas, where it is evident that, as a result of the latest rain events, there have been erosion problems and exposure of the foundations of several constructions. Therefore, for the events generated in 2022 and 2023, the sector has been exposed to strong erosive processes on both banks, affecting the existing properties on its banks. In fact, the Risk Research and Analysis Unit (IAR) has issued reports related to these events, as well as drone overflights in the area. (…) Conclusions and Recommendations: Sector that has presented affectations over the years and, consequently, is a very vulnerable point to the erosive processes of the río Cañas. Analyze alternatives for a possible containment work with the purpose of preventing greater affectations in the future. If mitigation measures are not carried out, it is very feasible that in future events part of the properties will be more eroded with the possibility of greater damage or their loss. (…) In most cases these municipalities alone are not capable of solving the problems that arise, making necessary the support of other state institutions. Damage to homes, roads, bridges has increased due to overflows and strong lateral erosion of the channels that cross these cantons, where this problem has generated uncertainty and worried municipal authorities and other State institutions in seeking solutions to mitigate the effects of flooding in these areas. The population of both Aserrí and Desamparados know of these sectors or complete communities, which are located in areas very vulnerable to overflows of the río Cañas and its tributaries. (…) Most of the rivers that drain the sectors of Aserrí and Desamparados present along their course, zones adjacent to the channel with a more flattened morphology and clear fluvial influence, where there are small discharge areas that have been formed over the years by hydrological processes. Their size and shape depend largely on the topographic, morphological and lithological characteristics of the area, where today complete populations have settled. Many settlements and developments have been located near or within the channels of these rivers, without realizing that sudden changes in their flow regimes can occur, due to human interventions in the upper parts of the hydrographic micro-basins, which when generating sudden overflows, mainly in those areas located in flat areas and with evidence of old overflows such as: Salitrillos, Dirección09 in Aserrí and in Desamparados in San Juan de Dios the communities of San Diego (Fusilera), Dirección02 and San Rafael Arriba the communities of Dirección10, Maiquetía, Dirección11. In recent years it has been corroborated that the works that have been carried out throughout the cantons of Aserrí and Desamparados, both in levees, bridges, groynes among others, have not been as desired. Undoubtedly, the investment in any type of work is very high and does not ensure the protection of the threatened community and exposes it again to a greater affectation. (…) VII. Conclusion. The situation of passive overflows that have originated due to the río Cañas channel that crosses part of the districts of San Juan de Dios and San Rafael Abajo Arriba, is aggravated by factors of the invasion of channels by housing constructions within the protection zone, works without the proper permits, collapse of bank protection structures with permits, construction of workshops, precarious-type settlements, dumps and accumulation of solid waste that are thrown or discharged into the protection zone, as well as the design of bridges that rather restrict the normal flow generating a critical hydraulic condition (funnel type). (…) 3. The recommendations of the cited report indicate: “… VIII. Recommendations. 1. Create an Early Warning System (SAT) for the entire hydrographic sub-basin of the río Cañas integrating the CME of Aserri, Desamparados and Alajuelita 2. (…) 3. Residential or commercial use is not recommended in the impacted zones and that correspond to the protection area of the río Cañas, defined in Article 33 of the Ley Forestal 7575. 4. The owners located on the banks of the río Cañas and whose constructions were directly impacted with damage to their properties and protection works, must seek through existing mechanisms in social aid institutions (IMAS among others), the possibility of obtaining some support that helps them solve the problems of their properties if a use on the land is viable, through the construction of adequate containment walls that protect the lands from erosion in accordance with current regulations. 5. (…) 6. (…) 7. To the Municipalidad de Desamparados, the cleaning, removal of debris and vegetation located in the section of the río Cañas that diverts the flow and favors lateral erosion. In addition, through the existing institutional mechanisms, carry out the rearrangement of the section, recover the hydraulic capacity with the removal of deposited sediments and carry out protection works such as levees or riprap in vulnerable sites that favor the entry of mud flows and debris to the impacted places. 8. The MINAE in coordination with the municipality must carry out the recovery of protection zones that were invaded with illegal housing constructions and destine their use to protection, so that they become flood buffer zones. 9. The Ministry of Health must carry out the assessment of the homes impacted by mud flows and debris, the lateral erosion on both banks of the río Cañas in the evaluated neighborhoods. In accordance with institutional mechanisms, protected by the Ley General de Salud, issue the sanitary order for the infrastructures if applicable. 10. The IMAS must carry out the survey of the families affected by the impact of mud flows and debris that caused the loss of their goods, through institutional mechanisms determine the aid to which they are entitled so they can replace them. In addition, it must assess the cases of families that must leave their homes due to structural damage or because they are located in a risk zone, according to its procedures, assess the options for a temporary relocation. 11. The Ministry of Housing must analyze all the cases that due to the effects of this event were directly impacted due to the loss of their properties and structures in order to seek housing solutions. 12. The lands that do not meet the conditions to be inhabited due to the effects of overflows or lateral erosion of the río Cañas, must be planned as linear parks under the tutelage of the municipal entity in coordination with community organizations. 13. All these impacted sectors must be analyzed and incorporated into the Regulatory Plan for their analysis and to establish a follow-up and monitoring strategy. (…) 4. Returning to report AM-IF-079-2025 dated April 9, 2025, it is categorical in indicating that from the results of the hydraulic modeling carried out by CASISA, a series of farms is determined that, due to the location and morphology of the river, have a low flood risk, therefore, these, which were not included in those zones to carry out improvement projects for the hydraulic section of the río Cañas, identifying for the case of the appellant's properties with low or very low risk. 5. It is important to clarify that the projects claimed by the appellant in which he says his property is not included, do not correspond to individual protection projects for dwelling houses, but to the protection and securing of the hydraulic section of the Río Cañas and the protection of the surrounding cantonal routes as is the case of Dirección01 and streets of Dirección12, therefore, the farm of Mr. Nombre01 and that of other owners were not included in the projects to be executed by the CNE according to the studies carried out. 6. In addition to the foregoing, the houses of Mr. Nombre01's family are located in the setback zone of the Río Cañas. Thus, if an intervention had been carried out at the height of Mr. Valverde's property, this structure would necessarily obstruct the river channel, unless the house that is within the protection zone is demolished.

Despite these limitations, last year, in April and May, an intervention was carried out by the Municipality of Desamparados, which corresponds to a riprap or protection of the slope approximately 8 m in length and 3.5 m in height, with the purpose of securing the slope. This intervention is non-invasive in nature, precisely for the reason of not reducing the river channel (the hydraulic section). This intervention carried out by the Municipality of Desamparados basically consists of a lining or armoring against erosion, which has performed well and protected Mr. Valverde's property, which is why it greatly surprises the Municipality of Desamparados that Mr. Nombre01 states that he has not been protected. 8. Due to the location of the buildings in question, in order to carry out any type of protection similar to the other walls or protections being built, the house or houses must be demolished or construction must be carried out within the river, which is not appropriate due to the illegality this would entail. That is why a non-invasive lining was carried out, as seen in the photographs in the Infrastructure Area report. 9. Procedure 1324-2025 was resolved and notified to the appellant, according to report IF-IG 087-2025 dated February 27, 2025, which was communicated to the petitioner by email on March 12, 2025, at 2:59 p.m., from the email ...01 to the email ...02 10. However, the procedure was responded to correctly, yet the petitioner is dissatisfied with the response, as is evident from this appeal. What the petitioner seeks is for mitigation works to be carried out on his property located in the riverbed, even though the works falling under this Municipality's jurisdiction have already been carried out, and Mr. Valverde seems not to understand that individual protection interventions are not being performed on dwelling houses, but rather the protection and securing of the hydraulic section of the Río Cañas and the protection of the adjacent cantonal routes, such as Dirección01 and streets in Dirección12. III. ON THE MERITS As stated in the reports issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, the only instruction given to this Municipality is the cleaning, removal of debris, and vegetation located in the section of the Río Cañas that diverts the flow and promotes lateral erosion. Furthermore, through existing institutional mechanisms, to carry out the rearrangement of the section, recover the hydraulic capacity by removing deposited sediments, and perform protection works such as dikes or riprap in vulnerable sites that facilitate the entry of mud flows and debris into the impacted locations, which has already been done. Report IF-IG-087-2025 notified to the petitioner is conclusive in its response, indicating that the Investment Plan for the protection of the Río Cañas bank presented by the Local Government was based on the hydraulic model developed by the expert consultant CACISA, where the proposed wall presents the proposed stationing and alignment. The alignment proposed by the consultant responds to the geometry of the channel and not to the alignments of private or public properties. This approach seeks to improve the river's dynamics to reduce sections that represent a bottleneck and could cause an adverse effect on the channel's levels. In particular, after the design phase developed by the company Macaferri, this section has remained without modification or the inclusion of additional segments, due to the lack of a technical premise to support it. He was also informed that the applicable regulation corresponds to the Declaration of National Emergency due to the direct influence of the intertropical convergence zone, according to Decree No. 43752-MP. That the awarded contractor is MACAFERRI S.A., and the supervision corresponds to the Executing Unit, which falls to the Consultant Vieto and the National Emergency Commission, and that the zones to be intervened are determined as the most critical zones due to the geometry of the channel according to the comprehensive hydrological studies of the basin. None of the projects executed under the PROERI program is defined by the alignments of private or public properties but rather respond to the integrity of the whole. Thus, it is clear that this Municipality has complied with the petitioner's requirement, providing a clear response in accordance with what was requested. The fact that he disagrees with the response and Municipal actions is a different situation that the Municipality cannot address, by requesting a direct intervention on his property that is also located in the channel zone as clearly indicated by the CNE technicians and our technicians. Therefore, we request that the appeal be dismissed without merit, as the risk due to erosion caused by hydrometeorological phenomena has already been addressed with containment works, making it inappropriate to carry out interventions on private properties, even more so if these are encroaching on the channels through housing construction within the protection zone. In addition to the above, Article 89 of the Water Law is clear in stating that, in the case of an owner of a property bordering public channels, they are free to place defenses against the waters on their respective banks by means of plantings, stakes, or linings, whenever they deem it convenient; however, the administration may order the suspension of such works and even restore things to their previous state, when due to circumstances they threaten to cause damage to the navigation or floating of rivers, divert currents from their natural course, or produce flooding."

5.- Through a document incorporated into the digital case file at 2:18 p.m. on April 14, 2025, María Isabel Llamas Echeverría, in her capacity as president of the Desamparados Municipal Council, reports under oath the following:

"Based on the facts presented by the appellant, it is important to first identify what the specific actions are that depend on the exercise of specific competencies of the Municipal Council as established in Article 13 of the Municipal Code or any other special rule that specifically grants the Council decision-making authority or direct intervention in the issue raised. This, I anticipate, falls exclusively under the purview of the Municipal Administration headed by the Mayor, in their capacity as active administration and under the competencies granted by the Municipal Code in numeral 17 of that regulatory body. However, it must be remembered that the Municipal Council, in its capacity as a local parliamentary body, in the exercise of democratic dynamics regarding the existence of checks and balances within the Municipal Government diarchy, has a role of internal coordination with the Mayor's Office. Having clarified the above, for the attention of the matters described by Mr. Nombre01, this honorable Municipal Council became aware of a note signed by the appellant and the councilor Chavarría Sibaja, in which the Administration had been consulted about the non-inclusion of the Río Cañas slope in the CE-PROERI Design and Construction of the Protection System project on February 5, 2025, a note with Code 479-2025. However, to review the status of the contract that had been awarded to the company CACISA, awarded through the tender 2024PX-000062-0006500001 'Comprehensive Study of the Chilamate stream basin and solution design for flood control in Gravilias, Desamparados, school sector,' the Municipal Council had taken agreement 25 of Session 73-2024 on Monday, November 18, 2024, to receive a report from said company. Even subsequently, the representatives of the company CACISA were invited to discuss the work carried out in the canton and, therefore, to appear before the Municipal Council on December 12, 2024, but the company did not attend the scheduled session, arguing that they would only go if the CNE, which was the administration that awarded them the contract, required it. To date, the Municipal Council is awaiting a report on what has transpired with the situation described by the appellant. Given that the Municipal Administration has enough technicians to coordinate with the CNE, it is expected that the Mayor's Office can determine the technical solution that the zone merits. By virtue of the foregoing, it is not evident from the specific case that the Municipal Council currently has the power or interference in concrete actions that, by action or omission, could be considered as violating the fundamental rights of the appellant resident in the terms set forth in his amparo appeal, because the request for intervention on the road is a matter that must be addressed by the Municipal Mayor's Office."

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Judge Salazar Murillo redacts; and,

Considering:

I.- Purpose of the appeal. The appellant states that his dwelling and those of several family members have been affected by the flooding of the Río Cañas, especially during the winter of 2022, when they suffered significant material losses. He indicates that municipal officials and those from the CNE recognized the severity of the situation and promoted a program to mitigate risks. However, he claims he was excluded from the riverbank protection project, financed with public resources, even though minors, older adults, and persons with disabilities reside in his sector. He argues that he has tried to learn the selection criteria but was informed that these were defined by the company CASISA, without considering the level of impact his community faces. He highlights that a technical report from the CNE warns of the extremely high risk in the area where his family resides. For the foregoing reasons, he requests the intervention of this Chamber, estimating that such exclusion violates his fundamental rights.

II.- Preliminary matter. Prior to analyzing the merits of the matter – for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure – it must be clarified that, based on ruling No. 2008-02545 from 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by the sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – and to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in this case, a possible exception is raised, since the petitioner refers to the presentation of requests linked to a situation that, according to him, directly affects dwellings inhabited by minors, older adults, and persons with disabilities, and whose attention, he affirms, has not been resolved within a reasonable time. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

III.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited as such or because the respondent authorities have failed to refer to them as provided for in the initial order:

a) On September 16, 2022, several sectors of the canton of Desamparados, including El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Urbanización Villafuentes, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01, and Urbanización Pablo Presbere, were affected by heavy rains that caused landslides and erosion of the banks of the Río Cañas, generating material damages to dwellings and other infrastructure (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

b) Between September 26 and October 10, 2023, the edge sectors of Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot, and the edge of Condominio Monte Carlo, located in Desamparados, suffered lateral bank erosion and overflows of the Río Cañas due to heavy rainfall, these being zones with recurrent impacts from hydrometeorological events (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

c) On November 18, 2024, the Desamparados Municipal Council agreed in its Session 73-2024 to request a report from the company CACISA, awarded tender 2024PX-000062-0006500001 for the comprehensive study of the Chilamate stream basin and solution design for flood control in Gravilias, Desamparados, school sector (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

d) On February 5, 2025, the appellant and councilor Chavarría Sibaja signed a note consulting the Municipal Administration about the non-inclusion of the Río Cañas slope in the CE-PROERI design and construction of the protection system project, which was acknowledged by the Municipal Council under code 479-2025 (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

e) On December 12, 2024, the representatives of the company CACISA did not appear at the Municipal Council session to which they had been summoned to discuss the work carried out in the canton, arguing that they would only attend if the National Emergency Commission, as the awarding entity, requested it (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

f) On February 25, 2025, the claimant filed a request before the Municipality of Desamparados, in which he requested the following information: "By this means, I, Nombre01, bearer of identity card number CED01, respectfully request detailed information and a formal response in relation to the bank protection project being executed in the vicinity of Dirección13 and Dirección12. In particular, I need to know: Technical criteria used: What technical foundations were used to define the location of the walls or linings intended to protect the banks in that area? What regulations or guidelines were considered for that planning? Responsible for the design: Who are the officials or professionals responsible for the preparation, supervision, and approval of this project's design? Impact on affected properties: Which are the properties or estates identified as the most affected in the zone? It is observed that the current design omits the inclusion of critical points that, at first glance, present greater risks. It is relevant to note that some of the properties that have suffered considerable damages in the last three years are not contemplated within the project's protection area. Given the level of evident risk to these properties, I request that an exhaustive technical inspection be carried out to verify the current situation and, if necessary, the inclusion of said areas within the protection plan be considered. I thank you in advance for your attention to this matter and await your prompt and formal response" (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

g) On February 27, 2025, the coordinator of the Infrastructure Area of the Municipality of Desamparados, through official letter No. IF-IG-087-2025 addressed to the mayor, answered the information request made by the amparado, in the following terms: "Dear Madam: Subject: Attention to procedure 1324-2025 Receive a cordial greeting. Following your instruction via email to attend procedure 1324-2025, filed by Mr. Nombre01, we have: What technical foundations were used to define the location of the walls or linings intended to protect the banks in that area? The Investment Plan for the protection of the Río Cañas bank presented by the Local Government was based on the hydraulic model developed by the expert consultant CACISA, where the proposed wall presents the proposed stationing and alignment. The alignment proposed by the consultant responds to the geometry of the channel and not to the alignments of private or public properties. This approach seeks to improve the river's dynamics to reduce sections that represent a bottleneck and could cause an adverse effect on the channel's levels. In particular, after the design phase developed by the company Macaferri, this section has remained without modification or the inclusion of additional segments, due to the lack of a technical premise to support it. What regulations or guidelines were considered for such planning? Decree No. 43752-MP. Who are the officials or professionals responsible for the preparation, supervision, and approval of this project's design? It should be clarified that the design is based on the aforementioned studies and the approved Investment Plan. Design and elaboration: Awarded contractor MACAFERRI S.A. Supervision and approval: Personnel of the Executing Unit, Consultant firm Vieto, and the National Emergency Commission. It is important to indicate that there is also oversight by the Comptroller General of the Republic for the program and support from UNOPS for the CNE. Which are the properties or estates identified as the most affected in the zone? The zones to be intervened are determined as the most critical zones due to the geometry of the channel according to the comprehensive hydrological studies of the basin. None of the projects executed under the PROERI program is defined by the alignments of private or public properties but rather respond to the integrity of the whole. For any questions, I remain at your service." (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

h) On March 12, 2025, the Desamparados Mayor's Office sent official letter No. IF-IG-087-2025 to the petitioner via electronic mail (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

i) On March 17, 2025, the Risk Research and Analysis Unit of the CNE, through technical report No. CNE-UIAR-INF-0308-2025, determined that, on the left bank of the Río Cañas, specifically in Dirección01, there was exposure of the foundations of several constructions due to erosive processes caused by recent rains. In said report, it was stated, regarding matters of interest, the following: "III. Background of the sector " By the CNE, a large number of technical reports related to the problem that has been generated over time along the Río Cañas due to significant hydrometeorological events that have affected houses, informal settlements, bridges, dikes, aqueduct pipes in sections of the districts of San Rafael Arriba, Abajo, and San Juan de Dios in Desamparados. Technical report CNE-UIAR-INF-1026-2022, Assessment of the effects generated by heavy rains on September 16, 2022, along the Río Cañas. Together with the CME of Desamparados and officials from the Ministry of Health, the sectors affected by the heavy rains that generated incidents on September 16, 2022, due to landslides, bank erosion in various channels, and particularly the Río Cañas. The affected sectors include El Buen Pastor, La Fusilera, Dirección02, Dirección03, Maiquetía, Santa Eduviges, La Luchita, Areneros, Dirección04, Dirección05, Dirección06, Dirección01, Dirección07. Rains along the Río Cañas, Damas, and Cucubres, (09/26/2023) and (10/06-10/2023), due to the heavy rainfall on September 26, 2023, impacts were generated, such as lateral bank erosion and overflows in urban areas located along the lower, middle, and upper basin of the Río Cañas, specifically in sectors that have been recurrent in Aserri, such as: Salitrillos, La Tamalera, Santa Teresita, Dirección08, and in Desamparados sectors such as the edge of Buen Pastor, Santa Rita, La Fusilera, Dirección02, Areneros, Dirección04, Dirección01, Coopelot, and the edge of Condominio Monte Carlo. It must be noted that these sectors have been recurrent over time during significant hydrometeorological events along the Río Cañas channel. IV. General analysis of the threat in the environment In accordance with the investigation requested by Mr. Nombre01, ID: Telf01, resident of Dirección01 in San Juan de Dios, Desamparados, a field visit was conducted accompanied by an official from the CME of Desamparados to the properties located on the left bank of the Río Cañas, where it is evident that, as a result of the latest rain events, problems of erosion and exposure of the foundations of several constructions have occurred. Therefore, for the events generated in 2022 and 2023, the sector has been exposed to strong erosive processes on both banks, affecting the existing properties on its banks. In fact, the Risk Research and Analysis Unit (IAR) has issued reports related to these events, as well as drone overflights in the Area (…) 'Sector that has presented impacts over the years and, consequently, is a point very vulnerable to the erosive processes of the Río Cañas. Analyze an alternative for a possible containment work to prevent greater impacts in the future. If mitigation measures are not taken, it is highly feasible that in future events, part of the properties will be further eroded with the possibility of greater damages or their loss.' V. Scope of the report In accordance with the resolutions issued by the Constitutional Chamber, with the technical criteria provided by specialized officials of the CNE and the Technical Advisory Committees, it is clarified that the recommendations of this report are binding on the institutions to which they are directed (agreement 443-2011 of the Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response). Furthermore, said agreement establishes a series of steps adhering to the country's current regulations regarding the regulations and measures that municipalities must carry out in the field of Risk Management" (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

j) The Risk Research and Analysis Unit of the CNE has issued technical reports CNE-UIAR-INF-1025-2022 and CNE-UIAR-INF-1089-2023, warning that various sectors located along the channel of the Río Cañas, both in Aserrí and Desamparados, have presented recurrent impacts from hydrometeorological events that have caused lateral bank erosion, overflows, and significant impacts on dwellings, road infrastructure, and protection works, identifying among the most vulnerable zones Dirección01, La Fusilera, Areneros, and Dirección02 (see reports from the respondent authorities and the evidence provided in the digital case file).

IV.- Analysis on the merits. The appellant maintains that his dwelling and those of several relatives have historically been affected by the flooding of the Río Cañas, which worsened in 2022 with significant material losses. He indicates that, even though municipal and CNE officials recognized the high risk and the need for infrastructure works, he recently learned of a bank protection project that excludes his sector, despite the damages suffered and the fact that persons in vulnerable conditions reside there. He points out that the definition of the intervention zones was entrusted to a private company and that his community was left out without a clear justification, despite the existence of a technical report from the CNE that warns of the extreme risk they face. For this reason, he requests the intervention of this Chamber, estimating that his fundamental rights have been violated by said exclusion.

In this regard, it is necessary to point out that the actions of public institutions must be characterized by speed and efficiency, especially in the provision of the services under their purview. In the case of municipalities, being responsible for attending to local interests and needs, their work includes a broad set of responsibilities. On this matter, in ruling No. 2011-012886 from 12:44 p.m. on September 23, 2011, this Chamber pronounced as follows:

"In accordance with Article 169 of the Political Constitution and the Municipal Code, the administration of local services and interests corresponds to the municipalities, in order to promote the integral development of the cantons in harmony with national development. Consequently, the Municipality must establish a comprehensive policy of urban planning in accordance with the respective law, which pursues the efficient and harmonious development of urban centers and guarantees at least efficient electrification and communication services; good potable water supply and sewage evacuation systems; adequate aqueduct and sewer systems; lighting and beautification systems for cities; construction, repair, and cleaning services for streets and other public roads; in general, concrete and practical plans to make the population's life comfortable and safe. In the specific case, the respondent Mayor states that the roads mentioned by the appellant were not included in the annual strategic plan that public institutions must present, and therefore public funds cannot be committed without being budgeted. That they will be conducting a field visit to manage repairing the roads claimed by the appellants. Moreover, the report rendered under oath says nothing about the processing given to the request for information regarding the lack of maintenance of public roads of social interest, nor does it indicate that a response had been given, even though the request was filed in May of two thousand eleven. As things stand, this Chamber considers that there is a clear omission in the protection of the fundamental rights of the appellants attributable to the local government, since the omission of the full exercise of the powers that the law grants to this entity has allowed the problems denounced by the appellants to arise and persist, especially caused by the lack of maintenance of public roads, which, being damaged, leave the residents of the Nueve Millas community, Moín, Limón, incommunicado. Furthermore, the case file does not prove that the municipal authorities had responded to the note filed on May 16, 2011, with the Technical Unit of the Cantonal Road Board of the Municipality, by means of which information was requested regarding the lack of maintenance of public roads of their interest. Consequently, in the judgment of this Tribunal, with its omission, the Municipality has endangered the free transit of the appellants and residents of the community in question, as well as the right to enjoy a healthy and balanced environment" (The emphasis and underlining do not correspond to the original).

In the present case, this Chamber verifies the injury to the fundamental rights of the amparado, by virtue of the sustained inaction on the part of the Municipality of Desamparados, which, despite having had precise technical information for several years about the facts described by the petitioner, has not adopted effective measures to address the serious risk situation in which both his dwelling and those of other residents of the sector find themselves. Indeed, according to the contents of the case file, it has been proven that the area in question has been the subject of various technical reports issued by the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, among them report No. CNE-UIAR-INF-0308-2025, in which it specifically alerts about the lateral erosion problems on the left bank of the Río Cañas, in Dirección01, and concludes that said condition represents a high risk that could compromise the stability of the land, with potential serious consequences for the dwellings and the physical integrity of those who inhabit the zone.

Furthermore, said report includes a series of concrete recommendations aimed at mitigating the detected risk, such as the need to conduct complementary technical studies that allow for proposing corrective measures, as well as assessing the relocation of the affected persons and the execution of infrastructure works to stabilize the slope. Despite the forcefulness of these conclusions and the clarity of the recommendations formulated by the governing body in matters of risk prevention, the fact is that the respondent municipal authorities, although they have carried out some specific actions, have not executed any action that corresponds to the level of intervention suggested by the CNE.

Far from accepting such recommendations, it has maintained an inactive stance that has allowed the persistence of the danger, without evidence that it has promoted additional studies, prepared mitigation plans, or provided for the execution of works aimed at structurally addressing the problem.

In this context, it is even more relevant to emphasize that, according to the jurisprudence of this Chamber, the Municipal Administration is assigned a generic function of safeguarding local interests and needs, which imposes on it the constitutional duty to address risks that compromise the safety and integrity of its population. Consequently, it cannot validly excuse itself by the participation of other State entities, nor delegate its constitutional obligation to protect the fundamental rights of the community to third parties, since, as this jurisdiction has clearly indicated, it is the municipal authority, as a whole, that must provide an effective solution to the problems affecting its population. Consequently, upon verifying that the Municipality of Desamparados has had full knowledge of the risk situation for a prolonged period, that it has received clear technical warnings, that specific recommendations have been formulated to address the problem, and that, despite this, it has not adopted measures aimed at effectively reducing the danger, an administrative omission incompatible with the protection of the fundamental rights of the protected party is configured, in particular their right to life, health, and a dignified and safe home.

By virtue of the considerations put forward, it is appropriate to grant the appeal, as is hereby done.

V.- On the actions of CNE: Regarding this authority, it is appropriate to indicate that through judgment No. 04283-2015 of 09:30 hours on March 27, 2015, this Chamber stated that:

“VII.- THE LEGAL NATURE AND COMPETENCIES OF THE NATIONAL COMMISSION FOR RISK PREVENTION AND EMERGENCY RESPONSE (Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias). The National Law on Emergencies and Risk Prevention defines the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response as a body of maximum deconcentration attached to the Presidency of the Republic. It is the governing entity in all matters related to risk prevention and preparations for addressing emergency situations, in accordance with the ordinary and extraordinary powers established in Articles 14 and 15 of said law. On this matter, the Chamber has defined that the prevention of dangerous situations for persons and property, as well as emergency response, are aspects that directly affect the full enjoyment of constitutionally protected rights, such as life, health, property, and the environment. Addressing this matter must be coordinated by specialized units whose decisions and actions are based on technical criteria. Precisely, by legal mandate, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response is responsible for this coordination function, which, however, can extend to the issuance of binding resolutions and even the exercise of a permanent control duty. Within the aforementioned framework, it is of interest for this matter to highlight the following ordinary functions of the Commission, established in section 14 of its law. Subsection a) establishes its duty to articulate and coordinate the national policy regarding risk prevention and preparations for emergency response. For its part, subsection c) assigns it the power to issue binding resolutions on situations of risk, disaster, and imminent danger, based on technical and scientific criteria, aimed at guiding regulatory and control actions for their effective prevention and management, which regulate or order their effective compliance by State institutions, the private sector, and the general population. However, as indicated above, this competence of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response is not exhausted in such a coordinating function or in the issuance of binding resolutions, but is supplemented by the duty to exercise permanent control in the competence area for which it is responsible. Thus, subsection d) of the cited section 14 assigns the Commission the obligation to exercise control over the regulatory function carried out by State institutions to control risk-generating processes, according to their areas of competence, based on the Commission's power to issue binding resolutions on risk conditions and emergency response. In the same sense, subsection e) assigns it a permanent control function, so that State organs and entities include risk management criteria in the planning and execution of plans, programs, and projects that promote the country's development. In the specific case of municipalities, the Commission is compelled to advise them regarding the management of information on the risk conditions affecting them, such as guidance for an effective land-use policy and territorial planning. Such advisory must contribute to the development of regulatory plans, the adoption of control measures, and the promotion of organization, all aimed at reducing the vulnerability of persons, considering that, at the municipal level, the responsibility for addressing this issue falls in the first instance. Ergo, it is not enough for the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response to issue binding resolutions and advise municipalities regarding risk prevention and emergency response; it is also required that, on one hand, it ensures the effective compliance of such resolutions and, on the other, controls the actions of municipalities in the referred matter”.

Given that context, although the cited precedent shows that the CNE bears the responsibility for coordinating national policy on prevention and emergency response, as well as specific oversight powers regarding the actions of municipalities in that matter, the truth is that in the case sub judice, said body has indeed deployed various actions aimed at fulfilling its powers. Indeed, it is recorded in the case file that, through technical reports No. CNE-UIAR-INF-1025-2022, CNE-UIAR-INF-1089-2023, and CNE-UIAR-INF-0308-2025, prepared by its Risk Investigation and Analysis Unit, the high level of vulnerability existing in the El Roble sector was determined, and specific recommendations were issued aimed at mitigating the advised risks. Furthermore, it was verified that the Commission has maintained formal knowledge of the situation for years and that, in accordance with its technical and advisory role, it has provided support in characterizing the risk and urged the adoption of corrective measures. However, it also emerges from the file that the works execution phase has not advanced, precisely because of the omission of the Municipality of Desamparados in promoting with speed and determination the necessary actions to implement said recommendations.

Therefore, this Chamber concludes that, with respect to the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, no direct injury to the fundamental rights of the protected party is configured, insofar as its actions have been oriented toward fulfilling its legal duties of analysis, advisory, and technical assessment, and the paralysis in the structural addressing of the problem cannot be attributed to it.

Therefore, the appeal is dismissed regarding the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, given that the case file shows that said entity has fulfilled its competencies through the preparation of technical reports, the formulation of specific recommendations, and the management of actions aimed at addressing the reported situation.

VI.- For the rest, if the appealing party is in disagreement with the exclusion of their house from the bank protection project, it is necessary to warn that it exceeds the competencies of this Court to enter into determining whether the protected party's dwelling should or should not be included within the project in question, since that assessment corresponds to the competent technical authorities and not to this constitutional jurisdiction. Therefore, if the claimant persists in their disagreement, the proper course is to raise their arguments before ordinary legality channels, where they will be able to broadly present the points they consider pertinent.

VII.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the newly enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as it, based on section 7 of its Law, corresponds exclusively to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as cases of exception, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with section 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VIII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In thesis of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure works must be dismissed, as such omission constitutes a legality issue, the discussion of which corresponds to ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater breadth. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from said omissive administrative conduct, or if groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as happens in this case, which alleges directly affects homes inhabited by minors, elderly persons, and persons with disabilities, and whose attention, it affirms, has not been resolved within a reasonable timeframe.

IX.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Electronic File Regulations before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, solely with respect to the delay by the Municipality of Desamparados in complying with the recommendations given by the Risk Investigation and Analysis Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response in technical report No. CNE-UIAR-INF-0308-2025. Consequently, María Antonieta Naranjo Brenes and Jesús Manuel Chinchilla González are ordered, in their respective capacities as mayor and coordinator of the Infrastructure Area, both of the Municipality of Desamparados, as well as María Isabel Llamas Echeverría, in her capacity as president of the Municipal Council of Desamparados, or whoever occupies said positions, to adopt the necessary measures so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the recommendations given by the Risk Investigation and Analysis Unit of the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response in technical report No. CNE-UIAR-INF-0308-2025 are fully complied with. The respondent party is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a prison term of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed upon anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal and does not comply with it or enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Municipality of Desamparados is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, and regarding the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response, the appeal is denied. Judge Castillo Víquez appends a note. Judge Salazar Alvarado appends a note. Let it be notified.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Jose Roberto Garita N.

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