Res. 16170-2025 Sala Constitucional — Criminal prosecution of an environmental case does not exempt SINAC from its administrative dutiesLa judicialización de un caso ambiental no exime al SINAC de sus deberes administrativos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16170 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-011090-0007-CO

Redactado por: Jose Roberto Garita Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con Voto Salvado

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

QUEJA.

016170-25. AMBIENTE. PODER EJECUTIVO. ALEGA EL RECURRENTE QUE PLANTEÓ UN RECLAMO POR LA INTERVENCIÓN INDEBIDA DE HUMEDALES Y BOSQUES, FRENTE A UN PROYECTO URBANÍSTICO Y, LE INDICARON, QUE EL CASO SE ENCONTRABA JUDICIALIZADO. SE INDICA QUE, LA JUDICIALIZACIÓN DE UNA SITUACIÓN AMBIENTAL, NO EXIME AL SINAC DE SUS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS, SIN PERJUICIO QUE, PONGAN EN CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES PENALES LOS HECHOS QUE CONSIDERE PERTINENTES. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO. SE ORDENA A LOS ENCARGADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PROTECCIÓN, AMBOS DEL ÁREA DE CONVERSACIÓN AMISTAD CARIBE DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREA DE CONSERVACIÓN, QUE COORDINEN LO NECESARIO, PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE UN MES, SE ANALICE ÍNTEGRAMENTE LA SITUACIÓN EXPUESTA POR EL ACCIONANTE EN LA GESTIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2025 (OFICIO AEL-00168-2025) Y SE RESUELVAN LOS EXTREMOS CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES EN CURSO DENUNCIADAS DE "TALA, DRENAJE O FRACCIONAMIENTO EN LOS HUMEDALES Y BOSQUES”; ADEMÁS, DE RESULTAR PROCEDENTE, SE EMITAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREA DE CONSERVACIÓN, TODO LO CUAL DEBERÁ SER NOTIFICADO A LA PARTE ACCIONANTE AL MEDIO SEÑALADO PARA TALES EFECTOS DENTRO DEL MISMO PLAZO OTORGADO UT SUPRA. VCG06/2025


“(…) III.- Sobre los principios constitucionales en materia ambiental.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención [Nombre 001] de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica  véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006 , en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Tocante al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante indica que el 11 de abril de 2025 formuló ante el coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC un reclamo urgente (oficio AEL-00168-2025), por la intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R. L. Asevera que al día siguiente planteó una “una solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes” (oficio AEL-00172-2025) con respecto a la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto R. L. por presunto drenaje y relleno de humedales (expediente 23-000011-0472-PE). Menciona que recibió los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, ambas de 22 de abril de 2025; sin embargo, son contradictorias, ya que hacen referencia al expediente 23-000011-0472-PE, pese a que las denuncias corresponden a hechos distintos y características diferentes e, incluso, en propiedades distintas. Considera que lo anterior evidencia una presunta omisión en la realización de las visitas de campo indispensables para verificar los hechos denunciados, relacionados con el cambio de uso del suelo, drenaje y relleno de humedales, lo cual constituye una violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Formula la siguiente pretensión: “1. Admitir el presente recurso de amparo por la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. 2. Ordenar al Ing. Alexis Salas Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. 3. Requerir al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) un informe detallado sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 4. Suspender cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se realicen las inspecciones y se determinen las responsabilidades correspondientes”.

En relación con lo anterior, la Sala observa que la persona recurrente alude que sus denuncias están referidas a hechos y lugares distintos. Por consiguiente, serán analizada de forma separada a fin de valorar el abordaje brindado por el ACLAC en cada una de ellas.

IV.1. Sobre la gestión formulada por medio del oficio AEL-00168-2025.

Con respecto a este extremo, la Sala tiene por demostrado que el accionante, mediante oficio AEL-00168-2025 de 11 de abril de 2025 dirigido al encargado de Protección y Control del ACLAC, indicó: “Ref: Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Encargado de la Protección y Control del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de formular un enérgico reclamo y solicitar su inmediata intervención para garantizar la protección y restauración de los humedales y bosques ubicados frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. (cédula jurídica 3-004-727922), en el sector de Santa Rosa, provincia de Limón. Resulta alarmante y de suma gravedad que, en el contexto del anunciado proyecto de construcción del nuevo Hospital de Limón en la zona de Santa Rosa, se estén llevando a cabo actividades que atentan directamente contra el equilibrio ambiental de la zona. En particular, se ha constatado el fraccionamiento de bosques, el drenaje de humedales y la tala de árboles en el área antes mencionada, acciones que contravienen flagrantemente la normativa ambiental vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), la Ley Forestal (N° 7575) y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de conservación de humedales, como la Convención Ramsar. El día de hoy, hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estas actividades, lejos de ser hechos aislados, sugieren una clara intención de fraccionar los bosques, alterar el uso del suelo y drenar los humedales, lo que representa un daño ambiental de difícil o imposible reparación. Tales actos no solo comprometen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la zona, sino que también afectan los derechos fundamentales de las comunidades locales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, SOLICITO de manera inmediata las siguientes acciones: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. Don Alexis, su rol como Encargado de la Protección y Control le impone la ineludible obligación de velar por la conservación de los recursos naturales bajo su jurisdicción. La inacción o demora en este asunto sería no solo una omisión de sus deberes, sino también una afrenta a los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que deben guiar la gestión pública. Sin otro particular, le reitero la urgencia de su intervención y quedo atento a cualquier comunicación”. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], consignó: “ASUNTO: Respuesta AEL-00168-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado con respecto a la denuncia realizada por la afectación de la propiedad asociada a la Cooperativa Coopetrauto R.L, se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2023, en donde consta en la causa judicial 23-000011-0472-PE. • En su momento, se giro (sic) una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. • Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de Coopetrauto R.L. • Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal, se le informa que esta dependencia a realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso”. El 19 de mayo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este proceso. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido a [Nombre 001], indicó: “ASUNTO: Aclaración y ampliación nota AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Estimado señor, A efectos de ampliar nuestros oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en respuesta a su nota AEL-00168-2025, se le remite la siguiente respuesta aclaratoria, para los cuatro puntos detallados: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. R/ Le indicó (sic) que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambiguo la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Es decir, al frente o colindante requiere de mayor exactitud puesto que resultan contradictorios. Le indico que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambigua la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Agradecemos nos brinde el sitio que usted desea reportar con mayor precisión, de manera que contemos con mayores herramientas para valorar si es requerido una nueva inspección, dado que, como se indica en este momento resulta inexacta. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. R/ A pesar de que no se cuenta con exactitud el sitio que desea reportar, le reiteramos que en función a lo solicitado en la nota AEL-00168-2025, se aclara que esta dependencia, asumiendo que al indicar “frente o colindante” interpretemos que hace referencia al costado noreste de la propiedad donde se lleva el caso de la Cooperativa Coopetrauto R.L (causa 23-000011-0472-PE); siendo así, y con el afán de facilitarle información respecto de las atenciones en cuanto a delitos ambientales en el sitio, desde las acciones del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe, se tramitó la correspondiente denuncia por afectación al medio ambiente específicamente por el daño y modificación del ecosistema de humedal presente en la zona, dicha denuncia responde al número de causa 24-000066-472-PE, por lo que se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2024, en donde consta en la causa judicial 24-000066-472-PE. • En su momento, se giró una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales y la determinación de nuevas áreas de humedal. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. R/ Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de la propiedad en cuestión. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. R/ Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. Se le recuerda en cuanto a información específica como la solicitada, que consta en una causa judicial, se debe respetar lo indicado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones: “el procedimiento preparatorio no será público para terceras personas, no obstante, las actuaciones pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. A las personas abogadas que invoquen un interés legítimo, la fiscala o el fiscal del Ministerio Público, luego de constatar ese interés, puede informar acerca de los hechos que se investigan. Así mismo, todas las partes y personas funcionarias que participaron en la investigación deben guardar secreto sobre la misma”. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal y forestal, se le informa que esta dependencia ha realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso. Por lo que también se le solicita realizar estas denuncias ambientales en la plataforma oficial SITADA, de manera que se le pueda dar seguimiento a estos delitos”. El accionante, por oficio AEL-00224-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido al coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, expuso: “Asunto: Respuesta al Oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046- 2025 y Solicitud de Aclaraciones Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), en respuesta al oficio CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, dirigido al suscrito, que amplía los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en relación con mi nota AEL-00168- 2025 sobre intervenciones indebidas en humedales y bosques colindantes al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Agradezco su respuesta, pero considero que el contenido del oficio no aborda adecuadamente la gravedad de las violaciones ambientales denunciadas ni cumple con el nivel de rigurosidad esperado de un funcionario que actúa como policía ambiental, sirviendo como los “ojos” de jueces y fiscales en el campo. A continuación, detallo mis observaciones y solicitudes: 1. Insuficiencia en la Identificación del Sitio Denunciado: Su oficio califica de “ambigua” la ubicación reportada (“frente o colindante” al proyecto de la Cooperativa Coopetrauto R.L.), lo que resulta injustificado dado que las referencias proporcionadas son claras. La intervención incluye una carretera que divide un humedal y zanjas de gran tamaño que impiden su restauración, hechos que no se mencionan en su respuesta. Solicito un informe exhaustivo, acompañado de fotografías satelitales, que detalle el verdadero cuadro fáctico de estas intervenciones, permitiendo a jueces y fiscales evaluar adecuadamente la situación. 2. Omisión de Impactos Más Amplios en el Ecosistema: El oficio ignora que el ecosistema de humedal trasciende los límites de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Además, no se menciona la preocupante actividad de drenajes y rellenos de humedales en la zona, especialmente ante la eventual construcción del futuro Hospital de Limón. Estas acciones, de manera inexplicable, no han sido investigadas por las autoridades de SINAC-ACLAC, lo que refleja una reacción pasiva que depende exclusivamente de gestiones de parte. 3. Falta de Rigor en el Cumplimiento de Funciones: Como Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección, su rol exige proporcionar a las autoridades judiciales información precisa y completa. Sin embargo, el oficio no evidencia un seguimiento riguroso a la orden de paralización mencionada en la causa 24-000066-472-PE, ni detalla medidas concretas para la restauración del ecosistema afectado. Solicito que se realice una inspección urgente en el área, documentada con evidencia visual y técnica, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y evaluar los daños. 4. Uso Inapropiado del Artículo 295 del Código Procesal Penal: La invocación del Artículo 295 para limitar la entrega de información resulta desproporcionada y obstaculiza la transparencia. Como denunciante, tengo un interés legítimo en conocer las acciones emprendidas, conforme lo permite el propio artículo. Insto a que se proporcione un informe detallado y accesible sobre las medidas tomadas, en un plazo no mayor a diez días hábiles, en cumplimiento de mi solicitud original. 5. Uso de la Plataforma SITADA: Si bien se me solicita presentar denuncias a través de la plataforma SITADA, esto no exime a SINAC-ACLAC de investigar proactivamente las violaciones ambientales reportadas, especialmente cuando se trata de ecosistemas protegidos como los humedales. Solicito que se aclare cómo se está dando seguimiento a estas denuncias en SITADA y qué medidas preventivas se han implementado en la zona. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito: • La elaboración de un informe detallado, con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (carretera, zanjas, drenajes, y rellenos) y su impacto en el ecosistema, incluyendo áreas más allá de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. • Una inspección inmediata y exhaustiva en el área afectada, con un reporte claro sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la causa 24-000066-472-PE. • La adopción de medidas urgentes para detener cualquier actividad que degrade el humedal y para iniciar la restauración del ecosistema, conforme a la legislación ambiental. • Un informe accesible sobre las acciones emprendidas, dentro de un plazo de diez días hábiles, que garantice transparencia y rendición de cuentas. Adjunto una copia de mi nota original AEL-00168-2025 para su referencia. Espero su pronta respuesta y acciones concretas para proteger los ecosistemas de humedal y bosque en la zona. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional”.

Desde este panorama, procede declarar parcialmente con lugar lo reclamado por la parte accionante.

Ciertamente, el ACLAC contestó de forma célere la primera gestión; empero, no se observa que se haya atendido la situación denunciada. En efecto, el 11 de abril de 2025, el recurrente puso en conocimiento de tal dependencia presuntas afectaciones graves al ambiente, tales como fraccionamiento de bosques, drenaje de humedales y tala de árboles; incluso, se afirmó expresamente que ese mismo día estaba un “operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque”. Pese a lo anterior, la autoridad recurrida se limitó a señalar que el caso estaba judicializado desde 2023, así como que en su momento se había girado una orden de paralización de cualquier actividad; además, que el SINAC había visitado el sitio para informar a la Fiscalía el incumplimiento de las medidas cautelares. En adición, con ocasión de este recurso de amparo, el ACLAC señaló que hubo poca claridad en cuanto a la propiedad denunciada y amplió la respuesta sobre la existencia de otra causa penal incoada en 2024; no obstante, nuevamente se limitó a señalar que el caso se encontraba judicializado y que en su momento también se había girado una orden de paralización de actividades, así como que se había visitado el sitio para informar al Ministerio Público el incumplimiento de las medidas cautelares. Asimismo, se constata que, en ambas respuestas, ante el requerimiento de un detalle de las acciones emprendidas en virtud de la denuncia, se consignó explícitamente que los informes del caso se dirigen a la fiscalía para que se incorporen al expediente.

Sobre lo anterior, es menester señalar que la judicialización de una situación ambiental no exime al SINAC de cumplir las competencias administrativas que le otorga el ordenamiento jurídico (siempre que no obstaculicen la investigación penal ni resuelvan extremos propios de ser ventilados en esta última), sin perjuicio de que posteriormente ponga en conocimiento de las autoridades penales los hechos que considere pertinentes. Máxime cuando se trata de denuncias, en las que se alude a algún criterio de urgencia y actualidad, como sucede en el sub examine donde se mencionaron acciones en curso  (“tala de árboles dentro de un humedal y bosque”, así como el “drenaje de humedales”) que presuntamente se estaban ejecutando al momento de su interposición. De ahí que resulta ilegítimo que el ACLAC tome una actitud pasiva y evasiva (por haber denunciado los hechos en la vía penal y emitido órdenes de paralización en años anteriores), por cuanto la propia denuncia administrativa hace referencia a situaciones actuales que ameritan una pronta intervención. Justamente, debe mencionarse que la vía penal no es excluyente per se de aquellas acciones que puede llegar a ejecutar el SINAC (siempre dentro del ámbito administrativo) para resguardar el ambiente, evitar daños aún mayores, o bien, impedir repercusiones negativas adicionales a las ya denunciadas judicialmente. Nótese incluso que el ordenamiento jurídico nacional le otorga el carácter de autoridad de policía a los funcionarios de la Administración Forestal (artículo 54 de la Ley Forestal) y a los inspectores de Vida Silvestre (numeral 15 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Lo anterior tampoco exime a tal institución de dar cuentas sobre su actuar a los denunciantes administrativos (verbigracia, aquellas actuaciones de naturaleza pública sobre la atención de denuncias ambientales administrativas), sin perjuicio de que se reserven aquellos datos o documentos dirigidos a las autoridades penales que sí estén contemplados por la privacidad de las actuaciones contemplada en el artículo 295 del Código Procesal Penal

Atinente al sub iudice, la Sala, en la sentencia nro. 2024004807 de las 9:20 horas de 23 de febrero de 2024, resolvió:

“En primer lugar, la Sala observa que la solicitud planteada ante el Sinac expone la afectación al “humedal laguna Carrizal” por el levantamiento de infraestructuras y la realización de quemas, además, solicita la investigación de lo planteado y que se ejecuten acciones de control, resguardo y sanción; empero, tal órgano desconcentrado del Minae solo llevó a cabo una inspección en la zona e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (en la que no se abordaron la totalidad de los extremos alegados en la gestión del recurrente). Nótese que en el “Informe por daños al ambiente” enviado a la fiscalía, se aludió únicamente a construcciones y la apertura de un camino dentro del área de protección de la laguna Carrizal. En todo caso, la actuación del Sinac en sede administrativa no puede limitarse, una vez constatada alguna posible situación de relevancia ambiental, a la remisión del asunto a la fase investigativa en la vía penal. Precisamente, tal dependencia tiene potestad de instaurar los procedimientos sobre denuncias que se formulen por infracciones a la normativa ambiental y emitir actos administrativos para procurar su cumplimiento. De ahí que la omisión en atender el fondo de la situación denunciada constituye un extremo de relevancia constitucional a los efectos de procurar la tutela del numeral 50 constitucional.

En relación con lo anterior, la Ley de Biodiversidad indica:

“ARTÍCULO 22

Sistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.

(…)

ARTÍCULO 28.-

Áreas de Conservación El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.

Asimismo, la Ley de Conservación de Vida Silvestre señala:

“Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia:

a) Establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre(*), objeto de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 3° de la ley N° 9106 del 20 de diciembre del 2012, anteriormente decía "flora y fauna silvestre")

b) Establecer los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.

c) Fomentar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre en propiedad mixta o privada.

d) Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso adicional de los recursos naturales renovables del país, en el campo de la vida silvestre que le competen, de conformidad con esta ley.

e) Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre, salvo aquellos que se refieran a recursos genéticos y bioquímicos regulados por la Ley de Biodiversidad.

f) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran.

g) Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.

h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional.

i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre.

j) Apoyar los programas de educación formal e informal de la Comisión Interinstitucional para la Educación y la Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad (Ciecopi).

k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.

l) Promover la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

m) Fomentar la conservación de ecosistemas naturales.

n) Establecer planes de contingencia para la protección de la vida silvestre, en caso de desastres naturales.

ñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.

La delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.

(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012)”.

En adición, el numeral 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece:

“Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia.

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica”

En consecuencia, procede la estimatoria del recurso en cuanto al Sinac a los efectos de que, con independencia de la remisión del asunto a la vía penal, analice íntegramente la situación denunciada en la vía administrativa a la luz del ordenamiento jurídico, resuelva la totalidad de los extremos alegados y, de resultar procedente, emita los actos administrativos que correspondan.

Por otra parte, la Municipalidad de Garabito también recibió la denuncia de la parte accionante en la que solicitó la intervención del gobierno local dentro del ámbito de sus competencias, verbigracia, entre otros aspectos, en lo relativo a los permisos municipales y la afectación de las obras en el aludido humedal; sin embargo, no consta que, luego de más de dos meses, se hubiese atendido la situación denunciada ni que se hubiera notificado alguna respuesta. Máxime que, según lo autos, en la inspección efectuada por las autoridades municipales se constató la inexistencia de permisos municipales. De ahí que, al estar de por medio la posible afectación al ambiente, corresponde la estimatoria del recurso también contra el municipio accionado.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena: 1) A David Chavarría Morales y Jeffrey Hernández Espinoza, por su orden director ejecutivo a.i. y director regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analice íntegramente la situación denunciada por el accionante en la gestión de 25 de octubre de 2023, se resuelvan la totalidad de extremos alegados y, de resultar procedente, se emitan los actos administrativos que correspondan al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación, todo lo cual deberá ser notificado al recurrente al medio señalado para tales efectos dentro del mismo plazo otorgado ut supra. (…)”.

En virtud de las consideraciones expuestas y tomando en consideración el precedente de cita, procede la estimatoria parcial de este extremo, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

Por otra parte, lo correspondiente a la adopción de medidas para la restauración de ecosistemas y las sanciones de los responsables de las actividades ilícitas, son aspectos propios de ser dilucidados en las vías ordinarias.

Finalmente, la persona recurrente aporta otra gestión fechada 20 de mayo de 2025; empero, ella fue formulada durante la tramitación de este proceso, por lo que prima facie se descarta alguna omisión a las nuevas solicitudes que hizo ahí. Sin embargo, no está de más señalar que la solicitud de informes “con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (…) y su impacto en el ecosistema” que pretende que se emitan (en esos términos específicos), así como la inspección solicitada con el consecuente reporte de cumplimiento de medidas cautelares dictadas en una causa penal, corresponden a la elaboración de prueba técnica cuya procedencia o falta de emisión es propia de ser ventilada en las vías ordinarias y no en esta jurisdicción constitucional.

IV.2. Sobre la gestión planteada mediante oficio AEL-00172-2025.

Concerniente a este alegato, la Sala tiene por comprobado que el recurrente, por oficio AEL-00172-2025 de 12 de abril de 2025 dirigido al encargado de Control y Protección del ACLAC, señaló: “Ref: Solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes en la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto por presunto drenaje y relleno de humedal Estimado señor: Por medio de la presente, me dirijo a usted en su calidad de Encargado de Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de solicitar respetuosamente un informe detallado sobre el seguimiento a la causa penal iniciada contra la Cooperativa Coopetrauto, cédula jurídica 3-004-727922, por el presunto drenaje y relleno de un humedal en un proyecto inmobiliario ubicado en Santa Rosa, según el plano catastrado L-0036944-2023. Dado que los humedales suelen trascender las áreas donde se localizan y considerando su importancia ecológica, solicito de manera respetuosa que se realice una investigación exhaustiva utilizando fotografías históricas de la zona. Esta investigación debería abarcar los antecedentes de cambio de uso del suelo tanto de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto como de la finca madre de la cual fue segregada dicha propiedad. Esta información es fundamental para efectos legales orientados a la protección y restauración del humedal afectado. Cabe destacar que los humedales forman parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme lo establecen los artículos 262 del Código Civil, 2 de la Ley de Aguas, 13, 14, 15 y 39 inciso i) de la Ley Forestal, 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad. Este carácter prevalece incluso si dichas áreas han sido desprovistas de su vegetación original, lo que refuerza la necesidad de actuar con celeridad. Asimismo, reitero la urgencia de que, en el ámbito de sus competencias, interceda ante la Fiscalía para que se adopten medidas inmediatas de protección orientadas a la restauración del humedal. En particular, solicito que se ordene el cierre de los drenajes realizados, con el fin de propiciar la recuperación del ecosistema. Los procesos judiciales en la vía ordinaria suelen prolongarse por años, lo que podría agravar el daño ambiental si no se toman acciones prontas. Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud y confiando en su compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural, quedo a la espera de su pronta respuesta”. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], refirió: “ASUNTO: Respuesta AEL-00172-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado, como se indicó en el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, el seguimiento que se lleva sobre esta causa denunciada ante la Fiscalía de Limón, bajo la causa judicial 23-000011-0472-PE, se ha entregado lo requerido a esa instancia según como ha correspondido. En el cumplimiento administrativo y del orden judicial en resolución de los casos denunciados, esta dependencia es respetuosa del seguimiento que esta lleva en el proceso de resolución por parte del Ministerio Publico. Por lo que se le reitera que los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente”.

Sobre este aspecto, la Sala observa que la parte recurrente lo que solicitó fue “un informe detallado sobre el seguimiento a la causa penal iniciada contra la Cooperativa Coopetrauto y acciones urgentes en la causa penal (…) por el presunto drenaje y relleno de un humedal”, así como “que se realice una investigación exhaustiva utilizando fotografías históricas de la zona (…). Esta investigación debería abarcar los antecedentes de cambio de uso del suelo tanto de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto como de la finca madre de la cual fue segregada dicha propiedad”. De igual forma pidió que se “interceda ante la Fiscalía para que se adopten medidas inmediatas de protección orientadas a la restauración del humedal” y también que “se ordene el cierre de los drenajes realizados, con el fin de propiciar la recuperación del ecosistema”.

Al respecto, es importante resaltar que esta gestión es sustancialmente diferente a la abordada en el considerando anterior, pues no se aludió a alguna afectación ambiental ya en curso, sino que se habla del “presunto” drenaje y relleno de humedal que ocurrió. Ahora, tal como se indicó ut supra, la requerida adopción de medidas para la restauración de ecosistemas es un aspecto, en principio, propio de ser dilucidado en las vías ordinarias. Asimismo, la solicitud de informes “para efectos legales”, así como los requerimientos específicos que pide que se incluyan como “fotografías históricas (…) antecedentes de cambio de uso del suelo”, corresponden a la elaboración de prueba técnica, cuya procedencia o falta de emisión es propia de ser ventilada en las vías ordinarias y no en esta jurisdicción constitucional. Incluso, el accionante, en la gestión de marras pidió al ACLAC que intercediese ante la fiscalía para que se tomasen medidas y se ordenase el cierre de los drenajes; empero, en principio, estos aspectos son propios de ser dilucidados en la vía penal, según las particularidades del caso concreto. Por lo que, en los términos planteados en esta gestión, no se observa alguna acción u omisión que amerite la intervención de la Sala. Ergo, se declara sin lugar este extremo. (…)”






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Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

AREA PROTEGIDA.

V.- Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VCG06/2025

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Texto de la resolución



Exp: 25-011090-0007-CO

Res. Nº 2025016170

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25- 011090-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de abril de 2025, la parte accionante plantea recurso. Expone: “I. Hechos 1. El 11 de abril de 2025, presenté ante el Ing. Alexis Salas Rodríguez, Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), un reclamo urgente bajo el oficio AEL-00168-2025, por la intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. 2. El 12 de abril de 2025, presenté una solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes bajo el oficio AEL-00172-2025, en relación con la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto R.L. por presunto drenaje y relleno de humedales, registrada bajo el expediente 23-000011-0472-PE. 3. En respuesta, recibí las cartas SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINACACLAC-PPCP-037-2025, ambas de fecha 22 de abril de 2025, firmadas por el Ing. Alexis Salas Rodríguez. 4. Dichas respuestas resultan contradictorias, ya que hacen referencia al mismo expediente 23-000011-0472-PE, pese a que las denuncias presentadas corresponden a hechos distintos, con características diferentes y en propiedades distintas. 5. Esta situación evidencia una presunta omisión en la realización de las visitas de campo indispensables para verificar los hechos denunciados, relacionados con el cambio de uso del suelo, drenaje y relleno de humedales, lo cual constituye una violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado. II. Fundamento de Derecho  Artículo 50 de la Constitución Política: Garantiza el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de proteger los recursos naturales.  Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554): Establece la obligación de las autoridades de velar por la conservación de los ecosistemas, especialmente humedales, que son áreas de especial protección.  Ley de Conservación de la Vida Silvestre (N° 7317): Prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas protegidas sin los permisos correspondientes.  Convención de Ramsar sobre los Humedales: Obliga al Estado costarricense a proteger los humedales como ecosistemas de importancia internacional.  La omisión de las autoridades del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) en realizar las inspecciones correspondientes constituye una violación a estos preceptos legales y a mi derecho fundamental de exigir la protección del ambiente. III. Pretensión Con base en lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional: 1. Admitir el presente recurso de amparo por la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. 2. Ordenar al Ing. Alexis Salas Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. 3. Requerir al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) un informe detallado sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 4. Suspender cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se realicen las inspecciones y se determinen las responsabilidades correspondientes”.

2.- Mediante resolución de las 10:05 horas de 25 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso al proceso. Asimismo, solicitó informe al director regional y coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección, ambos del Área de Conversación Amistad Caribe (ACLAC) del SINAC, sobre los siguientes hechos: “que el 11 de abril de 2025, mediante el oficio AEL-00168-2025, planteó ante el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe un reclamo urgente por la intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Alega que el 12 de abril de 2025, mediante el oficio AEL-00172-2025, incoó una solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes en relación con la causa penal contra la cooperativa Coopetrauto R.L. por presunto drenaje y relleno de humedales (expediente n.° 23-000011-0472-PE). Menciona que, como respuesta, recibió las cartas SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, ambas del 22 de abril de 2025, las cuales resultan contradictorias, ya que hacen referencia al mismo expediente n.° 23-000011-0472-PE, pese a que las denuncias presentadas corresponden a hechos distintos, con características diferentes y en propiedades distintas. Acota que lo anterior evidencia que no se han realizado las visitas de campo indispensables para verificar los hechos denunciados, relacionados con el cambio de uso del suelo, drenaje y relleno de humedales. Solicita “realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. (...) Requerir al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) un informe detallado sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. (...) Suspender cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se realicen las inspecciones y se determinen las responsabilidades correspondientes”. Estima lesionado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de mayo de 2025, se aporta prueba para mejor resolver a nombre del accionante.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de mayo de 2025, se apersona el accionante. Manifiesta: “Con el debido respeto, me dirijo a esta Honorable Sala Constitucional para trasladar copia del oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046- 2025, de fecha 20 de mayo de 2025, emitido por el Ing. Alexis Salas Rodríguez, Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (SINACACLAC). Dicho oficio, dirigido al suscrito, responde a mi nota AEL00168-2025 y hace referencia a los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035- 2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, relacionados con intervenciones no autorizadas en humedales y bosques dentro del proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. y terrenos colindantes Deseo expresar mi profunda preocupación por el contenido y manejo del referido oficio, el cual considero insuficiente para abordar las violaciones ambientales denunciadas. A continuación, detallo los puntos críticos: 1. Negligencia en la Atención de Daños Ambientales: La respuesta del Ing. Salas Rodríguez califica de “ambigua” la ubicación de las actividades denunciadas (“frente o colindante” al proyecto de la Cooperativa Coopetrauto R.L.), omitiendo pruebas cruciales como la construcción de una carretera que divide un humedal y zanjas de gran tamaño que impiden la restauración del ecosistema. Dado que el recurrido actúa como policía ambiental, sus informes deben ser rigurosos, ya que constituyen los ojos de jueces y fiscales en el campo. Esta omisión refleja una marcada displicencia en el cumplimiento de sus funciones. 2. Aplicación Excesiva del Artículo 295 del Código Procesal Penal: El oficio invoca el Artículo 295 para limitar la entrega de información, alegando confidencialidad de los procedimientos judiciales. Esta interpretación resulta desproporcionada y obstaculiza la rendición de cuentas, contraviniendo el Artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como los compromisos internacionales de Costa Rica bajo el Convenio de Ramsar y otros acuerdos sobre flora y fauna. 3. Patrón Recurrente de Respuestas Inadecuadas: Los funcionarios de SINAC-ACLAC, incluido el Ing. Salas Rodríguez, presentan denuncias mal fundamentadas sin investigaciones previas adecuadas, como se evidencia en la causa judicial 24-000066-472-PE. Este patrón sugiere que el Artículo 295 se utiliza como excusa para evadir responsabilidades, lo que dificulta la protección efectiva de los ecosistemas. 4. Falta de Acciones Concretas y Restauración: Aunque el oficio menciona una orden de paralización y un proceso judicial en curso, no proporciona evidencia de monitoreo de cumplimiento ni de medidas de restauración. La ausencia de inspecciones urgentes, pese a las denuncias, refleja una falta de compromiso con la gravedad de los daños ambientales reportados. En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a esta Honorable Sala lo siguiente: • Revisión de la Conducta de los Funcionarios: Investigar las acciones del Ing. Alexis Salas Rodríguez y de SINAC-ACLAC por posible negligencia en la atención de las violaciones ambientales denunciadas, asegurando que los informes de campo cumplan con el rigor necesario para la supervisión judicial. • Limitación Racional del Artículo 295: Establecer límites proporcionales a la aplicación del Artículo 295, para evitar su uso como barrera a la transparencia, garantizando el cumplimiento del Artículo 50 de la Constitución y los compromisos internacionales de Costa Rica. • Medidas Ambientales Urgentes: Ordenar una inspección inmediata y exhaustiva de las áreas afectadas, garantizar la paralización total de actividades dañinas y disponer medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados. • Informe Transparente: Requerir a SINAC-ACLAC la entrega de un informe detallado y accesible sobre las acciones tomadas para atender las denuncias, en un plazo razonable, que permita la rendición de cuentas al denunciante y al público. Adjunto al presente, incluyo copia del oficio CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025 para su referencia. Confío en el compromiso de esta Honorable Sala con la justicia ambiental y la protección del patrimonio natural de Costa Rica. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o documentación adicional que se requiera”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de mayo de 2025, rinden informe bajo juramento Maylin Mora Arias y Alexis Salas Rodríguez, por su orden directora regional a. i. y encargado del programa de Control y Protección, ambos del ACLAC, en los siguientes términos: “PRIMERO: Que se recibió la nota AEL0168-2025 de fecha 11 de abril del 2025, mediante el cual solicitaba: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. SEGUNDO: Que la administración le atendió al recurrente mediante oficio CARTA-SINACACLAC-PPCP-035-2025 de fecha 22 de abril del 2025, mediante el cual se le indicó: “ Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado con respecto a la denuncia realizada por la afectación de la propiedad asociada a la Cooperativa Coopetrauto R.L, se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2023, en donde consta en la causa judicial 23-000011-0472-PE. • En su momento, se giro (sic) una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. • Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de Coopetrauto R.L. • Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente.” TERCERO: Que nuevamente se recibe nota AEL-00172-2025 con fecha 12 de abril de 2025 con el asunto “Solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes en la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto por presunto drenaje y relleno de humedal”, referente al mismo tema. CUARTO: Que la administración de manera atenta responde la misiva AEL-0172-2025 mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 de fecha 22 de abril del 2025, indicando lo siguiente: “En atención a lo solicitado, como se indicó en el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, el seguimiento que se lleva sobre esta causa denunciada ante la Fiscalía de Limón, bajo la causa judicial 23-000011-0472-PE, se ha entregado lo requerido a esa instancia según como ha correspondido. En el cumplimiento administrativo y del orden judicial en resolución de los casos denunciados, esta dependencia es respetuosa del seguimiento que esta lleva en el proceso de resolución por parte del Ministerio Publico. Por lo que se le reitera que los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente.” QUINTO: Que en aras de aclarar con mayores elementos lo solicitado por el recurrente, se envía oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 de fecha 20 de mayo del 2025, mismo que señala: “A efectos de ampliar nuestros oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en respuesta a su nota AEL-00168-2025, se le remite la siguiente respuesta aclaratoria, para los cuatro puntos detallados: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. R/ Le indicó que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambiguo la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Es decir, al frente o colindante requiere de mayor exactitud puesto que resultan contradictorios. Le indico que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambigua la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Agradecemos nos brinde el sitio que usted desea reportar con mayor precisión, de manera que contemos con mayores herramientas para valorar si es requerido una nueva inspección, dado que, como se indica en este momento resulta inexacta. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. R/ A pesar de que no se cuenta con exactitud el sitio que desea reportar, le reiteramos que en función a lo solicitado en la nota AEL-00168-2025, se aclara que esta dependencia, asumiendo que al indicar “frente o colindante” interpretemos que hace referencia al costado noreste de la propiedad donde se lleva el caso de la Cooperativa Coopetrauto R.L (causa 23-000011-0472-PE); siendo así, y con el afán de facilitarle información respecto de las atenciones en cuanto a delitos ambientales en el sitio, desde las acciones del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe, se tramitó la correspondiente denuncia por afectación al medio ambiente específicamente por el daño y modificación del ecosistema de humedal presente en la zona, dicha denuncia responde al número de causa 24-000066- 472-PE, por lo que se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2024, en donde consta en la causa judicial 24-000066-472-PE. • En su momento, se giró una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales y la determinación de nuevas áreas de humedal. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. R/ Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de la propiedad en cuestión. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. R/ Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. Se le recuerda en cuanto a información específica como la solicitada, que consta en una causa judicial, se debe respetar lo indicado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones: “el procedimiento preparatorio no será público para terceras personas, no obstante, las actuaciones pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. A las personas abogadas que invoquen un interés legítimo, la fiscala o el fiscal del Ministerio Público, luego de constatar ese interés, puede informar acerca de los hechos que se investigan. Así mismo, todas las partes y personas funcionarias que participaron en la investigación deben guardar secreto sobre la misma”. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal y forestal, se le informa que esta dependencia ha realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso. Por lo que también se le solicita realizar estas denuncias ambientales en la plataforma oficial SITADA, de manera que se le pueda dar seguimiento a estos delitos.” IV. Conclusión El SINAC, en ejercicio de su deber de transparencia y atención a las denuncias ciudadanas, dio respuesta oportuna y exhaustiva a las notas presentadas por el recurrente, [Nombre 001], específicamente al oficio AEL-00168-2025 (11 de abril de 2025) y al oficio AEL-00172-2025 (12 de abril de 2025), mediante las comunicaciones oficiales SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, ambas del 22 de abril de 2025 notificado al correo señalado [email protected], en virtud de lo indicado, se demuestra que no existe incumplimiento por parte del suscrito, más bien es claro que en el presente caso, nos encontramos frente a un caso de abuso del derecho de petición por parte del recurrente, quien no solo pretende que la Administración atienda sus solicitudes, sin importar que esta institución, no tenga los elementos necesarios para cumplir su petición. En dichas respuestas, se detallaron las acciones emprendidas, se aclararon las actuaciones administrativas correspondientes y se adjuntó la documentación técnica que respalda el cumplimiento de las obligaciones legales, demostrando así un compromiso irrestricto con la rendición de cuentas y la protección ambiental. Sobre el derecho de petición y pronta respuesta. El derecho de petición y pronta respuesta se encuentra consagrado en los numerales 27 y 41 constitucionales, mediante los cuales se garantiza a cualquier persona, no solo la libertad de petición ante cualquier funcionario público o entidad oficial, sino el derecho a obtener pronta respuesta. En este sentido, esta honorable Sala, ha venido desarrollando y dotando de contenido, el referido derecho de petición y pronta respuesta es así que sostiene que el mismo, comprende la posibilidad de presentar y solicitar distintas gestiones ante la Administración Pública, sin que ello comporte la obligación de resolver de conformidad con lo requerido por el administrado. Es así que, mediante resolución No. 2004-03538 de las 14 horas con 30 minutos del 13 de abril del 2004, esta Sala Constitucional dispuso: “El derecho de petición, establecido en el artículo 27 Constitucional, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esta garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta, aunque esto último no significa que el administrado deba recibir una contestación favorable a sus intereses. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide —aún cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley —, pues la libertad de petición se funda en otro principio; esto es, que la Administración no puede coartar el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos.” En el mismo orden de ideas, la sentencia No. 2004-07296 de las 08 horas con 56 minutos del 02 de julio del 2004 de este respetable Tribunal indicó: “En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.” Por otra parte, la doctrina desarrollada a la luz de la jurisprudencia constitucional señala que el derecho de petición y pronta respuesta se concreta no en la satisfacción de la petición del solicitante sino en la oportuna contestación a aquel de parte de la Administración en un plazo razonable, en cuyo caso el plazo para contestar guarda estricta relación con las características propias de la naturaleza de la solicitud, en cuenta su complejidad y consecuencias institucionales, lo que bajo ninguna circunstancia se interpreta como una licencia para vulnerar el derecho fundamental del solicitante. Sobre el particular la propia Sala Constitucional ha señalado en su sentencia No. 2004-03538 de previa cita: “…lo que se tutela es el derecho que toda persona tiene a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable; plazo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad técnica del asunto administrativo del que se trate, la amplitud de la prueba por evacuar, las consecuencias para las partes de la demora o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, la conducta de los litigantes y de las autoridades involucradas, las pautas y márgenes ordinarios del tipo de procedimiento en cuestión y el estándar medio para la resolución de asuntos similares por las autoridades de la misma materia...” Sobre la inexistencia de violación por cuanto existe una disconformidad en la respuesta, la Sala en particular ha señalado en su sentencia No 2005-03804 de las 15 horas con 41 minutos del 13 de abril del 2005 lo siguiente: “… En punto a la inconformidad del petente, debe señalara esta Sala que el derecho establecido en el artículo 27 de la Constitución Política hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés. Esa garantía se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta; pero esto último no necesariamente significa una contestación favorable. En otras palabras, es el derecho a pedir y no el derecho a obtener lo que se pide, lo que se garantiza, aún (sic) cuando el funcionario público deba resolver con estricta sujeción a la ley, pues la libertad de petición se funda en otro principio, esto es, en que no puede coartarse por la Administración el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. Como en el caso de examen, de la documentación que acompaña el memorial de interposición del recurso queda acreditado que el Secretario General del Consejo Superior de Educación sí respondió mediante oficio número CSE853-2004 del 27 de setiembre del 2004, la gestión hecha por el petente el 1 de julio del 2004, indicándole que de acuerdo con los archivos que lleva al efecto ese órgano, no constan dentro del expediente dichos documentos -mismos que fueron debidamente enumerados en dicho oficio- (ver folio 5 y 6 del expediente), por lo cual se desprende que -en el fondo- lo que existe es una disconformidad del recurrente con la respuesta dada a su gestión, y no una violación de su derecho a obtener pronta respuesta…” Recapitulando, el derecho de petición y respuesta comprende, entre otros, los siguientes elementos, los cuales a su vez sirven de parámetro para valorar la gestión de la Administración ante el administrado en cada caso concreto: a. El derecho de petición garantiza el derecho de los gobernados para dirigirse a los órganos públicos. b. El derecho de petición no garantiza al administrado la obtención de lo pedido. c. La respuesta que la Administración le proporcione al administrado debe ser congruente, lo que implica que debe guardarse una relación lógica entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado. Con la jurisprudencia señalada en el presente recurso, ha quedado demostrado que en el caso que nos ocupa, no se violentaron derechos fundamentales al recurrente, y la petición pretendida del Sr. [Nombre 001], fue atendida según competencia. En virtud de lo expuesto, queda ampliamente demostrado que a la luz de la jurisprudencia citada, no ha existido de parte de la Administración, violación al principio de derecho de respuesta consignado en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política. Las pruebas documentales que se aportan en este Amparo demuestran la buena fe de parte de nuestro Ministerio en la atención del caso. V. PETITORIA Que rendido el presente informe y en virtud que, la petición realizada por el recurrente se ha gestionado de acuerdo con lo solicitado y con la información existente, de lo cual consta en el expediente SOLICITO SE DECLARE SIN LUGAR EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Sr. [Nombre 001], con cédula número [Valor 002], que se gestiona con el expediente número 25-011090-0007-CO en contra de la Directora Regional del Área de Conservación la Amistad Caribe y el Coordinador del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 1. - Declarar satisfechas las pretensiones del recurrente, toda vez que: a. Se han adoptado las medidas urgentes requeridas. b. Se ha garantizado la protección de los ecosistemas denunciados. c. Existe pleno cumplimiento de las disposiciones legales ambientales. 2. Ordenar el archivo definitivo del expediente, conforme al artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al haberse subsanado las vulneraciones alegadas”.

 6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de mayo de 2025, se apersona el recurrente. Manifiesta: “I. SOBRE LA INSUFICIENCIA Y CONTRADICCIÓN EN LAS RESPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN 1. Ausencia de claridad y precisión en las respuestas administrativas: Los recurridos alegan en su informe que las ubicaciones señaladas en mis denuncias (oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025) son “poco precisas” y “ambiguas”, aduciendo que los términos “frente” o “colindante” al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. generan confusión. Esta afirmación es infundada y denota una actitud evasiva, ya que las denuncias presentadas incluyen referencias claras al proyecto urbanístico de Coopetrauto R.L., un desarrollo de más de 100 lotes que afecta un ecosistema de humedal registrado en el Registro Nacional de Humedales. Además, en mi denuncia inicial (AEL-00168-2025) se especificó la presencia de actividades como tala, drenaje y relleno de humedales, lo que debería haber sido suficiente para que el SINAC, en su calidad de autoridad competente con funciones de policía ambiental, iniciara una investigación inmediata con visitas de campo. La falta de precisión alegada no es más que una excusa para justificar la inacción, violando el principio precautorio que debe regir toda actuación ambiental (artículo 50 de la Constitución Política y artículo 2 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554). 2. Confusión entre causas judiciales distintas: El informe de los recurridos confunde dos causas judiciales distintas: la causa 23-000011-0472-PE (mencionada en los oficios SINAC-ACLAC-PPCP035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025) y la causa 24-000066-472-PE (citada en el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025). Esta confusión evidencia una gestión desordenada y una falta de seguimiento riguroso por parte del Programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC. Mientras que en las respuestas iniciales (22 de abril de 2025) se hace referencia exclusivamente a la causa de 2023, en el informe más reciente (20 de mayo de 2025) se introduce una nueva causa de 2024 sin explicar cómo se relaciona con las denuncias presentadas. Esta inconsistencia sugiere que no se han realizado las diligencias necesarias para verificar los hechos denunciados, lo que constituye una omisión grave en el cumplimiento de sus funciones. 3. Ausencia de pruebas sobre visitas de campo y seguimiento: Los recurridos afirman que “el sitio ha sido visitado” y que se han remitido informes a la Fiscalía, pero no aportan evidencia alguna que sustente dichas visitas, como actas de inspección, fotografías, coordenadas geográficas o informes técnicos. Esta falta de documentación contraviene el principio de transparencia y el deber de rendición de cuentas que rige a la Administración Pública (artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, N° 6227). Además, el argumento de que los informes son confidenciales por estar vinculados a una causa judicial (artículo 295 del Código Procesal Penal) no exime al SINAC de proporcionar al recurrente un informe detallado sobre las acciones administrativas tomadas, conforme lo establece el derecho de petición (artículos 27 y 41 de la Constitución Política). 4. Falta de aplicación del principio precautorio: El principio precautorio, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (N° 7788) y en la jurisprudencia de esta honorable Sala (sentencia N° 2003-01322), obliga a las autoridades ambientales a actuar de manera inmediata y efectiva ante cualquier indicio de daño ambiental, especialmente en ecosistemas frágiles como los humedales. Los recurridos no han demostrado haber adoptado medidas urgentes para paralizar las actividades de tala, drenaje y relleno denunciadas, ni han presentado pruebas de que las órdenes de paralización emitidas hayan sido efectivamente implementadas o fiscalizadas. Esta omisión pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). II. SOBRE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA 1. Respuestas incongruentes y dilatorias: Contrario a lo afirmado por los recurridos, las respuestas proporcionadas en los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, SINAC-ACLAC-PPCP-037- 2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 no cumplen con el estándar de congruencia exigido por la jurisprudencia constitucional (sentencias N° 2004-03538 y N° 2004-07296). Dichas respuestas son genéricas, evasivas y no abordan de manera específica los puntos planteados en mis denuncias, como la solicitud de inspecciones urgentes y la adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas afectados. La reiteración de que los informes han sido enviados a la Fiscalía sin proporcionar detalles concretos constituye una violación al derecho de petición, ya que no se ofrece una respuesta sustantiva que permita al recurrente conocer el estado real de las gestiones administrativas. 2. Plazo irrazonable en la atención de las denuncias: La Sala Constitucional ha establecido que el derecho a una pronta respuesta debe ajustarse a la complejidad del asunto y a la urgencia de la situación (sentencia N° 2004-03538). En este caso, la gravedad de las denuncias, que involucran la afectación de un humedal y un bosque colindante con un proyecto urbanístico de gran escala, exigía una respuesta inmediata y diligente. Sin embargo, los recurridos tardaron once días en responder las denuncias iniciales (del 11 y 12 de abril al 22 de abril de 2025) y solo proporcionaron una “aclaración” el 20 de mayo de 2025, tras la interposición del recurso de amparo. Esta demora es injustificada y contraviene el deber de pronta respuesta. III. SOBRE LA INEXISTENCIA DE ABUSO DEL DERECHO DE PETICIÓN Los recurridos califican mi actuación como un “abuso del derecho de petición”, alegando que pretendo que la Administración actúe sin contar con los elementos necesarios. Esta afirmación es inaceptable y carece de fundamento. Mis denuncias fueron presentadas con la información disponible, incluyendo referencias al proyecto urbanístico de Coopetrauto R.L. y a las actividades ilícitas observadas. Es responsabilidad del SINAC, como autoridad con funciones de policía ambiental, realizar las investigaciones necesarias para precisar los hechos denunciados, en lugar de desestimarlos por supuesta falta de claridad. La jurisprudencia de esta honorable Sala (sentencia N° 2005-03804) establece que el derecho de petición no puede ser restringido por la Administración bajo pretextos formales, y en este caso, la inacción de los recurridos refleja una negativa a cumplir con sus obligaciones legales. IV. SOBRE LA GRAVEDAD DE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL El proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L., que abarca más de 100 lotes, representa una amenaza significativa para un ecosistema de humedal y bosque de alto valor ecológico, protegido por la legislación nacional e internacional (Convención de Ramsar, Ley de Biodiversidad). La omisión del SINAC en realizar inspecciones de campo inmediatas y en garantizar la paralización efectiva de las actividades denunciadas constituye una violación al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política). La falta de acción oportuna agrava el daño ambiental y compromete la posibilidad de restauración de los ecosistemas afectados, lo que justifica la intervención de esta honorable Sala para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales. V. PETITORIA Con base en lo expuesto, respetuosamente solicito a esta honorable Sala Constitucional: 1. Declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto por el suscrito, en razón de la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política) y al derecho de petición y pronta respuesta (artículos 27 y 41 de la Constitución Política). 2. Ordenar al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC): a. Realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. b. Presentar un informe detallado, en un plazo no mayor a diez días hábiles, sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, incluyendo actas de inspección, fotografías y coordenadas geográficas. c. Garantizar la paralización efectiva de cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes. 3. Ordenar a los recurridos que, en cumplimiento del principio precautorio, adopten medidas urgentes para la restauración de los ecosistemas degradados, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. Condenar a los recurridos al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por su omisión, conforme al artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ruego a esta honorable Sala tomar nota de la gravedad de la afectación ambiental denunciada y de la inacción administrativa que pone en riesgo un ecosistema de vital importancia. Me pongo a disposición para cualquier aclaración o aporte de pruebas adicionales que se requieran”.

7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.                           

 Redacta el Magistrado Garita Navarro; y,

Considerando:

 I.- Objeto del recurso. La parte accionante indica que el 11 de abril de 2025 formuló ante el coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC un reclamo urgente (oficio AEL-00168-2025), por la intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R. L. Asevera que al día siguiente planteó una “una solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes” (oficio AEL-00172-2025) con respecto a la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto R. L. por presunto drenaje y relleno de humedales (expediente 23-000011-0472-PE). Menciona que en respuesta recibió los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, ambas de 22 de abril de 2025; sin embargo, las contestaciones son contradictorias, ya que hacen referencia al expediente 23-000011-0472-PE, pese a que las denuncias corresponden a hechos distintos y características diferentes e, incluso, en propiedades distintas. Considera que lo anterior evidencia una presunta omisión en la realización de las visitas de campo indispensables para verificar los hechos denunciados, relacionados con el cambio de uso del suelo, drenaje y relleno de humedales, lo cual constituye una violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Formula la siguiente pretensión: “1. Admitir el presente recurso de amparo por la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. 2. Ordenar al Ing. Alexis Salas Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. 3. Requerir al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) un informe detallado sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 4. Suspender cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se realicen las inspecciones y se determinen las responsabilidades correspondientes”.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)      Sobre la gestión formulada por medio del oficio AEL-00168-2025:

El accionante, mediante oficio AEL-00168-2025 de 11 de abril de 2025 dirigido al encargado de Protección y Control del ACLAC, indicó: “Ref: Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Encargado de la Protección y Control del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de formular un enérgico reclamo y solicitar su inmediata intervención para garantizar la protección y restauración de los humedales y bosques ubicados frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. (cédula jurídica 3-004-727922), en el sector de Santa Rosa, provincia de Limón. Resulta alarmante y de suma gravedad que, en el contexto del anunciado proyecto de construcción del nuevo Hospital de Limón en la zona de Santa Rosa, se estén llevando a cabo actividades que atentan directamente contra el equilibrio ambiental de la zona. En particular, se ha constatado el fraccionamiento de bosques, el drenaje de humedales y la tala de árboles en el área antes mencionada, acciones que contravienen flagrantemente la normativa ambiental vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), la Ley Forestal (N° 7575) y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de conservación de humedales, como la Convención Ramsar. El día de hoy, hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estas actividades, lejos de ser hechos aislados, sugieren una clara intención de fraccionar los bosques, alterar el uso del suelo y drenar los humedales, lo que representa un daño ambiental de difícil o imposible reparación. Tales actos no solo comprometen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la zona, sino que también afectan los derechos fundamentales de las comunidades locales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, SOLICITO de manera inmediata las siguientes acciones: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. Don Alexis, su rol como Encargado de la Protección y Control le impone la ineludible obligación de velar por la conservación de los recursos naturales bajo su jurisdicción. La inacción o demora en este asunto sería no solo una omisión de sus deberes, sino también una afrenta a los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que deben guiar la gestión pública. Sin otro particular, le reitero la urgencia de su intervención y quedo atento a cualquier comunicación.” (Prueba aportada por la parte accionante).
El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], consignó: “ASUNTO: Respuesta AEL-00168-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado con respecto a la denuncia realizada por la afectación de la propiedad asociada a la Cooperativa Coopetrauto R.L, se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2023, en donde consta en la causa judicial 23-000011-0472-PE. • En su momento, se giro (sic) una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. • Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de Coopetrauto R.L. • Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal, se le informa que esta dependencia a realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso”. (Prueba aportada por la parte accionante y las autoridades recurridas).
 El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido a [Nombre 001], indicó: “ASUNTO: Aclaración y ampliación nota AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Estimado señor, A efectos de ampliar nuestros oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en respuesta a su nota AEL-00168-2025, se le remite la siguiente respuesta aclaratoria, para los cuatro puntos detallados: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. R/ Le indicó (sic) que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambiguo la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Es decir, al frente o colindante requiere de mayor exactitud puesto que resultan contradictorios. Le indico que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambigua la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Agradecemos nos brinde el sitio que usted desea reportar con mayor precisión, de manera que contemos con mayores herramientas para valorar si es requerido una nueva inspección, dado que, como se indica en este momento resulta inexacta. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. R/ A pesar de que no se cuenta con exactitud el sitio que desea reportar, le reiteramos que en función a lo solicitado en la nota AEL-00168-2025, se aclara que esta dependencia, asumiendo que al indicar “frente o colindante” interpretemos que hace referencia al costado noreste de la propiedad donde se lleva el caso de la Cooperativa Coopetrauto R.L (causa 23-000011-0472-PE); siendo así, y con el afán de facilitarle información respecto de las atenciones en cuanto a delitos ambientales en el sitio, desde las acciones del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe, se tramitó la correspondiente denuncia por afectación al medio ambiente específicamente por el daño y modificación del ecosistema de humedal presente en la zona, dicha denuncia responde al número de causa 24-000066-472-PE, por lo que se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2024, en donde consta en la causa judicial 24-000066-472-PE. • En su momento, se giró una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales y la determinación de nuevas áreas de humedal. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. R/ Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de la propiedad en cuestión. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. R/ Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. Se le recuerda en cuanto a información específica como la solicitada, que consta en una causa judicial, se debe respetar lo indicado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones: “el procedimiento preparatorio no será público para terceras personas, no obstante, las actuaciones pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. A las personas abogadas que invoquen un interés legítimo, la fiscala o el fiscal del Ministerio Público, luego de constatar ese interés, puede informar acerca de los hechos que se investigan. Así mismo, todas las partes y personas funcionarias que participaron en la investigación deben guardar secreto sobre la misma”. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal y forestal, se le informa que esta dependencia ha realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso. Por lo que también se le solicita realizar estas denuncias ambientales en la plataforma oficial SITADA, de manera que se le pueda dar seguimiento a estos delitos”. (Prueba aportada por la parte accionante y las autoridades recurridas).
El 19 de mayo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este proceso. (Actas de notificación).
El accionante, por oficio AEL-00224-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido al coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, expuso: “Asunto: Respuesta al Oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046- 2025 y Solicitud de Aclaraciones Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), en respuesta al oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, dirigido al suscrito, que amplía los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en relación con mi nota AEL-00168- 2025 sobre intervenciones indebidas en humedales y bosques colindantes al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Agradezco su respuesta, pero considero que el contenido del oficio no aborda adecuadamente la gravedad de las violaciones ambientales denunciadas ni cumple con el nivel de rigurosidad esperado de un funcionario que actúa como policía ambiental, sirviendo como los “ojos” de jueces y fiscales en el campo. A continuación, detallo mis observaciones y solicitudes: 1. Insuficiencia en la Identificación del Sitio Denunciado: Su oficio califica de “ambigua” la ubicación reportada (“frente o colindante” al proyecto de la Cooperativa Coopetrauto R.L.), lo que resulta injustificado dado que las referencias proporcionadas son claras. La intervención incluye una carretera que divide un humedal y zanjas de gran tamaño que impiden su restauración, hechos que no se mencionan en su respuesta. Solicito un informe exhaustivo, acompañado de fotografías satelitales, que detalle el verdadero cuadro fáctico de estas intervenciones, permitiendo a jueces y fiscales evaluar adecuadamente la situación. 2. Omisión de Impactos Más Amplios en el Ecosistema: El oficio ignora que el ecosistema de humedal trasciende los límites de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Además, no se menciona la preocupante actividad de drenajes y rellenos de humedales en la zona, especialmente ante la eventual construcción del futuro Hospital de Limón. Estas acciones, de manera inexplicable, no han sido investigadas por las autoridades de SINAC-ACLAC, lo que refleja una reacción pasiva que depende exclusivamente de gestiones de parte. 3. Falta de Rigor en el Cumplimiento de Funciones: Como Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección, su rol exige proporcionar a las autoridades judiciales información precisa y completa. Sin embargo, el oficio no evidencia un seguimiento riguroso a la orden de paralización mencionada en la causa 24-000066-472-PE, ni detalla medidas concretas para la restauración del ecosistema afectado. Solicito que se realice una inspección urgente en el área, documentada con evidencia visual y técnica, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y evaluar los daños. 4. Uso Inapropiado del Artículo 295 del Código Procesal Penal: La invocación del Artículo 295 para limitar la entrega de información resulta desproporcionada y obstaculiza la transparencia. Como denunciante, tengo un interés legítimo en conocer las acciones emprendidas, conforme lo permite el propio artículo. Insto a que se proporcione un informe detallado y accesible sobre las medidas tomadas, en un plazo no mayor a diez días hábiles, en cumplimiento de mi solicitud original. 5. Uso de la Plataforma SITADA: Si bien se me solicita presentar denuncias a través de la plataforma SITADA, esto no exime a SINAC-ACLAC de investigar proactivamente las violaciones ambientales reportadas, especialmente cuando se trata de ecosistemas protegidos como los humedales. Solicito que se aclare cómo se está dando seguimiento a estas denuncias en SITADA y qué medidas preventivas se han implementado en la zona. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito: • La elaboración de un informe detallado, con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (carretera, zanjas, drenajes, y rellenos) y su impacto en el ecosistema, incluyendo áreas más allá de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. • Una inspección inmediata y exhaustiva en el área afectada, con un reporte claro sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la causa 24-000066-472-PE. • La adopción de medidas urgentes para detener cualquier actividad que degrade el humedal y para iniciar la restauración del ecosistema, conforme a la legislación ambiental. • Un informe accesible sobre las acciones emprendidas, dentro de un plazo de diez días hábiles, que garantice transparencia y rendición de cuentas. Adjunto una copia de mi nota original AEL-00168-2025 para su referencia. Espero su pronta respuesta y acciones concretas para proteger los ecosistemas de humedal y bosque en la zona. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional”. (Prueba aportada por la parte accionante).

b)      Sobre la gestión planteada mediante oficio AEL-00172-2025:

El recurrente, por oficio AEL-00172-2025 de 12 de abril de 2025 dirigido al encargado de Control y Protección del ACLAC, señaló: “Ref: Solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes en la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto por presunto drenaje y relleno de humedal Estimado señor: Por medio de la presente, me dirijo a usted en su calidad de Encargado de Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de solicitar respetuosamente un informe detallado sobre el seguimiento a la causa penal iniciada contra la Cooperativa Coopetrauto, cédula jurídica 3-004-727922, por el presunto drenaje y relleno de un humedal en un proyecto inmobiliario ubicado en Santa Rosa, según el plano catastrado L-0036944-2023. Dado que los humedales suelen trascender las áreas donde se localizan y considerando su importancia ecológica, solicito de manera respetuosa que se realice una investigación exhaustiva utilizando fotografías históricas de la zona. Esta investigación debería abarcar los antecedentes de cambio de uso del suelo tanto de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto como de la finca madre de la cual fue segregada dicha propiedad. Esta información es fundamental para efectos legales orientados a la protección y restauración del humedal afectado. Cabe destacar que los humedales forman parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme lo establecen los artículos 262 del Código Civil, 2 de la Ley de Aguas, 13, 14, 15 y 39 inciso i) de la Ley Forestal, 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad. Este carácter prevalece incluso si dichas áreas han sido desprovistas de su vegetación original, lo que refuerza la necesidad de actuar con celeridad. Asimismo, reitero la urgencia de que, en el ámbito de sus competencias, interceda ante la Fiscalía para que se adopten medidas inmediatas de protección orientadas a la restauración del humedal. En particular, solicito que se ordene el cierre de los drenajes realizados, con el fin de propiciar la recuperación del ecosistema. Los procesos judiciales en la vía ordinaria suelen prolongarse por años, lo que podría agravar el daño ambiental si no se toman acciones prontas. Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud y confiando en su compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural, quedo a la espera de su pronta respuesta”. (Prueba aportada por la parte accionante).
El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], refirió: “ASUNTO: Respuesta AEL-00172-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado, como se indicó en el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, el seguimiento que se lleva sobre esta causa denunciada ante la Fiscalía de Limón, bajo la causa judicial 23-000011-0472-PE, se ha entregado lo requerido a esa instancia según como ha correspondido. En el cumplimiento administrativo y del orden judicial en resolución de los casos denunciados, esta dependencia es respetuosa del seguimiento que esta lleva en el proceso de resolución por parte del Ministerio Publico. Por lo que se le reitera que los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente”. (Prueba aportada por la parte accionante).

III.- Sobre los principios constitucionales en materia ambiental.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)”

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza, pues plausiblemente debe involucrar un peligro serio, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente  lo que desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención [Nombre 001] de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas”

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica  véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006 , en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible”

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Tocante al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la parte accionante indica que el 11 de abril de 2025 formuló ante el coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC un reclamo urgente (oficio AEL-00168-2025), por la intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R. L. Asevera que al día siguiente planteó una “una solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes” (oficio AEL-00172-2025) con respecto a la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto R. L. por presunto drenaje y relleno de humedales (expediente 23-000011-0472-PE). Menciona que recibió los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, ambas de 22 de abril de 2025; sin embargo, son contradictorias, ya que hacen referencia al expediente 23-000011-0472-PE, pese a que las denuncias corresponden a hechos distintos y características diferentes e, incluso, en propiedades distintas. Considera que lo anterior evidencia una presunta omisión en la realización de las visitas de campo indispensables para verificar los hechos denunciados, relacionados con el cambio de uso del suelo, drenaje y relleno de humedales, lo cual constituye una violación al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Formula la siguiente pretensión: “1. Admitir el presente recurso de amparo por la violación al derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. 2. Ordenar al Ing. Alexis Salas Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), realizar de inmediato las inspecciones de campo correspondientes a las denuncias presentadas en los oficios AEL-00168-2025 y AEL-00172-2025, a fin de documentar la situación actual de las zonas afectadas por el presunto drenaje, relleno de humedales y cambio de uso del suelo. 3. Requerir al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) un informe detallado sobre las acciones tomadas para garantizar la protección de los humedales y bosques denunciados, así como el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 4. Suspender cualquier actividad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. que implique intervención en los humedales y bosques denunciados, hasta que se realicen las inspecciones y se determinen las responsabilidades correspondientes”.

En relación con lo anterior, la Sala observa que la persona recurrente alude que sus denuncias están referidas a hechos y lugares distintos. Por consiguiente, serán analizada de forma separada a fin de valorar el abordaje brindado por el ACLAC en cada una de ellas.

IV.1. Sobre la gestión formulada por medio del oficio AEL-00168-2025.

Con respecto a este extremo, la Sala tiene por demostrado que el accionante, mediante oficio AEL-00168-2025 de 11 de abril de 2025 dirigido al encargado de Protección y Control del ACLAC, indicó: “Ref: Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Encargado de la Protección y Control del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de formular un enérgico reclamo y solicitar su inmediata intervención para garantizar la protección y restauración de los humedales y bosques ubicados frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. (cédula jurídica 3-004-727922), en el sector de Santa Rosa, provincia de Limón. Resulta alarmante y de suma gravedad que, en el contexto del anunciado proyecto de construcción del nuevo Hospital de Limón en la zona de Santa Rosa, se estén llevando a cabo actividades que atentan directamente contra el equilibrio ambiental de la zona. En particular, se ha constatado el fraccionamiento de bosques, el drenaje de humedales y la tala de árboles en el área antes mencionada, acciones que contravienen flagrantemente la normativa ambiental vigente, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554), la Ley Forestal (N° 7575) y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de conservación de humedales, como la Convención Ramsar. El día de hoy, hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Estas actividades, lejos de ser hechos aislados, sugieren una clara intención de fraccionar los bosques, alterar el uso del suelo y drenar los humedales, lo que representa un daño ambiental de difícil o imposible reparación. Tales actos no solo comprometen la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la zona, sino que también afectan los derechos fundamentales de las comunidades locales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política. En consecuencia, SOLICITO de manera inmediata las siguientes acciones: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. Don Alexis, su rol como Encargado de la Protección y Control le impone la ineludible obligación de velar por la conservación de los recursos naturales bajo su jurisdicción. La inacción o demora en este asunto sería no solo una omisión de sus deberes, sino también una afrenta a los principios de sostenibilidad y justicia ambiental que deben guiar la gestión pública. Sin otro particular, le reitero la urgencia de su intervención y quedo atento a cualquier comunicación”. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], consignó: “ASUNTO: Respuesta AEL-00168-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado con respecto a la denuncia realizada por la afectación de la propiedad asociada a la Cooperativa Coopetrauto R.L, se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2023, en donde consta en la causa judicial 23-000011-0472-PE. • En su momento, se giro (sic) una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. • Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de Coopetrauto R.L. • Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal, se le informa que esta dependencia a realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso”. El 19 de mayo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas del curso de este proceso. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido a [Nombre 001], indicó: “ASUNTO: Aclaración y ampliación nota AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Estimado señor, A efectos de ampliar nuestros oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en respuesta a su nota AEL-00168-2025, se le remite la siguiente respuesta aclaratoria, para los cuatro puntos detallados: 1. La paralización total de cualquier actividad de tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques del sector señalado. R/ Le indicó (sic) que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambiguo la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Es decir, al frente o colindante requiere de mayor exactitud puesto que resultan contradictorios. Le indico que en el análisis e interpretación de la ubicación de donde ocurre lo denunciado, resulta con poca claridad y ambigua la ubicación brindada, siendo esto poco preciso en la interpretación de lo indicado “Reclamo urgente por intervención indebida en humedales y bosques frente al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.” o “hemos sido testigos de la presencia de un operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque colindante con el proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L.”. Agradecemos nos brinde el sitio que usted desea reportar con mayor precisión, de manera que contemos con mayores herramientas para valorar si es requerido una nueva inspección, dado que, como se indica en este momento resulta inexacta. 2. Una inspección urgente por parte de las autoridades competentes de ACLAC en el área afectada, con el fin de evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes. R/ A pesar de que no se cuenta con exactitud el sitio que desea reportar, le reiteramos que en función a lo solicitado en la nota AEL-00168-2025, se aclara que esta dependencia, asumiendo que al indicar “frente o colindante” interpretemos que hace referencia al costado noreste de la propiedad donde se lleva el caso de la Cooperativa Coopetrauto R.L (causa 23-000011-0472-PE); siendo así, y con el afán de facilitarle información respecto de las atenciones en cuanto a delitos ambientales en el sitio, desde las acciones del Programa de Prevención Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe, se tramitó la correspondiente denuncia por afectación al medio ambiente específicamente por el daño y modificación del ecosistema de humedal presente en la zona, dicha denuncia responde al número de causa 24-000066-472-PE, por lo que se informa lo siguiente: • Este caso actualmente se encuentra judicializado desde el 2024, en donde consta en la causa judicial 24-000066-472-PE. • En su momento, se giró una orden de paralización de cualquier actividad que afectara el entorno ecológico de la propiedad señalada dentro del Registro Nacional de Humedales y la determinación de nuevas áreas de humedal. • Por parte del SINAC, el sitio ha sido visitado, con el propósito de informar a la Fiscalía el estado actual, así como el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas. 3. La adopción de medidas efectivas para la restauración de los ecosistemas degradados y la sanción de los responsables de estas actividades ilícitas, conforme lo establece la legislación ambiental. R/ Las medidas de restauración deberán ser solicitadas en su momento por la fiscalía, para que, por orden de un juez de la república, se le impongan a los responsables o representantes de la propiedad en cuestión. 4. La presentación de un informe detallado sobre las acciones emprendidas por su oficina para atender esta denuncia, en un plazo no mayor a diez días hábiles. R/ Los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente. Se le recuerda en cuanto a información específica como la solicitada, que consta en una causa judicial, se debe respetar lo indicado en el Artículo 295 del Código Procesal Penal en cuanto a la privacidad de las actuaciones: “el procedimiento preparatorio no será público para terceras personas, no obstante, las actuaciones pueden ser examinadas por las partes o sus representantes. A las personas abogadas que invoquen un interés legítimo, la fiscala o el fiscal del Ministerio Público, luego de constatar ese interés, puede informar acerca de los hechos que se investigan. Así mismo, todas las partes y personas funcionarias que participaron en la investigación deben guardar secreto sobre la misma”. En comprensión por su preocupación por la afectación al ecosistema de humedal y forestal, se le informa que esta dependencia ha realizado lo que los procedimientos requieren para identificar la ilegalidad por afectación a artículos de ley asociados a este caso. Por lo que también se le solicita realizar estas denuncias ambientales en la plataforma oficial SITADA, de manera que se le pueda dar seguimiento a estos delitos”. El accionante, por oficio AEL-00224-2025 de 20 de mayo de 2025 dirigido al coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, expuso: “Asunto: Respuesta al Oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046- 2025 y Solicitud de Aclaraciones Estimado señor: Me dirijo a usted en su calidad de Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), en respuesta al oficio CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025, de fecha 20 de mayo de 2025, dirigido al suscrito, que amplía los oficios SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 y SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, en relación con mi nota AEL-00168- 2025 sobre intervenciones indebidas en humedales y bosques colindantes al proyecto urbanístico de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Agradezco su respuesta, pero considero que el contenido del oficio no aborda adecuadamente la gravedad de las violaciones ambientales denunciadas ni cumple con el nivel de rigurosidad esperado de un funcionario que actúa como policía ambiental, sirviendo como los “ojos” de jueces y fiscales en el campo. A continuación, detallo mis observaciones y solicitudes: 1. Insuficiencia en la Identificación del Sitio Denunciado: Su oficio califica de “ambigua” la ubicación reportada (“frente o colindante” al proyecto de la Cooperativa Coopetrauto R.L.), lo que resulta injustificado dado que las referencias proporcionadas son claras. La intervención incluye una carretera que divide un humedal y zanjas de gran tamaño que impiden su restauración, hechos que no se mencionan en su respuesta. Solicito un informe exhaustivo, acompañado de fotografías satelitales, que detalle el verdadero cuadro fáctico de estas intervenciones, permitiendo a jueces y fiscales evaluar adecuadamente la situación. 2. Omisión de Impactos Más Amplios en el Ecosistema: El oficio ignora que el ecosistema de humedal trasciende los límites de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. Además, no se menciona la preocupante actividad de drenajes y rellenos de humedales en la zona, especialmente ante la eventual construcción del futuro Hospital de Limón. Estas acciones, de manera inexplicable, no han sido investigadas por las autoridades de SINAC-ACLAC, lo que refleja una reacción pasiva que depende exclusivamente de gestiones de parte. 3. Falta de Rigor en el Cumplimiento de Funciones: Como Coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección, su rol exige proporcionar a las autoridades judiciales información precisa y completa. Sin embargo, el oficio no evidencia un seguimiento riguroso a la orden de paralización mencionada en la causa 24-000066-472-PE, ni detalla medidas concretas para la restauración del ecosistema afectado. Solicito que se realice una inspección urgente en el área, documentada con evidencia visual y técnica, para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y evaluar los daños. 4. Uso Inapropiado del Artículo 295 del Código Procesal Penal: La invocación del Artículo 295 para limitar la entrega de información resulta desproporcionada y obstaculiza la transparencia. Como denunciante, tengo un interés legítimo en conocer las acciones emprendidas, conforme lo permite el propio artículo. Insto a que se proporcione un informe detallado y accesible sobre las medidas tomadas, en un plazo no mayor a diez días hábiles, en cumplimiento de mi solicitud original. 5. Uso de la Plataforma SITADA: Si bien se me solicita presentar denuncias a través de la plataforma SITADA, esto no exime a SINAC-ACLAC de investigar proactivamente las violaciones ambientales reportadas, especialmente cuando se trata de ecosistemas protegidos como los humedales. Solicito que se aclare cómo se está dando seguimiento a estas denuncias en SITADA y qué medidas preventivas se han implementado en la zona. En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito: • La elaboración de un informe detallado, con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (carretera, zanjas, drenajes, y rellenos) y su impacto en el ecosistema, incluyendo áreas más allá de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto R.L. • Una inspección inmediata y exhaustiva en el área afectada, con un reporte claro sobre el cumplimiento de las medidas cautelares de la causa 24-000066-472-PE. • La adopción de medidas urgentes para detener cualquier actividad que degrade el humedal y para iniciar la restauración del ecosistema, conforme a la legislación ambiental. • Un informe accesible sobre las acciones emprendidas, dentro de un plazo de diez días hábiles, que garantice transparencia y rendición de cuentas. Adjunto una copia de mi nota original AEL-00168-2025 para su referencia. Espero su pronta respuesta y acciones concretas para proteger los ecosistemas de humedal y bosque en la zona. Quedo a su disposición para cualquier aclaración o información adicional”.

Desde este panorama, procede declarar parcialmente con lugar lo reclamado por la parte accionante.

Ciertamente, el ACLAC contestó de forma célere la primera gestión; empero, no se observa que se haya atendido la situación denunciada. En efecto, el 11 de abril de 2025, el recurrente puso en conocimiento de tal dependencia presuntas afectaciones graves al ambiente, tales como fraccionamiento de bosques, drenaje de humedales y tala de árboles; incluso, se afirmó expresamente que ese mismo día estaba un “operario realizando labores de tala de árboles dentro de un humedal y bosque”. Pese a lo anterior, la autoridad recurrida se limitó a señalar que el caso estaba judicializado desde 2023, así como que en su momento se había girado una orden de paralización de cualquier actividad; además, que el SINAC había visitado el sitio para informar a la Fiscalía el incumplimiento de las medidas cautelares. En adición, con ocasión de este recurso de amparo, el ACLAC señaló que hubo poca claridad en cuanto a la propiedad denunciada y amplió la respuesta sobre la existencia de otra causa penal incoada en 2024; no obstante, nuevamente se limitó a señalar que el caso se encontraba judicializado y que en su momento también se había girado una orden de paralización de actividades, así como que se había visitado el sitio para informar al Ministerio Público el incumplimiento de las medidas cautelares. Asimismo, se constata que, en ambas respuestas, ante el requerimiento de un detalle de las acciones emprendidas en virtud de la denuncia, se consignó explícitamente que los informes del caso se dirigen a la fiscalía para que se incorporen al expediente.

Sobre lo anterior, es menester señalar que la judicialización de una situación ambiental no exime al SINAC de cumplir las competencias administrativas que le otorga el ordenamiento jurídico (siempre que no obstaculicen la investigación penal ni resuelvan extremos propios de ser ventilados en esta última), sin perjuicio de que posteriormente ponga en conocimiento de las autoridades penales los hechos que considere pertinentes. Máxime cuando se trata de denuncias, en las que se alude a algún criterio de urgencia y actualidad, como sucede en el sub examine donde se mencionaron acciones en curso  (“tala de árboles dentro de un humedal y bosque”, así como el “drenaje de humedales”) que presuntamente se estaban ejecutando al momento de su interposición. De ahí que resulta ilegítimo que el ACLAC tome una actitud pasiva y evasiva (por haber denunciado los hechos en la vía penal y emitido órdenes de paralización en años anteriores), por cuanto la propia denuncia administrativa hace referencia a situaciones actuales que ameritan una pronta intervención. Justamente, debe mencionarse que la vía penal no es excluyente per se de aquellas acciones que puede llegar a ejecutar el SINAC (siempre dentro del ámbito administrativo) para resguardar el ambiente, evitar daños aún mayores, o bien, impedir repercusiones negativas adicionales a las ya denunciadas judicialmente. Nótese incluso que el ordenamiento jurídico nacional le otorga el carácter de autoridad de policía a los funcionarios de la Administración Forestal (artículo 54 de la Ley Forestal) y a los inspectores de Vida Silvestre (numeral 15 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). Lo anterior tampoco exime a tal institución de dar cuentas sobre su actuar a los denunciantes administrativos (verbigracia, aquellas actuaciones de naturaleza pública sobre la atención de denuncias ambientales administrativas), sin perjuicio de que se reserven aquellos datos o documentos dirigidos a las autoridades penales que sí estén contemplados por la privacidad de las actuaciones contemplada en el artículo 295 del Código Procesal Penal

Atinente al sub iudice, la Sala, en la sentencia nro. 2024004807 de las 9:20 horas de 23 de febrero de 2024, resolvió:

“En primer lugar, la Sala observa que la solicitud planteada ante el Sinac expone la afectación al “humedal laguna Carrizal” por el levantamiento de infraestructuras y la realización de quemas, además, solicita la investigación de lo planteado y que se ejecuten acciones de control, resguardo y sanción; empero, tal órgano desconcentrado del Minae solo llevó a cabo una inspección en la zona e interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (en la que no se abordaron la totalidad de los extremos alegados en la gestión del recurrente). Nótese que en el “Informe por daños al ambiente” enviado a la fiscalía, se aludió únicamente a construcciones y la apertura de un camino dentro del área de protección de la laguna Carrizal. En todo caso, la actuación del Sinac en sede administrativa no puede limitarse, una vez constatada alguna posible situación de relevancia ambiental, a la remisión del asunto a la fase investigativa en la vía penal. Precisamente, tal dependencia tiene potestad de instaurar los procedimientos sobre denuncias que se formulen por infracciones a la normativa ambiental y emitir actos administrativos para procurar su cumplimiento. De ahí que la omisión en atender el fondo de la situación denunciada constituye un extremo de relevancia constitucional a los efectos de procurar la tutela del numeral 50 constitucional.

En relación con lo anterior, la Ley de Biodiversidad indica:

“ARTÍCULO 22

Sistema Nacional de Áreas de Conservación Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos.

(…)

ARTÍCULO 28.-

Áreas de Conservación El Sistema estará constituido por unidades territoriales denominadas Áreas de Conservación bajo la supervisión general del Ministerio del Ambiente y Energía, por medio del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, con competencia en todo el territorio nacional, según se trate de áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Cada área de conservación es una unidad territorial del país, delimitada administrativamente, regida por una misma estrategia de desarrollo y administración, debidamente coordinada con el resto del sector público. En cada uno se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales en materia de conservación sin menoscabo de las áreas protegidas. Las Áreas de Conservación se encargarán de aplicar la legislación vigente en materia de recursos naturales, dentro de su demarcación geográfica. Deberán ejecutar las políticas, las estrategias y los programas aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, en materia de áreas protegidas; asimismo, tendrá a su cargo la aplicación de otras leyes que rigen su materia, tales como la Ley de conservación de la vida silvestre, No. 7317, de 30 de octubre de 1992, y la Ley Forestal, No. 7575, de 13 de febrero de 1996, Ley Orgánica, No. 7554, de 4 de octubre de 1995, y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977. Basado en las recomendaciones del Consejo, el Ministerio del Ambiente y Energía definirá la división territorial que técnicamente sea más aconsejable para las Áreas de Conservación del país, así como sus modificaciones”.


Asimismo, la Ley de Conservación de Vida Silvestre señala:

“Artículo 7.- El Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía tiene las siguientes funciones en el ejercicio de su competencia:

a) Establecer las medidas técnicas por seguir para el buen manejo, conservación y administración de la vida silvestre(*), objeto de esta ley y de los respectivos convenios y tratados internacionales ratificados por Costa Rica.

(*)(Modificada su denominación por el artículo 3° de la ley N° 9106 del 20 de diciembre del 2012, anteriormente decía "flora y fauna silvestre")

b) Establecer los refugios nacionales de vida silvestre y administrarlos.

c) Fomentar el establecimiento de los refugios nacionales de vida silvestre en propiedad mixta o privada.

d) Promover y ejecutar programas de educación e investigación sobre el uso adicional de los recursos naturales renovables del país, en el campo de la vida silvestre que le competen, de conformidad con esta ley.

e) Promover y ejecutar investigaciones en el campo de la vida silvestre, salvo aquellos que se refieran a recursos genéticos y bioquímicos regulados por la Ley de Biodiversidad.

f) Extender, denegar o cancelar los permisos de caza de control, extracción, investigación, colecta científica y académica y cualquier permiso para importar o exportar vida silvestre, sus partes, productos y derivados, así como aprobar, rechazar o modificar los planes de manejo y permisos de funcionamiento de los diferentes establecimientos de manejo de vida silvestres, refugio de vida silvestre y para aquellas actividades de manejo de vida silvestre que lo requieran.

g) Financiar las tesis o las investigaciones que permitan el mejor conocimiento de la vida silvestre.

h) Proteger, supervisar y administrar, con enfoque ecosistémico los humedales, así como determinar su calificación de importancia nacional o internacional.

i) Crear y gestionar los programas de manejo, control, vigilancia e investigación sobre la vida silvestre.

j) Apoyar los programas de educación formal e informal de la Comisión Interinstitucional para la Educación y la Conciencia Pública e Investigación en Biodiversidad (Ciecopi).

k) Coordinar con los otros entes competentes en la prevención, mitigación, atención y seguimiento de los daños a la vida silvestre.

l) Promover la participación responsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

m) Fomentar la conservación de ecosistemas naturales.

n) Establecer planes de contingencia para la protección de la vida silvestre, en caso de desastres naturales.

ñ) Coordinar acciones con las instituciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales para la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre.

La delimitación de los humedales se hará por decreto ejecutivo, según criterios técnicos.

(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012)”.

En adición, el numeral 99 de la Ley Orgánica del Ambiente establece:

“Artículo 99.- Sanciones administrativas. Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las siguientes medidas protectoras y sanciones:

a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo.

b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez comprobados.

c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto ambiental.

d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que originan la denuncia.

e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la denuncia.

f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo.

g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la diversidad biológica.

h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente.

i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente.

Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección ambiental o de la diversidad biológica”

En consecuencia, procede la estimatoria del recurso en cuanto al Sinac a los efectos de que, con independencia de la remisión del asunto a la vía penal, analice íntegramente la situación denunciada en la vía administrativa a la luz del ordenamiento jurídico, resuelva la totalidad de los extremos alegados y, de resultar procedente, emita los actos administrativos que correspondan.

Por otra parte, la Municipalidad de Garabito también recibió la denuncia de la parte accionante en la que solicitó la intervención del gobierno local dentro del ámbito de sus competencias, verbigracia, entre otros aspectos, en lo relativo a los permisos municipales y la afectación de las obras en el aludido humedal; sin embargo, no consta que, luego de más de dos meses, se hubiese atendido la situación denunciada ni que se hubiera notificado alguna respuesta. Máxime que, según lo autos, en la inspección efectuada por las autoridades municipales se constató la inexistencia de permisos municipales. De ahí que, al estar de por medio la posible afectación al ambiente, corresponde la estimatoria del recurso también contra el municipio accionado.

(…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena: 1) A David Chavarría Morales y Jeffrey Hernández Espinoza, por su orden director ejecutivo a.i. y director regional del Área de Conservación Pacífico Central, ambos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, o quienes ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analice íntegramente la situación denunciada por el accionante en la gestión de 25 de octubre de 2023, se resuelvan la totalidad de extremos alegados y, de resultar procedente, se emitan los actos administrativos que correspondan al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación, todo lo cual deberá ser notificado al recurrente al medio señalado para tales efectos dentro del mismo plazo otorgado ut supra. (…)”.

En virtud de las consideraciones expuestas y tomando en consideración el precedente de cita, procede la estimatoria parcial de este extremo, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.

Por otra parte, lo correspondiente a la adopción de medidas para la restauración de ecosistemas y las sanciones de los responsables de las actividades ilícitas, son aspectos propios de ser dilucidados en las vías ordinarias.

Finalmente, la persona recurrente aporta otra gestión fechada 20 de mayo de 2025; empero, ella fue formulada durante la tramitación de este proceso, por lo que prima facie se descarta alguna omisión a las nuevas solicitudes que hizo ahí. Sin embargo, no está de más señalar que la solicitud de informes “con evidencia satelital y fotográfica, que describa las intervenciones en el humedal (…) y su impacto en el ecosistema” que pretende que se emitan (en esos términos específicos), así como la inspección solicitada con el consecuente reporte de cumplimiento de medidas cautelares dictadas en una causa penal, corresponden a la elaboración de prueba técnica cuya procedencia o falta de emisión es propia de ser ventilada en las vías ordinarias y no en esta jurisdicción constitucional.

IV.2. Sobre la gestión planteada mediante oficio AEL-00172-2025.

Concerniente a este alegato, la Sala tiene por comprobado que el recurrente, por oficio AEL-00172-2025 de 12 de abril de 2025 dirigido al encargado de Control y Protección del ACLAC, señaló: “Ref: Solicitud de informe de seguimiento y acciones urgentes en la causa penal contra la Cooperativa Coopetrauto por presunto drenaje y relleno de humedal Estimado señor: Por medio de la presente, me dirijo a usted en su calidad de Encargado de Control y Protección del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), con el propósito de solicitar respetuosamente un informe detallado sobre el seguimiento a la causa penal iniciada contra la Cooperativa Coopetrauto, cédula jurídica 3-004-727922, por el presunto drenaje y relleno de un humedal en un proyecto inmobiliario ubicado en Santa Rosa, según el plano catastrado L-0036944-2023. Dado que los humedales suelen trascender las áreas donde se localizan y considerando su importancia ecológica, solicito de manera respetuosa que se realice una investigación exhaustiva utilizando fotografías históricas de la zona. Esta investigación debería abarcar los antecedentes de cambio de uso del suelo tanto de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto como de la finca madre de la cual fue segregada dicha propiedad. Esta información es fundamental para efectos legales orientados a la protección y restauración del humedal afectado. Cabe destacar que los humedales forman parte del Patrimonio Natural del Estado, conforme lo establecen los artículos 262 del Código Civil, 2 de la Ley de Aguas, 13, 14, 15 y 39 inciso i) de la Ley Forestal, 32 y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y 22 y 28 de la Ley de Biodiversidad. Este carácter prevalece incluso si dichas áreas han sido desprovistas de su vegetación original, lo que refuerza la necesidad de actuar con celeridad. Asimismo, reitero la urgencia de que, en el ámbito de sus competencias, interceda ante la Fiscalía para que se adopten medidas inmediatas de protección orientadas a la restauración del humedal. En particular, solicito que se ordene el cierre de los drenajes realizados, con el fin de propiciar la recuperación del ecosistema. Los procesos judiciales en la vía ordinaria suelen prolongarse por años, lo que podría agravar el daño ambiental si no se toman acciones prontas. Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud y confiando en su compromiso con la conservación de nuestro patrimonio natural, quedo a la espera de su pronta respuesta”. El coordinador del programa de Prevención, Control y Protección del ACLAC, por oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 de 22 de abril de 2025 dirigido a [Nombre 001], refirió: “ASUNTO: Respuesta AEL-00172-2025. Estimada Don [Nombre 001], En atención a lo solicitado, como se indicó en el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, el seguimiento que se lleva sobre esta causa denunciada ante la Fiscalía de Limón, bajo la causa judicial 23-000011-0472-PE, se ha entregado lo requerido a esa instancia según como ha correspondido. En el cumplimiento administrativo y del orden judicial en resolución de los casos denunciados, esta dependencia es respetuosa del seguimiento que esta lleva en el proceso de resolución por parte del Ministerio Publico. Por lo que se le reitera que los informes que se elaboran para esta causa son dirigidos a la fiscalía, para que sean incorporados al expediente correspondiente”.

Sobre este aspecto, la Sala observa que la parte recurrente lo que solicitó fue “un informe detallado sobre el seguimiento a la causa penal iniciada contra la Cooperativa Coopetrauto y acciones urgentes en la causa penal (…) por el presunto drenaje y relleno de un humedal”, así como “que se realice una investigación exhaustiva utilizando fotografías históricas de la zona (…). Esta investigación debería abarcar los antecedentes de cambio de uso del suelo tanto de la propiedad de la Cooperativa Coopetrauto como de la finca madre de la cual fue segregada dicha propiedad”. De igual forma pidió que se “interceda ante la Fiscalía para que se adopten medidas inmediatas de protección orientadas a la restauración del humedal” y también que “se ordene el cierre de los drenajes realizados, con el fin de propiciar la recuperación del ecosistema”.

Al respecto, es importante resaltar que esta gestión es sustancialmente diferente a la abordada en el considerando anterior, pues no se aludió a alguna afectación ambiental ya en curso, sino que se habla del “presunto” drenaje y relleno de humedal que ocurrió. Ahora, tal como se indicó ut supra, la requerida adopción de medidas para la restauración de ecosistemas es un aspecto, en principio, propio de ser dilucidado en las vías ordinarias. Asimismo, la solicitud de informes “para efectos legales”, así como los requerimientos específicos que pide que se incluyan como “fotografías históricas (…) antecedentes de cambio de uso del suelo”, corresponden a la elaboración de prueba técnica, cuya procedencia o falta de emisión es propia de ser ventilada en las vías ordinarias y no en esta jurisdicción constitucional. Incluso, el accionante, en la gestión de marras pidió al ACLAC que intercediese ante la fiscalía para que se tomasen medidas y se ordenase el cierre de los drenajes; empero, en principio, estos aspectos son propios de ser dilucidados en la vía penal, según las particularidades del caso concreto. Por lo que, en los términos planteados en esta gestión, no se observa alguna acción u omisión que amerite la intervención de la Sala. Ergo, se declara sin lugar este extremo.

V.- Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado. Con el debido respeto, disiento del voto de mayoría que declara con lugar el recurso, con base en las siguientes razones:

La protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en el Ordenamiento Jurídico Costarricense, está tutelado no solo en el artículo 50, de la Constitución Política, sino también en una serie de leyes y decretos ejecutivos (reglamentos) vigentes, tales como la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995; la Ley de Biodiversidad, Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 7317 de 21 de octubre de 1992; y el Decreto Ejecutivo N° 31849 de 24 de mayo de 2004, Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), para citar solo algunos. Esto hace necesario, en materia ambiental, separar el control de constitucionalidad del control de legalidad. En este sentido, es criterio del suscrito que esta Sala, por vía de amparo, solo debe conocer un asunto en que se alega violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, si la Administración no ha intervenido aún y cuando la violación a ese derecho sea manifiesta y evidente, de fácil constatación, de cierta importancia o gravedad y que afecte, de forma directa, a alguna persona o comunidad en concreto. De lo contrario, el tema debe plantearse y discutirse en la vía de legalidad. Por ello, el simple incumplimiento de obligaciones y deberes impuestos legalmente a las diversas administraciones públicas en materia ambiental es propio de ser conocido en la vía de legalidad –administrativa o jurisdiccional-, donde, con mucha mayor amplitud, podrán fiscalizarse los incumplimientos u omisiones que se acusen. Debe tenerse presente que el recurso de amparo es un proceso sumario, informal, sencillo y rápido, de manera tal, que desde el momento mismo en que la Administración interviene en un asunto ambiental, en ejercicio de sus competencias, y sustancia un procedimiento, con el dictado de actos administrativos, su conocimiento resulta ajeno al ámbito de acción de esta jurisdicción especializada. Por ello, la revisión de las actuaciones administrativas llevadas a cabo en torno a un tema ambiental que requiera, para su correcta valoración, de un proceso de conocimiento pleno, solo es posible en la jurisdicción ordinaria, toda vez que el diseño del proceso de amparo es incompatible con la contrastación o revisión de criterios técnicos o jurídicos elaborados al amparo de las normas legales o reglamentarias vigentes o con la evacuación de nuevos y mayores elementos de convicción necesarios para la contrastación o revisión de los criterios que ya consten en el expediente administrativo del caso. Lo contrario implicaría transformar el amparo en un proceso ordinario de pleno conocimiento, con lo cual se desnaturalizaría y se tornarían nugatorios los fines para los cuales ha sido diseñado, con lo cual, perdería su condición de instrumento para la tutela eficaz de los derechos fundamentales. Como consecuencia de lo anterior, estimo que cuando un ente u órgano público ha intervenido, en diversas formas, o ha dictado actos administrativos en relación con un asunto ambiental, su conocimiento y fiscalización corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Es, precisamente, la verificación de la existencia de esa intervención administrativa lo que determina que el asunto sea competencia de la vía legalidad. En consecuencia, este recurso debió haberse rechazado de plano, ya que su objeto es una cuestión propia de ser discutida, analizada y resuelta en la vía de legalidad. Empero, como no se hizo así, lo procedente es declararlo sin lugar, sin hacer pronunciamiento alguno con respecto al fondo de la cuestión planteada por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.- Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Maylin Mora Arias y Alexis Salas Rodríguez, por su orden directora regional a. i. y encargado del programa de Control y Protección, ambos del Área de Conversación Amistad Caribe del Sistema Nacional de Área de Conservación, o a quienes ocupen tales cargos, que coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se analice íntegramente la situación expuesta por el accionante en la gestión de 11 de abril de 2025 (oficio AEL-00168-2025) y se resuelvan los extremos correspondientes a las actividades en curso denunciadas de “tala, drenaje o fraccionamiento en los humedales y bosques”; además, de resultar procedente, se emitan los actos administrativos que correspondan al ámbito de competencia del Sistema Nacional de Área de Conservación, todo lo cual deberá ser notificado a la parte accionante al medio señalado para tales efectos dentro del mismo plazo otorgado ut supra. Se advierte a las autoridades recurridas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Sistema Nacional de Área de Conservación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia en la vía contencioso-administrativa. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y declara sin lugar el recurso, por corresponderle a la jurisdicción ordinaria, en específico, a la contencioso-administrativa, determinar si las actuaciones y conductas administrativas acusadas se ajustan o no, en sustancia, a lo preceptuado en el ordenamiento jurídico de rango legal, en cuanto a la protección, tutela y conservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:12:01.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

III.- On the constitutional principles in environmental matters.

Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

"In this vein, specialized doctrine has indicated that the preventive principle requires that, when there is certainty of potential damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on fulfilling certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined and identified risks, at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee eventual negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective measures in terms of cost to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle stems from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work causes. While in the former there is such certainty, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)"

Precisely, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: "Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation." That is, it is not about requiring scientific studies to arrive at 'absolute certainty' of the innocuousness of an activity for the environment (in theory, total security is hardly attainable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty will never justify or excuse postponing the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, note, on the one hand, that this is not just any type of threat, as it must plausibly involve a serious danger, and, on the other, that the measure demands effective and efficient use of the resources employed. In the expressed sense, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate environmental damage—which would distort its raison d'être—but rather it is necessary to have some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, whose determination varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation requiring the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modified application that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend activities that are underway. In parallel, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

This principle is also enshrined in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through Law 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states—establishes:

"3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties."

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica (see Law 8538 of August 23, 2006), which reads:

"ARTICLE 1 Objective. Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)."

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: "(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)."

In line with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017:

"180. (…) Therefore, the Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle for the protection of the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could result in serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due diligence to prevent possible damage. Indeed, in the context of the protection of the rights to life and to personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, and therefore, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are 'effective' to prevent serious or irreversible damage."

Subsequent to that resolution and through a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, the I/A Court H.R. ruled on February 6, 2020, in this manner: "the right to a healthy environment 'must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention', given the obligation of the States to achieve the 'integral development' of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter." Of high significance, it must be emphasized that, in this pronouncement, the I/A Court H.R. refers to Advisory Opinion OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of such a right, whereby the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal binding force typical of a judgment. In this regard, the international jurisdictional body reiterates "that the right to a healthy environment 'constitutes a universal interest' and 'is a fundamental right for the existence of humanity,' and that 'as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding the risk to individual persons. It is about protecting nature," not only for its "utility" or "effects" regarding human beings, "but for its importance for other living organisms with whom we share the planet." The foregoing does not prevent, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage. Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the I/A Court H.R. clearly details the state obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the duty of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Regarding the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law "confirmed by the relevant practice in many environmental treaties and the main codification projects."

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the fact is that this general principle of law, as is well stated in the document '95 Legal Environmental Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to "the causes and sources of environmental problems being addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects on the environment that may occur. The criterion of prevention will prevail, then, over any other in the public and private management of the environment and natural resources." The foregoing makes perfect sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not to merely decide on the repair of harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of the harmful effects.

This legal concept is reflected, among other norms, in Articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242, and the judgment of November 24, 2022, Baraona Bray v. Chile. Precisely, in the latter, the I/A Court H.R. expressly states:

"208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary before environmental damage occurs, taking into consideration that, due to its particularities, it will frequently not be possible, once such damage has occurred, to restore the pre-existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that 'States are obliged to use all means at their disposal in order to avoid activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the [...] environment.'200 This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage.201 On the other hand, while it is not possible to make a detailed enumeration of all the measures that States could take to fulfill this duty, some can be mentioned, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact assessments; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of the occurrence of environmental damage.202"

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the 'International Union for Conservation of Nature (IUCN) World Declaration on the Environmental Rule of Law,' that "in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies, and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived therefrom" (see Principle V).

In this regard, according to the document '95 Legal Environmental Principles for Ecologically Sustainable Development' (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of Session No. 28-2020 of May 25, 2020), "Every operator of environmental norms must always bear in mind the pro-natura principle, pursuant to which risks shall be avoided, general collective interests shall take precedence over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred."

The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage—as with the precautionary principle—but rather implies a "general rule of conduct, for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid choosing those behaviors that may cause damage to the environment, when other options exist" (Olivares and Lucero, 2018).

On the other hand, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

"V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to gradually increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those which, like the right to the environment (Art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in Article 34 of the Constitution, the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved is derived. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply absolute irreversibility, as all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements obtained up to then and necessitate a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the law of the Constitution and the principles under examination oblige a justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, for the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: '...in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, for the sake of protecting the right to health and the right to life, has a policy of open access to medications, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the pretext of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). Regarding the right to the environment, it stated: "The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit regression to its detriment." (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10)." (The emphasis does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397)."

In this way, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, as the case may be, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectivization of environmental protection in these terms:

"Regarding the environment, the object of the stated fundamental right, our Constitution further demands that it be 'healthy.' The requirement of 'healthy' leads us to 'regenerative capacity' and 'succession capacity' to guarantee life. From both requirements, 'healthy' and 'ecologically balanced,' the need for sustainable and lasting development emerges; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of 'environment,' 'healthy,' and 'ecologically balanced,' the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, in terms of Articles 16 of the General Public Administration Law and 38 of the Organic Environmental Law, state actions in environmental matters must be based on, and cannot contradict, the unequivocal rules of science and technique in pursuit of achieving the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a 'greater well-being for all the inhabitants of the country.' Regarding the submission of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectivization of environmental protection: 'Through the objectivization of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or 'principle of prudent avoidance'], as it is derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Public Administration Law, translating into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and general provisions—both legal and regulatory—from which derives the requirement of adherence to science and technique, which conditions the Administration's discretion in this matter. So that, in accordance with the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—if objective technical criteria are evidenced that denote the probability of evident damage to the environment, natural resources, or people's health, it becomes mandatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of 'reasonable doubt,' it becomes mandatory to make decisions in favor of the environment (in dubio pro natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.' (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)" (the highlighting was added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

IV.- On the specific case. In the case at hand (sub lite), the petitioner indicates that on April 11, 2025, he filed an urgent complaint with the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC (official letter AEL-00168-2025), regarding undue intervention in wetlands and forests in the area of the Coopetrauto R. L. Cooperative's urban development project. He asserts that the following day he filed a "request for a follow-up report and urgent actions" (official letter AEL-00172-2025) regarding the criminal case against the Cooperativa Coopetrauto R. L. for alleged drainage and landfill of wetlands (case file 23-000011-0472-PE). He mentions that he received official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, both dated April 22, 2025; however, they are contradictory, as they refer to case file 23-000011-0472-PE, even though the complaints correspond to different facts and different characteristics, and even pertain to different properties. He considers that the foregoing evidences a presumed omission in conducting the essential field visits to verify the reported facts, related to land-use change (cambio de uso del suelo), drainage, and landfill of wetlands, which constitutes a violation of the right to a healthy and balanced environment. He makes the following claim: "1. Admit this amparo appeal for the violation of the fundamental right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. 2. Order Eng. Alexis Salas Rodríguez, in his capacity as Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), to immediately carry out the corresponding field inspections for the complaints filed in official letters AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, landfill of wetlands, and land-use change. 3. Require the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) to provide a detailed report on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, as well as compliance with applicable legal provisions. 4. Suspend any activity by the Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until inspections are carried out and corresponding responsibilities are determined."

In relation to the foregoing, the Chamber observes that the appellant states that his complaints refer to different facts and locations. Consequently, they will be analyzed separately in order to assess the approach provided by ACLAC for each of them.

IV.1. On the complaint filed through official letter AEL-00168-2025.

With respect to this aspect, the Chamber has established that the petitioner, through official letter AEL-00168-2025 of April 11, 2025, addressed to the head of Protection and Control of ACLAC, stated: "Ref: Urgent complaint for undue intervention in wetlands and forests in the area of the Coopetrauto R.L. Cooperative's urban development project. Dear Sir: I am writing to you in your capacity as Head of Protection and Control of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), for the purpose of filing an emphatic complaint and requesting your immediate intervention to guarantee the protection and restoration of the wetlands and forests located in the area of the Coopetrauto R.L. Cooperative's urban development project (legal ID 3-004-727922), in the Santa Rosa sector, Limón province. It is alarming and extremely serious that, in the context of the announced construction project for the new Limón Hospital in the Santa Rosa area, activities are being carried out that directly threaten the environmental balance of the zone. In particular, forest subdivision (fraccionamiento de bosques), wetland drainage, and tree felling have been verified in the aforementioned area, actions that flagrantly violate current environmental regulations, including the Organic Environmental Law (No. 7554), the Forestry Law (Ley Forestal) (No. 7575), and Costa Rica's international commitments regarding wetland conservation, such as the Ramsar Convention. Today, we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjacent to the Cooperativa Coopetrauto R.L. urban development project. These activities, far from being isolated events, suggest a clear intention to subdivide the forests, alter land use, and drain the wetlands, representing environmental damage that is difficult or impossible to repair. Such acts not only compromise the biodiversity and ecosystem services of the area but also affect the fundamental rights of local communities to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Consequently, I REQUEST the following actions immediately: 1. The total cessation of any felling, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to evaluate the damage caused and determine the corresponding responsibilities. 3. The adoption of effective measures for the restoration of degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. 4.

The presentation of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period of no more than ten business days. Mr. Alexis, your role as the Officer in Charge of Protection and Control imposes upon you the unavoidable obligation to ensure the conservation of the natural resources under your jurisdiction. Inaction or delay in this matter would be not only an omission of your duties but also an affront to the principles of sustainability and environmental justice that must guide public management. Without further ado, I reiterate the urgency of your intervention and remain attentive to any communication.” The coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 dated 22 April 2025, addressed to [Name 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00168-2025. Dear Mr. [Name 001], In response to what was requested regarding the complaint filed for the impact on the property associated with the Cooperative Coopetrauto R.L., the following is reported: • This case is currently before the courts since 2023, as recorded in court case 23-000011-0472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property listed in the National Wetlands Registry. • On behalf of SINAC, the site has been visited with the purpose of informing the Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. • The restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they are imposed on the responsible parties or representatives of Coopetrauto R.L. • The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office to be incorporated into the corresponding file. Understanding your concern for the impact on the wetland ecosystem, you are informed that this office has carried out what the procedures require to identify the illegality due to the violation of the articles of law associated with this case.” On 19 May 2025, the respondent authorities were notified of the progress of this proceeding. The coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 dated 20 May 2025, addressed to [Name 001], indicated: “SUBJECT: Clarification and expansion of memorandum AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Dear Sir, In order to expand on our official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in response to your memorandum AEL-00168-2025, the following clarifying response is sent to you for the four detailed points: 1. The total paralysis of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. R/ I inform you that, in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the provided location is unclear and ambiguous, making the interpretation of the statement "Urgent claim for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L." or "we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling (tala de árboles) activities inside a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L." imprecise. That is, "in front of" or "adjacent" requires greater accuracy since they are contradictory. I inform you that, in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the provided location is unclear and ambiguous, making the interpretation of the statement "Urgent claim for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L." or "we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling activities inside a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L." imprecise. We would appreciate it if you could provide us with the site you wish to report with greater precision, so that we have better tools to assess whether a new inspection is required, given that, as of now, it is inaccurate. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to assess the damages caused and determine the corresponding responsibilities. R/ Despite not having the exact site you wish to report, we reiterate that in response to what was requested in memorandum AEL-00168-2025, it is clarified that this office, assuming that by stating "in front of or adjacent" we interpret it as referring to the northeast side of the property where the case of Cooperative Coopetrauto R.L. (case 23-000011-0472-PE) is being handled; this being so, and in an effort to provide you with information regarding the handling of environmental crimes at the site, from the actions of the Prevention, Control and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area, the corresponding complaint was filed for environmental damage, specifically for the damage and modification of the wetland ecosystem present in the area. Said complaint corresponds to case number 24-000066-472-PE, so the following is reported: • This case is currently before the courts since 2024, as recorded in court case 24-000066-472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property listed in the National Wetlands Registry and the determination of new wetland areas. • On behalf of SINAC, the site has been visited with the purpose of informing the Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. 3. The adoption of effective measures for the restoration of degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. R/ The restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they are imposed on the responsible parties or representatives of the property in question. 4. The presentation of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period of no more than ten business days. R/ The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office to be incorporated into the corresponding file. You are reminded that, regarding specific information such as that requested, which is part of a court case, what is indicated in Article 295 of the Code of Criminal Procedure regarding the privacy of proceedings must be respected: "the preparatory procedure shall not be public for third parties, however, the proceedings may be examined by the parties or their representatives. For lawyers who invoke a legitimate interest, the prosecutor of the Public Ministry, after verifying that interest, may provide information about the facts under investigation. Likewise, all parties and public officials who participated in the investigation must maintain confidentiality regarding it." Understanding your concern for the impact on the wetland and forest ecosystem, you are informed that this office has carried out what the procedures require to identify the illegality due to the violation of the articles of law associated with this case. Therefore, you are also requested to file these environmental complaints on the official SITADA platform, so that these crimes can be monitored.” The complainant, through official letter AEL-00224-2025 dated 20 May 2025, addressed to the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC, stated: “Subject: Response to Official Letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 and Request for Clarifications Dear Sir: I am addressing you in your capacity as Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area (SINAC-ACLAC), in response to official letter CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025, dated 20 May 2025, addressed to the undersigned, which expands on official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in relation to my memorandum AEL-00168-2025 regarding improper interventions in wetlands and forests adjacent to the urban development project of the Cooperative Coopetrauto R.L. I appreciate your response, but I consider that the content of the official letter does not adequately address the seriousness of the reported environmental violations nor does it meet the level of rigor expected of an official acting as environmental police, serving as the "eyes" of judges and prosecutors in the field. Below, I detail my observations and requests: 1. Insufficiency in the Identification of the Reported Site: Your official letter describes the reported location ("in front of or adjacent" to the project of the Cooperative Coopetrauto R.L.) as "ambiguous," which is unjustified given that the provided references are clear. The intervention includes a road that divides a wetland and large ditches that prevent its restoration, facts not mentioned in your response. I request an exhaustive report, accompanied by satellite photographs, detailing the true factual picture of these interventions, allowing judges and prosecutors to properly evaluate the situation. 2. Omission of Broader Impacts on the Ecosystem: The official letter ignores that the wetland ecosystem transcends the boundaries of the property of Cooperative Coopetrauto R.L. Furthermore, no mention is made of the worrying drainage and filling activities in the wetlands of the area, especially given the eventual construction of the future Limón Hospital. These actions, inexplicably, have not been investigated by the SINAC-ACLAC authorities, reflecting a passive reaction that depends exclusively on actions by a party. 3. Lack of Rigor in the Fulfillment of Duties: As Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program, your role demands providing accurate and complete information to the judicial authorities. However, the official letter does not evidence rigorous monitoring of the stop-work order mentioned in case 24-000066-472-PE, nor does it detail concrete measures for the restoration of the affected ecosystem. I request that an urgent inspection be carried out in the area, documented with visual and technical evidence, to guarantee compliance with the precautionary measures and to assess the damages. 4. Inappropriate Use of Article 295 of the Code of Criminal Procedure: The invocation of Article 295 to limit the delivery of information is disproportionate and hinders transparency. As a complainant, I have a legitimate interest in knowing the actions undertaken, as permitted by the article itself. I urge you to provide a detailed and accessible report on the measures taken, within a period of no more than ten business days, in compliance with my original request. 5. Use of the SITADA Platform: Although I am requested to file complaints through the SITADA platform, this does not exempt SINAC-ACLAC from proactively investigating the reported environmental violations, especially when it concerns protected ecosystems such as wetlands. I request clarification on how these complaints are being followed up on in SITADA and what preventive measures have been implemented in the area. By virtue of the foregoing, I respectfully request: • The preparation of a detailed report, with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (road, ditches, drainage, and fill) and their impact on the ecosystem, including areas beyond the property of Cooperative Coopetrauto R.L. • An immediate and exhaustive inspection in the affected area, with a clear report on compliance with the precautionary measures of case 24-000066-472-PE. • The adoption of urgent measures to stop any activity that degrades the wetland and to initiate the restoration of the ecosystem, in accordance with environmental legislation. • An accessible report on the actions undertaken, within a period of ten business days, guaranteeing transparency and accountability. I attach a copy of my original memorandum AEL-00168-2025 for your reference. I await your prompt response and concrete actions to protect the wetland and forest ecosystems in the area. I remain at your disposal for any clarification or additional information.”

From this perspective, it is appropriate to partially grant the claim made by the complainant.

Certainly, the ACLAC responded quickly to the first request; however, it is not observed that the reported situation was addressed. In effect, on 11 April 2025, the complainant brought to the attention of that office alleged serious environmental damages, such as subdivision (fraccionamiento) of forests, drainage of wetlands, and tree felling; indeed, it was expressly stated that on that same day there was a "worker carrying out tree felling activities inside a wetland and forest." Despite the foregoing, the respondent authority limited itself to stating that the case had been before the courts since 2023, and that a stop-work order for any activity had been issued at the time; furthermore, that SINAC had visited the site to inform the Prosecutor's Office of the non-compliance with the precautionary measures. In addition, on the occasion of this amparo appeal, the ACLAC stated that there was a lack of clarity regarding the reported property and expanded the response regarding the existence of another criminal case initiated in 2024; however, it again limited itself to stating that the case was before the courts and that a stop-work order for activities had also been issued at the time, as well as that the site had been visited to inform the Public Ministry of the non-compliance with the precautionary measures. Likewise, it is verified that, in both responses, faced with the request for a detail of the actions undertaken by virtue of the complaint, it was explicitly stated that the case reports are addressed to the Prosecutor's Office to be incorporated into the file.

Regarding the foregoing, it is necessary to point out that the judicialization of an environmental situation does not exempt SINAC from fulfilling the administrative powers granted to it by the legal system (provided they do not obstruct the criminal investigation or resolve issues properly to be dealt with in the latter), without prejudice to subsequently informing the criminal authorities of the facts it deems pertinent. Especially when dealing with complaints that allude to some criterion of urgency and timeliness, as is the case in the sub examine where ongoing actions were mentioned ("tree felling inside a wetland and forest," as well as the "drainage of wetlands") that were allegedly being carried out at the time of filing. Hence, it is illegitimate for the ACLAC to adopt a passive and evasive attitude (due to having reported the facts through criminal channels and having issued stop-work orders in previous years), since the administrative complaint itself refers to current situations that require prompt intervention. Precisely, it should be mentioned that the criminal pathway is not per se exclusive of those actions that SINAC may carry out (always within the administrative sphere) to protect the environment, prevent even greater damages, or prevent additional negative repercussions beyond those already reported judicially. Note even that the national legal system grants the status of police authority to officials of the Forest Administration (article 54 of the Forestry Law) and to Wildlife inspectors (number 15 of the Wildlife Conservation Law). The foregoing does not exempt that institution from accounting for its actions to administrative complainants (for example, those actions of a public nature regarding the handling of administrative environmental complaints), without prejudice to reserving those data or documents addressed to the criminal authorities that are indeed covered by the privacy of proceedings contemplated in Article 295 of the Code of Criminal Procedure.

Regarding the sub iudice, this Chamber, in judgment No. 2024004807 at 9:20 a.m. on 23 February 2024, resolved:

"In the first place, the Chamber observes that the request filed before Sinac states the impact on the "Laguna Carrizal wetland" due to the erection of infrastructure and the carrying out of burns; furthermore, it requests an investigation of what was stated and that control, protection, and sanctioning actions be executed; however, that decentralized body of Minae only carried out an inspection in the area and filed a complaint before the Public Ministry (in which not all of the issues alleged in the complainant's request were addressed). Note that in the "Environmental Damage Report" sent to the Prosecutor's Office, only constructions and the opening of a road within the protection area of Laguna Carrizal were mentioned. In any case, the action of Sinac in the administrative sphere cannot be limited, once a possible situation of environmental relevance has been verified, to referring the matter to the investigative phase in the criminal pathway. Precisely, that office has the power to institute proceedings regarding complaints filed for violations of environmental regulations and to issue administrative acts to ensure compliance. Hence, the omission in addressing the substance of the reported situation constitutes an issue of constitutional relevance for the purposes of seeking the protection of constitutional number 50.

In relation to the foregoing, the Biodiversity Law indicates:

"ARTICLE 22

National System of Conservation Areas The National System of Conservation Areas is created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system, which shall integrate the competencies in forestry, wildlife, protected areas matters, and the Ministry of Environment and Energy, with the aim of issuing policies, planning and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the above, the General Directorate of Wildlife, the State Forest Administration, and the National Parks Service shall exercise their functions and competencies as a single entity, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems is included as a competence of the System.

(…)

ARTICLE 28.-

Conservation Areas The System shall be constituted by territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy, through the National Council of Conservation Areas, with competence over the entire national territory, depending on whether they are protected wild areas, areas with a high degree of fragility, or private areas of economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities in conservation matters are interrelated without detriment to protected areas. The Conservation Areas shall be responsible for applying the legislation in force regarding natural resources within their geographical demarcation. They must execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas in matters of protected areas; likewise, they shall be in charge of applying other laws governing their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law, No. 7317, of 30 October 1992, and the Forestry Law, No. 7575, of 13 February 1996, the Organic Law, No. 7554, of 4 October 1995, and the Law Creating the National Parks Service, No. 6084, of 24 August 1977. Based on the recommendations of the Council, the Ministry of Environment and Energy shall define the territorial division that is technically most advisable for the country's Conservation Areas, as well as their modifications."

Likewise, the Wildlife Conservation Law states:

"Article 7.- The National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence:

a) Establish the technical measures to be followed for the proper management, conservation, and administration of wildlife(*), the object of this law and the respective international conventions and treaties ratified by Costa Rica.

(*)(Name modified by article 3 of law No. 9106 of 20 December 2012, previously stated "flora and fauna silvestre")

b) Establish national wildlife refuges and administer them.

c) Promote the establishment of national wildlife refuges on mixed or private property.

d) Promote and execute education and research programs on the additional use of the country's renewable natural resources, in the field of wildlife under its competence, in accordance with this law.

e) Promote and execute research in the field of wildlife, except for those referring to genetic and biochemical resources regulated by the Biodiversity Law.

f) Extend, deny, or cancel control hunting, extraction, research, scientific and academic collection permits, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify management plans and operating permits for the different wildlife management establishments, wildlife refuges, and for those wildlife management activities that require it.

g) Finance theses or research that allow for better knowledge of wildlife.

h) Protect, supervise, and administer wetlands with an ecosystemic approach, as well as determine their classification as of national or international importance.

i) Create and manage management, control, surveillance, and research programs on wildlife.

j) Support the formal and informal education programs of the Inter-institutional Commission for Education and Public Awareness and Research in Biodiversity (Ciecopi).

k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, attention, and monitoring of damages to wildlife.

l) Promote the responsible participation of individuals, individually or collectively, in the preservation and restoration of ecological balance and the protection of the environment.

m) Promote the conservation of natural ecosystems.

n) Establish contingency plans for the protection of wildlife in the event of natural disasters.

ñ) Coordinate actions with public or private, national or international institutions for the conservation and sustainable management of wildlife.

The delimitation of wetlands shall be done by executive decree, according to technical criteria.

(Thus amended by article 1 of law No. 9106 of 20 December 2012)."

In addition, number 99 of the Organic Environmental Law establishes:

"Article 99.- Administrative sanctions. Faced with the violation of environmental protection regulations or conduct harmful to the environment clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:

a) Warning by means of notification that a claim exists.

b) Reprimand according to the seriousness of the violating acts and once verified.

c) Execution of the performance bond, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA).

d) Partial or total restrictions, or an order for the immediate paralysis of the acts originating the complaint.

e) Total or partial, temporary or permanent closure of the acts or facts originating the complaint.

f) Partial, total, permanent, or temporary cancellation of permits, patents, premises, or companies originating the complaint, the act, or the contaminating or destructive fact.

g) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.

h) Modification or demolition of constructions or works that damage the environment.

i) Alternatives for compensation of the sanction, such as receiving official educational courses in environmental matters; additionally, working on community works in the environmental area.

These sanctions may be imposed on individuals or public officials, for actions or omissions violating the norms of this law, other provisions for environmental protection, or biological diversity."

Consequently, the granting of the appeal is appropriate with respect to Sinac, for the purposes that, regardless of the referral of the matter to the criminal pathway, it fully analyzes the situation reported in the administrative pathway in light of the legal system, resolves all of the issues alleged, and, if appropriate, issues the corresponding administrative acts.

On the other hand, the Municipality of Garabito also received the complaint from the complainant in which it requested the intervention of the local government within the scope of its competencies, for example, among other aspects, regarding municipal permits and the impact of the works on the aforementioned wetland; however, it is not recorded that, after more than two months, the reported situation had been addressed or that any response had been notified. Especially since, according to the case file, the lack of municipal permits was verified in the inspection carried out by the municipal authorities. Hence, as the possible impact on the environment is at stake, the granting of the appeal is also appropriate against the respondent municipality.

(…)

Therefore:

The appeal is granted. It is ordered: 1) To David Chavarría Morales and Jeffrey Hernández Espinoza, in their order as Executive Director a.i. and Regional Director of the Central Pacific Conservation Area, both of the National System of Conservation Areas, or whoever occupies those positions, to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions that are within the scope of their competencies so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this ruling, the situation reported by the complainant in the submission of 25 October 2023 is fully analyzed, all the issues alleged are resolved, and, if appropriate, the administrative acts corresponding to the scope of competence of the National System of Conservation Areas are issued, all of which must be notified to the complainant at the means indicated for such purposes within the same period granted supra. (…)."

By virtue of the considerations stated and taking into consideration the cited precedent, the partial granting of this point is appropriate, in the terms that will be set forth in the operative part of this pronouncement.

On the other hand, matters regarding the adoption of measures for the restoration of ecosystems and the sanctions for those responsible for the illicit activities are aspects proper to be elucidated in the ordinary pathways.

Finally, the complainant provides another submission dated 20 May 2025; however, it was formulated during the processing of this proceeding, so prima facie any omission regarding the new requests made therein is dismissed. However, it is worth noting that the request for reports "with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (…) and their impact on the ecosystem" that is sought to be issued (in those specific terms), as well as the requested inspection with the consequent compliance report on precautionary measures issued in a criminal case, correspond to the preparation of technical evidence whose appropriateness or lack of issuance is proper to be aired in the ordinary pathways and not in this constitutional jurisdiction.

IV.2. Regarding the request made through official letter AEL-00172-2025.

Concerning this claim, the Chamber finds it proven that the complainant, by official letter AEL-00172-2025 dated 12 April 2025, addressed to the Officer in Charge of Control and Protection of ACLAC, stated: "Ref: Request for follow-up report and urgent actions in the criminal case against Cooperative Coopetrauto for alleged drainage and filling of a wetland. Dear Sir: Through this document, I am addressing you in your capacity as the Officer in Charge of Control and Protection of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), for the purpose of respectfully requesting a detailed report on the follow-up to the criminal case initiated against Cooperative Coopetrauto, legal identification number 3-004-727922, for the alleged drainage and filling of a wetland in a real estate project located in Santa Rosa, according to cadastral map L-0036944-2023. Given that wetlands tend to transcend the areas where they are located and considering their ecological importance, I respectfully request that an exhaustive investigation be carried out using historical photographs of the area. This investigation should cover the history of land-use change (cambio de uso del suelo) both on the property of Cooperative Coopetrauto and on the parent farm from which said property was segregated. This information is fundamental for legal purposes aimed at the protection and restoration of the affected wetland.

It is worth noting that wetlands form part of the Natural Heritage of the State, as established in articles 262 of the Civil Code, 2 of the Water Law, 13, 14, 15, and 39 subsection i) of the Forest Law, 32 and 38 of the Organic Law of the Environment, and 22 and 28 of the Biodiversity Law. This character prevails even if those areas have been stripped of their original vegetation, which reinforces the need to act promptly. Likewise, I reiterate the urgency that, within the scope of your powers, you intercede with the Prosecutor's Office so that immediate protection measures aimed at restoring the wetland are adopted. In particular, I request that the closure of the drainage works carried out be ordered, in order to promote the recovery of the ecosystem. Judicial proceedings in the ordinary courts often drag on for years, which could aggravate the environmental damage if prompt actions are not taken. Thanking you in advance for your attention to this request and trusting in your commitment to the conservation of our natural heritage, I await your prompt response.” The coordinator of the Prevention, Control and Protection program of ACLAC, by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 of 22 April 2025 addressed to [Name 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00172-2025. Dear Mr. [Name 001], In response to your request, as indicated in official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, regarding the follow-up carried out on this case reported to the Limón Prosecutor's Office, under judicial case 23-000011-0472-PE, the required information has been submitted to that authority as it has been appropriate. In the administrative and judicial compliance in the resolution of reported cases, this office respects the follow-up that the Public Prosecutor's Office carries out in the resolution process. Therefore, we reiterate that the reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding case file.”

On this aspect, the Chamber observes that what the appellant requested was “a detailed report on the follow-up to the criminal case initiated against the Cooperativa Coopetrauto and urgent actions in the criminal case (…) for the alleged drainage and filling of a wetland,” as well as “that an exhaustive investigation be carried out using historical photographs of the area (…). This investigation should cover the history of land-use change (cambio de uso del suelo) both on the property of the Cooperativa Coopetrauto and on the parent property from which said property was segregated.” Similarly, he requested that it “intercede with the Prosecutor's Office so that immediate protection measures aimed at restoring the wetland are adopted” and also that “the closure of the drainage works carried out be ordered, in order to promote the recovery of the ecosystem.”

In this regard, it is important to highlight that this petition is substantially different from the one addressed in the preceding whereas clause, as no environmental harm already underway was alluded to, but rather the “alleged” drainage and filling of a wetland that occurred. Now, as indicated supra, the requested adoption of measures for the restoration of ecosystems is an aspect, in principle, properly to be resolved in the ordinary courts. Likewise, the request for reports “for legal purposes,” as well as the specific requirements that it asks to be included such as “historical photographs (…) history of land-use change (cambio de uso del suelo),” correspond to the preparation of technical evidence, the appropriateness or lack of issuance of which is properly to be aired in the ordinary courts and not in this constitutional jurisdiction. Even the petitioner, in the petition at hand, asked ACLAC to intercede with the Prosecutor's Office so that measures be taken and the closure of the drainage works be ordered; however, in principle, these aspects are properly to be resolved in the criminal courts, according to the particularities of the specific case. Therefore, in the terms raised in this petition, no action or omission is observed that merits the intervention of the Chamber. Ergo, this point is declared without merit. (…)”

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Content type: Dissenting vote

Branch of Law: 4. MATTERS OF CONSTITUTIONAL GUARANTEE

Topic: ENVIRONMENT

Subtopics:

PROTECTED AREA.

V.- Dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado. With all due respect, I dissent from the majority vote that grants the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment in the Costa Rican Legal System is safeguarded not only in Article 50 of the Political Constitution but also in a series of laws and executive decrees (regulations) in force, such as the Organic Law of the Environment, Law No. 7554 of 4 October 1995; the Biodiversity Law, Law No. 7788 of 30 April 1998; the Wildlife Conservation Law, Law No. 7317 of 21 October 1992; and Executive Decree No. 31849 of 24 May 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This makes it necessary, in environmental matters, to separate constitutional review from legality review. In this sense, it is the criterion of the undersigned that this Chamber, by way of amparo, should only hear a matter alleging a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or gravity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the matter must be raised and discussed in the legality courts. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on the various public administrations in environmental matters is properly to be heard in the legality courts – administrative or judicial – where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo appeal is a summary, informal, simple, and swift process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its knowledge becomes outside the scope of action of this specialized jurisdiction. Therefore, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full-knowledge process is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or reviewing of technical or legal criteria developed under the protection of the legal or regulatory norms in force or with the production of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or reviewing of the criteria already contained in the administrative file of the case. The opposite would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various forms, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its knowledge and oversight corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. It is, precisely, the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of the legality courts. Consequently, this appeal should have been rejected outright, as its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in the legality courts. However, since this was not done, the appropriate course is to declare it without merit, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, since it falls to the ordinary jurisdiction, specifically the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the challenged administrative actions and conduct conform or not, in substance, to the provisions of the legal system at the statutory level, regarding the protection, safeguarding, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VCG06/2025

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Text of the resolution



Exp: 25-011090-0007-CO

Res. No. 2025016170

 
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five.

 Amparo appeal processed in case file no. 25-011090-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Whereas:

1.- By writing incorporated into the digital case file on 23 April 2025, the appellant filed an appeal. He states: “I. Facts 1. On 11 April 2025, I presented before Eng. Alexis Salas Rodríguez, Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), an urgent complaint under official communication AEL-00168-2025, regarding the unlawful intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. 2. On 12 April 2025, I presented a request for a follow-up report and urgent actions under official communication AEL-00172-2025, in relation to the criminal case against the Cooperativa Coopetrauto R.L. for the alleged drainage and filling of wetlands, recorded under case file 23-000011-0472-PE. 3. In response, I received letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINACACLAC-PPCP-037-2025, both dated 22 April 2025, signed by Eng. Alexis Salas Rodríguez. 4. Said responses are contradictory, as they refer to the same case file 23-000011-0472-PE, despite the fact that the complaints presented correspond to different facts, with different characteristics and on different properties. 5. This situation evidences a presumed omission in carrying out the essential field visits to verify the reported facts, related to land-use change (cambio de uso del suelo), drainage, and filling of wetlands, which constitutes a violation of the right to a healthy and balanced environment. II. Legal Basis Article 50 of the Political Constitution: Guarantees the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment, as well as the State's duty to protect natural resources. Organic Law of the Environment (No. 7554): Establishes the obligation of the authorities to ensure the conservation of ecosystems, especially wetlands, which are areas of special protection. Wildlife Conservation Law (No. 7317): Prohibits land-use change (cambio de uso del suelo) in protected areas without the corresponding permits. Ramsar Convention on Wetlands: Obligates the Costa Rican State to protect wetlands as ecosystems of international importance. The omission of the authorities of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) in carrying out the corresponding inspections constitutes a violation of these legal precepts and of my fundamental right to demand the protection of the environment. III. Claim Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Constitutional Chamber: 1. To admit this amparo appeal for the violation of the fundamental right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. 2. To order Eng. Alexis Salas Rodríguez, in his capacity as Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), to immediately carry out the field inspections corresponding to the complaints presented in official communications AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, filling of wetlands, and land-use change (cambio de uso del suelo). 3. To require the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) to provide a detailed report on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, as well as compliance with the applicable legal provisions. 4. To suspend any activity of the Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until the inspections are carried out and the corresponding responsibilities are determined.”

2.- By resolution issued at 10:05 hours on 25 April 2025, the Presiding Judge of the Chamber admitted the process. Likewise, it requested a report from the regional director and the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program, both of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) of SINAC, regarding the following facts: “that on 11 April 2025, through official communication AEL-00168-2025, he raised before the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe an urgent complaint regarding the unlawful intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. He alleges that on 12 April 2025, through official communication AEL-00172-2025, he filed a request for a follow-up report and urgent actions in relation to the criminal case against the cooperative Coopetrauto R.L. for the alleged drainage and filling of wetlands (case file no. 23-000011-0472-PE). He mentions that, in response, he received letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, both dated 22 April 2025, which are contradictory, as they refer to the same case file no. 23-000011-0472-PE, despite the fact that the complaints presented correspond to different facts, with different characteristics and on different properties. He notes that the foregoing demonstrates that the essential field visits to verify the reported facts, related to land-use change (cambio de uso del suelo), drainage, and filling of wetlands, have not been carried out. He requests ‘to immediately carry out the field inspections corresponding to the complaints presented in official communications AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, filling of wetlands, and land-use change (cambio de uso del suelo). (...) To require the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) to provide a detailed report on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, as well as compliance with the applicable legal provisions. (...) To suspend any activity of the Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until the inspections are carried out and the corresponding responsibilities are determined.’ He considers the right to a healthy and ecologically balanced environment to be harmed.”

3.- By writing incorporated into the digital case file on 21 May 2025, evidence is provided for a better resolution on behalf of the appellant.

4.- By writing incorporated into the digital case file on 22 May 2025, the appellant appears. He states: “With all due respect, I address this Honorable Constitutional Chamber to forward a copy of official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025, dated 20 May 2025, issued by Eng. Alexis Salas Rodríguez, Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe (SINACACLAC). Said official letter, addressed to the undersigned, responds to my note AEL00168-2025 and makes reference to official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, related to unauthorized interventions in wetlands and forests within the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. and adjoining lands. I wish to express my deep concern about the content and handling of the referenced official letter, which I consider insufficient to address the environmental violations reported. Below, I detail the critical points: 1. Negligence in Addressing Environmental Damages: The response from Eng. Salas Rodríguez characterizes the location of the reported activities (“in front of or adjoining” the project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.) as “ambiguous,” omitting crucial evidence such as the construction of a road that divides a wetland and large ditches that prevent the restoration of the ecosystem. Given that the respondent acts as environmental police, his reports must be rigorous, as they constitute the eyes of judges and prosecutors in the field. This omission reflects a marked lack of diligence in the fulfillment of his duties. 2. Excessive Application of Article 295 of the Criminal Procedure Code: The official letter invokes Article 295 to limit the delivery of information, alleging the confidentiality of judicial proceedings. This interpretation is disproportionate and hinders accountability, contravening Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica, which guarantees the right to a healthy and ecologically balanced environment, as well as Costa Rica's international commitments under the Ramsar Convention and other agreements on flora and fauna. 3. Recurring Pattern of Inadequate Responses: Officials of SINAC-ACLAC, including Eng. Salas Rodríguez, file poorly substantiated complaints without adequate prior investigations, as evidenced in judicial case 24-000066-472-PE. This pattern suggests that Article 295 is used as an excuse to evade responsibilities, hindering the effective protection of ecosystems. 4. Lack of Concrete Actions and Restoration: Although the official letter mentions a stop-work order and an ongoing judicial process, it does not provide evidence of compliance monitoring or restoration measures. The absence of urgent inspections, despite the complaints, reflects a lack of commitment to the seriousness of the environmental damages reported. By virtue of the foregoing, I respectfully request this Honorable Chamber the following: • Review of the Conduct of Officials: To investigate the actions of Eng. Alexis Salas Rodríguez and SINAC-ACLAC for possible negligence in addressing the reported environmental violations, ensuring that field reports meet the necessary rigor for judicial supervision. • Rational Limitation of Article 295: To establish proportional limits to the application of Article 295, to prevent its use as a barrier to transparency, guaranteeing compliance with Article 50 of the Constitution and Costa Rica's international commitments. • Urgent Environmental Measures: To order an immediate and exhaustive inspection of the affected areas, guarantee the total halt of harmful activities, and order effective measures for the restoration of the degraded ecosystems. • Transparent Report: To require SINAC-ACLAC to deliver a detailed and accessible report on the actions taken to address the complaints, within a reasonable timeframe, allowing accountability to the complainant and the public. Attached hereto, I include a copy of official letter CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025 for your reference. I trust in the commitment of this Honorable Chamber to environmental justice and the protection of Costa Rica's natural heritage. I remain at your disposal for any clarification or additional documentation required.”

5.- By writing incorporated into the digital case file on 23 May 2025, Maylin Mora Arias and Alexis Salas Rodríguez, in their order, acting regional director and head of the Control and Protection program, both of ACLAC, rendered a report under oath, in the following terms: “FIRST: That note AEL0168-2025 dated 11 April 2025 was received, through which [Name 001] requested: 1. The total halt of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to assess the damage caused and determine the corresponding responsibilities. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by this office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. SECOND: That the administration responded to the appellant through official letter CARTA-SINACACLAC-PPCP-035-2025 dated 22 April 2025, through which it was indicated: ‘Dear Mr. [Name 001], In response to your request regarding the complaint made about the impact on the property associated with the Cooperativa Coopetrauto R.L., we inform you of the following: • This case is currently under judicial proceedings since 2023, as recorded in judicial case 23-000011-0472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property identified within the National Wetlands Registry. • On behalf of SINAC, the site has been visited, with the purpose of informing the Prosecutor's Office about the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. • The restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of Coopetrauto R.L. • The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding case file.’ THIRD: That note AEL-00172-2025 dated 12 April 2025 was received again with the subject ‘Request for follow-up report and urgent actions in the criminal case against the Cooperativa Coopetrauto for alleged drainage and filling of wetland,’ regarding the same matter. FOURTH: That the administration courteously responded to missive AEL-0172-2025 through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 dated 22 April 2025, indicating the following: ‘In response to your request, as indicated in official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, regarding the follow-up carried out on this case reported to the Limón Prosecutor's Office, under judicial case 23-000011-0472-PE, the required information has been submitted to that authority as it has been appropriate. In the administrative and judicial compliance in the resolution of reported cases, this office respects the follow-up that the Public Prosecutor's Office carries out in the resolution process. Therefore, we reiterate that the reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding case file.’ FIFTH: That in order to clarify with further elements what was requested by the appellant, official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 dated 20 May 2025 was sent, which states: ‘In order to expand on our official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in response to your note AEL-00168-2025, the following clarifying response is provided for the four detailed points: 1. The total halt of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. R/ I inform you that upon analysis and interpretation of the location where the reported events occur, the location provided is unclear and ambiguous, making it imprecise in the interpretation of what is indicated: “Urgent complaint for unlawful intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” or “we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjoining the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” That is, “in front of” or “adjoining” requires greater accuracy since they are contradictory. I inform you that upon analysis and interpretation of the location where the reported events occur, the location provided is unclear and ambiguous, making it imprecise in the interpretation of what is indicated: “Urgent complaint for unlawful intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” or “we have witnessed the presence of a worker carrying out tree felling within a wetland and forest adjoining the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” We would appreciate it if you could provide the site you wish to report with greater precision, so that we have better tools to assess whether a new inspection is required, given that, as indicated, it is currently inaccurate. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to assess the damage caused and determine the corresponding responsibilities. R/ Although the exact site you wish to report is not available, we reiterate that based on what was requested in note AEL-00168-2025, it is clarified that this office, assuming that by indicating “in front of or adjoining” we interpret it as referring to the northeast side of the property where the case of the Cooperativa Coopetrauto R.L. is being handled (case 23-000011-0472-PE); that being so, and with the aim of providing you with information regarding the actions taken concerning environmental crimes at the site, from the actions of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe, the corresponding complaint was processed for environmental damage, specifically for the damage and modification of the wetland ecosystem present in the area; said complaint corresponds to case number 24-000066-472-PE, and therefore we inform you of the following: • This case is currently under judicial proceedings since 2024, as recorded in judicial case 24-000066-472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property identified within the National Wetlands Registry and the determination of new wetland areas. • On behalf of SINAC, the site has been visited, with the purpose of informing the Prosecutor's Office about the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. R/ The restoration measures must be requested in due course by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of the property in question. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by this office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. R/ The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding case file. It is reminded that regarding specific information such as that requested, which appears in a judicial case, the provisions of Article 295 of the Criminal Procedure Code must be respected regarding the privacy of proceedings: “the preparatory procedure shall not be public for third parties; however, the proceedings may be examined by the parties or their representatives. To attorneys who invoke a legitimate interest, the prosecutor of the Public Prosecutor's Office, after verifying that interest, may inform them about the facts being investigated. Likewise, all parties and public officials who participated in the investigation must maintain secrecy regarding the same.” In understanding of your concern about the impact on the wetland and forest ecosystem, we inform you that this office has carried out what the procedures require to identify the illegality due to the violation of legal articles associated with this case. Therefore, you are also requested to file these environmental complaints on the official SITADA platform, so that these crimes can be followed up on.’ IV. Conclusion SINAC, in the exercise of its duty of transparency and attention to citizen complaints, provided a timely and exhaustive response to the notes presented by the appellant, [Name 001], specifically to official communication AEL-00168-2025 (11 April 2025) and official communication AEL-00172-2025 (12 April 2025), through official communications SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, both dated 22 April 2025, notified to the email address provided [email protected]. By virtue of the foregoing, it is demonstrated that there is no non-compliance on the part of the undersigned; rather, it is clear that in the present case, we are faced with a case of abuse of the right to petition by the appellant, who not only intends for the Administration to attend to his requests, regardless of whether this institution has the necessary elements to fulfill his petition. In said responses, the actions undertaken were detailed, the corresponding administrative actions were clarified, and the technical documentation supporting compliance with legal obligations was attached, thus demonstrating an unwavering commitment to accountability and environmental protection. Regarding the right to petition and prompt response. The right to petition and prompt response is enshrined in constitutional numerals 27 and 41, through which any person is guaranteed not only the freedom to petition before any public official or official entity but also the right to obtain a prompt response.”

In this regard, this honorable Chamber has been developing and endowing with content the aforementioned right of petition and prompt response, holding that it encompasses the possibility of filing and requesting various actions before the Public Administration, without this entailing the obligation to resolve in accordance with what is required by the administered party. Thus, through resolution No. 2004-03538 of 14 hours and 30 minutes on April 13, 2004, this Constitutional Chamber ruled: “The right of petition, established in Article 27 of the Constitution, refers to the power every citizen has to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. This guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response, although the latter does not mean that the administered party must receive a response favorable to their interests. In other words, it is the right to ask and not the right to obtain what is asked—even though the public official must resolve with strict subjection to the law—since the freedom of petition is founded on another principle; that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies.” In the same vein, judgment No. 2004-07296 of 08 hours and 56 minutes on July 2, 2004, from this respectable Court indicated: “In any case, the duty to resolve does not imply obtaining a favorable or unfavorable response, but rather the necessary congruence between the object of what is requested and that of what is answered.” Additionally, the doctrine developed in light of constitutional jurisprudence indicates that the right of petition and prompt response is materialized not in the satisfaction of the applicant's request but in the timely response to it from the Administration within a reasonable period, in which case the deadline to respond is strictly related to the specific characteristics of the nature of the request, considering its complexity and institutional consequences, which under no circumstances is interpreted as a license to violate the fundamental right of the applicant. On this matter, the Constitutional Chamber itself has stated in its previously cited judgment No. 2004-03538: “…what is protected is the right that every person has to have their case resolved within a reasonable period; a period that must be established in each specific case, taking into account the technical complexity of the administrative matter in question, the extent of the evidence to be evaluated, the consequences for the parties of the delay or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, the conduct of the litigants and the authorities involved, the ordinary guidelines and margins of the type of procedure in question, and the average standard for the resolution of similar matters by the authorities of the same subject matter...” Regarding the non-existence of a violation due to disagreement with the response, the Chamber has particularly stated in its judgment No. 2005-03804 of 15 hours and 41 minutes on April 13, 2005, the following: “… Regarding the petitioner’s disagreement, this Chamber must point out that the right established in Article 27 of the Political Constitution refers to the power every citizen has to address in writing any public official or official entity in order to present a matter of their interest. That guarantee is complemented by the right to obtain a prompt response; but the latter does not necessarily mean a favorable response. In other words, what is guaranteed is the right to ask and not the right to obtain what is asked, even when the public official must resolve with strict subjection to the law, since the freedom of petition is founded on another principle, that is, that the Administration cannot restrict the right of the governed to address public bodies. As in the case under review, the documentation accompanying the brief filing the appeal shows that the Secretary General of the Consejo Superior de Educación did respond, through official letter number CSE853-2004 of September 27, 2004, to the action taken by the petitioner on July 1, 2004, indicating that according to the archives kept for that purpose by that body, said documents do not appear in the file—the same being duly listed in said official letter—(see folios 5 and 6 of the file), from which it follows that—in substance—what exists is the appellant's disagreement with the response given to their action, and not a violation of their right to obtain a prompt response…” In summary, the right of petition and response comprises, among others, the following elements, which in turn serve as a parameter to assess the Administration's actions vis-à-vis the administered party in each specific case: a. The right of petition guarantees the right of the governed to address public bodies. b. The right of petition does not guarantee the administered party the obtaining of what is requested. c. The response that the Administration provides to the administered party must be congruent, which implies that a logical relationship must be maintained between the object of what is requested and that of what is answered. With the jurisprudence cited in this appeal, it has been demonstrated that in the case before us, the appellant's fundamental rights were not violated, and the petition intended by Mr. [Nombre 001] was addressed according to competence. By virtue of the foregoing, it is amply demonstrated that, in light of the cited jurisprudence, there has been no violation by the Administration of the principle of the right of response enshrined in Articles 27 and 41 of the Political Constitution. The documentary evidence provided in this Amparo demonstrates the good faith of our Ministry in handling the case. V. PRAYER FOR RELIEF That having rendered this report and by virtue of the fact that the petition made by the appellant has been managed in accordance with what was requested and with the existing information, as evidenced in the file, I REQUEST THAT THE AMPARO APPEAL BE DECLARED WITHOUT MERIT filed by Mr. [Nombre 001], with identification number [Valor 002], which is processed under file number 25-011090-0007-CO against the Regional Director of the Área de Conservación la Amistad Caribe and the Coordinator of the Programa de Prevención Control y Protección of the Área de Conservación Amistad Caribe of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 1. - Declare the appellant's claims satisfied, given that: a. The required urgent measures have been adopted. b. The protection of the reported ecosystems has been guaranteed. c. There is full compliance with the environmental legal provisions. 2. Order the definitive archiving of the file, in accordance with Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, as the alleged violations have been remedied."

6.- By document incorporated into the digital file on May 29, 2025, the appellant appears. They state: “I. ON THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION IN THE ADMINISTRATION'S RESPONSES 1. Absence of clarity and precision in the administrative responses: The respondents allege in their report that the locations indicated in my complaints (official letters AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025) are “imprecise” and “ambiguous,” arguing that the terms “in front of” or “adjacent to” the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. generate confusion. This assertion is unfounded and denotes an evasive attitude, since the complaints filed include clear references to the urban development project of Coopetrauto R.L., a development of more than 100 lots that affects a wetland ecosystem registered in the Registro Nacional de Humedales. Furthermore, in my initial complaint (AEL-00168-2025), the presence of activities such as logging, drainage, and fill of wetlands was specified, which should have been sufficient for SINAC, in its capacity as the competent authority with environmental police functions, to initiate an immediate investigation with field visits. The alleged lack of precision is nothing more than an excuse to justify inaction, violating the precautionary principle that must govern all environmental actions (Article 50 of the Political Constitution and Article 2 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554). 2. Confusion between distinct judicial cases: The respondents' report confuses two distinct judicial cases: case 23-000011-0472-PE (mentioned in official letters SINAC-ACLAC-PPCP035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025) and case 24-000066-472-PE (cited in official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025). This confusion shows disorganized management and a lack of rigorous follow-up by the Programa de Prevención, Control y Protección of the ACLAC. While the initial responses (April 22, 2025) refer exclusively to the 2023 case, the most recent report (May 20, 2025) introduces a new 2024 case without explaining how it relates to the complaints filed. This inconsistency suggests that the necessary steps have not been taken to verify the reported facts, which constitutes a serious omission in the performance of their duties. 3. Absence of evidence regarding field visits and follow-up: The respondents affirm that “the site has been visited” and that reports have been sent to the Prosecutor's Office, but they do not provide any evidence to support such visits, such as inspection records, photographs, geographic coordinates, or technical reports. This lack of documentation contravenes the principle of transparency and the duty of accountability that governs the Public Administration (Article 11 of the Ley General de la Administración Pública, No. 6227). Furthermore, the argument that the reports are confidential because they are linked to a judicial case (Article 295 of the Código Procesal Penal) does not exempt SINAC from providing the appellant with a detailed report on the administrative actions taken, as established by the right of petition (Articles 27 and 41 of the Political Constitution). 4. Lack of application of the precautionary principle: The precautionary principle, enshrined in Article 11 of the Ley de Biodiversidad (No. 7788) and in the jurisprudence of this honorable Chamber (judgment No. 2003-01322), obliges environmental authorities to act immediately and effectively in the face of any indication of environmental damage, especially in fragile ecosystems such as wetlands. The respondents have not demonstrated having adopted urgent measures to halt the reported logging, drainage, and fill activities, nor have they presented evidence that the issued stop orders have been effectively implemented or supervised. This omission endangers the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution). II. ON THE VIOLATION OF THE RIGHT OF PETITION AND PROMPT RESPONSE 1. Incongruent and dilatory responses: Contrary to what the respondents state, the responses provided in official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, and SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 do not meet the standard of congruence required by constitutional jurisprudence (judgments No. 2004-03538 and No. 2004-07296). Such responses are generic, evasive, and do not specifically address the points raised in my complaints, such as the request for urgent inspections and the adoption of effective measures for the restoration of the affected ecosystems. The reiteration that the reports have been sent to the Prosecutor's Office without providing specific details constitutes a violation of the right of petition, since a substantive response is not offered that allows the appellant to know the real status of the administrative actions taken. 2. Unreasonable period in addressing the complaints: The Constitutional Chamber has established that the right to a prompt response must adjust to the complexity of the matter and the urgency of the situation (judgment No. 2004-03538). In this case, the seriousness of the complaints, which involve the impact on a wetland and a forest adjacent to a large-scale urban development project, demanded an immediate and diligent response. However, the respondents took eleven days to respond to the initial complaints (from April 11 and 12 to April 22, 2025) and only provided a “clarification” on May 20, 2025, after the amparo appeal was filed. This delay is unjustified and contravenes the duty of prompt response. III. ON THE NON-EXISTENCE OF ABUSE OF THE RIGHT OF PETITION The respondents label my action as an “abuse of the right of petition,” alleging that I intend for the Administration to act without having the necessary elements. This assertion is unacceptable and lacks foundation. My complaints were filed with the available information, including references to the urban development project of Coopetrauto R.L. and the illegal activities observed. It is the responsibility of SINAC, as the authority with environmental police functions, to carry out the necessary investigations to clarify the reported facts, instead of dismissing them due to an alleged lack of clarity. The jurisprudence of this honorable Chamber (judgment No. 2005-03804) establishes that the right of petition cannot be restricted by the Administration under formal pretexts, and in this case, the inaction of the respondents reflects a refusal to comply with their legal obligations. IV. ON THE SERIOUSNESS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT The urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L., which encompasses more than 100 lots, represents a significant threat to a wetland and forest ecosystem of high ecological value, protected by national and international legislation (Ramsar Convention, Ley de Biodiversidad). The omission by SINAC to conduct immediate field inspections and to guarantee the effective halting of the reported activities constitutes a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution). The lack of timely action aggravates the environmental damage and compromises the possibility of restoring the affected ecosystems, which justifies the intervention of this honorable Chamber to guarantee the effective protection of fundamental rights. V. PRAYER FOR RELIEF Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Constitutional Chamber: 1. To declare the amparo appeal filed by the undersigned well-founded, due to the violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Political Constitution) and the right of petition and prompt response (Articles 27 and 41 of the Political Constitution). 2. To order the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC): a. To immediately conduct the corresponding field inspections for the complaints filed in official letters AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, fill of wetlands, and land-use change (cambio de uso del suelo). b. To file a detailed report, within a period not exceeding ten business days, on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, including inspection records, photographs, and geographic coordinates. c. To guarantee the effective halting of any activity by the Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until the corresponding responsibilities are determined. 3. To order the respondents, in compliance with the precautionary principle, to adopt urgent measures for the restoration of the degraded ecosystems, as established by environmental legislation. 4. To order the respondents to pay the costs, damages, and losses caused by their omission, in accordance with Article 51 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. I beg this honorable Chamber to take note of the seriousness of the reported environmental impact and the administrative inaction that puts an ecosystem of vital importance at risk. I remain at your disposal for any clarification or provision of additional evidence that may be required.”

7.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Garita Navarro; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The complaining party indicates that on April 11, 2025, they filed an urgent claim (official letter AEL-00168-2025) before the coordinator of the Prevention, Control and Protection program of the ACLAC, for the improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R. L. They assert that the next day they filed a “request for a follow-up report and urgent actions” (official letter AEL-00172-2025) regarding the criminal case against the Cooperativa Coopetrauto R. L. for alleged drainage and fill of wetlands (file 23-000011-0472-PE). They mention that in response they received official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, both dated April 22, 2025; however, the responses are contradictory, since they refer to file 23-000011-0472-PE, despite the complaints corresponding to different facts and different characteristics and, even, on different properties. They consider that the foregoing shows a presumed omission in carrying out the field visits essential to verify the reported facts, related to land-use change (cambio de uso del suelo), drainage, and fill of wetlands, which constitutes a violation of the right to a healthy and balanced environment. They formulate the following claim: “1. Admit this amparo appeal for the violation of the fundamental right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. 2. Order Eng. Alexis Salas Rodríguez, in his capacity as Coordinator of the Programa de Prevención, Control y Protección of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), to immediately carry out the corresponding field inspections for the complaints filed in official letters AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, fill of wetlands, and land-use change (cambio de uso del suelo). 3. Require the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) to provide a detailed report on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, as well as compliance with the applicable legal provisions. 4. Suspend any activity of the Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until inspections are carried out and the corresponding responsibilities are determined.”

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) Regarding the action filed through official letter AEL-00168-2025:

The plaintiff, through official letter AEL-00168-2025 of April 11, 2025, addressed to the head of Protection and Control of the ACLAC, indicated: “Ref: Urgent claim for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. Dear Sir: I am addressing you in your capacity as Head of Protection and Control of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), with the purpose of filing an emphatic claim and requesting your immediate intervention to guarantee the protection and restoration of the wetlands and forests located in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. (legal identification number 3-004-727922), in the Santa Rosa sector, Limón province. It is alarming and extremely serious that, in the context of the announced construction project for the new Limón Hospital in the Santa Rosa area, activities are being carried out that directly threaten the environmental balance of the zone. In particular, the subdivision (fraccionamiento) of forests, drainage of wetlands, and logging of trees have been noted in the aforementioned area, actions that flagrantly contravene current environmental regulations, including the Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554), the Ley Forestal (No. 7575), and Costa Rica's international commitments regarding wetland conservation, such as the Ramsar Convention. Today, we have witnessed the presence of a worker carrying out tree logging within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L. These activities, far from being isolated events, suggest a clear intention to subdivide the forests, alter land use, and drain the wetlands, which represents environmental damage that is difficult or impossible to repair. Such acts not only compromise the biodiversity and ecosystem services of the area, but also affect the fundamental rights of local communities to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Consequently, I immediately REQUEST the following actions: 1. The total paralysis of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. 2. An urgent inspection by the competent authorities of the ACLAC in the affected area, in order to assess the damage caused and determine the corresponding responsibilities. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanction of those responsible for these illegal activities, as established by environmental legislation. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. Mr. Alexis, your role as Head of Protection and Control imposes the unavoidable obligation to ensure the conservation of natural resources under your jurisdiction. Inaction or delay in this matter would be not only an omission of your duties, but also an affront to the principles of sustainability and environmental justice that must guide public management. Without further ado, I reiterate the urgency of your intervention and remain attentive to any communication.” (Evidence provided by the plaintiff).

The coordinator of the Programa de Prevención, Control y Protección of the ACLAC, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 of April 22, 2025, addressed to [Nombre 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00168-2025. Dear Mr. [Nombre 001], In response to what was requested regarding the complaint filed for the impact on the property associated with the Cooperativa Coopetrauto R.L, the following is reported: • This case is currently judicialized since 2023, as recorded in judicial case 23-000011-0472-PE. • At the time, a stop order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property indicated in the Registro Nacional de Humedales. • On behalf of SINAC, the site has been visited, with the purpose of informing the Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. • The restoration measures must be requested, in due course, by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of Coopetrauto R.L. • The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. In understanding your concern for the impact on the wetland ecosystem, you are informed that this unit has carried out what the procedures require to identify the illegality due to impact on articles of law associated with this case.” (Evidence provided by the plaintiff and the respondent authorities).

The coordinator of the Programa de Prevención, Control y Protección of the ACLAC, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 of May 20, 2025, addressed to [Nombre 001], indicated: “SUBJECT: Clarification and expansion of note AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Dear Sir, For the purpose of expanding our official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in response to your note AEL-00168-2025, the following clarifying response is sent for the four detailed points: 1. The total paralysis of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. R/ I inform you that in the analysis and interpretation of the location where the reported events occurred, the location provided is unclear and ambiguous, making it imprecise in the interpretation of the statements “Urgent claim for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” or “we have witnessed the presence of a worker carrying out tree logging within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” That is, “in front of” or “adjacent to” requires greater accuracy since they are contradictory. I inform you that in the analysis and interpretation of the location where the reported events occurred, the location provided is unclear and ambiguous, making it imprecise in the interpretation of the statements “Urgent claim for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” or “we have witnessed the presence of a worker carrying out tree logging within a wetland and forest adjacent to the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R.L.” We would appreciate it if you could provide the site you wish to report with greater precision, so that we have better tools to assess whether a new inspection is required, given that, as indicated at this time, it is inexact. 2. An urgent inspection by the competent authorities of the ACLAC in the affected area, in order to assess the damage caused and determine the corresponding responsibilities. R/ Although the exact site you wish to report is not available, we reiterate that in response to what was requested in note AEL-00168-2025, it is clarified that this unit, assuming that by stating “in front of or adjacent to” we interpret that it refers to the northeastern side of the property where the Cooperativa Coopetrauto R.L case is being handled (case 23-000011-0472-PE); that being so, and with the aim of providing you information regarding actions on environmental crimes at the site, as a result of actions by the Programa de Prevención Control y Protección of the Área de Conservación Amistad Caribe, the corresponding complaint was processed for environmental damage, specifically for the damage to and modification of the wetland ecosystem present in the area, said complaint corresponds to case number 24-000066-472-PE, therefore the following is reported: • This case is currently judicialized since 2024, as recorded in judicial case 24-000066-472-PE. • At the time, a stop order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property indicated in the Registro Nacional de Humedales and the determination of new wetland areas. • On behalf of SINAC, the site has been visited, with the purpose of informing the Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanction of those responsible for these illegal activities, as established by environmental legislation. R/ The restoration measures must be requested, in due course, by the Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of the property in question. 4. The submission of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten business days. R/ The reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. Reminding you that regarding specific information such as that requested, which is part of a judicial case, what is indicated in Article 295 of the Código Procesal Penal regarding the privacy of proceedings must be respected: “the preparatory procedure shall not be public for third parties; however, the proceedings may be examined by the parties or their representatives. To legal professionals who invoke a legitimate interest, the prosecutor of the Public Ministry, after verifying such interest, may report on the facts being investigated. Likewise, all parties and officials who participated in the investigation must maintain secrecy regarding it.” In understanding your concern for the impact on the wetland and forest ecosystem, you are informed that this unit has carried out what the procedures require to identify the illegality due to impact on articles of law associated with this case. Therefore, you are also requested to file these environmental complaints on the official SITADA platform, so that follow-up can be given to these crimes.” (Evidence provided by the plaintiff and the respondent authorities).

On May 19, 2025, the respondent authorities were notified of the course of this process.

(Notification records).
The claimant, by official letter AEL-00224-2025 of 20 May 2025 addressed to the coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC, stated: “Subject: Response to Official Letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 and Request for Clarifications Dear Sir: I am writing to you in your capacity as Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of the Área de Conservación Amistad Caribe (SINAC-ACLAC), in response to official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025, dated 20 May 2025, addressed to the undersigned, which expands on official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in relation to my note AEL-00168-2025 concerning improper interventions in wetlands and forests adjacent to the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L. I appreciate your response, but I consider that the content of the official letter does not adequately address the seriousness of the environmental violations reported nor does it meet the level of rigor expected of an official acting as environmental police, serving as the ‘eyes’ of judges and prosecutors in the field. Below, I detail my observations and requests: 1. Insufficiency in the Identification of the Reported Site: Your official letter qualifies the reported location (‘in front of or adjacent to’ the Cooperativa Coopetrauto R.L. project) as ‘ambiguous,’ which is unjustified given that the references provided are clear. The intervention includes a road that divides a wetland and large ditches that prevent its restoration, facts not mentioned in your response. I request an exhaustive report, accompanied by satellite photographs, detailing the true factual picture of these interventions, enabling judges and prosecutors to properly assess the situation. 2. Omission of Broader Impacts on the Ecosystem: The official letter ignores that the wetland ecosystem transcends the property boundaries of Cooperativa Coopetrauto R.L. Furthermore, it does not mention the concerning activity of wetland drainage and filling in the area, especially in light of the eventual construction of the future Limón Hospital. These actions, inexplicably, have not been investigated by SINAC-ACLAC authorities, reflecting a passive reaction that depends exclusively on actions by interested parties. 3. Lack of Rigor in the Fulfillment of Duties: As Coordinator of the Prevention, Control and Protection Program, your role requires providing judicial authorities with accurate and complete information. However, the official letter does not demonstrate rigorous follow-up on the stop-work order mentioned in case 24-000066-472-PE, nor does it detail concrete measures for the restoration of the affected ecosystem. I request that an urgent inspection be carried out in the area, documented with visual and technical evidence, to guarantee compliance with precautionary measures and assess the damages. 4. Inappropriate Use of Article 295 of the Code of Criminal Procedure: The invocation of Article 295 to limit the delivery of information is disproportionate and hinders transparency. As a complainant, I have a legitimate interest in knowing the actions undertaken, as permitted by the article itself. I urge that a detailed and accessible report on the measures taken be provided, within a period not exceeding ten business days, in compliance with my original request. 5. Use of the SITADA Platform: Although I am requested to file complaints through the SITADA platform, this does not exempt SINAC-ACLAC from proactively investigating reported environmental violations, especially when it concerns protected ecosystems such as wetlands. I request clarification on how these complaints are being followed up on in SITADA and what preventive measures have been implemented in the area. By virtue of the foregoing, I respectfully request: • The preparation of a detailed report, with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (road, ditches, drainage, and fills) and their impact on the ecosystem, including areas beyond the property of Cooperativa Coopetrauto R.L. • An immediate and exhaustive inspection in the affected area, with a clear report on compliance with the precautionary measures of case 24-000066-472-PE. • The adoption of urgent measures to stop any activity that degrades the wetland and to begin the restoration of the ecosystem, in accordance with environmental legislation. • An accessible report on the actions undertaken, within a period of ten business days, that guarantees transparency and accountability. I attach a copy of my original note AEL-00168-2025 for your reference. I await your prompt response and concrete actions to protect the wetland and forest ecosystems in the area. I remain at your disposal for any clarification or additional information.” (Evidence provided by the claimant).

b) Regarding the request made by official letter AEL-00172-2025:

The petitioner, by official letter AEL-00172-2025 of 12 April 2025 addressed to the head of Control and Protection of ACLAC, stated: “Ref: Request for follow-up report and urgent actions in the criminal case against Cooperativa Coopetrauto for alleged wetland drainage and filling Dear Sir: Through this letter, I address you in your capacity as Head of Control and Protection of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), with the purpose of respectfully requesting a detailed report on the follow-up to the criminal case initiated against Cooperativa Coopetrauto, legal identification number 3-004-727922, for the alleged drainage and filling of a wetland in a real estate project located in Santa Rosa, according to cadastral plan L-0036944-2023. Given that wetlands often transcend the areas where they are located and considering their ecological importance, I respectfully request that an exhaustive investigation be carried out using historical photographs of the area. This investigation should cover the history of land-use change (cambio de uso del suelo) both on the property of Cooperativa Coopetrauto and on the parent property from which said property was segregated. This information is fundamental for legal purposes aimed at the protection and restoration of the affected wetland. It should be noted that wetlands form part of the Natural Heritage of the State, as established by articles 262 of the Civil Code, 2 of the Water Law, 13, 14, 15 and subsection i) of article 39 of the Forest Law (Ley Forestal), 32 and 38 of the Organic Law of the Environment, and 22 and 28 of the Biodiversity Law. This status prevails even if such areas have been stripped of their original vegetation, which reinforces the need to act with celerity. Likewise, I reiterate the urgency that, within the scope of your powers, you intercede with the Prosecutor's Office so that immediate protection measures aimed at the restoration of the wetland are adopted. In particular, I request that the closure of the drains made be ordered, in order to promote the recovery of the ecosystem. Judicial processes in the ordinary jurisdiction often drag on for years, which could aggravate the environmental damage if prompt actions are not taken. Thanking you in advance for your attention to this request and trusting in your commitment to the conservation of our natural heritage, I await your prompt response.” (Evidence provided by the claimant).
The coordinator of the Prevention, Control and Protection Program of ACLAC, by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 of 22 April 2025 addressed to [Name 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00172-2025. Dear Mr. [Name 001], In response to your request, as indicated in official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, the follow-up carried out on this case reported to the Limón Prosecutor's Office, under judicial case 23-000011-0472-PE, the required information has been delivered to that body as appropriate. In administrative compliance and compliance with judicial orders in the resolution of reported cases, this unit respects the follow-up that the Public Ministry carries out in the resolution process. Therefore, we reiterate that the reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, so that they are incorporated into the corresponding file.” (Evidence provided by the claimant).

III.- On the constitutional principles regarding environmental matters.

Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on 5 November 2021, this Chamber stated:

“In this line of thought, specialized doctrine has pointed out that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle states that, when there is a danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective measures, in terms of costs, to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that the principle starts from a reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work may cause. While certainty exists in the former, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)”

Precisely, the precautionary principle must be understood as set forth in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is to say, it is not about the requirement to have scientific studies to arrive at ‘absolute certainty’ of the harmlessness of an activity to the environment (in principle, total security is hardly achievable), but rather, that even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not fully assured, such uncertainty will never justify or excuse postponing the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that we are not faced with just any type of threat, as it must plausibly involve a serious danger, and, on the other hand, that the measure demands effective and efficient use of the resources employed. In the sense expressed, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment, which would distort its reason for being, rather, it is necessary that there be some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies according to the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that requires the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or allowing any new application or modification that reasonably entails a serious risk; indeed, they are obligated to suspend activities that are being carried out. In parallel, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is also contained in a hard law legal source, since Principle 3 of the United Nations [Name 001] Convention on Climate Change, ratified by Costa Rica through Law No. 7414 of 13 June 1994 and by all OAS member states, establishes:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.”

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica – see Law No. 8538 of 23 August 2006 – in which it reads:

“ARTICLE 1 Objective. Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”

Likewise, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through Law No. 7416 of 30 June 1994, in the preamble of which it is established: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”

In accordance with the aforementioned regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of 15 November 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purpose of protecting the right to life and to personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with the due diligence to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are ‘effective’ to prevent serious or irreversible damage.”

Subsequent to that ruling and through a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) v. Argentina, the Inter-American Court ruled on 6 February 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of great significance, it must be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court of Human Rights refers to Advisory Opinion No. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of this right, thanks to which the legal considerations of the latter have logically come to achieve the legal binding force inherent in a judgment. In this sense, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature,’ not only for its ‘utility’ or ‘effects’ regarding human beings, ‘but because of its importance for the other living organisms with whom we share the planet.’ The foregoing does not, of course, prevent other human rights from being violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the Inter-American Court of Human Rights very clearly details the State obligations in the face of possible environmental damage, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In sum, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt one from the obligation to adopt all such efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Regarding the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of 30 November 2018 prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of 10 May 2018 (No. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by the relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.”

Now, while the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary harm, the truth is that this general principle of law, as well stated in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a priority and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The criterion of prevention will prevail, then, over any other in the public and private management of the environment and natural resources.” This makes perfect sense, as it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the reparation of harmful consequences already corroborated, even ordering the cessation of the harmful effects.

Such an institute is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through Law No. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through Law No. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments Nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on 5 November 2021 and 2018016383 of 5:00 p.m. on 28 September 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in Advisory Opinion No. OC-23/17 of 15 November 2017, paragraphs: 127 to 174 and subsections a) and b) of paragraph 242, and the judgment of 24 November 2022, Baraona Bray v. Chile. Precisely, in the latter, the Inter-American Court of Human Rights expressly states:

“208. Notwithstanding the foregoing, in specific environmental matters, it should be noted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante the occurrence of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the previously existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all the means at their disposal to avoid activities carried out under their jurisdiction causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201. On the other hand, although it is not possible to make a detailed list of all measures that States could take to comply with this duty, some may be mentioned, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact assessments; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.”

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that “in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies and other decision-makers shall be resolved in a way that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).

In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit‑2018 and by the Full Court in Article XIX of session No. 28-2020 of 25 May 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over particular ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt, the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.”

The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage – as is the case with the precautionary principle – but rather implies a “general rule of conduct, for the relationship of the State – and society in general – with the environment, applicable to all areas of decisions where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those behaviors that may cause harm to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

Furthermore, in judgment No. 2012013367 of 11:33 a.m. on 21 September 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this sense:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in Articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation of gradually increasing, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration to those, such as the right to the environment (art. 11 of the Protocol), that require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Constitution, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved until then. This principle does not imply absolute irreversibility since all States experience national situations, whether of an economic, political, social nature or due to nature, that negatively impact the achievements made until then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In such cases, the Constitution and the principles under examination oblige one to justify, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…pursuant to the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot - much less through an International Treaty - reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it said: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).”

Thus, according to the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the already achieved degree of protection of fundamental rights, and that, where appropriate, the corresponding compensatory measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Constitution also requires that it be ‘healthy.’ The ‘healthy’ requirement leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced’ emerges the need for sustainable and sustained development; the quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, under the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, State actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unequivocal rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unequivocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘The objectification of environmental protection (…) is a principle that can in no way be confused with the previous one [precautionary principle or ‘principle of prudent avoidance’], as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature – both legal and regulatory – from which derives the requirement of linkage to science and technique, whereby, the discretion of the Administration in this matter is conditioned.”

Thus, in light of the results derived from those technical studies —such as environmental impact assessments— if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident harm to the environment, natural resources, or human health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the event of a "reasonable doubt," it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which may translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.” (Ruling of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (highlighting added). (Resolution No. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

IV.- Regarding the specific case. In the sub lite matter, the petitioner indicates that on April 11, 2025, he filed an urgent complaint before the coordinator of the ACLAC Prevention, Control, and Protection program (official letter AEL-00168-2025), regarding the improper intervention in wetlands and forests opposite the urban development project of the Cooperativa Coopetrauto R. L. He asserts that the following day he filed a “request for a follow-up report and urgent actions” (official letter AEL-00172-2025) regarding the criminal case against Cooperativa Coopetrauto R. L. for the alleged drainage and fill of wetlands (case file 23-000011-0472-PE). He mentions that he received official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, both dated April 22, 2025; however, they are contradictory, as they refer to case file 23-000011-0472-PE, despite the complaints corresponding to different facts and different characteristics and, even, different properties. He considers that the foregoing evidences a presumed omission in carrying out the essential field visits to verify the reported facts, related to land-use change, drainage, and fill of wetlands, which constitutes a violation of the right to a healthy and balanced environment. He formulates the following claim: “1. Admit this amparo appeal for the violation of the fundamental right to a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. 2. Order Eng. Alexis Salas Rodríguez, in his capacity as Coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), to immediately carry out the corresponding field inspections related to the complaints filed in official letters AEL-00168-2025 and AEL-00172-2025, in order to document the current situation of the areas affected by the alleged drainage, fill of wetlands, and land-use change. 3. Require the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC) to provide a detailed report on the actions taken to guarantee the protection of the reported wetlands and forests, as well as compliance with applicable legal provisions. 4. Suspend any activity by Cooperativa Coopetrauto R.L. that involves intervention in the reported wetlands and forests, until the inspections are carried out and the corresponding responsibilities are determined.”

In relation to the foregoing, the Chamber observes that the appellant alludes that his complaints refer to different facts and places. Consequently, they will be analyzed separately in order to assess the approach provided by the ACLAC for each of them.

IV.1. Regarding the petition made through official letter AEL-00168-2025.

With respect to this point, the Chamber has established as proven that the petitioner, through official letter AEL-00168-2025 dated April 11, 2025, addressed to the head of Protection and Control of the ACLAC, stated: “Ref: Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L. Dear Sir: I am writing to you in your capacity as Head of Protection and Control of the Amistad Caribe Conservation Area (ACLAC), with the purpose of filing a vigorous complaint and requesting your immediate intervention to guarantee the protection and restoration of the wetlands and forests located in front of the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L. (legal ID number 3-004-727922), in the Santa Rosa sector, province of Limón. It is alarming and extremely serious that, in the context of the announced construction project for the new Limón Hospital in the Santa Rosa area, activities are being carried out that directly threaten the environmental balance of the zone. In particular, the subdivision (fraccionamiento) of forests, the drainage of wetlands, and the felling of trees have been confirmed in the aforementioned area, actions that flagrantly contravene current environmental regulations, including the Organic Environmental Law (No. 7554), the Forest Law (Ley Forestal) (No. 7575), and Costa Rica's international commitments regarding wetland conservation, such as the Ramsar Convention. Today, we have witnessed the presence of a worker carrying out tree-felling activities within a wetland and forest adjacent to the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L. These activities, far from being isolated events, suggest a clear intention to subdivide (fraccionar) the forests, alter land use, and drain the wetlands, which represents environmental damage that is difficult or impossible to repair. Such acts not only compromise the biodiversity and ecosystem services of the area, but also affect the fundamental rights of local communities to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Political Constitution. Consequently, I REQUEST the following actions immediately: 1. The total stoppage of any logging, drainage, or subdivision activity in the wetlands and forests of the indicated sector. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to evaluate the damages caused and determine the corresponding responsibilities. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. 4. The presentation of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten working days. Mr. Alexis, your role as Head of Protection and Control imposes upon you the unavoidable obligation to ensure the conservation of the natural resources under your jurisdiction. Inaction or delay in this matter would be not only an omission of your duties, but also an affront to the principles of sustainability and environmental justice that should guide public management. Without further ado, I reiterate the urgency of your intervention and remain attentive to any communication.” The coordinator of the ACLAC Prevention, Control, and Protection program, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 dated April 22, 2025, addressed to [Name 001], stated: “SUBJECT: Response AEL-00168-2025. Dear Mr. [Name 001], In response to your request regarding the complaint made about the impact on the property associated with Cooperativa Coopetrauto R.L, the following is reported: • This case is currently in the courts since 2023, as recorded in court case 23-000011-0472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property identified within the National Wetlands Registry. • On behalf of SINAC, the site has been visited, for the purpose of informing the Public Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. • The restoration measures must be requested in due course by the Public Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of Coopetrauto R.L. • The reports prepared for this case are directed to the Public Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. In understanding of your concern about the impact on the wetland ecosystem, you are informed that this office has carried out what the procedures require to identify illegality due to impact on articles of law associated with this case.” On May 19, 2025, the respondent authorities were notified of the course of this proceeding. The coordinator of the ACLAC Prevention, Control, and Protection program, through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 dated May 20, 2025, addressed to [Name 001], stated: “SUBJECT: Clarification and expansion of note AEL-00168-2025. Ref. SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025. Dear Sir, In order to expand upon our official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in response to your note AEL-00168-2025, the following clarifying response is provided, for the four detailed points: 1. The total stoppage of any logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) activity in the wetlands and forests of the indicated sector. R/ I inform you (sic) that in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the location provided is somewhat unclear and ambiguous, making the interpretation of what was stated 'Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L.' or 'we have witnessed the presence of a worker carrying out tree-felling activities within a wetland and forest adjacent to the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L.' imprecise. That is, 'in front' or 'adjacent' requires greater accuracy as they are contradictory. I inform you that in the analysis and interpretation of the location where the reported incident occurs, the location provided is somewhat unclear and ambiguous, making the interpretation of what was stated 'Urgent complaint for improper intervention in wetlands and forests in front of the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L.' or 'we have witnessed the presence of a worker carrying out tree-felling activities within a wetland and forest adjacent to the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L.' imprecise. We would appreciate it if you could provide the site you wish to report with greater precision, so that we have better tools to assess whether a new inspection is required, given that, as stated, it is currently inexact. 2. An urgent inspection by the competent authorities of ACLAC in the affected area, in order to evaluate the damages caused and determine the corresponding responsibilities. R/ Despite the lack of exactness regarding the site you wish to report, we reiterate that, based on what was requested in note AEL-00168-2025, it is clarified that this office, assuming that by stating 'in front or adjacent' we interpret it as referring to the northeast side of the property where the Cooperativa Coopetrauto R.L case is handled (case 23-000011-0472-PE); this being so, and in an effort to provide you with information regarding actions concerning environmental crimes at the site, based on the actions of the Prevention, Control, and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area, the corresponding complaint was filed for environmental impact specifically for the damage and modification of the wetland ecosystem present in the area; said complaint corresponds to case number 24-000066-472-PE, therefore the following is reported: • This case is currently in the courts since 2024, as recorded in court case 24-000066-472-PE. • At the time, a stop-work order was issued for any activity that would affect the ecological environment of the property identified within the National Wetlands Registry and the determination of new wetland areas. • On behalf of SINAC, the site has been visited, for the purpose of informing the Public Prosecutor's Office of the current status, as well as the non-compliance with the ordered precautionary measures. 3. The adoption of effective measures for the restoration of the degraded ecosystems and the sanctioning of those responsible for these illicit activities, as established by environmental legislation. R/ The restoration measures must be requested in due course by the Public Prosecutor's Office, so that, by order of a judge of the republic, they may be imposed on those responsible or representatives of the property in question. 4. The presentation of a detailed report on the actions undertaken by your office to address this complaint, within a period not exceeding ten working days. R/ The reports prepared for this case are directed to the Public Prosecutor's Office, so that they may be incorporated into the corresponding file. You are reminded that regarding specific information, such as that requested, which appears in a court case, the provisions of Article 295 of the Code of Criminal Procedure must be respected regarding the privacy of proceedings: 'the preparatory procedure shall not be public for third parties; nevertheless, the proceedings may be examined by the parties or their representatives. The prosecutor of the Public Ministry, after verifying a legitimate interest invoked by attorneys, may inform them about the facts being investigated. Likewise, all parties and public officials who participated in the investigation must maintain secrecy regarding it.' In understanding of your concern about the impact on the wetland and forest ecosystem, you are informed that this office has carried out what the procedures require to identify illegality due to impact on articles of law associated with this case. Therefore, you are also requested to file these environmental complaints on the official SITADA platform, so that these crimes can be followed up on.” The petitioner, through official letter AEL-00224-2025 dated May 20, 2025, addressed to the coordinator of the ACLAC Prevention, Control, and Protection program, stated: “Subject: Response to Official Letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-046-2025 and Request for Clarifications. Dear Sir: I am writing to you in your capacity as Coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program of the Amistad Caribe Conservation Area (SINAC-ACLAC), in response to official letter CARTA-SINACACLAC-PPCP-046-2025, dated May 20, 2025, addressed to the undersigned, which expands upon official letters SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025 and SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025, in relation to my note AEL-00168-2025 regarding improper interventions in wetlands and forests adjacent to the urban development project of Cooperativa Coopetrauto R.L. I appreciate your response, but I consider that the content of the official letter does not adequately address the seriousness of the reported environmental violations nor does it meet the level of rigor expected of an official acting as environmental police, serving as the 'eyes' of judges and prosecutors in the field. Below, I detail my observations and requests: 1. Insufficiency in the Identification of the Reported Site: Your official letter qualifies the reported location as 'ambiguous' ('in front of or adjacent to' the Cooperativa Coopetrauto R.L. project), which is unjustified given that the references provided are clear. The intervention includes a road that divides a wetland and large ditches that prevent its restoration, facts not mentioned in your response. I request an exhaustive report, accompanied by satellite photographs, detailing the true factual picture of these interventions, allowing judges and prosecutors to properly evaluate the situation. 2. Omission of Broader Impacts on the Ecosystem: The official letter ignores that the wetland ecosystem transcends the boundaries of the Cooperativa Coopetrauto R.L. property. Furthermore, the concerning activity of wetland drainage and fill in the area is not mentioned, especially in light of the eventual construction of the future Limón Hospital. These actions, inexplicably, have not been investigated by the SINAC-ACLAC authorities, reflecting a passive reaction that depends exclusively on party-driven actions. 3. Lack of Rigor in the Fulfillment of Duties: As Coordinator of the Prevention, Control, and Protection Program, your role requires providing judicial authorities with precise and complete information. However, the official letter does not demonstrate rigorous follow-up to the stop-work order mentioned in case 24-000066-472-PE, nor does it detail concrete measures for the restoration of the affected ecosystem. I request that an urgent inspection be carried out in the area, documented with visual and technical evidence, to guarantee compliance with the precautionary measures and evaluate the damages. 4. Inappropriate Use of Article 295 of the Code of Criminal Procedure: The invocation of Article 295 to limit the delivery of information is disproportionate and hinders transparency. As a complainant, I have a legitimate interest in knowing the actions taken, as permitted by the article itself. I urge that a detailed and accessible report be provided on the measures taken, within a period not exceeding ten working days, in compliance with my original request. 5. Use of the SITADA Platform: Although I am requested to file complaints through the SITADA platform, this does not exempt SINAC-ACLAC from proactively investigating the reported environmental violations, especially when they involve protected ecosystems such as wetlands. I request clarification on how follow-up is being given to these complaints in SITADA and what preventive measures have been implemented in the area. By virtue of the foregoing, I respectfully request: • The preparation of a detailed report, with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (road, ditches, drainage, and fill) and their impact on the ecosystem, including areas beyond the property of Cooperativa Coopetrauto R.L. • An immediate and exhaustive inspection in the affected area, with a clear report on compliance with the precautionary measures of case 24-000066-472-PE. • The adoption of urgent measures to halt any activity that degrades the wetland and to initiate the restoration of the ecosystem, in accordance with environmental legislation. • An accessible report on the actions undertaken, within a period of ten working days, guaranteeing transparency and accountability. I attach a copy of my original note AEL-00168-2025 for your reference. I await your prompt response and concrete actions to protect the wetland and forest ecosystems in the area. I remain at your disposal for any clarification or additional information.”

From this panorama, it is appropriate to partially grant the claim filed by the petitioner.

Certainly, the ACLAC responded swiftly to the initial petition; however, it is not observed that the reported situation was addressed. Indeed, on April 11, 2025, the appellant brought to the attention of said agency presumed serious impacts on the environment, such as forest subdivision (fraccionamiento), wetland drainage, and tree felling; even expressly stating that on that same day there was a “worker carrying out tree-felling activities within a wetland and forest.” Despite the foregoing, the respondent authority merely pointed out that the case had been in the courts since 2023, as well as that at the time a stop-work order had been issued for any activity; additionally, that SINAC had visited the site to inform the Public Prosecutor's Office of the non-compliance with the precautionary measures. Furthermore, on the occasion of this amparo appeal, the ACLAC indicated that there was a lack of clarity regarding the reported property and expanded its response regarding the existence of another criminal case initiated in 2024; however, it again limited itself to stating that the case was in the courts and that at the time a stop-work order had also been issued for activities, as well as that the site had been visited to inform the Public Ministry of the non-compliance with the precautionary measures. Likewise, it is confirmed that, in both responses, upon the request for a detail of the actions undertaken pursuant to the complaint, it was explicitly stated that the case reports are directed to the Public Prosecutor's Office to be incorporated into the file.

Regarding the foregoing, it is necessary to point out that the judicialization of an environmental situation does not exempt SINAC from fulfilling the administrative competencies granted to it by the legal system (provided they do not hinder the criminal investigation or resolve issues that should properly be addressed in the latter), without prejudice to subsequently informing the criminal authorities of the facts it deems pertinent. This is especially so when dealing with complaints that allude to some criterion of urgency and immediacy, as occurs in the sub examine matter where actions in progress were mentioned (“tree felling within a wetland and forest,” as well as “drainage of wetlands”) that were allegedly being executed at the time of filing. Hence, it is illegitimate for the ACLAC to take a passive and evasive attitude (because the facts were reported through criminal channels and stop-work orders were issued in previous years), since the administrative complaint itself refers to current situations that warrant a prompt intervention. Precisely, it must be mentioned that the criminal channel does not per se exclude those actions that SINAC may be able to carry out (always within the administrative sphere) to protect the environment, prevent even greater damage, or prevent additional negative repercussions beyond those already judicially reported. It should even be noted that the national legal system grants the status of police authority to officials of the Forestry Administration (Article 54 of the Forest Law) and to Wildlife Inspectors (number 15 of the Wildlife Conservation Law). The foregoing also does not exempt said institution from being accountable to administrative complainants regarding its actions (for example, those actions of a public nature regarding the handling of administrative environmental complaints), without prejudice to reserving those data or documents directed to criminal authorities that are indeed covered by the privacy of proceedings contemplated in Article 295 of the Code of Criminal Procedure.

Pertinent to the sub iudice matter, the Chamber, in ruling No. 2024004807 of 9:20 a.m. on February 23, 2024, resolved:

“Firstly, the Chamber observes that the request filed before Sinac exposes the impact on the 'Carrizal lagoon wetland' due to the erection of infrastructure and the carrying out of burns; furthermore, it requests the investigation of what was raised and the execution of control, safeguarding, and sanctioning actions; however, said decentralized body of Minae only carried out an inspection in the area and filed a complaint before the Public Ministry (in which not all of the points alleged in the appellant's petition were addressed). Note that in the 'Report for environmental damage' sent to the Public Prosecutor's Office, only constructions and the opening of a road within the protection area of the Carrizal lagoon were alluded to. In any case, the action of Sinac in the administrative venue cannot be limited, once any possible situation of environmental relevance has been confirmed, to the referral of the matter to the investigative phase in the criminal venue. Precisely, said agency has the power to institute proceedings regarding complaints filed for infractions of environmental regulations and to issue administrative acts to ensure their compliance. Hence, the omission in addressing the substance of the reported situation constitutes a matter of constitutional relevance for the purposes of seeking protection under number 50 of the Constitution.

In relation to the foregoing, the Biodiversity Law states:

“ARTICLE 22

National System of Conservation Areas The National System of Conservation Areas is hereby created, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system that shall integrate competencies in forestry, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, for the purpose of issuing policies, planning, and executing processes aimed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the foregoing, the General Directorate of Wildlife, the State Forestry Administration, and the National Parks Service shall exercise their functions and competencies as a single instance, through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of hydrographic basins and water systems are included as a competency of the System.

(...)

ARTICLE 28.-

Conservation Areas The System shall be constituted by territorial units called Conservation Areas under the general supervision of the Ministry of Environment and Energy, through the National Council of Conservation Areas, with competence throughout the national territory, whether dealing with protected wilderness areas, areas with a high degree of fragility, or private areas for economic exploitation. Each conservation area is a territorial unit of the country, administratively delimited, governed by a single development and administration strategy, duly coordinated with the rest of the public sector. In each one, both private and state activities in the matter of conservation are interrelated without undermining protected areas. The Conservation Areas shall be responsible for applying the legislation in force regarding natural resources, within their geographic demarcation. They must execute the policies, strategies, and programs approved by the National Council of Conservation Areas, regarding protected areas; likewise, they shall be responsible for the application of other laws governing their subject matter, such as the Wildlife Conservation Law, No. 7317, of October 30, 1992, and the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575, of February 13, 1996, the Organic Law, No. 7554, of October 4, 1995, and the Law Creating the National Parks Service, No. 6084, of August 24, 1977. Based on the Council's recommendations, the Ministry of Environment and Energy shall define the territorial division that is technically most advisable for the country's Conservation Areas, as well as their modifications.”

Likewise, the Wildlife Conservation Law states:

“Article 7.- The National System of Conservation Areas of the Ministry of Environment and Energy has the following functions in the exercise of its competence:

a) Establish the technical measures to be followed for the proper management, conservation, and administration of wildlife(*), the object of this law and of the respective international conventions and treaties ratified by Costa Rica.

(*)(Name amended by Article 3 of Law No. 9106 of December 20, 2012, previously stated 'wild flora and fauna')

b) Establish and administer national wildlife refuges.

c) Promote the establishment of national wildlife refuges on mixed or private property.

d) Promote and execute education and research programs on the additional use of the country's renewable natural resources, in the field of wildlife under its competence, in accordance with this law.

e) Promote and execute research in the field of wildlife, except for those referring to genetic and biochemical resources regulated by the Biodiversity Law.

f) Issue, deny, or cancel permits for control hunting, extraction, research, scientific and academic collection, and any permit to import or export wildlife, its parts, products, and derivatives, as well as approve, reject, or modify management plans and operating permits for different wildlife management establishments, wildlife refuges, and for those wildlife management activities that require them.

g) Finance theses or research that allow for better knowledge of wildlife.

h) Protect, supervise, and administer wetlands with an ecosystem approach, as well as determine their classification of national or international importance.

i) Create and manage management, control, surveillance, and research programs on wildlife.

j) Support formal and informal education programs of the Inter-institutional Commission for Education and Public Awareness and Research in Biodiversity (Ciecopi).

k) Coordinate with other competent entities in the prevention, mitigation, attention to, and follow-up of damages to wildlife.

l) Promote the responsible participation of persons, individually or collectively, in the preservation and restoration of ecological balance and the protection of the environment.

m) Promote the conservation of natural ecosystems.

n) Establish contingency plans for the protection of wildlife, in case of natural disasters.

ñ) Coordinate actions with public or private, national or international institutions for the conservation and sustainable management of wildlife.

The delimitation of wetlands shall be done by executive decree, according to technical criteria.

(Thus amended by Article 1 of Law No. 9106 of December 20, 2012).”

Furthermore, number 99 of the Organic Environmental Law establishes:

“Article 99.- Administrative sanctions.

In the event of a violation of environmental protection regulations or environmentally damaging conduct clearly established in this law, the Public Administration shall apply the following protective measures and sanctions:

a) Warning through notification that a complaint exists.

b) Reprimand commensurate with the seriousness of the violating acts and once they have been verified.

c) Execution of the performance guarantee, granted in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental).

d) Restrictions, partial or total, or an immediate stop-work order for the acts giving rise to the complaint.

e) Total or partial, temporary or permanent closure, of the acts or facts giving rise to the complaint.

f) Partial, total, permanent, or temporary cancellation of the permits, patents, premises, or businesses giving rise to the complaint, the polluting or destructive act or fact.

g) Imposition of compensatory or stabilizing obligations for the environment or biological diversity.

h) Modification or demolition of constructions or works that harm the environment.

i) Alternatives for commuting the sanction, such as attending official educational courses on environmental matters; furthermore, working on community projects in the environmental area.

These sanctions may be imposed on private individuals or public officials, for actions or omissions violating the norms of this law, or of other provisions on environmental protection or biological diversity"

Consequently, the appeal is granted with respect to SINAC so that, independently of the referral of the matter to criminal proceedings, it comprehensively analyzes the situation reported in administrative proceedings in light of the legal system, resolves all the claims raised, and, if appropriate, issues the corresponding administrative acts.

On the other hand, the Municipality of Garabito also received the complaint from the plaintiff in which the intervention of the local government was requested within the scope of its powers, for instance, among other aspects, regarding municipal permits and the impact of the works on the aforementioned wetland; however, there is no record that, after more than two months, the reported situation had been addressed or that any response had been notified. Especially since, according to the case file, the inspection carried out by the municipal authorities confirmed the absence of municipal permits. Hence, given that potential environmental harm is at stake, the appeal is also granted against the respondent municipality.

(…)

Por tanto:

The appeal is granted. It is ordered: 1) To David Chavarría Morales and Jeffrey Hernández Espinoza, acting executive director a.i. and regional director of the Área de Conservación Pacífico Central, respectively, both of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or whoever occupies those positions, to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the situation reported by the plaintiff in the communication of October 25, 2023, is comprehensively analyzed, all the claims raised are resolved, and, if appropriate, the administrative acts corresponding to the scope of competence of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are issued, all of which must be notified to the petitioner at the address indicated for such purposes within the same period granted supra. (…)”.

By virtue of the foregoing considerations and taking into account the cited precedent, the partial granting of this point is appropriate, under the terms that will be set forth in the operative part of this ruling.

On the other hand, matters relating to the adoption of measures for ecosystem restoration and sanctions against those responsible for illegal activities are aspects properly to be resolved in ordinary proceedings.

Finally, the petitioner provides another communication dated May 20, 2025; however, it was submitted during the processing of this proceeding, so prima facie any omission regarding the new requests made therein is dismissed. Nevertheless, it is worth noting that the request for reports "with satellite and photographic evidence, describing the interventions in the wetland (...) and their impact on the ecosystem" that is sought to be issued (in those specific terms), as well as the requested inspection with the consequent compliance report on precautionary measures ordered in a criminal case, correspond to the preparation of technical evidence whose appropriateness or lack of issuance is properly to be ventilated in ordinary proceedings and not in this constitutional jurisdiction.

IV.2. Regarding the communication submitted under official letter AEL-00172-2025.

Regarding this claim, the Chamber deems it proven that the petitioner, by official letter AEL-00172-2025 dated April 12, 2025, addressed to the head of Control and Protection of ACLAC, stated: "Ref: Request for follow-up report and urgent actions in the criminal case against Cooperative Coopetrauto for alleged drainage and fill of wetland. Dear Sir: Through this letter, I address you in your capacity as Head of Control and Protection of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), with the purpose of respectfully requesting a detailed report on the follow-up to the criminal case initiated against Cooperative Coopetrauto, legal ID 3-004-727922, for the alleged drainage and fill of a wetland in a real estate project located in Santa Rosa, according to cadastral map L-0036944-2023. Given that wetlands usually transcend the areas where they are located and considering their ecological importance, I respectfully request that a thorough investigation be carried out using historical photographs of the area. This investigation should cover the history of land-use change (cambio de uso del suelo) for both the property of Cooperative Coopetrauto and the parent property from which said property was segregated. This information is fundamental for legal purposes aimed at the protection and restoration of the affected wetland. It should be noted that wetlands form part of the Natural Heritage of the State, as established by articles 262 of the Civil Code, 2 of the Water Law, 13, 14, 15 and 39 subsection i) of the Forestry Law (Ley Forestal), 32 and 38 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and 22 and 28 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). This character prevails even if such areas have been stripped of their original vegetation, reinforcing the need to act promptly. Likewise, I reiterate the urgency that, within the scope of your powers, you intercede with the Prosecutor's Office so that immediate protection measures aimed at the restoration of the wetland are adopted. In particular, I request that the closure of the drains made be ordered, in order to promote the recovery of the ecosystem. Judicial processes in ordinary proceedings often last for years, which could aggravate the environmental damage if prompt actions are not taken. Thanking you in advance for your attention to this request and trusting in your commitment to the conservation of our natural heritage, I await your prompt response". The coordinator of the Prevention, Control and Protection program of ACLAC, by official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-037-2025 dated April 22, 2025, addressed to [Name 001], stated: "SUBJECT: Response to AEL-00172-2025. Dear Mr. [Name 001], In response to your request, as indicated in official letter CARTA-SINAC-ACLAC-PPCP-035-2025, regarding the follow-up conducted on this case reported to the Prosecutor's Office of Limón, under judicial case 23-000011-0472-PE, what has been required by that instance has been delivered as appropriate. In the administrative and judicial order compliance regarding the resolution of reported cases, this unit respects the follow-up carried out by the Public Prosecutor's Office in the resolution process. Therefore, it is reiterated that the reports prepared for this case are addressed to the Prosecutor's Office, to be incorporated into the corresponding file."

Regarding this aspect, the Chamber observes that what the plaintiff requested was "a detailed report on the follow-up to the criminal case initiated against Cooperative Coopetrauto and urgent actions in the criminal case (...) for the alleged drainage and fill of a wetland", as well as "that a thorough investigation be carried out using historical photographs of the area (...). This investigation should cover the history of land-use change (cambio de uso del suelo) for both the property of Cooperative Coopetrauto and the parent property from which said property was segregated". Similarly, he requested to "intercede with the Prosecutor's Office so that immediate protection measures aimed at the restoration of the wetland are adopted" and also that "the closure of the drains made be ordered, in order to promote the recovery of the ecosystem".

In this regard, it is important to highlight that this communication is substantially different from the one addressed in the preceding whereas clause, as it did not allude to ongoing environmental harm, but rather speaks of the "alleged" drainage and fill of a wetland that occurred. Now, as indicated supra, the requested adoption of measures for ecosystem restoration is an aspect, in principle, properly to be resolved in ordinary proceedings. Likewise, the request for reports "for legal purposes", as well as the specific requirements requested to be included such as "historical photographs (...) history of land-use change (cambio de uso del suelo)", correspond to the preparation of technical evidence, whose appropriateness or lack of issuance is properly to be ventilated in ordinary proceedings and not in this constitutional jurisdiction. Even the plaintiff, in the instant communication, asked ACLAC to intercede with the Prosecutor's Office so that measures would be taken and the closure of drains ordered; however, in principle, these aspects are properly to be resolved in criminal proceedings, according to the particularities of the specific case. Therefore, in the terms raised in this communication, no action or omission warranting the Chamber's intervention is observed. Ergo, this point is dismissed.

V.- Dissenting Vote of Judge Salazar Alvarado. With due respect, I dissent from the majority vote granting the appeal, based on the following reasons:

The protection of a healthy and ecologically balanced environment, in the Costa Rican Legal System, is protected not only in Article 50 of the Political Constitution, but also in a series of current laws and executive decrees (regulations), such as the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), Law N° 7554 of October 4, 1995; the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), Law N° 7788 of April 30, 1998; the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), Law N° 7317 of October 21, 1992; and Executive Decree N° 31849 of May 24, 2004, General Regulation on Environmental Impact Assessment (EIA) Procedures, to name just a few. This necessitates, in environmental matters, separating constitutional review from legality review. In this sense, it is the undersigned's criterion that this Chamber, through amparo proceedings, should only hear a matter in which a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment is alleged, if the Administration has not yet intervened and when the violation of that right is manifest and evident, easily verifiable, of certain importance or severity, and directly affects a specific person or community. Otherwise, the issue must be raised and discussed in legality proceedings. Therefore, the mere non-compliance with obligations and duties legally imposed on various public administrations in environmental matters is properly cognizable in legality proceedings –administrative or jurisdictional–, where, with much greater scope, the alleged non-compliances or omissions can be scrutinized. It must be borne in mind that the amparo remedy is a summary, informal, simple, and rapid process, such that from the very moment the Administration intervenes in an environmental matter, in the exercise of its powers, and substantiates a procedure, with the issuance of administrative acts, its cognizance becomes foreign to the scope of action of this specialized jurisdiction. For this reason, the review of administrative actions carried out regarding an environmental issue that requires, for its proper assessment, a full-knowledge process, is only possible in the ordinary jurisdiction, since the design of the amparo process is incompatible with the contrasting or review of technical or legal criteria developed under the protection of current legal or regulatory norms, or with the gathering of new and additional elements of conviction necessary for the contrasting or review of the criteria already contained in the administrative file of the case. The contrary would imply transforming the amparo into an ordinary full-knowledge process, thereby denaturalizing it and rendering nugatory the purposes for which it was designed, thus losing its condition as an instrument for the effective protection of fundamental rights. As a consequence of the foregoing, I consider that when a public entity or body has intervened, in various ways, or has issued administrative acts in relation to an environmental matter, its cognizance and scrutiny correspond to the contentious-administrative jurisdiction. It is precisely the verification of the existence of that administrative intervention that determines that the matter falls within the competence of legality proceedings. Consequently, this appeal should have been summarily dismissed, since its object is a matter properly to be discussed, analyzed, and resolved in legality proceedings. However, as this was not done, the proper course is to dismiss it, without making any pronouncement regarding the merits of the issue raised, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform, in substance, to the precepts of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

VI.- Documentation provided to the file. This Chamber must warn the plaintiff that if any document has been provided, whether in paper, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be withdrawn from the court within 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Docket before the Judicial Branch," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior of the Judicial Branch, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted. It is ordered to Maylin Mora Arias and Alexis Salas Rodríguez, acting regional director a.i. and head of the Control and Protection program, respectively, both of the Área de Conservación Amistad Caribe of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, or whoever occupies such positions, to coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their powers so that, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this judgment, the situation described by the plaintiff in the communication of April 11, 2025 (official letter AEL-00168-2025) is comprehensively analyzed and the claims corresponding to the reported ongoing activities of "logging, drainage, or subdivision (fraccionamiento) in the wetlands and forests" are resolved; furthermore, if appropriate, the administrative acts corresponding to the scope of competence of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación are issued, all of which must be notified to the plaintiff at the address indicated for such purposes within the same period granted supra. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not cause it to be complied with, provided the offense is not more severely punished. The Sistema Nacional de Áreas de Conservación is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts giving rise to this ruling, which shall be liquidated upon execution of judgment in contentious-administrative proceedings. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Salazar Alvarado files a dissenting vote and dismisses the appeal, as it corresponds to the ordinary jurisdiction, specifically, the contentious-administrative jurisdiction, to determine whether the accused administrative actions and conduct conform, in substance, to the precepts of the legal system of statutory rank, regarding the protection, guardianship, and conservation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Notifíquese.

 
 

	
Fernando Castillo V.

Presidente

	
 
Fernando Cruz C.

	
 
	
Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

	
 
	
Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

	
 
	
Jose Roberto Garita N.

 
 

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