Res. 16121-2025 Sala Constitucional — Amparo against Municipality and CONAVI for failure to inform about summary demolition proceedingAmparo contra Municipalidad y CONAVI por omisión de indicar sumario de derribo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16121 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-008481-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

TALA DE ARBOLES.

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: PODER EJECUTIVO

Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

016121-25. AMBIENTE. MUNICIPALIDAD. PODER EJECUTIVO. VECINOS DE SAN PABLO DE HEREDIA, ACUSAN QUE LAS AUTORIDADES NO HAN REALIZADO LO CORRESPONDIENTE PARA ELIMINAR UNOS ÁRBOLES QUE PONEN EN PELIGRO SUS CASAS. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA AL ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA Y AL DIRECTOR EJECUTIVO A. I. DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, QUE DE QUE DE MANERA INMEDIATA INFORMEN FORMALMENTE AL RECURRENTE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO A SEGUIR ANTE LA SEDE JURISDICCIONAL PARA EL SUMARIO DE DERRIBO, EN EL TANTO SE CUMPLA CON LO ANTERIOR ADOPTE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRANSEÚNTES EN EL SITIO EN CUESTIÓN. VCG06/2025




“(…) V.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en escrito con fecha recibido 28 de abril de 2024, el recurrente presentó ante la Municipalidad de San Pablo de Heredia a fin de que se derriben una serie de árboles que se encentra en el derecho de vía contiguo a su propiedad. Que la fuerza de crecimiento de los árboles de pino ha afectado considerablemente la tapia de su propiedad y la acera pública, generando una inclinación del muro hacia la acera. Con la intención de evitar un daño gravoso a futuro en las edificaciones existentes no solo en su propiedad, sino también en las colindantes e incluso resguardar la integridad física del transeúnte, con la posible caída de ramas y desprendimiento del muro, solicita que se proceda a la corta de dichos árboles como medida preventiva. Lo anterior, fue reiterado por la parte recurrente por escrito con fecha de recibido 10 de julio de 2024 presentado ante el  Alcalde y el Presidente Consejo Municipal de la Municipalidad recurrida. En oficio No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 del 28 de junio de 2024, el Departamento de Gestión Ambiental le informó al recurrente: “(…) en relación a la solicitud de corta de los árboles ubicados en la ruta nacional 112 a la altura del restaurante Ajúa. En octubre de 2023, gestionamos una visita con el MOPT para evaluar las condiciones de los árboles y determina su poda. Esta gestión se realizó mediante correo electrónico, adjuntando fotografía proporcionadas por el Departamento de Gestión Ambiental. El encargado del MOPT indicó que por motivos ajenos no se pudo concretar la visita conjunta. Hasta el momento no han recibido respuesta del MOPT. La solicitud de esa visita se realizó inicialmente porque al tratante de árboles ubicados en el derecho de vía de rutas nacionales, solo el MOPT o el CONAVI pueden gestionar la corta de árboles, conforme al artículo 28 de la Ley No. 9789. Lo anterior, le fue reiterado a la parte recurrente en oficio  MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 del 22 de julio 2024 emitido por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad recurrida. Por otra parte, se acredita que en oficio CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) el 04 de abril de 2025, suscrito por los funcionarios Andrea Madrigal Quesada, Ingeniera de Zona 1-9 Heredia y Luis Antonio Alvarado Arce, en su calidad de Director de la Región Central, ambos funcionarios de la  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Viabilidad le indicaron a  Carlos Vega Segura Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo siguiente: “Se informa que se procedió a revisar la información aportada y como resultado se aporta el presente informe técnico de atención. Recurrente: [Nombre 001] Ubicación: 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, Ruta Nacional 112, sección de control 40151. 1. Acciones realizadas: El 03 de mayo del 2025, se revisaron las condiciones del sitio a fin de gestionar todo lo correspondiente para realizar la remoción de árboles requerida en el Informe N°21-24, de dicha inspección se realizan las siguientes observaciones: 1. Se identificaron seis árboles con alturas estimadas entre 20 y 25 metros, los cuales han sido marcados del 1 al 6 mediante señalización con pintura roja, conforme a lo establecido en el Informe N.º 21-24, elaborado por el Ing. Mario Vega Vega, referente a la evaluación del arbolado ubicado en el derecho de vía. 2. Uno de los árboles presenta un cable tensora incrustado en su fuste, el cual está vinculado a un poste de servicios públicos. 3. El tendido eléctrico visible incluye líneas de energía que abastecen una vivienda aledaña, así como cables de fibra óptica. 4. Los cables comprometidos se encuentran únicamente en el mismo costado de la vía donde se ubican los árboles, sin afectar de forma directa el resto de la infraestructura ubicada al lado opuesto de la calzada. 5. El poste de servicios públicos involucrado pertenece a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); en consecuencia, cualquier intervención sobre el arbolado que implique manipulación del tendido eléctrico debe ser coordinada directamente con dicha entidad, especialmente en lo referente a los cortes temporales de suministro eléctrico, con el fin de garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para terceros durante las labores de remoción. 3. Estado actual de la gestión: Posterior a la inspección realizada, se determinó la necesidad de una coordinación interinstitucional debido a la presencia de cables eléctricos entre las ramas de los árboles, situación que requiere la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entidad competente en el área. La ejecución de las labores implica cortes programados de electricidad, los cuales deben ser comunicados con antelación mínima a los usuarios afectados, conforme a los protocolos establecidos. Adicionalmente, dada la altura de los árboles, será necesario implementar un cierre parcial de la vía, lo cual debe ser comunicado de forma oportuna a los usuarios. Incluso, podría requerirse un cierre temporal completo durante alguna de las fases de la corta. Cabe señalar que estas observaciones son relevantes, ya que las condiciones actuales hacen que el trabajo de remoción sea complejo, tanto para los usuarios como para el personal encargado de la intervención. En virtud de lo anterior, y con el objetivo de estimar los plazos necesarios para la remoción de los seis árboles identificados, se presenta a continuación la estimación de actividades correspondientes: 4. Cronograma de Intervención – Ruta Nacional 112 El presente cronograma detalla las fases de intervención relacionadas con la remoción preventiva de árboles ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional N.º 112, 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, en San Pablo de Heredia. Estas acciones forman parte de la atención al recurso de amparo expediente N.º 25-008481-0007-CO y se sustentan las consideraciones tomadas posterior a la inspección realizada el 03 de mayo del 2025 (…). En virtud de lo anterior, y considerando el cumplimiento de todas las gestiones y coordinaciones interinstitucionales necesarias, se estima que para el 8 de julio de 2025 se habrá completado la remoción de los árboles señalados, conforme a lo requerido en el recurso presentado por el recurrente”.

En CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el  funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT le indicó a Manuel González Gómez Subdirector a. i. Dirección de Asesoría Jurídica que: “(…) Por el siguiente medio le saludo y con la aprobación del ingeniero Steven Piedra Oviedo, doy respuesta a lo solicitado en el oficio CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Sobre el grupo de árboles referidos en el expediente N° 25-008481-0007-CO de la sala constitucional, recibimos la solicitud de atención por parte del antiguo funcionario de la Municipalidad de San Pablo, [Nombre 005], funcionario del departamento de Gestión Ambiental. En julio del año 2024 se había emitido el informe 21-24 (documento adjunto), en donde se había determinado que los árboles representaban un riesgo por su estado. Los árboles son de la especie Casuarina, la cual los último años se ha visto fuertemente afectada por un vector de enfermedad no identificado, lo cual ha provocado que muchos de estos árboles mueran sobre el derecho de vía de diferentes rutas. Dicho informe fue utilizado para solicitar la corta de los árboles en el oficio DSEC-2024-147 (Documento adjunto), el cual fue trasladado hacia la ingeniera Andrea Madrigal Quesada, encargada de la zona 1-9 de la Gerencia de Conservación del CONAVI, para que esta institución atendiera la solicitud de corta. El oficio DSEC-2024-147 recibió el número de seguimiento el número de seguimiento 20244490D por parte de la ventanilla única de recepción de documentos del CONAVI. Hacemos recordar que es el CONAVI y no el MOPT, es la institución que tiene asignada en su ley de constitución, la atención de labores de conservación de rutas nacionales, siendo la corta de árboles en mal estado en el derecho de vía, parte de las labores de conservación de dicha institución. El 28 de octubre en un correo (Documento adjunto), se le volvió a recordar a la ingeniera Madrigal del CONAVI, la urgencia de la atención de dichos árboles. Con lo anterior damos cuenta de lo actuado por parte de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT) en lo solicitado por parte de la municipalidad de San Pablo de Heredia. Indicamos que en el tiempo sobre todo el proceso, no hemos tenido información sobre el señor [Nombre 001], como para poderle notificar a este lo actuado, ya que el único contacto fue el funcionario de la municipalidad [Nombre 005], quién posteriormente dejo de trabajar para dicha municipalidad. En lo reciente, en marzo del presente año, en la resolución N°2025006205, de la sala constitucional (documento Adjunto), se indicó que el procedimiento correcto para la atención de este tipo de casos, donde medien árboles de los cuales se deba analizar la peligrosidad, es el sumario de derribo. En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto”.

Al respecto, se debe desestimar, en el tanto esta jurisdicción ha señalado que todas aquellas solicitudes para conocer sobre derribo de árboles deben ser conocidas y resueltas finalmente en la vía agraria a través del proceso sumario de derribo. Es decir, dicha evaluación y disposición no queda en manos de esta Sala Constitucional, al ser considerado, entonces, un tema de mera legalidad que escapa del ámbito de sus competencias. En ese particular, en el reciente Voto No. 2025-6205 de las 09:20 hrs. de 28 de febrero de 2025 (en el cual, a su vez, se hace referencia a la Sentencia No. 2024-17568 de 25 de junio de 2024), este Tribunal indicó:

“(…) II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que es propietaria de un lote colindante con la finca matrícula de folio real número 228791-000, ubicada en Quebrada Grande de Liberia, Cantón Liberia, Distrito Mayorga. Explica que, el 11 de septiembre de 2024, remitió una solicitud urgente al jefe de la Oficina Subregional Liberia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para obtener un permiso especial de corta de árboles por seguridad humana. Expone que el árbol en cuestión, de la especie Guanacaste, se encuentra sobre la acera pública frente a su propiedad y que, el 10 de septiembre de 2024, una de sus ramas de gran tamaño cayó dentro de su propiedad. Afirma que por esa acera transitan diariamente muchas personas, incluidos niños, lo que representa un riesgo para la vida de los peatones. Reclama que a la fecha la denuncia no ha sido atendida. Solicita que se ordene al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que, en ejercicio de sus competencias, realice, con carácter de urgencia, la intervención de corta de los árboles peligrosos a través de los contratos de conservación vial, con el fin de garantizar la seguridad humana (…)

III.- ANTECEDENTE. En la resolución del presente caso, tiene especial relevancia lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2024- 2024017568 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, en donde se determinó: IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que en San Antonio de Belén existe desde hace 70 años un árbol de Copey, de los únicos 5 de dicha especie que hay en el cantón, el cual se ubica en un sector cercano al paso de la línea del tren. En ese sentido, mencionan que en setiembre de 2023, un vecino se quejó de la existencia de dicho árbol, por considerar es una amenaza para su propiedad, motivo por el cual se autorizó su tala. Por lo anterior, indica que 40 vecinos remitieron una carta ante las autoridades recurridas para impedir la tala del árbol en cuestión; sin embargo, reclama que fueron informados que las labores de corta inician el 15 de marzo a las 07:00 horas. Estiman que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo juramento por parte de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- y la prueba aportada para la resolución del asunto, se desprende que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles recibió una solicitud de autorización para cortar un árbol, ubicado dentro del derecho de vía del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en el sector de San Antonio de Belén, con la finalidad de solventar la problemática que afecta la vivienda. Para atender dicha solicitud, se observa que tal autoridad procedió a coordinar y a solicitar el criterio técnico de otras autoridades, como lo fueron la Municipalidad de Belén y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En ese sentido, se tiene que las autoridades de la Municipalidad de Belén indicaron lo siguiente: “1. Cuando se realizó el inventario de los árboles del cantón, no se incluyó este árbol, ya que se encuentra en la parte interna de la acera y no afuera, por lo que no se tiene descrito ni analizado. 2. De acuerdo con la información del quejoso, el árbol se encuentra causando daños en techo, canoas y piso de la vivienda en cuestión. 3. Se han realizado varias consultas a tres ingenieros forestales diferentes, quienes recomiendan una poda del 30%, tanto para liberación como para formación, y no la corta; en un ámbito técnico, pero no con análisis territorial, sanitario ni jurídico. 4. El árbol se encuentra con riesgo hacia el tendido eléctrico público. 5. El follaje en apariencia se encuentra ¾ partes encima del techo de la vivienda. 6. Como es de su conocimiento, es una especie nativa y plantada en el sitio desde hace muchos años, que se encuentra dando servicios ecosistémicos en el sector” (el resaltado no pertenece al original). Por su parte, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación informaron lo siguiente: “Descripción de Resultados: 1. Para el día de la Inspección y al momento de la visita se logró observar que la copa del árbol se encuentra en un alto porcentaje sobre el techo de la casa propiedad del Sr. [Nombre 002], no presenta problemas fitosanitarios en el fuste, además presenta raíces fúlcreas, que son propias de la especie, con una inclinación hacia el sur y se encuentra dentro del derecho de vía del INCOFER. 2. Durante el recorrido por el sitio no se observaron Áreas de Protección de Ríos, Quebradas o Nacientes, y el árbol se ubica en terreno de uso agropecuario y sin bosque y la pendiente del terreno es plana entre 1 y 2%. Conclusiones y/o Recomendaciones: Realizada la inspección de campo se recomienda al Sr. Chacón, realizar las gestiones pertinentes ante el INCOFER. Por la situación que se presenta con el árbol y su vivienda, ya que al ubicarse el árbol de Copey dentro del derecho de vía; es esa Institución la que debe tramitar el permiso, ya sea de corta o de poda de dicho árbol. No se ubicó en el inmueble ninguna área de Protección establecida por el artículo 33 de la Ley 7575” (el resaltado no pertenece al original). De otra parte no fue posible demostrar que la Municipalidad de Belén y el SINAC hayan otorgado el permiso de poda o corta del árbol de copey que se ubica en un sector cercano al paso de la línea del tren, por lo que en cuanto a ellos ha de declararse sin lugar el recurso de amparo. Sin embargo, ha quedado demostrado que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), autorizó la tala del citado árbol de copey, mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012- 2024 del 14 de febrero de 2024, y en concreto dichas autoridades resolvió lo siguiente: “En cuanto a la autorización para el retiro del árbol de Copey dentro del derecho de vía férrea, debe contemplar la seguridad de las propiedades colindantes a la ubicación del árbol y de incurrir en cualquier daño a terceros, su representada debe hacerse responsable por los daños ocasionados, así mismo el retiro de todo el material de desecho que se produzca a consecuencia del retiro, será asumido también por ustedes. Se le otorga la autorización para llevar a cabo estos trabajos especiales para los días 15 y 16 marzo 2024 dentro del horario de las 7:00 a.m. hasta las 04:00 p.m” Debe destacarse que en el presente caso, el objeto del proceso se trata de un árbol de Copey que por la gran dimensión que tenía, se alega por el vecino colindante que el mismo debía ser talado por cuanto constituía una amenaza para su vivienda y por tal motivo acudió ante la Municipalidad de Belén y de allí fue remitido al Área de Conservación de Heredia, quien a su vez le direccionó hacia el Instituto Costarricense de Ferrocarriles donde finalmente le otorgaron la autorización de tala dada mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024.- El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones en las que se acusa de peligrosidad, es a través de la vía sumaria de derribo ante sede jurisdiccional, y en el caso de este árbol ubicado en Heredia, se tramitaría ante el Juzgado Agrario de Alajuela. No es corresponde al SINAC ni del INCOFER otorgar permisos de corta o poda de árboles que se consideren ser un peligro para los transeúntes, una amenaza a los derechos del poseedor o sus colindantes, o bien pueda perjudicar bienes públicos, pues ello se tramita en sede jurisdiccional a través del proceso especialmente establecido para casos como el presente. Así está regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil que señala: ARTÍCULO 108.- Sumario de derribo. 108.1 Procedencia y legitimación. El proceso sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda perjudicar bienes públicos. La demanda puede ser establecida por cualquiera que tenga interés. 108.2 Adopción de medidas de seguridad. Presentada la demanda, el tribunal hará un reconocimiento del lugar, con auxilio de peritos si lo estimara conveniente, y dictará las medidas de seguridad que sean necesarias. Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo del dueño del bien ruinoso. En su defecto, suplirá los gastos el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado fuera condenado al pago de las costas.108.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente. Si se ordenara el derribo, aunque fuera recurrida, se podrá practicar inmediatamente la destrucción total o parcial, cuando no sea posible demorar la ejecución sin grave ni inminente riesgo. También se podrán ordenar y ejecutar medidas de seguridad, cuando no se hubieran dispuesto o ejecutado antes. Además, se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios. Como se observa de la normativa transcrita, será mediante este proceso sumario de derribo, aún contra persona indeterminada (por desconocerse quien es el propietario o estar en zona pública), donde se ejercerá de forma amplia el principio del contradictorio para decidir con apoyo pericial forestal y valorando el contexto cultural a la luz de los “hechos técnicos” si es procedente la tala del árbol, o bien si lo que es pertinente son podas parciales períodicas. Será dentro de ese proceso sumario, donde se analizará si se está ante un árbol enfermo o sano, condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si éste representa una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta. Haciendo esa valoración en sede judicial es donde se determinará el destino del árbol cuya intención de corta o poda se solicita por un algún interesado o bien desestimarse la demanda de derribo en caso de determine la importancia de conservación del árbol. Dicha valoración es competencia de la sede jurisdiccional según lo regulado mediante el citado 108, por lo que dicho trámite no es propio se haga en sede administrativa, como erróneamente ha ocurrido en el caso bajo examen, cuando se otorgó el referido permiso de tala dado mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024. Ante ese panorama este es uno de los motivos por lo que es procedente declarar con lugar el recurso por las razones dadas por este Tribunal Constitucional, únicamente para dejar sin efecto la autorización de tala dicha emitida por la Oficina de INCOFER el 14 de febrero de 2024, y que fue revocada en fecha 21 de marzo de 2024. Los árboles como recursos naturales se encuentran regulados, entre otras normas, por la Ley de Biodiversidad, la cual dispone en el inciso 3 del artículo 11 que uno de los criterios de aplicación de esa normativa lo constituye el interés público ambiental. Concretamente, señala la norma: "El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos". Tales aspectos son considerados dentro de un proceso sumario de derribo, al estar de por medio un recurso natural. Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: "En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria". De lo expuesto se concluye, al estarse en presencia de un conflicto en el que se discute el derribo de un árbol que podría ser ruinoso o no, es un reclamo en relación con un recurso natural, el mismo debe resolverse garantizando el principio del contradictorio como en los tribunales agrarios conforme a la normativa citada y no un trámite administrativo, como ha ocurrido en el caso bajo examen, lo que conlleva a dejar sin efecto toda autorización de esa Administración sobre la poda o tala que se emita contra el árbol de copey ubicado 100 sur de Pizza Hut de Belén, Heredia y en concreto se deja sin efecto el oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024, el que fuera suspendido en fecha 19 de marzo 2024. Aunado a lo anterior, el segundo motivo por el cual ha de ser declarado con lugar este recurso de amparo contra INCOFER, es que el 16 de marzo de 2024, se realizó la poda total del árbol en cuestión, la cual quedó al arbitrio del vecino quien había solicitado la tala, puesto que no se estimó el estado fitosanitario del árbol ni su impacto en el entorno. Tampoco se demostró que existiera criterio técnico alguno o una recomendación al respecto de dicha poda, más allá del criterio al que hizo referencia la alcaldesa de Belén, en cuanto a la consulta que realizó ese ente local a tres ingenieros forestales sobre la autorización pedida y que según la alcaldesa se hizo del conocimiento de la Oficina de Heredia del SINAC y no del promovente. No se demostró que el Incofer quien fuera quien otorgó el permiso de corta, realizara algún tipo de fiscalización sobre dicho proceder ni que existiera coordinación alguna a esos efectos; como consecuencia de esas omisiones, se realizó una poda total que dañó gravemente el árbol, según señala la Oficina Subregional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para esta Sala, esas omisiones contrarían gravemente la obligación que tiene el Estado de tomar las medidas necesarias para conservar y preservar el ambiente, lo que se relaciona estrechamente con la necesaria coordinación que se les ha impuesto para garantizar la protección integral del ambiente (véase en este sentido la sentencia No. 010006922 de las 14:35 horas de 16 de abril de 2010). Así las cosas, es evidente que se produjo el agravio reclamado, primero por no observar la competencia y el procedimiento correcto (“sumario de derribo”) para el derribo de árboles que se acusan ser una amenaza, y segundo por no haber dado seguimiento técnico a su errónea autorización de corta del árbol, lo que le generó un deterioro importante. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá respecto al Instituto Nacional de Ferrocarriles”.

IV.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el 12 de septiembre de 2024, la recurrente envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), concretamente a las direcciones [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] y [email protected] una solicitud urgente de valoración e intervención para la corta de los árboles de Guanacaste ubicados en ruta nacional 917, carretera a Dos Ríos de Upala, argumentando peligro inminente para la vida de los vecinos de la comunidad. El 13 de septiembre de 2024, la recurrente recibió respuesta del funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT, quien señaló que es el único encargado de atender este tipo de solicitudes a nivel nacional, por lo que no podría dar una respuesta en un plazo de 10 días y le solicitó fotografías para identificar la especie. El 16 de septiembre de 2024, envió las imágenes requeridas al funcionario Vega Vega Además se constata que el 11 de noviembre de 2024, la recurrente remitió un nuevo correo al ingeniero Mario Vega Vega, del MOPT, a la dirección [email protected], solicitando información sobre el estado de la solicitud. El 12 de noviembre de 2024, el ingeniero Mario Vega Vega le indicó a la recurrente debido a prioridades establecidas por el ministro relacionadas con la ampliación de la ruta 1, Cañas - Barranca, no podría atender la solicitud en un plazo de 15 a 22 días. Añade que en el mensaje se reconoció la preocupación de los vecinos, pero se indicó que no había más personal disponible para atender el caso. En correo enviado el 29 de enero de 2025, la recurrente reitero la denuncia en cuestión al funcionario Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras. Posteriormente, se acredita que en Informe N°11-25 sobre evaluación de árboles en derecho de vía de ruta 917, Quebrada grande de Liberia con fecha 10 de febrero de 2025 suscrito por Mario Alberto Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio recurrido se indica: “Con respecto a la evaluación de un grupo de árboles sobre el derecho de vía de la ruta 917, en Quebrada grande de Liberia, por parte de la señora Marys Palacios, informo: El sector evaluado se ubica en la sección 50352 de la ruta nacional N°917, en el distrito de Mayorga de Liberia, específicamente 1.1 km al este del centro de la comunidad de Quebrada grande. Dicha sección de ruta tiene una longitud total de 7.7 km, con un ancho de derecho de vía de 15.2-22.5 m (7.6- 11.25 m desde el centro de calle). (…) Conclusiones. - Los árboles de Guanacaste, con numeración 1, 4, 5, 6 y 8 presentan deterioro en su estructura, esto por las podas de ramas grandes. - Por las estructuras degradadas, es más factible la caída de ramas, que un volcamiento desde la raíz. - Por ser las estructuras que están más vulnerables, así como el viento imperante en la zona, es más factible la caída de ramas a lo interno de la propiedad, el potrero, que hacia el derecho de vía. - Las casas que se han construido en el lugar, se construyeron ya cuando los árboles eran maduros y habían recibido varias podas. - Dentro del manual de conservación de carreteras, que solo se deben de intervenir árboles cuando estos generan un riesgo. Medidas de Mitigación - Eliminar todos los árboles señalados y aplicar poda al árbol 2. Recomendaciones - Hacia el CONAVI, gestionar la ejecución de las medidas de mitigación señaladas. En virtud de lo anterior, en oficio No. DSEC2025-47 del 10 de febrero de 2025 suscrito por Mario Alberto Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras solicitó a los ingenieros Eddy Baltodano Araya y Gustavo Alvarado Prudente ambos funcionarios de la Gerencia Conservación de Vías y Puentes CONAVI lo siguiente: “Por este medio les saludo y hacemos traslado de la solicitud de corta de un grupo de árboles, ubicados en el derecho de vía de la ruta nacional 917, sección 50352, en el distrito de Mayorga del cantón de Liberia, 1.1 km al este del centro de la comunidad de Quebrada grande. En el informe 11-25, se justifica la viabilidad de corta de los árboles referidos; Para justificar legalmente la corta de los árboles, se deberá aplicar lo dispuesto en la ley N°9789. Según el criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica del MOPT, mediante el oficio DAJ- 2021-4164 (adjunto), al ser esta una labor del CONAVI, corresponderá al Director(a) Ejecutivo en turno de dicha institución hacer la comunicación al SINAC-MINAE. Para esta solicitud en específico se deberá informar al ingeniero Nahuel Flores Bianchi, Jefe de la Oficina Subregional Liberia SINAC, sobre la corta de los 5 árboles referidos, los cuales se ubican en la sección descrita de dicha ruta. Los árboles no se encuentran en ninguna de las áreas de protección descritas en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575; tampoco están dentro de alguna área silvestre protegida, ni corresponden a especies vedadas. Además, indicar en la nota que dichos árboles son requeridos de corta para las labores de conservación de la ruta nacional N°917. Las instalaciones de la oficina subregional de SINAC Liberia se encuentran ubicadas contiguo a las oficinas del ICE en Liberia centro. Asimismo, el correo institucional del ingeniero Flores es [email protected]. Se adjunta informe 11-25”. Lo anterior evidencia que la denuncia interpuesta por la recurrente desde el 12 de septiembre de 2024 fue atendida por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio recurrido con posterioridad a que se le notifico la resolución de curso, lo cual le fue notificada desde el 5 de febrero de 2025. Además, de los informado y de las pruebas que constan en autos no se puede acreditar que las autoridades de la Dirección recurrida hayan notificado una respuesta a la denuncia en cuestión, motivo por el cual en cuanto a tales extremos el recurso debe ser estimado. Por otra parte, se acredita que lo dispuesto en el oficio No. DSEC-2025-47 del 10 de febrero de 2025, no ha sido cumplido por las autoridades del CONAVI, quienes además informaron "que la corta de los árboles debe realizarse mediante un sumario de derribo ante el Juzgado Agrario en los Tribunales de Justicia de Liberia, en caso de proceder. Es mediante este proceso sumario donde se debe analizar si se está ante un árbol enfermo o sano, determinando sus condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si estos representan una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta, lo anterior se encuentra así contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Civil". Si las autoridades del CONAVI consideraron la corta de árboles solicitada no está dentro del supuesto de algún programa de ampliación o mantenimiento de carreteras que contemple eliminación de árboles por parte de algún programa de CONAVI, el procedimiento a seguir para los otros supuestos es a través del proceso sumario de derribo que se tramita en los Juzgados Agrarios. Tal situación es mencionada por el Director Ejecutivo del COSEVI, sin embargo, así debió hacérselo saber al usuario aquí recurrente, para que éste conociera la vía correcta a la que debía acudir para la solicitud de corta de árboles. Tal información no fue proporcionada aun siendo de su conocimiento, por tal motivo en cuanto a esta Dirección debe estimarse el recurso. Aunado a lo anterior, es importante indicar a la amparada, que la vía correcta para la eliminación de árboles que se consideren peligrosos es a través del proceso Sumario de Derribo ante el Juzgado Agrario de Liberia, existiendo la Defensa Pública Agraria gratuita en caso sea persona de escasos recursos. Pues tal como lo indicó la Dirección Ejecutiva del COSEVI, es mediante este proceso sumario donde se debe analizar si se está ante un árbol enfermo o sano, determinando sus condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si estos representan una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta, lo anterior se encuentra así contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Civil. La parte recurrente acudió a la vía equivocada, sin embargo, así debieron habérselo informado por parte de las autoridades recurridas, dándole respuesta pronta debidamente notificada, pero ello no ocurrió. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, como en efecto se ordena. Tome nota la amparada de la vía correcta a la que debe acudir para gestionar el derribo de árboles según se indicó supra. (…)” (El destacado no forma parte del original).

Bajo tal orden de consideraciones y, al no existir, en la especie, motivos que hagan variar lo señalado en los citados precedentes, estos deben ser aplicados en la resolución del presente caso. En tal sentido, se acredita que en el oficio CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el  funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT le indicó a Manuel González Gómez Subdirector a. i. Dirección de Asesoría Jurídica que: “(…) En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto”.  No obstante lo anterior, no consta que las autoridades de la Municipalidad de San Pablo de Heredia o del CONAVI le hayan comunicado formalmente al recurrente que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, tal y como correspondía. En mérito de lo expuesto, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva. (…)”




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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del presente asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de una serie de denuncias para la corta de una serie de árboles que se ubican cerca de su propiedad y que podrían poner en riesgo la salud e integridad de los vecinos que no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VCG06/2025

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Texto de la resolución

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Exp: 25-008481-0007-CO

Res. Nº 2025016121

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], cédula jurídica [Valor 002], contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASPORTES.

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 25 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que  su representada es propietaria del inmueble partido de Heredia folio real número sesenta y ocho mil novecientos catorce, submatrícula cero cero cero. Dicho inmueble está ubicado en Heredia, San Pablo trescientos metros al este del Colegio María Auxiliadora. Esgrime que en el espacio destinado para acera, se encuentran más de cinco árboles, al parecer de la especie pino, con alturas bastante considerables. Con el transcurso del tiempo el gran crecimiento de sus raíces ha afectado toda la acera pública, provocando el levantamiento y desprendimiento de los bloques de concreto. Las raíces de estos árboles crecen en dirección hacia la acera y por ende hacia el límite del inmueble de su representada, lo que ha ocasionado un ladeo de la tapia perimetral, aumentando con ello el riesgo de desplome, de igual manera sus ramas se extienden tanto hacia su propiedad como en dirección a la vía pública, por lo que, ante una eventual caída parcial o total, significaría consecuencias graves a los usuarios o vehículos que circulen por el lugar. Esgrime que es "(...) obligación tanto de la Municipalidad como del MOPT, velar por la plenitud del principio de seguridad Vial ejecutando la corta de estos árboles como medida para reducir el riesgo de lesiones o muertes causas por el efecto que pueda producir la caída de una rama o el mismo árbol. (Ver fotografías adjuntas) TERCERO: Con la intención de resguardar la integridad física de los transeúntes, de los habitantes de las viviendas afectadas o de los conductores de vehículos, así como daños a la propiedad, ante la alta posibilidad de caída de ramas del desprendimiento del muro de contención que continúan las raíces dañando o peor aún el riesgo de caída de un árbol, es de vital importancia que se proceda con la tala total de los mismos. CUARTO: En fecha del 28 de junio del año 2024 se remitió un escrito al departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de San Pablo solicitando precisamente el derribo de los árboles, para lo cual el funcionario [Nombre 005] mediante oficio msphsp-ga-ne-022-2024 contesta que esa responsabilidad recae sobre el MOPT, por estar frente a la ruta nacional 112, si bien es cierto existe una subrogación de competencia por un tramo vial a favor del MOPT, lo cierto es que por el principio de soberanía el Ente rector es la Municipalidad y la ubicación de estos árboles es en la acera y no la vía de circulación vehicular. QUINTO: En aras de dar seguimiento a la gestión, en fecha del 10 de julio del año 2024, se hace entrega de un documento formal dirigido a la alcaldía y concejo municipal respectivamente, manifestando de igual manera lo recabado en este recurso, no obstante, responden evasivos con el mismo alegato, manifestando que es competencia del MOPT la responsabilidad de lo que se ubique en las aceras ubicadas frente a ruta nacional. Estas gestiones al parecer fueron realizadas a partir de junio del 2024, sin embargo, a la fecha los árboles siguen creciendo ocasionando un deterioro progresivo en la acera y en el muro de mi propiedad, además aumentando el riesgo ante el peligro de los eventos antes comentados. SEXTO: Es importante considerar el grado de responsabilidad de la administración en una eventual tragedia que llegue a ocurrir por el desplome de una rama, o del mismo árbol en su totalidad, cuyas autoridades ya siendo advertidas, por negligencia u omisión, evadan el deber de mantener los pasos peatonales libres de todo obstáculo, incluso llegando a cargar innecesariamente un perjuicio económico, sin dejar de lado el daño de la víctima, simplemente por continuar ignorar su responsabilidad ante loque dicta el ordenamiento jurídico. Véase en las imágenes que se aportan el notable desprendimiento que ha ocasionado dichos árboles sobre la acera, tanto, así que en ocasiones se observan a los peatones caminar por la calle ante el peligro de una caída por las piezas de concreto totalmente desprendidas del suelo, esto sin dejar de lado que una persona con una discapacidad no puede circular por ese tramo de acera. SÉPTIMO: Esos árboles están ubicados en una zona residencial que cuenta con numerosas viviendas comparten vecindad con colegios y edificios que imparten las especialidades de la Universidad Nacional, como el de Topografía, en virtud de ello la cantidad de personas que diariamente emplea la acera es notoria, por lo que no es de recibo que el Gobierno Local considere que no es de importancia y haga dilación o negligencia operativa contra la solución de esta incomodidad que puede escalar a daños más severos contra los administrados. OCTAVO: No existe forma alguna que un tercero pueda realizar toda la logística que implica la obra de cortar esos árboles ya que la altura de los mismos imposibilita tal diligencia no solo por los cables de alta tensión que están contiguos a los árboles, sino por la cantidad de tránsito vehicular que circula a todas horas, el cómo desarrollar este derribo de árboles requiere de la participación de varias personas, entidades públicas y equipos especiales para evitar un daño mayor por la falta de planificación a la hora que se ejecute la tala; pero dejar que el tiempo transcurra es quedar a la espera de quien va ser la víctima, teniendo como responsable a la administración por un eventual suceso ocasionado por la omisión de velar por la seguridad de los habitantes de este Cantón. NOVENO: Asimismo, es notorio que una persona que presenta alguna discapacidad (específicamente un transeúnte en silla de ruedas) le sería imposible trasladarse por dicha acera, transgrediendo gravemente el derecho a la igualdad que abriga a estas personas en las tipificaciones normativas que se abundarán en adelante". Agrega que "Conforme lo prevenido, procedo a informar que no existe diligencia alguna ante el Ministerio de Obras Públicas sobre lo pretendido en el recurso incoado, pero dentro de este mismo contexto véase en el elenco probatorio lo que el representante del Ayuntamiento nos comparte en respuesta a la solicitud de derribo de los árboles, nos remite a conversaciones del año 2023, entre la Municipalidad de San Pablo y el MOPT en virtud de la pluralidad de denuncias de otros ciudadanos que no pueden transitar por la acera de marras, los intentos de coordinación entre ambos Entes ha sido infructuosa la Municipalidad en ese momento menciona incluso que se debe coordinar con el SINAC para la aprobación del derribo de los árboles, pero la inoperancia es el común denominador, es irrefutable que el MOPT, tiene conocimiento de las disconformidad de los administrados desde el año 2023 pero al día de hoy ninguno de estos dos actores materializan una solución que elimine las raíces de estos árboles, generadores de obstáculos dentro de la vía pública puntualmente la acera, de lo anterior solicito se adicione esta manifestación a los hechos por ser congruente con la petitoria". Con base en la situación expuesta, estima que con la desidia de las autoridades recurridas, se están vulnerando sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las quince horas treinta y dos minutos del tres de abril de dos mil veinticinco, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 3.- Informa bajo juramento Efraím Zeledón Leiva, en su carácter de Ministro de Obras Públicas y Transportes que mediante Oficio N° CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617, de fecha 10 de abril de 2025, notificada en la misma fecha, la Dirección de Asesoría Jurídica le solicita al señor Steven Piedra Oviedo, Director, Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, proceder a remitir toda la información relativa al caso de marras. Que mediante Oficio N° CARTA-MOPT-DAJ-2025-1618, de fecha 10 de abril de 2025, notificada en la misma fecha, la Dirección de Asesoría Jurídica le solicita al señor Alonso Mora Arroyo, Director a .i., División de Obras Públicas, proceder a remitir toda la información relativa al caso de marras En oficio N° CARTA-MOPT-DSEC-2025-119, de fecha 22 de abril de 2025, el señor Mario Alberto Vega Vega, Regente Forestal, Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, procedió a remitir copia del informe respectivo. En Oficio N° CARTA-MOPT-DVOP-2025-334, de fecha 22 de abril de 2025, el señor Alonso Mora Arroyo, Director a. i. de la División de Obras Públicas, procedió a remitir copia del informe respectivo.

4.- En CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el funcionario Mario Alberto Vega Vega, en su calidad de Director de la  Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras le informó al funcionario Manuel González Gómez, Sub director a. i.  de la Dirección de Asesoría Jurídica, ambos personeros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que por el siguiente medio le saludo y con la aprobación del ingeniero Steven Piedra Oviedo, doy respuesta a lo solicitado en el oficio CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Sobre el grupo de árboles referidos en el expediente N° 25-008481-0007-CO de la Sala Constitucional, recibimos la solicitud de atención por parte del antiguo funcionario de la Municipalidad de San Pablo, [Nombre 005], funcionario del Departamento de Gestión Ambiental. En julio del año 2024 se había emitido el informe 21-24 (documento adjunto), en donde se había determinado que los árboles representaban un riesgo por su estado. Los árboles son de la especie Casuarina, los cuales en los último años se ha visto fuertemente afectada por un vector de enfermedad no identificado, lo cual ha provocado que muchos de estos árboles mueran sobre el derecho de vía de diferentes rutas. Dicho informe fue utilizado para solicitar la corta de los árboles en el oficio DSEC-2024-147 (Documento adjunto), el cual fue trasladado hacia la ingeniera Andrea Madrigal Quesada, encargada de la zona 1-9 de la Gerencia de Conservación del CONAVI, para que esta institución atendiera la solicitud de corta. El oficio DSEC-2024-147 recibió el número de seguimiento el número de seguimiento 20244490D por parte de la ventanilla única de recepción de documentos del CONAVI. Hacemos recordar que es el CONAVI y no el MOPT, es la institución que tiene asignada en su ley de constitución, la atención de labores de conservación de rutas nacionales, siendo la corta de árboles en mal estado en el derecho de vía, parte de las labores de conservación de dicha institución. El 28 de octubre en un correo (Documento adjunto), se le volvió a recordar a la ingeniera Madrigal del CONAVI, la urgencia de la atención de dichos árboles. Con lo anterior damos cuenta de lo actuado por parte de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT) en lo solicitado por parte de la municipalidad de San Pablo de Heredia. Indicamos que en el tiempo sobre todo el proceso, no hemos tenido información sobre el señor [Nombre 001], como para poderle notificar a este lo actuado, ya que el único contacto fue el funcionario de la municipalidad [Nombre 005], quién posteriormente dejo de trabajar para dicha municipalidad. En lo reciente, en marzo del presente año, en la resolución N°2025006205, de la sala constitucional (documento Adjunto), se indicó que el procedimiento correcto para la atención de este tipo de casos, donde medien árboles de los cuales se deba analizar la peligrosidad, es el sumario de derribo. En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto.

5.- En oficio CARTA-MOPT-DVOP-DRI-S1-2025-160 del 22 de abril de 2025, el  Ing. Hugo Chaves Gutiérrez Director Sede 1-1- Colima, le indicó al funcionario Alonso Mora Arroyo, Director General División de Obras Públicas, que  en atención a lo solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica con fecha 10 de abril de 2025, y en cumplimiento de la instrucción emitida por la Sala Constitucional mediante el recurso de amparo expediente N.° 25-008481-0007-CO, en el cual se acogió la gestión planteada por el señor [Nombre 001], me permito remitir el informe DVOP-DRIIRN- 2025-13. En dicha resolución, se ordenó al MOPT remitir información actualizada sobre las acciones realizadas y/o por ejecutar con respecto a la situación planteada en la Ruta Nacional N.°112, donde, según se indica, “el gran crecimiento de raíces ha afectado toda la acera pública, provocando el levantamiento y desprendimiento de los bloques de concreto”. El informe adjunto detalla los resultados de la inspección efectuada el 21 de abril de 2025, así como la secuencia de gestiones realizadas por este Ministerio. En particular, se destaca el envío del oficio DSEC-2024-147, el 1 de julio de 2024, mediante el cual la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras solicitó a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI la solicitud de corta de estos árboles, competencia que recae legalmente en dicha institución como parte de sus funciones de conservación vial. Por lo cual se recomienda consultar con la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI el estado de avance en las gestiones correspondientes. Asimismo, se hace constar que el MOPT no cuenta con un mecanismo específico para notificar al usuario sobre la necesidad de tramitar la denuncia correspondiente mediante un sumario de derribo, tal como lo establece la resolución N.° 2025006205 de la Sala Constitucional.

 6.- Informa bajo juramento Bernardo Porras López, Alcalde Municipal y Yohan Granda Monge, en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de San Pablo de Heredia que el Departamento de Gestión Ambiental de este Gobierno Local, la Ing. Natalia Picado Arias, responsable de esa dependencia, señaló en el oficio MSPH-SP-DGA-NE-18-2025, todas las actuaciones que esta institución ha generado en pro de velar por la ejecución efectiva de actos encaminados a resolver las inquietudes inmersas en el recurso de marras, denótese que ha habido visitas en el sitio, emisión de informes del estado de las casuarinas, impulso procesal entre instituciones para endilgar las responsabilidades a las autoridades competentes, entre otros actos, no obstante, como se prueba en documentos adjuntos al estar ubicados esos ¨individuos¨ en jurisdicción que le compete al CONAVI, se encuentra limitada esta representación a intervenir la corta pretendida.  Claro está que ese sector (particularmente la acera se encuentra intransitable y ello es un asunto que debe atenderse), más sin embargo; existe un conflicto competencial al acentuar su ubicación, por ende, a pesar de que hemos hecho lo humana y técnica posible para que el MOPT o CONAVI asuma su responsabilidad para la corta, ello ha sido imposible.  Inclusive en la última comunicación que se logró generar con personeros del MOPT literalmente y vía correo electrónico se nos indicó: “Paralelamente, Según la resolución N°2025006205, de la sala constitucional, solicitamos a ustedes quienes tienen información del usuario, que se le debe indicar a este que tiene que tramitar su denuncia a través de un sumario de derribo. Hay una consulta en trámite de la sala constitucional tanto para el MOPT, así como para la municipalidad, sobre este caso, por lo que lo más conveniente es que se le indique al usuario sobre el trámite del sumario de derribo, esto antes de dar respuesta a la sala cuarta”, por lo qué; lo procedente en ese caso no es que el recurrente acuda a esta vía argumentando violación a sus derechos fundamentales, a contrario sensu, lo correspondiente sería que el interesado acuda a la vía administrativa-civil a tramitar el interdicto de derribo.

7.- Informa bajo juramento Mauricio Sojo Quesada, en su condición de Director Ejecutivo a. i. del Consejo Nacional de Vialidad, que en acatamiento a lo solicitado por esta Honorable Sala, el Consejo Nacional de Vialidad, solicitó a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad, la emisión de informe técnico, dentro de las competencias de estos que permitiera atender el presente recurso.  La Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI emite el documento CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) de fecha 04 de mayo del 2025, en el que se atiende lo consultado en relación al recurso de Amparo 25-008481-0007-CO, en relación a sus competencias. La Gerencia de Asuntos Jurídicos, de CONAVI, solicita aclaración sobre algunos puntos del informe, motivo por el cual, posteriormente, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, emiten el documento CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0610 (0259), de fecha 05 de mayo del 2025.  La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el primer documento que emite, CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) de fecha 04 de mayo del 2025, señala, que, se atiende lo consultado en relación al recurso de Amparo 25-008481-0007-CO, se presenta informe sobre la atención brindada y el avance de las gestiones correspondientes que solventaran la necesidad que generó el presente recurso.  La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes establece, que, el 03 de mayo del 2025, se procede a revisar las condiciones del sito, con la finalidad de proceder con lo requerido en el informe “21-24 sobre evolución de árboles en derecho de vía de ruta 112, San Pablo de Heredia”, emitido por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, de la inspección realizada por la Gerencia de Conservación del CONAVI, se indican con acciones realizadas, las siguientes observaciones:  “1. Se identificaron seis árboles con alturas estimadas entre 20 y 25 metros, los cuales han sido marcados del 1 al 6 mediante señalización con pintura roja, conforme a lo establecido en el Informe N.º 21-24, elaborado por el Ing. Mario Vega Vega, referente a la evaluación del arbolado ubicado en el derecho de vía.  2. Uno de los árboles presenta un cable tensora incrustado en su fuste, el cual está vinculado a un poste de servicios públicos.  3. El tendido eléctrico visible incluye líneas de energía que abastecen una vivienda aledaña, así como cables de fibra óptica.  4. Los cables comprometidos se encuentran únicamente en el mismo costado de la vía donde se ubican los árboles, sin afectar de forma directa el resto de la infraestructura ubicada al lado opuesto de la calzada.  5. El poste de servicios públicos involucrado pertenece a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); en consecuencia, cualquier intervención sobre el arbolado que implique manipulación del tendido eléctrico debe ser coordinada directamente con dicha 07 de mayo de 2025. entidad, especialmente en lo referente a los cortes temporales de suministro eléctrico, con el fin de garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para terceros durante las labores de remoción.”  Se incorpora una serie de imágenes, que respaldan los descubrimientos obtenidos al realizar la inspección el 03 de mayo del 2025.De las imágenes anteriormente expuestas, obtenidas en la inspección realizada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, se determina la necesidad de una coordinación interinstitucional, al requerirse la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entidad competente en el área, debido a la presencia de cables eléctricos entre las ramas de los árboles, además, como se indica en el informe técnico del 04 de mayo, la ejecución de las labores implica cortes programados de electricidad, los cuales deberán ser comunicados con antelación a los usuarios afectados, conforme a los protocolos establecidos, previniendo una afectación mínima en el servicio. Asimismo, en el informe CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259), se contemplan otros factores a tener en consideración al realizar las gestiones pertinentes, dentro de las que se indica, se encuentra: “… un cierre temporal completo durante alguna de las fases de la corta. Cabe señalar que estas observaciones son relevantes, ya que las condiciones actuales hacen que el trabajo de remoción sea complejo, tanto para los usuarios como para el personal encargado de la intervención.”  La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes con la finalidad de establecer trazabilidad y transparencia de lo actuado por esta Administración, estima los plazos necesarios para la remoción de los 6 árboles identificados, en el que se detalla las fases de intervención, sustentando las consideraciones tomadas, posterior a la inspección realizada el 03 de mayo, del 2025. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, en el informe CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) presenta un cronograma con las actividades anteriormente señaladas. Por consiguiente, se observa, que conforme al cronograma desarrollado por Conservación de Vías y puentes del CONAVI, para el mes de julio del presente año, se estima que se haya cumplido y completado con la remoción de los árboles.  En cuanto a la decisión de la eliminación de los árboles, se solicita a la Gerencia de Conservación de Vías y puentes del CONAVI ampliar y brindar detalle que justifique esta decisión, por lo que amplían la información en el documento CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0610 (0259), que:  “La necesidad justificada está amparada en el criterio técnico del ingeniero forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, ente competente en el área, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes no tiene competencia para refutar el criterio de un ingeniero forestal. Se adjunta Informe N°21-24.” En el informe “21-24 sobre evolución de árboles en derecho de vía de ruta 112, San Pablo de Heredia” el cual consta en autos y se nos anexo en el documento CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0610 (0259), señala lo siguiente:  “muchos árboles de la especie Casuarina han sido afectados por un vector de enfermedad no identificado, lo cual ha provocado que su estabilidad se vea mermada. Todos los árboles se encuentran en una condición de riesgo.”  Dicha especie mencionada, son el objeto en controversia en el presente recurso, por consiguiente al hacer la evaluación se indica que se debe tener como consideración de riesgo que es una “Especie con historial de volcamientos, por afectación de vector de enfermedad que afecta todos los árboles de la especie”, por lo que la medida de mitigación es la eliminación, señalado así, en el informe “21-24 sobre evolución de árboles en derecho de vía de ruta 112, San Pablo de Heredia”, en el cual se termina concluyendo y recomendando lo siguiente:  “Los árboles generan incertidumbre sobre su estabilidad. En la misma especie se encuentran árboles con serios problemas de podredumbre.  (…)  Hacia el CONAVI, gestionar la eliminación de los árboles del informe del derecho de vía.”  Lo anterior conforme a lo establecido en la Ley 9789, Ley de Eficiencia en la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de la red vial cantonal y nacional, en el artículo 2 bis, se indica, lo siguiente:  “Artículo 2 bis- Los entes públicos competentes para la ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal o nacional existente tendrán la potestad para remover en virtud del interés público, sin previa autorización de las instancias competentes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), todo obstáculo, situado en el derecho de vía legalmente constituido, sin que ello signifique transgresión a la normativa ambiental; lo anterior, siempre que el derecho de vía se encuentre localizado fuera de áreas de protección y áreas silvestres protegidas o cuando se trate de árboles vedados…”  Conforme a lo planteado anteriormente, se consigna que es competencia de este Consejo el llevar a cabo la eliminación de los árboles, este Consejo, actualmente, como se demuestra en los informes técnicos, se encuentra atendiendo la gestión conforme a derecho la gestión.  Así mismo, y considerando las gestiones y coordinaciones que el CONAVI debe realizar, se estima que, para el mes de julio del presente año, se haya cumplido y completado con la remoción de los árboles señalados en el informe “21-24 sobre evolución de árboles en derecho de vía de ruta 112, San Pablo de Heredia”, emitido por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras.

8.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. De previo a analizar el fondo del presente asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545, de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción -respaldado por la mayoría de este Tribunal Constitucional-, pues, se está ante la formulación de una serie de denuncias para la corta de una serie de árboles que se ubican cerca de su propiedad y que podrían poner en riesgo la salud e integridad de los vecinos que no han sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.             

II.- OBJETO DEL RECURSO. El  recurrente manifiesta que  su representada es propietaria del inmueble partido de Heredia folio real número sesenta y ocho mil novecientos catorce, submatrícula cero cero cero. Dicho inmueble está ubicado en Heredia, San Pablo trescientos metros al este del Colegio María Auxiliadora. Esgrime que en el espacio destinado para acera, se encuentran más de cinco árboles, al parecer de la especie pino, con alturas bastante considerables, los cuales con el transcurso del tiempo el gran crecimiento de sus raíces ha afectado toda la acera pública, provocando el levantamiento y desprendimiento de los bloques de concreto. Las raíces de estos árboles crecen en dirección hacia la acera y por ende hacia el límite del inmueble de su representada, lo que ha ocasionado un ladeo de la tapia perimetral, aumentando con ello el riesgo de desplome, de igual manera sus ramas se extienden tanto hacia su propiedad como en dirección a la vía pública, por lo que, ante una eventual caída parcial o total, significaría consecuencias graves a los usuarios o vehículos que circulen por el lugar. En virtud de lo anterior, en fecha del 28 de junio del año 2024 se remitió un escrito al departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de San Pablo solicitando precisamente el derribo de los árboles, para lo cual el funcionario [Nombre 005] mediante oficio msphsp-ga-ne-022-2024 contesta que esa responsabilidad recae sobre el MOPT, por estar frente a la ruta nacional 112, si bien es cierto existe una subrogación de competencia por un tramo vial a favor del MOPT, lo cierto es que por el principio de soberanía el Ente rector es la Municipalidad y la ubicación de estos árboles es en la acera y no la vía de circulación vehicular. QUINTO: En aras de dar seguimiento a la gestión, en fecha del 10 de julio del año 2024, se hace entrega de un documento formal dirigido a la alcaldía y concejo municipal respectivamente, manifestando de igual manera lo recabado en este recurso, no obstante, responden evasivos con el mismo alegato, manifestando que es competencia del MOPT la responsabilidad de lo que se ubique en las aceras ubicadas frente a ruta nacional. Estas gestiones al parecer fueron realizadas a partir de junio del 2024, sin embargo, a la fecha los árboles siguen creciendo, ocasionando un deterioro progresivo en la acera y en el muro de su propiedad. Estima que con la desidia de las autoridades recurridas, se están vulnerando sus derechos fundamentales.

III.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

a)     Por escrito con fecha recibido 28 de abril de 2024, el recurrente presentó ante la Municipalidad de San Pablo de Heredia a fin de que se derriben una serie de árboles que se encentra en el derecho de vía contiguo a su propiedad. Que la fuerza de crecimiento de los árboles de pino ha afectado considerablemente la tapia de su propiedad y la acera pública, generando una inclinación del muro hacia la acera. Con la intención de evitar un daño gravoso a futuro en las edificaciones existentes no solo en su propiedad, sino también en las colindantes e incluso resguardar la integridad física del transeúnte, con la posible caída de ramas y desprendimiento del muro, solicita que se proceda a la corta de dichos árboles como medida preventiva. Lo anterior, fue reiterado por la parte recurrente por escrito con fecha de recibido 10 de julio de 2024 presentado ante el  Alcalde y el Presidente Consejo Municipal de la Municipalidad recurrida (expediente digital).

b)    En oficio No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 del 28 de junio de 2024, el Departamento de Gestión Ambiental le informó al recurrente: “(…) en relación a la solicitud de corta de los árboles ubicados en la ruta nacional 112 a la altura del restaurante Ajúa. En octubre de 2023, gestionamos una visita con el MOPT para evaluar las condiciones de los árboles y determina su poda. Esta gestión se realizó mediante correo electrónico, adjuntando fotografía proporcionadas por el Departamento de Gestión Ambiental. El encargado del MOPT indicó que por motivos ajenos no se pudo concretar la visita conjunta. Hasta el momento no han recibido respuesta del MOPT. La solicitud de esa visita se realizó inicialmente porque al tratante de árboles ubicados en el derecho de vía de rutas nacionales, solo el MOPT o el CONAVI pueden gestionar la corta de árboles, conforme al artículo 28 de la Ley No. 9789. Lo anterior, le fue reiterado a la parte recurrente en oficio  MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 del 22 de julio 2024 emitido por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad recurrida (expediente digital).

c)     En oficio CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) el 04 de abril de 2025, suscrito por los funcionarios Andrea Madrigal Quesada,  Ingeniera de Zona 1-9 Heredia y Luis Antonio Alvarado Arce, en su calidad de Director de la Región Central, ambos funcionarios de la  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Viabilidad le indicaron a  Carlos Vega Segura Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo siguiente: “Se informa que se procedió a revisar la información aportada y como resultado se aporta el presente informe técnico de atención. Recurrente: [Nombre 001] Ubicación: 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, Ruta Nacional 112, sección de control 40151. 1. Acciones realizadas: El 03 de mayo del 2025, se revisaron las condiciones del sitio a fin de gestionar todo lo correspondiente para realizar la remoción de árboles requerida en el Informe N°21-24, de dicha inspección se realizan las siguientes observaciones: 1. Se identificaron seis árboles con alturas estimadas entre 20 y 25 metros, los cuales han sido marcados del 1 al 6 mediante señalización con pintura roja, conforme a lo establecido en el Informe N.º 21-24, elaborado por el Ing. Mario Vega Vega, referente a la evaluación del arbolado ubicado en el derecho de vía. 2. Uno de los árboles presenta un cable tensora incrustado en su fuste, el cual está vinculado a un poste de servicios públicos. 3. El tendido eléctrico visible incluye líneas de energía que abastecen una vivienda aledaña, así como cables de fibra óptica. 4. Los cables comprometidos se encuentran únicamente en el mismo costado de la vía donde se ubican los árboles, sin afectar de forma directa el resto de la infraestructura ubicada al lado opuesto de la calzada. 5. El poste de servicios públicos involucrado pertenece a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); en consecuencia, cualquier intervención sobre el arbolado que implique manipulación del tendido eléctrico debe ser coordinada directamente con dicha entidad, especialmente en lo referente a los cortes temporales de suministro eléctrico, con el fin de garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para terceros durante las labores de remoción. 3. Estado actual de la gestión: Posterior a la inspección realizada, se determinó la necesidad de una coordinación interinstitucional debido a la presencia de cables eléctricos entre las ramas de los árboles, situación que requiere la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entidad competente en el área. La ejecución de las labores implica cortes programados de electricidad, los cuales deben ser comunicados con antelación mínima a los usuarios afectados, conforme a los protocolos establecidos. Adicionalmente, dada la altura de los árboles, será necesario implementar un cierre parcial de la vía, lo cual debe ser comunicado de forma oportuna a los usuarios. Incluso, podría requerirse un cierre temporal completo durante alguna de las fases de la corta. Cabe señalar que estas observaciones son relevantes, ya que las condiciones actuales hacen que el trabajo de remoción sea complejo, tanto para los usuarios como para el personal encargado de la intervención. En virtud de lo anterior, y con el objetivo de estimar los plazos necesarios para la remoción de los seis árboles identificados, se presenta a continuación la estimación de actividades correspondientes: 4. Cronograma de Intervención – Ruta Nacional 112 El presente cronograma detalla las fases de intervención relacionadas con la remoción preventiva de árboles ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional N.º 112, 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, en San Pablo de Heredia. Estas acciones forman parte de la atención al recurso de amparo expediente N.º 25-008481-0007-CO y se sustentan las consideraciones tomadas posterior a la inspección realizada el 03 de mayo del 2025 (…). En virtud de lo anterior, y considerando el cumplimiento de todas las gestiones y coordinaciones interinstitucionales necesarias, se estima que para el 8 de julio de 2025 se habrá completado la remoción de los árboles señalados, conforme a lo requerido en el recurso presentado por el recurrente” (expediente digital).

d)    En CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el  funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT le indicó a Manuel González Gómez Subdirector a. i. Dirección de Asesoría Jurídica que: “(…) Por el siguiente medio le saludo y con la aprobación del ingeniero Steven Piedra Oviedo, doy respuesta a lo solicitado en el oficio CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Sobre el grupo de árboles referidos en el expediente N° 25-008481-0007-CO de la sala constitucional, recibimos la solicitud de atención por parte del antiguo funcionario de la Municipalidad de San Pablo, [Nombre 005], funcionario del departamento de Gestión Ambiental. En julio del año 2024 se había emitido el informe 21-24 (documento adjunto), en donde se había determinado que los árboles representaban un riesgo por su estado. Los árboles son de la especie Casuarina, la cual los último años se ha visto fuertemente afectada por un vector de enfermedad no identificado, lo cual ha provocado que muchos de estos árboles mueran sobre el derecho de vía de diferentes rutas. Dicho informe fue utilizado para solicitar la corta de los árboles en el oficio DSEC-2024-147 (Documento adjunto), el cual fue trasladado hacia la ingeniera Andrea Madrigal Quesada, encargada de la zona 1-9 de la Gerencia de Conservación del CONAVI, para que esta institución atendiera la solicitud de corta. El oficio DSEC-2024-147 recibió el número de seguimiento el número de seguimiento 20244490D por parte de la ventanilla única de recepción de documentos del CONAVI. Hacemos recordar que es el CONAVI y no el MOPT, es la institución que tiene asignada en su ley de constitución, la atención de labores de conservación de rutas nacionales, siendo la corta de árboles en mal estado en el derecho de vía, parte de las labores de conservación de dicha institución. El 28 de octubre en un correo (Documento adjunto), se le volvió a recordar a la ingeniera Madrigal del CONAVI, la urgencia de la atención de dichos árboles. Con lo anterior damos cuenta de lo actuado por parte de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT) en lo solicitado por parte de la municipalidad de San Pablo de Heredia. Indicamos que en el tiempo sobre todo el proceso, no hemos tenido información sobre el señor [Nombre 001], como para poderle notificar a este lo actuado, ya que el único contacto fue el funcionario de la municipalidad [Nombre 005], quién posteriormente dejo de trabajar para dicha municipalidad. En lo reciente, en marzo del presente año, en la resolución N°2025006205, de la sala constitucional (documento Adjunto), se indicó que el procedimiento correcto para la atención de este tipo de casos, donde medien árboles de los cuales se deba analizar la peligrosidad, es el sumario de derribo. En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto” (expediente digital).

IV.- HECHO NO PROBADO: No se tiene como debidamente demostrado el siguiente hecho: Único.- Que las autoridades de la Municipalidad de San Pablo de Heredia o del CONAVI le hayan comunicado formalmente al recurrente que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo.

V.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que en escrito con fecha recibido 28 de abril de 2024, el recurrente presentó ante la Municipalidad de San Pablo de Heredia a fin de que se derriben una serie de árboles que se encentra en el derecho de vía contiguo a su propiedad. Que la fuerza de crecimiento de los árboles de pino ha afectado considerablemente la tapia de su propiedad y la acera pública, generando una inclinación del muro hacia la acera. Con la intención de evitar un daño gravoso a futuro en las edificaciones existentes no solo en su propiedad, sino también en las colindantes e incluso resguardar la integridad física del transeúnte, con la posible caída de ramas y desprendimiento del muro, solicita que se proceda a la corta de dichos árboles como medida preventiva. Lo anterior, fue reiterado por la parte recurrente por escrito con fecha de recibido 10 de julio de 2024 presentado ante el  Alcalde y el Presidente Consejo Municipal de la Municipalidad recurrida. En oficio No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 del 28 de junio de 2024, el Departamento de Gestión Ambiental le informó al recurrente: “(…) en relación a la solicitud de corta de los árboles ubicados en la ruta nacional 112 a la altura del restaurante Ajúa. En octubre de 2023, gestionamos una visita con el MOPT para evaluar las condiciones de los árboles y determina su poda. Esta gestión se realizó mediante correo electrónico, adjuntando fotografía proporcionadas por el Departamento de Gestión Ambiental. El encargado del MOPT indicó que por motivos ajenos no se pudo concretar la visita conjunta. Hasta el momento no han recibido respuesta del MOPT. La solicitud de esa visita se realizó inicialmente porque al tratante de árboles ubicados en el derecho de vía de rutas nacionales, solo el MOPT o el CONAVI pueden gestionar la corta de árboles, conforme al artículo 28 de la Ley No. 9789. Lo anterior, le fue reiterado a la parte recurrente en oficio  MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 del 22 de julio 2024 emitido por el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad recurrida. Por otra parte, se acredita que en oficio CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) el 04 de abril de 2025, suscrito por los funcionarios Andrea Madrigal Quesada, Ingeniera de Zona 1-9 Heredia y Luis Antonio Alvarado Arce, en su calidad de Director de la Región Central, ambos funcionarios de la  Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Viabilidad le indicaron a  Carlos Vega Segura Gerente de Gestión de Asuntos Jurídicos Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), lo siguiente: “Se informa que se procedió a revisar la información aportada y como resultado se aporta el presente informe técnico de atención. Recurrente: [Nombre 001] Ubicación: 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, Ruta Nacional 112, sección de control 40151. 1. Acciones realizadas: El 03 de mayo del 2025, se revisaron las condiciones del sitio a fin de gestionar todo lo correspondiente para realizar la remoción de árboles requerida en el Informe N°21-24, de dicha inspección se realizan las siguientes observaciones: 1. Se identificaron seis árboles con alturas estimadas entre 20 y 25 metros, los cuales han sido marcados del 1 al 6 mediante señalización con pintura roja, conforme a lo establecido en el Informe N.º 21-24, elaborado por el Ing. Mario Vega Vega, referente a la evaluación del arbolado ubicado en el derecho de vía. 2. Uno de los árboles presenta un cable tensora incrustado en su fuste, el cual está vinculado a un poste de servicios públicos. 3. El tendido eléctrico visible incluye líneas de energía que abastecen una vivienda aledaña, así como cables de fibra óptica. 4. Los cables comprometidos se encuentran únicamente en el mismo costado de la vía donde se ubican los árboles, sin afectar de forma directa el resto de la infraestructura ubicada al lado opuesto de la calzada. 5. El poste de servicios públicos involucrado pertenece a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); en consecuencia, cualquier intervención sobre el arbolado que implique manipulación del tendido eléctrico debe ser coordinada directamente con dicha entidad, especialmente en lo referente a los cortes temporales de suministro eléctrico, con el fin de garantizar condiciones de seguridad tanto para los operarios como para terceros durante las labores de remoción. 3. Estado actual de la gestión: Posterior a la inspección realizada, se determinó la necesidad de una coordinación interinstitucional debido a la presencia de cables eléctricos entre las ramas de los árboles, situación que requiere la intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), entidad competente en el área. La ejecución de las labores implica cortes programados de electricidad, los cuales deben ser comunicados con antelación mínima a los usuarios afectados, conforme a los protocolos establecidos. Adicionalmente, dada la altura de los árboles, será necesario implementar un cierre parcial de la vía, lo cual debe ser comunicado de forma oportuna a los usuarios. Incluso, podría requerirse un cierre temporal completo durante alguna de las fases de la corta. Cabe señalar que estas observaciones son relevantes, ya que las condiciones actuales hacen que el trabajo de remoción sea complejo, tanto para los usuarios como para el personal encargado de la intervención. En virtud de lo anterior, y con el objetivo de estimar los plazos necesarios para la remoción de los seis árboles identificados, se presenta a continuación la estimación de actividades correspondientes: 4. Cronograma de Intervención – Ruta Nacional 112 El presente cronograma detalla las fases de intervención relacionadas con la remoción preventiva de árboles ubicados en el derecho de vía de la Ruta Nacional N.º 112, 300 metros al este del Colegio María Auxiliadora, en San Pablo de Heredia. Estas acciones forman parte de la atención al recurso de amparo expediente N.º 25-008481-0007-CO y se sustentan las consideraciones tomadas posterior a la inspección realizada el 03 de mayo del 2025 (…). En virtud de lo anterior, y considerando el cumplimiento de todas las gestiones y coordinaciones interinstitucionales necesarias, se estima que para el 8 de julio de 2025 se habrá completado la remoción de los árboles señalados, conforme a lo requerido en el recurso presentado por el recurrente”.

En CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el  funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT le indicó a Manuel González Gómez Subdirector a. i. Dirección de Asesoría Jurídica que: “(…) Por el siguiente medio le saludo y con la aprobación del ingeniero Steven Piedra Oviedo, doy respuesta a lo solicitado en el oficio CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Sobre el grupo de árboles referidos en el expediente N° 25-008481-0007-CO de la sala constitucional, recibimos la solicitud de atención por parte del antiguo funcionario de la Municipalidad de San Pablo, [Nombre 005], funcionario del departamento de Gestión Ambiental. En julio del año 2024 se había emitido el informe 21-24 (documento adjunto), en donde se había determinado que los árboles representaban un riesgo por su estado. Los árboles son de la especie Casuarina, la cual los último años se ha visto fuertemente afectada por un vector de enfermedad no identificado, lo cual ha provocado que muchos de estos árboles mueran sobre el derecho de vía de diferentes rutas. Dicho informe fue utilizado para solicitar la corta de los árboles en el oficio DSEC-2024-147 (Documento adjunto), el cual fue trasladado hacia la ingeniera Andrea Madrigal Quesada, encargada de la zona 1-9 de la Gerencia de Conservación del CONAVI, para que esta institución atendiera la solicitud de corta. El oficio DSEC-2024-147 recibió el número de seguimiento el número de seguimiento 20244490D por parte de la ventanilla única de recepción de documentos del CONAVI. Hacemos recordar que es el CONAVI y no el MOPT, es la institución que tiene asignada en su ley de constitución, la atención de labores de conservación de rutas nacionales, siendo la corta de árboles en mal estado en el derecho de vía, parte de las labores de conservación de dicha institución. El 28 de octubre en un correo (Documento adjunto), se le volvió a recordar a la ingeniera Madrigal del CONAVI, la urgencia de la atención de dichos árboles. Con lo anterior damos cuenta de lo actuado por parte de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT (DSEC-MOPT) en lo solicitado por parte de la municipalidad de San Pablo de Heredia. Indicamos que en el tiempo sobre todo el proceso, no hemos tenido información sobre el señor [Nombre 001], como para poderle notificar a este lo actuado, ya que el único contacto fue el funcionario de la municipalidad [Nombre 005], quién posteriormente dejo de trabajar para dicha municipalidad. En lo reciente, en marzo del presente año, en la resolución N°2025006205, de la sala constitucional (documento Adjunto), se indicó que el procedimiento correcto para la atención de este tipo de casos, donde medien árboles de los cuales se deba analizar la peligrosidad, es el sumario de derribo. En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto”. 

Al respecto, se debe desestimar, en el tanto esta jurisdicción ha señalado que todas aquellas solicitudes para conocer sobre derribo de árboles deben ser conocidas y resueltas finalmente en la vía agraria a través del proceso sumario de derribo. Es decir, dicha evaluación y disposición no queda en manos de esta Sala Constitucional, al ser considerado, entonces, un tema de mera legalidad que escapa del ámbito de sus competencias. En ese particular, en el reciente Voto No. 2025-6205 de las 09:20 hrs. de 28 de febrero de 2025 (en el cual, a su vez, se hace referencia a la Sentencia No. 2024-17568 de 25 de junio de 2024), este Tribunal indicó:

“(…) II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que es propietaria de un lote colindante con la finca matrícula de folio real número 228791-000, ubicada en Quebrada Grande de Liberia, Cantón Liberia, Distrito Mayorga. Explica que, el 11 de septiembre de 2024, remitió una solicitud urgente al jefe de la Oficina Subregional Liberia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para obtener un permiso especial de corta de árboles por seguridad humana. Expone que el árbol en cuestión, de la especie Guanacaste, se encuentra sobre la acera pública frente a su propiedad y que, el 10 de septiembre de 2024, una de sus ramas de gran tamaño cayó dentro de su propiedad. Afirma que por esa acera transitan diariamente muchas personas, incluidos niños, lo que representa un riesgo para la vida de los peatones. Reclama que a la fecha la denuncia no ha sido atendida. Solicita que se ordene al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que, en ejercicio de sus competencias, realice, con carácter de urgencia, la intervención de corta de los árboles peligrosos a través de los contratos de conservación vial, con el fin de garantizar la seguridad humana (…)

III.- ANTECEDENTE. En la resolución del presente caso, tiene especial relevancia lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2024- 2024017568 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, en donde se determinó: IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, los recurrentes manifiestan que en San Antonio de Belén existe desde hace 70 años un árbol de Copey, de los únicos 5 de dicha especie que hay en el cantón, el cual se ubica en un sector cercano al paso de la línea del tren. En ese sentido, mencionan que en setiembre de 2023, un vecino se quejó de la existencia de dicho árbol, por considerar es una amenaza para su propiedad, motivo por el cual se autorizó su tala. Por lo anterior, indica que 40 vecinos remitieron una carta ante las autoridades recurridas para impedir la tala del árbol en cuestión; sin embargo, reclama que fueron informados que las labores de corta inician el 15 de marzo a las 07:00 horas. Estiman que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, del análisis de los informes rendidos bajo juramento por parte de las autoridades recurridas -que se tienen dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional- y la prueba aportada para la resolución del asunto, se desprende que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles recibió una solicitud de autorización para cortar un árbol, ubicado dentro del derecho de vía del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, en el sector de San Antonio de Belén, con la finalidad de solventar la problemática que afecta la vivienda. Para atender dicha solicitud, se observa que tal autoridad procedió a coordinar y a solicitar el criterio técnico de otras autoridades, como lo fueron la Municipalidad de Belén y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En ese sentido, se tiene que las autoridades de la Municipalidad de Belén indicaron lo siguiente: “1. Cuando se realizó el inventario de los árboles del cantón, no se incluyó este árbol, ya que se encuentra en la parte interna de la acera y no afuera, por lo que no se tiene descrito ni analizado. 2. De acuerdo con la información del quejoso, el árbol se encuentra causando daños en techo, canoas y piso de la vivienda en cuestión. 3. Se han realizado varias consultas a tres ingenieros forestales diferentes, quienes recomiendan una poda del 30%, tanto para liberación como para formación, y no la corta; en un ámbito técnico, pero no con análisis territorial, sanitario ni jurídico. 4. El árbol se encuentra con riesgo hacia el tendido eléctrico público. 5. El follaje en apariencia se encuentra ¾ partes encima del techo de la vivienda. 6. Como es de su conocimiento, es una especie nativa y plantada en el sitio desde hace muchos años, que se encuentra dando servicios ecosistémicos en el sector” (el resaltado no pertenece al original). Por su parte, las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación informaron lo siguiente: “Descripción de Resultados: 1. Para el día de la Inspección y al momento de la visita se logró observar que la copa del árbol se encuentra en un alto porcentaje sobre el techo de la casa propiedad del Sr. [Nombre 002], no presenta problemas fitosanitarios en el fuste, además presenta raíces fúlcreas, que son propias de la especie, con una inclinación hacia el sur y se encuentra dentro del derecho de vía del INCOFER. 2. Durante el recorrido por el sitio no se observaron Áreas de Protección de Ríos, Quebradas o Nacientes, y el árbol se ubica en terreno de uso agropecuario y sin bosque y la pendiente del terreno es plana entre 1 y 2%. Conclusiones y/o Recomendaciones: Realizada la inspección de campo se recomienda al Sr. Chacón, realizar las gestiones pertinentes ante el INCOFER. Por la situación que se presenta con el árbol y su vivienda, ya que al ubicarse el árbol de Copey dentro del derecho de vía; es esa Institución la que debe tramitar el permiso, ya sea de corta o de poda de dicho árbol. No se ubicó en el inmueble ninguna área de Protección establecida por el artículo 33 de la Ley 7575” (el resaltado no pertenece al original). De otra parte no fue posible demostrar que la Municipalidad de Belén y el SINAC hayan otorgado el permiso de poda o corta del árbol de copey que se ubica en un sector cercano al paso de la línea del tren, por lo que en cuanto a ellos ha de declararse sin lugar el recurso de amparo. Sin embargo, ha quedado demostrado que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), autorizó la tala del citado árbol de copey, mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012- 2024 del 14 de febrero de 2024, y en concreto dichas autoridades resolvió lo siguiente: “En cuanto a la autorización para el retiro del árbol de Copey dentro del derecho de vía férrea, debe contemplar la seguridad de las propiedades colindantes a la ubicación del árbol y de incurrir en cualquier daño a terceros, su representada debe hacerse responsable por los daños ocasionados, así mismo el retiro de todo el material de desecho que se produzca a consecuencia del retiro, será asumido también por ustedes. Se le otorga la autorización para llevar a cabo estos trabajos especiales para los días 15 y 16 marzo 2024 dentro del horario de las 7:00 a.m. hasta las 04:00 p.m” Debe destacarse que en el presente caso, el objeto del proceso se trata de un árbol de Copey que por la gran dimensión que tenía, se alega por el vecino colindante que el mismo debía ser talado por cuanto constituía una amenaza para su vivienda y por tal motivo acudió ante la Municipalidad de Belén y de allí fue remitido al Área de Conservación de Heredia, quien a su vez le direccionó hacia el Instituto Costarricense de Ferrocarriles donde finalmente le otorgaron la autorización de tala dada mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024.- El procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol de tales condiciones en las que se acusa de peligrosidad, es a través de la vía sumaria de derribo ante sede jurisdiccional, y en el caso de este árbol ubicado en Heredia, se tramitaría ante el Juzgado Agrario de Alajuela. No es corresponde al SINAC ni del INCOFER otorgar permisos de corta o poda de árboles que se consideren ser un peligro para los transeúntes, una amenaza a los derechos del poseedor o sus colindantes, o bien pueda perjudicar bienes públicos, pues ello se tramita en sede jurisdiccional a través del proceso especialmente establecido para casos como el presente. Así está regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil que señala: ARTÍCULO 108.- Sumario de derribo. 108.1 Procedencia y legitimación. El proceso sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda perjudicar bienes públicos. La demanda puede ser establecida por cualquiera que tenga interés. 108.2 Adopción de medidas de seguridad. Presentada la demanda, el tribunal hará un reconocimiento del lugar, con auxilio de peritos si lo estimara conveniente, y dictará las medidas de seguridad que sean necesarias. Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo del dueño del bien ruinoso. En su defecto, suplirá los gastos el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado fuera condenado al pago de las costas.108.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente. Si se ordenara el derribo, aunque fuera recurrida, se podrá practicar inmediatamente la destrucción total o parcial, cuando no sea posible demorar la ejecución sin grave ni inminente riesgo. También se podrán ordenar y ejecutar medidas de seguridad, cuando no se hubieran dispuesto o ejecutado antes. Además, se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios. Como se observa de la normativa transcrita, será mediante este proceso sumario de derribo, aún contra persona indeterminada (por desconocerse quien es el propietario o estar en zona pública), donde se ejercerá de forma amplia el principio del contradictorio para decidir con apoyo pericial forestal y valorando el contexto cultural a la luz de los “hechos técnicos” si es procedente la tala del árbol, o bien si lo que es pertinente son podas parciales períodicas. Será dentro de ese proceso sumario, donde se analizará si se está ante un árbol enfermo o sano, condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si éste representa una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta. Haciendo esa valoración en sede judicial es donde se determinará el destino del árbol cuya intención de corta o poda se solicita por un algún interesado o bien desestimarse la demanda de derribo en caso de determine la importancia de conservación del árbol. Dicha valoración es competencia de la sede jurisdiccional según lo regulado mediante el citado 108, por lo que dicho trámite no es propio se haga en sede administrativa, como erróneamente ha ocurrido en el caso bajo examen, cuando se otorgó el referido permiso de tala dado mediante oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024. Ante ese panorama este es uno de los motivos por lo que es procedente declarar con lugar el recurso por las razones dadas por este Tribunal Constitucional, únicamente para dejar sin efecto la autorización de tala dicha emitida por la Oficina de INCOFER el 14 de febrero de 2024, y que fue revocada en fecha 21 de marzo de 2024. Los árboles como recursos naturales se encuentran regulados, entre otras normas, por la Ley de Biodiversidad, la cual dispone en el inciso 3 del artículo 11 que uno de los criterios de aplicación de esa normativa lo constituye el interés público ambiental. Concretamente, señala la norma: "El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos". Tales aspectos son considerados dentro de un proceso sumario de derribo, al estar de por medio un recurso natural. Básicamente, el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad señala: "En materia de biodiversidad y mientras no exista una jurisdicción ambiental, toda controversia será competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa. Como excepciones a la regla anterior, los delitos contra la biodiversidad serán juzgados por la jurisdicción penal; de igual modo, las controversias que se susciten entre particulares, donde no medie un acto administrativo ni del dominio público, serán competencia de la jurisdicción agraria". De lo expuesto se concluye, al estarse en presencia de un conflicto en el que se discute el derribo de un árbol que podría ser ruinoso o no, es un reclamo en relación con un recurso natural, el mismo debe resolverse garantizando el principio del contradictorio como en los tribunales agrarios conforme a la normativa citada y no un trámite administrativo, como ha ocurrido en el caso bajo examen, lo que conlleva a dejar sin efecto toda autorización de esa Administración sobre la poda o tala que se emita contra el árbol de copey ubicado 100 sur de Pizza Hut de Belén, Heredia y en concreto se deja sin efecto el oficio nro. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 del 14 de febrero de 2024, el que fuera suspendido en fecha 19 de marzo 2024. Aunado a lo anterior, el segundo motivo por el cual ha de ser declarado con lugar este recurso de amparo contra INCOFER, es que el 16 de marzo de 2024, se realizó la poda total del árbol en cuestión, la cual quedó al arbitrio del vecino quien había solicitado la tala, puesto que no se estimó el estado fitosanitario del árbol ni su impacto en el entorno. Tampoco se demostró que existiera criterio técnico alguno o una recomendación al respecto de dicha poda, más allá del criterio al que hizo referencia la alcaldesa de Belén, en cuanto a la consulta que realizó ese ente local a tres ingenieros forestales sobre la autorización pedida y que según la alcaldesa se hizo del conocimiento de la Oficina de Heredia del SINAC y no del promovente. No se demostró que el Incofer quien fuera quien otorgó el permiso de corta, realizara algún tipo de fiscalización sobre dicho proceder ni que existiera coordinación alguna a esos efectos; como consecuencia de esas omisiones, se realizó una poda total que dañó gravemente el árbol, según señala la Oficina Subregional de Heredia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para esta Sala, esas omisiones contrarían gravemente la obligación que tiene el Estado de tomar las medidas necesarias para conservar y preservar el ambiente, lo que se relaciona estrechamente con la necesaria coordinación que se les ha impuesto para garantizar la protección integral del ambiente (véase en este sentido la sentencia No. 010006922 de las 14:35 horas de 16 de abril de 2010). Así las cosas, es evidente que se produjo el agravio reclamado, primero por no observar la competencia y el procedimiento correcto (“sumario de derribo”) para el derribo de árboles que se acusan ser una amenaza, y segundo por no haber dado seguimiento técnico a su errónea autorización de corta del árbol, lo que le generó un deterioro importante. Bajo esta inteligencia, se impone acoger el recurso, conforme se dirá respecto al Instituto Nacional de Ferrocarriles”.

IV.- SOBRE EL FONDO. Del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, con las consecuencias incluso penales que prevé el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se acredita una infracción a los derechos fundamentales de la parte recurrente, con fundamento en las consideraciones que a continuación se exponen. Al respecto, se acredita que el 12 de septiembre de 2024, la recurrente envió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), concretamente a las direcciones [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] y [email protected] una solicitud urgente de valoración e intervención para la corta de los árboles de Guanacaste ubicados en ruta nacional 917, carretera a Dos Ríos de Upala, argumentando peligro inminente para la vida de los vecinos de la comunidad. El 13 de septiembre de 2024, la recurrente recibió respuesta del funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT, quien señaló que es el único encargado de atender este tipo de solicitudes a nivel nacional, por lo que no podría dar una respuesta en un plazo de 10 días y le solicitó fotografías para identificar la especie. El 16 de septiembre de 2024, envió las imágenes requeridas al funcionario Vega Vega Además se constata que el 11 de noviembre de 2024, la recurrente remitió un nuevo correo al ingeniero Mario Vega Vega, del MOPT, a la dirección [email protected], solicitando información sobre el estado de la solicitud. El 12 de noviembre de 2024, el ingeniero Mario Vega Vega le indicó a la recurrente debido a prioridades establecidas por el ministro relacionadas con la ampliación de la ruta 1, Cañas - Barranca, no podría atender la solicitud en un plazo de 15 a 22 días. Añade que en el mensaje se reconoció la preocupación de los vecinos, pero se indicó que no había más personal disponible para atender el caso. En correo enviado el 29 de enero de 2025, la recurrente reitero la denuncia en cuestión al funcionario Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras. Posteriormente, se acredita que en Informe N°11-25 sobre evaluación de árboles en derecho de vía de ruta 917, Quebrada grande de Liberia con fecha 10 de febrero de 2025 suscrito por Mario Alberto Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio recurrido se indica: “Con respecto a la evaluación de un grupo de árboles sobre el derecho de vía de la ruta 917, en Quebrada grande de Liberia, por parte de la señora Marys Palacios, informo: El sector evaluado se ubica en la sección 50352 de la ruta nacional N°917, en el distrito de Mayorga de Liberia, específicamente 1.1 km al este del centro de la comunidad de Quebrada grande. Dicha sección de ruta tiene una longitud total de 7.7 km, con un ancho de derecho de vía de 15.2-22.5 m (7.6- 11.25 m desde el centro de calle). (…) Conclusiones. - Los árboles de Guanacaste, con numeración 1, 4, 5, 6 y 8 presentan deterioro en su estructura, esto por las podas de ramas grandes. - Por las estructuras degradadas, es más factible la caída de ramas, que un volcamiento desde la raíz. - Por ser las estructuras que están más vulnerables, así como el viento imperante en la zona, es más factible la caída de ramas a lo interno de la propiedad, el potrero, que hacia el derecho de vía. - Las casas que se han construido en el lugar, se construyeron ya cuando los árboles eran maduros y habían recibido varias podas. - Dentro del manual de conservación de carreteras, que solo se deben de intervenir árboles cuando estos generan un riesgo. Medidas de Mitigación - Eliminar todos los árboles señalados y aplicar poda al árbol 2. Recomendaciones - Hacia el CONAVI, gestionar la ejecución de las medidas de mitigación señaladas. En virtud de lo anterior, en oficio No. DSEC2025-47 del 10 de febrero de 2025 suscrito por Mario Alberto Vega Vega, Regente forestal de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras solicitó a los ingenieros Eddy Baltodano Araya y Gustavo Alvarado Prudente ambos funcionarios de la Gerencia Conservación de Vías y Puentes CONAVI lo siguiente: “Por este medio les saludo y hacemos traslado de la solicitud de corta de un grupo de árboles, ubicados en el derecho de vía de la ruta nacional 917, sección 50352, en el distrito de Mayorga del cantón de Liberia, 1.1 km al este del centro de la comunidad de Quebrada grande. En el informe 11-25, se justifica la viabilidad de corta de los árboles referidos; Para justificar legalmente la corta de los árboles, se deberá aplicar lo dispuesto en la ley N°9789. Según el criterio de la Dirección de Asesoría Jurídica del MOPT, mediante el oficio DAJ- 2021-4164 (adjunto), al ser esta una labor del CONAVI, corresponderá al Director(a) Ejecutivo en turno de dicha institución hacer la comunicación al SINAC-MINAE. Para esta solicitud en específico se deberá informar al ingeniero Nahuel Flores Bianchi, Jefe de la Oficina Subregional Liberia SINAC, sobre la corta de los 5 árboles referidos, los cuales se ubican en la sección descrita de dicha ruta. Los árboles no se encuentran en ninguna de las áreas de protección descritas en el artículo 33 de la Ley Forestal 7575; tampoco están dentro de alguna área silvestre protegida, ni corresponden a especies vedadas. Además, indicar en la nota que dichos árboles son requeridos de corta para las labores de conservación de la ruta nacional N°917. Las instalaciones de la oficina subregional de SINAC Liberia se encuentran ubicadas contiguo a las oficinas del ICE en Liberia centro. Asimismo, el correo institucional del ingeniero Flores es [email protected]. Se adjunta informe 11-25”. Lo anterior evidencia que la denuncia interpuesta por la recurrente desde el 12 de septiembre de 2024 fue atendida por la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del Ministerio recurrido con posterioridad a que se le notifico la resolución de curso, lo cual le fue notificada desde el 5 de febrero de 2025. Además, de los informado y de las pruebas que constan en autos no se puede acreditar que las autoridades de la Dirección recurrida hayan notificado una respuesta a la denuncia en cuestión, motivo por el cual en cuanto a tales extremos el recurso debe ser estimado. Por otra parte, se acredita que lo dispuesto en el oficio No. DSEC-2025-47 del 10 de febrero de 2025, no ha sido cumplido por las autoridades del CONAVI, quienes además informaron "que la corta de los árboles debe realizarse mediante un sumario de derribo ante el Juzgado Agrario en los Tribunales de Justicia de Liberia, en caso de proceder. Es mediante este proceso sumario donde se debe analizar si se está ante un árbol enfermo o sano, determinando sus condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si estos representan una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta, lo anterior se encuentra así contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Civil". Si las autoridades del CONAVI consideraron la corta de árboles solicitada no está dentro del supuesto de algún programa de ampliación o mantenimiento de carreteras que contemple eliminación de árboles por parte de algún programa de CONAVI, el procedimiento a seguir para los otros supuestos es a través del proceso sumario de derribo que se tramita en los Juzgados Agrarios. Tal situación es mencionada por el Director Ejecutivo del COSEVI, sin embargo, así debió hacérselo saber al usuario aquí recurrente, para que éste conociera la vía correcta a la que debía acudir para la solicitud de corta de árboles. Tal información no fue proporcionada aun siendo de su conocimiento, por tal motivo en cuanto a esta Dirección debe estimarse el recurso. Aunado a lo anterior, es importante indicar a la amparada, que la vía correcta para la eliminación de árboles que se consideren peligrosos es a través del proceso Sumario de Derribo ante el Juzgado Agrario de Liberia, existiendo la Defensa Pública Agraria gratuita en caso sea persona de escasos recursos. Pues tal como lo indicó la Dirección Ejecutiva del COSEVI, es mediante este proceso sumario donde se debe analizar si se está ante un árbol enfermo o sano, determinando sus condiciones climáticas, ubicación, tipo de suelo, si está en zona de protección, si es especie vedada, su edad, su significado cultural, si estos representan una peligrosidad o amenaza a los transeúntes, poseedores, edificaciones aledañas, o bienes públicos, entre otros aspectos a valorar de manera conjunta, lo anterior se encuentra así contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Civil. La parte recurrente acudió a la vía equivocada, sin embargo, así debieron habérselo informado por parte de las autoridades recurridas, dándole respuesta pronta debidamente notificada, pero ello no ocurrió. Así las cosas, el presente recurso debe ser estimado, como en efecto se ordena. Tome nota la amparada de la vía correcta a la que debe acudir para gestionar el derribo de árboles según se indicó supra. (…)” (El destacado no forma parte del original).

 

Bajo tal orden de consideraciones y, al no existir, en la especie, motivos que hagan variar lo señalado en los citados precedentes, estos deben ser aplicados en la resolución del presente caso. En tal sentido, se acredita que en el oficio CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 del 22 de abril de 2025, el  funcionario Mario Alberto Vega Vega de la Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT le indicó a Manuel González Gómez Subdirector a. i. Dirección de Asesoría Jurídica que: “(…) En un correo del 21 de abril del presente año, se le indicó a la ingeniera Natalia Picado Arias, funcionaria de la municipalidad de San Pablo, quién ahora ocupa el puesto del señor [Nombre 005], que para el caso en concreto, que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, por lo cual ellos deben de notificar al usuario, de quién nosotros MOPT no tenemos la información de contacto”.  No obstante lo anterior, no consta que las autoridades de la Municipalidad de San Pablo de Heredia o del CONAVI le hayan comunicado formalmente al recurrente que el procedimiento correcto para atender estas situaciones de árboles de los cuales existe una percepción de peligro, es el sumario de derribo, tal y como correspondía. En mérito de lo expuesto, el presente recurso debe ser estimado, con las consecuencias que se indican en la parte dispositiva.

 VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

  VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 

Se declara con lugar el recurso. Se  le ordena a Bernardo Porras López, Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Pablo de Heredia y Mauricio Sojo Quesada, en su condición de Director Ejecutivo a. i. del Consejo Nacional de Vialidad, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que coordinen lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que de manera inmediata informen formalmente al recurrente el procedimiento correcto a seguir ante la sede jurisdiccional para el sumario de derribo, en el tanto se cumpla con lo anterior adopte las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de los transeúntes en el sitio en cuestión. Se advierte a las autoridades recurridas, que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de San Pablo y al Consejo Nacional de Vialidad al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 G5EEQXTZ3KO61

EXPEDIENTE N° 25-008481-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:49:18.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**RESOLUTION No. 16121 - 2025**

**Date of Resolution:** May 30, 2025, at 09:20

**Case File:** 25-008481-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Cruz Castro

**Type of Matter:** Amparo remedy

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Judgment with Separate Note**

**Relevance Indicators**

Relevant Judgment

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Environmental, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights

**Type of Content:** Majority Vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** ENVIRONMENT

**Subtopics:**

TREE FELLING.

**Topic:** MUNICIPALITY

**Subtopics:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

**Topic:** EXECUTIVE BRANCH

**Subtopics:**

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

016121-25. ENVIRONMENT. MUNICIPALITY. EXECUTIVE BRANCH. RESIDENTS OF SAN PABLO DE HEREDIA ACCUSE THAT THE AUTHORITIES HAVE NOT TAKEN THE CORRESPONDING ACTIONS TO REMOVE SOME TREES THAT ENDANGER THEIR HOMES. THE REMEDY IS GRANTED. THE MUNICIPAL MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF SAN PABLO DE HEREDIA AND THE ACTING EXECUTIVE DIRECTOR OF THE CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD ARE ORDERED TO IMMEDIATELY FORMALLY INFORM THE PETITIONER OF THE CORRECT PROCEDURE TO FOLLOW BEFORE THE JURISDICTIONAL COURT FOR SUMMARY DEMOLITION PROCEEDINGS (SUMARIO DE DERRIBO), AND IN THE MEANTIME, WHILE THE ABOVE IS COMPLIED WITH, TO ADOPT THE NECESSARY PREVENTIVE MEASURES TO SAFEGUARD THE LIFE AND INTEGRITY OF PASSERSBY AT THE SITE IN QUESTION. VCG06/2025

“(…) V.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the respondent authorities, with the consequences, even criminal, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a violation of the fundamental rights of the petitioner is established, based on the considerations set forth below. In this regard, it is established that in a writing received on April 28, 2024, the petitioner filed before the Municipalidad de San Pablo de Heredia a request for the felling of a series of trees located in the right-of-way adjacent to his property. That the growth force of the pine trees has considerably affected the wall of his property and the public sidewalk, generating an inclination of the wall towards the sidewalk. With the intention of avoiding serious future damage to existing buildings not only on his property but also on neighboring ones, and even safeguarding the physical integrity of passersby from the possible fall of branches and detachment of the wall, he requests that the cutting of said trees be carried out as a preventive measure. The foregoing was reiterated by the petitioner in a writing received on July 10, 2024, filed before the Mayor and the President of the Municipal Council of the respondent Municipality. In official communication No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 of June 28, 2024, the Department of Environmental Management informed the petitioner: “(…) regarding the request for cutting the trees located on national route 112 at the height of the Ajúa restaurant. In October 2023, we arranged a visit with the MOPT to evaluate the condition of the trees and determine their pruning. This procedure was carried out via email, attaching photographs provided by the Department of Environmental Management. The MOPT official indicated that for extraneous reasons, the joint visit could not be scheduled. To date, they have not received a response from the MOPT. The request for this visit was initially made because, when dealing with trees located in the right-of-way of national routes, only the MOPT or the CONAVI can manage tree cutting, in accordance with article 28 of Law No. 9789. The foregoing was reiterated to the petitioner in official communication MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 of July 22, 2024, issued by the Department of Environmental Management of the respondent Municipality. On the other hand, it is established that in official communication CARTA-CONAVI- DRC-10-2025-0595 (0259) on April 4, 2025, signed by officials Andrea Madrigal Quesada, Zone 1-9 Heredia Engineer, and Luis Antonio Alvarado Arce, in his capacity as Director of the Central Region, both officials of the Road and Bridge Conservation Management of the Consejo Nacional de Viabilidad, they indicated to Carlos Vega Segura, Manager of Legal Affairs Management of the Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), the following: “It is reported that the information provided was reviewed and as a result, the present technical attention report is provided. Petitioner: [Name 001] Location: 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, National Route 112, control section 40151. 1. Actions Taken: On May 3, 2025, the site conditions were reviewed in order to manage everything necessary to carry out the tree removal required in Report No. 21-24. From said inspection, the following observations are made: 1. Six trees were identified with estimated heights between 20 and 25 meters, which have been marked 1 through 6 with red paint markings, in accordance with the provisions of Report No. 21-24, prepared by Eng. Mario Vega Vega, regarding the evaluation of the trees located in the right-of-way. 2. One of the trees has a tension cable embedded in its trunk, which is linked to a public utility pole. 3. The visible power lines include energy lines that supply a neighboring house, as well as fiber optic cables. 4. The compromised cables are only on the same side of the road where the trees are located, without directly affecting the rest of the infrastructure located on the opposite side of the roadway. 5. The public utility pole involved belongs to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); consequently, any intervention on the trees that involves handling the power lines must be coordinated directly with said entity, especially regarding temporary power supply cuts, in order to guarantee safety conditions for both the workers and third parties during the removal work. 3. Current Status of the Procedure: After the inspection, the need for inter-institutional coordination was determined due to the presence of electrical cables among the tree branches, a situation that requires the intervention of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), the competent entity in the area. The execution of the work involves scheduled power cuts, which must be communicated to affected users with at least the required notice, according to established protocols. Additionally, given the height of the trees, it will be necessary to implement a partial closure of the road, which must be communicated in a timely manner to users. A full temporary closure may even be required during some of the cutting phases. It should be noted that these observations are relevant, as the current conditions make the removal work complex, both for users and for the personnel in charge of the intervention. By virtue of the foregoing, and with the aim of estimating the necessary timelines for the removal of the six identified trees, the corresponding activity estimate is presented below: 4. Intervention Timeline – National Route 112 This timeline details the intervention phases related to the preventive removal of trees located in the right-of-way of National Route No. 112, 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, in San Pablo de Heredia. These actions are part of the response to amparo remedy case file No. 25-008481-0007-CO and are based on the considerations taken after the inspection conducted on May 3, 2025 (…). By virtue of the foregoing, and considering the completion of all necessary procedures and inter-institutional coordination, it is estimated that by July 8, 2025, the removal of the indicated trees will be completed, as required in the remedy filed by the petitioner”.

In CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, official Mario Alberto Vega Vega of the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT indicated to Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Directorate of Legal Counsel, that: “(…) Through this medium, I greet you and, with the approval of engineer Steven Piedra Oviedo, I respond to what was requested in official communication CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Regarding the group of trees referenced in case file No. 25-008481-0007-CO of the Constitutional Chamber, we received the attention request from the former official of the Municipalidad de San Pablo, [Name 005], an official of the Department of Environmental Management. In July 2024, report 21-24 (attached document) had been issued, where it had been determined that the trees represented a risk due to their condition. The trees are of the Casuarina species, which in recent years has been strongly affected by an unidentified disease vector, which has caused many of these trees to die on the right-of-way of different routes. Said report was used to request the cutting of the trees in official communication DSEC-2024-147 (Attached document), which was forwarded to engineer Andrea Madrigal Quesada, head of zone 1-9 of the Conservation Management of CONAVI, so that this institution would address the cutting request. The official communication DSEC-2024-147 received the tracking number 20244490D from the single window for document reception of CONAVI. We recall that it is CONAVI, and not the MOPT, that is the institution assigned in its law, the attention of conservation work on national routes, with the cutting of trees in poor condition in the right-of-way being part of the conservation work of said institution. On October 28, in an email (Attached document), engineer Madrigal of CONAVI was reminded again of the urgency of addressing said trees. With the above, we account for the actions taken by the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT (DSEC-MOPT) on what was requested by the Municipalidad de San Pablo de Heredia. We indicate that throughout the entire process, we have not had information on Mr. [Name 001], in order to be able to notify him of the actions taken, as the only contact was the municipality official [Name 005], who subsequently stopped working for said municipality. Recently, in March of this year, in resolution No. 2025006205, of the Constitutional Chamber (attached document), it was indicated that the correct procedure for addressing this type of case, involving trees whose dangerousness must be analyzed, is the summary demolition proceedings (sumario de derribo). In an email of April 21 of this year, engineer Natalia Picado Arias, an official of the Municipalidad de San Pablo, who now holds the position of Mr. [Name 005], was informed that, for this specific case, the correct procedure to address these situations of trees for which there is a perception of danger is the summary demolition proceedings (sumario de derribo), for which they must notify the user, whose contact information we at MOPT do not have”.

In this regard, it must be dismissed, as this jurisdiction has indicated that all requests to determine the felling of trees must be heard and finally resolved in agrarian courts through the summary demolition proceedings (sumario de derribo). That is, said evaluation and disposition are not left in the hands of this Constitutional Chamber, as it is then considered a matter of mere legality that falls outside the scope of its competencies. On this particular point, in the recent Vote No. 2025-6205 of 09:20 hrs. of February 28, 2025 (in which, in turn, reference is made to Judgment No. 2024-17568 of June 25, 2024), this Court indicated:

“(…) II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioner states that she is the owner of a lot adjacent to the property with real property registration number 228791-000, located in Quebrada Grande de Liberia, Cantón Liberia, Distrito Mayorga. She explains that, on September 11, 2024, she sent an urgent request to the head of the Subregional Liberia Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) to obtain a special permit for tree cutting for human safety. She explains that the tree in question, of the Guanacaste species, is located on the public sidewalk in front of her property and that, on September 10, 2024, one of its large branches fell inside her property. She affirms that many people, including children, walk along that sidewalk daily, which represents a risk to the lives of pedestrians. She claims that to date, the complaint has not been addressed. She requests that the Ministerio de Obras Públicas y Transportes be ordered, in the exercise of its powers, to carry out, as a matter of urgency, the intervention for cutting the dangerous trees through the road conservation contracts, in order to guarantee human safety (…)

III.- BACKGROUND. In the resolution of this case, what was decided by this Chamber in judgment No. 2024- 2024017568 of nine forty-five hours on June twenty-fifth, two thousand twenty-four, is particularly relevant, where it was determined: IV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioners state that in San Antonio de Belén, a Copey tree has existed for 70 years, one of only 5 of said species in the canton, which is located in a sector near the train line route. In this regard, they mention that in September 2023, a neighbor complained about the existence of said tree, considering it a threat to his property, for which reason its felling was authorized. Because of the foregoing, they indicate that 40 neighbors sent a letter to the respondent authorities to prevent the felling of the tree in question; however, they claim they were informed that cutting work would begin on March 15 at 07:00 hours. They consider that such action violates their fundamental rights. In this respect, from the analysis of the reports rendered under oath by the respondent authorities – which are considered given under oath with the consequences, even criminal, provided for in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional – and the evidence provided for the resolution of the matter, it emerges that the Instituto Costarricense de Ferrocarriles received an authorization request to cut a tree, located within the right-of-way of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, in the sector of San Antonio de Belén, in order to solve the problem affecting the home. To address said request, it is observed that said authority proceeded to coordinate and request the technical opinion of other authorities, such as the Municipalidad de Belén and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. In that regard, it is known that the authorities of the Municipalidad de Belén indicated the following: “1. When the tree inventory of the canton was conducted, this tree was not included, as it is located on the inner side of the sidewalk and not outside, so it has been neither described nor analyzed. 2. According to the complainant’s information, the tree is causing damage to the roof, gutters, and floor of the home in question. 3. Several consultations have been made to three different forestry engineers, who recommend 30% pruning, both for release and formation, and not cutting; in a technical scope, but without territorial, sanitary, or legal analysis. 4. The tree presents a risk to the public power lines. 5. The foliage apparently is ¾ over the roof of the home. 6. As you know, it is a native species planted on the site many years ago, which is providing ecosystem services in the sector” (the highlighting does not belong to the original). For their part, the authorities of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación reported the following: “Description of Results: 1. On the day of the Inspection and at the time of the visit, it was observed that the tree crown is largely over the roof of the house owned by Mr. [Name 002]. It does not present phytosanitary problems in the trunk; it also presents buttress roots, which are typical of the species, with an inclination towards the south and is located within the INCOFER right-of-way. 2. During the site visit, no River, Stream, or Spring (Áreas de Protección de Ríos, Quebradas o Nacientes) Protection Areas were observed, and the tree is located on agricultural-use land without forest cover (bosque) and the terrain slope is flat between 1 and 2%. Conclusions and/or Recommendations: After conducting the field inspection, Mr. Chacón is recommended to make the pertinent arrangements before INCOFER. Given the situation with the tree and his home, as the Copey tree is located within the right-of-way; it is that Institution that must process the permit, whether for cutting or pruning said tree. No Protection Area established by article 33 of Ley 7575 was identified on the property” (the highlighting does not belong to the original). On the other hand, it was not possible to demonstrate that the Municipalidad de Belén and the SINAC granted the pruning or cutting permit for the copey tree located in a sector near the train line route, therefore, regarding them, the amparo remedy must be declared without merit. However, it has been demonstrated that the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) authorized the felling of the aforementioned copey tree, through official communication no. Incofer-GOP-DOP-0012- 2024 of February 14, 2024, and specifically said authorities resolved the following: “Regarding the authorization for the removal of the Copey tree within the railway right-of-way, the safety of the properties adjacent to the tree’s location must be considered, and if any damage to third parties is incurred, your represented party must be responsible for the damages caused. Likewise, the removal of all waste material produced as a consequence of the removal will also be assumed by you. You are granted the authorization to carry out these special works for the days March 15 and 16, 2024, within the hours of 7:00 a.m. to 4:00 p.m.” It should be highlighted that in the present case, the object of the process deals with a Copey tree which, due to its great size, the adjacent neighbor alleged must be felled because it constituted a threat to his home, and for this reason he went to the Municipalidad de Belén and from there was referred to the Área de Conservación de Heredia, which in turn directed him to the Instituto Costarricense de Ferrocarriles where they finally granted the felling authorization given through official communication no. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024.- The correct procedure to determine whether the cutting of a tree under such conditions, accused of being dangerous, is appropriate or not, is through the summary demolition proceedings (sumario de derribo) before the jurisdictional court, and in the case of this tree located in Heredia, it would be processed before the Juzgado Agrario de Alajuela. It is not the responsibility of SINAC or INCOFER to grant permits for cutting or pruning trees that are considered a danger to passersby, a threat to the possessor’s or their neighbors’ rights, or that may damage public property, as this is processed in the jurisdictional court through the process specifically established for cases such as this one. This is regulated in article 108 of the Código Procesal Civil which states: ARTICLE 108.- Summary demolition proceedings. 108.1 Applicability and standing. The summary demolition proceedings shall be applicable when the poor condition of a building, construction, tree, or property constitutes a threat to the possessor’s rights or to passersby, or may damage public property. The lawsuit may be filed by anyone having an interest. 108.2 Adoption of security measures. Once the lawsuit is filed, the court shall conduct an inspection of the site, with the assistance of experts if it deems it appropriate, and shall issue the necessary security measures. The expenses caused by the execution of the security measures shall be borne by the owner of the ruinous property. Failing that, the expenses shall be covered by the plaintiff, who shall be entitled to the corresponding reimbursement if the defendant is ordered to pay costs. 108.3 Estimatoy judgment. In the estimatoy judgment, the demolition or the adoption of permanent security measures shall be ordered. If demolition is ordered, even if appealed, total or partial destruction may be carried out immediately when execution cannot be delayed without serious and imminent risk. Security measures may also be ordered and executed if they have not been previously ordered or executed. Furthermore, the defendant shall be ordered to pay damages. As observed from the transcribed regulations, it will be through this summary demolition proceedings, even against an indeterminate person (because the owner is unknown or being in a public area), that the principle of contradiction will be exercised broadly to decide, with forestry expert support and assessing the cultural context in light of the “technical facts,” whether tree felling is appropriate, or if periodic partial pruning is pertinent. It will be within that summary proceedings where it shall be analyzed whether it involves a diseased or healthy tree, climatic conditions, location, soil type, whether it is in a protection zone, whether it is a prohibited species, its age, its cultural significance, whether it represents a danger or threat to passersby, possessors, surrounding buildings, or public property, among other aspects to be assessed jointly. By making this assessment in the judicial court, the fate of the tree whose intention for cutting or pruning is requested by an interested party will be determined, or the demolition lawsuit dismissed if the importance of conserving the tree is determined. Such assessment is the competence of the jurisdictional court as regulated by the aforementioned article 108, therefore, said procedure is not properly conducted in the administrative forum, as erroneously occurred in the case under review, when the aforementioned felling permit was granted via official communication no. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024. Given this situation, this is one of the reasons why it is appropriate to grant the remedy for the reasons given by this Constitutional Court, solely to nullify the said felling authorization issued by the INCOFER Office on February 14, 2024, and which was revoked on March 21, 2024. Trees as natural resources are regulated, among other norms, by the Ley de Biodiversidad, which provides in subsection 3 of article 11 that one of the application criteria of that regulation is the environmental public interest. Specifically, the norm states: “The use of the elements of biodiversity must guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of citizens’ quality of life”. Such aspects are considered within a summary demolition proceedings, as a natural resource is at stake. Basically, numeral 108 of the Ley de Biodiversidad states: “In matters of biodiversity and as long as an environmental jurisdiction does not exist, any dispute shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the previous rule, crimes against biodiversity shall be judged by criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private parties, where neither an administrative act nor public domain is involved, shall be the competence of agrarian jurisdiction”. From the foregoing, it is concluded that, being in the presence of a conflict in which the demolition of a tree that may or may not be ruinous is discussed, it is a claim concerning a natural resource, which must be resolved guaranteeing the principle of contradiction as in agrarian courts in accordance with the cited regulations, and not through an administrative procedure, as has occurred in the case under review, which leads to nullifying any authorization from said Administration on the pruning or felling issued against the copey tree located 100 meters south of Pizza Hut in Belén, Heredia, and specifically, official communication no. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024 is nullified, which had been suspended on March 19, 2024. Added to the above, the second reason why this amparo remedy must be granted against INCOFER is that on March 16, 2024, the total pruning of the tree in question was carried out, which was left to the discretion of the neighbor who had requested the felling, since the phytosanitary condition of the tree and its impact on the environment were not assessed. It was also not demonstrated that there was any technical criterion or a recommendation regarding said pruning, beyond the criterion referred to by the mayor of Belén, regarding the consultation that said local entity made to three forestry engineers about the authorization requested and which, according to the mayor, was made known to the Heredia Office of SINAC and not to the petitioner. It was not demonstrated that Incofer, which was the entity that granted the cutting permit, carried out any type of oversight over said action or that any coordination existed for those purposes; as a consequence of these omissions, a total pruning was carried out that severely damaged the tree, according to the Subregional Office of Heredia of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación. For this Chamber, those omissions seriously contravene the State’s obligation to take the necessary measures to conserve and preserve the environment, which is closely related to the necessary coordination imposed upon them to guarantee the comprehensive protection of the environment (see in this sense judgment No. 010006922 of 14:35 hours of April 16, 2010). Thus, it is evident that the claimed grievance occurred, first for failing to observe the correct competence and procedure (“summary demolition proceedings”) for the demolition of trees accused of being a threat, and second for not having provided technical follow-up to its erroneous tree cutting authorization, which caused it significant deterioration. With this understanding, it is necessary to uphold the remedy, as will be stated regarding the Instituto Nacional de Ferrocarriles”.

IV.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the respondent authorities, with the consequences, even criminal, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a violation of the fundamental rights of the petitioner is established, based on the considerations set forth below. In this regard, it is established that on September 12, 2024, the petitioner sent to the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), specifically to the addresses [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] and [email protected], an urgent request for assessment and intervention for the cutting of the Guanacaste trees located on national route 917, road to Dos Ríos de Upala, arguing imminent danger to the lives of the community residents. On September 13, 2024, the petitioner received a response from official Mario Alberto Vega Vega of the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT, who indicated that he is the only person in charge of attending to this type of request nationally, so he would not be able to give a response within 10 days and asked for photographs to identify the species. On September 16, 2024, she sent the required images to official Vega Vega. It is also confirmed that on November 11, 2024, the petitioner sent a new email to engineer Mario Vega Vega, of the MOPT, to the address [email protected], requesting information on the status of the request. On November 12, 2024, engineer Mario Vega Vega informed the petitioner that due to priorities established by the minister related to the expansion of route 1, Cañas - Barranca, he would not be able to address the request within a period of 15 to 22 days. He adds that the message acknowledged the residents’ concern, but indicated that there was no more personnel available to handle the case. In an email sent on January 29, 2025, the petitioner reiterated the complaint in question to official Vega Vega, Forest Regent of the Directorate of Road Safety and Beautification.

Later, it is established that in Report No. 11-25 regarding the evaluation of trees in the right-of-way of Route 917, Quebrada Grande de Liberia, dated February 10, 2025, signed by Mario Alberto Vega Vega, forest regent (Regente forestal) of the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras of the respondent Ministry, it is stated: “Regarding the evaluation of a group of trees on the right-of-way of Route 917, in Quebrada Grande de Liberia, by Mrs. Marys Palacios, I report: The evaluated sector is located in section 50352 of National Route No. 917, in the district of Mayorga de Liberia, specifically 1.1 km east of the center of the community of Quebrada Grande. This route section has a total length of 7.7 km, with a right-of-way width of 15.2-22.5 m (7.6-11.25 m from the center of the road). (…) Conclusions. - The Guanacaste trees, numbered 1, 4, 5, 6, and 8, show structural deterioration, due to the pruning of large branches. - Because of the degraded structures, branch fall is more likely than uprooting from the root. - Since the structures that are most vulnerable, as well as the prevailing wind in the area, branch fall is more likely into the interior of the property, the pasture, than towards the right-of-way. - The houses that have been built in the location were built when the trees were already mature and had received several prunings. - Within the road conservation manual, trees should only be intervened upon when they generate a risk. Mitigation Measures - Eliminate all indicated trees and apply pruning to tree 2. Recommendations - To CONAVI, manage the execution of the indicated mitigation measures. By virtue of the foregoing, in official letter No. DSEC2025-47 of February 10, 2025, signed by Mario Alberto Vega Vega, forest regent of the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, he requested the engineers Eddy Baltodano Araya and Gustavo Alvarado Prudente, both officials of the Gerencia Conservación de Vías y Puentes CONAVI, the following: “By this means, I greet you and forward the request for the cutting of a group of trees, located in the right-of-way of National Route 917, section 50352, in the district of Mayorga of the canton of Liberia, 1.1 km east of the center of the community of Quebrada Grande. In report 11-25, the viability of cutting said trees is justified; To legally justify the cutting of the trees, the provisions of Law No. 9789 must be applied. According to the criteria of the Dirección de Asesoría Jurídica of MOPT, by official letter DAJ-2021-4164 (attached), as this is a task of CONAVI, it will be the responsibility of the current Executive Director(a) of said institution to make the communication to SINAC-MINAE. For this specific request, Engineer Nahuel Flores Bianchi, Head of the SINAC Liberia Subregional Office, must be informed of the cutting of the 5 referred trees, which are located in the described section of said route. The trees are not in any of the protection areas described in Article 33 of the Ley Forestal 7575; nor are they within any protected wilderness area, nor do they correspond to protected species. Furthermore, indicate in the note that said trees are required to be cut for the conservation tasks of National Route No. 917. The facilities of the SINAC Liberia subregional office are located adjacent to the ICE offices in downtown Liberia. Likewise, Engineer Flores' institutional email is [email protected]. Report 11-25 is attached.” The foregoing evidences that the complaint filed by the appellant since September 12, 2024, was addressed by the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras of the respondent Ministry after the admissibility resolution was notified to it, which was notified to it since February 5, 2025. Furthermore, from the reported information and the evidence in the case file, it cannot be established that the authorities of the respondent Dirección have notified a response to the complaint in question, which is why, regarding such aspects, the recourse must be granted.

On the other hand, it is established that the provisions of official letter No. DSEC-2025-47 of February 10, 2025, have not been complied with by the CONAVI authorities, who also reported "that the cutting of the trees must be carried out through a summary demolition proceeding (sumario de derribo) before the Agrarian Court in the Courts of Justice of Liberia, if applicable. It is through this summary proceeding where it must be analyzed whether it is a diseased or healthy tree, determining its climatic conditions, location, soil type, whether it is in a protection zone, whether it is a protected species, its age, its cultural significance, whether these represent a danger or threat to passers-by, possessors, neighboring buildings, or public property, among other aspects to be jointly assessed; the foregoing is thus contemplated in Article 108 of the Código Procesal Civil." If the CONAVI authorities considered that the requested tree cutting is not within the scope of any road expansion or maintenance program that contemplates the elimination of trees by a CONAVI program, the procedure to follow for other scenarios is through the summary demolition proceeding processed in the Agrarian Courts. Such situation is mentioned by the Executive Director of COSEVI; however, this should have been made known to the appellant user, so that he could know the correct avenue to which he should turn for the tree-cutting request. Such information was not provided even though they were aware of it, for this reason, regarding this Dirección, the recourse must be granted. In addition to the foregoing, it is important to indicate to the protected party that the correct avenue for the elimination of trees considered dangerous is through the Summary Demolition Proceeding (Sumario de Derribo) before the Agrarian Court of Liberia, with the Public Agrarian Defense being free of charge in case she is a person of limited resources. For, as indicated by the Executive Directorate of COSEVI, it is through this summary proceeding where it must be analyzed whether it is a diseased or healthy tree, determining its climatic conditions, location, soil type, whether it is in a protection zone, whether it is a protected species, its age, its cultural significance, whether these represent a danger or threat to passers-by, possessors, neighboring buildings, or public property, among other aspects to be jointly assessed; the foregoing is thus contemplated in Article 108 of the Código Procesal Civil. The appellant party turned to the wrong avenue; however, the respondent authorities should have informed her of this, giving her a prompt, duly notified response, but this did not occur. As matters stand, the present recourse must be granted, as is hereby ordered. Let the protected party take note of the correct avenue to pursue to manage the demolition of trees as indicated supra. (…)” (The emphasis is not part of the original).

Under such framework of considerations, and since, in the specific case, there are no reasons to vary what was indicated in the cited precedents, these must be applied in the resolution of this case. In this regard, it is established that in official letter CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, the official Mario Alberto Vega Vega of the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras of MOPT indicated to Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Dirección de Asesoría Jurídica, that: “(…) In an email from April 21 of this year, it was indicated to engineer Natalia Picado Arias, an official of the Municipality of San Pablo, who now occupies the position of Mr. [Nombre 005], that for the specific case at hand, the correct procedure to address these situations of trees for which there is a perception of danger is the summary demolition proceeding (sumario de derribo), so they must notify the user, for whom we MOPT do not have contact information.” Notwithstanding the foregoing, there is no record that the authorities of the Municipality of San Pablo de Heredia or CONAVI have formally communicated to the appellant that the correct procedure to address these situations of trees for which there is a perception of danger is the summary demolition proceeding, as was appropriate. By virtue of the foregoing, the present recourse must be granted, with the consequences indicated in the operative part. (…)”





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Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of this case - for the alleged violation of the right to a prompt and fulfilled procedure - it must be clarified that, starting from judgment No. 2008-02545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction - with some exceptions - those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure - initiated ex officio or at the request of a party - or to hear the appropriate administrative recourses. Precisely, in this case, an exception is raised - supported by the majority of this Constitutional Court - since we are facing the filing of a series of complaints for the cutting of a series of trees that are located near her property and that could put the health and integrity of the neighbors at risk, complaints that have not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)” VCG06/2025

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Tipo de contenido: Nota separada

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida

Subtemas:

NO APLICA.

 VI.- NOTE FROM JUSTICE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND FULFILLED ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Court, that when the claimant alleges a violation of the right to prompt and fulfilled justice in administrative venues, it is the Contentious-Administrative Courts that must hear the legal controversy, and not this Chamber. That said, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the recurso de amparo established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on numeral 7 of its Law, it corresponds exclusively to this Court to define its own jurisdiction. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in other cases, and for the reasons this Court has given (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VCG06/2025

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Texto de la resolución



Exp: 25-008481-0007-CO

Res. Nº 2025016121

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five.

 Recurso de amparo filed by [Nombre 001], identification number [Valor 001], on behalf of [Nombre 002], legal identification number [Valor 002], against the MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA AND THE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRASPORTES.

RESULTANDO:

1.- By a brief submitted to the Chamber on March 25, 2025, the appellant party files a recurso de amparo and states that its represented party is the owner of the property in the province of Heredia, real folio number sixty-eight thousand nine hundred fourteen, sub-registration zero zero zero. Said property is located in Heredia, San Pablo, three hundred meters east of the Colegio María Auxiliadora. It argues that in the space designated for the sidewalk, there are more than five trees, apparently of the pine species, with quite considerable heights. Over time, the significant growth of their roots has affected the entire public sidewalk, causing the lifting and detachment of the concrete blocks. The roots of these trees grow towards the sidewalk and, consequently, towards the boundary of its represented party's property, which has caused a tilting of the perimeter wall, thereby increasing the risk of collapse. Likewise, their branches extend both towards her property and towards the public road. Consequently, in the event of a partial or total fall, it would mean serious consequences for the users or vehicles circulating in the area. It argues that it is "(...) the obligation of both the Municipality and MOPT to ensure the fullness of the principle of Road Safety by executing the cutting of these trees as a measure to reduce the risk of injuries or deaths caused by the effect that the fall of a branch or the tree itself could produce. (See attached photographs) THIRD: With the intention of safeguarding the physical integrity of passers-by, the inhabitants of the affected homes, or vehicle drivers, as well as damage to property, given the high possibility of branch fall, the detachment of the retaining wall that the roots continue to damage, or even worse, the risk of a tree falling, it is of vital importance to proceed with the total felling of the same. FOURTH: On June 28, 2024, a writing was sent to the environmental management department of the Municipality of San Pablo requesting precisely the demolition of the trees, to which the official [Nombre 005], through official letter msphsp-ga-ne-022-2024, replied that this responsibility falls on MOPT, as it is in front of National Route 112. While it is true there is a subrogation of competence for a road section in favor of MOPT, the truth is that by the principle of sovereignty, the governing entity is the Municipality, and the location of these trees is on the sidewalk and not the vehicular circulation road. FIFTH: In order to follow up on the procedure, on July 10, 2024, a formal document was delivered addressed to the mayor's office and municipal council respectively, stating likewise what is collected in this recourse; however, they respond evasively with the same allegation, stating that the responsibility for what is located on the sidewalks in front of a national route is the competence of MOPT. These procedures were apparently carried out starting in June 2024; however, to date, the trees continue to grow, causing progressive deterioration to the sidewalk and the wall of my property, also increasing the risk given the danger of the events mentioned above. SIXTH: It is important to consider the degree of responsibility of the administration in an eventual tragedy that might occur due to the collapse of a branch, or the tree in its entirety, whose authorities, already having been warned, by negligence or omission, evade the duty to keep pedestrian walkways free of all obstacles, even needlessly incurring an economic loss, without neglecting the damage to the victim, simply by continuing to ignore their responsibility before what the legal system dictates. See in the images provided the notable detachment that said trees have caused on the sidewalk, so much so that at times pedestrians are observed walking on the street given the danger of a fall due to the concrete pieces completely detached from the ground, this without neglecting that a person with a disability cannot circulate on that section of the sidewalk. SEVENTH: These trees are located in a residential area that has numerous homes, sharing vicinity with schools and buildings that house specialties of the Universidad Nacional, such as Topography; by virtue of this, the number of people who daily use the sidewalk is notable, so it is not acceptable for the Local Government to consider it is not important and cause delay or operational negligence against solving this discomfort that can escalate to more severe damages against the administered. EIGHTH: There is no way for a third party to carry out all the logistics involved in the work of cutting those trees, as their height makes such an effort impossible, not only because of the high-tension cables adjacent to the trees but also because of the amount of vehicular traffic circulating at all hours. How to carry out this tree demolition requires the participation of several people, public entities, and special equipment to avoid greater damage due to lack of planning when the felling is executed; but letting time pass is waiting for who will be the victim, having the administration as responsible for an eventual event caused by the omission to ensure the safety of the inhabitants of this Canton. NINTH: Likewise, it is notorious that a person with a disability (specifically a passer-by in a wheelchair) would find it impossible to travel on said sidewalk, seriously violating the right to equality that shelters these persons in the regulatory classifications that will be elaborated upon below." She adds that "As mandated, I proceed to report that there is no diligence before the Ministerio de Obras Públicas regarding what is sought in the filed recourse, but within this same context, see in the evidentiary array what the representative of the Municipality shares with us in response to the tree demolition request; it refers us to conversations from the year 2023 between the Municipality of San Pablo and MOPT by virtue of the plurality of complaints from other citizens who cannot transit on the sidewalk in question. The coordination attempts between both entities have been unsuccessful; the Municipality at that time even mentions that coordination with SINAC is necessary for the approval of tree demolition, but inoperativeness is the common denominator. It is irrefutable that MOPT has had knowledge of the disconformity of the administered since the year 2023, but to this day, neither of these two actors materializes a solution that eliminates the roots of these trees, generators of obstacles within the public thoroughfare, specifically the sidewalk. Based on the situation described, she believes that with the negligence of the respondent authorities, her fundamental rights are being violated. She requests that the recurso be granted.

2.- By resolution at fifteen hours thirty-two minutes on the third of April two thousand twenty-five, the process is given course and reports are requested from the respondent authorities.

 3.- Under oath, Efraím Zeledón Leiva, in his capacity as Minister of Obras Públicas y Transportes, reports that through Official Letter No. CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617, dated April 10, 2025, notified on the same date, the Dirección de Asesoría Jurídica requests Mr. Steven Piedra Oviedo, Director, Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, to proceed to forward all information related to this case. That through Official Letter No. CARTA-MOPT-DAJ-2025-1618, dated April 10, 2025, notified on the same date, the Dirección de Asesoría Jurídica requests Mr. Alonso Mora Arroyo, Acting Director, División de Obras Públicas, to proceed to forward all information related to this case. In Official Letter No. CARTA-MOPT-DSEC-2025-119, dated April 22, 2025, Mr. Mario Alberto Vega Vega, forest regent, Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, proceeded to forward a copy of the respective report. In Official Letter No. CARTA-MOPT-DVOP-2025-334, dated April 22, 2025, Mr. Alonso Mora Arroyo, Acting Director of the División de Obras Públicas, proceeded to forward a copy of the respective report.

4.- In CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, official Mario Alberto Vega Vega, in his capacity as Director of the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras, informed official Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Dirección de Asesoría Jurídica, both representatives of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, that by the following means I greet you, and with the approval of engineer Steven Piedra Oviedo, I respond to what was requested in official letter CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Regarding the group of trees referred to in case file No. 25-008481-0007-CO of the Sala Constitucional, we received the request for attention from the former official of the Municipality of San Pablo, [Nombre 005], official of the Department of Environmental Management. In July 2024, report 21-24 (attached document) had been issued, where it had been determined that the trees represented a risk due to their condition. The trees are of the Casuarina species, which in recent years has been severely affected by an unidentified disease vector, which has caused many of these trees to die on the right-of-way of various routes. Said report was used to request the cutting of the trees in official letter DSEC-2024-147 (Attached document), which was forwarded to engineer Andrea Madrigal Quesada, in charge of zone 1-9 of the Gerencia de Conservación of CONAVI, so that this institution could attend to the cutting request. Official letter DSEC-2024-147 received the follow-up number 20244490D from the single window for document receipt at CONAVI. We recall that it is CONAVI and not MOPT that is the institution assigned in its constituting law to attend to conservation tasks for national routes, with the cutting of trees in poor condition in the right-of-way being part of said institution's conservation tasks. On October 28, in an email (Attached document), engineer Madrigal from CONAVI was reminded again of the urgency of attending to said trees. With the foregoing, we account for the actions taken by the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras of MOPT (DSEC-MOPT) regarding what was requested by the Municipality of San Pablo de Heredia. We indicate that throughout the entire process, we have not had information about Mr. [Nombre 001], so as to be able to notify him of what has been done, as the only contact was the municipal official [Nombre 005], who subsequently stopped working for said municipality. Recently, in March of this year, in resolution No. 2025006205 from the Sala Constitucional (Attached document), it was indicated that the correct procedure for attending to this type of case, where trees are involved whose dangerousness must be analyzed, is the summary demolition proceeding (sumario de derribo). In an email from April 21 of this year, it was indicated to engineer Natalia Picado Arias, an official of the Municipality of San Pablo, who now occupies the position of Mr. [Nombre 005], that for this specific case, the correct procedure to address these situations of trees for which there is a perception of danger is the summary demolition proceeding, so they must notify the user, for whom we MOPT do not have contact information.

5.- In official letter CARTA-MOPT-DVOP-DRI-S1-2025-160 of April 22, 2025, Eng. Hugo Chaves Gutiérrez, Director, Sede 1-1-Colima, indicated to official Alonso Mora Arroyo, General Director, División de Obras Públicas, that in response to the request from the Dirección de Asesoría Jurídica dated April 10, 2025, and in compliance with the instruction issued by the Sala Constitucional through recurso de amparo case file No. 25-008481-0007-CO, in which the procedure filed by Mr. [Nombre 001] was upheld, I allow myself to forward report DVOP-DRIIRN-2025-13. In said resolution, MOPT was ordered to forward updated information on the actions taken and/or to be executed regarding the situation raised on National Route No. 112, where, as indicated, “the significant growth of roots has affected the entire public sidewalk, causing the lifting and detachment of the concrete blocks”. The attached report details the results of the inspection carried out on April 21, 2025, as well as the sequence of procedures carried out by this Ministry. In particular, it highlights the sending of official letter DSEC-2024-147, on July 1, 2024, by which the Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras requested the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes of CONAVI for the cutting of these trees, a competence that legally falls on said institution as part of its road conservation functions. Therefore, it is recommended to consult the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes of CONAVI regarding the status of progress on the corresponding procedures. Likewise, it is made clear that MOPT does not have a specific mechanism to notify the user of the need to process the corresponding complaint through a summary demolition proceeding (sumario de derribo), as established by resolution No. 2025006205 of the Sala Constitucional.

 6.- Under oath, Bernardo Porras López, Municipal Mayor, and Yohan Granda Monge, in his capacity as President of the Municipal Council, both of the Municipality of San Pablo de Heredia, report that the Department of Environmental Management of this Local Government, Eng. Natalia Picado Arias, responsible for that unit, indicated in official letter MSPH-SP-DGA-NE-18-2025, all the actions that this institution has generated in pursuit of ensuring the effective execution of acts aimed at resolving the concerns immersed in this recourse; denote that there have been site visits, the issuance of reports on the condition of the casuarinas, procedural impetus between institutions to assign responsibilities to the competent authorities, among other acts. However, as proven in attached documents, as these “individuals” are located in a jurisdiction under the competence of CONAVI, this representation is limited to intervening in the intended cutting. It is clear that that sector (particularly the sidewalk is impassable and this is a matter that must be addressed), however; there is a jurisdictional conflict as their location accentuates, therefore, despite having done what is humanly and technically possible for MOPT or CONAVI to assume its responsibility for the cutting, this has been impossible. Even in the last communication that was generated with representatives of MOPT, literally and via email, we were told: “In parallel, according to resolution No. 2025006205 from the sala constitucional, we request you, who have the user's information, to indicate to them that they must process their complaint through a summary demolition proceeding (sumario de derribo). There is a consultation in process from the sala constitucional for both MOPT and the municipality regarding this case, so it is most convenient that the user be informed about the summary demolition proceeding, this before responding to the sala cuarta”, therefore; what is appropriate in this case is not for the appellant to come to this avenue arguing a violation of his fundamental rights; on the contrary, the appropriate course would be for the interested party to go to the administrative-civil avenue to process the injunction for demolition (interdicto de derribo).

7.- Under oath, Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, reports that in compliance with the request from this Honorable Chamber, the Consejo Nacional de Vialidad requested the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes of the Consejo Nacional de Vialidad to issue a technical report, within their competencies, that would allow this recuso to be addressed. The Gerencia de Construcción de Vías y Puentes of CONAVI issues document CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259) dated May 4, 2025, in which it addresses what was consulted in relation to recurso de Amparo 25-008481-0007-CO, in relation to their competencies. The Gerencia de Asuntos Jurídicos of CONAVI requests clarification on some points of the report, reason for which, later, the Gerencia de Conservación de Vías y Puentes issues document CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0610 (0259), dated May 5, 2025.

The Road and Bridge Conservation Management, in the first document it issues, CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259) dated May 4, 2025, states that it is responding to the inquiry regarding the Amparo appeal 25-008481-0007-CO, and submits a report on the attention provided and the progress of the corresponding efforts that will resolve the need that gave rise to this appeal. The Road and Bridge Conservation Management establishes that, on May 3, 2025, a review of the site conditions was carried out, for the purpose of proceeding as required in report “21-24 on the evaluation of trees in the right-of-way of route 112, San Pablo de Heredia,” issued by the Directorate of Road Safety and Beautification. From the inspection carried out by the CONAVI Conservation Management, the following observations are indicated with actions taken: “1. Six trees were identified with estimated heights between 20 and 25 meters, which have been marked 1 through 6 by means of red paint signage, in accordance with the provisions of Report No. 21-24, prepared by Eng. Mario Vega Vega, regarding the evaluation of the trees located in the right-of-way. 2. One of the trees has a guy wire embedded in its trunk, which is linked to a public utility pole. 3. The visible overhead electrical wiring includes power lines that supply a neighboring dwelling, as well as fiber optic cables. 4. The compromised cables are located only on the same side of the road where the trees are situated, without directly affecting the rest of the infrastructure located on the opposite side of the roadway. 5. The public utility pole involved belongs to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); consequently, any intervention on the trees that involves manipulation of the overhead electrical wiring must be coordinated directly with said May 07, 2025. entity, especially with regard to temporary electrical supply cuts, in order to guarantee safety conditions for both the workers and third parties during the removal work.” A series of images is included, which support the findings obtained during the inspection on May 3, 2025. From the aforementioned images, obtained during the inspection carried out by the Road and Bridge Conservation Management, the need for inter-institutional coordination is determined, as the intervention of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), the competent entity in the area, is required due to the presence of electrical cables among the tree branches. Additionally, as indicated in the technical report of May 4, the execution of the work involves scheduled electricity cuts, which must be communicated in advance to the affected users, in accordance with established protocols, to ensure minimal service disruption. Likewise, the report CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259) contemplates other factors to consider when carrying out the pertinent efforts, among which it states: “… a full temporary closure during some of the felling phases. It should be noted that these observations are relevant, since the current conditions make the removal work complex, both for the users and for the personnel in charge of the intervention.” The Road and Bridge Conservation Management, in order to establish traceability and transparency of the actions taken by this Administration, estimates the necessary timelines for the removal of the 6 identified trees, detailing the intervention phases, supporting the considerations taken following the inspection carried out on May 3, 2025. The Road and Bridge Conservation Management, in report CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259), presents a schedule with the previously indicated activities. Consequently, it is observed that, according to the schedule developed by CONAVI’s Road and Bridge Conservation, it is estimated that by the month of July of this year, the removal of the trees will have been fulfilled and completed. Regarding the decision to eliminate the trees, the CONAVI Road and Bridge Conservation Management is requested to expand and provide detail justifying this decision, for which they expand the information in document CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0610 (0259), stating: “The justified need is based on the technical criterion of the forestry engineer of the Directorate of Road Safety and Beautification, the competent entity in the area; the Road and Bridge Conservation Management lacks the competence to refute the criterion of a forestry engineer. Report No. 21-24 is attached.” In report “21-24 on the evaluation of trees in the right-of-way of route 112, San Pablo de Heredia,” which is on file and was attached to us in document CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0610 (0259), the following is indicated: “many trees of the Casuarina species have been affected by an unidentified disease vector, which has caused their stability to be diminished. All the trees are in a condition of risk.” Said mentioned species is the subject of the controversy in this appeal; therefore, upon making the evaluation, it is indicated that it must be considered a risk factor that it is a “Species with a history of uprooting, due to impact from a disease vector affecting all trees of the species,” so the mitigation measure is elimination, as indicated in report “21-24 on the evaluation of trees in the right-of-way of route 112, San Pablo de Heredia,” which concludes and recommends the following: “The trees generate uncertainty about their stability. Within the same species, there are trees with serious rot problems. (…) To CONAVI, manage the elimination of the trees from the report in the right-of-way.” The foregoing is in accordance with the provisions of Ley 9789, Law on Efficiency in the construction, maintenance, and improvement of the cantonal and national road network, in Article 2 bis, which indicates the following: “Article 2 bis- The public entities competent for the execution of maintenance and improvement works on the existing cantonal or national road network shall have the authority to remove, by virtue of public interest, without prior authorization from the competent authorities of the Ministry of Environment and Energy (Minae), any obstacle located in the legally constituted right-of-way, without this implying a transgression of environmental regulations; provided that the right-of-way is located outside of protection areas and protected wild areas or when it involves prohibited tree species…” Pursuant to what was set forth above, it is recorded that it is the competence of this Council to carry out the elimination of the trees. This Council, currently, as demonstrated in the technical reports, is handling the matter in accordance with the law. Likewise, and considering the efforts and coordination that CONAVI must carry out, it is estimated that, by the month of July of this year, the removal of the trees indicated in report “21-24 on the evaluation of trees in the right-of-way of route 112, San Pablo de Heredia,” issued by the Directorate of Road Safety and Beautification, will have been fulfilled and completed.

8.- In the substantiation of the process, the prescriptions of the law have been observed.

Drafted by Judge Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE. Before analyzing the merits of this matter—for the alleged violation of the right to a prompt and effective procedure—it must be clarified that, from ruling No. 2008-02545, of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the timeframes established by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario arises—supported by the majority of this Constitutional Tribunal—since it involves the formulation of a series of complaints for the felling of a series of trees located near the property that could put the health and integrity of the neighbors at risk, which have not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that the represented party is the owner of the property in the district of Heredia, real folio number sixty-eight thousand nine hundred fourteen, sub-registration zero zero zero. Said property is located in Heredia, San Pablo, three hundred meters east of Colegio María Auxiliadora. The appellant argues that in the space designated for the sidewalk, there are more than five trees, apparently of the pine species, with considerably significant heights, whose extended root growth over time has affected the entire public sidewalk, causing the lifting and detachment of the concrete blocks. The roots of these trees grow in the direction of the sidewalk and, therefore, toward the boundary of the represented party's property, which has caused a leaning of the perimeter wall, thereby increasing the risk of collapse. Likewise, their branches extend both toward the property and in the direction of the public road, so that an eventual partial or total fall would have serious consequences for the users or vehicles traveling through the area. By virtue of the foregoing, on June 28, 2024, a document was sent to the environmental management department of the Municipality of San Pablo specifically requesting the felling of the trees, to which the official [Name 005], through official letter msphsp-ga-ne-022-2024, responds that this responsibility falls on the MOPT, as it is situated along national route 112, and while it is true that there is a subrogation of competence for a road section in favor of the MOPT, the fact is that by the principle of sovereignty, the governing body is the Municipality and the location of these trees is on the sidewalk and not on the vehicular traffic route. FIFTH: In order to follow up on the matter, on July 10, 2024, a formal document is delivered to the mayor's office and municipal council respectively, stating in the same manner what was gathered in this appeal. However, they respond evasively with the same argument, stating that the responsibility for what is located on the sidewalks situated along a national route is the competence of the MOPT. These actions were apparently initiated beginning in June 2024; however, to date, the trees continue to grow, causing progressive deterioration to the sidewalk and the wall of the property. The appellant believes that due to the negligence of the appealed authorities, their fundamental rights are being violated.

III.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are deemed accredited:

a) By document received on April 28, 2024, the appellant submitted to the Municipality of San Pablo de Heredia a request that a series of trees located in the right-of-way adjacent to their property be felled. That the growth force of the pine trees has considerably affected the wall of the property and the public sidewalk, causing the wall to lean toward the sidewalk. With the intention of preventing future harmful damage to the existing buildings, not only on the property but also on the neighboring ones, and even to protect the physical integrity of passersby, given the possible fall of branches and detachment of the wall, they request that the felling of said trees be carried out as a preventive measure. The foregoing was reiterated by the appellant in a document received on July 10, 2024, submitted to the Mayor and the President of the Municipal Council of the appealed Municipality (digital file).

b) In official letter No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 of June 28, 2024, the Environmental Management Department informed the appellant: “(…) in relation to the request for the felling of the trees located on national route 112 at the height of the Ajúa restaurant. In October 2023, we arranged a visit with the MOPT to evaluate the conditions of the trees and determine their pruning. This step was carried out via email, attaching photographs provided by the Environmental Management Department. The MOPT official indicated that, for unrelated reasons, the joint visit could not be completed. To date, they have not received a response from the MOPT. The request for that visit was initially made because, when dealing with trees located in the right-of-way of national routes, only the MOPT or CONAVI can manage the felling of trees, in accordance with article 28 of Ley No. 9789. The foregoing was reiterated to the appellant in official letter MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 of July 22, 2024, issued by the Environmental Management Department of the appealed Municipality (digital file).

c) In official letter CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259) on April 4, 2025, signed by officials Andrea Madrigal Quesada, Zone 1-9 Heredia Engineer, and Luis Antonio Alvarado Arce, in his capacity as Director of the Central Region, both officials of the Road and Bridge Conservation Management of the Consejo Nacional de Viabilidad, they informed Carlos Vega Segura, Manager of Legal Affairs Management, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), of the following: “It is reported that the information provided was reviewed, and as a result, this technical service report is provided. Appellant: [Name 001] Location: 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, Ruta Nacional 112, control section 40151. 1. Actions taken: On May 3, 2025, the site conditions were reviewed in order to manage everything necessary to carry out the removal of trees required in Report No. 21-24. From said inspection, the following observations are made: 1. Six trees were identified with estimated heights between 20 and 25 meters, which have been marked 1 through 6 by means of red paint signage, in accordance with the provisions of Report No. 21-24, prepared by Eng. Mario Vega Vega, regarding the evaluation of the trees located in the right-of-way. 2. One of the trees has a guy wire embedded in its trunk, which is linked to a public utility pole. 3. The visible overhead electrical wiring includes power lines that supply a neighboring dwelling, as well as fiber optic cables. 4. The compromised cables are located only on the same side of the road where the trees are situated, without directly affecting the rest of the infrastructure located on the opposite side of the roadway. 5. The public utility pole involved belongs to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); consequently, any intervention on the trees that involves manipulation of the overhead electrical wiring must be coordinated directly with said entity, especially with regard to temporary electrical supply cuts, in order to guarantee safety conditions for both the workers and third parties during the removal work. 3. Current status of the matter: Following the inspection, the need for inter-institutional coordination was determined due to the presence of electrical cables among the tree branches, a situation that requires the intervention of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), the competent entity in the area. The execution of the work involves scheduled electricity cuts, which must be communicated at least in advance to the affected users, in accordance with established protocols. Additionally, given the height of the trees, it will be necessary to implement a partial road closure, which must be communicated in a timely manner to the users. It may even require a full temporary closure during some of the felling phases. It should be noted that these observations are relevant, since the current conditions make the removal work complex, both for the users and for the personnel in charge of the intervention. By virtue of the foregoing, and with the aim of estimating the necessary timelines for the removal of the six identified trees, the corresponding activity estimate is presented below: 4. Intervention Schedule – Ruta Nacional 112 This schedule details the intervention phases related to the preventive removal of trees located in the right-of-way of Ruta Nacional No. 112, 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, in San Pablo de Heredia. These actions are part of the response to the amparo appeal file No. 25-008481-0007-CO and are based on the considerations taken following the inspection carried out on May 3, 2025 (…). By virtue of the foregoing, and considering the completion of all necessary efforts and inter-institutional coordination, it is estimated that by July 8, 2025, the removal of the indicated trees will have been completed, as required in the appeal filed by the appellant” (digital file).

d) In CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, official Mario Alberto Vega Vega of the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT informed Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Legal Advisory Directorate, that: “(…) By this means I greet you and, with the approval of engineer Steven Piedra Oviedo, respond to the request in official letter CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Regarding the group of trees referred to in file No. 25-008481-0007-CO of the Constitutional Chamber, we received the service request from the former official of the Municipality of San Pablo, [Name 005], an official of the Environmental Management department. In July 2024, report 21-24 (attached document) had been issued, in which it had been determined that the trees represented a risk due to their condition. The trees are of the Casuarina species, which in recent years has been severely affected by an unidentified disease vector, which has caused many of these trees to die within the right-of-way of various routes. Said report was used to request the felling of the trees in official letter DSEC-2024-147 (Attached document), which was forwarded to engineer Andrea Madrigal Quesada, in charge of zone 1-9 of the CONAVI Conservation Management, so that this institution would address the felling request. Official letter DSEC-2024-147 received the tracking number 20244490D from the single document reception window of CONAVI. We recall that it is CONAVI, and not the MOPT, which is the institution assigned in its enabling law the task of conservation work on national routes, with the felling of trees in poor condition in the right-of-way being part of the conservation work of said institution. On October 28, in an email (Attached document), engineer Madrigal of CONAVI was once again reminded of the urgency of addressing these trees. With the foregoing, we provide an account of the actions taken by the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT (DSEC-MOPT) in response to the request made by the municipality of San Pablo de Heredia. We indicate that throughout the entire process, we have had no information regarding Mr. [Name 001] so as to be able to notify him of the actions taken, since the only contact was the municipal official [Name 005], who subsequently stopped working for said municipality. Recently, in March of this year, in resolution No. 2025006205 of the Constitutional Chamber (Attached document), it was indicated that the correct procedure for addressing this type of case, involving trees whose dangerousness must be analyzed, is the summary proceeding for tree felling (sumario de derribo). In an email on April 21 of this year, engineer Natalia Picado Arias, an official of the municipality of San Pablo who now holds Mr. [Name 005]’s position, was informed that, for the specific case, the correct procedure for addressing these situations of trees where there is a perception of danger is the summary proceeding for tree felling (sumario de derribo), for which they must notify the user, for whom we at the MOPT do not have contact information” (digital file).

IV.- UNPROVEN FACT: The following fact is not considered duly demonstrated: Sole.- That the authorities of the Municipality of San Pablo de Heredia or of CONAVI formally communicated to the appellant that the correct procedure for addressing these situations of trees where there is a perception of danger is the summary proceeding for tree felling (sumario de derribo).

V.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the appealed authorities, with the consequences, including criminal ones, provided for in numeral 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an infringement of the fundamental rights of the appellant is established, based on the considerations set forth below. In this regard, it is established that in a document received on April 28, 2024, the appellant submitted to the Municipality of San Pablo de Heredia a request that a series of trees located in the right-of-way adjacent to their property be felled. That the growth force of the pine trees has considerably affected the wall of the property and the public sidewalk, causing the wall to lean toward the sidewalk. With the intention of preventing future harmful damage to the existing buildings, not only on the property but also on the neighboring ones, and even to protect the physical integrity of passersby, given the possible fall of branches and detachment of the wall, they request that the felling of said trees be carried out as a preventive measure. The foregoing was reiterated by the appellant in a document received on July 10, 2024, submitted to the Mayor and the President of the Municipal Council of the appealed Municipality. In official letter No. MSPH-SP-GA-NE-022-2024 of June 28, 2024, the Environmental Management Department informed the appellant: “(…) in relation to the request for the felling of the trees located on national route 112 at the height of the Ajúa restaurant. In October 2023, we arranged a visit with the MOPT to evaluate the conditions of the trees and determine their pruning. This step was carried out via email, attaching photographs provided by the Environmental Management Department. The MOPT official indicated that, for unrelated reasons, the joint visit could not be completed. To date, they have not received a response from the MOPT. The request for that visit was initially made because, when dealing with trees located in the right-of-way of national routes, only the MOPT or CONAVI can manage the felling of trees, in accordance with article 28 of Ley No. 9789. The foregoing was reiterated to the appellant in official letter MSPH-SP-DGA-NE-026-2024 of July 22, 2024, issued by the Environmental Management Department of the appealed Municipality. On the other hand, it is established that in official letter CARTA-CONAVI-DRC-10-2025-0595 (0259) on April 4, 2025, signed by officials Andrea Madrigal Quesada, Zone 1-9 Heredia Engineer, and Luis Antonio Alvarado Arce, in his capacity as Director of the Central Region, both officials of the Road and Bridge Conservation Management of the Consejo Nacional de Viabilidad, they informed Carlos Vega Segura, Manager of Legal Affairs Management, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), of the following: “It is reported that the information provided was reviewed, and as a result, this technical service report is provided. Appellant: [Name 001] Location: 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, San Pablo de Heredia, Ruta Nacional 112, control section 40151. 1. Actions taken: On May 3, 2025, the site conditions were reviewed in order to manage everything necessary to carry out the removal of trees required in Report No. 21-24. From said inspection, the following observations are made: 1. Six trees were identified with estimated heights between 20 and 25 meters, which have been marked 1 through 6 by means of red paint signage, in accordance with the provisions of Report No. 21-24, prepared by Eng. Mario Vega Vega, regarding the evaluation of the trees located in the right-of-way. 2. One of the trees has a guy wire embedded in its trunk, which is linked to a public utility pole. 3. The visible overhead electrical wiring includes power lines that supply a neighboring dwelling, as well as fiber optic cables. 4. The compromised cables are located only on the same side of the road where the trees are situated, without directly affecting the rest of the infrastructure located on the opposite side of the roadway. 5. The public utility pole involved belongs to the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); consequently, any intervention on the trees that involves manipulation of the overhead electrical wiring must be coordinated directly with said entity, especially with regard to temporary electrical supply cuts, in order to guarantee safety conditions for both the workers and third parties during the removal work. 3. Current status of the matter: Following the inspection, the need for inter-institutional coordination was determined due to the presence of electrical cables among the tree branches, a situation that requires the intervention of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), the competent entity in the area. The execution of the work involves scheduled electricity cuts, which must be communicated at least in advance to the affected users, in accordance with established protocols. Additionally, given the height of the trees, it will be necessary to implement a partial road closure, which must be communicated in a timely manner to the users. It may even require a full temporary closure during some of the felling phases. It should be noted that these observations are relevant, since the current conditions make the removal work complex, both for the users and for the personnel in charge of the intervention. By virtue of the foregoing, and with the aim of estimating the necessary timelines for the removal of the six identified trees, the corresponding activity estimate is presented below: 4. Intervention Schedule – Ruta Nacional 112 This schedule details the intervention phases related to the preventive removal of trees located in the right-of-way of Ruta Nacional No. 112, 300 meters east of Colegio María Auxiliadora, in San Pablo de Heredia. These actions are part of the response to the amparo appeal file No. 25-008481-0007-CO and are based on the considerations taken following the inspection carried out on May 3, 2025 (…). By virtue of the foregoing, and considering the completion of all necessary efforts and inter-institutional coordination, it is estimated that by July 8, 2025, the removal of the indicated trees will have been completed, as required in the appeal filed by the appellant.”

In CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, official Mario Alberto Vega Vega of the Directorate of Road Safety and Beautification of the MOPT informed Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Legal Advisory Directorate, that: “(…) By this means I greet you and, with the approval of engineer Steven Piedra Oviedo, respond to the request in official letter CARTA-MOPT-DAJ-2025-1617. Regarding the group of trees referred to in file No. 25-008481-0007-CO of the Constitutional Chamber, we received the service request from the former official of the Municipality of San Pablo, [Name 005], an official of the Environmental Management department. In July 2024, report 21-24 (attached document) had been issued, in which it had been determined that the trees represented a risk due to their condition. The trees are of the Casuarina species, which in recent years has been severely affected by an unidentified disease vector, which has caused many of these trees to die within the right-of-way of various routes. Said report was used to request the felling of the trees in official letter DSEC-2024-147 (Attached document), which was forwarded to engineer Andrea Madrigal Quesada, in charge of zone 1-9 of the CONAVI Conservation Management, so that this institution would address the felling request. Official letter DSEC-2024-147 received the tracking number 20244490D from the single document reception window of CONAVI.

We recall that it is CONAVI and not the MOPT that is the institution assigned in its founding law the task of conservation of national routes, with the cutting of trees in poor condition within the right-of-way being part of the conservation duties of that institution. On October 28, in an email (attached document), engineer Madrigal of CONAVI was again reminded of the urgency of attending to said trees. With the foregoing, we account for the actions taken by the MOPT’s Directorate of Road Safety and Beautification (Dirección de Seguridad y Embellecimiento de Carreteras del MOPT, DSEC-MOPT) regarding what was requested by the Municipality of San Pablo de Heredia. We note that throughout the entire process, we have had no information about Mr. [Name 001] so as to be able to notify him of the actions taken, since the only contact was the municipal official [Name 005], who subsequently stopped working for that municipality. Recently, in March of this year, in Resolution No. 2025006205 of the Constitutional Chamber (attached document), it was indicated that the correct procedure for addressing this type of case, involving trees whose dangerousness must be analyzed, is the summary proceeding for removal (sumario de derribo). In an email of April 21 of this year, engineer Natalia Picado Arias, an official of the Municipality of San Pablo, who now holds the position of Mr. [Name 005], was told that for the specific case, the correct procedure for addressing these situations of trees for which there is a perception of danger is the summary proceeding for removal (sumario de derribo), therefore they must notify the user, for whom we at MOPT do not have the contact information.”

In this regard, it must be dismissed, insofar as this jurisdiction has indicated that all requests concerning tree removal must be heard and finally resolved in the agrarian courts through the summary proceeding for removal (proceso sumario de derribo). That is, such evaluation and disposition does not remain in the hands of this Constitutional Chamber, as it is considered, then, a matter of mere legality that falls outside the scope of its powers. On this point, in the recent Ruling No. 2025-6205 of 09:20 hrs. on February 28, 2025 (in which, in turn, reference is made to Judgment No. 2024-17568 of June 25, 2024), this Court indicated:

“(…) II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that she is the owner of a lot adjacent to the property registered under real folio number 228791-000, located in Quebrada Grande de Liberia, Canton Liberia, Mayorga District. She explains that, on September 11, 2024, she sent an urgent request to the head of the Liberia Subregional Office of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) to obtain a special permit for tree cutting for human safety. She states that the tree in question, of the Guanacaste species, is located on the public sidewalk in front of her property and that, on September 10, 2024, one of its large branches fell onto her property. She affirms that many people, including children, walk along that sidewalk daily, which represents a risk to the lives of pedestrians. She complains that to date the complaint has not been addressed. She requests that the Ministry of Public Works and Transport be ordered, in the exercise of its powers, to urgently carry out the intervention of cutting the dangerous trees through road conservation contracts, in order to guarantee human safety (…)

III.- BACKGROUND. In resolving this case, what was ordered by this Chamber in Judgment No. 2024-2024017568 at nine forty-five hours on June twenty-fifth, two thousand twenty-four, is of special relevance, in which it was determined: IV.- Regarding the specific case. In the sub lite, the appellants state that in San Antonio de Belén there has been, for 70 years, a Copey tree, one of only 5 of said species in the canton, which is located in a sector near the train line. In that regard, they mention that in September 2023, a neighbor complained about the existence of said tree, considering it a threat to their property, which is why its felling was authorized. Therefore, they state that 40 neighbors sent a letter to the respondent authorities to prevent the felling of the tree in question; however, they claim they were informed that cutting work would begin on March 15 at 07:00 hours. They believe such action violates their fundamental rights. Regarding this, from the analysis of the reports rendered under oath by the respondent authorities—which are taken as given under oath with the consequences, even criminal, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it can be inferred that the Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) received a request for authorization to cut a tree, located within the right-of-way of the Costa Rican Railway Institute, in the sector of San Antonio de Belén, in order to solve the problem affecting the dwelling. To address said request, it is observed that such authority proceeded to coordinate and request the technical opinion of other authorities, such as the Municipality of Belén and the National System of Conservation Areas. In that regard, the authorities of the Municipality of Belén indicated the following: “1. When the inventory of the canton’s trees was conducted, this tree was not included, as it is located on the inner part of the sidewalk and not outside, so it is not described or analyzed. 2. According to the complainant’s information, the tree is causing damage to the roof, gutters, and floor of the dwelling in question. 3. Several consultations have been made with three different forestry engineers (ingenieros forestales), who recommend pruning of 30%, both for clearance and formation purposes, and not cutting; in a technical scope, but without a territorial, sanitary, or legal analysis. 4. The tree poses a risk to the public power lines. 5. The foliage apparently is ¾ over the roof of the dwelling. 6. As you are aware, it is a native species and planted on the site many years ago, which is providing ecosystem services in the sector” (the emphasis is not part of the original). For their part, the authorities of the National System of Conservation Areas reported the following: “Description of Results: 1. On the day of the Inspection and at the time of the visit, it was observed that a high percentage of the tree crown is over the roof of the house owned by Mr. [Name 002], it does not present phytosanitary problems in the trunk, it also presents fulcreous roots, which are typical of the species, with a southward lean, and it is located within the INCOFER right-of-way. 2. During the site tour, no Protection Areas for Rivers, Streams, or Springs (Áreas de Protección de Ríos, Quebradas o Nacientes) were observed, and the tree is located on land used for agriculture and livestock, without forest, and the slope of the land is flat between 1 and 2%. Conclusions and/or Recommendations: After conducting the field inspection, Mr. Chacón is recommended to carry out the relevant procedures before INCOFER. Due to the situation presenting itself with the tree and his dwelling, since the Copey tree is located within the right-of-way, it is that Institution that must process the permit, whether for cutting or pruning of said tree. No Protection Area established by Article 33 of Law 7575 was located on the property” (the emphasis is not part of the original). On the other hand, it was not possible to demonstrate that the Municipality of Belén and SINAC granted the permit for pruning or cutting the Copey tree located in a sector near the train line, therefore, regarding them, the amparo appeal must be declared without merit. However, it has been demonstrated that the Costa Rican Railway Institute (INCOFER), authorized the felling of the aforementioned Copey tree, through official letter No. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024, and specifically said authorities resolved the following: “Regarding the authorization for the removal of the Copey tree within the railway right-of-way, the safety of the properties adjacent to the tree's location must be considered, and if any damage is incurred to third parties, your represented party must be responsible for the damages caused, likewise the removal of all waste material produced as a consequence of the removal, will also be assumed by you. Authorization is granted to carry out these special works for March 15 and 16, 2024, within the hours of 7:00 a.m. to 4:00 p.m.” It must be highlighted that in the present case, the object of the proceeding is a Copey tree that, due to the large size it had, the adjacent neighbor alleged that it had to be felled because it constituted a threat to their dwelling, and for that reason they went to the Municipality of Belén and from there were referred to the Heredia Conservation Area, which in turn directed them to the Costa Rican Railway Institute where they were finally granted the felling authorization given through official letter No. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024.- The correct procedure for determining whether or not the cutting of a tree under such conditions, in which dangerousness is alleged, is appropriate, is through the summary channel for removal (vía sumaria de derribo) before the jurisdictional body, and in the case of this tree located in Heredia, it would be processed before the Agrarian Court of Alajuela. It does not correspond to SINAC or INCOFER to grant cutting or pruning permits for trees that are considered a danger to passersby, a threat to the rights of the possessor or their neighbors, or that may harm public goods, as this is processed in the jurisdictional venue through the procedure specially established for cases such as the present one. This is regulated in Article 108 of the Civil Procedure Code which states: ARTICLE 108.- Summary proceeding for removal. 108.1 Admissibility and standing. The summary proceeding for removal (sumario de derribo) shall be appropriate when the poor condition of a building, construction, tree, or property constitutes a threat to the rights of the possessor or passersby, or may harm public goods. The lawsuit may be filed by anyone with an interest. 108.2 Adoption of safety measures. Once the lawsuit is filed, the court shall conduct an inspection of the location, with the assistance of experts if it deems it convenient, and shall dictate the safety measures that are necessary. The expenses caused by the execution of the safety measures shall be borne by the owner of the ruinous property. In their absence, the plaintiff shall cover the expenses, who shall have the right to the corresponding reimbursement, if the defendant is ordered to pay costs. 108.3 Ruling upholding the claim. In the ruling upholding the claim, the removal or adoption of safety measures of a permanent nature shall be ordered. If removal is ordered, even if appealed, total or partial destruction may be carried out immediately, when the execution cannot be delayed without serious and imminent risk. Safety measures may also be ordered and executed, when they had not been ordered or executed before. Furthermore, the defendant shall be ordered to pay damages. As observed from the transcribed regulations, it will be through this summary proceeding for removal (proceso sumario de derribo), even against an undetermined person (because the owner is unknown or it is in a public area), where the principle of adversarial proceedings will be broadly exercised to decide, with forestry expert support and assessing the cultural context in light of the “technical facts,” whether the felling of the tree is appropriate, or whether partial periodic pruning is pertinent. It will be within that summary proceeding where it will be analyzed whether it involves a diseased or healthy tree, climatic conditions, location, type of soil, whether it is in a protection zone, whether it is a protected species, its age, its cultural significance, whether it represents a danger or threat to passersby, possessors, adjacent buildings, or public goods, among other aspects to be evaluated jointly. By making that assessment in the judicial venue, the fate of the tree whose cutting or pruning is requested by any interested party will be determined, or the removal lawsuit may be dismissed if the importance of conserving the tree is determined. Such assessment is the competence of the jurisdictional venue as regulated by the aforementioned Article 108, therefore such procedure is not appropriately carried out in the administrative venue, as has erroneously occurred in the case under examination, when the aforementioned felling permit was granted through official letter No. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024. Given that scenario, this is one of the reasons why it is appropriate to grant the appeal for the reasons given by this Constitutional Court, solely to annul said felling authorization issued by the INCOFER Office on February 14, 2024, and which was revoked on March 21, 2024. Trees as natural resources are regulated, among other regulations, by the Biodiversity Law, which provides in subsection 3 of Article 11 that one of the criteria for applying that regulation is the environmental public interest. Specifically, the regulation states: \"The use of the elements of biodiversity shall guarantee the development options of future generations, food security, the conservation of ecosystems, the protection of human health, and the improvement of the quality of life of citizens\". Such aspects are considered within a summary proceeding for removal (proceso sumario de derribo), since a natural resource is at stake. Basically, Article 108 of the Biodiversity Law states: \"In biodiversity matters and as long as there is no environmental jurisdiction, all disputes shall be the exclusive competence of the contentious-administrative jurisdiction. As exceptions to the foregoing rule, crimes against biodiversity shall be judged by the criminal jurisdiction; likewise, disputes arising between private parties, where no administrative act or public domain is involved, shall be the competence of the agrarian jurisdiction\". From the foregoing, it is concluded that, being in the presence of a conflict in which the removal of a tree that could be ruinous or not is discussed, it is a claim related to a natural resource, it must be resolved guaranteeing the principle of adversarial proceedings, as in the agrarian courts according to the cited regulations, and not through an administrative procedure, as has occurred in the case under examination, which entails annulling any authorization from that Administration regarding pruning or felling issued against the Copey tree located 100 south of Pizza Hut in Belén, Heredia, and specifically, official letter No. Incofer-GOP-DOP-0012-2024 of February 14, 2024, is annulled, which was suspended on March 19, 2024. In addition to the foregoing, the second reason why this amparo appeal must be granted against INCOFER, is that on March 16, 2024, the total pruning of the tree in question was carried out, which was left to the discretion of the neighbor who had requested the felling, since the phytosanitary state of the tree nor its impact on the surroundings were assessed. Neither was it demonstrated that there was any technical criterion or recommendation regarding said pruning, beyond the criterion referenced by the mayor of Belén, regarding the consultation that local entity made to three forestry engineers about the requested authorization, and which according to the mayor was made known to the Heredia Office of SINAC and not to the promoter. It was not demonstrated that Incofer, which was the entity that granted the cutting permit, carried out any type of oversight of said proceeding or that there was any coordination to that effect. As a consequence of those omissions, a total pruning was carried out that seriously damaged the tree, as indicated by the Heredia Subregional Office of the National System of Conservation Areas. For this Chamber, those omissions seriously contravene the State's obligation to take the necessary measures to conserve and preserve the environment, which is closely related to the necessary coordination that has been imposed on them to guarantee the comprehensive protection of the environment (see in this regard Judgment No. 010006922 of 14:35 hrs. on April 16, 2010). Thus, it is evident that the claimed grievance occurred, first for not observing the correct competence and procedure (“summary proceeding for removal” (sumario de derribo)) for the removal of trees alleged to be a threat, and second for not having provided technical follow-up to their erroneous tree cutting authorization, which caused significant deterioration. Under this reasoning, it is necessary to uphold the appeal, as will be stated regarding the National Railway Institute”.\n\nIV.- ON THE MERITS. From the report rendered under oath by the respondent authorities, with the even criminal consequences provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction, an infringement of the fundamental rights of the appellant is accredited, based on the considerations set forth below. In this regard, it is accredited that on September 12, 2024, the appellant sent to the Ministry of Public Works and Transport (MOPT), specifically to the addresses [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected] and [email protected] an urgent request for assessment and intervention for the cutting of the Guanacaste trees located on national route 917, highway to Dos Ríos de Upala, arguing imminent danger to the lives of the community's residents. On September 13, 2024, the appellant received a response from official Mario Alberto Vega Vega of the MOPT’s Directorate of Road Safety and Beautification, who noted that he is the only person in charge of attending to this type of request nationwide, therefore he could not provide a response within a period of 10 days and requested photographs to identify the species. On September 16, 2024, she sent the required images to official Vega Vega It is also confirmed that on November 11, 2024, the appellant sent a new email to engineer Mario Vega Vega, of MOPT, at the address [email protected], requesting information on the status of the request. On November 12, 2024, engineer Mario Vega Vega informed the appellant that due to priorities established by the minister related to the expansion of route 1, Cañas - Barranca, he could not attend to the request within a period of 15 to 22 days. He adds that the message acknowledged the concern of the neighbors, but it was indicated that there was no more staff available to attend to the case. In an email sent on January 29, 2025, the appellant reiterated the complaint in question to official Vega Vega, Forestry Regent (Regente forestal) of the Directorate of Road Safety and Beautification. Subsequently, it is accredited that in Report No. 11-25 on evaluation of trees in the right-of-way of route 917, Quebrada Grande de Liberia, dated February 10, 2025, signed by Mario Alberto Vega Vega, Forestry Regent of the Directorate of Road Safety and Beautification of the respondent Ministry, it is stated: “Regarding the evaluation of a group of trees on the right-of-way of route 917, in Quebrada Grande de Liberia, by Mrs. Marys Palacios, I report: The evaluated sector is located in section 50352 of national route No. 917, in the Mayorga district of Liberia, specifically 1.1 km east of the center of the community of Quebrada Grande. Said route section has a total length of 7.7 km, with a right-of-way width of 15.2-22.5 m (7.6-11.25 m from the center of the road). (…) Conclusions. - The Guanacaste trees, numbered 1, 4, 5, 6, and 8 present deterioration in their structure, this due to pruning of large branches. - Due to the degraded structures, the fall of branches is more likely than uprooting from the root. - Because the structures that are most vulnerable, as well as the prevailing wind in the area, the fall of branches is more likely into the interior of the property, the pasture, than toward the right-of-way. - The houses that have been built in the place, were built when the trees were already mature and had received several prunings. - Within the highway conservation manual, trees should only be intervened when they generate a risk. Mitigation Measures - Eliminate all the indicated trees and apply pruning to tree 2. Recommendations - To CONAVI, manage the execution of the indicated mitigation measures. By virtue of the foregoing, in official letter No. DSEC2025-47 of February 10, 2025, signed by Mario Alberto Vega Vega, Forestry Regent of the Directorate of Road Safety and Beautification, he requested from engineers Eddy Baltodano Araya and Gustavo Alvarado Prudente, both officials of the CONAVI Road and Bridge Conservation Management, the following: “By this means, I greet you and we transfer the request for cutting a group of trees, located in the right-of-way of national route 917, section 50352, in the Mayorga district of the canton of Liberia, 1.1 km east of the center of the community of Quebrada Grande. In report 11-25, the feasibility of cutting the referred trees is justified. To legally justify the cutting of the trees, the provisions of Law No. 9789 must be applied. According to the criterion of the MOPT’s Directorate of Legal Advisory, through official letter DAJ-2021-4164 (attached), as this is a task of CONAVI, it will correspond to the Executive Director in office of said institution to make the communication to SINAC-MINAE. For this specific request, engineer Nahuel Flores Bianchi, Head of the Liberia Subregional Office SINAC, must be informed about the cutting of the 5 referred trees, which are located in the described section of said route. The trees are not located in any of the protection areas described in Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) 7575; nor are they within any protected wild area, nor do they correspond to protected species. Furthermore, indicate in the note that these trees require cutting for the conservation work of national route No. 917. The facilities of the SINAC Liberia subregional office are located next to the ICE offices in downtown Liberia. Likewise, the institutional email of engineer Flores is [email protected]. Report 11-25 is attached.” The foregoing demonstrates that the complaint filed by the appellant since September 12, 2024, was addressed by the Directorate of Road Safety and Beautification of the respondent Ministry after it was notified of the resolution processing the appeal, which was notified to it since February 5, 2025. Furthermore, from what was reported and the evidence in the case file, it cannot be accredited that the authorities of the respondent Directorate have notified a response to the complaint in question, which is why, regarding such aspects, the appeal must be upheld. On the other hand, it is accredited that what was ordered in official letter No. DSEC-2025-47 of February 10, 2025, has not been complied with by the CONAVI authorities, who also reported \"that the cutting of the trees must be carried out through a summary proceeding for removal (sumario de derribo) before the Agrarian Court in the Courts of Justice of Liberia, if applicable. It is through this summary proceeding where it must be analyzed whether it involves a diseased or healthy tree, determining its climatic conditions, location, soil type, if it is in a protection zone, if it is a protected species, its age, its cultural significance, if these represent a danger or threat to passersby, possessors, adjacent buildings, or public goods, among other aspects to be evaluated jointly, the foregoing being thus contemplated in Article 108 of the Civil Procedure Code.\" If the CONAVI authorities considered the requested tree cutting is not within the assumption of any highway expansion or maintenance program that contemplates the elimination of trees by any CONAVI program, the procedure to follow for the other assumptions is through the summary proceeding for removal (proceso sumario de derribo) processed in the Agrarian Courts. Such situation is mentioned by the Executive Director of COSEVI, however, this should have been made known to the appellant user, so that they would know the correct avenue to pursue for the tree cutting request. Such information was not provided even though it was known to them, for this reason, regarding this Directorate, the appeal must be upheld. In addition to the foregoing, it is important to indicate to the protected party that the correct avenue for the elimination of trees considered dangerous is through the Summary Proceeding for Removal (Sumario de Derribo) before the Agrarian Court of Liberia, with free Agrarian Public Defense available in case they are a person of limited resources. For, as indicated by the Executive Directorate of COSEVI, it is through this summary proceeding where it must be analyzed whether it involves a diseased or healthy tree, determining its climatic conditions, location, soil type, if it is in a protection zone, if it is a protected species, its age, its cultural significance, if these represent a danger or threat to passersby, possessors, adjacent buildings, or public goods, among other aspects to be evaluated jointly, the foregoing being thus contemplated in Article 108 of the Civil Procedure Code. The appellant went through the wrong avenue, however, they should have been so informed by the respondent authorities, giving them a prompt, duly notified response, but this did not occur. Thus, the present appeal must be upheld, as is indeed ordered. Take note, petitioner, of the correct avenue you must pursue to manage tree removal as indicated supra. (…)” (The emphasis is not part of the original).

Under such an order of considerations, and since there are no reasons in this case that would vary what was indicated in the cited precedents, these must be applied in resolving the present case. In this regard, it is accredited that in official letter CARTA-MOPT-DSEC-2025-119 of April 22, 2025, official Mario Alberto Vega Vega of the MOPT’s Directorate of Road Safety and Beautification informed Manuel González Gómez, Acting Deputy Director of the Directorate of Legal Advisory, that: “(…) In an email of April 21 of this year, engineer Natalia Picado Arias, an official of the Municipality of San Pablo, who now holds the position of Mr. [Name 005], was told that for the specific case, that the correct procedure for addressing these situations of trees for which there is a perception of danger, is the summary proceeding for removal (sumario de derribo), therefore they must notify the user, for whom we at MOPT do not have the contact information.” Notwithstanding the foregoing, there is no record that the authorities of the Municipality of San Pablo de Heredia or of CONAVI formally communicated to the appellant that the correct procedure for addressing these situations of trees for which there is a perception of danger, is the summary proceeding for removal (sumario de derribo), as was appropriate. By virtue of the foregoing, the present appeal must be upheld, with the consequences indicated in the operative part.

VI.- NOTE BY JUDGE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Court's thesis that, when the claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in the administrative venue, those who must hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on Article 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which do proceed to be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE.

The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is granted. Bernardo Porras López, Mayor of the Municipalidad de San Pablo de Heredia, and Mauricio Sojo Quesada, in his capacity as Acting Executive Director of the Consejo Nacional de Vialidad, or whoever holds those positions in their stead, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their powers, so that they immediately and formally inform the appellant of the correct procedure to follow before the jurisdictional venue for the demolition summary proceeding (sumario de derribo), and as long as the foregoing is complied with, to adopt the necessary preventive measures to safeguard the life and integrity of passersby at the site in question. The respondent authorities are warned that, according to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years or a fine from twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal (recurso de amparo), and does not comply with it or does not have it enforced, provided the offense is not more severely punished. The Municipalidad de San Pablo and the Consejo Nacional de Vialidad are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment proceeding of the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Judge Castillo Víquez enters a note. Notify.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Jose Roberto Garita N.

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