Res. 09922-2025 Sala Constitucional — Construction of National Water Laboratory not subject to amparoConstrucción del Laboratorio Nacional de Aguas no es materia de amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09922 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2025 a las 13:50

Expediente: 25-005715-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con nota separada

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-005715-0007-CO

Res. Nº 2025009922

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas y cincuenta minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco.

 

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

RESULTANDO:

1.- Por escrito aportado a la Sala el 27 de febrero de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que acude en su condición de el Director del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA). Señala que dicho laboratorio (inaugurado el 20 de septiembre de 1964), tiene como finalidad la vigilancia y control de la calidad del agua en el país. Menciona que sus instalaciones se ubican en Dulce Nombre de La Unión, en la provincia de Cartago, en un edificio conocido como "la casona" construida en el año 1921. Refiere que desde 1990 el laboratorio a su cargo elabora informes anuales de cobertura y calidad del agua para uso y consumo humano y saneamiento, para fomentar avances en ambos servicios. Además, de crear programas ambientales como Bandera Azul Ecológica en 1996 y el Sello de Calidad Sanitaria en el 2002, los cuales tiene como finalidad promover la participación ciudadana en la protección de los recursos hídricos y la salud ambiental del país. Por otra parte, explica que el laboratorio que representa ha logrado acreditar la gestión y la operación analítica con las normas INTE/ISO-IEC 17025:2017, sobre “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, así como la INTE/ISO-IEC 17020:2012 sobre “Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”. Comenta que dicho laboratorio ha tenido un papel importante para la atención de la salud preventiva ante amenazas de epidemias de cólera entre los años de 1991 y 1998, la crisis de contaminación de arsénico de los acueductos de ciertas zonas de Guanacaste y San Carlos entre los años 2009-2023 y las pandemias por el virus A1H1N1 y SARS-CoV2. Sin embargo, explica que entre el año 2001 y el año 2005 pudieron reconocer con sentido crítico las debilidades del laboratorio en la atención de nuevos contaminantes emergentes como hidrocarburos, plaguicidas y microorganismos patógenos; esto, sumado a las pésimas condiciones de la infraestructura de la sede del LNA. Ante esta situación, con el apoyo del entonces Presidente Ejecutivo, Rafael Villalta Fernández, se decidió afrontar el desafío de construir un nuevo edificio para albergar el LNA, así como de adquirir equipo de punta para realizar análisis de los nuevos contaminantes. Comenta que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por acuerdo No. 2006-296, aprobó la "Construcción del Nuevo Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas", así como la adquisición de equipos de punta durante los años 2008, 2009 y 2010. Señala que en el 2007 se dio apertura a la licitación pública No. 2007LA-000077-PRI para el diseño de la infraestructura del laboratorio y se asignó un monto de ¢105.000.000,00 para ello; además se dispuso de una propiedad en Quebrada del Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago para su edificación. Por el incremento en los costos de la referida licitación, la Junta Directiva del Instituto recurrido, mediante acuerdo No. 2010-618 y con aprobación de la Contraloría General de la República, efectuó el proceso de saneamiento de esta a través de la licitación No. 2007LA-000037-PRI denominada "Diseño Arquitectónico, Estructural, Mecánico, Eléctrico y de Cableado Estructural del Nuevo Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas". Comenta que en el 2016 se dio el procedimiento de contratación No. 2016CDA-0004-PARA para realizar la “Actualización de Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas y Presupuesto Detallado de Obra”. Indica que el Instituto recurrido dio apertura al proceso licitatorio para la construcción del nuevo edificio del laboratorio en los años 2018 y 2021, licitaciones Nos. 2018LN-000023-PRI y 2019LI-000013-PRI, procesos que fueron finalmente revocados. Manifiesta que a través del Crédito 2188 aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica se dio contenido presupuestario a las mejoras de los acueductos en Limón, Guácimo, Quepos, Manuel Antonio y Jacó, así como al proyecto de Saneamiento de Aguas Residuales de Moín y a la construcción de edificio del Laboratorio Nacional de Aguas. Por Decreto Ejecutivo No. 44200-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 8 de noviembre de 2024 (sic) suscrito por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, se aprobó la Conveniencia Nacional de la Construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas. Acota que se publicó el procedimiento No. 2022CD-000064-0021400001 para el Estudio de costo-beneficio socioambiental para el "Proyecto de Construcción Edificio Laboratorio Nacional de Aguas". Refiere que el actual Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por razones personales y políticas, ha manifestado su reticencia a la construcción del nuevo edificio para albergar el Laboratorio Nacional de Aguas, en el lugar que fue aprobado previamente y que está financiado mediante un préstamo del BCIE por un monto de $11.25 millones de dólares. Explica que el estudio de mercado para el nuevo edificio se proyectó para el 2050. Agrega que, de acuerdo con la propuesta del Presidente Ejecutivo del ICAA, se pretende disminuir el área de construcción de 4.200 metros cuadrados a 2.900 metros cuadrados; además, el espacio disponible para futuras expansiones se vería limitado con el traslado del proyecto de su ubicación original (en Quebrada del Fierro en La Unión de Cartago) a la sede central del ICAA en Pavas. Sostiene que tales actuaciones van en detrimento de la política de austeridad y buen uso de los recursos públicos, por cuanto en el proyecto ya se invirtió ¢350.000.000,00 en la realización de estudios previos, requisitos y gestiones necesarias para su ejecución en Cartago, rubro que se perdería por completo de cambiarse la ubicación para la construcción del nuevo edificio. Solicita que se cumpla con la construcción del nuevo edificio del LNA en la localidad de Quebrada del Fierro de San Rafael de La Unión de Cartago aprobado por la Junta Directiva del ICAA No. 2006-296 y que cuenta con declaración de “conveniencia nacional” mediante el Decreto Ejecutivo No. 44200-MINAE para lo cual, además, se debe utilizar el préstamo aprobado por 11.25 millones de dólares del BCIE. Afirma que este proyecto es fundamental para la protección de la vida y de la salud de la población de Costa Rica.

2.- Por resolución de las 14:53 hrs. de 10 de marzo de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes a las autoridades recurridas.

 3.- Mediante memorial aportado a la Sala el 14 de marzo de 2025, Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo, María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General, Suellen Ramírez Mejías, en su condición de Subgerente de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Negocios AyA-BCIE y Rodolfo Lizano Rojas, en su condición de Director Jurídico, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, rinden informe y señalan expresamente lo siguiente: “(…) Referente al punto 1. Introducción: Se acepta, por cuanto este aspecto del recurso interpuesto realiza una relación de antecedentes cronológicos referentes a la creación, funciones, objetivos y misiones del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA. Sin embargo, la alegada violación de los derechos a la vida y a la salud no se encuentra fundamentada; no aporta el recurrente prueba alguna que respalde la alegada violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Costa Rica, ni transgresión a derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional. PRIMERO: Se acepta, por constituir un hecho histórico. SEGUNDO: Se acepta, por constituir un hecho histórico. TERCERO: Se acepta, por constituir un hecho histórico, además se adjunta certificación GG-DP-2025-00337 de la Dirección de Proveeduría del AyA, referente a la licitación 2007LA-000077-PRI mencionada por el recurrente y su trámite final. CUARTO: Se acepta, por constituir un hecho histórico, además se adjunta certificación GG-DP-2025-00337 de la Dirección de Proveeduría del AyA, referente a la licitación 2007LA-1000037-PRI mencionada por el recurrente y su trámite final. QUINTO: Se acepta, por constituir un hecho histórico, además se adjunta certificación GG-DP-2025-00337 de la Dirección de Proveeduría del AyA, referente a la licitación 2016CDA-000004-PRA (siglas equívocas en el recurso: “PARA”), mencionada por el recurrente y su trámite final. SEXTO: Se acepta, con la corrección de que la licitación 2019LI-000013-PRI fue declarada desierta, mediante acuerdo de Junta Directiva 2021-280, del 22 de junio del 2021 y no “revocada”, como señala el recurrente, según consta en certificación GG-DP-2025-00337, de la Dirección de Proveeduría del AyA, que se adjunta. SÉTIMO: Se acepta, por constituir un hecho histórico, dado que efectivamente el Banco Centroamericano de Integración Económico y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suscribieron el Contrato de Préstamo No. 2188-A, donde se financia parcialmente la ejecución del Programa Acueductos y Alcantarillados en Comunidades Costeras, conformado por la construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas, mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón; mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Limón, etapa II; mejoras y ampliación al sistema de abastecimiento de acueducto de Jacó, Garabito, etapa II; mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II; construcción alcantarillado sanitario Moín, Limón. (Sección 2.01 Contrato de Préstamo No. 2188-A, que se adjunta). OCTAVO: Se acepta, por constituir un hecho histórico. NOVENO: Se acepta, por constituir un hecho histórico, además se adjunta certificación GGDP-2025-00337 de la Dirección de Proveeduría del AyA, referente a la adjudicación de la licitación 2022CD-000064-0021400001 mencionada por el recurrente, con aprobación 782022010400090 en SICOP por la Junta Directiva. DÉCIMO: Se rechaza. El recurrente invoca aspectos subjetivos de su apreciación de las acciones institucionales. Debe hacerse notar que en el acta de la sesión ordinaria 003-2025, el Presidente Ejecutivo de AyA, en conjunto con los señores miembros de Junta Directiva, realizaron un análisis de los escenarios tendientes a la ejecución efectiva del proyecto de construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, sin que exista un acuerdo del jerarca institucional que mediante acto administrativo adopte una decisión en firme al respecto. Las alegaciones del recurrente se fundamentan en consideraciones expuestas en sesión de Junta Directiva, que pretenden llevar a la concreción del proyecto del edificio, precisamente considerando su importancia institucional y nacional. Nótese que lo indicado en dicha sesión radica en la manifestación de decisiones necesarias que deberán ser adoptadas por los miembros de la Junta Directiva del AyA referente al edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, siempre con fundamento en “contribuir en los procesos de ese Laboratorio”, como lo indica el acta aportada por el recurrente. No se evidencia de dicho análisis y exposición realizada en sesión de Junta Directiva, que exista una “disposición, acuerdo o resolución …. acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos”, como dispone el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como causal de procedencia para la interposición de un recurso de amparo. Asimismo, el artículo 38 de la mencionada ley, dispone la obligación de expresar con claridad el derecho que se considera violado o amenazado, lo cual en el presente caso no sucede, por cuanto el recurrente se limita a calificar subjetivamente las discusiones sostenidas en el seno de la sesión de Junta Directiva, alegando sin fundamento, una violación a la protección de la vida y la salud pública que no logra demostrar. Consideramos conveniente aclarar que, conforme consta en el Contrato de Préstamo No. 2188-A, Anexo I – Plan Global de Inversiones Indicativo, el monto Gestión de la Calidad y eficiencia del servicio, componente que se refiere a la Construcción del nuevo edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, corresponde a $11.025.000 y no $11.250.000 como indica el recurrente. DÉCIMO PRIMERO: Se rechaza, por cuanto el recurrente alega que se disminuiría el área de construcción de 4.200 m² a 2.900 m². Sin embargo, conforme consta en la propuesta de diseño presentada el día 5 de marzo de 2025 a los representantes del Laboratorio Nacional de Agua ([Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 005]), misma que fue posteriormente remitida mediante el documento GG-UEPIAYA-BCIE-2025-01169, que se adjunta, el área planteada para valoración para el procedimiento de contratación alcanza los 4.879 m². Por lo anterior, no es correcta la afirmación del recurrente sobre la disminución del área de construcción, según consta en el Estudio Costo Beneficio Socio Ambiental para el Proyecto: “Construcción del Laboratorio Nacional de Aguas”, apartado 3.3 Descripción de las etapas del Proyecto y sus obras, se indica que “se construirá un edificio para el Laboratorio Nacional de Aguas con un área de 3.655 m2, formado por doce rombos de 240 m2”. Conforme al análisis de las necesidades actuales para el óptimo desarrollo de las actividades propias del Laboratorio, en concordancia con los requerimientos manifestados por personal destacado del LNA, se generó una anteproyecto referencial para el diseño del edificio, que cumple con lo estipulado en el artículo 176 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, donde el área de construcción se amplió en procura de garantizar la inclusión de todas las áreas indispensables para el óptimo funcionamiento del Laboratorio Nacional de Aguas. Además, indica el recurrente que el espacio disponible para futuras expansiones se vería limitado con el traslado del proyecto, de su ubicación original en Quebrada del Fierro de San Rafael de La Unión, Cartago a la sede central de AyA en Pavas. Esta indicación no es correcta ni es aceptada, debido a que los términos de referencia del eventual procedimiento de contratación contemplan el crecimiento proyectado, anticipando futuros requerimientos y en cumplimiento con las indicaciones del “Estudio de Mercado”. Esto se garantiza mediante el requisito en el diseño de contemplar previstas para el crecimiento vertical del edificio, lo que asegura la capacidad de expansión futura ante el aumento de necesidades y requerimientos de espacio. DÉCIMO SEGUNDO: Se rechaza. Conforme se manifestó al Director del Laboratorio Nacional de Aguas, ahora el recurrente, mediante el documento GG-UEPIAYA-BCIE-2025- 01100, del 4 de marzo, que se adjunta, la inversión realizada desde 2006 ha sido clave para el progreso continuo del proyecto, transformando los fondos asignados en conocimiento práctico y avances sustanciales. Aunque los procesos licitatorios han enfrentado desafíos, se han logrado hitos importantes, como la elaboración de estudios técnicos detallados y la identificación de oportunidades de mejora. Este aprendizaje acumulado ha enriquecido el diseño actual, asegurando que responda con precisión a las necesidades actuales del Laboratorio Nacional de Aguas. De esta forma, la inversión pública ha generado un estudio de factibilidad sólido y actualizado, que permite avanzar con confianza hacia la construcción, optimizando cada recurso y logrando que el nuevo diseño resuelva cada una de las necesidades del Laboratorio, tanto que el proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública bajo el código 000476, además se encuentra dentro del Plan de aceleración de inversiones establecido por la Presidencia Ejecutiva del AyA. En cuanto al avance por ciclo de vida, el proyecto tiene un avance de 16.95%, según la normativa de MIDEPLAN vigente. Al momento, no se tiene ejecución presupuestaria, ni contrataciones asociadas directamente al presupuesto del proyecto. Se han realizado avances en cuanto a la formulación de los términos de referencia para la contratación del diseño, la construcción y equipamiento. Se tiene aprobado el financiamiento de estas obras por medio del Contrato de Préstamo No. 2188-A suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económico y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, donde se financia parcialmente la ejecución del Programa Acueductos y Alcantarillados en Comunidades Costeras, conformado por la construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas, por un monto de préstamo igual a $11.025.000.00. Conforme a la programación establecida, se tiene estimado realizar la publicación de la contratación en el tercer trimestre del 2025 SOBRE EL OBJETO DEL RECURSO Respecto del objeto del recurso de amparo interpuesto, es evidente que AyA ha sido diligente y ha ejecutado acciones concretas en aras de llevar a cabo el proyecto de la construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, en protección del interés y salud públicas. No es cierto que los fondos invertidos a la fecha por AyA en el desarrollo de este proyecto hayan sido mal administrados, puesto que la Institución a la fecha cuenta con estudios e informes necesarios para la obtención del producto final del edificio. Es importante señalar que el Recurso de Amparo, como mecanismo legal, procede en contra de toda acción, omisión, acuerdo o resolución no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos, que viole o amenace con violar los derechos y libertades fundamentales, como hemos señalado al dar respuesta a los Hechos del recurso. Sin embargo, el recurso que nos ocupa hace una relación fáctica de una serie de eventos y actos desplegados por AyA, que como se indicó, confirman la actuación administrativa, pero de los cuales no llega a desprenderse la materialización de un acto, omisión o amenaza a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos Internacionales vigentes en Costa Rica. En este sentido, el artículo 29 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley. Al momento de interponerse el presente recurso, no se logra identificar que el lugar donde se construya el Laboratorio Nacional de Aguas o bien el monto que a ello se asigne constituyan una vulneración a los derechos fundamentales que el recurrente estima lesionados y objeto de amparo, por el contrario, se evidencia un actuar constante de la Administración para cumplir con el alcance, lo cual resulta conforme con la autonomía que ostenta la Institución. La Sala ha sostenido en su extensa jurisprudencia que el proceso de amparo tiene como fin, brindar la tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, siempre que se logre acreditar una vulneración, por lo cual solicitamos se rechace por falta de fundamento el recurso de amparo presentado. PETITORIA Por lo expuesto, se solicita que el recurso sea rechazado por falta de fundamentación y falta de comprobación de las violaciones a los derechos fundamentales, quedando demostrado que AyA ha adoptado las acciones correspondientes para la continuidad del proyecto, así como poder cumplir con las obligaciones de ley y de esta forma seguir garantizando los derechos constitucionales (…)”.

4.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente, en su condición de Director del Laboratorio Nacional de Aguas, señala que en el año 2007 se dio apertura a una licitación para construir el nuevo edificio de dicho laboratorio en una propiedad en Quebrada del Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago y, desde entonces, se han realizado una serie de actuaciones e inversiones dirigidas a ese fin. Sin embargo, acusa que el actual Presidente del ICAA, por razones personales y políticas, ha manifestado su reticencia a construir dicho edificio en el lugar aprobado previamente y pretende que su construcción se realice en Pavas, San José. Alega también que, de acuerdo con la propuesta de dicha autoridad, se pretende disminuir el área de construcción de dicho laboratorio de 4.200 metros cuadrados a 2.900 metros cuadrados, siendo que, además, el espacio para futuras ampliaciones se vería limitado.

Sostiene que tales actuaciones van en detrimento de la política de austeridad y buen uso de los recursos públicos, por cuanto en el proyecto ya se invirtió ¢350.000.000,00 en la realización de estudios previos, requisitos y gestiones necesarias para su ejecución en Cartago, rubro que se perdería por completo de cambiarse la ubicación para la construcción del nuevo edificio.

Afirma que el proyecto es fundamental para la vida y la salud de la población de Costa Rica. Por ende, solicita que este amparo se acoja para que el edificio del Laboratorio Nacional de Aguas se construya en la localidad originalmente señalada. 

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

1)    La Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por acuerdo No. 2006-296 de 4 de mayo de 2006, aprobó la "Construcción del Nuevo Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas", así como la adquisición de equipos de punta durante los años 2008, 2009 y 2010 (ver escrito de interposición y prueba).

2)    En el año 2007 se dio apertura a la licitación pública No. 2007LA-000077-PRI para el diseño de la infraestructura del Laboratorio Nacional de Aguas. Además, se dispuso de una propiedad en Quebrada del Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago, para su edificación (ver escrito de interposición e informe).

3)    La Junta Directiva del ICAA, mediante acuerdo No. 2010-618 y con aprobación de la Contraloría General de la República, efectuó el proceso de saneamiento de la anterior licitación, a través de la licitación No. 2007LA-000037-PRI denominada "Diseño Arquitectónico, Estructural, Mecánico, Eléctrico y de Cableado Estructural del Nuevo Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA en Tres Ríos". Esta licitación aparece en estado “nula” (ver escrito de interposición, informe y prueba).

4)    En el año 2016 se dio el procedimiento de contratación No. 2016CDA-0004-PRA para realizar la “Actualización de Planos Constructivos y Especificaciones Técnicas Existentes en lo que respecta a los Diseños Estructurales, Mecánicos, Eléctricos y Telemáticos del Laboratorio Nacional de Aguas”. Esta licitación fue adjudicada (ver escrito de interposición, informe y prueba).

5)    El ICAA dio apertura al proceso licitatorio para la construcción del nuevo edificio del laboratorio en los años 2018 y 2021, conforme las licitaciones Nos. 2018LN-000023-PRI y 2019LI-000013-PRI. La primera licitación se declaró nula y la segunda fue declarada desierta (ver escrito de interposición, informe y prueba).

6)    El Banco Centroamericano de Integración Económico y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el 7 de mayo de 2019, suscribieron el Contrato de Préstamo No. 2188-A, donde se financia parcialmente la ejecución del Programa Acueductos y Alcantarillados en Comunidades Costeras, conformado por la construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas, mejoras al Acueducto de Guácimo, Limón; mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable para Limón, etapa II; mejoras y ampliación al sistema de abastecimiento de acueducto de Jacó, Garabito, etapa II; mejoras al acueducto de Quepos y Manuel Antonio, etapa II; construcción alcantarillado sanitario Moín, Limón (ver escrito de interposición, informe y prueba).

7)    Según el Contrato de Préstamo No. 2188-A, Anexo I – Plan Global de Inversiones Indicativo, el monto de gestión de la calidad y eficiencia del servicio, componente que se refiere a la construcción del nuevo edificio del Laboratorio Nacional de Aguas, corresponde a $11.025.000 (ver informe).

8)    En el año 2022 se emitió la licitación No. 2022CD-000064-0021400001 denominada Estudio de Costo-Beneficio socioambiental para el Proyecto: “Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas”. En esta licitación que fue adjudicada se indicó que la construcción del edificio se realizaría en la finca de La Unión de Cartago (ver escrito de interposición, informe y prueba).

9)    Por Decreto Ejecutivo No. 44200-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 8 de noviembre de 2023 suscrito por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, se aprobó la Conveniencia Nacional de la Construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas (ver prueba).

10)  Conforme el acta de la sesión ordinaria No. 003-2025 celebrada el 20 de enero de 2025, el Presidente Ejecutivo del ICAA, en conjunto con los miembros de Junta Directiva, realizaron un análisis de los escenarios tendientes a la ejecución efectiva del proyecto de construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas. En esta sesión se hizo referencia a la ubicación de dicho laboratorio y se comentó de una propuesta para construir dicho edificio en Pavas, San José (ver informe y prueba).

11)  Para la fecha de formulado este amparo (27 de febrero de 2025) no existía ningún acuerdo en firme relacionado con la construcción y ubicación final del edificio del referido laboratorio (ver informe).

12)  El área de construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas no se considera disminuir. Conforme consta en la propuesta de diseño presentada el día 5 de marzo de 2025 a los representantes del Laboratorio Nacional de Agua ([Nombre 001], [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 005], misma que fue posteriormente remitida mediante el documento GG-UEPIAYA-BCIE-2025-01169, el área planteada para valoración para el procedimiento de contratación alcanza los 4.879 m² (ver informe).

13)  Los términos de referencia del eventual procedimiento de contratación contemplan el crecimiento proyectado, anticipando futuros requerimientos, en cumplimiento con las indicaciones del “Estudio de Mercado”. Esto “(…) se garantiza mediante el requisito en el diseño de contemplar previstas para el crecimiento vertical del edificio, lo que asegura la capacidad de expansión futura ante el aumento de necesidades y requerimientos de espacio (…)” (ver informe).

14)  El 11 de marzo de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas de la interposición de este amparo (ver actas de notificación).

15)  Para la fecha de rendido el informe por las autoridades del ICAA (14 de marzo de 2025), no existía tampoco ningún acuerdo en firme relacionado con la construcción y ubicación final del edificio del referido laboratorio (ver informe).

16)  Para la fecha de rendido el mencionado informe, las autoridades de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE, se encontraban en la fase de indagación, formulación y consulta, respecto a la propuesta de contratación para diseñar, construir y equipar el edificio del Laboratorio Nacional de Aguas en Pavas, San José. Para entonces, “(…) la propuesta de contratación aún no ha sido cargada a la plataforma SICOP, por no contar con la totalidad de requerimientos para su licitación, entre los que se encuentra el Visto Bueno del Operador, en este caso del Director del Laboratorio Nacional de Aguas (…)” (ver prueba).

17)  Conforme a la programación establecida, se tiene estimado realizar la publicación de la contratación en el tercer trimestre del 2025 (ver informe).

III.- HECHO NO PROBADO. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tiene por indemostrado el siguiente: Único.- Que la eventual ubicación del Laboratorio Nacional de Aguas represente una violación a la vida y a la salud de alguna persona en concreto (los autos).

IV.- SOBRE EL FONDO. El recurrente, en su condición de Director del Laboratorio Nacional de Aguas, acude a la Sala y explica que en el año 2007 se dio apertura a una licitación para construir el nuevo edificio de dicho laboratorio en una propiedad en Quebrada del Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago y, desde entonces, se han realizado una serie de actuaciones e inversiones dirigidas precisamente a ese fin. Manifiesta que a través del Crédito 2188 aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica se dio contenido presupuestario para ejecutar, entre otras, la referida obra de interés. Incluso, menciona que mediante el Decreto Ejecutivo No. 44200-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 8 de noviembre de 2024 suscrito por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, se aprobó la Conveniencia Nacional de la Construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas.

Sin embargo, acusa el accionante que el actual Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por razones personales y políticas, ha manifestado su reticencia a la construcción del nuevo edificio para albergar el Laboratorio Nacional de Aguas en el lugar que fue aprobado previamente y que está financiado mediante el préstamo del BCIE por un monto de $11.25 millones de dólares. Agrega que, de acuerdo con la propuesta del Presidente Ejecutivo del ICAA, se pretende disminuir el área de construcción de 4.200 metros cuadrados a 2.900 metros cuadrados; además, el espacio disponible para futuras expansiones se vería limitado con el traslado del proyecto de su ubicación original (en Quebrada del Fierro en La Unión de Cartago) a la sede central del ICAA en Pavas.

Sostiene también que tales actuaciones van en detrimento de la política de austeridad y buen uso de los recursos públicos, por cuanto en el proyecto ya se invirtió ¢350.000.000,00 en la realización de estudios previos, requisitos y gestiones necesarias para su ejecución en Cartago, rubro que se perdería por completo de cambiarse la ubicación para la construcción del nuevo edificio.

Afirma que este proyecto es fundamental para la protección de la vida y de la salud de la población de Costa Rica. Por consiguiente, solicita a este Tribunal Constitucional intervenir para que la construcción del nuevo edificio del LNA se lleve a cabo concretamente en la localidad de Quebrada del Fierro de San Rafael de La Unión de Cartago.

Revisados los autos, se tiene por acreditado que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por acuerdo No. 2006-296 de 4 de mayo de 2006, aprobó la "Construcción del Nuevo Edificio del Laboratorio Nacional de Aguas". Asimismo, consta que en el año 2007 se dio apertura a la licitación pública No. 2007LA-000077-PRI para el diseño de la infraestructura del Laboratorio Nacional de Aguas. Además, se dispuso de una propiedad en Quebrada del Fierro, en San Rafael de La Unión, Cartago, para su edificación. A partir de entonces, según se deprende del elenco de hechos probados, se han realizado varias licitaciones, siendo que el 7 de mayo de 2019 el Banco Centroamericano de Integración Económico y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suscribieron el Contrato de Préstamo No. 2188-A, donde se financia parcialmente la ejecución del Programa Acueductos y Alcantarillados en Comunidades Costeras, conformado por la construcción del edificio Laboratorio Nacional de Aguas, entre otros proyectos. También, se acreditó que en el año 2022 se emitió la licitación No. 2022CD-000064-0021400001 denominada Estudio de Costo-Beneficio socioambiental para el Proyecto: “Construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas”. En esta licitación que fue adjudicada se indicó que la construcción del edificio se realizaría en la referida finca de La Unión de Cartago. Igualmente, consta que por Decreto Ejecutivo No. 44200-MINAE publicado en el Diario Oficial La Gaceta de 8 de noviembre de 2023 suscrito por el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y Energía, se aprobó la Conveniencia Nacional de la Construcción del Nuevo Laboratorio Nacional de Aguas.

Adicionalmente, se verificó que en la reciente sesión ordinaria No. 003-2025 celebrada el 20 de enero de 2025, el actual Presidente Ejecutivo del ICAA, en conjunto con los miembros de Junta Directiva, realizaron un análisis de los escenarios tendientes a la ejecución efectiva del proyecto de construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas. En esta sesión, según se acreditó, se hizo referencia a la ubicación de dicho laboratorio y se comentó de una propuesta para construir dicho edificio en Pavas, San José.

También se demostró –según se informó bajo juramento por los recurridos–, que el área de construcción del edificio del Laboratorio Nacional de Aguas no se considera disminuir con esa eventual propuesta. Conforme consta en la propuesta de diseño presentada a los representantes del Laboratorio Nacional de Agua, el área planteada para valoración para el procedimiento de contratación alcanza los 4.879 m². Igualmente, se informó que los términos de referencia del eventual procedimiento de contratación contemplan el crecimiento proyectado, anticipando futuros requerimientos, en cumplimiento con las indicaciones del “Estudio de Mercado”. Esto, según se aseveró “(…) se garantiza mediante el requisito en el diseño de contemplar previstas para el crecimiento vertical del edificio, lo que asegura la capacidad de expansión futura ante el aumento de necesidades y requerimientos de espacio (…)”.

En adición a lo anterior, es importante destacar que, para la fecha de formulado este amparo (27 de febrero de 2025) e, incluso, para el día de rendido el informe a esta jurisdicción por las autoridades recurridas del ICAA (14 de marzo de 2025), no existía ningún acuerdo en firme relacionado con la construcción y ubicación final del edificio del referido laboratorio. Según se desprende del estudio de los autos, las autoridades de la Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE, se encontraban apenas en la fase de indagación, formulación y consulta, respecto a la propuesta de contratación para diseñar, construir y equipar el edificio del Laboratorio Nacional de Aguas en Pavas, San José. Para entonces, “(…) la propuesta de contratación aún no ha sido cargada a la plataforma SICOP, por no contar con la totalidad de requerimientos para su licitación, entre los que se encuentra el Visto Bueno del Operador, en este caso del Director del Laboratorio Nacional de Aguas (…)”. Además, se informó que, conforme a la programación establecida, se tiene estimado realizar la publicación de la contratación hasta en el tercer trimestre del 2025.

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional no considera que exista mérito alguno para conocer este amparo por el fondo. Tal y como se puede apreciar, el recurrente acude de manera genérica y en abstracto ante esta Sala sin formular y precisar una relación de hechos concreta e individualizada que afecte o perjudique a una persona en concreto. En esencia, no se individualiza alguna situación que haya generado una violación o amenaza de vulneración a los derechos fundamentales de alguna persona determinada, tal y como así lo exige la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 1° y 29. 

Sobre el particular, este Tribunal ha indicado que, si bien el recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona y a favor de un tercero, lo cierto es que se requiere de la existencia de una lesión o de amenaza individualizada o individualizable, en particular, para que pueda ser atendido por esta jurisdicción. Nótese que, en el caso concreto, no se demostró que el recurrente o bien algún tercero en particular hayan sufrido alguna lesión a sus derechos fundamentales (concretamente, a sus derechos a la salud y a la vida), en virtud de la actual propuesta de llevar a cabo la construcción del Laboratorio Nacional de Aguas en Pavas, San José, y no en el sitio originalmente señalado (La Unión de Cartago).

En el fondo, resulta claro que se trata simplemente de una disconformidad de la parte accionante con la propuesta formulada por el actual Presidente del ICAA de cambiar el sitio donde se quiere construir el Laboratorio Nacional de Aguas. Propuesta anterior que, como se dijo, ni siquiera se ha concretado a la fecha mediante un procedimiento licitatorio y, en todo caso, debe ser analizada en las vías ordinarias administrativas y jurisdiccionales creadas especialmente al efecto y no por esta Sala Constitucional a la que, tampoco, se aclara, le corresponde definir el sitio donde se debe construir finalmente el LNA, tal y como lo pretende erróneamente el recurrente.

En todo caso, debe tomarse en cuenta, tal y como se dijo línea arriba que, bajo la solemnidad de juramento, las autoridades recurridas del ICAA manifestaron que, de aprobarse la instalación del nuevo edificio del LNA en Pavas, no se producirá una afectación en cuanto al área de construcción ni, tampoco, respecto a su capacidad futura de expansión. Aunado a ello, los recurridos explicaron contundentemente que las actuaciones realizadas hasta la fecha no se pueden traducir en un mal uso de los fondos públicos. Expresamente, sobre el particular, apuntaron:

“(…) la inversión realizada desde 2006 ha sido clave para el progreso continuo del proyecto, transformando los fondos asignados en conocimiento práctico y avances sustanciales. Aunque los procesos licitatorios han enfrentado desafíos, se han logrado hitos importantes, como la elaboración de estudios técnicos detallados y la identificación de oportunidades de mejora. Este aprendizaje acumulado ha enriquecido el diseño actual, asegurando que responda con precisión a las necesidades actuales del Laboratorio Nacional de Aguas. De esta forma, la inversión pública ha generado un estudio de factibilidad sólido y actualizado, que permite avanzar con confianza hacia la construcción, optimizando cada recurso y logrando que el nuevo diseño resuelva cada una de las necesidades del Laboratorio (…)”.

De todas maneras, es importante señalar que este último aspecto tampoco corresponde ser valorado o dilucidado por este Tribunal, sino por las instancias administrativas y jurisdiccionales establecidas para ello.

***

En mérito de lo expuesto, al no advertirse la violación a los derechos fundamentales del tutelado o de alguna otra persona en particular, lo que corresponde es desestimar el presente proceso de amparo. 

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes.  

 

 

  Fernando Castillo V.

Presidente

 

Fernando Cruz  C.                     Paul Rueda L.

 

Luis Fdo. Salazar A.      Jorge Araya G.

 

Anamari Garro V.           Ingrid Hess H.

 

 

Exp. 25-005715-0007-CO

Res. 2025009922

 

 RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub examine, vista la redacción final de la sentencia principal, renuncio a las razones diferentes que, con ocasión de la discusión del asunto, consigné en la parte dispositiva.

 

Paul Rueda L.

EXPEDIENTE N° 25-005715-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

votado con boleta

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:12:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Exp: 25-005715-0007-CO

Res. No. 2025009922

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours and fifty minutes on the twenty-eighth of March, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by [Name 001], identity card [Value 001], against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, ICAA).

WHEREAS:

1.- By brief submitted to the Chamber on February 27, 2025, the petitioner files an amparo action and states that he appears in his capacity as the Director of the National Water Laboratory (Laboratorio Nacional de Aguas, LNA). He indicates that said laboratory (inaugurated on September 20, 1964) has the purpose of surveillance and control of water quality in the country. He mentions that its facilities are located in Dulce Nombre de La Unión, in the province of Cartago, in a building known as "the big house" ("la casona") built in 1921. He recounts that since 1990, the laboratory under his charge has prepared annual reports on coverage and quality of water for human use and consumption and sanitation, to foster advances in both services. In addition to creating environmental programs such as the Blue Ecological Flag (Bandera Azul Ecológica) in 1996 and the Sanitary Quality Seal (Sello de Calidad Sanitaria) in 2002, which are aimed at promoting citizen participation in the protection of water resources and environmental health in the country. Furthermore, he explains that the laboratory he represents has managed to accredit its management and analytical operations under the INTE/ISO-IEC 17025:2017 standards on “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories,” as well as INTE/ISO-IEC 17020:2012 on “Requirements for the operation of different types of bodies performing inspection.” He comments that said laboratory has played an important role in preventive health care in the face of threats of cholera epidemics between 1991 and 1998, the arsenic contamination crisis in the aqueducts of certain areas of Guanacaste and San Carlos between the years 2009-2023, and the pandemics caused by the A1H1N1 virus and SARS-CoV-2. However, he explains that between 2001 and 2005, they were able to critically recognize the laboratory's weaknesses in addressing new emerging contaminants such as hydrocarbons, pesticides, and pathogenic microorganisms; this, in addition to the terrible conditions of the infrastructure of the LNA headquarters. Faced with this situation, with the support of the then Executive President, Rafael Villalta Fernández, it was decided to face the challenge of constructing a new building to house the LNA, as well as acquiring state-of-the-art equipment to conduct analyses of the new contaminants. He mentions that the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, by agreement No. 2006-296, approved the "Construction of the New National Water Laboratory Building," as well as the acquisition of state-of-the-art equipment during the years 2008, 2009, and 2010. He indicates that in 2007, public bidding No. 2007LA-000077-PRI was opened for the design of the laboratory's infrastructure, and an amount of ¢105,000,000.00 was assigned for this purpose; in addition, a property in Quebrada del Fierro, in San Rafael de La Unión, Cartago, was made available for its construction. Due to the increase in the costs of the aforementioned bidding process, the Board of Directors of the respondent Institute, by agreement No. 2010-618 and with the approval of the Comptroller General of the Republic, carried out the cleanup process of this through bidding No. 2007LA-000037-PRI called "Architectural, Structural, Mechanical, Electrical, and Structural Cabling Design of the New Building for the National Water Laboratory." He comments that in 2016, contracting procedure No. 2016CDA-0004-PARA was carried out to perform the "Update of Construction Plans and Technical Specifications and Detailed Work Budget." He indicates that the respondent Institute opened the bidding process for the construction of the new laboratory building in the years 2018 and 2021, bidding Nos. 2018LN-000023-PRI and 2019LI-000013-PRI, processes that were finally revoked. He states that through Loan 2188 approved by the Central American Bank for Economic Integration, budgetary content was given to the improvements of the aqueducts in Limón, Guácimo, Quepos, Manuel Antonio, and Jacó, as well as to the Moín Wastewater Sanitation project and the construction of the National Water Laboratory building. By Executive Decree No. 44200-MINAE published in the Official Gazette La Gaceta of November 8, 2024 (sic), signed by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, the National Convenience of the Construction of the New National Water Laboratory was approved. He notes that procedure No. 2022CD-000064-0021400001 was published for the socio-environmental cost-benefit study for the "National Water Laboratory Building Construction Project." He recounts that the current Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, for personal and political reasons, has expressed his reluctance to construct the new building to house the National Water Laboratory, in the location that was previously approved and which is financed through a loan from CABEI in the amount of $11.25 million dollars. He explains that the market study for the new building was projected for 2050. He adds that, according to the proposal of the Executive President of ICAA, the intention is to reduce the construction area from 4,200 square meters to 2,900 square meters; furthermore, the space available for future expansions would be limited by the relocation of the project from its original location (in Quebrada del Fierro in La Unión de Cartago) to the central headquarters of ICAA in Pavas. He maintains that such actions are detrimental to the policy of austerity and good use of public resources, since ¢350,000,000.00 has already been invested in the project for the execution of prior studies, requirements, and necessary procedures for its execution in Cartago, an item that would be completely lost if the location for the construction of the new building were changed. He requests that the construction of the new LNA building in the locality of Quebrada del Fierro de San Rafael de La Unión de Cartago, approved by the ICAA Board of Directors under No. 2006-296 and which has a declaration of "national convenience" through Executive Decree No. 44200-MINAE, be complied with, for which, in addition, the approved loan of 11.25 million dollars from CABEI must be used. He affirms that this project is fundamental for the protection of life and health of the population of Costa Rica.

2.- By resolution of 2:53 p.m. on March 10, 2025, the proceeding is granted leave and reports are requested from the respondent authorities.

3.- By memorial submitted to the Chamber on March 14, 2025, Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as Executive President, María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager, Suellen Ramírez Mejías, in her capacity as Deputy Manager of the AyA-BCIE Business Portfolio Execution Unit, and Rodolfo Lizano Rojas, in his capacity as Legal Director, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, render their report and expressly state the following: “(...) Regarding point 1. Introduction: It is accepted, since this aspect of the filed appeal provides a chronological background account regarding the creation, functions, objectives, and missions of the National Water Laboratory of AyA. However, the alleged violation of the rights to life and health is not substantiated; the petitioner does not provide any evidence to support the alleged violation of a fundamental right enshrined in the Political Constitution of Costa Rica, nor a transgression of human rights recognized by International Law. FIRST: Accepted, as it constitutes a historical fact. SECOND: Accepted, as it constitutes a historical fact. THIRD: Accepted, as it constitutes a historical fact, additionally, certification GG-DP-2025-00337 from the AyA Supply Directorate is attached, regarding bidding 2007LA-000077-PRI mentioned by the petitioner and its final processing. FOURTH: Accepted, as it constitutes a historical fact, additionally, certification GG-DP-2025-00337 from the AyA Supply Directorate is attached, regarding bidding 2007LA-1000037-PRI mentioned by the petitioner and its final processing. FIFTH: Accepted, as it constitutes a historical fact, additionally, certification GG-DP-2025-00337 from the AyA Supply Directorate is attached, regarding bidding 2016CDA-000004-PRA (mistaken acronyms in the appeal: “PARA”), mentioned by the petitioner and its final processing. SIXTH: Accepted, with the correction that bidding 2019LI-000013-PRI was declared void, by means of Board of Directors agreement 2021-280, dated June 22, 2021, and not “revoked,” as indicated by the petitioner, as recorded in certification GG-DP-2025-00337, from the AyA Supply Directorate, which is attached. SEVENTH: Accepted, as it constitutes a historical fact, given that the Central American Bank for Economic Integration and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers indeed entered into Loan Agreement No. 2188-A, which partially finances the execution of the Aqueducts and Sewers in Coastal Communities Program, consisting of the construction of the National Water Laboratory building, improvements to the Guácimo Aqueduct, Limón; improvements to the drinking water supply system for Limón, stage II; improvements and expansion to the Jacó aqueduct supply system, Garabito, stage II; improvements to the Quepos and Manuel Antonio aqueduct, stage II; construction of the Moín sanitary sewer system, Limón. (Section 2.01 of Loan Agreement No. 2188-A, which is attached). EIGHTH: Accepted, as it constitutes a historical fact. NINTH: Accepted, as it constitutes a historical fact, additionally, certification GGDP-2025-00337 from the AyA Supply Directorate is attached, regarding the award of bidding 2022CD-000064-0021400001 mentioned by the petitioner, with approval 782022010400090 in SICOP by the Board of Directors. TENTH: Rejected. The petitioner invokes subjective aspects of his appreciation of institutional actions. It should be noted that in the minutes of ordinary session 003-2025, the Executive President of AyA, together with the distinguished members of the Board of Directors, carried out an analysis of the scenarios aimed at the effective execution of the National Water Laboratory building construction project, without there being an agreement by the institutional head that, through an administrative act, adopts a firm decision in this regard. The petitioner's allegations are based on considerations presented during the Board of Directors session, which aim to bring the building project to fruition, precisely considering its institutional and national importance. Note that what was indicated in said session lies in the statement of necessary decisions that must be adopted by the members of the AyA Board of Directors regarding the National Water Laboratory building, always based on “contributing to the processes of that Laboratory,” as indicated in the minutes provided by the petitioner. It is not evident from that analysis and presentation made during the Board of Directors session that there exists a “provision, agreement, or resolution .... action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights,” as provided in Article 29 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as a cause of admissibility for filing an amparo action. Likewise, Article 38 of the aforementioned law provides the obligation to clearly express the right considered violated or threatened, which in the present case does not happen, since the petitioner limits himself to subjectively qualifying the discussions held within the Board of Directors session, alleging without basis a violation of the protection of life and public health that he fails to demonstrate. We consider it appropriate to clarify that, as stated in Loan Agreement No. 2188-A, Annex I – Indicative Global Investment Plan, the amount for Quality Management and service efficiency, a component referring to the Construction of the new National Water Laboratory building, corresponds to $11,025,000 and not $11,250,000 as the petitioner indicates. ELEVENTH: Rejected, since the petitioner alleges that the construction area would be reduced from 4,200 m² to 2,900 m². However, as recorded in the design proposal presented on March 5, 2025, to the representatives of the National Water Laboratory ([Name 001], [Name 002], [Name 003], and [Name 005]), which was subsequently forwarded through document GG-UEPIAYA-BCIE-2025-01169, which is attached, the area proposed for evaluation for the contracting procedure reaches 4,879 m². Therefore, the petitioner's statement regarding the reduction of the construction area is not correct. As stated in the Socio-Environmental Cost-Benefit Study for the Project: “Construction of the National Water Laboratory,” section 3.3 Description of the Project Stages and their works, it is indicated that “a building for the National Water Laboratory will be constructed with an area of 3,655 m2, formed by twelve rhombuses of 240 m2.” According to the analysis of the current needs for the optimal development of the Laboratory's own activities, in accordance with the requirements expressed by staff deployed from the LNA, a reference preliminary draft was generated for the building design, which complies with the provisions of Article 176 of the Regulation to the General Law on Public Procurement, where the construction area was expanded in order to guarantee the inclusion of all indispensable areas for the optimal functioning of the National Water Laboratory. Furthermore, the petitioner indicates that the space available for future expansions would be limited by relocating the project from its original location in Quebrada del Fierro de San Rafael de La Unión, Cartago, to the AyA central headquarters in Pavas. This indication is not correct nor accepted, because the terms of reference for the eventual contracting procedure contemplate the projected growth, anticipating future requirements and in compliance with the indications of the “Market Study.” This is guaranteed through the design requirement to contemplate provisions for the vertical growth of the building, which ensures future expansion capacity given the increase in space needs and requirements. TWELFTH: Rejected. As was expressed to the Director of the National Water Laboratory, now the petitioner, through document GG-UEPIAYA-BCIE-2025- 01100, dated March 4, which is attached, the investment made since 2006 has been key for the continuous progress of the project, transforming the assigned funds into practical knowledge and substantial advances. Although the bidding processes have faced challenges, important milestones have been achieved, such as the preparation of detailed technical studies and the identification of opportunities for improvement. This accumulated learning has enriched the current design, ensuring it accurately responds to the current needs of the National Water Laboratory. In this way, the public investment has generated a solid and updated feasibility study, which allows moving forward with confidence towards construction, optimizing every resource and ensuring that the new design resolves each of the Laboratory's needs, so much so that the project is registered in the Public Investment Project Bank under code 000476, furthermore it is within the Investment Acceleration Plan established by the Executive Presidency of AyA. Regarding the progress by life cycle, the project has an advance of 16.95%, according to current MIDEPLAN regulations. At this moment, there is no budget execution, nor contracts directly associated with the project's budget. Progress has been made regarding the formulation of the terms of reference for the contracting of design, construction, and equipment. Financing for these works has been approved through Loan Agreement No. 2188-A entered into between the Central American Bank for Economic Integration and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which partially finances the execution of the Aqueducts and Sewers in Coastal Communities Program, consisting of the construction of the National Water Laboratory building, for a loan amount equal to $11,025,000.00. According to the established schedule, the publication of the contracting is estimated to be carried out in the third quarter of 2025. REGARDING THE OBJECT OF THE APPEAL With respect to the object of the amparo action filed, it is evident that AyA has been diligent and has executed concrete actions in order to carry out the project for the construction of the National Water Laboratory building, in protection of public interest and health. It is not true that the funds invested to date by AyA in the development of this project have been mismanaged, since the Institution currently has the necessary studies and reports to obtain the final product of the building. It is important to note that the Amparo Action, as a legal mechanism, proceeds against any action, omission, agreement, or resolution not based on an effective administrative act by public servants and bodies, that violates or threatens to violate fundamental rights and freedoms, as we have pointed out in responding to the Facts of the appeal. However, the appeal at hand provides a factual account of a series of events and acts deployed by AyA, which, as indicated, confirm the administrative action, but from which the materialization of an act, omission, or threat to the fundamental rights enshrined in the Political Constitution or in international instruments in force in Costa Rica cannot be discerned. In this sense, Article 29 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that the amparo action guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law. At the time of filing this appeal, it cannot be identified that the location where the National Water Laboratory is to be built or the amount assigned to it constitute a violation of the fundamental rights that the petitioner considers harmed and subject to amparo; on the contrary, a constant action by the Administration to fulfill the scope is evidenced, which is consistent with the autonomy held by the Institution. The Chamber has held in its extensive jurisprudence that the amparo process aims to provide timely protection against infractions or threats to fundamental rights and freedoms, provided that a violation can be proven, for which reason we request that the amparo action filed be rejected for lack of grounds. PETITION Based on the foregoing, it is requested that the appeal be rejected for lack of substantiation and lack of verification of violations of fundamental rights, it being demonstrated that AyA has adopted the corresponding actions for the continuity of the project, as well as to comply with the legal obligations and thereby continue guaranteeing constitutional rights (...).”

4.- In the processing of the proceeding, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

WHEREAS:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The petitioner, in his capacity as Director of the National Water Laboratory, points out that in 2007, a bidding process was opened to construct the new building for said laboratory on a property in Quebrada del Fierro, in San Rafael de La Unión, Cartago, and since then, a series of actions and investments have been made aimed at that end. However, he accuses that the current President of ICAA, for personal and political reasons, has expressed his reluctance to build said building in the previously approved location and intends for its construction to be carried out in Pavas, San José. He also alleges that, according to the proposal of said authority, the intention is to reduce the construction area of said laboratory from 4,200 square meters to 2,900 square meters, and that, in addition, the space for future expansions would be limited.

He maintains that such actions are detrimental to the policy of austerity and good use of public resources, given that ¢350,000,000.00 has already been invested in the project for the execution of prior studies, requirements, and necessary procedures for its execution in Cartago, an item that would be completely lost if the location for the construction of the new building were changed.

He affirms that the project is fundamental for the life and health of the population of Costa Rica. Therefore, he requests that this amparo be granted so that the building for the National Water Laboratory is constructed in the originally indicated locality.

II.- PROVEN FACTS. Of relevance to resolve this amparo action, the following are considered proven:

1) The Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, by agreement No. 2006-296 of May 4, 2006, approved the "Construction of the New National Water Laboratory Building," as well as the acquisition of state-of-the-art equipment during the years 2008, 2009, and 2010 (see filing brief and evidence).

2) In 2007, public bidding No. 2007LA-000077-PRI was opened for the design of the infrastructure of the National Water Laboratory. Additionally, a property in Quebrada del Fierro, in San Rafael de La Unión, Cartago, was made available for its construction (see filing brief and report).

3) The ICAA Board of Directors, by agreement No. 2010-618 and with the approval of the Comptroller General of the Republic, carried out the cleanup process of the previous bidding, through bidding No. 2007LA-000037-PRI called "Architectural, Structural, Mechanical, Electrical, and Structural Cabling Design of the New Building for the National Water Laboratory of AyA in Tres Ríos." This bidding appears in "null" status (see filing brief, report, and evidence).

4) In 2016, contracting procedure No. 2016CDA-0004-PRA was carried out to perform the "Update of Construction Plans and Existing Technical Specifications with respect to the Structural, Mechanical, Electrical, and Telematic Designs of the National Water Laboratory." This bidding was awarded (see filing brief, report, and evidence).

5) ICAA opened the bidding process for the construction of the new laboratory building in 2018 and 2021, pursuant to Bidding Nos. 2018LN-000023-PRI and 2019LI-000013-PRI. The first bidding was declared null and the second was declared void (see filing brief, report, and evidence).

6) The Central American Bank for Economic Integration and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, on May 7, 2019, entered into Loan Agreement No. 2188-A, which partially finances the execution of the Aqueducts and Sewers in Coastal Communities Program, consisting of the construction of the National Water Laboratory building, improvements to the Guácimo Aqueduct, Limón; improvements to the drinking water supply system for Limón, stage II; improvements and expansion to the Jacó aqueduct supply system, Garabito, stage II; improvements to the Quepos and Manuel Antonio aqueduct, stage II; construction of the Moín sanitary sewer system, Limón (see filing brief, report, and evidence).

7) According to Loan Agreement No. 2188-A, Annex I – Indicative Global Investment Plan, the amount for quality management and service efficiency, a component referring to the construction of the new National Water Laboratory building, corresponds to $11,025,000 (see report).

8) In 2022, bidding No. 2022CD-000064-0021400001 was issued, called Socio-environmental Cost-Benefit Study for the Project: “Construction of the National Water Laboratory building.” In this bidding, which was awarded, it was indicated that the construction of the building would be carried out on the property in La Unión de Cartago (see filing brief, report, and evidence).

9) By Executive Decree No. 44200-MINAE published in the Official Gazette La Gaceta of November 8, 2023, signed by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, the National Convenience of the Construction of the New National Water Laboratory was approved (see evidence).

10) According to the minutes of ordinary session No. 003-2025 held on January 20, 2025, the Executive President of ICAA, together with the members of the Board of Directors, carried out an analysis of the scenarios aimed at the effective execution of the National Water Laboratory building construction project. In this session, reference was made to the location of said laboratory, and a proposal was discussed to construct said building in Pavas, San José (see report and evidence).

11) As of the date this amparo was formulated (February 27, 2025), there was no firm agreement related to the construction and final location of the building for the referred laboratory (see report).

12) The construction area of the National Water Laboratory building is not considered to be reduced. As recorded in the design proposal presented on March 5, 2025, to the representatives of the National Water Laboratory ([Name 001], [Name 002], [Name 003], and [Name 005]), which was subsequently forwarded through document GG-UEPIAYA-BCIE-2025-01169, the area proposed for evaluation for the contracting procedure reaches 4,879 m² (see report).

13) The terms of reference for the eventual contracting procedure contemplate the projected growth, anticipating future requirements, in compliance with the indications of the “Market Study.” This “(...) is guaranteed through the design requirement to contemplate provisions for the vertical growth of the building, which ensures future expansion capacity given the increase in space needs and requirements (...)” (see report).

14) On March 11, 2025, the respondent authorities were notified of the filing of this amparo (see notification records).

15) As of the date the report was rendered by the ICAA authorities (March 14, 2025), there was also no firm agreement related to the construction and final location of the building for the referred laboratory (see report).

16) As of the date the mentioned report was rendered, the authorities of the AyA BCIE Investment Portfolio Execution Unit were in the phase of inquiry, formulation, and consultation, regarding the procurement proposal to design, build, and equip the National Water Laboratory building in Pavas, San José. At that time, “(...) the procurement proposal has not yet been uploaded to the SICOP platform, as it does not have all the requirements for its bidding, among which is the Approval of the Operator, in this case the Director of the National Water Laboratory (...)” (see evidence).

17) According to the established schedule, the publication of the contracting is estimated to be carried out in the third quarter of 2025 (see report).

III.- UNPROVEN FACT. Of relevance to resolve this amparo action, the following is considered unproven: Solely.- That the eventual location of the National Water Laboratory represents a violation of the life and health of any specific person (the case file).

IV.- ON THE MERITS. The petitioner, in his capacity as Director of the National Water Laboratory, comes before the Chamber and explains that in 2007, a bidding process was opened to construct the new building for said laboratory on a property in Quebrada del Fierro, in San Rafael de La Unión, Cartago, and since then, a series of actions and investments have been made precisely aimed at that end. He states that through Loan 2188 approved by the Central American Bank for Economic Integration, budgetary content was given to execute, among others, the referred work of interest. He even mentions that through Executive Decree No.

44200-MINAE published in the Official Gazette La Gaceta of November 8, 2024, signed by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, approved the National Convenience of the Construction of the New National Water Laboratory.

However, the petitioner alleges that the current Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), for personal and political reasons, has expressed his reluctance to construct the new building to house the National Water Laboratory in the previously approved location, which is financed through a CABEI loan in the amount of $11.25 million. He adds that, according to the proposal of the Executive President of the ICAA, the intention is to reduce the construction area from 4,200 square meters to 2,900 square meters; furthermore, the space available for future expansions would be limited by the relocation of the project from its original location (in Quebrada del Fierro in La Unión de Cartago) to the central headquarters of the ICAA in Pavas.

He also maintains that such actions undermine the policy of austerity and proper use of public resources, since ¢350,000,000.00 has already been invested in the project for prior studies, requirements, and necessary procedures for its execution in Cartago, an item that would be completely lost if the location for the construction of the new building were changed.

He asserts that this project is fundamental for the protection of the life and health of the population of Costa Rica. Consequently, he requests this Constitutional Court to intervene so that the construction of the new LNA building is carried out specifically in the locality of Quebrada del Fierro in San Rafael de La Unión de Cartago.

Upon review of the case file, it is deemed accredited that the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, by agreement No. 2006-296 of May 4, 2006, approved the "Construction of the New National Water Laboratory Building." Likewise, it is recorded that in 2007, public tender No. 2007LA-000077-PRI was opened for the design of the infrastructure of the National Water Laboratory. In addition, a property in Quebrada del Fierro, in San Rafael de La Unión, Cartago, was designated for its construction. From that point on, as deduced from the list of proven facts, several tenders have been conducted, and on May 7, 2019, the Central American Bank for Economic Integration and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados signed Loan Agreement No. 2188-A, which partially finances the execution of the Acueductos y Alcantarillados in Coastal Communities Program, consisting of the construction of the National Water Laboratory building, among other projects. Also, it was accredited that in 2022, tender No. 2022CD-000064-0021400001 was issued, called Socio-environmental Cost-Benefit Study for the Project: "Construction of the National Water Laboratory building." In this tender, which was awarded, it was indicated that the construction of the building would take place on the aforementioned property in La Unión de Cartago. Similarly, it is recorded that by Executive Decree No. 44200-MINAE published in the Official Gazette La Gaceta of November 8, 2023, signed by the President of the Republic and the Minister of Environment and Energy, the National Convenience of the Construction of the New National Water Laboratory was approved.

Additionally, it was verified that in the recent ordinary session No. 003-2025 held on January 20, 2025, the current Executive President of the ICAA, together with the members of the Board of Directors, conducted an analysis of scenarios aimed at the effective execution of the construction project for the National Water Laboratory building. In this session, as accredited, reference was made to the location of said laboratory and a proposal to construct said building in Pavas, San José was discussed.

It was also demonstrated – as reported under oath by the respondents – that the construction area of the National Water Laboratory building is not considered to be diminished by that eventual proposal. As recorded in the design proposal presented to the representatives of the National Water Laboratory, the area proposed for evaluation for the contracting procedure reaches 4,879 m². Likewise, it was reported that the terms of reference of the eventual contracting procedure contemplate projected growth, anticipating future requirements, in compliance with the indications of the "Estudio de Mercado." This, as stated, "(…) is guaranteed by the design requirement to include provisions for the vertical growth of the building, which ensures future expansion capacity in the face of increased space needs and requirements (…)".

In addition to the foregoing, it is important to highlight that, as of the date this amparo action was filed (February 27, 2025) and, even, as of the day the report was submitted to this jurisdiction by the respondent authorities of the ICAA (March 14, 2025), there was no firm agreement related to the construction and final location of the building for the referenced laboratory. As deduced from the study of the case file, the authorities of the Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE were merely in the phase of inquiry, formulation, and consultation regarding the contract proposal to design, build, and equip the National Water Laboratory building in Pavas, San José. At that time, "(…) the contract proposal had not yet been uploaded to the SICOP platform, as it did not have all the requirements for its tender, among which is the Approval of the Operator, in this case from the Director of the National Water Laboratory (…)". Furthermore, it was reported that, in accordance with the established schedule, the publication of the contract is estimated to occur in the third quarter of 2025.

Now, having analyzed all of the foregoing, this Constitutional Court does not consider there to be any merit to hear this amparo on its merits. As can be appreciated, the petitioner comes before this Chamber in a generic and abstract manner without formulating or specifying a concrete and individualized relationship of facts that affects or harms a specific person. In essence, no situation is individualized that has generated a violation or threat of violation of the fundamental rights of any specific person, as required by the Law of the Constitutional Jurisdiction in its articles 1 and 29.

On this matter, this Court has indicated that, although the amparo remedy may be filed by any person and on behalf of a third party, the truth is that the existence of an individualized or individualizable injury or threat is required, in particular, for it to be heard by this jurisdiction. It should be noted that, in the specific case, it was not demonstrated that the petitioner or any particular third party has suffered any injury to their fundamental rights (specifically, to their rights to health and life), by virtue of the current proposal to carry out the construction of the National Water Laboratory in Pavas, San José, and not at the originally designated site (La Unión de Cartago).

In substance, it is clear that it is simply a matter of the petitioner's disagreement with the proposal formulated by the current President of the ICAA to change the site where the National Water Laboratory is intended to be built. A previous proposal that, as stated, has not even been formalized to date through a tender procedure and, in any case, must be analyzed through the ordinary administrative and jurisdictional channels created specifically for that purpose and not by this Constitutional Chamber, which, it is also clarified, is not responsible for defining the site where the LNA must finally be built, as the petitioner erroneously intends.

In any case, it must be taken into account, as stated above, that, under the solemnity of oath, the respondent authorities of the ICAA stated that, if the installation of the new LNA building in Pavas is approved, there will be no impact regarding the construction area, nor regarding its future expansion capacity. In addition to this, the respondents emphatically explained that the actions taken to date cannot be construed as a misuse of public funds. Specifically, on this point, they noted:

"(…) the investment made since 2006 has been key to the continuous progress of the project, transforming the allocated funds into practical knowledge and substantial advances. Although the tender processes have faced challenges, important milestones have been achieved, such as the preparation of detailed technical studies and the identification of opportunities for improvement. This accumulated learning has enriched the current design, ensuring that it accurately responds to the current needs of the National Water Laboratory. In this way, the public investment has generated a solid and updated feasibility study, which allows progress with confidence towards construction, optimizing every resource and ensuring that the new design resolves each of the Laboratory's needs (…)."

In any event, it is important to point out that this last aspect is also not for this Court to assess or elucidate, but rather for the administrative and jurisdictional bodies established for that purpose.

***

By virtue of the foregoing, as no violation of the fundamental rights of the petitioner or of any other particular person is observed, the appropriate course is to dismiss the present amparo proceeding.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is declared without merit. Magistrate Rueda Leal gives different reasons.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Anamari Garro V. Ingrid Hess H.

Exp. 25-005715-0007-CO
Res. 2025009922

DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. In the sub examine, in view of the final wording of the main judgment, I renounce the different reasons that, on the occasion of the discussion of the matter, I set forth in the operative part.

Paul Rueda L.
EXPEDIENTE N° 25-005715-0007-CO

Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Observations from SALA CONSTITUCIONAL
Voted with ballot
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:12:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República