Res. 01291-2025 Sala Constitucional — Late response to environmental information request violates rightsRespuesta tardía a solicitud de información ambiental lesiona derechos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 01291 - 2025

Fecha de la Resolución: 17 de Enero del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-032531-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-032531-0007-CO

Res. Nº 2025001291

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diecisiete de enero de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo promovido por Nombre4718, cédula de identidad CED1953, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 18 de noviembre de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el Dirección20654    , remitió a la dirección de correo electrónico ...1063 el oficio No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024. Agrega que solicitó al ministro de Ambiente y Energía la siguiente información: “1. ¿Se consideró el impacto ambiental sobre los Humedales Térraba Sierpe y el Río Sierpe siendo que el Río Salamá Viejo es afluente de este Patrimonio Natural del Estado? Se solicita adjuntar copia digital de los estudios técnicos referentes a las afectaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado en la zona. 2. En su respuesta DA-UHTPSOZ-1438-2024, donde se adjunta el permiso de Nombre4719 se indica que se cuenta con acceso a acueducto rural. ¿Se tiene por comprobado esta situación? Siendo que ni siquiera las personas vecinas de la comunidad tienen acceso a agua potable. 3. ¿Por qué no se consideró las afectaciones sobre Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe)? 4. ¿Qué visitas al campo realizó la Dirección de Aguas o personeros del MINAE para verificar la información suministrada? Se solicita copia digital de los informes o reportes de visita al lugar. 5. ¿Tiene certeza este ministerio y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?”. Reclama que, al día de interposición del recurso, no ha recibido la información requerida.

2.- En resolución de las 15:38 horas del 21 de noviembre de 2024, se da curso al proceso y solicita informe al ministerio de Ambiente y Energía, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. Además, informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios.

3.- Informa bajo juramento Ronny Rodríguez Chaves, en su condición de ministerio de Ambiente y Energía, lo siguiente:

“PRIMERO: El Despacho Ministerial procedió a darle respuesta al oficio ALFPFA-AARB-OFI-0513-2024, del Nombre4720 Nombre4718, mediante el oficio DM-1106-2024 del 22 de noviembre del 2024.

SEGUNDO: Conforme se demuestra con el comprobante adjunto se notificó oficialmente el oficio DM-1106-2024 a las 10:05 horas del día 25 de noviembre del 2024, cumpliendo así con lo ordenado por esta honorable Sala”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

 Considerando:

 I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el 29 de octubre de 2024, remitió a la dirección de correo electrónico ...1063 el oficio No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, mediante el cual solicitó una seria de información al ministro de Ambiente y Energía; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido lo requerido.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)   El 29 de octubre de 2024, el recurrente envió a la dirección electrónica ...1063 una solicitud de información, en los siguientes términos:

“Nombre4720

FRANZ TATTENBACH

MINISTRO

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Asunto: Solicitud de información.

Reciba un saludo cordial, la presente tiene por fin solicitar la siguiente información al respecto de su oficio DM-942-2024 del 18 de octubre de 2024, le consulto lo siguiente:

1. ¿Se consideró el impacto ambiental sobre los Humedales Térraba Sierpe y el Río Sierpe siendo que el Río Salamá Viejo es afluente de este Patrimonio Natural del Estado? Se solicita adjuntar copia digital de los estudios técnicos referentes a las afectaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado en la zona.

2. En su respuesta DA-UHTPSOZ-1438-2024, donde se adjunta el permiso de Nombre4719 se indica que se cuenta con acceso a acueducto rural. ¿Se tiene por comprobado esta situación? Siendo que ni siquiera las personas vecinas de la comunidad tienen a agua potable.

3. ¿Por qué no se consideró las afectaciones sobre Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe)?

4. ¿Qué visitas al campo realizó la Dirección de Aguas o personeros del MINAE para verificar la información suministrada? Se solicita copia digital de los informes o reportes de visita al lugar.

5. ¿Tiene certeza este ministerio y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?

Lo anterior se solicita de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por ser un asunto de evidente interés público”.

(véase prueba documental aportada por la parte recurrente, agregada al expediente digital).

b)   El 22 de noviembre de 2024, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución inicial del recurso de amparo (véase acta de notificación, agregada al expediente digital).

c)    El correo electrónico ...1063 se considera como un medio electrónico para recibir comunicaciones por parte de la autoridad recurrida (hecho no controvertido).

d)   El 25 de noviembre de 2024, se le comunicó a la dirección electrónica del recurrente el oficio No. DM-1106-2024 del 22 de noviembre de 2024, en el cual se consignó lo siguiente:

“Nombre4718

Diputado Partido Frente Amplio ...63;

Estimado Nombre4720

En atención a oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024 del 29 de octubre, 2024, que hace referencia al DM-942-2024 del 18 de octubre, 2024 en donde se consulta lo siguiente:

1- ¿Se consideró el impacto ambiental sobre los Humedales Térraba Sierpe y el Río Sierpe siendo que el Río Salamá Viejo es afluente de este Patrimonio Natural del Estado? Se solicita adjuntar copia digital de los estudios técnicos referentes a las afectaciones sobre el Patrimonio Natural del Estado en la zona.

Conforme la normativa, la gestión de aguas residuales intervienen varias instituciones conforme rol de cada una, desde atender lo que es el permiso para verter, hasta la ubicación, construcción y operación de las plantas de tratamiento.

En todo caso, debe cumplirse con la descarga de los elementos y parámetros de carga máxima autorizada según dispuesto en el Reglamento de Nombre4719 y Nombre4721 de Agua Decreto 33601 y que conforme esto cada actividad es valorada en estos términos, para habilitar o no el funcionamiento. De tal forma a continuación los aspectos que se desarrollan.

a. Evaluación de solicitud del permiso de Nombre4719 por parte del MINAE:

Conforme se expone en el informe oficio DA-2468-2024 en el cual, para el permiso en cuestión, se realizó el procedimiento correspondiente. Dentro de los requisitos de este trámite no se encuentra como requisito la presentación de estudios técnicos por parte del solicitante y que son analizados por la Dirección de Agua en asocio con otros elementos y criterios de revisión. Es importante indicar conforme normativa legal, el MINAE para efectos de resolver el permiso y aplicación del instrumento económico del canon ambiental por vertidos (contaminador pagador), se basa en el análisis de la carga contaminante permitida de DQO y SST, y lo máximo permitido por Reglamento de Nombre4719 y Reusó. Anexa oficio DA-2468-2024.

b. Aprobación de ubicación de la planta de tratamiento por parte del Ministerio de Salud.

Posterior al permiso de vertido, siendo requisito, se debe tramitar ante el Ministerio de Salud la aprobación de punto de ubicación de la planta de tratamiento, donde los requisitos para la aprobación de estas son las indicados a continuación:

A. Nombre del proyecto global.

Nombre1859. Nombre del propietario.

Nombre147. Localización según provincia, cantón y distrito, adjuntando copia del plano catastrado, actualizado y sin reducción.

Nombre3640. Dirección exacta de la propiedad.

E. Breve explicación del proyecto global (habitacional, turístico, comercial, agropecuario, industrial u otro) que requerirá del sistema de tratamiento.

F. Breve descripción del tipo, procesos y equipos del sistema de tratamiento propuesto.

G. Disposición final propuesta para las aguas residuales tratadas, debidamente justificada. En caso de que la disposición elegida sea a un medio receptor acuático, deberá ser de caudal permanente, lo cual deberá estar certificado por la autoridad competente.

H. Plano de Conjunto del proyecto global dentro del cual se ubicará el sistema de tratamiento, que incluya al menos la siguiente información:

I. Ubicación propuesta del área destinada al sistema de tratamiento, indicando sus dimensiones preliminares.

• Acotamiento de los retiros a guardar entre el sistema de tratamiento y los linderos de la propiedad que lo contendrá.

• Acotamiento de los retiros a guardar entre el sistema de tratamiento y las edificaciones existentes o proyectadas dentro de la misma propiedad, identificado en el Plano de Conjunto.

• Ubicación propuesta para el cabezal de desfogue o conexión al alcantarillado, si lo hubiera.

• Dirección del flujo de los cuerpos de agua que atraviesen o colinden con la propiedad.

• Ubicación de los pozos de abastecimiento de agua existentes o proyectados, dentro de la misma propiedad del proyecto global.

• Ubicación de los pozos de abastecimiento de agua existentes en las propiedades colindantes con el proyecto global, en un radio de 100 metros de la planta de tratamiento.

La justificación mencionada en el punto G, será sustentada en la documentación pertinente, considerando las alternativas tecnológicas aplicables en cada caso particular mediante criterios técnicos, económicos y legales, entre ellas:

• Nombre4719 en un alcantarillado sanitario

• Infiltración en el terreno.

• Nombre4719 en un medio receptor acuático.

• Descarga mediante emisario submarino.

• Nombre4721.

• Evaporación.

(fuente información https://ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/empresas/2uncategorised/129-visto-bueno-de-ubicacion-para-plantas-detratamientos-o-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales resaltado no es del original)

Para el caso particular, se sugiere indicar al solicitante, que puede consultar al Ministerio de Salud.

En lo que corresponde al MINAE se atiende el permiso de Nombre4719 que conforme procedimiento normado. dentro de los requisitos de este trámite no se encuentra no corresponde de estudios técnicos. Es importante indicar conforme normativa legal, el MINAE para efectos de resolver el permiso y aplicación del instrumento económico del canon ambiental por vertidos (contaminador pagador), se basa en el análisis de la carga contaminante permitida de DQO y SST, y lo máximo permitido por Reglamento de Nombre4719 y Reusó.

En lo que refiere a la Viabilidad Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional (SETENA).

La aprobación de ubicación para Plantas de Tratamientos o Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales por parte del Ministerio de Salud es considero para la evaluación ambiental del proyecto. Para esto, de acuerdo con la SETENA, cuenta con el instrumento “Lista de Requisitos para D1DJCA-Usuario externo”, esta Secretaría es la que evalúa técnicamente sobre lo consultado. Dentro de la emisión de la Viabilidad Ambiental se deben de presentar los impactos ambientales potenciales de la actividad como un todo.

Posterior al cumplimiento de los requisitos indicados, se puede realizar la solicitud de los permisos de construcción y posterior operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

2-En su respuesta DA-UHTPSOZ-1438-2024, donde se adjunta el permiso de Nombre4719 se indica que se cuenta con acceso a acueducto rural. ¿Se tiene por comprobado esta situación? Siendo que ni siquiera las personas vecinas de la comunidad tienen acceso a agua potable.

Conforme artículo 20 del decreto 42128-MINAE-S indica “Los interesados en obtener el permiso de vertidos deberán llenar y presentar el Formulario de Solicitud de Permiso de Vertidos con carácter de declaración jurada, ante la Dirección de Agua el cual se encuentra disponible en la página web de la Dirección…”

Este dato es aportado por el solicitante en apego al artículo 20 citado, y se usa con el fin de conocer si tiene un autoabastecimiento de agua y que con ello asegurar que este a derecho y, por otra parte, conocer que tiene una fuente de agua que abastece el proyecto y consecuente luego Nombre4719 de aguas residuales tratadas. El ente generador debe tener una fuente de abastecimiento para el proyecto con los permisos correspondientes.

Igualmente, si existe y se comprueba que haya existido un acto o información aportada por el administrado errónea, será causal de revocación del permiso, según lo establece el artículo 22 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, donde en el inciso a. indica: “a. Se compruebe falsedad de la información brindada por el ente generador, sin perjuicio de las denuncias penales que correspondan.”

Por su parte, el proyecto no se encuentra en operación, de tal forma el permiso no tenido eficacia legal en el uso autorizado, no se tiene forma de verificación actualmente sobre cumplimiento las condiciones de permiso de Nombre4719 según resolución.

3- ¿Por qué no se consideró las afectaciones sobre Patrimonio Natural del Estado (Humedal Térraba Sierpe)?

Aclarado en el punto 1

4- ¿Qué visitas al campo realizó la Dirección de Aguas o personeros del MINAE para verificar la información suministrada? Se solicita copia digital de los informes o reportes de visita al lugar

Con base en la información entregada por el solicitado en apego al artículo 20 citado, para el caso particular se indican los siguientes criterios:

- Que no se encuentre en área silvestre protegida. (De estarlo, requiere consulta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación) Para el caso en particular no se encuentra dentro de Área Silvestre Protegida.

- Que no se encuentre en un humedal, manglar u otro con restricciones para su otorgamiento. (De estarlo o bien posiblemente estarlo, se requiere consulta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Para el caso particular: no se encuentra dentro de un área de humedal

- Tipo de actividad y límites máximos permitidos de acuerdo con la actividad del ente generador. Para el caso particular los códigos de actividad CIIU 3821 el cual contempla un DQO de 1000 mg/l y un SST de 200 mg/l.

- Que el cuerpo de agua donde se dispondrán las aguas tratadas sea del dominio público y de carácter permanente. Para el caso particular se trata del río Salamá Viejo, el cual está definido en la Cartografía Nacional 1:50000 hoja Rincón Placa37104 como un cuerpo de agua del dominio público de carácter permanente.

- Permisos de concesión de agua otorgados que se puedan ver afectados por la actividad de acuerdo con su tipo de uso. Para el caso particular no se encuentran concesiones otorgadas aguas abajo del punto de vertido.” (DA-2468-2024)

La solicitud cumplió positivamente con estos criterios técnicos - legales señalados.

5- ¿Tiene certeza este ministerio y sus dependencias de que el número de finca aportado por el desarrollador corresponde al lugar físico donde se llevará a cabo el proyecto?

De la imagen que se muestra a continuación se observa que la localidad de Salamá, se ubica a 3,5 km de distancia del proyecto, por lo que, de acuerdo con la valoración realizada mediante la Matriz de Significancia de Impacto Ambiental como instrumento de valoración, se determina que la localidad de Salamá no recibirá impactos ambientales significativos por la operación del proyecto debido precisamente a su distancia. (…)

Además, el Plan de Gestión Ambiental del proyecto, propone una serie de medidas ambientales todas tendientes a disminuir la probabilidad de que los impactos del proyecto causen efectos perjudiciales para los pobladores cercanos al proyecto. Para garantizar esto se tienen los siguientes compromisos ambientales del proyecto:

Para el medio ambiente social, algunos compromisos son los siguientes:

• Dar una calidad del ambiente laboral adecuada a los trabajadores

• Diseñar un programa de comunicación para informar a la comunidad sobre el funcionamiento del complejo y las medidas ambientales ejecutadas

• Dar informes anuales a la comunidad sobre el comportamiento global del complejo.

• Diseñar un programa anual de compensación social basado en la capacitación de la comunidad en habilidades técnicas como conducción de vehículos pesados, montacargas, electricidad, plomería, mecánica.

• Diseñar un programa de compensación social basado en la educación ambiental, técnicas de compostaje, reciclaje, protección ambiental, entre otros

• Diseñar un sistema de registro y control de accidentes, basado en las normas INTE.

• Cumplir con la legislación vigente en cuanto a la contratación de personal.

En el medio ambiental físico y geológico, algunos compromisos son los siguientes:

• Alterar las áreas únicamente necesarias para cada etapa del proyecto.

• Diseñar un programa de prevención de incendios basado en las normas NFPA

• Diseñar un programa de manejo de monitoreo ambiental de las aguas subterráneas, superficiales y del aire

• Instalar obras para el cumplimiento con el reglamento de Nombre4719 y reuso de Aguas residuales.

• Mantener un área de amortiguamiento de 50 metros entre colindancia de la propiedad con la carretera internacional y el área aprovechable del proyecto para disminuir el efecto en el paisaje. Esta área podrá funcionar como corredor biológico.

• Instalar obras para el cumplimiento con el canon de Nombre4719. (…) Adjunto DA-2537-2024, DA-2468-2024, DA-UHTPSOZ-1438-2024”

(véase informe rendido por el ministro recurrido, agregado al expediente digital).

III.- Sobre el caso en concreto. En el presente asunto el recurrente alega que, el 29 de octubre de 2024, remitió a la dirección de correo electrónico ...1063 el oficio No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024, mediante el cual solicitó una seria de información al ministro de Ambiente y Energía; sin embargo, a la fecha de interposición del recurso no ha recibido lo requerido.

Primeramente, pese a lo prevenido en el auto inicial de curso del presente proceso a la autoridad accionada, a fin de que informara si el correo electrónico al cual se remitió la solicitud de información está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios, el recurrido omitió referirse a este aspecto. Por tanto, de conformidad con lo previsto por el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se tiene por cierto que el correo electrónico referido es un medio oficial de comunicación de la autoridad accionada.

Aclarado lo anterior, de la relación de hechos probados se desprende que, no fue hasta el 25 de noviembre de 2024, con posterioridad a la notificación del auto inicial de este recurso de amparo a la autoridad accionada, hecho acaecido el 22 de noviembre de 2024, que la autoridad recurrida atendió y remitió la información requerida por el petente. Lo anterior, ocurrió luego de transcurridos más de los diez días hábiles a los que hace referencia el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que resulta irrazonable, en perjuicio de los derechos fundamentales del promovente.

Bajo tal estado de cosas, dado que fue con ocasión de la notificación de la resolución de curso del presente proceso que la autoridad accionada, llevó a cabo las actuaciones pertinentes con el fin de restablecer los derechos fundamentales del recurrente, en aplicación del artículo 52 de Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, dado que la vulneración alegada cesó.

IV.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 ZCMNX7LZD4861

EXPEDIENTE N° 24-032531-0007-CO

 

Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf568 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección17  

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:13:40.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 01291 - 2025

Date of Resolution: January 17, 2025 at 09:20

Expediente: 24-032531-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 24-032531-0007-CO

Res. No. 2025001291

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on January seventeenth, two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre4718, identity card CED1953, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- By document incorporated into the digital case file on November 18, 2024, the appellant files an amparo appeal and states that the Dirección20654 forwarded official letter No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024 to the email address ...1063. He adds that he requested the following information from the Minister of Ambiente y Energía: "1. Was the environmental impact on the Térraba Sierpe Wetlands and the Sierpe River considered, given that the Salamá Viejo River is a tributary of this State Natural Heritage? Please attach a digital copy of the technical studies regarding the impacts on the State Natural Heritage in the area. 2. In your response DA-UHTPSOZ-1438-2024, where the permit of Nombre4719 is attached, it is indicated that there is access to a rural aqueduct. Has this situation been verified? Given that not even the community's neighboring residents have access to potable water. 3. Why were the impacts on State Natural Heritage (Térraba Sierpe Wetland) not considered? 4. What field visits did the Dirección de Aguas or MINAE officials conduct to verify the information provided? Please provide a digital copy of the site visit reports or reports. 5. Is this ministry and its dependencies certain that the farm number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?". He complains that, as of the date of filing the appeal, he has not received the requested information.

2.- In a resolution at 3:38 p.m. on November 21, 2024, the proceeding is commenced and a report is requested from the Ministerio de Ambiente y Energía on the facts alleged by the appellant. Furthermore, it must report whether the email address to which the appellant sent the information request is designated as an official mechanism for receiving user submissions.

3.- Ronny Rodríguez Chaves, in his capacity as Ministerio de Ambiente y Energía, reports under oath as follows:

"FIRST: The Ministerial Office proceeded to respond to official letter ALFPFA-AARB-OFI-0513-2024, from Nombre4720 Nombre4718, via official letter DM-1106-2024 of November 22, 2024.

SECOND: As demonstrated by the attached proof, official letter DM-1106-2024 was officially notified at 10:05 a.m. on November 25, 2024, thus complying with what was ordered by this honorable Sala". He requests that the appeal be dismissed.

4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- Object of the appeal. The appellant alleges that on October 29, 2024, he sent official letter No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024 to the email address ...1063, by which he requested a series of information from the Minister of Ambiente y Energía; however, as of the date of filing the appeal, he has not received what was requested.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) On October 29, 2024, the appellant sent a request for information to the electronic address ...1063, in the following terms:

"Nombre4720

FRANZ TATTENBACH

MINISTER

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

Subject: Request for information.

Please receive a cordial greeting. The purpose of this letter is to request the following information regarding your official letter DM-942-2024 of October 18, 2024. I consult the following:

1. Was the environmental impact on the Térraba Sierpe Wetlands and the Sierpe River considered, given that the Salamá Viejo River is a tributary of this State Natural Heritage? Please attach a digital copy of the technical studies regarding the impacts on the State Natural Heritage in the area.

2. In your response DA-UHTPSOZ-1438-2024, where the permit of Nombre4719 is attached, it is indicated that there is access to a rural aqueduct. Has this situation been verified? Given that not even the community's neighboring residents have access to potable water.

3. Why were the impacts on State Natural Heritage (Térraba Sierpe Wetland) not considered?

4. What field visits did the Dirección de Aguas or MINAE officials conduct to verify the information provided? Please provide a digital copy of the site visit reports or reports.

5. Is this ministry and its dependencies certain that the farm number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?

The foregoing is requested in accordance with Articles 27 and 30 of the Political Constitution, 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and 111 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa, as it is a matter of evident public interest".

(see documentary evidence provided by the appellant, added to the digital case file).

b) On November 22, 2024, the respondent authority was notified of the initial resolution of the amparo appeal (see notification record, added to the digital case file).

c) The email address ...1063 is considered an electronic means for receiving communications by the respondent authority (uncontroverted fact).

d) On November 25, 2024, official letter No. DM-1106-2024 of November 22, 2024, was communicated to the appellant's electronic address, in which the following was recorded:

"Nombre4718

Deputy, Partido Frente Amplio ...63;

Dear Nombre4720

In response to official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024 of October 29, 2024, which refers to DM-942-2024 of October 18, 2024, where the following is consulted:

1- Was the environmental impact on the Térraba Sierpe Wetlands and the Sierpe River considered, given that the Salamá Viejo River is a tributary of this State Natural Heritage? Please attach a digital copy of the technical studies regarding the impacts on the State Natural Heritage in the area.

According to the regulations, wastewater management involves several institutions according to the role of each, from handling the permit to discharge, to the location, construction, and operation of treatment plants.

In any case, the discharge of elements and maximum authorized load parameters must be complied with as set forth in the Reglamento de Nombre4719 and Nombre4721 de Agua Decreto 33601, and according to this, each activity is evaluated in these terms, to enable or not the operation. Thus, the aspects developed are presented below.

a. Evaluation of the Nombre4719 permit application by MINAE:

As set forth in report official letter DA-2468-2024, in which, for the permit in question, the corresponding procedure was conducted. Among the requirements for this process, the presentation of technical studies by the applicant, which are analyzed by the Dirección de Agua in conjunction with other elements and review criteria, is not a requirement. It is important to indicate, according to legal regulations, that for the purposes of resolving the permit and applying the economic instrument of the environmental discharge fee (polluter pays), MINAE relies on the analysis of the permitted pollutant load of Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno, DQO) and Total Suspended Solids (Sólidos Suspendidos Totales, SST), and the maximum allowed by the Reglamento de Nombre4719 and Nombre4721. Attaches official letter DA-2468-2024.

b. Approval of the treatment plant location by the Ministerio de Salud.

After the discharge permit, as a requirement, approval of the location point for the treatment plant must be processed before the Ministerio de Salud, where the requirements for the approval of these are as follows:

A. Name of the overall project.

Nombre1859. Name of the owner.

Nombre147. Location by province, canton, and district, attaching a copy of the cadastral map, updated and without reduction.

Nombre3640. Exact address of the property.

E. Brief explanation of the overall project (residential, tourism, commercial, agricultural, industrial, or other) that will require the treatment system.

F. Brief description of the type, processes, and equipment of the proposed treatment system.

G. Proposed final disposal for the treated wastewater, duly justified. In case the chosen disposal is into an aquatic receiving body, it must have permanent flow, which must be certified by the competent authority.

H. Overall Plan of the global project within which the treatment system will be located, including at least the following information:

I. Proposed location of the area designated for the treatment system, indicating its preliminary dimensions.

• Dimensioning of the setbacks to be maintained between the treatment system and the boundaries of the property that will contain it.

• Dimensioning of the setbacks to be maintained between the treatment system and existing or projected buildings within the same property, identified on the Overall Plan.

• Proposed location for the discharge outfall or connection to the sewer system, if any.

• Direction of flow of water bodies that cross or border the property.

• Location of existing or projected water supply wells within the same property of the overall project.

• Location of existing water supply wells on properties adjacent to the overall project, within a 100-meter radius of the treatment plant.

The justification mentioned in point G will be supported by pertinent documentation, considering the applicable technological alternatives in each particular case through technical, economic, and legal criteria, including:

• Nombre4719 into a sanitary sewer system

• Infiltration into the ground.

• Nombre4719 into an aquatic receiving body.

• Discharge via submarine outfall.

• Nombre4721.

• Evaporation.

(source information https://ministeriodesalud.go.cr/index.php/tramites/empresas/2uncategorised/129-visto-bueno-de-ubicacion-para-plantas-detratamientos-o-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales highlighting is not from the original)

For this particular case, it is suggested to indicate to the applicant that they may consult the Ministerio de Salud.

Regarding what corresponds to MINAE, the Nombre4719 permit is addressed according to the regulated procedure. Among the requirements for this process, technical studies are not required. It is important to indicate, according to legal regulations, that for the purposes of resolving the permit and applying the economic instrument of the environmental discharge fee (polluter pays), MINAE relies on the analysis of the permitted pollutant load of Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno, DQO) and Total Suspended Solids (Sólidos Suspendidos Totales, SST), and the maximum allowed by the Reglamento de Nombre4719 and Nombre4721.

Regarding Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) before the Secretaría Técnica Nacional (SETENA).

The approval of the location for Treatment Plants or Wastewater Treatment Systems by the Ministerio de Salud is considered for the environmental assessment of the project. For this, according to SETENA, it has the instrument "List of Requirements for D1DJCA-External User"; this Secretaría is the one that technically evaluates the matter consulted. Within the issuance of the Environmental Viability, the potential environmental impacts of the activity as a whole must be presented.

After fulfilling the indicated requirements, construction permits and subsequent operation of the wastewater treatment plants can be requested.

2- In your response DA-UHTPSOZ-1438-2024, where the permit of Nombre4719 is attached, it is indicated that there is access to a rural aqueduct. Has this situation been verified? Given that not even the community's neighboring residents have access to potable water.

According to Article 20 of Decree 42128-MINAE-S, it states: "Those interested in obtaining the discharge permit must complete and submit the Discharge Permit Application Form with the character of a sworn statement, before the Dirección de Agua, which is available on the Dirección's website…"

This data is provided by the applicant in adherence to the cited Article 20, and is used for the purpose of knowing if they have a self-supply of water and thereby ensuring that it is in compliance, and also to know that they have a water source that supplies the project and consequently the subsequent Nombre4719 of treated wastewater. The generating entity must have a supply source for the project with the corresponding permits.

Likewise, if it exists and it is verified that an act or information provided by the administered party was erroneous, it will be grounds for revocation of the permit, as established by Article 22 of the Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, where subsection a indicates: "a. Falsity of the information provided by the generating entity is verified, without prejudice to any corresponding criminal complaints."

For its part, the project is not in operation, so the permit has not had legal efficacy in the authorized use; there is currently no way to verify compliance with the permit conditions for Nombre4719 according to the resolution.

3- Why were the impacts on State Natural Heritage (Térraba Sierpe Wetland) not considered?

Clarified in point 1

4- What field visits did the Dirección de Aguas or MINAE officials conduct to verify the information provided? Please provide a digital copy of the site visit reports or reports

Based on the information provided by the applicant in adherence to the cited Article 20, for this particular case the following criteria are indicated:

- That it is not located in a protected wilderness area (Área Silvestre Protegida). (If it is, consultation with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is required). In this particular case, it is not located within a Protected Wilderness Area.

- That it is not located in a wetland, mangrove, or other area with restrictions for its granting. (If it is, or possibly is, consultation with the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is required). For this particular case: it is not located within a wetland area.

- Type of activity and maximum permitted limits according to the activity of the generating entity. For this particular case, the ISIC activity codes 3821, which contemplates a Chemical Oxygen Demand (Demanda Química de Oxígeno, DQO) of 1000 mg/l and Total Suspended Solids (Sólidos Suspendidos Totales, SST) of 200 mg/l.

- That the water body where the treated water will be disposed is of public domain and permanent in nature. For this particular case, it concerns the Salamá Viejo river, which is defined in the National Cartography 1:50000 sheet Rincón Placa37104 as a water body of public domain of a permanent nature.

- Water concession permits granted that may be affected by the activity according to its type of use. For this particular case, no concessions have been granted downstream of the discharge point." (DA-2468-2024)

The application successfully met these technical-legal criteria indicated.

5- Is this ministry and its dependencies certain that the farm number provided by the developer corresponds to the physical location where the project will be carried out?

From the image shown below, it is observed that the locality of Salamá is located 3.5 km away from the project; therefore, according to the assessment carried out using the Environmental Impact Significance Matrix as an assessment tool, it is determined that the locality of Salamá will not receive significant environmental impacts from the operation of the project precisely due to its distance. (…)

Furthermore, the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental) of the project proposes a series of environmental measures, all aimed at reducing the probability that the project's impacts will cause harmful effects for the residents near the project. To guarantee this, the following environmental commitments of the project are in place:

For the social environment, some commitments are as follows:

• Provide an adequate quality of work environment for the workers

• Design a communication program to inform the community about the functioning of the complex and the executed environmental measures

• Provide annual reports to the community on the overall performance of the complex.

• Design an annual social compensation program based on training the community in technical skills such as driving heavy vehicles, forklifts, electricity, plumbing, mechanics.

• Design a social compensation program based on environmental education, composting techniques, recycling, environmental protection, among others

• Design an accident recording and control system, based on INTE standards.

• Comply with current legislation regarding personnel hiring.

In the physical and geological environment, some commitments are as follows:

• Alter only the areas necessary for each stage of the project.

• Design a fire prevention program based on NFPA standards

• Design an environmental monitoring management program for groundwater, surface water, and air

• Install works for compliance with the regulation on Nombre4719 and wastewater Nombre4721.

• Maintain a 50-meter buffer area between the property's boundary with the international highway and the usable area of the project to lessen the effect on the landscape. This area may function as a biological corridor.

• Install works for compliance with the Nombre4719 discharge fee. (…) Attached DA-2537-2024, DA-2468-2024, DA-UHTPSOZ-1438-2024"

(see report rendered by the respondent minister, added to the digital case file).

III.- Regarding the specific case. In the present matter, the appellant alleges that, on October 29, 2024, he sent official letter No. AL-FPFA-AARB-OFI-0513-2024 to the email address ...1063, by which he requested a series of information from the Minister of Ambiente y Energía; however, as of the date of filing the appeal, he has not received what was requested.

First, despite what was stipulated in the initial order commencing this proceeding to the respondent authority, in order to report whether the email address to which the information request was sent is designated as an official mechanism for receiving user submissions, the respondent omitted to refer to this aspect. Therefore, in accordance with the provisions of Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, it is taken as true that the referred email address is an official means of communication of the respondent authority.

Having clarified the above, it is evident from the statement of proven facts that it was not until November 25, 2024, after the notification of the initial order of this amparo appeal to the respondent authority, an event that occurred on November 22, 2024, that the respondent authority addressed and sent the information requested by the petitioner. This occurred after more than ten working days, as referred to in Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, had elapsed, which is unreasonable, to the detriment of the fundamental rights of the petitioner.

Under this state of affairs, given that it was upon the notification of the resolution commencing this proceeding that the respondent authority carried out the pertinent actions to restore the fundamental rights of the appellant, in application of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the appeal is granted, without special condemnation for costs, damages, and losses, given that the alleged violation has ceased.

IV.- Regarding the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Under a better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, detains, or suspends the impugned action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable"), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to state that the appeal is granted when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable". It is underlined that the Law states "if applicable", which means that the applicability or inapplicability of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases like this, the content of the petition of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of a clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an impairment of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "every resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are applicable is not contemplated. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, where appropriate, those of International or Community Law and, moreover, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, should they deem it appropriate, to an ordinary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.

V.- Partial dissenting vote of Magistrate Salazar Alvarado, solely in relation to the non-condemnation for costs, damages, and losses against the respondent party. Although I concur with the rest of the Sala in granting the appeal, I depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

"If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, detains, or suspends the impugned action, the appeal shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if applicable".

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

"...every resolution that upholds the appeal shall condemn in abstracto to the compensation of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment".

This last norm establishes the general system that regulates matters related to compensation and payment of costs, which the majority calls the "natural or normal form of termination of the process, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…".

In the criterion of the majority, the cited Article 51 regulates cases in which the Sala has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from a systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the cited Article 52-, by imperative of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to compensation for the damages and losses caused and payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the acknowledgment, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not incur again in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Sala has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration in the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for condemnation for costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of individual rights and in that the Administration must assume responsibility for the damages and losses it causes by its unconstitutional actions.

Thus, the fact that, at the time the amparo is heard and granted, the effects of the impugned act have already ceased, in the terms set forth in Articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of condemnation for costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Furthermore, it is clear that the mentioned Article 52 applies only in cases where the Sala, even though it has not heard or pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in their favor; a situation that, as the majority of the Sala asserts, implies an "abnormal termination of the process".

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Sala can decree this form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that commenced the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that provides, indubitably, for the revocation, detention, or suspension of the impugned action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted "solely for the purposes of compensation and costs, if applicable".

As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the circumstances strictly contemplated in the rule, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a diminution of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses (daños y perjuicios) suffered through the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted to mean that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios) upon a violation of fundamental rights, that condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no compensable loss whatsoever was caused. Only and exclusively in such circumstances could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the arising, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose specific determination does not fall to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily entail condemnation in costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this court concentrates on that verification; however, it does not enter into the weighing of whether those matters have generated or not injuries in the strictly patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52, of the LJC, in its grammatical scope, provides that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, this undersigned does not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be determined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. For reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define a special proceeding whose object is the determination of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTÍCULO 179.- It falls to the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo to execute the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against public law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since that type of claim would not be applicable within that type of case, when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inapplicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52, of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or an external one, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a question of substance, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, pursuant to the regulation of the aforementioned mandate 52, are characteristic of an abstract condemnation that later constitutes the basis of analysis in the Jurisdicción Contencioso Administrativa. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, given that what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries to them is an extreme that, as a matter of principle and save exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of case. Note that, in the circumstance regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into assessing whether there is an infraction or not, with which, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In that way, the dispensation from condemnation to which that norm alludes is of an exceptional, not a principal, nature. Therefore, in those circumstances, the norm imposes abstract condemnation, so that its applicability may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that liberation from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the individual would be put at risk, who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of this nature that conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the individual's fundamental rights. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of that, that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, until it was ceased by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way, should be denied, as a presupposition, by the mere concretion of the factual circumstance regulated in the aforementioned ordinal 52, of the LJC. Therefore, with the utmost respect always for the majority position, I express my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily entail abstract condemnation in costs, damages, and losses.

VI.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.”

My interpretation of that norm is as follows: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if applicable” refers to costs. Moreover, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, refers precisely only to these: costs.

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restorative; however, article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the appeal costs, and shall reserve their liquidation for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, abstract condemnation of these is appropriate. If it were not done this way, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, by which article 41 of the CP could be violated. If, despite there being abstract condemnation, the damages and losses did not occur, the judge in the ordinary venue will so declare, since it falls only to that judge to take as proven their real existence and magnitude.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would be incentivizing the Administration to respect rights only when an amparo appeal exists. It remains to be said that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs.

VII.- Documentation contributed to the case file. The parties are warned that, if any paper document was contributed, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period shall be destroyed, according to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is granted, in accordance with the provisions of article 52, paragraph 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without special condemnation in costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation in damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation in damages and losses, but not condemnation in costs. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

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