Res. 12059-2025 Sala Constitucional — Access to potable water in light of AyA's technical impossibilityAcceso al agua potable frente a imposibilidad técnica del AyA

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12059 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Abril del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-006657-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-006657-0007-CO

Res. Nº 2025012059

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-006657-0007-CO, interpuesto por Nombre01, mayor, cédula de identidad CED01, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:20 horas del 07 de marzo de 2025, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICE- y expresa que en octubre de 2023 compró una casa ya construida en Patarrá de Desamparados, la cual tenía suministro de agua potable y solo se percató de que había una situación irregular al ser suspendido el servicio en diciembre de 2024. Explica que en ese mismo mes planteó una solicitud para regularizar el suministro mediante la instalación del servicio de agua potable en su propiedad. Explica que esa gestión fue denegada por el ICAA con el argumento de que no existen líneas, ni servicio de agua en el área, pese a que es un recurso indispensable para la vida. Señala que entonces plantearon un recurso de apelación, porque justo al frente de su propiedad hay tres medidores y uno de ellos fue recientemente colocado. Sin embargo, han transcurrido tres meses desde que plantearon su apelación formal y no han recibido respuesta alguna por parte de la institución. Durante este tiempo, ha tenido que recurrir a obtener agua de manera provisional de otras viviendas de sus familiares, ya que sus vecinos no quisieron colaborar, situación que se ha tornado insostenible dada la importancia del acceso al agua potable como derecho humano básico e irrenunciable, tal como lo establece el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica. Solicita se autorice y suministre el servicio de agua potable a su propiedad por medio de la instalación de un medidor o, en caso contrario, con la colocación de un tubo provisional que permita acceder al recurso hídrico esencial para la vida. Considera que dichas acciones son urgentes dada la presencia de adultos, adultos mayores y mascotas en el hogar, quienes requieren del acceso al agua potable.

2.- Mediante resolución de las 21:49 horas del 19 de marzo de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al Presidente Ejecutivo, al Subgerente de Gestión de Sistemas GAM y a la Jefa del Departamento de Nuevos Usuarios y Disponibilidades GAM, todos del ICAA, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del ICAA (escrito presentado a las 16:56 horas del 26 de marzo de 2025) en los siguientes términos:

“EN CUANTO A LOS HECHOS

Mediante escrito suscrito por la señora Nombre01, cédula de identidad CED02, en fecha 07 de marzo de 2025, en resumen, se alega lo siguiente:

(…)

De acuerdo con lo anterior, se procede a rendir este Informe con base al memorando SGGSGAM-DyNS-2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Jorge J. Chaves Campos, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y su anexo, Expediente Administrativo “Solicitud 2024-00033473-1”, y memorando UEN-SCMED-GAM-2025-00628, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Iriabel Pérez Sandino, servidora UEN Servicio al Cliente Medición GAM – AYA, los cuales detallan lo siguiente:

PRIMERO: La Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , inscrita registralmente a nombre de la señora Nombre01, no registra conexión de agua potable aprobada formalmente por AYA. Lo anterior es ratificado tácitamente por el recurrente en su escrito de fecha 13 de enero de los corrientes, el cual expone que la finca descrita se abasteció de forma irregular, sin que lo anterior fuera de conocimiento previo de AYA.

Con base a lo anterior, no es posible que Nombre02 haya suspendido alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular la Finca Folio Real Matrícula , pues tan siquiera existe infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

SEGUNDO: La señora Nombre01, presentó el día 04 de diciembre de 2024 una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable para un proyecto de “Vivienda” en la Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , plano catastro . Dicha solicitud fue registrada con el número de consecutivo 2024- 00033473-1.

El artículo 7.31 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, indica que la “constancia de disponibilidad de servicios”, es el documento que emite el ente operador en el que hace constar la existencia real y actual en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, en alguno de los linderos de un inmueble determinado, en función de la demanda de caudal y/o descarga que requiera el proyecto inmobiliario verificado por el operador, que permitirá eventualmente la instalación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Lo anterior previendo no afectar la demanda de los servicios existentes.

CUARTO: La solicitud de constancia de disponibilidad N°2024-00033473-1, fue resuelta por medio de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, de fecha 19 de diciembre de 2024, notificada el mismo día a la señora Nombre01 por medio del correo electrónico ...01.

Lo anterior se motivó en los Informes Técnicos “Inspección de Factibilidad de Agua Potable” e “Inspección de Factibilidad de Alcantarillado Sanitario”, que se demandan en el artículo 7.12 del mismo Reglamento de prestación de servicios de AYA, el cual define lo siguiente:

Análisis de factibilidad técnica para el otorgamiento de los servicios: Proceso de verificación de la existencia real y actual de los recursos hídricos, hidráulicos, materiales, técnicos, legales y ambientales suficientes para otorgar la disponibilidad y eventual conexión del servicio. Para tales efectos se deberán de observar las siguientes condiciones:

a. Que las redes de distribución y de recolección pasan frente a linderos del inmueble o tenga acceso directo por vía pública o servidumbre de paso del inmueble para el cual se solicita un servicio.

b. Que los sistemas cuenten con capacidad hídrica, hidráulica, de potabilización y de tratamiento, suficientes para otorgar nuevos servicios.

c. Que el sistema cumple con los atributos de calidad establecidos.

d. Que cumple con la normativa ambiental correspondiente.

En este caso, el análisis de factibilidad determino que la Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de AYA, por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de ombre02  frente a sus linderos. Por tal razón, se incumple los requisitos técnicos expuestos en los artículos 8 y 14 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, los cuales a la letra exponen:

Artículo 8- De los servicios. Nombre02 prestará los servicios de abastecimiento de agua para uso poblacional y saneamiento de aguas residuales dentro de la zona de cobertura, siempre que el área cuente con factibilidad técnica y legal. Los sistemas e instalaciones internos necesarios para el disfrute de los servicios son responsabilidad del usuario.

Artículo 14- De las condiciones para la prestación de los servicios. Nombre02 prestará sus servicios una vez comprobada la factibilidad técnica en inmuebles construidos o por edificar, dedicados a la residencia de personas, para actividades comerciales o industriales que cumplan con los requisitos y usos autorizados en este reglamento.

QUINTO: Ante los hechos que narra la señora recurrente, respecto a la prestación de servicios de Nombre02 en el sector en que se ubica la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se aclara lo siguiente:

- En fecha 05 de octubre del 2022 se registró la solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández, numero de cedula CED03, para la Finca Folio Real 1- 234456, Submatrícula , plano de catastro .

- Esta solicitud fue aprobada para un proyecto de construcción de una vivienda, aclarando que únicamente se otorgó para el Derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro , pues es el único lindero de la Finca Folio Real  que cuenta con acceso a vía pública en su frente, sin que el resto de la Finca cuente con este acceso, ni tampoco con infraestructura de distribución frente a los linderos (ver imagen 1 del memorando SG-GSGAM-DyNS2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025)

- El plano de catastro , es el mismo plano que presentó la señora Nombre01 en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable 2024-00033473-1 tramitada para el derecho 006 de la misma Finca Real Matrícula , de la cual ya se había determinado de forma previa, que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro , asociados al derecho 002 de la Finca.

SEXTO: Es cierto que en fecha 23 de diciembre de 2024, la señora Nombre01, presentó un recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024- 00033473-1-1-1.

El mismo fue resuelto por medio de la Resolución GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025 por este despacho de Gerencia General, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico ...01.

Al no haberse demostrado por parte de la señora Nombre01, en esta etapa de apelación la concurrencia de los requisitos técnicos descritos en los artículos 7.12, 8 y 14 del Reglamento de Nombre02 para la solicitud de constancia de disponibilidad de servicios tramitada para la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula 006, la Resolución GG-R-2025-0166, ratificó lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, por ende, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y se da por agotada la vía administrativa para el caso concreto.

SETIMO: La resolución suscrita por su autoridad a las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, ordena a la institución que de forma inmediata procedan a colocar una fuente pública que se ubique a una distancia máxima de 50 metros de la vivienda que ocupan las personas amparadas.

Para cumplir lo anterior, Nombre02 procedió a enviar una cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo de Cortas y Reconexiones, sin embargo, al momento de ejecutar la visita de campo se constató que no existe factibilidad técnica para instalar la fuente pública a una distancia de 50 metros de distancia de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , pues tal y como se indicó en los puntos anteriores, esta Finca no cuenta con frente a calle pública, ni cuenta con infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

A su vez, se revisó en nuestro Sistema Comercial Integrado OPEN SCI la existencia de algún servicio ubicado cerca de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, suspendido con anterioridad por morosidad, sin embargo, no se encontró algún inmueble que cuente con una conexión de Nombre02 que permita instalar la fuente en cuestión. Esta situación también fue corroborada por la cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo al momento de efectuarse la inspección de campo

Ante esta situación, se constata técnicamente, que para poder instalar la fuente pública se requiere instalar una prevista que refiere a una conexión permanente de agua potable sin que el posible beneficiario cumpla los requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, entre ellos, el que Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, cuente con disponibilidad de servicios de AYA. De esta manera, se define la imposibilidad técnica para instalar la fuente pública que ordena la resolución suscrita por su autoridad a las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco.

De acuerdo con lo anterior, es importante considerar que los artículos 110 del Reglamento de Nombre02 y 57 y 58 del Reglamento Técnico de Aresep, indican que las fuentes públicas únicamente se instalarán para servicios formales de Nombre02 calificados con tarifa domiciliar y que sean suspendidos por morosidad en la última factura puesta a cobro, excepto cuando la fuente abastezca un inmueble en el que habite una persona en condición de discapacidad o adulto mayor, en cuyo caso debe instalarse al frente del inmueble, por tanto, no se incluyen los casos de inmuebles que no cuentan con disponibilidad ni conexiones de agua potable de AYA.

La imposibilidad técnica y legal de instalar fuentes públicas en inmuebles que se han abastecido de conexiones irregulares sin que estén registrados como clientes activos de AYA, ha sido avalado por la propia Sala Constitucional, tal y como fue resuelto en la Resolución No.2024001136, suscrita por su autoridad a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, referente a la gestión de adición y aclaración interpuesta por Nombre02 en relación con la Sentencia No. 2023-033237 de las 09:15 horas del 22 de diciembre de 2023, la cual expone en el Considerando II:

“(…) Sobre la gestión planteada. En la especie, el reclamo de la gestionante debe ser estimado. Analizados los alegatos de la parte gestionante, es evidente que la Sentencia No. 2023-033237 de las 09:15 horas del 22 de diciembre de 2023 incurre en un error material al tener por demostrado que las conexiones al servicio público de agua eran ilegales (ver hechos probados de la sentencia), pero posteriormente acoger el amparo porque la fuente pública respectiva se instaló con ocasión del recurso. Normalmente, en este tipo de asuntos relacionados con el servicio de agua potable, de manera interlocutoria y en la resolución de curso del amparo, se consigna la orden para que la autoridad recurrida instale temporalmente una fuente pública cercana a la vivienda, mientras tanto se resuelve el proceso de amparo y se determina quién tiene la razón. Una vez que se resuelve el recurso, si la Sala no encontró lesión alguna a los derechos fundamentales acusados, la necesidad de la permanencia de la fuente pública de agua potable es improcedente, ya que no hay derecho alguno que tutelar. Por el contrario, si la estimatoria del amparo es evidente, la fuente pública debe permanecer hasta tanto se normalice la situación denunciada en el amparo. Para el presente caso, como se analizó líneas arriba, la Sala tuvo por demostrado en el elenco probatorio que las conexiones eran ilegales o fraudulentas, pues no cumplían con los requisitos de ley, y fueron realizadas al margen de la ley. Por ello, se declaró sin lugar el amparo, lo cual inevitablemente conllevaría que la fuente pública que se ordenó instalar durante la tramitación del proceso de amparo quedara sin efecto. No siendo así lo que se estipuló en la sentencia de cita, este Tribunal debe intervenir a favor de la autoridad recurrida, y acoger la gestión de aclaración incoada para rectificar el error en que se incurrió al momento de resolver. Aunado a ello, es claro que no se puede acoger un asunto como se hizo en la especie, tomando como fundamento que la autoridad recurrida instaló la fuente pública con ocasión del amparo, ya que se actuó de esa manera, precisamente, en virtud de la orden emitida como medida cautelar en la resolución de curso del proceso. Es contradictorio y confuso un actuar así. Por estas razones, lo correspondiente es acoger la gestión incoada (…)”.

NORMATIVA APLICABLE AL CASO.

- Artículos 1, 2, 7.12, 7.31, 8, 14 y 110 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Digital N°27, Alcance N°29, del 09/02/2021.

- Artículos 5, 52, 57 y 58 del Reglamento Técnico: “Prestación del suministro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes (AR-RT-SUMAAH2023)”, publicado en el Alcance N°74, La Gaceta N°67, del 17 de abril de 2024

CONCLUSIONES

Las actuaciones de Nombre02 están sometidas al Principio de Legalidad consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y Ley General de la Administración Pública; Principio que somete a toda Administración Pública, actuar conforme al ordenamiento jurídico, así como a las reglas univocas de la ciencia y técnica que respalda el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y alcances regulados en los artículos 7.12, 8, 14 y 110 del Reglamento para la prestación de los servicios de AyA,

Tal y como se constata en este informe, la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , no cuenta con conexiones de agua potable aprobadas formalmente por AYA. Tampoco posee frente a calle pública, ni cuenta con infraestructura de distribución de agua potable ni servicios frente a sus linderos. Con base a lo anterior, no es posible que Nombre02 haya suspendido alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular la Finca Folio Real Matrícula .

La señora Nombre01, tramitó en el mes de diciembre de 2024 una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable para la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , plano catastro , la cual se registró con el número de consecutivo 2024-00033473-1.

La solicitud fue resuelta por medio de la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, de fecha 19 de diciembre de 2024, notificada el mismo día a la señora Nombre01 por medio del correo electrónico ...01, pues los informes Técnicos “Inspección de Factibilidad de Agua Potable” e “Inspección de Factibilidad de Alcantarillado Sanitario” que se demandan en el artículo 7.12 del mismo Reglamento de prestación de servicios de AYA, determinaron que la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de AYA, por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de Nombre02 frente a sus linderos. De esta forma, se constata que la solicitud no cumple los requisitos técnicos expuestos en los artículos 8 y 14 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA.

Ante tal situación, la señora Nombre01, presentó un recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1. Este recurso fue resuelto y declarado SIN LUGAR por medio de la Resolución GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025 por este despacho de Gerencia General, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico señalado al efecto, ya que no se demostró en la etapa de apelación la concurrencia de los requisitos técnicos descritos en los artículos 7.12, 8 y 14 del Reglamento de Nombre02 para la solicitud de constancia de disponibilidad de servicios tramitada para la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula .

En fecha 05 de octubre del 2022 se registró la solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández, numero de cedula CED03, para la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula 002, plano de catastro 1-1719772-2014. La solicitud fue aprobada únicamente para el Derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro 1-1719772-2014, pues es el único lindero de la Finca Folio Real 1-234456 que cuenta con acceso a vía pública en su frente.

El plano de catastro 1-1719772-2014, es el mismo plano que presentó la señora Nombre01 en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable 2024-00033473-1 tramitada para el derecho 006 de la misma Finca Real Matrícula 1- 234456, de la cual ya se había determinado de forma previa, que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro 1- 1719772-2014, asociados al derecho 002 de la Finca

Ante la medida cautelar dictada por su autoridad en la resolución de las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, Nombre02 procedió a enviar una cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo de Cortas y Reconexiones, sin embargo, al momento de ejecutar la visita de campo se constató que no existe factibilidad para instalar la fuente pública a una distancia de 50 metros de distancia de la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula , pues esta finca no cuenta con disponibilidad de servicios de Nombre02 frente a sus linderos, lo cual concuerda con los resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD2024-00033473-1-1-1. Tampoco se logró constatar la existencia de algún servicio suspendido y ubicado cerca de la Finca descrita, de forma que se logre instalar la fuente en cuestión. Esta situación determinó una imposibilidad técnicamente para instalar la fuente, pues para lo anterior, se requiere instalar una prevista que refiere a una conexión permanente de agua potable sin que el posible beneficiario cumpla con los requisitos descritos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, entre ellos, existencia previa de disponibilidad de agua potable.

PETITORIA

De acuerdo con las consideraciones de hecho y derecho aquí expuestas, y de la prueba ofrecida, solicito a su autoridad que se DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo y se exima de toda condenatoria en costas, daños y perjuicios a AyA”.

 

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:13 horas del 1° de abril de 2025, la recurrente manifiesta lo siguiente:

“Con todo respeto, recurro nuevamente a tan honorable Sala Constitucional, presente un recurso de amparo ante Nombre02 el pasado 7 de marzo del 2025, en cual solicitábamos la disponibilidad de agua en la propiedad que nos negaron varias veces, ante la respuesta de ustedes la SALA CUARTA le dieron 3 días Nombre02 para ponernos aunque fuera un tubo de agua a 50m de la vivienda, la cuadrilla de Nombre02 se presentó al lugar pero al llegar nos dijeron que no teníamos una paja de agua disponible que no podían hacer nada y se retiraron del lugar, lo que nosotros pedimos es un tubo de agua como fuente publica donde podamos abastecernos de agua y tampoco quisieron colocarla, hemos acudido a las oficinas de Nombre02 varias veces pero no nos dan solución alguna, por ese medio recurrimos a ustedes ya que hicieron caso omiso del fallo a nuestro favor y en base a ello llevamos meses en la propiedad sin agua, donde se encuentra habitada con adultos mayores y mascotas, en lo que hemos tenido que llevar agua en baldes desde casas de familiares.

Abogamos a su buena voluntad y como último recurso les pedimos que nos ayuden a solucionar de una vez este problema, ya que es un recurso indispensable para la vida”.

 

5.- Informa bajo juramento Alejandro Enrique Calderón Acuña, en su condición de Subgerente de Gestión de Sistemas GAM del ICAA (escrito presentado a las 15:39 horas del 07 de cuatro de 2025) en los siguientes términos:

“EN CUANTO A LOS HECHOS

Vistos los hechos descritos por el recurrente mediante escrito suscrito en fecha 07 de marzo de 2025, se procede a rendir este Informe con base al memorando SG-GSGAMDyNS-2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Jorge J. Chaves Campos, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y su anexo, Expediente Administrativo “Solicitud 2024-00033473-1”, y memorando UEN-SCMED-GAM-2025-00628, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Iriabel Pérez Sandino, servidora UEN Servicio al Cliente Medición GAM – AYA, específicamente:

PRIMERO: La Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , inscrita registralmente a nombre de la señora Nombre01, no registra conexión de agua potable aprobada formalmente por AYA. El propio recurrente acepta que la finca descrita se abasteció de forma irregular, sin conocimiento previo de AYA.

Por lo tanto, no es cierto que Nombre02 haya suspendido alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular la Finca Folio Real Matrícula , pues tan siquiera existe infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

SEGUNDO: La señora Nombre01, presentó el día 04 de diciembre de 2024 una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable número de consecutivo 2024-00033473-1, para un proyecto de “Vivienda” en la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , plano catastro .

El artículo 7.31 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, indica que la “constancia de disponibilidad de servicios”, es el documento que emite el ente operador en el que hace constar la existencia real y actual en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, en alguno de los linderos de un inmueble determinado, en función de la demanda de caudal y/o descarga que requiera el proyecto inmobiliario verificado por el operador, que permitirá eventualmente la instalación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Lo anterior previendo no afectar la demanda de los servicios existentes.

CUARTO: La solicitud de constancia de disponibilidad N°2024-00033473-1, se rechazó con la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, de fecha 19 de diciembre de 2024, notificada el mismo día a la señora recurrente por medio del correo electrónico ...01.

Lo anterior se motivó en los Informes Técnicos “Inspección de Factibilidad de Agua Potable” e “Inspección de Factibilidad de Alcantarillado Sanitario”, que se demandan en el artículo 7.12 del mismo Reglamento de prestación de servicios de AYA. En este caso, el análisis de factibilidad determino que la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de AYA, por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de Nombre02 frente a sus linderos. Por tal razón, se incumple los requisitos técnicos expuestos en los artículos 8 y 14 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA.

QUINTO: Respecto a la prestación de servicios de Nombre02 en el sector en que se ubica la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se aclara lo siguiente:

- En fecha 05 de octubre del 2022 se registró la solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández, numero de cedula CED03, para la Finca Folio Real 1- 234456, Submatrícula , plano de catastro .

- Esta solicitud fue aprobada para un proyecto de construcción de una vivienda, aclarando que únicamente se otorgó para el Derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro , pues es el único lindero de la Finca Folio Real 1-234456 que cuenta con acceso a vía pública en su frente, sin que el resto de la Finca cuente con este acceso, ni tampoco con infraestructura de

distribución frente a los linderos (ver imagen 1 del memorando SG-GSGAM-DyNS2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025).

- El plano de catastro , es el mismo plano que presentó la señora Nombre01 en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable 2024-00033473-1 tramitada para el derecho 006 de la misma Finca Real Matrícula , de la cual ya se había determinado de forma previa, que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro , asociados al derecho 002 de la Finca.

SEXTO: La señora Nombre01, presentó un recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1. El mismo dató del 23 de diciembre de 2024 y fue resuelto por medio de la Resolución GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025 por este despacho de Gerencia General, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico ...01.

Al no haberse demostrado por parte la parte recurrente la concurrencia de los requisitos técnicos descritos en los artículos 7.12, 8 y 14 del Reglamento de Nombre02 para la solicitud de constancia de disponibilidad de servicios 2024-00033473-1, la Resolución GG-R-2025-0166, ratificó lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, por ende, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y se agotó la vía administrativa.

SETIMO: ante resolución suscrita por su autoridad a las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, ordena a la institución que de forma inmediata procedan a colocar una fuente pública que se ubique a una distancia máxima de 50 metros de la vivienda de la recurrente.

Para cumplir la medida cautelar dictada por su autoridad en la resolución de las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, Nombre02 procedió a enviar una cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo de Cortas y Reconexiones, sin embargo, al momento de ejecutar la visita de campo se constató que no existe factibilidad técnica para instalar la fuente pública a una distancia de 50 metros de distancia de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, pues tal y como se indicó en los puntos anteriores, esta Finca no cuenta con frente a calle pública, ni cuenta con infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

Se revisó el Sistema Comercial Integrado OPEN SCI, ara verificar la existencia de algún servicio ubicado cerca de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, suspendido con anterioridad por morosidad, sin embargo, no se encontró algún inmueble que cuente con una conexión de Nombre02 que permita instalar la fuente en cuestión. Esta situación también fue corroborada por la cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo al momento de efectuarse la inspección de campo

Ante esta situación, se constata técnicamente que para poder instalar la fuente pública se requiere instalar una prevista que refiere a una conexión permanente de agua potable sin que el posible beneficiario cumpla los requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, entre ellos, el que Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, cuente con disponibilidad de servicios de AYA. De esta manera, se imposibilita técnicamente la instalación de la fuente pública requerida.

Visto lo expuesto, es importante considerar que los artículos 110 del Reglamento de Nombre02 y 57 y 58 del Reglamento Técnico de Aresep, indican que las fuentes públicas únicamente se instalarán para servicios formales de Nombre02 calificados con tarifa domiciliar y que sean suspendidos por morosidad en la última factura puesta a cobro, excepto cuando la fuente abastezca un inmueble en el que habite una persona en condición de discapacidad o adulto mayor, en cuyo caso debe instalarse al frente del inmueble, por tanto, no se incluyen los casos de inmuebles que no cuentan con disponibilidad ni conexiones de agua potable de AYA.

La imposibilidad técnica y legal de instalar fuentes públicas en inmuebles que se han abastecido de conexiones irregulares sin que estén registrados como clientes activos de AYA, ha sido avalado por la propia Sala Constitucional, tal y como fue resuelto en la Resolución No.2024001136, suscrita por su autoridad a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, referente a la gestión de adición y aclaración interpuesta por Nombre02 en relación con la Sentencia No. 2023-033237 de las 09:15 horas del 22 de diciembre de 2023.

CONCLUSIONES

La Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , no cuenta con conexiones de agua potable aprobadas formalmente por AYA. Tampoco posee frente a calle pública, ni cuenta con infraestructura de distribución de agua potable ni servicios frente a sus linderos. Ante tal panorama, no es posible que Nombre02 haya suspendido alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular la Finca descrita.

La señora Nombre01, tramitó en fecha 04 de diciembre de 2024, la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable número de consecutivo 2024- 00033473-1 para la Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , plano catastro .

Esta solicitud se resolvió con la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, de fecha 19 de diciembre de 2024, notificada el mismo día a la señora recurrente por medio del correo electrónico ...01.

El rechazo de la solicitud se motiva en los informes Técnicos “Inspección de Factibilidad de Agua Potable” e “Inspección de Factibilidad de Alcantarillado Sanitario” los cuales detallan que la Finca se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de AYA, por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de Nombre02 frente a sus linderos, por, ende, no se cumplen los requisitos técnicos expuestos en los artículos 8 y 14 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA.

La señora Nombre01 presentó un recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1. Este recurso fue resuelto y declarado SIN LUGAR por medio de la Resolución GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025 por la Gerencia General, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico señalado al efecto.

La solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández, para la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula 002, plano de catastro , fue aprobada únicamente para el Derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro , pues es el único lindero de la Finca Folio Real 1-234456 que cuenta con acceso a vía pública en su frente.

El plano de catastro 1-1719772-2014, es el mismo plano que presentó la señora Nombre01 en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable  tramitada para el derecho 006 de la misma Finca Real Matrícula , de la cual ya se había determinado de forma previa que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro , asociados al derecho 002 de la Finca.

Actualmente no existe factibilidad para instalar una fuente pública a una distancia de 50 metros de distancia de la Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula , pues esta finca no cuenta con disponibilidad de servicios de Nombre02 frente a sus linderos, lo cual concuerda con los resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1. Tampoco se logró constatar la existencia de algún servicio suspendido y ubicado cerca de la Finca descrita, de forma que se logre instalar la fuente en cuestión. Esta situación determinó una imposibilidad técnicamente para instalar la fuente, pues para lo anterior, se requiere instalar una prevista que refiere a una conexión permanente de agua potable sin que el posible beneficiario cumpla con los requisitos descritos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, entre ellos, existencia previa de disponibilidad de agua potable.

PETITORIA

De acuerdo con las consideraciones de hecho y derecho aquí expuestas, y de la prueba ofrecida, solicito a su autoridad que se DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo y se exima de toda condenatoria en costas, daños y perjuicios a AyA”.

 

6.- Informa bajo juramento Ingrid Elena Jiménez Rodríguez, en su condición de Encargada del Área de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM del ICAA (escrito presentado a las 15:45 horas del 07 de cuatro de 2025) en los siguientes términos:

“EN CUANTO A LOS HECHOS

Vistos los hechos descritos por el recurrente mediante escrito suscrito en fecha 07 de marzo de 2025, se procede a rendir este Informe con base al memorando SG-GSGAMDyNS-2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Jorge J. Chaves Campos, servidor del área de Disponibilidades y Nuevos Servicios Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y su anexo, Expediente Administrativo “Solicitud 2024-00033473-1”, y memorando UEN-SCMED-GAM-2025-00628, de fecha 24 de marzo de 2025, suscrito por Iriabel Pérez Sandino, servidora UEN Servicio al Cliente Medición GAM – AYA, específicamente:

PRIMERO: La Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , inscrita registralmente a nombre de la señora Nombre01, no registra conexión de agua potable aprobada formalmente por AYA. El propio recurrente acepta que la finca descrita se abasteció de forma irregular, sin conocimiento previo de AYA.

Por lo tanto, no es cierto que Nombre02 haya suspendido alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular la Finca Folio Real Matrícula , pues tan siquiera existe infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

SEGUNDO: La señora Nombre01, presentó el día 04 de diciembre de 2024 una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable número de consecutivo 2024-00033473-1, para un proyecto de “Vivienda” en la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , plano catastro .

El artículo 7.31 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, indica que la “constancia de disponibilidad de servicios”, es el documento que emite el ente operador en el que hace constar la existencia real y actual en cuanto a capacidad hídrica, capacidad hidráulica, así como de recolección y tratamiento, en alguno de los linderos de un inmueble determinado, en función de la demanda de caudal y/o descarga que requiera el proyecto inmobiliario verificado por el operador, que permitirá eventualmente la instalación de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales. Lo anterior previendo no afectar la demanda de los servicios existentes.

CUARTO: La solicitud de constancia de disponibilidad N°2024-00033473-1, se rechazó con la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, de fecha 19 de diciembre de 2024, notificada el mismo día a la señora recurrente por medio del correo electrónico ...01.

Lo anterior se motivó en los Informes Técnicos “Inspección de Factibilidad de Agua Potable” e “Inspección de Factibilidad de Alcantarillado Sanitario”, que se demandan en el artículo 7.12 del mismo Reglamento de prestación de servicios de AYA. En este caso, el análisis de factibilidad determino que la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de AYA, por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de Nombre02 frente a sus linderos. Por tal razón, se incumple los requisitos técnicos expuestos en los artículos 8 y 14 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA.

QUINTO: Respecto a la prestación de servicios de Nombre02 en el sector en que se ubica la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , se aclara lo siguiente:

- En fecha 05 de octubre del 2022 se registró la solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández, numero de cedula CED03, para la Finca Folio Real 1- 234456, Submatrícula , plano de catastro .

- Esta solicitud fue aprobada para un proyecto de construcción de una vivienda, aclarando que únicamente se otorgó para el Derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro , pues es el único lindero de la Finca Folio Real 1-234456 que cuenta con acceso a vía pública en su frente, sin que el resto de la Finca cuente con este acceso, ni tampoco con infraestructura de distribución frente a los linderos (ver imagen 1 del memorando SG-GSGAM-DyNS2025-00210, de fecha 24 de marzo de 2025).

- El plano de catastro , es el mismo plano que presentó la señora Nombre01 en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable 2024-00033473-1 tramitada para el derecho 006 de la misma Finca Real Matrícula , de la cual ya se había determinado de forma previa, que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro , asociados al derecho 002 de la Finca.

SEXTO: La señora Nombre01, presentó un recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1. El mismo dató del 23 de diciembre de 2024 y fue resuelto por medio de la Resolución GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025 por este despacho de Gerencia General, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico ...01.

Al no haberse demostrado por parte la parte recurrente la concurrencia de los requisitos técnicos descritos en los artículos 7.12, 8 y 14 del Reglamento de Nombre02 para la solicitud de constancia de disponibilidad de servicios 2024-00033473-1, la Resolución GG-R-2025- 0166, ratificó lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, por ende, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y se agotó la vía administrativa.

SETIMO: ante resolución suscrita por su autoridad a las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, ordena a la institución que de forma inmediata procedan a colocar una fuente pública que se ubique a una distancia máxima de 50 metros de la vivienda de la recurrente.

Para cumplir la medida cautelar dictada por su autoridad en la resolución de las veintiuno horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de marzo de dos mil veinticinco, Nombre02 procedió a enviar una cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo de Cortas y Reconexiones, sin embargo, al momento de ejecutar la visita de campo se constató que no existe factibilidad técnica para instalar la fuente pública a una distancia de 50 metros de distancia de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, pues tal y como se indicó en los puntos anteriores, esta Finca no cuenta con frente a calle pública, ni cuenta con infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

Se revisó el Sistema Comercial Integrado OPEN SCI, ara verificar la existencia de algún servicio ubicado cerca de la Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, suspendido con anterioridad por morosidad, sin embargo, no se encontró algún inmueble que cuente con una conexión de Nombre02 que permita instalar la fuente en cuestión. Esta situación también fue corroborada por la cuadrilla a cargo del inspector Marvin Vega Murillo al momento de efectuarse la inspección de campo

Ante esta situación, se constata técnicamente que para poder instalar la fuente pública se requiere instalar una prevista que refiere a una conexión permanente de agua potable sin que el posible beneficiario cumpla los requisitos establecidos en los artículos 67 y 68 del Reglamento para la prestación de los servicios de AYA, entre ellos, el que Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, cuente con disponibilidad de servicios de AYA. De esta manera, se imposibilita técnicamente la instalación de la fuente pública requerida.

Visto lo expuesto, es importante considerar que los artículos 110 del Reglamento de Nombre02 y 57 y 58 del Reglamento Técnico de Aresep, indican que las fuentes públicas únicamente se instalarán para servicios formales de Nombre02 calificados con tarifa domiciliar y que sean suspendidos por morosidad en la última factura puesta a cobro, excepto cuando la fuente abastezca un inmueble en el que habite una persona en condición de discapacidad o adulto mayor, en cuyo caso debe instalarse al frente del inmueble, por tanto, no se incluyen los casos de inmuebles que no cuentan con disponibilidad ni conexiones de agua potable de AYA.

La imposibilidad técnica y legal de instalar fuentes públicas en inmuebles que se han abastecido de conexiones irregulares sin que estén registrados como clientes activos de AYA, ha sido avalado por la propia Sala Constitucional, tal y como fue resuelto en la Resolución No.2024001136, suscrita por su autoridad a las nueve horas quince minutos del diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, referente a la gestión de adición y aclaración interpuesta por Nombre02 en relación con la Sentencia No. 2023-033237 de las 09:15 horas del 22 de diciembre de 2023.

PETITORIA

De acuerdo con las consideraciones de hecho y derecho aquí expuestas, y de la prueba ofrecida, solicito a su autoridad que se DECLARE SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo y se exima de toda condenatoria en costas, daños y perjuicios a AyA”.

 

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

  Considerando:

I.- Sobre el conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante recursos ordinarios contra la denegatoria de una solicitud del servicio de agua potable, los cuales, presuntamente, no han sido resueltos dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver, la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del recurso. La recurrente alega que en octubre de 2023 compró una casa ya construida en Patarrá de Desamparados, la cual tenía suministro de agua potable y solo se percató de que había una situación irregular al ser suspendido el servicio en diciembre de 2024. Dice que en ese mismo mes planteó una solicitud para regularizar el suministro mediante la instalación del servicio de agua potable en su propiedad. Explica que esa gestión fue denegada por el ICAA con el argumento de que no existen líneas, ni servicio de agua en el área, pese a que es un recurso indispensable para la vida. Señala que entonces plantearon un recurso de apelación, porque justo al frente de su propiedad hay tres medidores y uno de ellos fue recientemente colocado. Sin embargo, han transcurrido tres meses desde que plantearon su apelación formal y no han recibido respuesta alguna por parte de la institución. Durante este tiempo, ha tenido que recurrir a obtener agua de manera provisional de otras viviendas de sus familiares, ya que sus vecinos no quisieron colaborar. Solicita se autorice y suministre el servicio de agua potable a su propiedad por medio de la instalación de un medidor o, en caso contrario, con la colocación de un tubo provisional que permita acceder al recurso hídrico esencial para la vida. Considera que dichas acciones son urgentes dada la presencia de adultos, adultos mayores y mascotas en el hogar, quienes requieren del acceso al agua potable.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1)                       La finca folio real matrícula , submatrícula , inscrita a nombre de la señora Nombre01, no registra conexión de agua potable aprobada formalmente por ICAA. Esa finca se abasteció de forma irregular, sin conocimiento previo de ICAA, pues ni siquiera existe infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

2)                       El 04 de diciembre de 2024, la señora Nombre01 presentó ante el ICAA una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable número de consecutivo 2024-00033473-1, para un proyecto de “Vivienda” en la finca folio real matrícula , submatrícula , plano catastro  (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

3)                       El 19 de diciembre de 2024, la solicitud de constancia de disponibilidad No. 2024-00033473-1 fue rechazada con la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico. El análisis de factibilidad determinó que la finca se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de ICAA. Por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de ICAA frente a sus linderos (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

4)                       El 23 de diciembre de 2024, la recurrente presentó recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1 (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

5)                       El 20 de marzo de 2025, se notificó a las autoridades recurridas la resolución de 21:49 horas del 19 de marzo de 2025, mediante la cual se le dio curso a este amparo (véanse actas de notificación respectivas).

6)                       Por medio de la resolución No. GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025, la Gerencia General del ICAA declaró sin lugar el recurso de apelación. Esa resolución se le notificó el mismo día a la recurrente por medio de correo electrónico (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

7)                       El plano de catastro , es el que presentó la recurrente en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable 2024-00033473-1 tramitada para el derecho 006 de la misma finca real matrícula , de la cual ya se había determinado de forma previa que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro 1-1719772-2014, asociados al derecho 002 de la finca (véanse informes de las autoridades recurridas y prueba documental aportada).

IV.- Sobre la dotación del servicio de agua potable. En primer lugar, esta Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, de forma que exista una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualquier condición y oportunidad. En concreto, esta Sala ha reconocido que el ICAA, las municipalidades, o bien, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados pueden denegar la disponibilidad de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. En la sentencia No. 2018-011148 de las 09:30 horas del 10 de julio de 2018, este Tribunal resolvió lo siguiente:

“En el caso bajo estudio, la Sala tiene por demostrado que el 8 de agosto de 2017, la recurrente presentó ante el Instituto recurrido una solicitud de disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado para la propiedad inscrita bajo el Folio Real Matrícula No. (…) misma que le fue denegada mediante oficio No. GSP-RCO- 2017-02024, del 21 de agosto de 2017. Según lo constatado, en el sector donde se ubica el terreno en el que la amparada gestionó el servicio, no hay disponibilidad de agua potable ni sistema de alcantarillado sanitario, pues el Sistema de Santiago de Puriscal experimenta un déficit hídrico, por lo que el aumento en el número de servicios implicaría un desmejoramiento de la calidad de los  usuarios actuales, quienes son abastecidos mediante medidas paliativas "valvuleo" y camión cisterna. Es evidente entonces, que el Instituto no puede brindar el servicio solicitado por la amparada porque técnicamente no le es factible, y, por ende, no es posible acoger la solicitud en los términos en que la recurrente lo pretende. Por ello, desde la perspectiva constitucional, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la autoridad accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material debido a la inexistencia en el sitio de la infraestructura necesaria para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual –como se dijo- ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura, y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de los administrados, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (ver en ese sentido, entre otras, Sentencias 2007-03355, de las 13:37 horas del 09 de marzo del 2007; 2007-010341, de las 14:45 horas del 20 de julio del 2007 y 2017-011477, de las 9:15 horas del 21 de julio del 2017). Finalmente, no consta un acto discriminatorio en relación con las otras viviendas que se ubican en la zona y que, si cuentan con el servicio, ya que el principio de igualdad, en tanto constituye un presupuesto necesario para la efectividad de las libertades públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato discriminatorio. Finalmente, no corresponde a esta Sala determinar si se cumplen o no los requisitos para otorgar el suministro de agua como la recurrente lo pretende, tampoco procede dilucidar en qué términos, según la disponibilidad de agua y el cumplimiento de condiciones técnicas y legales, podría eventualmente llegar a autorizarse la gestión de abastecimiento de agua que echa de menos, toda vez que se trata de una labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional”.

 

V.- Sobre la solicitud del servicio de agua potable presentada por la recurrente. De los informes rendidos por las autoridades recurridas y la prueba documental aportada, se constata que la finca folio real matrícula , submatrícula , inscrita a nombre de la señora Nombre01, aquí recurrente, no registra conexión de agua potable aprobada formalmente por el ICAA. Esa finca se abasteció de forma irregular, sin conocimiento previo de ICAA. Por ello, se aclara que no es cierto que el instituto accionado suspendiera alguna conexión que abasteciera de forma regular o irregular, pues tan siquiera existe infraestructura de distribución de agua potable frente a sus linderos.

Aparte de lo anterior, se comprueba que el 04 de diciembre de 2024 la recurrente presentó ante el ICAA una solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable número de consecutivo 2024-00033473-1, para un proyecto de “Vivienda” en la finca folio real matrícula , submatrícula , plano catastro . Se acredita que el 19 de diciembre de 2024 la solicitud de constancia de disponibilidad No. 2024-00033473-1 fue rechazada con la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1, notificada el mismo día a la recurrente por medio del correo electrónico. El análisis de factibilidad determinó que la finca se encuentra fuera de la zona de abastecimiento del acueducto de ICAA. Por ende, no cuenta con redes de agua potable y alcantarillado sanitario de ICAA frente a sus linderos.

Además, en los informes rendidos ante este Tribunal, respecto a la prestación de servicios del ICAA en el sector en que se ubica la finca folio real matrícula , submatrícula , se aclaró lo siguiente: - En fecha 05 de octubre del 2022 se registró la solicitud de constancia de Disponibilidad de Agua Potable 2022-00021750-1, tramitada por el señor Carlos Guerrero Fernández para la citada finca, submatrícula , plano de catastro . Esta solicitud fue aprobada para un proyecto de construcción de una vivienda, aclarando que únicamente se otorgó para el derecho 002, específicamente entre los vértices 1-2 del plano de catastro , pues es el único lindero de la finca que cuenta con acceso a vía pública en su frente, sin que el resto de la finca cuente con este acceso, ni tampoco con infraestructura de distribución frente a los linderos. Además, el plano de catastro , es el que presentó la recurrente en la solicitud de constancia de disponibilidad de agua potable  tramitada para el derecho 006 de la misma finca, de la cual ya se había determinado de forma previa, que únicamente cuenta con disponibilidad de agua potable a través de los vértices 1-2 del plano de catastro 1-1719772-2014, asociados al derecho 002 de la finca.

En este sentido, la Sala considera que no se ha dado una negativa arbitraria de la parte accionada para brindarle disponibilidad del servicio de agua potable a la gestionante como lo solicita, sino que, lo que ha ocurrido es que existe una imposibilidad técnica y material para acceder a lo peticionado, al menos en este momento, lo cual ha sido de su conocimiento. Se recuerda, que sobre el tema de fondo de este amparo, esta Sala se ha referido en múltiples sentencias a lo que ha llamado la imposibilidad técnica o material, que es la falta de infraestructura y se ha manifestado, en el sentido de que cuando existe imposibilidad técnica para conectar el servicio solicitado, no se viola derecho fundamental alguno de las personas administradas, pues ello obedece a la falta de elementos técnicos necesarios para la instalación del servicio y no a una actuación arbitraria de la Administración (véanse, en ese sentido, entre otras, sentencias No. 2007-003355, de las 13:37 horas del 09 de marzo de 2007. No. 2007-010341 de las 14:45 horas del 20 de julio de 2007 y No. 2017-011477 de las 09:15 horas del 21 de julio de 2017).  De tal manera, considera la Sala que las razones por las que el ICAA ha denegado el servicio de agua potable a la recurrente no son arbitrarias -ni mucho menos injustificadas- sino que se debe a la existencia de una imposibilidad técnica para brindar tal servicio. En la especie, no existen motivos o razones suficientes que hagan variar el criterio establecido por la Sala en su jurisprudencia para este tipo de temas.

Finalmente, si lo que pretende la recurrente es cuestionar la fundamentación de la denegatoria, el criterio técnico utilizado, o bien, si considera que cumple los requisitos del ordenamiento jurídico para la prestación del servicio, podrá plantear los alegatos que estime pertinentes en sede administrativa o en la vía jurisdiccional ordinaria, a los efectos de que se someta a contradictorio su posición y evacúe la prueba técnica pertinente de ser necesario. Así las cosas, y de conformidad con los reiterados precedentes de esta Sala, lo correspondiente es declarar sin lugar recurso en cuanto a este extremo se refiere, toda vez que la falta de dotación del servicio de agua potable a la propiedad de la tutelada está justificada a los efectos de esta jurisdicción constitucional.

VI.- Sobre el recurso ordinario interpuesto por la recurrente. Primeramente, se clarifica que si bien no le compete a este Tribunal analizar ni determinar si procede o no el otorgamiento del servicio de agua, este asunto se conoce en virtud de lo señalado en el considerando primero de esta sentencia, debido a la presunta dilación del ICAA en resolver el recurso ordinario que interpuso la tutelada.

Se tiene que el 23 de diciembre de 2024 la recurrente presentó recurso de apelación en contra de lo resuelto en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2024-00033473-1-1-1.  Se acredita que, por medio de la resolución No. GG-R-2025-0166, suscrita en fecha 21 de marzo de 2025, la Gerencia General del ICAA declaró sin lugar tal recurso. Asimismo, esa resolución se le notificó el mismo día a la recurrente por medio de correo electrónico. 

Al respecto, primeramente, es menester indicar que la Administración, a la luz del artículo 41 constitucional, tiene la obligación de garantizarle a los administrados el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación. Eso implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados. En el presente asunto, se desprende que fue luego de haber sido notificadas las autoridades recurridas de la interposición de este recurso, lo que se efectuó el 20 de marzo de 2025, que se resolvió al día siguiente la apelación interpuesta por la recurrente contra la denegatoria del servicio de agua potable.

Así, en mérito de lo expuesto, la Sala acredita la vulneración a los derechos fundamentales de la recurrente en virtud de la dilación injustificada, superior a dos meses, en resolver y notificar lo pertinente a la tutelada sobre el recurso de apelación mencionado. Bajo este panorama, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en cuanto a este extremo se refiere, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, por cuanto la pretensión de la parte recurrente fue debidamente satisfecha.

VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso por la inobservancia al derecho tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política, aunque sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, como de seguido se explica, pues ya fue resuelto el recurso de apelación interpuesto por la recurrente. Respecto al otro extremo, se desestima el amparo.

VIII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

X.- Voto salvado parcial del magistrado Solano Aguilar, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: 

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estima el suscrito que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

XI.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

XII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso por la acusada infracción al derecho de obtener pronta resolución, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Castillo Víquez pone nota. El magistrado Solano Aguilar salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ana María Picado B.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 HI70NLR59SK61

EXPEDIENTE N° 25-006657-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:14:04.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 12059 - 2025**

**Date of Resolution:** April 25, 2025, at 09:20

**Case File:** 25-006657-0007-CO

**Drafted by:** Fernando Castillo Víquez

**Type of Matter:** *Amparo* appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**



Exp: 25-006657-0007-CO

Res. No. 2025012059

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-fifth of April, two thousand twenty-five.

*Amparo* appeal processed in case file number 25-006657-0007-CO, filed by Nombre01, of legal age, identity card number CED01, against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.

**Whereas:**

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 13:20 hours on March 7, 2025, the appellant files an *amparo* appeal against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers -ICE- and states that in October 2023, she purchased an already built house in Patarrá de Desamparados, which had drinking water supply, and she only noticed there was an irregular situation when the service was suspended in December 2024. She explains that in that same month, she filed a request to regularize the supply by installing drinking water service on her property. She explains that this petition was denied by the ICAA on the grounds that there are no lines, nor water service, in the area, despite it being an indispensable resource for life. She indicates that they then filed an appeal, because right in front of her property there are three meters and one of them was recently placed. However, three months have passed since they filed their formal appeal and they have not received any response from the institution. During this time, she has had to resort to obtaining water provisionally from other homes of her relatives, since her neighbors did not want to cooperate, a situation that has become untenable given the importance of access to drinking water as a basic and inalienable human right, as established in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica. She requests that the drinking water service be authorized and supplied to her property through the installation of a meter or, failing that, by placing a provisional pipe that allows access to the water resource essential for life. She considers these actions to be urgent given the presence of adults, older adults, and pets in the home, who require access to drinking water.

2.- By resolution at 21:49 hours on March 19, 2025, the Presidency of the Chamber granted leave to this *amparo* and requested a report from the Executive President, the Deputy Manager of GAM Systems Management, and the Head of the GAM New Users and Availabilities Department, all of the ICAA, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of the ICAA, reports under oath (brief filed at 16:56 hours on March 26, 2025) in the following terms:

"REGARDING THE FACTS

By brief signed by Mrs. Nombre01, identity card number CED02, on March 7, 2025, in summary, the following is alleged:

(...)

In accordance with the above, this Report is hereby rendered based on memorandum SGGSGAM-DyNS-2025-00210, dated March 24, 2025, signed by Jorge J. Chaves Campos, staff member of the Availabilities and New Services area, GAM Systems Management Deputy Management, and its annex, Administrative File “Solicitud 2024-00033473-1”, and memorandum UEN-SCMED-GAM-2025-00628, dated March 24, 2025, signed by Iriabel Pérez Sandino, staff member of the UEN Customer Service Measurement GAM – AYA, which detail the following:

FIRST: The Property, Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , registered in the name of Mrs. Nombre01, does not record a drinking water connection formally approved by AYA. The foregoing is tacitly ratified by the appellant in her brief dated January 13 of this year, in which she states that the described property was supplied irregularly, without prior knowledge of AYA.

Based on the foregoing, it is not possible that Nombre02 could have suspended any connection that supplied, either regularly or irregularly, the Property Real Folio Registration , since there is not even drinking water distribution infrastructure in front of its boundaries.

SECOND: Mrs. Nombre01 submitted, on December 4, 2024, a request for a certificate of drinking water availability for a “Dwelling” project on the Property Real Folio Registration , Sub-Registration , cadastral map . Said request was registered with consecutive number 2024-00033473-1.

Article 7.31 of the Regulation for the provision of AYA services indicates that the “certificate of service availability” is the document issued by the operating entity stating the real and current existence, in terms of hydrological capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment, on any of the boundaries of a specific property, based on the demand for flow and/or discharge required by the real estate project verified by the operator, which will eventually allow the installation of drinking water, collection, and treatment services for wastewater. The foregoing to avoid affecting the demand of existing services.

FOURTH: The request for a certificate of availability No. 2024-00033473-1 was resolved through the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1, dated December 19, 2024, notified on the same day to Mrs. Nombre01 via email ...01.

The foregoing was based on the Technical Reports “Drinking Water Feasibility Inspection” and “Sanitary Sewer Feasibility Inspection”, which are required in Article 7.12 of the same Regulation for the provision of AYA services, which defines the following:

Technical feasibility analysis for the granting of services: Verification process of the real and current existence of sufficient water, hydraulic, material, technical, legal, and environmental resources to grant the availability and eventual connection of the service. For these purposes, the following conditions must be observed:

a. That the distribution and collection networks run in front of the property's boundaries or have direct access via a public road or easement (servidumbre) of passage from the property for which a service is requested.

b. That the systems have sufficient water, hydraulic, potabilization, and treatment capacity to grant new services.

c. That the system meets the established quality attributes.

d. That it complies with the corresponding environmental regulations.

In this case, the feasibility analysis determined that the Property Real Folio Registration , Sub-Registration , is located outside the supply area of the AYA aqueduct; therefore, it does not have drinking water and sanitary sewer networks from ombre02 in front of its boundaries. For this reason, the technical requirements set forth in Articles 8 and 14 of the Regulation for the provision of AYA services are not met, which literally state:

Article 8- Of the services. Nombre02 shall provide water supply services for population use and wastewater sanitation within the coverage area, provided that the area has technical and legal feasibility. The internal systems and installations necessary for the enjoyment of the services are the responsibility of the user.

Article 14- Of the conditions for the provision of services. Nombre02 shall provide its services once technical feasibility is verified in built or to-be-built properties, dedicated to the residence of persons, or for commercial or industrial activities that meet the requirements and uses authorized in this regulation.

FIFTH: Regarding the facts narrated by the appellant regarding the provision of services by Nombre02 in the sector where the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , is located, the following is clarified:

- On October 5, 2022, the request for a Drinking Water Availability certificate 2022-00021750-1 was registered, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández, identity card number CED03, for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , cadastral map .

- This request was approved for a dwelling construction project, clarifying that it was granted only for Right 002, specifically between vertices 1-2 of the cadastral map , as this is the only boundary of the Property Real Folio Registration that has access to a public road at its front, without the rest of the Property having this access, nor having distribution infrastructure in front of its boundaries (see image 1 of memorandum SG-GSGAM-DyNS2025-00210, dated March 24, 2025)

- The cadastral map is the same map that Mrs. Nombre01 presented in the request for a drinking water availability certificate 2024-00033473-1 processed for right 006 of the same Real Registration Property , for which it had already been previously determined that it only has drinking water availability through vertices 1-2 of the cadastral map , associated with right 002 of the Property.

SIXTH: It is true that on December 23, 2024, Mrs. Nombre01 filed an appeal against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1.

This was resolved through Resolution GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, by this General Management office, notified on the same day to the appellant via email ...01.

As Mrs. Nombre01 did not demonstrate, at this appeal stage, the concurrence of the technical requirements described in Articles 7.12, 8, and 14 of the Regulation of Nombre02 for the request for a certificate of service availability processed for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration 006, Resolution GG-R-2025-0166 ratified what was decided in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1; therefore, the appeal was declared WITHOUT MERITS, and the administrative venue is considered exhausted for this specific case.

SEVENTH: The resolution signed by your authority at twenty-one hours and forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, orders the institution to immediately proceed to install a public standpipe (fuente pública) located at a maximum distance of 50 meters from the dwelling occupied by the protected persons.

To comply with the above, Nombre02 proceeded to send a crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo from the Cut-offs and Reconnections unit; however, at the time of conducting the field visit, it was confirmed that there is no technical feasibility to install the public standpipe (fuente pública) at a distance of 50 meters from the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , because, as indicated in the previous points, this Property does not have a frontage on a public street, nor does it have drinking water distribution infrastructure in front of its boundaries.

In turn, our Integrated Commercial System OPEN SCI was reviewed for the existence of any service located near the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration 006, previously suspended for delinquency; however, no property was found that has a Nombre02 connection allowing the installation of the standpipe in question. This situation was also corroborated by the crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo at the time of conducting the field inspection.

Given this situation, it is technically confirmed that to install the public standpipe, a connection (prevista) is required, which refers to a permanent drinking water connection without the potential beneficiary meeting the requirements established in Articles 67 and 68 of the Regulation for the provision of AYA services, among them, that the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration 006, has availability of AYA services. In this way, the technical impossibility of installing the public standpipe ordered by the resolution signed by your authority at twenty-one hours and forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, is defined.

In accordance with the above, it is important to consider that Article 110 of the Regulation of Nombre02 and Articles 57 and 58 of the Technical Regulation of Aresep indicate that public standpipes (fuentes públicas) shall only be installed for formal Nombre02 services classified with a residential rate and that are suspended for delinquency on the last bill issued for collection, except when the standpipe supplies a property inhabited by a person with a disability or an older adult, in which case it must be installed in front of the property; therefore, cases of properties that do not have availability or drinking water connections from AYA are not included.

The technical and legal impossibility of installing public standpipes on properties that have been supplied through irregular connections without being registered as active AYA customers has been endorsed by this Constitutional Chamber itself, as was resolved in Resolution No. 2024001136, signed by your authority at nine hours and fifteen minutes on January nineteen, two thousand twenty-four, regarding the addition and clarification petition filed by Nombre02 in relation to Judgment No. 2023-033237 of 09:15 hours on December 22, 2023, which states in Considering II:

“(...) On the petition filed. In the case at hand, the petitioner's claim must be granted. Having analyzed the allegations of the petitioner, it is evident that Judgment No. 2023-033237 of 09:15 hours on December 22, 2023, incurs in a material error by having taken as proven that the connections to the public water service were illegal (see proven facts of the judgment), but later granting the amparo because the respective public standpipe was installed on occasion of the appeal. Normally, in this type of matter related to drinking water service, on an interlocutory basis and in the resolution granting leave to the amparo, the order is recorded for the respondent authority to temporarily install a public standpipe near the dwelling, while the amparo process is resolved and it is determined who is correct. Once the appeal is resolved, if the Chamber found no violation of the fundamental rights claimed, the need for the permanence of the public drinking water standpipe is inappropriate, since there is no right to protect. On the contrary, if the granting of the amparo is evident, the public standpipe must remain until the situation reported in the amparo is normalized. For the present case, as analyzed above, the Chamber took as proven in the list of evidence that the connections were illegal or fraudulent, since they did not meet the legal requirements, and were made outside the law. Therefore, the amparo was declared without merits, which would inevitably entail that the public standpipe that was ordered to be installed during the processing of the amparo proceeding be left without effect. As this was not what was stipulated in the cited judgment, this Court must intervene in favor of the respondent authority, and grant the clarification petition filed to rectify the error incurred at the time of deciding. In addition to this, it is clear that a matter cannot be granted as was done in this case, based on the fact that the respondent authority installed the public standpipe on occasion of the amparo, since it acted in that manner, precisely, by virtue of the order issued as a precautionary measure in the resolution granting leave to the proceeding. Such action is contradictory and confusing. For these reasons, the appropriate course is to grant the petition filed (...)”.

APPLICABLE REGULATIONS TO THE CASE.

- Articles 1, 2, 7.12, 7.31, 8, 14, and 110 of the Regulation for the provision of AyA services, published in the Official Gazette La Gaceta Digital No. 27, Scope No. 29, of 02/09/2021.

- Articles 5, 52, 57, and 58 of the Technical Regulation: “Provision of supply of Aqueduct, Sanitary Sewer, and Hydrant Services (AR-RT-SUMAAH2023)”, published in Scope No. 74, La Gaceta No. 67, of April 17, 2024

CONCLUSIONS

The actions of Nombre02 are subject to the Principle of Legality enshrined in Article 11 of our Magna Carta and the General Law of Public Administration; a Principle that obliges every Public Administration to act in accordance with the legal system, as well as the univocal rules of science and technique supported by Article 16 of the General Law of Public Administration and the scopes regulated in Articles 7.12, 8, 14, and 110 of the Regulation for the provision of AyA services.

As confirmed in this report, the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , does not have drinking water connections formally approved by AYA. Nor does it have frontage on a public street, nor does it have drinking water distribution infrastructure or services in front of its boundaries. Based on the foregoing, it is not possible that Nombre02 could have suspended any connection that supplied, either regularly or irregularly, the Property Real Folio Registration .

Mrs. Nombre01 processed in December 2024 a request for a certificate of drinking water availability for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , cadastral map , which was registered under consecutive number 2024-00033473-1.

The request was resolved through the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1, dated December 19, 2024, notified on the same day to Mrs. Nombre01 via email ...01, because the Technical Reports “Drinking Water Feasibility Inspection” and “Sanitary Sewer Feasibility Inspection” required in Article 7.12 of the same Regulation for the provision of AYA services determined that the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , is located outside the supply area of the AYA aqueduct; therefore, it does not have Nombre02 drinking water and sanitary sewer networks in front of its boundaries. In this way, it is confirmed that the request does not meet the technical requirements set forth in Articles 8 and 14 of the Regulation for the provision of AYA services.

Given this situation, Mrs. Nombre01 filed an appeal against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1. This appeal was resolved and declared WITHOUT MERITS through Resolution GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, by this General Management office, notified on the same day to the appellant via the email address indicated for that purpose, since the concurrence of the technical requirements described in Articles 7.12, 8, and 14 of the Regulation of Nombre02 for the request for a certificate of service availability processed for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , was not demonstrated at the appeal stage.

On October 5, 2022, the request for a Drinking Water Availability certificate 2022-00021750-1 was registered, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández, identity card number CED03, for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration 002, cadastral map 1-1719772-2014. The request was approved only for Right 002, specifically between vertices 1-2 of cadastral map 1-1719772-2014, as this is the only boundary of the Property Real Folio Registration 1-234456 that has access to a public road at its front.

Cadastral map 1-1719772-2014 is the same map that Mrs. Nombre01 presented in the request for a drinking water availability certificate 2024-00033473-1 processed for right 006 of the same Property Real Registration 1-234456, for which it had already been previously determined that it only has drinking water availability through vertices 1-2 of cadastral map 1-1719772-2014, associated with right 002 of the Property.

In light of the precautionary measure ordered by your authority in the resolution of twenty-one hours and forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, Nombre02 proceeded to send a crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo from the Cut-offs and Reconnections unit; however, at the time of conducting the field visit, it was confirmed that there is no feasibility to install the public standpipe (fuente pública) at a distance of 50 meters from the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , since this property does not have availability of Nombre02 services in front of its boundaries, which is consistent with what was resolved in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD2024-00033473-1-1-1. It was also not possible to confirm the existence of any suspended service located near the described Property, in a way that would allow the standpipe in question to be installed. This situation determined a technical impossibility to install the standpipe, because for that purpose, a connection (prevista) is required, which refers to a permanent drinking water connection without the potential beneficiary meeting the requirements described in Articles 67 and 68 of the Regulation for the provision of AYA services, among them, the prior existence of drinking water availability.

PETITION

In accordance with the factual and legal considerations set forth herein, and the evidence offered, I request your authority to DECLARE WITHOUT MERITS this *Amparo* Appeal and to exempt AyA from any condemnation in costs, damages, and losses."

4.- By brief received at the Secretariat of the Chamber at 12:13 hours on April 1, 2025, the appellant states the following:

"With all due respect, I appeal again to this honorable Constitutional Chamber. I filed an *amparo* appeal before Nombre02 on March 7, 2025, in which we requested water availability on the property that we were denied several times. In response to your decision, the FOURTH CHAMBER gave Nombre02 3 days to provide us at least a water pipe 50m from the dwelling. Nombre02's crew appeared at the location, but upon arrival, they told us that because we did not have a single water connection available, they could not do anything and they left the place. What we are requesting is a water pipe as a public standpipe (fuente publica) where we can supply ourselves with water, and they did not want to install it either. We have gone to the offices of Nombre02 several times, but they do not give us any solution. Through this means, we appeal to you, since they ignored the ruling in our favor, and based on this, we have been in the property for months without water, where it is inhabited by older adults and pets, so we have had to carry water in buckets from relatives' homes.

We appeal to your goodwill and, as a last resort, we ask you to help us solve this problem once and for all, as it is an indispensable resource for life."

5.- Alejandro Enrique Calderón Acuña, in his capacity as Deputy Manager of GAM Systems Management of the ICAA, reports under oath (brief filed at 15:39 hours on April 7, 2025) in the following terms:

"REGARDING THE FACTS

Having reviewed the facts described by the appellant in the brief filed on March 7, 2025, this Report is hereby rendered based on memorandum SG-GSGAMDyNS-2025-00210, dated March 24, 2025, signed by Jorge J. Chaves Campos, staff member of the Availabilities and New Services area, GAM Systems Management Deputy Management, and its annex, Administrative File “Solicitud 2024-00033473-1”, and memorandum UEN-SCMED-GAM-2025-00628, dated March 24, 2025, signed by Iriabel Pérez Sandino, staff member of the UEN Customer Service Measurement GAM – AYA, specifically:

FIRST: The Property, Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , registered in the name of Mrs. Nombre01, does not record a drinking water connection formally approved by AYA. The appellant herself accepts that the described property was supplied irregularly, without prior knowledge of AYA.

Therefore, it is not true that Nombre02 could have suspended any connection that supplied, either regularly or irregularly, the Property Real Folio Registration , since there is not even drinking water distribution infrastructure in front of its boundaries.

SECOND: Mrs. Nombre01 submitted, on December 4, 2024, a request for a certificate of drinking water availability under consecutive number 2024-00033473-1, for a “Dwelling” project on the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , cadastral map .

Article 7.31 of the Regulation for the provision of AYA services indicates that the “certificate of service availability” is the document issued by the operating entity stating the real and current existence, in terms of hydrological capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment, on any of the boundaries of a specific property, based on the demand for flow and/or discharge required by the real estate project verified by the operator, which will eventually allow the installation of drinking water, collection, and treatment services for wastewater. The foregoing to avoid affecting the demand of existing services.

FOURTH: The request for a certificate of availability No. 2024-00033473-1 was rejected with the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1, dated December 19, 2024, notified on the same day to the appellant via email ...01.

The foregoing was based on the Technical Reports “Drinking Water Feasibility Inspection” and “Sanitary Sewer Feasibility Inspection”, which are required in Article 7.12 of the same Regulation for the provision of AYA services. In this case, the feasibility analysis determined that the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , is located outside the supply area of the AYA aqueduct; therefore, it does not have Nombre02 drinking water and sanitary sewer networks in front of its boundaries. For this reason, the technical requirements set forth in Articles 8 and 14 of the Regulation for the provision of AYA services are not met.

FIFTH: Regarding the provision of services by Nombre02 in the sector where the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , is located, the following is clarified:

- On October 5, 2022, the request for a Drinking Water Availability certificate 2022-00021750-1 was registered, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández, identity card number CED03, for the Property Real Folio Registration 1-234456, Sub-Registration , cadastral map .

- This request was approved for a dwelling construction project, clarifying that it was granted only for Right 002, specifically between vertices 1-2 of the cadastral map , as this is the only boundary of the Property Real Folio Registration 1-234456 that has access to a public road at its front, without the rest of the Property having this access, nor having distribution infrastructure in front of its boundaries (see image 1 of memorandum SG-GSGAM-DyNS2025-00210, dated March 24, 2025).

- The cadastral map is the same map that Mrs. Nombre01 presented in the request for a drinking water availability certificate 2024-00033473-1 processed for right 006 of the same Real Registration Property , for which it had already been previously determined that it only has drinking water availability through vertices 1-2 of the cadastral map , associated with right 002 of the Property.

SIXTH: Mrs. Nombre01 filed an appeal against the decision rendered in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services SIGDD-2024-00033473-1-1-1.

It dated from December 23, 2024, and was resolved through Resolution GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, by this General Management office, and notified on the same day to the appellant via email ...01.

Since the appellant failed to demonstrate the concurrence of the technical requirements described in articles 7.12, 8, and 14 of the Nombre02 Regulation for the service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios) application 2024-00033473-1, Resolution GG-R-2025-0166 ratified the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1; therefore, it declared the appeal WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) and the administrative route was exhausted.

SEVENTH: Regarding the resolution signed by your authority at twenty-one hours forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, ordering the institution to immediately proceed to place a public standpipe (fuente pública) located at a maximum distance of 50 meters from the appellant's dwelling.

To comply with the precautionary measure issued by your authority in the resolution of twenty-one hours forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, Nombre02 proceeded to send a crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo of Cortas y Reconexiones; however, when carrying out the field visit, it was verified that there is no technical feasibility to install the public standpipe (fuente pública) at a distance of 50 meters from Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, since, as indicated in the preceding points, this Property lacks frontage on a public street, nor does it have potable water distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos).

The Integrated Commercial System OPEN SCI was reviewed to verify the existence of any service located near Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, previously suspended for delinquency (morosidad); however, no property was found that has a Nombre02 connection allowing the installation of the standpipe in question. This situation was also corroborated by the crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo at the time of the field inspection.

Given this situation, it is technically verified that in order to install the public standpipe (fuente pública), it is necessary to install a provisional connection (prevista) that refers to a permanent potable water connection without the potential beneficiary meeting the requirements established in articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AYA Services, among them, that Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, have availability of AYA services. In this way, the installation of the required public standpipe (fuente pública) is technically impossible.

In view of the foregoing, it is important to consider that articles 110 of the Nombre02 Regulation and 57 and 58 of the Aresep Technical Regulation indicate that public standpipes (fuentes públicas) will only be installed for formal Nombre02 services classified with a residential rate and that are suspended for delinquency (morosidad) on the last bill issued for collection, except when the standpipe (fuente) supplies a property inhabited by a person with a disability or an older adult, in which case it must be installed in front of the property; therefore, cases of properties that do not have availability of or connections to AYA potable water are not included.

The technical and legal impossibility of installing public standpipes (fuentes públicas) on properties that have been supplied by irregular connections without being registered as active AYA clients has been endorsed by the Sala Constitucional itself, as was resolved in Resolution No. 2024001136, signed by your authority at nine hours fifteen minutes on January nineteen, two thousand twenty-four, regarding the motion for addition and clarification filed by Nombre02 in relation to Judgment No. 2023-033237 of 09:15 hours on December 22, 2023.

CONCLUSIONS

Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , does not have potable water connections formally approved by AYA. It also lacks frontage on a public street, and does not have potable water distribution infrastructure or services in front of its boundaries (linderos). Given this situation, it is not possible for Nombre02 to have suspended any connection that supplied the described Property regularly or irregularly.

Ms. Nombre01 processed, on December 4, 2024, the application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) with consecutive number 2024-00033473-1 for Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , cadastral plan .

This application was resolved with the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1, dated December 19, 2024, and notified on the same day to the appellant via email ...01.

The rejection of the application is based on the Technical Reports “Potable Water Feasibility Inspection” and “Sanitary Sewer Feasibility Inspection,” which detail that the Property is located outside the supply zone of the AYA aqueduct; therefore, it does not have Nombre02 potable water and sanitary sewer networks in front of its boundaries (linderos), and thus, the technical requirements set forth in articles 8 and 14 of the Regulation for the Provision of AYA Services are not met.

Ms. Nombre01 filed an appeal against the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1. This appeal was resolved and declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) through Resolution GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, by the General Management, and notified on the same day to the appellant via the email address provided for such purpose.

The application for a Potable Water Availability Certificate (constancia de Disponibilidad de Agua Potable) 2022-00021750-1, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández, for Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula 002, cadastral plan , was approved solely for Right 002, specifically between vertices 1-2 of cadastral plan , as this is the only boundary (lindero) of Finca Folio Real 1-234456 that has access to a public road at its frontage.

Cadastral plan 1-1719772-2014, is the same plan that Ms. Nombre01 submitted in the application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) processed for right 006 of the same Finca Real Matrícula , for which it had already been previously determined that it only has potable water availability via vertices 1-2 of cadastral plan , associated with right 002 of the Property.

Currently, there is no feasibility to install a public standpipe (fuente pública) at a distance of 50 meters from Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula , since this property does not have Nombre02 service availability in front of its boundaries (linderos), which is consistent with the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1. Nor was it possible to verify the existence of any suspended service located near the described Property, in such a way as to allow the installation of the standpipe in question. This situation determined a technical impossibility to install the standpipe (fuente), since for this, it is required to install a provisional connection (prevista) that refers to a permanent potable water connection without the potential beneficiary meeting the requirements described in articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AYA Services, among them, the prior existence of potable water availability.

PETITION

In accordance with the factual and legal considerations set forth herein, and the evidence offered, I request your authority to DECLARE this Amparo Appeal WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) and to exempt AyA from any condemnation in costs, damages, and losses.”

 

6.- Ingrid Elena Jiménez Rodríguez, in her capacity as Head of the Availability and New Services Area of the GAM Systems Management Sub-Management of the ICAA, reports under oath (statement filed at 3:45 p.m. on April 7, 2025) in the following terms:

“REGARDING THE FACTS

Having reviewed the facts described by the appellant in the brief filed on March 7, 2025, this Report is hereby rendered based on memorandum SG-GSGAMDyNS-2025-00210, dated March 24, 2025, signed by Jorge J. Chaves Campos, an officer of the Availability and New Services Area, GAM Systems Management Sub-Management, and its annex, Administrative File “Application 2024-00033473-1,” and memorandum UEN-SCMED-GAM-2025-00628, dated March 24, 2025, signed by Iriabel Pérez Sandino, an officer of the UEN Customer Service Metering GAM – AYA, specifically:

FIRST: Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , registered in the name of Ms. Nombre01, does not have a potable water connection formally approved by AYA. The appellant herself admits that the described property was supplied irregularly, without AYA's prior knowledge.

Therefore, it is not true that Nombre02 suspended any connection that supplied Finca Folio Real Matrícula regularly or irregularly, since there is not even potable water distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos).

SECOND: Ms. Nombre01 submitted on December 4, 2024, an application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) with consecutive number 2024-00033473-1, for a “Housing” project on Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , cadastral plan .

Article 7.31 of the Regulation for the Provision of AYA Services indicates that the "service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios)" is the document issued by the operating entity certifying the real and current existence of water capacity, hydraulic capacity, as well as collection and treatment capacity, at any of the boundaries of a specific property, based on the flow demand and/or discharge required by the real estate project verified by the operator, which will eventually allow the installation of potable water, collection, and wastewater treatment services. The foregoing is to avoid affecting the demand of existing services.

FOURTH: The availability certificate (constancia de disponibilidad) application No. 2024-00033473-1 was rejected with the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1, dated December 19, 2024, and notified on the same day to the appellant via email ...01.

The foregoing was based on the Technical Reports “Potable Water Feasibility Inspection” and “Sanitary Sewer Feasibility Inspection,” which are required by article 7.12 of the same AYA Service Provision Regulation. In this case, the feasibility analysis determined that Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , is located outside the supply zone of the AYA aqueduct; therefore, it does not have Nombre02 potable water and sanitary sewer networks in front of its boundaries (linderos). For this reason, the technical requirements set forth in articles 8 and 14 of the Regulation for the Provision of AYA Services are not met.

FIFTH: Regarding the provision of Nombre02 services in the sector where Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula , is located, the following is clarified:

- On October 5, 2022, the application for a Potable Water Availability Certificate (constancia de Disponibilidad de Agua Potable) 2022-00021750-1 was registered, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández, ID number CED03, for Finca Folio Real 1-234456, Submatrícula , cadastral plan .
- This application was approved for a single-family home construction project, clarifying that it was granted solely for Right 002, specifically between vertices 1-2 of cadastral plan , as this is the only boundary (lindero) of Finca Folio Real 1-234456 that has access to a public road at its frontage, without the rest of the Property having this access, nor distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos) (see image 1 of memorandum SG-GSGAM-DyNS2025-00210, dated March 24, 2025).
- Cadastral plan , is the same plan that Ms. Nombre01 submitted in the application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) 2024-00033473-1 processed for right 006 of the same Finca Real Matrícula , for which it had already been previously determined that it only has potable water availability via vertices 1-2 of cadastral plan , associated with right 002 of the Property.

SIXTH: Ms. Nombre01 filed an appeal against the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1. It dated from December 23, 2024, and was resolved through Resolution GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, by this General Management office, and notified on the same day to the appellant via email ...01.

Since the appellant failed to demonstrate the concurrence of the technical requirements described in articles 7.12, 8, and 14 of the Nombre02 Regulation for the service availability certificate (constancia de disponibilidad de servicios) application 2024-00033473-1, Resolution GG-R-2025-0166 ratified the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1; therefore, it declared the appeal WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) and the administrative route was exhausted.

SEVENTH: Regarding the resolution signed by your authority at twenty-one hours forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, ordering the institution to immediately proceed to place a public standpipe (fuente pública) located at a maximum distance of 50 meters from the appellant's dwelling.

To comply with the precautionary measure issued by your authority in the resolution of twenty-one hours forty-nine minutes on March nineteen, two thousand twenty-five, Nombre02 proceeded to send a crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo of Cortas y Reconexiones; however, when carrying out the field visit, it was verified that there is no technical feasibility to install the public standpipe (fuente pública) at a distance of 50 meters from Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, since, as indicated in the preceding points, this Property lacks frontage on a public street, nor does it have potable water distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos).

The Integrated Commercial System OPEN SCI was reviewed to verify the existence of any service located near Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, previously suspended for delinquency (morosidad); however, no property was found that has a Nombre02 connection allowing the installation of the standpipe in question. This situation was also corroborated by the crew under the charge of inspector Marvin Vega Murillo at the time of the field inspection.

Given this situation, it is technically verified that in order to install the public standpipe (fuente pública), it is necessary to install a provisional connection (prevista) that refers to a permanent potable water connection without the potential beneficiary meeting the requirements established in articles 67 and 68 of the Regulation for the Provision of AYA Services, among them, that Finca Folio Real Matrícula 1-234456, Submatrícula 006, have availability of AYA services. In this way, the installation of the required public standpipe (fuente pública) is technically impossible.

In view of the foregoing, it is important to consider that articles 110 of the Nombre02 Regulation and 57 and 58 of the Aresep Technical Regulation indicate that public standpipes (fuentes públicas) will only be installed for formal Nombre02 services classified with a residential rate and that are suspended for delinquency (morosidad) on the last bill issued for collection, except when the standpipe (fuente) supplies a property inhabited by a person with a disability or an older adult, in which case it must be installed in front of the property; therefore, cases of properties that do not have availability of or connections to AYA potable water are not included.

The technical and legal impossibility of installing public standpipes (fuentes públicas) on properties that have been supplied by irregular connections without being registered as active AYA clients has been endorsed by the Sala Constitucional itself, as was resolved in Resolution No. 2024001136, signed by your authority at nine hours fifteen minutes on January nineteen, two thousand twenty-four, regarding the motion for addition and clarification filed by Nombre02 in relation to Judgment No. 2023-033237 of 09:15 hours on December 22, 2023.

PETITION

In accordance with the factual and legal considerations set forth herein, and the evidence offered, I request your authority to DECLARE this Amparo Appeal WITHOUT MERIT (SIN LUGAR) and to exempt AyA from any condemnation in costs, damages, and losses.”

 

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

 Considering:

I.- Regarding the hearing of this case due to injury to article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-002545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is presented, since it involves ordinary appeals against the denial of a potable water service application, which allegedly have not been resolved within a reasonable time. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that in October 2023, she bought an already built house in Patarrá de Desamparados, which had a potable water supply, and she only became aware of an irregular situation when the service was suspended in December 2024. She says that in that same month, she filed an application to regularize the supply through the installation of potable water service on her property. She explains that this action was denied by the ICAA on the grounds that there are no lines or water service in the area, despite it being an indispensable resource for life. She points out that she then filed an appeal because there are three meters right in front of her property and one of them was recently installed. However, three months have passed since she filed her formal appeal and she has not received any response from the institution. During this time, she has had to resort to obtaining water provisionally from other dwellings of her relatives, since her neighbors refused to cooperate. She requests that the potable water service be authorized and supplied to her property by means of installing a meter or, failing that, by placing a provisional pipe to allow access to the water resource essential for life. She considers these actions urgent given the presence of adults, older adults, and pets in the home, who require access to potable water.

III.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order:

1)                       Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , registered in the name of Ms. Nombre01, does not have a potable water connection formally approved by ICAA. That property was supplied irregularly, without the prior knowledge of ICAA, since there is not even potable water distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos) (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

2)                       On December 4, 2024, Ms. Nombre01 submitted to the ICAA an application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) with consecutive number 2024-00033473-1, for a “Housing” project on Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , cadastral plan  (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

3)                       On December 19, 2024, the availability certificate (constancia de disponibilidad) application No. 2024-00033473-1 was rejected with the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1, notified on the same day to the appellant via email. The feasibility analysis determined that the property is located outside the supply zone of the ICAA aqueduct. Therefore, it does not have ICAA potable water and sanitary sewer networks in front of its boundaries (linderos) (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

4)                       On December 23, 2024, the appellant filed an appeal against the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1 (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

5)                       On March 20, 2025, the respondent authorities were notified of the resolution of 21:49 hours on March 19, 2025, through which this amparo was admitted (see respective notification records).

6)                       Through Resolution No. GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, the General Management of the ICAA declared the appeal without merit. That resolution was notified on the same day to the appellant via email (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

7)                       Cadastral plan , is the one submitted by the appellant in the application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) 2024-00033473-1 processed for right 006 of the same Finca Real Matrícula , for which it had already been previously determined that it only has potable water availability via vertices 1-2 of cadastral plan 1-1719772-2014, associated with right 002 of the property (see reports from the respondent authorities and documentary evidence provided).

IV.- Regarding the provision of potable water service. Firstly, this Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, such that there is an obligation on the entities providing that service to provide it under any condition and opportunity. Specifically, this Chamber has recognized that the ICAA, municipalities, or aqueduct and sewer administrative associations may deny potable water availability if there are technical reasons justifying it. In judgment No. 2018-011148 of 09:30 hours on July 10, 2018, this Court resolved the following:

“In the case under study, the Chamber has it as proven that on August 8, 2017, the appellant filed with the respondent Institute an application for availability of aqueduct and sewer services for the property registered under Folio Real Matrícula No. (…) which was denied through official letter No. GSP-RCO-2017-02024, of August 21, 2017. As verified, in the sector where the land for which the petitioner sought the service is located, there is no availability of potable water or a sanitary sewer system, as the Santiago de Puriscal System experiences a water deficit, meaning that an increase in the number of services would imply a deterioration in the quality of service for current users, who are supplied through palliative measures 'valve throttling' (valvuleo) and tanker truck. It is evident then, that the Institute cannot provide the service requested by the petitioner because it is technically not feasible, and, therefore, it is not possible to grant the application in the terms the appellant intends. For this reason, from a constitutional perspective, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the respondent authority to provide the petitioner with the availability of potable water service as she requests, but rather, what has occurred is that there is a technical and material impossibility due to the non-existence at the site of the necessary infrastructure to access what was requested, at least at this time, which –as stated– has been within her knowledge. It is recalled that, on the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple judgments to what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has stated that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered parties is violated, as this is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not an arbitrary action by the Administration (see in this regard, among others, Judgments 2007-03355, of 13:37 hours on March 9, 2007; 2007-010341, of 14:45 hours on July 20, 2007 and 2017-011477, of 9:15 hours on July 21, 2017). Finally, there is no evidence of a discriminatory act concerning the other dwellings located in the area that do have service, since the principle of equality, insofar as it constitutes a necessary prerequisite for the effectiveness of public freedoms, obliges both to equalize equal situations and to diversify different situations. This implies that equal factual situations must have equal legal consequences applied, and that to introduce differences between factual situations, there must be sufficient justification for such difference, which must appear at the same time as well-founded and reasonable according to generally accepted criteria and value judgments. Repeatedly, this Chamber has stated that when a violation of the principle of equality is alleged, it is necessary for the interested party to present a parameter of comparison, that is, they must indicate a specific case—or several—in which the discriminatory treatment is evident. Finally, it is not for this Chamber to determine whether the requirements for granting the water supply as the appellant intends are met or not, nor is it appropriate to elucidate in what terms, according to water availability and compliance with technical and legal conditions, the supply action she finds lacking could eventually be authorized, since this is a task appropriate for the ordinary route—administrative or jurisdictional.”

 

V.- Regarding the potable water service application filed by the appellant. From the reports rendered by the respondent authorities and the documentary evidence provided, it is verified that Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , registered in the name of Ms. Nombre01, the appellant herein, does not have a potable water connection formally approved by the ICAA. That property was supplied irregularly, without the prior knowledge of ICAA. Therefore, it is clarified that it is not true that the respondent institute suspended any connection that supplied it regularly or irregularly, since there is not even potable water distribution infrastructure in front of its boundaries (linderos).

Apart from the above, it is verified that on December 4, 2024, the appellant submitted to the ICAA an application for a potable water availability certificate (constancia de disponibilidad de agua potable) with consecutive number 2024-00033473-1, for a “Housing” project on Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , cadastral plan . It is accredited that on December 19, 2024, the availability certificate (constancia de disponibilidad) application No. 2024-00033473-1 was rejected with the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1, notified on the same day to the appellant via email. The feasibility analysis determined that the property is located outside the supply zone of the ICAA aqueduct. Therefore, it does not have ICAA potable water and sanitary sewer networks in front of its boundaries (linderos).

Furthermore, in the reports rendered before this Court, regarding the provision of ICAA services in the sector where Finca Folio Real Matrícula , Submatrícula , is located, the following was clarified: - On October 5, 2022, the application for a Potable Water Availability Certificate (constancia de Disponibilidad de Agua Potable) 2022-00021750-1 was registered, processed by Mr. Carlos Guerrero Fernández for the cited property, Submatrícula , cadastral plan . This application was approved for a single-family home construction project, clarifying that it was granted solely for right 002, specifically between vertices 1-2 of cadastral plan , as this is the only boundary (lindero) of the property that has access to a public road at its frontage, without the rest of the property having this access, nor distribution infrastructure in front of the boundaries (linderos).

Furthermore, the cadastral map (plano de catastro) is the one presented by the appellant in the request for a certificate of potable water availability (constancia de disponibilidad de agua potable) processed for right 006 of the same property, for which it had already been previously determined that it only has potable water availability through vertices 1-2 of cadastral map 1-1719772-2014, associated with right 002 of the property.

In this regard, the Chamber considers that there has been no arbitrary refusal by the respondent party to provide the manager with the availability of potable water service (servicio de agua potable) as requested, but rather, what has occurred is that there is a technical and material impossibility to grant what was petitioned, at least at this moment, which has been within her knowledge. It is recalled that, on the substantive issue of this amparo, this Chamber has referred in multiple rulings to what it has called technical or material impossibility, which is the lack of infrastructure, and has stated that when there is a technical impossibility to connect the requested service, no fundamental right of the administered persons is violated, as this is due to the lack of technical elements necessary for the installation of the service and not to an arbitrary action by the Administration (see, in this regard, among others, rulings No. 2007-003355, of 1:37 p.m. on March 9, 2007, No. 2007-010341 of 2:45 p.m. on July 20, 2007, and No. 2017-011477 of 9:15 a.m. on July 21, 2017). Therefore, the Chamber considers that the reasons for which the ICAA has denied potable water service to the appellant are not arbitrary—nor, much less, unjustified—but are due to the existence of a technical impossibility to provide such service. In the specific case, there are no sufficient motives or reasons to vary the criterion established by the Chamber in its jurisprudence for these types of matters.

Finally, if what the appellant intends is to question the reasoning of the denial, the technical criterion used, or if she considers that she meets the requirements of the legal system for the provision of the service, she may raise the arguments she deems pertinent in the administrative venue or in the ordinary jurisdictional route, so that her position may be subjected to adversarial proceedings and the pertinent technical evidence be examined if necessary. This being the case, and in accordance with the reiterated precedents of this Chamber, the appropriate course is to dismiss the appeal with respect to this point, since the lack of provision of potable water service to the protected party's property is justified for the purposes of this constitutional jurisdiction.

VI.- On the ordinary appeal (recurso ordinario) filed by the appellant. Firstly, it is clarified that although it is not for this Court to analyze or determine whether the granting of the water service is appropriate or not, this matter is heard by virtue of what is indicated in the first considerando of this ruling, due to the alleged delay by the ICAA in resolving the ordinary appeal filed by the protected party.

It is established that on December 23, 2024, the appellant filed an appeal (recurso de apelación) against the decision in the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2024-00033473-1-1-1. It is certified that, through resolution No. GG-R-2025-0166, signed on March 21, 2025, the General Management of the ICAA declared said appeal without merit. Likewise, said resolution was notified to the appellant on the same day via electronic mail.

In this regard, firstly, it is necessary to indicate that the Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee the administered persons the fulfillment of prompt and complete justice, without denial. This implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and celerity the claims raised by the administered persons, such that its resolution is congruent with the points alleged. In the present matter, it emerges that it was after the respondent authorities were notified of the filing of this appeal, which was carried out on March 20, 2025, that the appeal filed by the appellant against the denial of potable water service was resolved the following day.

Thus, by virtue of the foregoing, the Chamber certifies the violation of the appellant's fundamental rights by virtue of the unjustified delay, exceeding two months, in resolving and notifying the protected party of the pertinent matters regarding the aforementioned appeal (recurso de apelación). Under this scenario, the appropriate course is to grant the appeal, with respect to this point, without special condemnation for costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios), since the appellant party's claim was duly satisfied.

VII.- Conclusion. By virtue of the foregoing, the appeal is granted for the inobservance of the right protected in Article 41 of the Political Constitution, although without special condemnation for costs, damages, and losses, as explained below, since the appeal filed by the appellant has already been resolved. Regarding the other point, the amparo is dismissed.

VIII.- On the condemnation for costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”), the granting must be without special condemnation for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the fact that the granting is issued “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” It is emphasized that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or consideration by the Court. In cases such as this one, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly referred to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Law of Constitutional Jurisdiction, when it provides that: “every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether matters concerning indemnification and costs are appropriate or not is not foreseen. The principles of Constitutional Law, Public and General Procedural Law, or, where applicable, International or Community Law, and, also, in their order, the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious-Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the norms of the Law of Constitutional Jurisdiction -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if she so wishes, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation for costs, damages, and losses.

IX.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo appeal established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting his fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, corresponds exclusively to defining its own competence. Therefore, except for those juridical-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are appropriate to be heard in this jurisdiction through the constitutional process of amparo protection, in other cases, and for the reasons this Tribunal has given (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent ones are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

X.- Partially dissenting vote of Judge Solano Aguilar, only in relation to the non-condemnation for costs, damages, and losses against the respondent party. While I agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from condemnation to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that: 

“...every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This last norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and payment of costs, and which the majority calls “the natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated the fundamental rights…”.

In the majority's criterion, Article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for a condemnation for costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned's opinion, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to some fundamental right and, therefore, grants the appeal, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in Article 52, referred to—by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the infringer to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party who has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the infringing authorities; and, as a dissuasive measure, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a subject regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need arises for a condemnation for costs, damages, and losses against the infringer, whose foundation lies in the principles of protecting people's rights and in that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes with its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the moment the amparo is heard and resolved with a grant, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms of the provisions of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the condemnation for costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects, which is contained in the Law of Constitutional Jurisdiction.

On the other hand, it is clear that Article 52, mentioned, is applied only in cases in which the Chamber, even though it has not heard, nor pronounced on, the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights that the protected party has suffered, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed upon in her favor; a situation that, as affirmed by the majority of the Chamber, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an indubitable manner, for the revocation, cessation, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation for costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” As an exception it is, it must be interpreted restrictively; that is, it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered with the injury to their constitutional rights.

In my opinion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation for costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that condemnation is always appropriate, even in the case that the respondent party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly established that in the specific case no compensable prejudice whatsoever was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose concrete determination does not correspond to this jurisdiction—the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation for costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the system of fundamental rights of persons. From that perspective, the analysis performed by this venue concentrates on said verification, yet does not enter into the consideration of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, stipulates that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, the undersigned does not deem that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally indemnifiable. By way of reference, numerals 179 to 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object: 

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely in relation to the demonstration, liquidation, and compliance with pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, as such types of claims would not be appropriate within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In this regard, in my opinion, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly substantiated application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, in the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity's own cause or an external one, the accused indolence or reproached disturbance may have come to cause damages and losses. However, such a substantive issue, relating to the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by alluded mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these proceedings of constitutional order does not require the demonstration of damages and losses, as, it is insisted, this is not their object or primary ratio. Thus, it does not correspond to the protected person to claim or demonstrate damages, as what she seeks is the safeguarding of her fundamental rights. Then, if those administrative conducts have produced injuries to her, that is an aspect which, by a principle thesis and save exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of cause. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, there is no examination as to whether or not there is an infringement, with which, much less can it be defined whether, from what is denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this manner, the exemption from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principle-based, nature. Therefore, in those cases, the norm imposes abstract condemnation, so that its appropriateness is analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the complained-against party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Moreover, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted ceasing the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of her situation insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a topic that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a presupposition, by the mere materialization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority position, I state my vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation for costs, damages, and losses.

XI.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this ruling. Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LJC) states: “If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for the purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”

My interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to the costs. Indeed, Article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, on the basis of Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, under the terms of Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not indemnificatory but restitutory; however, Article 51 of the LJC states: “Every resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, an abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such a condemnation were not issued, in the event that they had indeed occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate Article 41 of the CP. If, despite there being an abstract condemnation, the damages and losses have not occurred, the judge in the ordinary route will so declare, since only he is responsible for considering the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the face of the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber condemns for costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent with respect to the operative part and order the condemnation for damages and losses, but not for costs.

XII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in some additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this ruling. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Full Court (Corte Plena) in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted for the accused infringement of the right to obtain prompt resolution, without special condemnation for costs, damages, and losses. Judge Castillo Víquez places a note. Judge Solano Aguilar partially dissents and orders condemnation for damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation for damages and losses, but not for costs. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 





Paul Rueda L.

	

 

	

Jorge Araya G.





Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.





Ana María Picado B.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

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