Res. 12904-2025 Sala Constitucional — Amparo against MINAE for delay in certifying land status under Natural HeritageAmparo contra el MINAE por tardanza en responder certificación sobre Patrimonio Natural del Estado

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12904 - 2025

Fecha de la Resolución: 02 de Mayo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-006877-0007-CO

Redactado por: Ileana Sánchez Navarro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-006877-0007-CO

Res. Nº 2025012904

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-006877-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital 10 de marzo de 2025, el accionante interpone un recurso de amparo contra el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC). Refiere que: “Primero. Mediante oficio AEL-00288-2024, de fecha 2 de diciembre del 2024,dirigido al correo electrónico ...01 solicité al Jefe de la subregión del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) Michael Porras Jiménez, que procediera a aclarar y brindar información concreta, en calidad de Jefe de la Subregión de Limón del (ACLAC), así: 1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección quebradas 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha si fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario. La anterior solicitud la realizo dentro del plazo de la Jurisprudencia Constitucional, de la Ley 8220, artículo 6° de la Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 y las disposiciones del artículo 27 y artículo 46, en su párrafo final de nuestra Constitución, que obliga a las autoridades públicas a informar de manera adecuada y veraz, oportuna y pertinente.”.(Fin cita textual) Segundo. Al día de hoy el recurrido Jefe de la Subregión de Limón no ha brindado respuesta al oficio AEL-00288-2024, de fecha 2 de diciembre del 2024,dirigido al correo electrónico ...01”.

2.- Mediante resolución de las 11:46 horas de 11 de marzo de 2025, la Presidencia de la Sala le realizó una prevención a la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 13 de marzo de 2025, el accionante manifestó que: “Al respecto aclaro y manifiesto que el oficio AEL-00288-2024, de fecha 02 de diciembre de 2024, fue remitido al correo ...01 del recurrido Jefe de la Suberegión (sic) de Limon. (sic)”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 17 de marzo de 2025, la parte recurrente señala que: “Según prevenido en su resolución de las 11 horas 46 minutos del 11 de marzo de 2025, aporto copia completa y legible del oficio AEL-00288-2024, del 02 de diciembre de 2024, así como copia del correo remitido a la dirección ...01 del recurrido Jefe de la Sub región de Limón adjuntando ese oficio, cuya falta de respuesta se alega en la interposición de este proceso. La prueba adicional fue presentada con el escrito de interposición del amparo. Si otro motivo no lo impide, solicito continuar la tramitación de este amparo.”.

5.- Mediante resolución de las 14:09 horas de 18 de marzo de 2025, la Presidencia de la Sala dio curso al proceso y le requirió informe al jefe de la subregión del Área de Conservación Amistad Caribe, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 15 de abril de 2025, la parte accionante señaló que: “Exposición de los hechos 1. El pasado 2 de diciembre de 2024, presenté ante la Subregión Limón-Talamanca del SINAC, bajo la jefatura del recurrido, el oficio AEL-00288-2024, mediante el cual solicité información técnica específica relacionada con el plano catastrado 7-55102- 1955, correspondiente al Folio Real 7006100-000. Dicha solicitud tenía como finalidad determinar si los terrenos descritos en dicho plano forman parte del Patrimonio Natural del Estado, si incluyen bosques, quebradas o áreas de recarga acuífera, si traslapan con ecosistemas de humedal o áreas silvestres protegidas, y si han sido fraccionados para desarrollos inmobiliarios. Esta gestión se fundamentó en mi derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 30 de la Constitución Política, así como en la necesidad de esclarecer un presunto cambio de uso del suelo que podría vulnerar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 constitucional. 2. Han transcurrido cuatro meses desde la presentación de mi solicitud, y no fue sino hasta el día de hoy, 10 de abril de 2025, que el recurrido emitió una respuesta mediante el oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025. Dicha respuesta, lejos de cumplir con las formalidades técnicas y profesionales exigidas por el ordenamiento jurídico, se limita a declaraciones vagas, evasivas y carentes de sustento técnico, remitiéndome a consultar el Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y a coordinar con otras instituciones, sin asumir la responsabilidad que le corresponde como autoridad pública. 3. En concreto, el recurrido afirmó lo siguiente: a) Que el plano 7-55102-1955 no forma parte del Patrimonio Natural del Estado por tratarse de una propiedad privada, sin emitir una certificación técnica al respecto ni demostrar que se haya realizado una inspección de campo o un análisis profesional. b) Que la información sobre bosques, quebradas o áreas de recarga acuífera debe consultarse en el SNIT, sin proporcionar un informe técnico que detalle las características del terreno o su relación con las capas cartográficas oficiales. c) Que el plano no traslapa con ecosistemas de humedal o áreas silvestres protegidas, nuevamente sin sustento técnico ni evidencia alguna. d) Que la consulta sobre un posible fraccionamiento del plano para desarrollos inmobiliarios no es competencia del SINAC, remitiéndome a otras instancias sin justificar dicha negativa.”. Solicita que: “1. Incorporar la presente gestión como prueba para mejor resolver dentro del expediente número 25-006877-0007-CO, a fin de evidenciar la actuación inconstitucional del recurrido, Ingeniero Michael Antonio Porras Jiménez. 2. Declarar con lugar el recurso de amparo, por la violación de los derechos fundamentales señalados, ordenando al recurrido emitir, en un plazo perentorio, un informe técnico detallado, profesional y debidamente fundamentado, que responda íntegramente a las solicitudes planteadas en el oficio AEL-00288-2024 del 2 de diciembre de 2024, incluyendo: a) Certificación sobre si el plano 7-55102-1955 describe terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, bosques, quebradas o áreas de recarga acuífera, con base en inspecciones de campo y análisis cartográficos. b) Certificación sobre si dicho plano traslapa con ecosistemas de humedal, áreas silvestres protegidas o zonas de protección, con sustento técnico. c) Información sobre cualquier fraccionamiento del plano para desarrollos inmobiliarios, coordinando con las instancias competentes si fuera necesario. 3. Condenar al recurrido al pago de las costas, daños y perjuicios causados por su actuación arbitraria, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 4. Adoptar cualquier otra medida que esta honorable Sala estime pertinente para garantizar la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y el interés público en la protección del medio ambiente.”.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 22 de abril de 2025, informa Michael Antonio Porras Jiménez, en su condición de jefe de la Oficina Subregional Limón Talamanca del Área de Conservación Amistad Caribe. Indica que: “En relación con el alegato del recurrente, se le aclara lo siguiente: PRIMERO: El señor Nombre01 inició su gestión mediante el oficio AEL-00288-2024, de fecha 02 de diciembre del 2024. SEGUNDO: Mediante Oficio CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025, de fecha 10 de abril de 2025, se respondió de manera integral y oportuna a la solicitud planteada por el recurrente, Nombre01, en su escrito AEL-00288-2024 (2 de diciembre de 2024), en el cual se solicitaba certificación sobre: 1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. R/ el plano catastrado L-55102-1955 correspondiente al Folio Real 7006100-000 no forma parte del Patrimonio Natural del Estado por ser una propiedad de carácter privada. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. Con respecto a bosque y quebradas, así como áreas de recargas acuíferas, le indico que la información deberá ser consultada a través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), creado mediante el Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2013. Este visor permite verificar las capas oficiales de las instituciones a nivel nacional, facilitando la corroboración de la ubicación de los planos catastrados en relación con los límites del ASP o cualquier otra capa que sea necesario consultar. Cabe destacar que esta herramienta es de acceso gratuito para cualquier persona o funcionario. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección, quebradas. R/ el plano catastrado L-55102-1955 no traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha sido fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario. R/ se informa que el asunto en cuestión no corresponde a la competencia del SINAC. Por lo tanto, se recomienda dirigir las consultas a las instancias competentes para su adecuada atención.”.

8.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de abril de 2025, el recurrente señala que: “1. Ausencia de inspección al sitio correspondiente al plano 7-55102-1955: Contrario a lo que pueda inferirse del informe presentado por el recurrido, este nunca realizó una visita de campo al sitio identificado en el plano 7- 55102-1955. En consecuencia, resulta materialmente imposible que el funcionario haya emitido un informe técnico basado en constataciones directas, lo que desvirtúa la validez y veracidad de su respuesta. La falta de esta diligencia constituye una omisión grave en el cumplimiento de sus funciones, dado que la inspección es un requisito indispensable para emitir un criterio técnico confiable. 2. Falsedad en la afirmación sobre certificaciones del SINAC: El recurrido sostiene que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no emite certificaciones. Esta afirmación es incorrecta, ya que, en el marco de trámites de información posesoria, los juzgados de la República solicitan regularmente al SINAC criterios técnicos previos al otorgamiento de escrituras. Estos criterios son fundamentales para garantizar que no se entreguen áreas boscosas o de importancia ambiental a particulares sin un análisis técnico adecuado, conforme a las disposiciones de la Ley de Biodiversidad y la normativa ambiental vigente. 3. Finalidad de la solicitud de información técnica: La solicitud expresa presentada al recurrido tenía como propósito que, mediante una inspección al sitio del plano 7-55102-1955, se constatara un presunto cambio de uso de suelo, así como posibles invasiones en zonas de protección. Estas verificaciones son un deber ineludible del funcionario, en virtud del principio de coordinación interinstitucional y de su función de policía ambiental, conforme a las potestades otorgadas por la Ley de Biodiversidad. La omisión de esta inspección no solo contraviene dichas obligaciones, sino que también impide la protección efectiva de los recursos naturales en la zona. 4. Remisión indebida al Visor Cartográfico del SNIT: El recurrido pretende eludir su responsabilidad al sugerir que el suscrito recabe información a 2 través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), creado mediante el Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JPH-MINAE-MICITT, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2013. Esta indicación resulta improcedente, ya que el acceso a dicha herramienta no sustituye la obligación del funcionario de realizar una inspección de campo y emitir un informe técnico basado en constataciones directas. La remisión a este sistema refleja una clara intención de evadir las responsabilidades que le competen. Por lo expuesto, solicito respetuosamente a esta honorable Sala Constitucional que: a) Se tenga por presentada esta réplica y se incorpore al expediente 25-006877- 0007-CO. b) Se declare la nulidad del informe presentado por el recurrido, por carecer de sustento técnico derivado de una inspección de campo. c) Se ordene al Jefe Subregional de la Oficina Limón-Talamanca realizar la inspección correspondiente al sitio del plano 7-55102-1955 y emitir un informe técnico que cumpla con los requerimientos legales y las finalidades planteadas en el recurso de amparo. d) Se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del SINAC en la protección de las zonas de conservación y prevención de cambios de uso de suelo indebidos.”.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Sánchez Navarro; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La parte recurrente señala que mediante oficio nro. AEL-00288-2024 del 2 de diciembre de 2024 planteó ante el jefe de la subregión del Área de Conservación Amistad Caribe una gestión; no obstante, acusa que al momento de interposición de este proceso no ha recibido respuesta.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a)    Mediante oficio nro. AEL-00288-2024 del 2 de diciembre de 2024 dirigido al jefe de la subregión Limón-Talamanca del ACLAC, el accionante planteó la siguiente gestión: “1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha si fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario.”. Tal misiva fue enviada a la dirección electrónica ...01. (Ver prueba aportada por la parte recurrente).

b)   El 8 de abril de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso. (Ver acta de notificación).

c)    El correo electrónico ...01 constituye un mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. (Hecho incontrovertido).

d)   El 10 de abril de 2025, la autoridad accionada envió mediante correo electrónico el oficio nro. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025 mediante el cual indicaron: “1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. Respuesta: el plano catastrado L-55102-1955 correspondiente al Folio Real 7006100-000 no forma parte del Patrimonio Natural del Estado por ser una propiedad de carácter privada. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. Con respecto a bosque y quebradas, así como áreas de recargas acuíferas, le indico que la información deberá ser consultada a través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), creado mediante el Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2013. Este visor permite verificar las capas oficiales de las instituciones a nivel nacional, facilitando la corroboración de la ubicación de los planos catastrados en relación con los límites del ASP o cualquier otra capa que sea necesario consultar. Cabe destacar que esta herramienta es de acceso gratuito para cualquier persona o funcionario. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas Respuesta: el plano catastrado L-55102-1955 no traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha sido fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario. Respuesta: se informa que el asunto en cuestión no corresponde a la competencia del SINAC. Por lo tanto, se recomienda dirigir las consultas a las instancias competentes para su adecuada atención.”. Tal nota fue enviada al correo electrónico ...02. (Ver prueba aportada por la parte recurrente y recurrida e informe rendido).

IV.- Sobre el caso en concreto. En el sub lite, la parte recurrente señala que mediante oficio nro. AEL-00288-2024 del 2 de diciembre de 2024 planteó ante el jefe de la subregión del Área de Conservación Amistad Caribe una gestión; no obstante, acusa que al momento de interposición de este proceso no ha recibido respuesta.

Al respecto, este Tribunal tiene por acreditado que Mediante oficio nro. AEL-00288-2024 del 2 de diciembre de 2024 dirigido al jefe de la subregión Limón-Talamanca del ACLAC, el accionante planteó la siguiente gestión: “1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha si fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario.”. Tal misiva fue enviada a la dirección electrónica ...01. El 8 de abril de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este proceso. El correo electrónico ...01 constituye un mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios. El 10 de abril de 2025, la autoridad accionada envió mediante correo electrónico el oficio nro. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025 mediante el cual indicaron: “1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera. Respuesta: el plano catastrado L-55102-1955 correspondiente al Folio Real 7006100-000 no forma parte del Patrimonio Natural del Estado por ser una propiedad de carácter privada. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. Con respecto a bosque y quebradas, así como áreas de recargas acuíferas, le indico que la información deberá ser consultada a través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), creado mediante el Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2013. Este visor permite verificar las capas oficiales de las instituciones a nivel nacional, facilitando la corroboración de la ubicación de los planos catastrados en relación con los límites del ASP o cualquier otra capa que sea necesario consultar. Cabe destacar que esta herramienta es de acceso gratuito para cualquier persona o funcionario. 2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas Respuesta: el plano catastrado L-55102-1955 no traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. 3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha sido fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario. Respuesta: se informa que el asunto en cuestión no corresponde a la competencia del SINAC. Por lo tanto, se recomienda dirigir las consultas a las instancias competentes para su adecuada atención.”. Tal nota fue enviada al correo electrónico ...02.

Así la cosas, se observa que la parte accionante planteó una petición de información pura y simple, por lo que la autoridad recurrida tenía el deber de contestarla dentro de los diez días hábiles siguientes, de acuerdo con el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Ahora, como tal respuesta fue emitida más de cuatro meses después y luego de la notificación del curso de este amparo, procede la estimatoria de este recurso por violación al artículo 27 constitucional, en los términos del ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

V.- Ahora bien, luego de que la parte recurrente recibiera el oficio nro. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025, el accionante amplió su reclamo ante este Tribunal y manifestó que considera que la respuesta que emitió la autoridad recurrida fue evasiva y carente de sustento técnico, por lo que considera que la lesión de sus derechos fundamentes persiste.

Ante tal situación, esta Sala observa que, en cuanto al punto 1. de la gestión de marras, el recurrente solicitó: “1. Certificar si el plano 7-55102-1955 desde el año 1996 describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, bosque o quebradas, así como áreas de recarga acuífera.”. La autoridad recurrida respondió: “el plano catastrado L-55102-1955 correspondiente al Folio Real 7006100-000 no forma parte del Patrimonio Natural del Estado por ser una propiedad de carácter privada. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto. Con respecto a bosque y quebradas, así como áreas de recargas acuíferas, le indico que la información deberá ser consultada a través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), creado mediante el Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio de 2013. Este visor permite verificar las capas oficiales de las instituciones a nivel nacional, facilitando la corroboración de la ubicación de los planos catastrados en relación con los límites del ASP o cualquier otra capa que sea necesario consultar. Cabe destacar que esta herramienta es de acceso gratuito para cualquier persona o funcionario.”. En cuanto a este extremo el tutelado reclama en primer lugar que la autoridad no realizó una inspección de campo ni emitió un análisis profesional por lo que estima que resulta imposible que el funcionario haya emitido un informe técnico. Estima que, por ello, la respuesta carece de validez. En segundo lugar, considera que el recurrido eludió su responsabilidad al sugerirle que recabe la información a través del Visor Cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial y, sostiene que el acceso a tal herramienta no le elude la obligación del funcionario de realizar una inspección de campo y emitir un informe técnico.

Respecto al punto 2. de la nota del 2 de diciembre de 2024, el accionante solicitó: “2. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas”. El recurrido contestó: “el plano catastrado L-55102-1955 no traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado. Por lo tanto, el SINAC no emite certificación al respecto.”. El amparado reclama que la respuesta no cuenta con sustento técnico ni evidencia que la respalde.

Sobre tales reclamos, cabe señalar que, en los términos en los que fue planteada la gestión, este Tribunal no observa que el amparado haya requerido ante la autoridad recurrida que se realizara una investigación de campo ni la emisión de un informe técnico, sino que la gestión planteada fue que le indicara en relación el plano 7-55102-1955 a) si describe terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado y b) si traslapa con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida del Estado, zonas de protección o quebradas; consultas que fueron atendidas por la autoridad recurrida.

Aunado a este punto, se advierte que este Tribunal ha indicado que las gestiones atinentes a la emisión de un criterio técnico por parte de la
Administración, no constituyen a solicitud de información pura y simple, por ello, no se encuentran comprendidas dentro de los derechos cobijados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Al respecto, este Tribunal reiteró tal criterio en la sentencia nro. 2024003337 de las 9:21 horas de 9 de febrero de 2024 al indicar lo siguiente:

“(…) En el caso del punto identificado por esta Sala con el número 8, no se trata de información pública per se, sino que tiene relación con la dinámica de tramitación interna de un expediente penal. Asimismo, de la lectura de las peticiones identificadas como 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 11, se extrae que llevan ínsita una valoración jurídica, lo que escapa del ámbito de aplicación de los numerales 27 y 30 constitucionales.

Al respecto, en la sentencia nro. 2016011396 de las 9:45 horas del 12 de agosto de 2016, reiterada en la sentencia nro. 2020009216 de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2020, esta Sala dispuso: “SOBRE LAS CONSULTAS JURÍDICAS. El derecho de petición, contemplado en el numeral 27 de la Constitución Política, faculta a los administrados a formular peticiones ante las autoridades públicas, sobre asuntos de interés general o particular, siempre y cuando el objeto de dicha petición sea legalmente posible. No obstante, es necesario distinguir entre las peticiones puras y simples de otras solicitudes, sea –a manera de ejemplo-, los reclamos administrativos, las denuncias o las consultas. Mientras que las peticiones puras y simples se agotan en el momento de su presentación y no conllevan obligación alguna por parte de la Administración de informar o resolver nada en particular; en lo que se refiere a las consultas, lo que se pretende es que la Administración consultada vierta un criterio técnico-jurídico respecto de algún punto que resulta de interés del solicitante; lo cual, necesariamente, significa que el funcionario o la entidad consultada deben estudiar, analizar y determinar si el asunto expuesto se encuentra encuadrado dentro de uno u otro supuesto. Evidentemente, una gestión de esta naturaleza no puede equipararse a una petición pura y simple, por lo que no está enmarcada dentro del artículo 27 constitucional. Tampoco podría estimarse como una solicitud de información cobijada por el numeral 30 de la Constitución, pues lo pretendido por el señora Azofeifa Ocampo no es obtener una documentación de naturaleza pública a fin de ejercer fiscalización o control sobre la actuación administrativa, o para efectos de potenciar la participación ciudadana o cualesquiera otros fines de interés público; sino que lo solicitado es un criterio jurídico sobre el tema de vacaciones y la normativa de relaciones laborales”. De conformidad con lo expuesto, se desprende que las solicitudes identificadas por esta Sala con los números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 11 no son tutelables por lo dispuesto en los artículos 27 o 30 de la Constitución Política, por lo que procede desestimar el recurso de amparo en cuanto a este extremo” (lo destacado no corresponde al original). Así las cosas, lo relativo a los demás puntos que externan los recurrentes en su nota del 3 de octubre de 2023, no es posible que sean revisados en esta vía constitucional, de manera que corresponde declarar sin lugar el amparo en cuanto a dichos aspectos.”.

Finalmente, en cuanto al punto 3. de la gestión, el recurrente solicitó: “3. Certificar si al día de hoy el plano 7-55102-1955 ha si fraccionado en lotes para el desarrollo inmobiliario.”. La autoridad recurrida contestó: “Respuesta: se informa que el asunto en cuestión no corresponde a la competencia del SINAC. Por lo tanto, se recomienda dirigir las consultas a las instancias competentes para su adecuada atención.”. El amparado reclama que la autoridad no justificó la negativa. Sin embargo, esta Cámara observa que el recurrido explicó que, dado que lo pretendido no está relacionado con algún ecosistema de humedal o área silvestre protegida, no le compete a esa autoridad certificar lo pretendido.

En línea de lo expuesto, este Tribunal estima que lo planteado por el recurrente es una inconformidad con la respuesta que le otorgó la autoridad recurrida; no obstante, se advierte que no le corresponde a esta Sala conocer la disconformidad con la respuesta brindada. Lo anterior es un extremo de legalidad ordinaria que debe ser resuelto ante la propia autoridad recurrida, o de ser el caso, por la jurisdicción ordinaria.

En consecuencia, en cuanto estos extremos, lo procedente es desestimar el recurso.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la jurisdicción constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Jara Velásquez, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaramos.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

 Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

VIII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere solo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues solo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos solo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

IX.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente en relación con la demora en atender la gestión planteada por el tutelado. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Jara Velásquez salvan parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

 

 

 

 

 

	

Paul Rueda L.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 D5GTOW9OSCG61

EXPEDIENTE N° 25-006877-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:14:11.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Resolution No. 12904 - 2025**

**Date of Resolution:** May 2, 2025, at 09:15

**Expediente:** 25-006877-0007-CO

**Drafted by:** Ileana Sánchez Navarro

**Type of matter:** Recurso de amparo

**Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL

**Text of the resolution**

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Exp: 25-006877-0007-CO

Res. No. 2025012904

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine fifteen hours on May two, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo processed in expediente 25-006877-0007-CO, filed by Nombre01, identification card CED01, against the MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.

**Resultando:**

1.- By document incorporated into the digital expediente on March 10, 2025, the plaintiff files a recurso de amparo against the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC). He states that: “First. Through official letter AEL-00288-2024, dated December 2, 20204, sent to the email address ...01, I requested the Head of the subregion of the Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC), Michael Porras Jiménez, to clarify and provide specific information, in his capacity as Head of the Limón Subregion of (ACLAC), as follows: 1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage (patrimonio natural del Estado), forest or streams, as well as aquifer recharge areas. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, stream protection zones. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided (fraccionado) into lots for real estate development. I make this request within the timeframe of Constitutional Jurisprudence, of Law 8220, Article 6 of the Law Regulating the Right of Petition No. 9097, and the provisions of Article 27 and Article 46, in its final paragraph, of our Constitution, which obligates public authorities to inform adequately and truthfully, in a timely and pertinent manner.” (End of direct quote). Second. As of today, the respondent Head of the Limón Subregion has not provided a response to official letter AEL-00288-2024, dated December 2, 2024, sent to the email address ...01”.

2.- By resolution at 11:46 hours on March 11, 2025, the Presidency of the Sala issued a warning (prevención) to the petitioner.

3.- By document incorporated into the digital expediente on March 13, 2025, the plaintiff stated that: “In this regard, I clarify and state that official letter AEL-00288-2024, dated December 02, 2024, was sent to email ...01 of the respondent Head of the Limón Subregion (sic)”.

4.- By document incorporated into the digital expediente on March 17, 2025, the petitioner states that: “As warned in your resolution at 11 hours 46 minutes on March 11, 2025, I provide a complete and legible copy of official letter AEL-00288-2024, dated December 02, 2024, as well as a copy of the email sent to the address ...01 of the respondent Head of the Limón Subregion attaching that letter, the lack of response to which is alleged in the filing of this process. The additional evidence was presented with the filing of the amparo. If no other reason prevents it, I request that the processing of this amparo continue.”

5.- By resolution at 14:09 hours on March 18, 2025, the Presidency of the Sala accepted the process and requested a report from the head of the subregion of the Área de Conservación Amistad Caribe on the facts alleged by the petitioner.

6.- By document incorporated into the digital expediente on April 15, 2025, the plaintiff stated that: “Statement of facts 1. On December 2, 2024, I submitted to the Limón-Talamanca Subregion of SINAC, under the leadership of the respondent, official letter AEL-00288-2024, through which I requested specific technical information related to cadastral map 7-55102-1955, corresponding to Folio Real 7006100-000. The purpose of this request was to determine whether the lands described in said map form part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), whether they include forests, streams, or aquifer recharge areas, whether they overlap with wetland ecosystems or protected wilderness areas, and whether they have been subdivided for real estate developments. This action was based on my right of access to public information, recognized in Article 30 of the Political Constitution, as well as the need to clarify a presumed land-use change (cambio de uso del suelo) that could violate the right to a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. 2. Four months have passed since the submission of my request, and it was not until today, April 10, 2025, that the respondent issued a response through official letter CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025. Said response, far from complying with the technical and professional formalities required by the legal system, is limited to vague, evasive declarations lacking technical support, referring me to consult the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) and to coordinate with other institutions, without assuming the corresponding responsibility as a public authority. 3. Specifically, the respondent stated the following: a) That cadastral map 7-55102-1955 does not form part of the State's Natural Heritage because it is a private property, without issuing a technical certification to that effect or demonstrating that a field inspection or professional analysis was carried out. b) That information about forests, streams, or aquifer recharge areas must be consulted in the SNIT, without providing a technical report detailing the characteristics of the land or its relationship with official cartographic layers. c) That the map does not overlap with any wetland ecosystem or protected wilderness areas, again without technical support or any evidence. d) That the query about a possible subdivision (fraccionamiento) of the map for real estate developments is not within the competence of SINAC, referring me to other instances without justifying said refusal.”. He requests that: “1. Incorporate this submission as evidence for a better resolution within expediente number 25-006877-0007-CO, in order to evidence the unconstitutional action of the respondent, Engineer Michael Antonio Porras Jiménez. 2. Grant the recurso de amparo, for the violation of the fundamental rights indicated, ordering the respondent to issue, within a peremptory period, a detailed, professional, and duly substantiated technical report that fully responds to the requests made in official letter AEL-00288-2024 of December 2, 2024, including: a) Certification as to whether cadastral map 7-55102-1955 describes lands that form part of the State's Natural Heritage, forests, streams, or aquifer recharge areas, based on field inspections and cartographic analyses. b) Certification as to whether said map overlaps with wetland ecosystems, protected wilderness areas, or protection zones, with technical support. c) Information on any subdivision of the map for real estate developments, coordinating with the competent bodies if necessary. 3. Order the respondent to pay the costs, damages, and losses caused by their arbitrary action, in accordance with the provisions of Article 29 of the Law of Constitutional Jurisdiction. 4. Adopt any other measure that this honorable Sala deems pertinent to guarantee the effective protection of my fundamental rights and the public interest in environmental protection.”

7.- By document incorporated into the digital expediente on April 22, 2025, Michael Antonio Porras Jiménez, in his capacity as head of the Oficina Subregional Limón Talamanca of the Área de Conservación Amistad Caribe, reports. He indicates that: “In relation to the petitioner's allegation, the following is clarified: FIRST: Mr. Nombre01 initiated his procedure through official letter AEL-00288-2024, dated December 02, 2024. SECOND: Through Official Letter CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025, dated April 10, 2025, a comprehensive and timely response was given to the request made by the petitioner, Nombre01, in his document AEL-00288-2024 (December 2, 2024), which requested certification regarding: 1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas. R/ cadastral map L-55102-1955, corresponding to Folio Real 7006100-000, does not form part of the State's Natural Heritage because it is a privately-owned property. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. Regarding forests and streams, as well as aquifer recharge areas, I inform you that the information must be consulted through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), created by Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT and published in Diario Oficial La Gaceta N° 134 on July 12, 2013. This viewer allows verification of the official layers of national institutions, facilitating the corroboration of the location of cadastral maps in relation to the limits of the Protected Wilderness Area (ASP) or any other layer that needs to be consulted. It should be noted that this tool is free to access for any person or official. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, streams. R/ cadastral map L-55102-1955 does not overlap with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development. R/ it is reported that the matter in question does not fall within the competence of SINAC. Therefore, it is recommended to direct inquiries to the competent bodies for their proper handling.”

8.- By document incorporated into the digital expediente on April 23, 2025, the petitioner states that: “1. Absence of inspection of the site corresponding to cadastral map 7-55102-1955: Contrary to what might be inferred from the report presented by the respondent, he never conducted a field visit to the site identified in cadastral map 7-55102-1955. Consequently, it is materially impossible for the official to have issued a technical report based on direct verifications, which distorts the validity and truthfulness of his response. The lack of this diligence constitutes a serious omission in the fulfillment of his duties, given that the inspection is an indispensable requirement for issuing a reliable technical criterion. 2. Falsehood in the statement about SINAC certifications: The respondent maintains that the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) does not issue certifications. This statement is incorrect, since, in the context of possessory information (información posesoria) proceedings, the courts of the Republic regularly request technical criteria from SINAC prior to the granting of deeds. These criteria are fundamental to guarantee that forested (boscosas) areas or areas of environmental importance are not transferred to individuals without an adequate technical analysis, in accordance with the provisions of the Biodiversity Law and the current environmental regulations. 3. Purpose of the request for technical information: The express request submitted to the respondent was intended for an inspection of the site of cadastral map 7-55102-1955 to verify a presumed land-use change, as well as possible invasions of protection zones. These verifications are an inescapable duty of the official, by virtue of the principle of inter-institutional coordination and his function of environmental police, in accordance with the powers granted by the Biodiversity Law. The omission of this inspection not only contravenes said obligations but also prevents the effective protection of natural resources in the area. 4. Improper referral to the SNIT Cartographic Viewer: The respondent seeks to evade his responsibility by suggesting that the undersigned gather information through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), created by Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JPH-MINAE-MICITT, published in Diario Oficial La Gaceta N° 134 on July 12, 2013. This indication is inappropriate, since access to said tool does not replace the official's obligation to conduct a field inspection and issue a technical report based on direct verifications. The referral to this system reflects a clear intention to evade the responsibilities that correspond to him. Based on the foregoing, I respectfully request this honorable Sala Constitucional to: a) Accept this reply as filed and incorporate it into expediente 25-006877-0007-CO. b) Declare the nullity of the report presented by the respondent, as it lacks technical support derived from a field inspection. c) Order the Subregional Head of the Limón-Talamanca Office to carry out the corresponding inspection of the site of cadastral map 7-55102-1955 and issue a technical report that meets the legal requirements and the purposes set forth in the recurso de amparo. d) Take the necessary measures to guarantee compliance with SINAC's obligations in the protection of conservation areas and the prevention of improper land-use changes.”

9.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Sánchez Navarro; and,

**Considerando:**

I.- Purpose of the recurso. The petitioner states that through official letter no. AEL-00288-2024 of December 2, 2024, he submitted a procedure to the head of the subregion of the Área de Conservación Amistad Caribe; however, he alleges that at the time of filing this process, he had not received a response.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated:

a) Through official letter no. AEL-00288-2024 of December 2, 2024, addressed to the head of the Limón-Talamanca subregion of ACLAC, the plaintiff made the following request: “1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development.” Said missive was sent to the electronic address ...01. (See evidence provided by the petitioner).

b) On April 8, 2025, the respondent authority was notified of the resolution to proceed with this process. (See notification record).

c) The email ...01 constitutes an official mechanism for receiving users' requests. (Uncontested fact).

d) On April 10, 2025, the respondent authority sent via email official letter no. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025 through which they indicated: “1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas. Response: cadastral map L-55102-1955, corresponding to Folio Real 7006100-000, does not form part of the State's Natural Heritage because it is a privately-owned property. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. Regarding forests and streams, as well as aquifer recharge areas, I inform you that the information must be consulted through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), created by Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT and published in Diario Oficial La Gaceta N° 134 on July 12, 2013. This viewer allows verification of the official layers of national institutions, facilitating the corroboration of the location of cadastral maps in relation to the limits of the ASP or any other layer that needs to be consulted. It should be noted that this tool is free to access for any person or official. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams. Response: cadastral map L-55102-1955 does not overlap with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development. Response: it is reported that the matter in question does not fall within the competence of SINAC. Therefore, it is recommended to direct inquiries to the competent bodies for their proper handling.” Said note was sent to email ...02. (See evidence provided by the petitioner and respondent and the report rendered).

IV.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner states that through official letter no. AEL-00288-2024 of December 2, 2024, he submitted a procedure to the head of the subregion of the Área de Conservación Amistad Caribe; however, he alleges that at the time of filing this process, he had not received a response.

In this regard, this Tribunal finds it accredited that through official letter no. AEL-00288-2024 of December 2, 2024, addressed to the head of the Limón-Talamanca subregion of ACLAC, the plaintiff made the following request: “1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development.” Said missive was sent to the electronic address ...01. On April 8, 2025, the respondent authority was notified of the resolution to proceed with this process. The email ...01 constitutes an official mechanism for receiving users' requests. On April 10, 2025, the respondent authority sent via email official letter no. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025 through which they indicated: “1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas. Response: cadastral map L-55102-1955, corresponding to Folio Real 7006100-000, does not form part of the State's Natural Heritage because it is a privately-owned property. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. Regarding forests and streams, as well as aquifer recharge areas, I inform you that the information must be consulted through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), created by Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT and published in Diario Oficial La Gaceta N° 134 on July 12, 2013. This viewer allows verification of the official layers of national institutions, facilitating the corroboration of the location of cadastral maps in relation to the limits of the ASP or any other layer that needs to be consulted. It should be noted that this tool is free to access for any person or official. 2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams. Response: cadastral map L-55102-1955 does not overlap with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. 3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development. Response: it is reported that the matter in question does not fall within the competence of SINAC. Therefore, it is recommended to direct inquiries to the competent bodies for their proper handling.” Said note was sent to email ...02.

Thus, it is observed that the plaintiff made a pure and simple request for information, so the respondent authority had the duty to respond within the following ten business days, in accordance with numeral 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Now, since such a response was issued more than four months later and after the notification of the admission of this amparo, the granting of this recurso is appropriate for violation of Article 27 of the Constitution, under the terms of ordinal 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

V.- However, after the petitioner received official letter no. CARTA-SINAC-ACLAC-DRFVS-OSLT-181-2025, the plaintiff expanded his claim before this Tribunal and stated that he considers the response issued by the respondent authority was evasive and lacking technical support, and therefore considers that the violation of his fundamental rights persists.

Faced with this situation, this Sala observes that, regarding point 1. of the procedure in question, the petitioner requested: “1. Certify whether cadastral map 7-55102-1955, since 1996, describes lands that form part of the State's natural heritage, forest or streams, as well as aquifer recharge areas.” The respondent authority responded: “cadastral map L-55102-1955, corresponding to Folio Real 7006100-000, does not form part of the State's Natural Heritage because it is a privately-owned property. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard. Regarding forests and streams, as well as aquifer recharge areas, I inform you that the information must be consulted through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), created by Decreto Ejecutivo N° DE-37773-JP-H-MINAE-MICITT and published in Diario Oficial La Gaceta N° 134 on July 12, 2013. This viewer allows verification of the official layers of national institutions, facilitating the corroboration of the location of cadastral maps in relation to the limits of the ASP or any other layer that needs to be consulted. It should be noted that this tool is free to access for any person or official.” Regarding this aspect, the protected party claims, firstly, that the authority did not conduct a field inspection or issue a professional analysis, and therefore considers it impossible for the official to have issued a technical report. He believes that, for this reason, the response lacks validity. Secondly, he considers that the respondent evaded their responsibility by suggesting that he gather the information through the Cartographic Viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial and maintains that access to such a tool does not relieve the official of the obligation to conduct a field inspection and issue a technical report.

Regarding point 2. of the note of December 2, 2024, the plaintiff requested: “2. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams.” The respondent answered: “cadastral map L-55102-1955 does not overlap with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State. Therefore, SINAC does not issue certification in this regard.” The amparo petitioner complains that the response lacks technical support or evidence to back it up.

Regarding these complaints, it should be noted that, in the terms in which the procedure was filed, this Tribunal does not observe that the amparo petitioner requested the respondent authority to conduct a field investigation or the issuance of a technical report, but rather the procedure filed was to indicate, in relation to cadastral map 7-55102-1955, a) whether it describes lands that form part of the State's natural heritage and b) whether it overlaps with any wetland ecosystem or protected wilderness area of the State, protection zones, or streams; queries that were addressed by the respondent authority.

In addition to this point, it is noted that this Tribunal has indicated that procedures related to the issuance of a technical criterion by the Administration do not constitute a pure and simple request for information; therefore, they are not encompassed within the rights protected by Articles 27 and 30 of the Political Constitution. In this regard, this Tribunal reiterated such criterion in judgment no. 2024003337 at 9:21 hours on February 9, 2024, by stating the following:

“(…) In the case of the point identified by this Sala as number 8, it does not involve public information per se, but rather relates to the internal processing dynamics of a criminal case. Likewise, from the reading of the requests identified as 1, 2, 3, 4, 5, 9, and 11, it is inferred that they inherently involve a legal assessment, which falls outside the scope of application of numerals 27 and 30 of the Constitution.

In this regard, in judgment no. 2016011396 at 9:45 hours on August 12, 2016, reiterated in judgment no. 2020009216 at 9:15 hours on May 22, 2020, this Sala resolved: “ON LEGAL INQUIRIES. The right of petition, contemplated in numeral 27 of the Political Constitution, empowers citizens to formulate petitions before public authorities on matters of general or particular interest, provided that the object of said petition is legally possible. However, it is necessary to distinguish between pure and simple petitions and other requests, whether –by way of example– administrative claims, complaints, or inquiries. While pure and simple petitions are exhausted at the time of their presentation and do not entail any obligation on the part of the Administration to report or resolve anything in particular; with respect to inquiries, what is intended is that the consulted Administration renders a technical-legal criterion regarding some point that is of interest to the applicant; which, necessarily, means that the consulted official or entity must study, analyze, and determine whether the matter presented is covered under one circumstance or another. Evidently, a procedure of this nature cannot be equated to a pure and simple petition, and therefore it is not framed within Article 27 of the Constitution. Nor could it be considered a request for information covered by numeral 30 of the Constitution, since what was intended by Ms. Azofeifa Ocampo is not to obtain documentation of a public nature in order to exercise oversight or control over administrative action, or for the purposes of promoting citizen participation or any other purposes of public interest; but rather what is requested is a legal criterion on the subject of vacations and labor relations regulations.” In accordance with the foregoing, it follows that the requests identified by this Sala with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, and 11 are not protectable under the provisions of Articles 27 or 30 of the Political Constitution; therefore, it is appropriate to dismiss the recurso de amparo with respect to this aspect” (the highlighting does not correspond to the original). Thus, matters relating to the other points expressed by the petitioners in their note of October 3, 2023, cannot be reviewed in this constitutional venue, and therefore it is appropriate to declare the amparo without merit with respect to said aspects.”.

Finally, regarding point 3. of the procedure, the petitioner requested: “3. Certify whether, as of today, cadastral map 7-55102-1955 has been subdivided into lots for real estate development.” The respondent authority answered: “Response: it is reported that the matter in question does not fall within the competence of SINAC. Therefore, it is recommended to direct inquiries to the competent bodies for their proper handling.” The amparo petitioner complains that the authority did not justify the refusal. However, this Chamber observes that the respondent explained that, given that what is sought is not related to any wetland ecosystem or protected wilderness area, certifying what is sought is not the responsibility of that authority.

In line with the foregoing, this Tribunal considers that what is raised by the petitioner is a disagreement with the response provided by the respondent authority; however, it is noted that it is not for this Sala to hear disagreement with the response given. The foregoing is a matter of ordinary legality that must be resolved before the respondent authority itself, or, if appropriate, by the ordinary jurisdiction.

Consequently, regarding these aspects, the appropriate course is to dismiss the recurso.

VI.- Regarding the order to pay costs, damages, and losses in accordance with Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction.

Under a better weighing, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate”), the granting must be without special award of costs, damages, and losses (daños y perjuicios), based on the following considerations. Although there is express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the appeal is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same paragraph in fine states that the granting is issued “solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” It is emphasized that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the impairments, injuries, or alterations alleged are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would occur, for example, with an impact on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence,” where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, furthermore, in order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any event, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if they deem it appropriate, to a plenary proceeding to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without award of costs, damages, and losses.

VII.- Partially dissenting vote (Voto salvado parcial) of Judge Salazar Alvarado and Judge Jara Velásquez, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the respondent.

Although we agree with the rest of the Chamber in granting the appeal, we depart from the majority criterion insofar as it exempts the respondent from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 52, provides that:

“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.”

On the other hand, Article 51 ibidem establishes that:

“...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”

This latter norm establishes the general system that regulates the matter of compensation and payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a pronouncement on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, the cited Article 51 regulates the scenarios in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal confirms an injury to a fundamental right and, therefore, grants the appeal, as well as in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it becomes aware of the amparo -a scenario contemplated in the referenced Article 52-, by mandate of Articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the violator to compensation for the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the violating authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave grounds for the granting of the appeal, a matter regulated in Article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the respondent authority itself, once it became aware of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (Article 52), always, in any of these scenarios, the imperative need for an award of costs, damages, and losses against the violator arises, the basis of which is found in the principles of protection of persons' rights and in the principle that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional actions.

Thus, the fact that at the time the amparo is heard and granted, the effects of the challenged act have already ceased, under the terms of Articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the award of costs, damages, and losses, as such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation on those points contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that the mentioned Article 52 applies solely in cases where the Chamber, even though it has not heard nor pronounced on the merits of the claim, has verified the violation of fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration, in the enjoyment of those rights, that the Administration has agreed to in their favor; a situation which, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator established and precisely delimited the conditions under which this Chamber can decree this form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is pending, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution that granted leave to proceed with the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, undoubtedly, the revocation, stoppage, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and losses, notwithstanding the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be granted “solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.” As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, that it only proceeds in the scenarios strictly contemplated in the norm, not only due to the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In our criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic award of costs, damages, and losses in the event of a violation of fundamental rights, such award is always appropriate, even in the case that the respondent issues an administrative or judicial resolution that revokes, stops, or suspends the challenged action, unless it is established undoubtedly and clearly that in the specific case no compensable harm was caused. Only and solely in such scenarios could the respondent Administration be exempted from the payment of said items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions -the specific determination of which is not for this jurisdiction to make-, the granting of this appeal must necessarily imply the award of costs, damages, and losses, and we so declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and the very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or non-existence of damages and losses, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of persons' fundamental rights. From that perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether those questions have or have not generated injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not consider that said relevance examination can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo corresponds to the execution of the sentences issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public Law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary compensations.”

It is clear that this proceeding is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since such types of claims would not proceed within those types of cases when the sentence issued within the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this point. That is to say, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, condemnation or an express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, according to the tenor of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the dispensation from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly grounded application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceedings, the Administration issues a resolution or a judicial sentence is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the respondent entity’s own cause or an external cause, the accused indolence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are weighings that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by the alluded mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes the basis for analysis in the Contencioso Administrativo Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, as, we insist, that is not its object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have caused them injuries is a point that, by principle and except in exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not carry out a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into assessing whether or not there is an infraction, and therefore, much less can it define whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. Consequently, the dispensation from condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in those scenarios, the norm imposes condemnation in the abstract, so that its appropriateness may be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by Article 9 ejusdem. Furthermore, it should not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that puts an end to the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is to say, for the purposes of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. We insist, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation, while it was ceased due to the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, except for contrary evidence, must be analyzed within an ordinary proceeding, but that, we reiterate, in no way should be denied, as a premise, by the mere realization of the factual scenario regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority’s position, we set forth our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation for costs, damages, and losses.

VIII.- Dissenting vote (Voto salvado) of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this sentence. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: “If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the appeal shall be granted solely for purposes of compensation and costs, if they are appropriate.”

My interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Moreover, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to Article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not of an indemnifying nature but a restitutive one; however, Article 51 of the LJC states: “Any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract to compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the sentence.”

If the right has been violated and the Chamber so verifies, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For this reason, the abstract condemnation for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not given, in the event that they had occurred, there would be no title –derived from this proceeding– to claim them, thereby potentially violating Article 41 of the CP. If, despite the abstract condemnation having been issued, the damages and losses have not been caused, the judge in the ordinary venue will so declare, since only they are responsible for finding the real existence and magnitude thereof proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo appeal. It remains to be said that Article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may award costs, even when the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent (salvo parcialmente el voto) regarding the operative part and order the award for damages and losses, but not the award for costs.

IX.- Documentation provided to the case file (expediente). The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this sentence. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is partially granted (parcialmente con lugar) without special award of costs, damages, and losses, solely in relation to the delay in addressing the request filed by the protected person. Judge Salazar Alvarado and Judge Jara Velásquez partially dissent (salvan parcialmente el voto) and order the award of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents (salva parcialmente el voto) and orders the award of damages and losses, but not costs. In all other respects, the appeal is dismissed (sin lugar). Notify.

 

 

 

 

 

	

Paul Rueda L.

Acting President (Presidente a.i.)

	

 





Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.





Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.





Ileana Sánchez N.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 25-006877-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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