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Res. 12958-2025 Sala Constitucional — Amparo for Failure to Resolve Complaint and Denial of Access to Information by SENASAAmparo por falta de resolución de denuncia y acceso a información ante SENASA

constitutional decision Sala Constitucional 02/05/2025 Topic: procedural-environmental

Summary

English
The Constitutional Chamber hears an amparo petition filed by an individual against the National Animal Health Service (SENASA). The petitioner filed a complaint in August 2024 regarding environmental contamination and foul odors from a poultry farm near his property, also requesting copies of the Veterinary Operation Certificate (CVO) and inspection reports from 2023 and 2024. He alleges that SENASA has not provided the requested information and has not resolved his complaint. The Chamber finds that although SENASA carried out inspections, coordinated inter-institutional visits, and issued a sanitary order, there is no evidence that the complaint has been finally resolved and notified to the petitioner. Consequently, the amparo is partially granted solely for the violation of the right to petition (Article 41 of the Constitution), ordering the resolution of the complaint within a maximum of two months. However, the claim regarding the failure to provide information is dismissed, as more than seven months elapsed since the request, exceeding the two-month statute of limitations under Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law.
Español
La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo presentado por un particular contra el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). El recurrente denunció en agosto de 2024 la contaminación ambiental y malos olores provenientes de una granja avícola cercana a su propiedad, solicitando además copia del Certificado Veterinario de Operación (CVO) y los informes de inspección del 2023 y 2024. Alega que SENASA no le entregó la información requerida ni ha resuelto su denuncia. La Sala comprueba que, aunque SENASA realizó inspecciones, coordinó visitas interinstitucionales y emitió una orden sanitaria, no hay constancia de que la denuncia haya sido resuelta de manera definitiva ni notificada al interesado. En consecuencia, declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por violación al derecho de petición (artículo 41 de la Constitución), ordenando resolver la denuncia en un plazo máximo de dos meses. En cambio, declara sin lugar el reclamo por falta de entrega de información, por haber transcurrido más de siete meses desde la solicitud, excediendo el plazo de caducidad de dos meses previsto en el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Key excerpt

Español (source)
Así las cosas, la Sala verifica la falta de actuación diligente y célere de Senasa en resolver la denuncia planteada por el recurrente el 8 de agosto de 2024. Este Tribunal no ignora que, a partir de la formulación de esa denuncia, Senasa llevó diversas actuaciones, entre ellas, inspecciones, coordinación interinstitucional y el dictado de una orden sanitaria. Pese a ello, en la especie no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que tal denuncia haya sido resuelta definitivamente y que se haya notificado lo pertinente al tutelado, motivo por el cual procede estimar el recurso en cuanto a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política.

En el sub lite se reclama la falta de atención de lo peticionado el 8 de agosto de 2024 respecto a “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”; empero, nótese que no fue sino hasta el 25 de marzo de 2025, a saber, más de siete meses después cuando se acudió ante esta Cámara a plantear ese reclamo, lo cual es un plazo abiertamente superior al de los dos meses previstos en el ordinal 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política. Se le ordena a Diego Abarca Jiménez, en su condición de director de la Dirección Regional Central Sur del Servicio Nacional de Salud Animal, o a quien desempeñe ese puesto, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la accionante el 8 de agosto de 2024 y se le notifique lo correspondiente.
English (translation)
Thus, the Chamber verifies SENASA's lack of diligent and expeditious action in resolving the complaint filed by the petitioner on August 8, 2024. This Court does not ignore that, following the filing of this complaint, SENASA carried out several actions, including inspections, inter-institutional coordination, and the issuance of a sanitary order. However, in this case, there is no probative element whatsoever that allows to prove that such complaint has been definitively resolved and that the relevant decision has been notified to the petitioner, which is why the appeal shall be granted regarding the violation of Article 41 of the Political Constitution.

In the case at hand, the failure to attend to the request of August 8, 2024, regarding "to see copies of this company's CVO and all of SENASA's inspection reports for 2023 and 2024" is claimed; however, it must be noted that it was not until March 25, 2025, i.e., more than seven months later, that this Chamber was approached to raise this claim, which is a period clearly exceeding the two months provided for in Article 35 of the Constitutional Jurisdiction Law.

The appeal is partially granted only with respect to the violation of Article 41 of the Political Constitution. Diego Abarca Jiménez, in his capacity as director of the Central South Regional Directorate of the National Animal Health Service, or whoever holds that position, is ordered to coordinate the necessary actions, take adequate measures, and issue the corresponding orders within the scope of his competencies, so that, within a maximum period of TWO MONTHS from the notification of this judgment, the complaint filed by the petitioner on August 8, 2024, shall be resolved and he shall be notified accordingly.

Outcome

Partially granted

English
The amparo is granted only for the violation of the right to petition (failure to resolve the complaint), ordering SENASA to resolve and notify within two months; the claim regarding access to information is dismissed due to the statute of limitations.
Español
Se acoge el amparo solo por la violación al derecho de petición (falta de resolución de la denuncia), ordenando a SENASA resolver y notificar en dos meses; se rechaza el reclamo sobre acceso a información por caducidad.

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Keywords

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12958 - 2025

Fecha de la Resolución: 02 de Mayo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-008432-0007-CO

Redactado por: Rosibel De Los Angeles Jara Velásquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-008432-0007-CO

Res. Nº 2025012958

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-008432-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). 

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de marzo de 2025, la parte accionante formula recurso de amparo. Manifiesta que solicitó documentos públicos e informe de revisión de una granja y no quisieron entregarlo.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 16:38 horas del 17 de enero de 2025, se efectuó una prevención a la parte tutelada.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 31 de marzo de 2025, la parte accionante indica: “A partir de noviembre de 2018, cuando se establecieron granjas ilegales con materiales reciclados a 250 m debajo de mi propiedad, comencé a buscar los Ministerios de Costa Rica que pudieran ayudarme a eliminar la amenaza de este negocio sin permisos legales. a) El 29 de enero de 2020 presenté una denuncia (código 00083591) ante SENASA (Puriscal). Lista de Hechos: Contaminación Ambiental. Malos Olores. Lista de Actividades: Producción avícola. Descripción: Denuncia la contaminación de nacientes cerca de esta granja avícola, malos olores de los desechos de animales proveniente de los animales. b) Cuando la misma contaminación atmosférica regresó en 2024, nuevamente presenté una denuncia ante SENASA el 8 de agosto de 2024 (sin código). Justo antes de esta fecha, caminé alrededor del perímetro de las granjas y pude percibir la obvia presencia aérea de quita y orina en un área de aproximadamente 800x500m = 400,000m2. Basándome en el archivo del Recurso de Amparo Exp: #19 - 004741-0007-CO, sabía que el CVO original otorgado a Nombre02 fue un error (exp: 722). Solicité ver el CVO actual como evidencia de que había sido revocado. También solicité que me compartieran el informe de su próxima visita a las granjas. Ninguna de estas denuncias resultó en ninguna forma de información sobre mis denuncias, dejándome preguntándome sobre la seguridad y el estado del acuífero que proporciona agua potable bajo estas granjas a los ciudadanos/abonados de la asada de Grifo Alto. Sin inspección y control rutinario de SENASA de este negocio, se garantiza la exposición frecuente a aerosoles venenosos. Además, el sitio web de SENASA está alertando al público sobre la probable propagación de la 'gripe aviar' en Costa Rica. La negligencia de este Ministerio ante la amenaza local planteada por el negocio de Armaduras Jiménez Chinchilla S.A., representado por Nombre03, quien tiene un historial de falta de contacto debido a una puerta cerrada, teléfonos sin respuesta y direcciones de correo electrónico no actualizadas, no puede ser exagerada cuando los documentos no pueden ser entregados durante meses. Se debe actuar con urgencia respecto a esta denuncia. Nunca se me proporcionó información y no se sabe si se realizó alguna revisión del sitio. (…) Solicito una fotocopia del CVO actual como evidencia de que ha sido revocado y emitido al propietario correcto del negocio. También solicito que me compartan el informe de su visita a las granjas tras la presentación de mi denuncia del 8 de agosto de 2024. (…) En el sitio web de SENASA no existe una declaración de transparencia evidente sobre el intercambio de datos recopilados debido a una denuncia. Sin embargo, esto podría considerarse como un punto a tener en cuenta para recibir resultados de las denuncias. Beneficios: ¿Qué podemos obtener participando? • Tomamos conciencia que somos el eje principal de los servicios públicos. • Conocemos los canales reales de comunicación y acceso a las instituciones del Estado. • Accedemos a información directa, comprensible y en el momento que lo necesitamos. Nuestro derecho: ¡El Estado somos todos y todas, Atrévase y Participe! *************************************************************** Esta respuesta de muchos correos electrónicos buscando información sobre el resultado de mis múltiples solicitudes de información destaca. Entiendo sus razones por el retraso. Sin embargo, la solicitud de denuncia pedía una copia de un CVO, que es información pública registrada, y los problemas de contaminación del aire por una pequeña granja avícola, después de tres años recientes de extensos estudios gubernamentales se creó un expediente de más de ochocientas páginas a partir del trabajo de la Municipalidad de Puriscal, SALUD, MINAE, SENASA y SINAC no requieren la atención renovada de todo el gobierno de Costa Rica antes de al menos responder con cualquier información de progreso que pudiera compartirse. En este caso 25-008432-007-CO/ No. 25-008445-0007-CO, después de que hayan pasado ocho meses, "En progreso" es una excusa, no una respuesta. De: Rebeca Gutiérrez Bermúdez, 8 de noviembre de 2024. "...En este caso en concreto, que estoy llevando yo como encargada nacional de la unidad agroambiental del SENASA, no se le está ocultando información, lo que le he hecho saber en repetidas ocasiones es que nos encontramos como administración, en proceso de investigación de los hechos denunciados por su persona, donde por la cantidad de hechos denunciados, la potestad de imperio sobre la determinación de la fuente de agua existente es de la Dirección de aguas del MINAE, la de áreas de protección es del SINAC del MINAE, los permisos de construcción son potestad de la municipalidad y el plan de manejo de gallinaza es potestad del Ministerio de salud. Nosotros como SENASA, otorgamos el CVO, cuando se cumplen con todos estos requisitos y otros temas directamente relacionados con el bienestar animal y la inocuidad del producto pecuario producido. Al recaer la potestad de imperio de los diferentes puntos sobre diferentes instituciones, la determinación del análisis de los puntos antes descritos, cada institución debe emitir un reporte técnico luego de la visita que realizamos a campo, por lo que nos encontramos en espera de que todas las entidades gubernamentales, según su agenda y posibilidad, puedan enviarlo para analizarlos y determinar las acciones que debe ejecutar la granja avícola para evitar daños ambientales. Ante esta posición y el avance en la investigación, muy respetuosamente le vuelvo a solicitar que crea en la gestión altamente profesional que se está desarrollando por cada una de las instituciones involucradas, estamos velando por la protección al ambiente, solo que requerimos tiempo para que las demás instituciones pueden remitir sus informes." Mis múltiples visitas a la oficina de SENASA y los correos electrónicos sin respuesta al Dr. Abarco desde agosto de 2024 sólo han revelado un resultado inaceptable. Durante una visita en marzo, 2025 con la funcionaria Claudia Cruz, supe que mi denuncia del 8 de agosto de 2024, una que requería acción urgente, ni siquiera había sido atendida con una visita al sitio de las granjas hasta mediados de enero de 2025! Durante esa visita del poco semanas pasado, la Señora Cruz se comprometió a adquirir el informe de esa inspección de enero de las granjas. Eso no ha sucedido. Por favor, gestione la entrega de dicho informe y una copia del CVO actual del negocio de Armaduras Jiménez Chinchilla S.A.”. 

4.- Mediante resolución de la Sala de las 13:47 horas del 1° de abril de 2025, se dio curso al amparo y se solicitó informen el director de la Dirección Regional Central Sur de Senasa, sobre los hechos alegados por la recurrente.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de abril de 2025, informa bajo juramento Diego Abarca Jiménez, en su condición de director de la Dirección Regional Central Sur del Servicio Nacional de Salud Animal. Explica: “PRIMERO: Que en fecha 8 de agosto del 2024 se recibió denuncia del señor Nombre01, ante la Oficina Cantonal Puriscal-Turrubares del SENASA, en la cual manifiesta: “Abrí la puerta de mi casa a las 7 a.m del 30 de junio de 2024 para comenzar el trabajo del día en mi proyecto de reforestación de laderas de montaña y mis pulmones se llenaron del sabor de las heces y la orina de gallina. Esta fue la primera vez que me ardían los ojos y me lloraba la nariz desde que había ganado seis resoluciones de la contraloría de Puriscal en 2019 para cerrar y demoler las dos granjas que no tenían permiso, ni licencia comercial ni COV, ni los planos del sitio aprobados requeridos. Había observado la construcción de zinc reciclado y madera a 300 metros debajo de mi en setiembre 2018. El uso de estos materiales permitió a Armaduras Jiménez Chinchilla S.A alegar mas (sic) tarde, cuando fue investigado, que eran de la “antigua” para vacas, aunque nunca tuvo mas (sic) de dos, sobre una construcción nunca mencionada ni gravada, y dos edificios invisibles en Google Earth antes de 2019. Sé temer nuevamente que mi salud y mi inversión inmobiliaria se vieron amenazados por primera vez desde que gané mi Recurso de Amparo #19-004741-0007-CO del mismo año, cuando la Corte Constitucional exigió al Alcalde Nombre04 de Puriscal que encontrara una solución definitiva al problema de contaminación ambiental que también había denunciado ante la Municipalidad de Puriscal, el Ministerio de Salud, el MAG y Senasa. Obviamente, no lo hizo. Está claro que cuando lo dejó este trabajo a la nueva alcaldesa Iris Arroyo, ella tampoco lo hizo. “La cantidad de esta nube venenosa de amoníaco, sulfuro de hidrógeno y otros compuestos y partículas que causan olor que también inhalo depende del tamaño de sus partículas. Las partículas más finas permanecen en la atmósfera y penetran en el tracto respiratorio humano con mayor facilidad” (Nombre05, 2014) “El manejo de las partículas de la granja avícolas es primordial. Además, el amoníaco volatilizado puede volverse a depositar y contribuir a acidificación y dañar la vegetación y los ecosistemas sostenibles”. http://www.hidroweb.com/protect/pusc/jeh/jeh/2018/NduFarm.pd f Por supuesto, eso incluiría el bosque que rodea el pozo de la asada de Grifo Alto, que está justo debajo de mi propiedad, bosque protegido por la Lay Forestal junto con mis árboles altos, que matas compré para reemplazar el café muerto. Ese pozo y su fuente directamente debajo del drenaje del piso de tierra de las granjas nunca se han incluido en una revisión del recurso hídrico local, aunque es el mas (sic) importante. En mi visita a la zona ayer, noté que la granja que aparece en la foto de abajo aparentemente esta (sic) siendo utilizado nuevamente como hogar para gallinas. La construcción no cumple con las regulaciones. El aerosol venenoso sopla cuesta arriba con las brisas del Golfo de Nicoya y aumenta en el verano, haciendo que la zona sea inhabitable. Actualmente, y por primera vez, incluso están viajando por encima de mi muro de bloques y están llenando la calle frente a mi casa. En ese punto están a unos 400 m de su fuente, lo que indica lo fuerte que son. Mis vecinos ticos han presenciado este fenómeno a pedido mío, confirman su identidad y los llaman “terribles”. Ayer descubrí que la dosis diaria de veneno del aire, que se filtra en mi casa incluso con las ventanas y puertas cerradas, todavía había llenado mi garaje al día siguiente. Recorrí el área el martes durante el ciclo típico de contaminación del aire de 10 a.m a 2 p.m. y delimité un área de aproximadamente 800 m 500 m donde se percibía el olor a quita y orina. Podemos programar una visita si desean llegar dentro de los 30 minutos posteriores a mi llamada telefónica de confirmación en su primera aparición. Sin bien el dueño de las gallinas es responsable de este delito, SENASA también es culpable, ya que esto indica que han fallado en su responsabilidad de monitorear regularmente este peligroso negocio. Como renovaré mi recurso, solicito ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024. Recientemente sufro de congestión en los pulmones y dolor de garganta, dolencias que atribuyo a este delito, ya que estoy saludable visitaré la Clínica Bíblica para recibir tratamiento. Por favor, no espere mucho para que limpien las granjas.” SEGUNDO: Que en fecha 17 octubre de 2024, en atención a dicha denuncia se realizó visita de inspección a la granja en cuestión, consignando al momento de la inspección; “Se realiza inspección a campo donde se observan dos galeras completas y una parte de otra ocupadas por 3000 gallinas en piso. Se observa una de las galeras muy cerca a (sic) un paso de agua lo que por deslizamiento pone en riesgo el bienestar o seguridad de los animales y el del personal de la granja. Así mismo se observa cadáveres dispuestos a cielo abierto de gallinas y no se tiene un plan de manejo de gallinaza según lineamientos del DE 31088-S y DE 29145-MAG-S-MINAE. Ante lo evidenciado se requiere implementar las acciones necesarias para disposición adecuada de cadáveres y manejo adecuado de gallinaza; así como de las acciones para clausurar la galera que sufre problemas con deslizamiento por paso de agua. En cumplimiento a la Ley SEASA 8495, Ley General de Salud 5395, DE 31088-S y DE 29145-MAG-S-MINAE cumpliendo Art 50 CN y demás legislación vigente se ordena; 1) Presentar para aprobación ante el MS el programa de manejo de gallinaza. 2) Disposición de cadáveres según legislación 3.) Clausura de galera en riesgo de deslizamiento 4) Presentar plan remedial con las acciones 1,2 y 3 ante el SENASA en un lapso de tiempo de 10 días hábiles a cumplir el 10/10/2024.” Esto según conta en la Hoja de Visita/Orden Sanitaria N° 0291348. TERCERO: Que en fecha 23 de setiembre se recibe documento emitido por Ministerio de Salud consecutivo N° 18522, a través del cual se le informa que, en atención del trámite para Programa de Gestión de Residuos Integrales, el mismo se encuentra resuelto. CUARTO: Que en fecha 07 de octubre de 2024, en seguimiento al caso y a la orden sanitaria N°0291348, se realizó visita inter institucional en conjunto con Ministerio de Salud, MINAE, Dirección de Agua, SINAC, Municipalidad de Puriscal y la Ingeniera Rebeca Gutierrez (sic) Bermudez (sic) del Programa Agroambiental del SENASA. En dicho momento cada institución realiza inspección de acuerdo a (sic) sus competencias, con el propósito de emitirse un informe por cada una de las representadas. CUARTO: Que en fecha 7 de abril de 2025 se recibe en esta Dirección Regional, informe de la Ing. Rebeca Gutierrez (sic) Bermudez (sic), encargada del programa agroambiental del SENASA, oficio en el cual manifiesta; “Según n lo realizado en el seguimiento del caso de la posible denuncia ambiental, procedo con la sucesión de hechos comprobados, por parte de la atención técnica agroambiental. Con fecha del 23 de setiembre de 2024, se emite por parte de la encargada agroambiental, la Ingeniera Rebeca Gutierrez (sic) Bermudez (sic), el Oficio SENASA- PAA-019-2024, luego de la visita realizada el 17 de setiembre de 2024, al solicitar esta dirección SENASA, apoyo técnico especializado en el tema agroambiental, por la denuncia por supuesta contaminación ambiental, interpuesta en contra del establecimiento avícola Tito. Enfocado en el tema agroambiental y dentro de los aspectos que resaltan con respecto a la denuncia, se puede analizar en el oficio: 1. La galera que el denunciante indica que origina contaminación ambiental por mal manejo de la excreta, se inhabilito para la producción de aves para huevo, donde al momento de la visita, no se evidenciaron animales, ni excreta en el a rea que causara posible contaminación ambiental. 2. Se identifica una galera productiva activa, donde un hundimiento del terreno, causado por un paso de agua, pone en riesgo la infraestructura, la que esta (sic) próxima a derrumbarse. Esta situación pone en riesgo la integridad de las personas trabajadoras, los animales y al ambiente por posible caí da de excreta sin manejo., por lo que en orden sanitaria N°0291348, se ordena la despoblación inmediata del a rea y la gestión de la gallinaza según lineamientos de la legislación vigente, lo que implica la presentación del plan de manejo ante el Ministerio de Salud como institución con potestad sobre el manejo de gallinaza y poliniza. 3. Considerando que la identificación de la fuente de agua que pasa a orillas de esta galera y la zona de protección y por consiguiente la ubicación de la infraestructura de la granja con respecto a esta, es potestad de imperio del MINAE, se requiere la intervención de la Dirección de aguas y del SINAC. Así mismo, al ser los permisos de construcción potestad de Municipalidad, se requiere la intervención de dicha institución para considerar la regularidad de las construcciones, siendo los puntos analizados, unido a manejo de la gallinaza, parte de la denuncia presentada ante el SENASA. Es así como, luego de lo evidenciado en la a visita de campo, la potestad de imperio sobre los puntos de acción identificados y procurar la protección del ambiental sano y equilibrado en cumplimiento al numeral 50 constitucional, que con fecha del 26 de setiembre de 2024, se gestiona la visita conjunta al sitio con Municipalidad de Puriscal, MINAE (SINAC- Dirección de Aguas DA) y Ministerio de Salud, mediante oficios: PAA-020, PAA- 021 y PAA-022. Donde el día 7 de octubre de 2024, se desarrolla el trabajo de campo conjunto por parte de cada una de las instituciones involucradas según el tema denunciado, para determinar la existencia o no del dan o ambiental originado por el sistema productivo. Participando en la visita: Med. Vet. Jorge Madriz Fuentes, DRCS-SENASA, Ing. Rebeca Gutiérrez Bermúdez, DNOSENASA- Agroambiental, Ing. Marco Azofeifa Morales, SINACMINAE Puriscal, Ing. Wilmer Porras Zuñiga (sic), SINAC-MINAE Puriscal, Ing. Albert Calvo Chacón, DA-MINAE, Ing. Orlando Valverde Delgado, Gestor ambiental Municipalidad de Puriscal, Ing. Alexander Arroyo Espinoza, MS-ARS Puriscal. Resolución técnica emitida por las instituciones competentes: a. Se recibe el informe de inspección MP-AM-GA-INF-027-2024, emitido por el departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Puriscal, el que indica que, cito textualmente: “La propiedad en cuestión se encuentra en la finca con el número de matrícula  en las coordenadas . El día de la visita se evidencia que uno de los canales artificiales ha socavado una de las granjas ocasionando que falsee; adema s según los registros del SINIGIRH, el rango de la zona de protección de la naciente no fue afectado por las construcciones de la granja. Para la elaboración es este informe, el departamento de Gestión Ambiental consulto los archivos del departamento de Control Constructivo donde se encuentra el expediente completo del caso, en este se encontró el certificado de uso de suelo MP-AM-CUCC- US-167-2020 en donde se le concede el uso de suelo condicionado a que las construcciones se encuentren fuera del radio de la zona de protección de la naciente. En los registros municipales se encontró también un informe elaborado por el departamento de Gestión Ambiental con el consecutivo MP-AM-CU-GA-156-2020 donde se determina que no existe afectación con la naciente por estar fuera del radio de protección y de igual manera con la quebrada la cual se evidencio que corresponde a un canal artificial producto del rebalse de la naciente y de su tanque además de la escorrentía natural del lugar.” Donde en expediente, se observa y se hace mención por parte de la Municipalidad, que las construcciones de la avícola están al día con su representada y el uso de suelo, es conforme, al no estar afectando la infraestructura la zona de protección de la naciente. b. Dirección de aguas del MINAE emite el dictamen DAUHTPCOSJ- 2487-2024, indicando, cito textualmente: “basado en la inspección realizada por el suscrito y la consulta de las plataformas oficiales del SINIGIRH y el SNIT, se concluye que para el sitio indicado en el oficio que da origen a esta gestión, hay cuerpos de agua existentes, identificados como naciente y una quebrada, en ambos casos cuerpos de agua de dominio público.” Ante los hallazgos de la visita a campo gestionada por nuestra representada, la DA eleva el caso al tribunal ambiental administrativo para la gestión que corresponda, según oficio DAUHTPCOSJ- 2753-2024, por los delitos de desvío del cauce de un cuerpo de agua de dominio público, dictaminado mediante oficios DA-UHTPCOSJ-0930-2019 Y DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Donde se indica que el sitio hay construcción de obras en cauce no autorizadas y afectación a la zona de protección de cuerpo de agua de dominio público (Infracción a la Ley Forestal, Ley de Aguas). c. Con fecha del 5 de febrero del año en curso, se recibe el oficio SINAC-ACC-OP-0089-2025, donde se nos informa, cito textualmente: “Se genero el informe de hechos SINAC-ACC-OP-den-0087- 2025 el cual se remitió a la Fiscalía de Puriscal por el delito de invasión al área de protección de la quebrada modificada por las infraestructuras del centro de almacenamiento, el galero n tipo bodega y el galero n grande con las gallinas, representando un total aproximado de 142,47 metros cuadrados de invasión. Lo anterior, infringe lo establecido en el Articulo 33 y es penado en el Artículo 58 de la Ley Forestal No. 7575. Consideración final: Cabe mencionar y es parte de lo que se debe analizar en la respuesta a la sala constitucional, que, según las bases de datos municipales en cuanto a permisos de construcción y permiso de uso de suelo, la granja ha estado a derecho y la municipalidad le ha otorgado los permisos correspondientes, según los análisis que dicha institución ha desarrollado. Así también y lo evidenciado en las visitas a campo, en conjunto con el Ministerio de salud, específicamente con el análisis de la denuncia por lo posible contaminación de la naciente para consumo humano con excreta de las aves, no se ha evidenciado dicha contaminación, criterio reforzado, por los dicta menes de DA y SINAC, los que son claros al indicar que con respecto a la naciente no hay afectación de la granja. SENASA al evidenciar una posible afectación de a reas de conservación de una fuente de agua no identificada, de manera diligente solicito inspección interinstitucional, para el análisis completo de la situación, siendo MINAE el responsable de analizar y emitir los criterios correspondientes a las fuentes de agua y donde según la afectación o el delito identificado procedió a elevar le caso a la instancia correspondiente.” CONSIDERACIONES FÁCTICAS Y JURÍDICAS En lo que respecta a la operación de las Granjas avícolas, se tiene que considerar, lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 31088-S del 31 de marzo del 2003, denominado Reglamento sobre Granjas Avícolas. El citado reglamento tiene como objetivo primordial, regular y controlar todo lugar, edificio, local, instalaciones y anexos cubierto o descubierto en el que se tienen o permanezcan aves. Así como los trámites pertinentes para la obtención del respectivo permiso sanitario de funcionamiento. La Dirección Nacional de Operaciones del SENASA, oficializó la Gestión de Denuncias, en la que tiene como objetivo “Establecer los lineamientos para la gestión adecuada de las actividades relacionadas a todas las denuncias que interponen la ciudadanía, de acuerdo a (sic) las facultades dadas por medio de la Ley Nº 8495, y que ingresen de manera formal al SENASA por medio de la Dirección Nacional de Operaciones” Todas las actuaciones realizadas por el SENASA, han sido amparadas al principio de legalidad, buscando en todo momento satisfacer el interés público, siendo que como se demostró la denuncia realizada se atendieron diligentemente. En el presente caso no ha existido falta de respuesta o de atención por parte del SENASA, al contrario, para el caso de marras se han destinado muchísimos recursos en la atención de la denuncia, como se logra apreciar con las visitas, en la cuales una se realizó coordinando y efectuando visita al lugar múltiples funcionarios de distintas instituciones. Es oportuno traer a colación para mayor entendimiento del caso en cuestión, el contexto y condiciones particulares presentes en el sitio, en donde se cuenta con dos construcciones tipo galerones, de los cuales existe uno en contraposición a los dispuesto en la normativa vigente y sobre el cual recaen los incumplimientos supra citados, así como lo ordenado por el SENASA en fecha 17 de setiembre 2024 “Clausura de galera en riesgo de deslizamiento”. Sin embargo, el otro galerón sí cumple con las disposiciones regulatorias y normativas, y sobre el cual ha existido un Certificado Veterinario de Operación N°208929-01 que data desde el 21 noviembre del 2018, mismo al que se la ha postergado la actualización de registro anual en razón de la denuncia interpuesta, pero que por los motivos señalados lo procedente es continuar con dicha autorización, misma que está en proceso. Finalmente, como puede verse en la denuncia interpuesta por el señor ombre01,, se hace referencia a afectación a la salud, manifestando tener “congestión en los pulmones y dolor de garganta, dolencias que atribuye a este delito” Además de referir que “el aerosol venenoso sopla cuesta arriba con las brisas del Golfo de Nicoya”, no obstante, no aporta prueba médica que lo respalde o que acredite lo dicho y además que establezca la relación causal entre sus padecimientos y la operación del establecimiento. PETITORIA Solicitamos de manera respetuosa se declare sin lugar en todos sus extremos el Recurso de Amparo planteado, por cuanto de lo expuesto se desprende que el mismo carece de fundamento, por cuanto este Servicio Nacional, no solo ha atendido diligentemente este caso cuando se han presentado denuncias, sino que además se ha realizado un seguimiento al cumplimiento de las órdenes sanitarias giradas, y lo que existe en el caso es una inconformidad con las acciones tomadas por parte del recurrente, las cuales no se adaptan a sus intereses, pero no una falta de atención o de respuesta por parte de este Servicio Nacional”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de abril de 2025, quien aduce ser el recurrente manifiesta: “Señores Magistrados: Por favor, comparta su respuesta a mi Recurso de Amparo presentado el 25 MARZO de 2025. Gracias”.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Jara Velasquez; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PREVIA. A partir de la sentencia nro. 2008002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa‑administrativa aquellos asuntos, en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos fijados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales en los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo ‑instruido de oficio o a instancia de parte‑ o conocer de los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, también ha contemplado casos de excepción a lo anterior, como sucede en la especie, toda vez que el agravio se refiere a una presunta denuncia planteada en relación con problemas de contaminación.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que en una denuncia formulada ante Senasa en agosto de 2024 requirió información que no se le ha querido entregar, motivo por el cual solicita que se ordene a la autoridad recurrida proporcionársela. Además, reclama que desconoce si se realizó alguna revisión del sitio denunciado.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)   El 8 de agosto de 2024, el accionante formuló una denuncia ante Senasa respecto a una granja ubicada cerca de su propiedad, cuyo funcionamiento estima que perjudica tanto su salud como al bosque que rodea el pozo de la Asada de Grifo Alto. Además, solicitó “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”. (Ver prueba documental).

b)   El 17 de setiembre de 2024, Senasa inspeccionó el lugar denunciado. Además, al verificar irregularidades se emitió la orden sanitaria nro. 0291348 en la que se dispuso: “1) Presentar para aprobación ante el MS el programa de manejo de gallinaza. 2) Disposición de cadáveres según legislación 3.) Clausura de galera en riesgo de deslizamiento 4) Presentar plan remedial con las acciones 1,2 y 3 ante el SENASA en un lapso de tiempo de 10 días hábiles a cumplir el 10/10/2024”. (Ver prueba documental).

c)    El 7 de octubre de 2024, el Senasa efectuó una visita de inspección al lugar denunciado junto con personal de Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Agua, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Municipalidad de Puriscal. (Ver prueba documental).

d)   El 2 de abril de 2025, la autoridad recurrida fue notificada de la resolución de curso de este asunto. (Ver acta de notificaciones).

e)    Por memorial CARTA-PAA-SENASA-001-2025 del 7 de abril de 2025, una funcionaria de Senasa explica:

“Resolución técnica emitida por las instituciones competentes:

a. Se recibe el informe de inspección MP-AM-GA-INF-027-2024, emitido por el departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Puriscal, el que indica que, cito textualmente: “La propiedad en cuestión se encuentra en la finca con el número de matrícula  en las coordenadas . El día de la visita se evidencia que uno de los canales artificiales ha socavado una de las granjas ocasionando que falsee; además según los registros del SINIGIRH, el rango de la zona de protección de la naciente no fue afectado por las construcciones de la granja. Para la elaboración es este informe, el departamento de Gestión Ambiental consulto los archivos del departamento de Control Constructivo donde se encuentra el expediente completo del caso, en este se encontró el certificado de uso de suelo MP-AM-CU-CC-US- 167-2020 en donde se le concede el uso de suelo condicionado a que las construcciones se encuentren fuera del radio de la zona de protección de la naciente. En los registros municipales se encontró también un informe elaborado por el departamento de Gestión Ambiental con el consecutivo MP-AM-CU-GA-156-2020 donde se determina que no existe afectación con la naciente por estar fuera del radio de protección y de igual manera con la quebrada la cual se evidencio (sic) que corresponde a un canal artificial producto del rebalse de la naciente y de su tanque además de la escorrentía natural del lugar.”

Donde en expediente, se observa y se hace mención por parte de la Municipalidad, que las construcciones de la avícola están al día con su representada y el uso de suelo, es conforme, al no estar afectando la infraestructura la zona de protección de la naciente.

b. Dirección de aguas del MINAE emite el dictamen DA-UHTPCOSJ-2487-2024, indicando, cito textualmente: “basado en la inspección realizada por el suscrito y la consulta de las plataformas oficiales del SINIGIRH y el SNIT, se concluye que para el sitio indicado en el oficio que da origen a esta gestión, hay cuerpos de agua existentes, identificados como naciente y una quebrada, en ambos casos cuerpos de agua de dominio público.”

Ante los hallazgos de la visita a campo gestionada por nuestra representada, la DA eleva el caso al tribunal ambiental administrativo para la gestión que corresponda, según oficio DA-UHTPCOSJ-2753-2024, por los delitos de desvío del cauce de un cuerpo de agua de dominio público, dictaminado mediante oficios DA-UHTPCOSJ-0930-2019 Y DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Donde se indica que el sitio hay construcción de obras en cauce no autorizadas y afectación a la zona de protección de cuerpo de agua de dominio público (Infracción a la Ley Forestal, Ley de Aguas).

 c. Con fecha del 5 de febrero del año en curso, se recibe el oficio SINAC-ACC-OP- 0089-2025, donde se nos informa, cito textualmente: “Se generó el informe de hechos SINAC-ACC-OP-den-0087-2025 el cual se remitió a la Fiscalía de Puriscal por el delito de invasión al a rea de protección de la quebrada modificada por las infraestructuras del centro de almacenamiento, el galerón tipo bodega y el galerón grande con las gallinas, representando un total aproximado de 142,47 metros cuadrados de invasión. Lo anterior, infringe lo establecido en el Articulo 33 y es penado en el Artículo 58 de la Ley Forestal No. 7575 (…)”.  (Ver prueba documental).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, el recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que en una denuncia formulada ante Senasa en agosto de 2024 requirió información que no se le ha querido entregar, motivo por el cual solicita que se ordene a la autoridad recurrida proporcionársela. Además, reclama que desconoce si se realizó alguna revisión del sitio denunciado.

La Sala comprueba que, el 8 de agosto de 2024, el accionante formuló una denuncia ante Senasa respecto a una granja ubicada cerca de su propiedad, cuyo funcionamiento estima que perjudica tanto su salud como al bosque que rodea el pozo de la Asada de Grifo Alto. Además, solicitó “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”. El 17 de setiembre de 2024, Senasa inspeccionó el lugar denunciado. Además, al verificar irregularidades se emitió la orden sanitaria nro. 0291348 en la que se dispuso: “1) Presentar para aprobación ante el MS el programa de manejo de gallinaza. 2) Disposición de cadáveres según legislación 3.) Clausura de galera en riesgo de deslizamiento 4) Presentar plan remedial con las acciones 1,2 y 3 ante el SENASA en un lapso de tiempo de 10 días hábiles a cumplir el 10/10/2024”. El 7 de octubre de 2024, el Senasa efectuó una visita de inspección al lugar denunciado junto con personal de Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Agua, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Municipalidad de Puriscal. Por memorial CARTA-PAA-SENASA-001-2025 del 7 de abril de 2025, una funcionaria de Senasa explica: “Resolución técnica emitida por las instituciones competentes: a. Se recibe el informe de inspección MP-AM-GA-INF-027-2024, emitido por el departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Puriscal, el que indica que, cito textualmente: “La propiedad en cuestión se encuentra en la finca con el número de matrícula  en las coordenadas . El día de la visita se evidencia que uno de los canales artificiales ha socavado una de las granjas ocasionando que falsee; además según los registros del SINIGIRH, el rango de la zona de protección de la naciente no fue afectado por las construcciones de la granja. Para la elaboración es este informe, el departamento de Gestión Ambiental consulto los archivos del departamento de Control Constructivo donde se encuentra el expediente completo del caso, en este se encontró el certificado de uso de suelo MP-AM-CU-CC-US- 167-2020 en donde se le concede el uso de suelo condicionado a que las construcciones se encuentren fuera del radio de la zona de protección de la naciente. En los registros municipales se encontró también un informe elaborado por el departamento de Gestión Ambiental con el consecutivo MP-AM-CU-GA-156-2020 donde se determina que no existe afectación con la naciente por estar fuera del radio de protección y de igual manera con la quebrada la cual se evidencio (sic) que corresponde a un canal artificial producto del rebalse de la naciente y de su tanque además de la escorrentía natural del lugar.” Donde en expediente, se observa y se hace mención por parte de la Municipalidad, que las construcciones de la avícola están al día con su representada y el uso de suelo, es conforme, al no estar afectando la infraestructura la zona de protección de la naciente. b. Dirección de aguas del MINAE emite el dictamen DA-UHTPCOSJ-2487-2024, indicando, cito textualmente: “basado en la inspección realizada por el suscrito y la consulta de las plataformas oficiales del SINIGIRH y el SNIT, se concluye que para el sitio indicado en el oficio que da origen a esta gestión, hay cuerpos de agua existentes, identificados como naciente y una quebrada, en ambos casos cuerpos de agua de dominio público.” Ante los hallazgos de la visita a campo gestionada por nuestra representada, la DA eleva el caso al tribunal ambiental administrativo para la gestión que corresponda, según oficio DA-UHTPCOSJ-2753-2024, por los delitos de desvío del cauce de un cuerpo de agua de dominio público, dictaminado mediante oficios DA-UHTPCOSJ-0930-2019 Y DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Donde se indica que el sitio hay construcción de obras en cauce no autorizadas y afectación a la zona de protección de cuerpo de agua de dominio público (Infracción a la Ley Forestal, Ley de Aguas).  c. Con fecha del 5 de febrero del año en curso, se recibe el oficio SINAC-ACC-OP- 0089-2025, donde se nos informa, cito textualmente: “Se generó el informe de hechos SINAC-ACC-OP-den-0087-2025 el cual se remitió a la Fiscalía de Puriscal por el delito de invasión al a rea de protección de la quebrada modificada por las infraestructuras del centro de almacenamiento, el galerón tipo bodega y el galerón grande con las gallinas, representando un total aproximado de 142,47 metros cuadrados de invasión. Lo anterior, infringe lo establecido en el Articulo 33 y es penado en el Artículo 58 de la Ley Forestal No. 7575 (…)”.  

Así las cosas, la Sala verifica la falta de actuación diligente y célere de Senasa en resolver la denuncia planteada por el recurrente el 8 de agosto de 2024. Este Tribunal no ignora que, a partir de la formulación de esa denuncia, Senasa llevó diversas actuaciones, entre ellas, inspecciones, coordinación interinstitucional y el dictado de una orden sanitaria. Pese a ello, en la especie no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que tal denuncia haya sido resuelta definitivamente y que se haya notificado lo pertinente al tutelado, motivo por el cual procede estimar el recurso en cuanto a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política.

V.- Por otra parte, esta Cámara observa que el recurrente acusa que Senasa no le ha entregado la información peticionada el 8 de agosto de 2024.

En consideración de lo anterior, resulta menester traer a colación lo indicado recientemente por este Tribunal en la sentencia nro. 2024022565 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2024, en la que se conoció un reclamo similar al formulado en el sub iudice:

“III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente señala que requirió al banco accionado información relacionada con un concurso en el que había participado. Reclama que se le negó acceso a tal información.

Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante correo electrónico del 1 de marzo de 2022, la tutelada solicitó al banco accionado: “…en los próximos días se inicia una investigación en el Banco “órgano de proceso” y requiero como evidencia en dicha investigación los exámenes de Arquitectura Empresarial aplicados en las siguientes fechas: 21 de setiembre 2020 (Circular DGT-C-326-2020) donde se octava (sic) para el puesto de Jefe de Arquitectura Empresarial. Y el examen aplicado el día 18 de junio 2021 puesto Arquitecto de Negocios Circular DGT-C-0378-2021. Sin más por el momento y esperando su colaboración para que el proceso se resuelva de la mejor manera quedo a la espera de lo solicitado”. Luego, por correo electrónico del 10 de marzo de 2022, el banco respondió a la tutelada: “…le informo que de acuerdo con la normativa vigentes “Procedimiento Aplicación de Pruebas para procesos de concursos y registro de Oferentes” se estable (sic) como prohibido la entrega de las pruebas. Por lo tanto, al ser de carácter confidencial, de ser requerida para la investigación en proceso, debe ser solicitada por el Tribunal del Órgano”.

Sobre el particular, cabe advertir que el numeral 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que:

“Artículo 35. El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso”.

Así, una vez efectuado el estudio de los autos, la Sala verifica que, si bien la parte recurrente acusa que presentó la citada gestión ante la autoridad recurrida y esta fue denegada, no menos cierto es que tal requerimiento es del 1 de marzo de 2022 y la parte recurrente no acudió ante esta jurisdicción constitucional sino hasta el 21 de junio de 2024, más de dos años después, que es un plazo abiertamente superior al de dos meses fijado en el ordinal 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sobre el particular, este Tribunal no omite advertir que en la especie la parte accionante no alega ni acredita haber estado imposibilitada para acudir antes a esta jurisdicción constitucional a plantear los reclamos concernientes a la supuesta lesión a los derechos fundamentales que acusa, la cual pudo ser válidamente consentida. Por consiguiente, se declara sin lugar el recurso”.

El Tribunal estima que el precedente transcrito resulta plenamente aplicable al sub lite, toda vez que no se encuentran motivos para variar el criterio vertido, ni razones para valorar de manera diferente la situación planteada.

En el sub lite se reclama la falta de atención de lo peticionado el 8 de agosto de 2024 respecto a “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”; empero, nótese que no fue sino hasta el 25 de marzo de 2025, a saber, más de siete meses después cuando se acudió ante esta Cámara a plantear ese reclamo, lo cual es un plazo abiertamente superior al de los dos meses previstos en el ordinal 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Adicionalmente, en el sub iudice no se alega ni se verifica que los amparados hayan estado imposibilitados para acudir antes a esta Sala Constitucional, a fin de formular los reclamos atinentes a la supuesta conculcación de sus derechos fundamentales, la cual pudo ser válidamente consentida.

En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en cuanto a la lesión al ordinal 41 de la Constitución Política. Se le ordena a Diego Abarca Jiménez, en su condición de director de la Dirección Regional Central Sur del Servicio Nacional de Salud Animal, o a quien desempeñe ese puesto, coordinar lo necesario, tomar las medidas adecuadas y girar las órdenes que correspondan dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el plazo máximo de DOS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la accionante el 8 de agosto de 2024 y se le notifique lo correspondiente. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Servicio Nacional de Salud Animal al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso-administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. 

 

 

 

 

 

	

Paul Rueda L.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 OCVFEVWFD1Y61

EXPEDIENTE N° 25-008432-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:15:38.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República
English translation (44,986 chars)
Constitutional Chamber

Resolution No. 12958 - 2025

Date of Resolution: May 2, 2025 at 09:15

Case File: 25-008432-0007-CO

Drafted by: Rosibel De Los Angeles Jara Velásquez

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Ruling with protected data, in accordance with current regulations


Text of the resolution



Exp: 25-008432-0007-CO

Res. No. 2025012958

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on May two, two thousand twenty-five.

Amparo appeal processed in case file number 25-008432-0007-CO, filed by Nombre01, identification card CED01, against the NATIONAL ANIMAL HEALTH SERVICE (SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, SENASA).

Whereas:

1.- By brief incorporated into the digital case file on March 25, 2025, the appealing party files an amparo appeal. They state that they requested public documents and an inspection report for a farm and they did not want to provide them.

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 16:38 hours on January 17, 2025, a warning was issued to the respondent party.

3.- By brief incorporated into the digital case file on March 31, 2025, the appealing party states: “Beginning in November 2018, when illegal farms made of recycled materials were established 250 m below my property, I began searching for the Ministries of Costa Rica that could help me eliminate the threat of this business without legal permits. a) On January 29, 2020, I filed a complaint (code 00083591) with SENASA (Puriscal). List of Facts: Environmental Contamination. Bad Odors. List of Activities: Poultry production. Description: Complaints about the contamination of springs (nacientes) near this poultry farm, bad odors from animal waste coming from the animals. b) When the same atmospheric contamination returned in 2024, I again filed a complaint with SENASA on August 8, 2024 (without a code). Just before this date, I walked around the perimeter of the farms and could perceive the obvious airborne presence of manure and urine in an area of approximately 800x500m = 400,000m2. Based on the file of the Amparo Appeal Exp: #19 - 004741-0007-CO, I knew that the original CVO granted to Nombre02 was a mistake (exp: 722). I requested to see the current CVO as evidence that it had been revoked. I also requested that they share with me the report of their upcoming visit to the farms. Neither of these complaints resulted in any form of information about my complaints, leaving me wondering about the safety and condition of the aquifer that provides drinking water under these farms to the citizens/subscribers of the ASADA of Grifo Alto. Without routine inspection and control of this business by SENASA, frequent exposure to poisonous aerosols is guaranteed. In addition, the SENASA website is alerting the public about the probable spread of 'avian influenza' in Costa Rica. The negligence of this Ministry regarding the local threat posed by the business of Armaduras Jiménez Chinchilla S.A., represented by Nombre03, who has a history of lack of contact due to a closed door, unanswered phones, and outdated email addresses, cannot be overstated when documents cannot be delivered for months. Action must be taken urgently regarding this complaint. I was never provided with information and it is unknown if any site review was carried out. (…) I request a photocopy of the current CVO as evidence that it has been revoked and issued to the correct owner of the business. I also request that you share with me the report of their visit to the farms after the filing of my complaint on August 8, 2024. (…) On the SENASA website, there is no clear transparency statement about the exchange of data collected due to a complaint. However, this could be considered as a point to keep in mind for receiving results from complaints. Benefits: What can we obtain by participating? • We become aware that we are the main axis of public services. • We learn the real channels of communication and access to State institutions. • We access direct, understandable information at the time we need it. Our right: The State is all of us, Dare and Participate! *************************************************************** This response to many emails seeking information about the outcome of my multiple information requests stands out. I understand your reasons for the delay. However, the complaint request asked for a copy of a CVO, which is registered public information, and the air pollution issues from a small poultry farm—after three recent years of extensive government studies, a file of more than eight hundred pages was created from the work of the Municipality of Puriscal, SALUD, MINAE, SENASA, and SINAC—do not require the renewed attention of the entire government of Costa Rica before at least responding with any progress information that could be shared. In this case 25-008432-007-CO/ No. 25-008445-0007-CO, after eight months have passed, 'In progress' is an excuse, not a response. From: Rebeca Gutiérrez Bermúdez, November 8, 2024. '...In this specific case, which I am handling as the national head of the agro-environmental unit of SENASA, information is not being hidden from you. What I have let you know on repeated occasions is that we, as an administration, are in the process of investigating the facts you reported, where, due to the quantity of facts reported, the power of authority (potestad de imperio) over the determination of the existing water source belongs to the Water Directorate of MINAE, the protection areas belong to SINAC of MINAE, construction permits are the authority of the municipality, and the poultry manure management plan is the authority of the Ministry of Health. We, as SENASA, grant the CVO when all these requirements and other issues directly related to animal welfare and the safety of the livestock product produced are met. Since the power of authority over the different points falls on different institutions, for the determination of the analysis of the points described above, each institution must issue a technical report after the visit we made to the field, so we are waiting for all government entities, according to their agenda and possibility, to send it so we can analyze it and determine the actions the poultry farm must execute to avoid environmental damage. Given this position and the progress in the investigation, I respectfully request again that you trust the highly professional management being carried out by each of the institutions involved; we are ensuring environmental protection, we just need time for the other institutions to be able to send their reports.' My multiple visits to the SENASA office and unanswered emails to Dr. Abarco since August 2024 have only revealed an unacceptable outcome. During a visit in March 2025 with official Claudia Cruz, I learned that my complaint of August 8, 2024—one that required urgent action—had not even been addressed with a visit to the farm site until mid-January 2025! During that visit a few weeks ago, Ms. Cruz undertook to obtain the report from that January inspection of the farms. That has not happened. Please, manage the delivery of said report and a copy of the current CVO of the business of Armaduras Jiménez Chinchilla S.A.”.

4.- By resolution of the Chamber at 13:47 hours on April 1, 2025, the amparo was admitted for processing, and the Director of the Central South Regional Directorate of Senasa was requested to report on the facts alleged by the appellant.

5.- By brief incorporated into the digital case file on April 8, 2025, Diego Abarca Jiménez, in his capacity as Director of the Central South Regional Directorate of the National Animal Health Service, reports under oath. He explains: “FIRST: That on August 8, 2024, a complaint was received from Mr. Nombre01 at the Puriscal-Turrubares Cantonal Office of SENASA, in which he states: 'I opened the door of my house at 7 a.m. on June 30, 2024, to begin the day's work on my mountain slope reforestation project, and my lungs filled with the taste of feces and chicken urine. This was the first time my eyes burned and my nose ran since I had won six resolutions from the Puriscal comptroller's office in 2019 to close and demolish the two farms that had no permit, no commercial license, no COV, nor the required approved site plans. I had observed the construction of recycled zinc and wood 300 meters below me in September 2018. The use of these materials allowed Armaduras Jiménez Chinchilla S.A to later claim, when investigated, that they were from the 'old' one for cows, although it never had more than two, on a construction never mentioned nor recorded, and two buildings invisible on Google Earth before 2019. I fear again that my health and my real estate investment are threatened for the first time since I won my Amparo Appeal #19-004741-0007-CO the same year, when the Constitutional Court demanded that Mayor Nombre04 of Puriscal find a definitive solution to the environmental contamination problem that I had also reported to the Municipality of Puriscal, the Ministry of Health, the MAG, and Senasa. Obviously, he did not. It is clear that when he left this job to the new mayor Iris Arroyo, she did not do it either. "The amount of this poisonous cloud of ammonia, hydrogen sulfide, and other odor-causing compounds and particles that I also inhale depends on the size of its particles. Finer particles remain in the atmosphere and penetrate the human respiratory tract more easily" (Nombre05, 2014) "The management of particles from poultry farms is paramount. In addition, volatilized ammonia can be re-deposited and contribute to acidification and damage vegetation and sustainable ecosystems." http://www.hidroweb.com/protect/pusc/jeh/jeh/2018/NduFarm.pd f Of course, that would include the forest surrounding the Grifo Alto ASADA well, which is right below my property, a forest protected by the Forest Law (Ley Forestal) along with my tall trees, which I bought to replace the dead coffee plants. That well and its source directly below the dirt floor drainage of the farms have never been included in a review of the local water resource, although it is the most important. During my visit to the area yesterday, I noticed that the farm shown in the photo below is apparently being used again as a home for chickens. The construction does not comply with regulations. The poisonous aerosol blows uphill with the breezes from the Gulf of Nicoya and increases in summer, making the area uninhabitable. Currently, and for the first time, they are even traveling over my block wall and filling the street in front of my house. At that point, they are about 400 m from their source, indicating how strong they are. My Tico neighbors have witnessed this phenomenon at my request, confirm its identity, and call them "terrible." Yesterday, I discovered that the daily dose of air poison, which seeps into my house even with the windows and doors closed, had still filled my garage the following day. I toured the area on Tuesday during the typical air pollution cycle from 10 a.m. to 2 p.m. and delimited an area of approximately 800 m by 500 m where the smell of manure and urine was perceptible. We can schedule a visit if you wish to arrive within 30 minutes of my confirmation phone call upon its first appearance. While the chicken owner is responsible for this crime, SENASA is also guilty, as this indicates they have failed in their responsibility to regularly monitor this dangerous business. As I will renew my appeal, I request to see copies of this COV from the company and all SENASA inspection reports from 2023 and 2024. I recently suffer from lung congestion and sore throat, ailments I attribute to this crime, as I am healthy, I will visit the Clínica Bíblica for treatment. Please, do not wait long for them to clean the farms.' SECOND: That on October 17, 2024, in response to said complaint, an inspection visit was made to the farm in question, recording at the time of inspection: 'A field inspection is carried out where two complete sheds and part of another occupied by 3,000 hens on the floor are observed. One of the sheds is observed to be very close to a waterway, which due to slippage puts the welfare or safety of the animals and the farm personnel at risk. Likewise, hen carcasses disposed of in the open air are observed, and there is no poultry manure management plan according to the guidelines of DE 31088-S and DE 29145-MAG-S-MINAE. In view of what was evidenced, it is required to implement the necessary actions for the proper disposal of carcasses and proper management of poultry manure; as well as actions to close the shed suffering from slippage problems due to a waterway. In compliance with Law SEASA 8495, General Health Law 5395, DE 31088-S, and DE 29145-MAG-S-MINAE, complying with Article 50 of the Political Constitution (CN) and other current legislation, it is ordered: 1) Submit the poultry manure management program to the MS for approval. 2) Disposal of carcasses according to legislation. 3) Closure of the shed at risk of slippage. 4) Submit a remedial plan with actions 1, 2, and 3 to SENASA within a period of 10 business days to be completed by 10/10/2024.' This, according to what is stated on the Visit Sheet/Sanitary Order No. 0291348. THIRD: That on September 23, a document issued by the Ministry of Health, consecutive number 18522, was received, through which it is informed that, in response to the processing for the Comprehensive Waste Management Program, it has been resolved. FOURTH: That on October 7, 2024, in follow-up to the case and to Sanitary Order No. 0291348, an inter-institutional visit was carried out jointly with the Ministry of Health, MINAE, Water Directorate, SINAC, Municipality of Puriscal, and Engineer Rebeca Gutierrez Bermudez from the Agro-environmental Program of SENASA. At that time, each institution conducted an inspection according to its competencies, for the purpose of issuing a report by each of those represented. FOURTH: That on April 7, 2025, this Regional Directorate received the report from Eng. Rebeca Gutierrez Bermudez, head of the agro-environmental program of SENASA, official letter in which she states: "According to what was done in following up on the case of the possible environmental complaint, I proceed with the succession of verified facts by the technical agro-environmental attention. On September 23, 2024, the Official Letter SENASA- PAA-019-2024 was issued by the agro-environmental head, Engineer Rebeca Gutierrez Bermudez, after the visit made on September 17, 2024, upon this SENASA directorate requesting specialized technical support on the agro-environmental issue, due to the complaint for alleged environmental contamination filed against the poultry establishment Tito. Focused on the agro-environmental issue and within the aspects that stand out regarding the complaint, the following can be analyzed in the official letter: 1. The shed that the complainant indicates causes environmental contamination due to poor management of excreta was disabled for the production of laying hens, where at the time of the visit, no animals or excreta were evidenced in the area that could cause possible environmental contamination. 2. An active productive shed is identified, where a land subsidence caused by a waterway puts the infrastructure at risk, which is about to collapse. This situation puts the integrity of the workers, the animals, and the environment at risk due to the possible fall of unmanaged excreta, so in Sanitary Order No. 0291348, the immediate depopulation of the area and the management of the poultry manure according to the guidelines of current legislation are ordered, which implies the presentation of the management plan before the Ministry of Health as the institution with authority over the management of poultry manure and polliniza. 3. Considering that the identification of the water source that passes at the edges of this shed and the protection zone, and consequently the location of the farm's infrastructure with respect to it, is the power of authority of MINAE, the intervention of the Water Directorate and SINAC is required. Likewise, since construction permits are the authority of the Municipality, the intervention of said institution is required to consider the regularity of the constructions, the points analyzed, together with poultry manure management, being part of the complaint filed before SENASA. That is how, after what was evidenced in the field visit, the power of authority over the identified action points, and seeking the protection of a healthy and balanced environment in compliance with constitutional numeral 50, on September 26, 2024, the joint site visit was arranged with the Municipality of Puriscal, MINAE (SINAC- Water Directorate DA), and Ministry of Health, through official letters: PAA-020, PAA- 021, and PAA-022. Where on October 7, 2024, the joint field work was carried out by each of the institutions involved according to the reported issue, to determine the existence or not of the environmental damage caused by the production system. Participating in the visit: Vet. Med. Jorge Madriz Fuentes, DRCS-SENASA, Eng. Rebeca Gutiérrez Bermúdez, DNOSENASA- Agroambiental, Eng. Marco Azofeifa Morales, SINACMINAE Puriscal, Eng. Wilmer Porras Zuñiga, SINAC-MINAE Puriscal, Eng. Albert Calvo Chacón, DA-MINAE, Eng. Orlando Valverde Delgado, Environmental Manager Municipality of Puriscal, Eng. Alexander Arroyo Espinoza, MS-ARS Puriscal. Technical resolution issued by the competent institutions: a. The inspection report MP-AM-GA-INF-027-2024 is received, issued by the environmental management department of the Municipality of Puriscal, which indicates, I quote verbatim: 'The property in question is located on the farm with registration number at the coordinates . On the day of the visit, it is evidenced that one of the artificial channels has undercut one of the farms causing it to collapse; also, according to the SINIGIRH records, the range of the protection zone of the spring (naciente) was not affected by the farm constructions. For the preparation of this report, the Environmental Management department consulted the archives of the Construction Control department where the complete file of the case is located; in it, the land use certificate MP-AM-CUCC- US-167-2020 was found, where the land use is granted conditioned on the constructions being outside the radius of the protection zone of the spring (naciente). In the municipal records, a report prepared by the Environmental Management department with consecutive number MP-AM-CU-GA-156-2020 was also found, where it is determined that there is no impact on the spring (naciente) because it is outside the protection radius, and likewise with the stream, which was evidenced to correspond to an artificial channel resulting from the overflow of the spring and its tank, in addition to the natural runoff of the place.' Where in the file, it is observed and mentioned by the Municipality that the poultry farm constructions are up to date with their represented entity and the land use is compliant, as the infrastructure is not affecting the protection zone of the spring (naciente). b. The Water Directorate of MINAE issues opinion DAUHTPCOSJ- 2487-2024, indicating, I quote verbatim: 'based on the inspection carried out by the undersigned and the consultation of the official platforms of SINIGIRH and SNIT, it is concluded that for the site indicated in the official letter giving rise to this proceeding, there are existing water bodies, identified as a spring (naciente) and a stream, in both cases public domain water bodies.' Given the findings of the field visit managed by our represented entity, the DA elevates the case to the Environmental Administrative Tribunal for the corresponding action, according to official letter DAUHTPCOSJ- 2753-2024, for the offenses of diversion of the channel of a public domain water body, determined through official letters DA-UHTPCOSJ-0930-2019 AND DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Where it is indicated that at the site there is construction of unauthorized works in the channel and impact on the protection zone of a public domain water body (Violation of the Forest Law, Water Law). c. On February 5 of the current year, official letter SINAC-ACC-OP-0089-2025 is received, where we are informed, I quote verbatim: 'The fact report SINAC-ACC-OP-den-0087- 2025 was generated and sent to the Puriscal Prosecutor's Office for the crime of invasion of the protection area of the stream modified by the infrastructures of the storage center, the warehouse-type shed, and the large shed with the hens, representing an approximate total of 142.47 square meters of invasion. The foregoing violates the provisions of Article 33 and is penalized in Article 58 of Forest Law No. 7575. Final consideration: It is worth mentioning and is part of what must be analyzed in the response to the Constitutional Chamber, that, according to the municipal databases regarding construction permits and land use permits, the farm has been in compliance with the law, and the municipality has granted the corresponding permits according to the analyses that said institution has developed. Also, and what was evidenced in the field visits, jointly with the Ministry of Health, specifically with the analysis of the complaint for possible contamination of the spring (naciente) for human consumption with bird excreta, said contamination has not been evidenced, a criterion reinforced by the opinions of DA and SINAC, which are clear in indicating that with respect to the spring there is no impact from the farm. SENASA, upon evidencing a possible impact on conservation areas of an unidentified water source, diligently requested an inter-institutional inspection for the complete analysis of the situation, MINAE being responsible for analyzing and issuing the corresponding criteria regarding water sources, and where, according to the impact or offense identified, it proceeded to elevate the case to the corresponding instance.' FACTUAL AND LEGAL CONSIDERATIONS Regarding the operation of poultry farms, the provisions established in Executive Decree No. 31088-S of March 31, 2003, called the Poultry Farm Regulation (Reglamento sobre Granjas Avícolas), must be considered. Said regulation has as its primary objective to regulate and control any place, building, premises, facilities, and annexes, covered or uncovered, in which birds are kept or remain. As well as the pertinent procedures for obtaining the respective sanitary operating permit. The National Operations Directorate of SENASA officially established the Complaint Management process, which aims to 'Establish guidelines for the proper management of activities related to all complaints filed by citizens, according to the powers granted through Law No. 8495, and that formally enter SENASA through the National Operations Directorate.' All actions taken by SENASA have been protected by the principle of legality, seeking at all times to satisfy the public interest. As demonstrated, the complaint made was attended to diligently. In the present case, there has been no lack of response or attention from SENASA; on the contrary, for the case at hand, many resources have been allocated to addressing the complaint, as can be appreciated from the visits, in one of which a site visit was coordinated and carried out with multiple officials from different institutions. It is timely to bring up for a better understanding of the case in question the context and particular conditions present at the site, where there are two shed-type constructions, of which one exists in contravention of the provisions of current regulations and on which the aforementioned non-compliances, as well as what was ordered by SENASA on September 17, 2024, "Closure of the shed at risk of slippage," rest. However, the other shed does comply with regulatory and normative provisions, and for which there has been a Veterinary Operation Certificate No. 208929-01 dating since November 21, 2018, for which the annual registration update has been postponed due to the filed complaint, but for the reasons stated, it is appropriate to proceed with said authorization, which is in process. Finally, as can be seen in the complaint filed by Mr. Nombre01, reference is made to health impacts, stating they have 'lung congestion and sore throat, ailments attributed to this crime.' In addition to stating that 'the poisonous aerosol blows uphill with the breezes from the Gulf of Nicoya,' however, they do not provide medical proof to support it or that accredits what is said, and furthermore that establishes the causal relationship between their ailments and the operation of the establishment. PETITION We respectfully request that the Amparo Appeal filed be declared without merit in all its aspects, since from what has been stated it is clear that it lacks foundation, because this National Service has not only diligently addressed this case when complaints have been filed but has also followed up on compliance with the sanitary orders issued, and what exists in the case is a disagreement with the actions taken by the appellant, which do not adapt to their interests, but not a lack of attention or response from this National Service.”

6.- By brief incorporated into the digital case file on April 29, 2025, the person claiming to be the appellant states: “Magistrates: Please, share your response to my Amparo Appeal filed on MARCH 25, 2025. Thank you.”

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Jara Velasquez; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUE. Since ruling no. 2008002545 of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws in special administrative procedures, to resolve by a final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the corresponding administrative appeals. However, it has also contemplated cases of exception to the above, as occurs in this instance, given that the grievance refers to an alleged complaint filed regarding contamination problems.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant considers his fundamental rights violated, since in a complaint filed with Senasa in August 2024 he requested information that they have not wanted to provide, which is why he requests that the respondent authority be ordered to provide it. Furthermore, he complains that he does not know if any review of the reported site was carried out.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:

a) On August 8, 2024, the claimant filed a complaint with Senasa regarding a farm located near his property, the operation of which he believes harms both his health and the forest surrounding the Grifo Alto ASADA well. In addition, he requested "to see copies of this COV from the company and all SENASA inspection reports from 2023 and 2024." (See documentary evidence).

b) On September 17, 2024, Senasa inspected the reported place. In addition, upon verifying irregularities, Sanitary Order No. 0291348 was issued, which ordered: "1) Submit the poultry manure management program to the MS for approval. 2) Disposal of carcasses according to legislation. 3) Closure of the shed at risk of slippage. 4) Submit a remedial plan with actions 1, 2, and 3 to SENASA within a period of 10 business days to be completed by 10/10/2024." (See documentary evidence).

c) On October 7, 2024, Senasa made an inspection visit to the reported place along with personnel from the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Water Directorate, the National System of Conservation Areas, and the Municipality of Puriscal. (See documentary evidence).

d) On April 2, 2025, the respondent authority was notified of the resolution admitting this matter for processing.

(See notification record).

e)    By memorandum CARTA-PAA-SENASA-001-2025 of April 7, 2025, a Senasa official explains:

“Technical resolution issued by the competent institutions:

a. The inspection report MP-AM-GA-INF-027-2024, issued by the environmental management department of the Municipality of Puriscal, is received, which states, I quote verbatim: “The property in question is located on the farm with registration number  at coordinates . On the day of the visit, it is evident that one of the artificial channels has undercut one of the barns, causing it to become unstable; furthermore, according to SINIGIRH records, the range of the protection zone of the spring (naciente) was not affected by the barn constructions. For the preparation of this report, the Environmental Management department consulted the files of the Construction Control department where the complete case file is located; in it was found the land-use certificate (certificado de uso de suelo) MP-AM-CU-CC-US- 167-2020, in which the land use is granted conditioned upon the constructions being located outside the radius of the protection zone of the spring. In the municipal records, a report prepared by the Environmental Management department with the serial number MP-AM-CU-GA-156-2020 was also found, in which it is determined that there is no impact on the spring because it is outside the protection radius, and likewise with the stream (quebrada), which it was shown (sic) corresponds to an artificial channel resulting from the overflow of the spring and its tank, in addition to the natural runoff of the place.”

Where in the case file, it is observed and mentioned by the Municipality that the poultry farm’s constructions are up to date with its represented party and the land use is compliant, since the infrastructure is not affecting the protection zone of the spring.

b. The MINAE Water Directorate issues opinion DA-UHTPCOSJ-2487-2024, stating, I quote verbatim: “based on the inspection carried out by the undersigned and the consultation of the official platforms of SINIGIRH and SNIT, it is concluded that for the site indicated in the official communication giving rise to this proceeding, there are existing water bodies, identified as a spring and a stream, in both cases public-domain water bodies (cuerpos de agua de dominio público).”

Given the findings of the field visit managed by our represented party, the DA refers the case to the administrative environmental tribunal for the appropriate proceedings, according to official communication DA-UHTPCOSJ-2753-2024, for the offenses of diverting the course of a public-domain water body, as determined in official communications DA-UHTPCOSJ-0930-2019 and DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Where it is indicated that at the site there is construction of unauthorized works in the watercourse and impact to the protection zone of a public-domain water body (Violation of the Ley Forestal, Ley de Aguas).

 c. On February 5 of the current year, official communication SINAC-ACC-OP- 0089-2025 is received, informing us, I quote verbatim: “The factual report SINAC-ACC-OP-den-0087-2025 was generated and referred to the Prosecutor’s Office of Puriscal for the offense of invasion of the protection area of the stream modified by the infrastructure of the storage center, the warehouse-type shed, and the large shed with the hens, representing an approximate total of 142.47 square meters of invasion. The foregoing violates the provisions of Article 33 and is punishable under Article 58 of the Ley Forestal No. 7575 (…).” (See documentary evidence).

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the instant case, the petitioner considers his fundamental rights harmed, since in a complaint filed before Senasa in August 2024, he requested information that has not been provided to him, for which reason he requests that the respondent authority be ordered to provide it. Furthermore, he claims he does not know whether any review of the reported site was carried out.

The Chamber verifies that, on August 8, 2024, the claimant filed a complaint before Senasa regarding a farm located near his property, whose operation he believes harms both his health and the forest surrounding the well of the Asada de Grifo Alto. In addition, he requested “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”. On September 17, 2024, Senasa inspected the reported site. Furthermore, upon verifying irregularities, sanitary order No. 0291348 was issued, which ordered: “1) Present the chicken manure management program to the MS for approval. 2) Disposal of carcasses according to legislation 3.) Closure of shed at risk of landslide 4) Present remedial plan with actions 1, 2, and 3 before SENASA within a period of 10 business days to be fulfilled by 10/10/2024”. On October 7, 2024, Senasa conducted an inspection visit to the reported site along with personnel from the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy, the Water Directorate, the National System of Conservation Areas, and the Municipality of Puriscal. By memorandum CARTA-PAA-SENASA-001-2025 of April 7, 2025, a Senasa official explains: “Technical resolution issued by the competent institutions: a. The inspection report MP-AM-GA-INF-027-2024, issued by the environmental management department of the Municipality of Puriscal, is received, which states, I quote verbatim: “The property in question is located on the farm with registration number  at coordinates . On the day of the visit, it is evident that one of the artificial channels has undercut one of the barns, causing it to become unstable; furthermore, according to SINIGIRH records, the range of the protection zone of the spring was not affected by the barn constructions. For the preparation of this report, the Environmental Management department consulted the files of the Construction Control department where the complete case file is located; in it was found the land-use certificate MP-AM-CU-CC-US- 167-2020, in which the land use is granted conditioned upon the constructions being located outside the radius of the protection zone of the spring. In the municipal records, a report prepared by the Environmental Management department with the serial number MP-AM-CU-GA-156-2020 was also found, in which it is determined that there is no impact on the spring because it is outside the protection radius, and likewise with the stream, which it was shown (sic) corresponds to an artificial channel resulting from the overflow of the spring and its tank, in addition to the natural runoff of the place.” Where in the case file, it is observed and mentioned by the Municipality that the poultry farm’s constructions are up to date with its represented party and the land use is compliant, since the infrastructure is not affecting the protection zone of the spring. b. The MINAE Water Directorate issues opinion DA-UHTPCOSJ-2487-2024, stating, I quote verbatim: “based on the inspection carried out by the undersigned and the consultation of the official platforms of SINIGIRH and SNIT, it is concluded that for the site indicated in the official communication giving rise to this proceeding, there are existing water bodies, identified as a spring and a stream, in both cases public-domain water bodies.” Given the findings of the field visit managed by our represented party, the DA refers the case to the administrative environmental tribunal for the appropriate proceedings, according to official communication DA-UHTPCOSJ-2753-2024, for the offenses of diverting the course of a public-domain water body, as determined in official communications DA-UHTPCOSJ-0930-2019 and DA-UHTPCOSJ-2487-2024. Where it is indicated that at the site there is construction of unauthorized works in the watercourse and impact to the protection zone of a public-domain water body (Violation of the Ley Forestal, Ley de Aguas). c. On February 5 of the current year, official communication SINAC-ACC-OP- 0089-2025 is received, informing us, I quote verbatim: “The factual report SINAC-ACC-OP-den-0087-2025 was generated and referred to the Prosecutor’s Office of Puriscal for the offense of invasion of the protection area of the stream modified by the infrastructure of the storage center, the warehouse-type shed, and the large shed with the hens, representing an approximate total of 142.47 square meters of invasion. The foregoing violates the provisions of Article 33 and is punishable under Article 58 of the Ley Forestal No. 7575 (…)”. 

Thus, the Chamber verifies the lack of diligent and expeditious action by Senasa in resolving the complaint filed by the petitioner on August 8, 2024. This Tribunal does not ignore that, following the filing of that complaint, Senasa carried out various actions, including inspections, inter-institutional coordination, and the issuance of a sanitary order. Despite this, in the instant case there is no evidentiary element whatsoever to prove that said complaint has been definitively resolved and that the pertinent information has been notified to the protected party, for which reason it is appropriate to grant the appeal with respect to the violation of Article 41 of the Political Constitution.

V.- Moreover, this Chamber observes that the petitioner accuses Senasa of not having provided him with the information requested on August 8, 2024.

In consideration of the foregoing, it is necessary to cite what was recently stated by this Tribunal in judgment No. 2024022565 of 9:15 a.m. on August 9, 2024, in which a claim similar to the one filed in the case at bar was heard:

“III.- On the specific case. In the case at bar, the petitioner states that she requested from the respondent bank information related to a competition in which she had participated. She claims that she was denied access to such information.

Having analyzed the case file, the Chamber deemed it proven that, through an email of March 1, 2022, the protected party requested from the respondent bank: ‘…in the coming days an investigation will begin at the Bank “procedural body” and I require as evidence in said investigation the Enterprise Architecture exams administered on the following dates: September 21, 2020 (Circular DGT-C-326-2020) where it was octava (sic) for the position of Chief of Enterprise Architecture. And the exam administered on June 18, 2021 for the position of Business Architect Circular DGT-C-0378-2021. With nothing further for the moment and hoping for your collaboration so that the process is resolved in the best way, I await what has been requested.’ Then, by email of March 10, 2022, the bank responded to the protected party: ‘…I inform you that according to the current regulations “Procedure for Administering Tests for competition processes and Offeror registration” it is established (sic) that the handing over of tests is prohibited. Therefore, being of a confidential nature, if required for the ongoing investigation, it must be requested by the Tribunal of the Body.’

In this regard, it should be noted that Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that:

“Article 35. The amparo appeal may be filed at any time while the violation, threat, disturbance, or restriction persists, and up to two months after its direct effects with respect to the injured party have completely ceased.

However, when it concerns purely patrimonial rights or others whose violation may be validly consented to, the appeal must be filed within two months following the date on which the injured party had reliable knowledge of the violation and was legally able to file the appeal.”

Thus, once the study of the case file has been carried out, the Chamber verifies that, although the petitioner accuses that she filed the cited request before the respondent authority and it was denied, it is no less true that such request dates from March 1, 2022 and the petitioner did not appear before this constitutional jurisdiction until June 21, 2024, more than two years later, which is a period manifestly exceeding the two months established in Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, this Tribunal does not omit to note that in the instant case, the claimant does not allege or prove having been unable to appear before this constitutional jurisdiction sooner to raise the claims concerning the alleged violation of the fundamental rights she accuses, which could have been validly consented to. Consequently, the appeal is dismissed.”

The Tribunal finds that the transcribed precedent is fully applicable to the case at bar, since there are no grounds to vary the expressed criterion, nor reasons to assess the situation raised differently.

In the case at bar, the lack of attention to what was requested on August 8, 2024 is claimed regarding “ver copias de este COV de la empresa y todos los informes de inspección de SENASA en 2023 y 2024”; however, it should be noted that it was not until March 25, 2025, that is, more than seven months later, that this Chamber was approached to raise that claim, which is a period manifestly exceeding the two months provided for in Article 35 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Additionally, in the case at bar, it is neither alleged nor verified that the protected parties were unable to appear before this Constitutional Chamber sooner, in order to formulate the claims regarding the alleged infringement of their fundamental rights, which could have been validly consented to.

By virtue of the foregoing, the appeal is dismissed with respect to this point.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if any paper document, or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011 and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial No. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is partially granted, only with respect to the violation of Article 41 of the Political Constitution. Diego Abarca Jiménez, in his capacity as director of the Dirección Regional Central Sur of the Servicio Nacional de Salud Animal, or whoever holds that position, is ordered to coordinate what is necessary, take the appropriate measures, and issue the corresponding orders within the scope of his powers, so that, within a maximum period of TWO MONTHS, counted from the notification of this judgment, the complaint filed by the claimant on August 8, 2024 is resolved and the corresponding notification is made to him. The foregoing is ordered with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and do not comply with it or do not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Servicio Nacional de Salud Animal is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Notifíquese.

 

 

 

 

 

	

Paul Rueda L.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ileana Sánchez N.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

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 OCVFEVWFD1Y61

EXPEDIENTE N° 25-008432-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:15:38.

SCIJ de Hacienda
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