Res. 16284-2025 Sala Constitucional — Citizen Participation in Environmental Assessment of Bahía Papagayo Tourism ProjectParticipación ciudadana en evaluación ambiental de proyecto turístico Bahía Papagayo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16284 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-012448-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-012448-0007-CO

Res. Nº 2025016284

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 25-012448- 0007-CO, interpuesto por Nombre01, pasaporte Identificacion01 a favor de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, contra el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

Resultando:

 1.- Por escrito incorporado al Sistema de Gestión en Línea de este Despacho el 05 de mayo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía. Afirma que ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente No. D1-0170-2021-SETENA, mediante el cual se tramita el proyecto denominado "Bahía Papagayo" para conocer y resolver sobre la viabilidad ambienta, proyecto a desarrollarse en Playa Panamá, cantón de Carrillo, provincia de Guanacaste, en territorio del Estado bajo concesión estatal al amparo de la Ley No. 6728, que regula el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Menciona que el 7 de abril de 2021 se registró el documento de Evaluación Ambiental D1 y por resolución No. 0591-2022-SETENA se otorgó la viabilidad ambiental del citado proyecto. Señala que el proyecto "Bahía Papagayo" se clasificó como categoría A, sea que tiene un impacto ambiental alto conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento No. 31849-MINAE. Indica que pese a la clasificación asignada al proyecto y que éste se llevaría a cabo en bienes de dominio público, no se llevó a cabo ninguna audiencia pública, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere que en el procedimiento la empresa presentó un "Estudio Social", sino que aplicó una encuesta aleatoria a personas residentes en el área de influencia y su resultado estableció que el 88% de las personas que fueron encuestadas desconocen la existencia del proyecto. Resalta que no se documentó ningún otro mecanismo para la consulta abierta, ni procesos deliberativos con la comunidad, respecto del desarrollo del citado proyecto. Refiere que el estudio se limitó a compilar informaciones secundarias de fuentes públicas y reportes de resultados de la encuesta aplicada, sin desarrollar mecanismos sustantivos de participación ni diálogo con los actores sociales de la zona. Destaca que no se efectuó un análisis de conflictos sociales, ni identificó actores comunales relevantes, medidas de mitigación o compensación social, evaluaciones técnicas sobre la factibilidad del proyecto. Alega que la forma en que se realizó la encuesta limita el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, conforme al bloque de legalidad nacional y el derecho internacional. Tal situación no solo es una irregularidad en el procedimiento, sino que una lesión a los derechos de la ciudadanía en procesos ambientales, al impedir a las personas posiblemente afectadas que sean informadas y consultadas de forma oportuna y efectiva sobre el impacto significativo sobre el medio ambiente. Relata que el Estado debe garantizar la protección de la naturaleza y el ambiente, así como facilitar los mecanismos para su participación y defensa de sus derechos, permitiendo a las comunidades informarse, deliberar y manifestarse sobre sus posiciones frente a proyectos que puedan alterar de alguna forma su hábitat y el ambiente. Comenta que el realizar una simple encuesta en lugar de la audiencia pública, no se cumple con la forma, contenido ni estándares para el ejercicio del derecho de participación en materia ambiental. Por otra parte, la encuesta en discusión se aplicó sin garantizar un proceso de difusión previa del proyecto, sin información técnica comprensible y sin mecanismos deliberativos, amén de ello, el mismo resultado de la encuesta demuestra que la comunidad no cuenta con la información debida sobre el proyecto, para poder incluso opinar sobre los alcances de éste. Adicionalmente, el 12 % restante de los encuestados obtuvo información del proyecto por familiares o amigos, no por un mecanismo oficial o institucional; no se utilizó una metodología que permita la participación deliberativa. Añade que la aprobación de la viabilidad sin contar con el análisis de riesgos sociales e impactados diferenciados, ni permite identificar los impactos en el acceso y uso del espacio público costero; los riesgos de gentrificación o desplazamiento económico de población local ante el alza del valor de la tierra; el efecto del aumento de la demanda de agua y servicios públicos sobre las comunidades circundantes; los mecanismos de prevención, mitigación o compensación social específicos. Resalta que el Estudio de Impacto Ambiental se abordó como si fuese accesorio, superficial y funcional, sin cumplir con las disposiciones legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico sobre la materia; así como normativa internacional. Manifiesta que la omisión de evaluación social integral y la sustitución de la participación ciudadana por una encuesta no deliberativa, permitida y avalada por la SETENA para un proyecto que introduce una transformación sustancial en los ecosistemas circundantes, lo que constituye una trasgresión sustantiva al derecho al ambiente, en particular, por cuanto el proyecto en cuestión implica el desarrollo turístico en zonas de alta fragilidad ecológica y social. Considera que los hechos expuestos lesionan sus derechos fundamentales.

2.- Mediante escritos incorporados al expediente electrónico en fechas 14 y 21 de mayo de 2025, Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía y Andrés Cortez Orozco, Secretario General a.i de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, informan en los siguientes términos:  PRIMERO: El día 7 de abril del 2021, es recibido en esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Papagayo, presentado por la ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., con cédula jurídica Nº CED01, representada por el señor Andrés Pacheco Albónico, con cédula de identidad CED02, expediente D1- 0170-2021-SETENA, bajo el instrumento de Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). SEGUNDO: El día 6 de mayo del 2021, se notifica la Resolución N° 0677-2021- SETENA, del 5 de mayo del 2021, A efecto de continuar con el proceso de evaluación ambiental, se le solicita al desarrollador, en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de la presente resolución, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (original, tres copias y una copia digital). Los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto debido a que, con respecto a los criterios de ponderación, la calificación final de la SIA estableció un valor de 117 puntos, por lo que según establecía el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la SETENA, según la ruta de decisión, la actividad requería de la presentación de una Declaración Jurada de Compromisos Ambientales como instrumento de evaluación ambiental. Sin embargo, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510, y considerando que: Debido a la naturaleza del proyecto, a la magnitud del volumen de tierra que debe ser removido, la necesaria protección de la flora y fauna del AP, por la extensión del área de construcción, por los servicios públicos presentes en el área y su posible afectación, porque debe ser tomado en cuenta el componente social, por el tamaño del área del proyecto y de las áreas de influencia es que debe ser analizado el desarrollo del proyecto por un instrumento que brinde un diagnóstico intensivo e integral que conlleve al cumplimiento de las características de un desarrollo sostenible, de manera que desde la SETENA, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso . TERCERO: Que de las características del proyecto presentado son: Número del expediente: D1-0170-2021-SETENA Nombre del expediente: Proyecto Bahía Papagayo Ubicación: Provincia: Guanacaste Cantón: Carrillo Distrito: Sardinal Nº De Plano Catastrado: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G1186670-2007 y G-1274126-2008 Número de Finca: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000 y 2174- Z--000 Medida finca según plano (m2): 204165,91; 124827,92; 436563,63; 309064,25 Área del proyecto según diseño: 1,176,420.79 m2 Clasificación CIIU y Categoría Proyecto: 5510 y A Puntaje de SIA:117 Desarrollador del Proyecto: Nombre de la empresa: ENJOY HOTELS & RESORTS S.A. Cédula jurídica número: CED01 Representada por: Andrés Pacheco Albónico, cédula de identidad: CED02. El proyecto sería ejecutado de conformidad con la normativa especial que establece la ley 6758 del 04/06/1982 que Regula la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo. Descripción del Proyecto: De conformidad con las descripciones aportadas por el desarrollado la misma realizaría las siguientes obras: El proyecto Bahía Papagayo consiste en un complejo turístico habitacional, propiciando el desarrollo de residencias y hoteles con acceso a todos los servicios básicos y recreacionales mediante la comercialización de unidades habitacionales, lotes residenciales, componentes hoteleros y de condhotel, uso mixto residencial – comercial y oficinas. El componente Hotelero y de Condhotel se desarrollarán con una capacidad para alojar más de 240 huéspedes que podrá contar con habitaciones equipadas con cocina, baño privado y terraza, así como el lobby del hotel, piscinas, spa, gimnasio, restaurantes, bar, baños y vestidores, tiendas, salón de eventos, centro de bienestar, salas de ventas, oficinas administrativas, taller, cocina y lavandería, alojamiento para empleados, y toda la infraestructura vial necesaria para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos, aceras, senderos y planta de tratamiento. El proyecto, también constará de unidades habitacionales con parqueo para uno o dos automóviles, y áreas comunes conformadas por pasillos, azoteas, áreas verdes y juegos infantiles, rancho con piscinas, canchas y salones multiusos, gimnasio, lobby de acceso, así como la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. Por su parte los Lotes Residenciales serán zonas para el desarrollo futuro de residencias que podrán contar con patio, cocheras para varios vehículos, piscina, terrazas y azoteas. El proyecto proveerá de acceso vehiculares y peatonales, así como la infraestructura de los servicios básicos para los futuros residentes, además de zonas verdes, juegos infantiles y senderos. Por su parte la Casa Club de los lotes residenciales o unidades habitacionales contarán con un área administrativa, salón de eventos, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio, canchas de tenis y canchas multiuso. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas, además de juegos infantiles y parqueos para automóviles. Se establecerá un Country Club que contará con salones de eventos, área administrativa, restaurante, baños, área social, sala de juegos, piscina, gimnasio ambos con duchas y vestidores, además de jacuzzi y saunas. También cuenta con zonas verdes en las cuales se ofrecen canchas de tenis, canchas multiuso, canchas de futbol 5, minigolf, “ranchos” con electricidad, senderos para caminatas y bicicletas, además de juegos infantiles y la infraestructura vial para el acceso y circulación a las instalaciones, parqueos de visitas y aceras. El desarrollo del área comercial y oficinas será una zona para la construcción de locales comerciales, así como oficinas para su posterior venta o alquiler. Los espacios de oficinas contaran con áreas de co-working con salas de reuniones, cafeterías, bibliotecas y salones de lectura. El área comercial podrá contar con Supermercados, mini-markets, kioscos comerciales, farmacia y clínica médica, restaurantes, cine al aire libre, mercado o plaza ferial, que sería un área destinada para impulsar el comercio y emprendedurismo, con venta de productos de la zona y huerta con mercado verde. El uso mixto será un sitio para el desarrollo de distintas actividades sociales y culturales por los residentes del sitio y zonas aledañas, como centros de investigación, museo, escuela, guardería, capilla, redondel, plaza de deportes y centros de reunión. Dentro de los otros componentes y amenidades que serán parte del proyecto están: áreas de campamentos, senderos naturales para caminatas y senderos para bicicletas, miradores y paradas naturales para observación y decks de meditación, parques abiertos ecológicos con estaciones de picnic, lagos, áreas de reserva y conservación, bosque de pájaros con árboles frutales, puentes colgantes, parqueos y estacionamiento público, avenida principal con calles arboladas además de aceras peatonales y puentes sobre las quebradas para comunicar internamente el proyecto. El proyecto tendrá luces LED, se diseñarán las edificaciones para brindar y maximizar el uso de la luz natural, pero evitar la ganancia de calor solar. Se utilizará sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia que mejoran la calidad del aire interior, tienen mayor eficiencia energética. Se contará con un plan de gestión de aguas pluviales que se implementará durante la construcción reducirá la contaminación al controlar la erosión del suelo, la sedimentación de los cursos de agua. Las plantas de tratamiento y las aguas grises se utilizarán para el riego con el fin de mitigar el uso de agua potable para el riego. Todas las áreas sociales y comunes tienen accesibilidad de acuerdo con lo estipulado en la Ley 7600. CUARTO: El día 14 de julio de 2021, esta Secretaría realiza inspección de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora. De las observaciones del Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021 se obtiene que: • Topografía entre plana y suave cerca de las quebrada y fuerte y muy fuerte en el resto de las propiedades, no hay taludes en el AP. • Taludes en el AP: La pendiente es hacia las quebradas, se debe proveer manejo de aguas pluviales con base al movimiento de tierras. • Escorrentía superficial fluye hasta las quebradas y luego al manglar. • No hay evidencia de deslizamientos. • Posibles cuerpos de agua superficial al momento de la visita se encuentran en época transición con quebradas sin flujo, registradas en el SNIT-SINIGIRH. Dirección01 319951-1171787 y sardina con descarga hacia manglar. Quebrada Pto.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 posible obra en cauce, Pozos del AyA. • No hay evidencia de inundaciones en el AP ni en las colindancias. • Cobertura observada es vegetación riparia, charral-Tacotal, Cobertura Forestal. • No hay características indicadoras de Humedal. • Fauna observada aves, mamíferos y reptiles. • Componente social es zona rural, con infraestructura social, accesos de asfalto y lastre públicos y privados. Tránsito moderado con señalización vial. • Colindancias inmediatas al AP sector norte: Privado y calle pública, Sur: Reserva Forestal, Este: uso agropecuario-Forestal, Oeste: Forestal. • No ha iniciado obras y se observan arboles enumerados en inventario forestal. Se incluye el Registro Fotográfico de la visita. QUINTO: Que del análisis de la Georreferenciación que realizara la Unidad de Geografía del Departamento de Evaluación Ambiental se extrae lo siguiente: • Cobertura SNIT y FONAFIFO, presente dentro del AP: o FONAFIFO 2005 ▪ 5-1155786-2007: Forestal y No Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Forestal y No Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Forestal, No Forestal, Bosque Sec. ▪ 5-1274126-2008: Forestal, No Forestal, Plant. Forest. o FONAFIFO 2013 ▪ 5-1155786-2007: Bosque Deciduo, Bosque Secundario, No Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal, Pastos. ▪ 5-1274126-2008: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, No Forestal. • Características del terreno (relieve): o Plano 5-1186670-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5-1155787-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5-11274126-2008 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase II: agropecuarios con limitaciones leves Clase VII: manejo de bosque. o Plano 5- 1155786-2007 Planos: pendientes de 0-2% Escarpados: pendientes +60% Clase VII: manejo de bosque. • Cercanía a fallas geológicas (indicar distancia): Las fallas más cercanas a las propiedades se localizan aproximadamente: - una a 3 km al Este - una a 2,3 km al Sureste - una a 3,9 km al Sur. • El proyecto se encuentra afectado por alguna naciente o pozo, o por su radio de protección: Según la base de datos de la Dirección de Aguas en su visor del SINIGIRH, las siguientes propiedades se encuentran afectadas por pozos y sus respectivos radios de protección: o Plano 11-86670-2007: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. o Plano 5-1274126-2008: dentro de dicha propiedad se localizan dos pozos administrados por acueducto rural. Se modificó del diseño en función de los radios de protección. Es importante aclarar que en las colindancias a esta propiedad la base de datos de la Dirección de Aguas tiene identificados otros pozos, no obstante, ninguno de ellos ni sus respectivos radios de protección afectan a la misma. • Existen cuerpos de agua dentro o en un radio de 50 metros alrededor del área en donde se desarrollará el proyecto: o Plano 5-1186670-2007: esta propiedad es atravesada por la Quebrada Grande, la Quebrada Sardina y por otra quebrada intermitente sin nombre. o Plano 5-1155787-2007: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. Plano 5-1274126-2008: esta propiedad es atravesada por una quebrada intermitente sin nombre. • El proyecto se desarrollará sobre un acuífero (cuál): Acuífero Coco-Panamá- Playa Hermosa. • El proyecto se desarrollará en una zona con vulnerabilidad acuífera (SENARA): No se cuenta con datos de vulnerabilidad para este sector. • El sector donde se desarrollará el proyecto presenta datos de recarga (SENARA): No se cuenta con datos de recarga para este sector. • El proyecto se desarrollará dentro de un corredor biológico: Corredor Biológico Chorotega (ACT). • El proyecto se desarrollará en un área con humedales: Se aclara que las propiedades no se localizan dentro de ningún humedal, no obstante, según la capa del Inventario Nacional de Humedales (SINAC), existen humedales cercanos a sus colindancias, tales como: - Humedal: Manglar Panamá 1, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 241 m al Oeste de la propiedad con plano 5-1186670-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado aproximadamente a 113 m al Noroeste de la propiedad con plano 5-1155787-2007. - Humedal: Manglar Panamá 2, tipo estuarino, clase manglar; ubicado sobre la colindancia Norte de la propiedad con plano 5-1274126-2008. • El proyecto se desarrollará dentro de la Zona Marítimo Terrestre: No aplica porque todas las propiedades donde se pretende desarrollar el proyecto se localizan dentro del Polo Turístico Golfo de Papagayo, administrado por el ICT, regido por la Ley 6758 y la Ley 6370, donde se regula el desarrollo específico para esta zona. SEXTO: Que como parte de la Información para mejor resolver se presentan, por parte del Desarrollador: 1) Declaración de conveniencia nacional, el desarrollo y ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, según Decreto Ejecutivo Nº 33132- MP-T. 2) Oficio N° 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), el cual indica que en el sitio no existe un humedal y lo que existe es una saturación del suelo por el agua que queda acumulada en el sitio. 3) Oficio PGP-575-2020 del ICT, el cual señala que hay alcantarillas obstruidas que han provocado la acumulación de agua pluvial, y por ende se deben hacer obras para un mejoramiento de desagüe de las aguas. Es decir, que NO hay presencia de humedal. 1. De los puntos 2 y 3, concuerdan con el Análisis SIG de esta Secretaría. 4) Documentos de recibido de los Certificados de Origen presentados ante el SINAC-MINAE. 5) Documentos de recibido de los Inventarios Forestales presentados ante el SINAC-MINAE. 6) Documentos de recibido entregados al SINAC-MINAE aclarando que según el análisis espacial y de campo, no hay existencia de bosque en el sitio analizado. Acerca de este último punto en referencia a los expedientes TE-TE01-IF-00137- 2021 plano G-1274126-2008, TE-TE01-IF-00138-2021 plano G-1186670-2007, TE- TE01-IF-00165- 2021 plano G-1155787-2007, TE-TE01-IF-00136-2021 plano G-1155786-2007, se Indica que se han llevado a cabo censo y un estudio detallado técnico, con amplia base estadística que da un nivel de confianza del 100%, obteniendo como conclusión general que las propiedades la cobertura vegetal presente no clasifica como bosque, según los tres criterios establecidos por reglamento de la Ley Forestal 7575 y el Decreto N° 25721. Así mismo, dicha propiedad donde se solicita los permisos está localizada dentro del área del Polo de Desarrollo Turístico Golfo Papagayo impulsado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en el cual según el uso del suelo del área de conformidad con el "Plan Maestro General del Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo” para la empresa concesionaria hace constar que el “uso del suelo permitido y vigente es área hotelera y área de protección flora y fauna - uso de suelo complementario: residencial, condohotel, comercial y parque público” según los oficios PGP-292- 2019, PGP-293-2019, PGP-294-2019 y PGP-295- 2019, PGP-301-2019 y PGP-296-2019 (ITC 2019). Finalmente, es necesario indicar que el “Polo Turístico Golfo Papagayo" bajo administración del Instituto Costarricense de Turismo ubicado en los cantones de Liberia y Carrillo en la Provincia de Guanacaste donde se solicita dicho permiso está declarado como de Conveniencia Nacional, según el decreto N° 33132 de la Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia y Ministro del Turismo desde el año 2005. 7) Se conoce también lo indicado en la Constancia PGP-292-2019, del 5 de abril de 2019, que reza: “La concesionaria deberá de cumplir con las normas técnicas y directrices establecidas por el Plan Maestro General del Proyecto como son: una densidad máxima de veinte habitaciones por hectárea, una cobertura de superficie máxima de un 30%; un altura máxima de edificaciones de 14 metros del nivel del terreno natural, construir una planta de tratamiento de aguas residuales, evitando los vertidos al mar, esteros y quebradas; además el pago de obligaciones y todos los permisos a que obligan las leyes del país”. Es importante aclarar que la Resolución de Viabilidad Ambiental indica que se deberá tramitar previamente el permiso en la Oficina subregional local del MINAE/SINAC (art. 27 de la Ley Forestal), además se previene que debe respetar la Áreas de Protección (art. 33 y 34 Ley Forestal), debiendo incluir en el desarrollo del proyecto buenas prácticas encaminadas a favorecer el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del bosque según sea la categoría que manejo, tomando en cuenta el caso de los componentes del proyecto que se localice en un espacio con cobertura boscosa, según lo establecido en el Plan Maestro Ley N° 6758 del 6 de mayo de 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. SÉTIMO: En relación al tema de Social y participación ciudadana se tiene: De conformidad con el artículo 55 del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, vigente al momento de aprobar el proyecto en referencia, los medios de participación eran: Artículo 55.-Sobre los mecanismos para ser escuchados. De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a ser escuchada por la SETENA, en cualquier etapa del proceso de evaluación y en la fase operativa de las actividades, obras o proyectos. Sus observaciones serán incluidas en el expediente y valoradas en el informe final. 1. Los mecanismos que se establecen en el presente reglamento para recibir o conocer dichas observaciones son los siguientes: 1.1. Los escritos que se presenten en las oficinas de la SETENA. 1.2. Las audiencias privadas con la Comisión Plenaria de la SETENA y con cualquiera de sus departamentos técnicos. 1.3. Las Audiencias Públicas. 2. Las audiencias deberán solicitarse por escrito a la SETENA, señalando dirección postal o número telefónico o de fax, donde se le comunicará la respuesta, incluyendo la hora y el día, en que serán atendidos. Las audiencias se fijarán, de la siguiente manera: 2.1. Dentro del plazo de quince días naturales después de haberse solicitado, en caso de audiencia privada. 2.2. Dentro de los tres meses siguientes, en caso de audiencia pública. En particular, sobre el requerimiento de realizar una Audiencia Pública, se señala lo indicado en el artículo 56 del Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC: “Artículo 56.-Requerimiento de una audiencia. Conforme el artículo 95 de la Ley de Biodiversidad, cuando alguna persona física o jurídica solicite a la SETENA se lleve a cabo audiencia pública de información y análisis para el caso de una determinada actividad, obra o proyecto, la Comisión Plenaria de la SETENA en virtud de la magnitud del potencial impacto ambiental, determinará, previa valoración técnica de las situaciones implicadas en el desarrollo de la misma, la necesidad o no de celebrarla. En caso de decidir no celebrar la audiencia pública solicitada, dicha comisión deberá determinar el mecanismo mediante el cual recibirá las observaciones”. En vista de lo anterior, se indica que durante el proceso de evaluación no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida, la audiencia pública es un mecanismo más de participación ciudadana, pero no el único medio para lograr ese fin, ni es obligatorio para todos los proyectos tipo A como se afirma. La participación ciudadana dentro de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se lleva a cabo por medio de instrumentos de percepción local debidamente regulados y la participación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de Evaluación Ambiental desde antes de su aprobación y en la etapa de seguimiento ambiental de manera que es un proceso dinámico y continuo. En este particular, el mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local, el cual se realizó con base en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo), el cual dice: “Indicar cuál es la percepción, posición, actitudes y preocupaciones de los habitantes del área de influencia social sobre la ejecución del proyecto, obra o actividad, las transformaciones generadas a partir de éste, así como la percepción de potenciales impactos ambientales que podría generar dicha ejecución. Además, identificar las necesidades de información que tiene la población sobre el proyecto, obra o actividad. Identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que se puedan derivar de la ejecución”. Estudio cuantitativo: Realizado mediante una encuesta de percepción local sobre el proyecto, que deberá aplicarse en el AID y el AII definida a una muestra representativa de su población, con un nivel de confianza del 90%. Se aplicará esta encuesta en los proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA contiene poblaciones consideradas como de zona urbana, rural en transición a urbana o bien urbana periférica. Los principales impactos determinados en la encuesta deberán ser analizados en la evaluación de impactos y establecer medidas de mitigación y/o compensación para los mismos” El estudio de percepción cuantitativo está visible en el folio 111 del expediente del Proyecto, cumplió técnica y legalmente y en resumen se realizó de la siguiente forma: • Se realizó un estudio cuantitativo, mediante una encuesta de percepción local en el AID y AII, definiendo una muestra representativa a partir de los datos de la población total del cantón de Carrillo, según del Censo del 2011, ya que es el último Censo que el país realizó y por lo tanto la información oficial, la fórmula utilizada es la siguiente: • La muestra es al azar, población finita, con un margen de error de 0,05 y un intervalo de confianza del 90%. Asumiendo los pesos para las proporciones p y q (sea q = 1- p) en 0.5. y homogeneidad en la población. Como población, se toma el total de personas del cantón, por lo que el tamaño de la muestra es de 67 personas. • Efectivamente, entre los resultados más importantes del estudio de percepción se tuvo que un 88 % de la población indicó no conocer el proyecto. Al consultarle al 12% que sí conocía con anterioridad sobre el proyecto, respecto del medio por el cual se enteraron, indicaron que principalmente fue a través de amigos o familiares (63%). En segundo lugar, señalaron que se enteraron del mismo por medio de la televisión, radio o redes sociales (25%) y en tercer lugar mediante compañeros de construcción (12%). • Al consultarle a la población acerca de su posición ante el proyecto el 94% se manifestó a favor del proyecto, 6% mencionó que el proyecto les era indiferente y ninguna persona se manifestó en contra. Lo cual no parece indicar un alto grado de conflictividad del proyecto. • Los anexos de este estudio incluyen el instrumento aplicado a la población y un afiche informativo que fue colocado en varios lugares de la comunidad de las áreas de influencia. En el expediente se encuentra el Afiche informativo para la difusión del proyecto anteriormente mencionado y un Registro fotográfico de algunos puntos utilizados para la difusión del proyecto, además de los resultados del análisis de la percepción local. Dicho expediente se encuentra visible para consulta pública a través del enlace: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9 maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw== • Una vez analizado este Estudio de percepción en la comunidad, la SETENA mediante resolución 1263-2021-SETENA, solicita un anexo único con información adicional, específicamente sobre el apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO donde se requirió lo siguiente: Punto 14: “Servicios básicos disponibles: En las páginas 76 y 77 del EsIA presentado, se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)” Punto 20: “Para el apartado de la Percepción de la población se indica que existe un desconocimiento del proyecto es del 88%; por lo cual se refleja las necesidades de la falta de información en relación al proyecto; por tal razón deberá de realizarse los procedimientos adecuados de difusión social; a partir de los cuales se logre identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. Por tanto, se deberán de aportarse las medidas ambientales para mitigar la percepción del (desconocimiento del proyecto). Tal como lo establece el DE-32966-MINAE. Adicionalmente se debe de considerar los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios básicos disponibles. Establecer recomendaciones, medidas de mitigación y/o compensación para los mismos, los cuales deben ser incorporados en el Cuadro PGA. Tal como lo establece el DE-32966- MINAE” Como respuesta a dicha resolución, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto, en ese oficio se indicó lo siguiente: “En relación con el proyecto “Bahía Papagayo”, respecto a los servicios básicos disponibles se indica en las páginas 76 y 77 del EsIA presentado: se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)”. Con relación a las inquietudes expresadas por las localidades vecina al proyecto, se debe de apuntar que en la mayoría de los proyectos desarrollados dentro del Guanacaste las poblaciones expresan la misma preocupación, aun cuando el desarrollo posea medios o abastecimientos adecuados por las distintas entidades encargadas de brindar el servicio. Con relación al desarrollo del proyecto “Bahía Papagayo” como se aportó en la entrega del estudio, según los oficios SIGDD-2019-00040487-1-1-1, SIGDD-2019-00040488-1-1-1, SIGDD-2019-00040489-1-1-1 y SIGDD-2019-00040509-1-1-1 extendidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) consigna que “Si Hay Disponibilidad de Agua Potable al Frente de las Propiedades” que conforman el proyecto. De la misma forma, dentro del área del proyecto hay ya existe infraestructura instalada por la misma entidad. Sin embargo, entre las medidas a implementar para subsanar las inquietudes se la población y vinculado a un tema de información, se propone las siguientes medidas: • Se recurrirá a medios de comunicación locales de alcance masivo como radio, televisión • Publicaciones en páginas web y redes sociales. • Así como la realización de talleres participativas con actores claves de área de influencia y comunidad en general • Y mantener disponible la línea telefónica y correo electrónica durante el periodo de ejecución del proyecto como medio de información personal”. Con esta respuesta, es claro que el desarrollador adquirió el compromiso de ampliar y mantener los mecanismos de participación e información ciudadana, durante la etapa de gestión del proyecto, dicho compromiso quedó sujeto a la verificación y seguimiento por parte del Departamento de auditoría y seguimiento ambiental de la SETENA. Si bien es cierto en el Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, se señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo” que hubiese aportado mayores posibilidades de participación, este no fue realizado, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID. Esto amparado en que no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Sobre esto la normativa citada dice: “Proceso participativo interactivo: El equipo consultor realizará un proceso participativo interactivo en los proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA definida cuenta con población indígena o bien en proyectos que tengan probabilidad de generar un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID (el nivel de conflicto se puede prever ya sea por conocimiento histórico o manifestaciones directas). Para la ejecución de este proceso, el EQUIPO CONSULTOR deberá organizar un programa participativo de reuniones y actividades con miembros de las comunidades. Se les presentará el proyecto y se analizarán los alcances y las posibles afectaciones. Como parte de este proceso de interacción, el equipo incluirá en el análisis de impactos, los temas o puntos específicos que las comunidades consideren relevantes con relación al proyecto. El equipo consultor levantará un registro o memoria sistematización, de todas estas reuniones y actividades, mismo que se presentará como parte de la EIA”. Es cierto el alegato de que el estudio de percepción se aplicó sin realizar un proceso de difusión previo, sin embargo, la normativa no lo exigía así, por lo cual, como funcionarios públicos regidos por el principio de legalidad, no se podría haber exigido algo que no estaba normado. Sobre el alegato de la no realización de un análisis de riesgos o impactos sociales, esto si fue contemplado por el equipo consultor que realizó el EsIA, y puede ser consultado en las páginas 104 a 158, donde se identifican: factores sociales que pueden ser impactados, la valoración de los impactos y las respectivas medidas de mitigación que el equipo consultor determinó. Conclusiones 1. No se valoró la posibilidad de realizar una audiencia pública, primero porque ésta es facultativa según las solicitudes o requerimiento técnico. Durante el proceso de evaluación ambiental la SETENA no detectó un alto nivel de conflictividad social en torno al proyecto según los estudios aportados, y segundo, no fue solicitada por ninguna de las partes interesadas en torno al proyecto, ni la audiencia pública es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A. 2. El mecanismo de participación aplicado fue el Estudio de percepción social cuantitativo, este fue realizado cumpliendo con la normativa vigente. 3. No se consideró la realización de otros mecanismos de participación como el llamado “Proceso participativo interactivo” que hubiese aportado mayores posibilidades de participación, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID. 4. Es cierto el alegato de que el estudio de percepción se aplicó sin realizar un proceso de difusión previo, sin embargo, la normativa no lo exigía así, por lo cual, como funcionarios públicos regidos por el principio de legalidad, no se podría haber exigido algo que no estaba normado. 5. La posibilidad de participación nunca ha estado limitada, la SETENA mantiene abiertos los canales de comunicación con el espíritu poder recibir y analizar argumentos de los grupos y comunidades que se han expresado a favor o en contra del proyecto, esto siempre está abierto desde el momento que se publica en un medio de circulación nacional la información del EsIA, como lo fue realizado para este caso en el periódico La Teja el día martes 8 de junio de 2021 y que consta además en el folio 146 del expediente del Proyecto (se adjunta imagen), sin embargo ningún actor manifestó ante la SETENA voluntad de recibir mayor información del proyecto u oponerse a este. 6. Finalmente, es relevante recalcar que los canales de comunicación y participación social del proyecto, en cualquier etapa del proceso de la evaluación ambiental, están abiertos, incluyendo la etapa constructiva y operativa del mismo, lo cual implica que no existe actualmente una limitación en cuanto a la participación ciudadana, también el desarrollador adquirió compromisos ambientales para subsanar las inquietudes de la población y vinculado a un tema de información, los cuales son: • Recurrir a medios de comunicación locales de alcance masivo como radio, televisión. • Publicaciones en páginas web y redes sociales. • Realizar de talleres participativas con actores claves de área de influencia y comunidad en general. • Y mantener disponible la línea telefónica y correo electrónico durante el periodo de ejecución del proyecto como medio de información personal.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. - Manifiesta el recurrente que ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente No. D1-0170-2021-SETENA proyecto denominado "Bahía Papagayo", el cual, se clasificó como categoría A, sea que tiene un impacto ambiental alto conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento No. 31849-MINAE. Cuestiona que pese a la clasificación asignada al proyecto y que éste se llevaría a cabo en bienes de dominio público, no se llevó a cabo ninguna audiencia pública, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere que, únicamente se aplicó una encuesta aleatoria a personas residentes en el área de influencia y no se documentó ningún otro mecanismo para la consulta abierta, ni procesos deliberativos con la comunidad, respecto del desarrollo del citado proyecto. Solicita la intervención de la Sala.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)    El 07 de abril del 2021, SETENA recibió el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Papagayo, el cual, se tramita bajo el expediente No. D1-0170-2021-SETENA. (ver informe rendido y prueba aportada).

b)   El 06 de mayo de 2021 la autoridad recurrida notificó al desarrollador del proyecto, la resolución N° 0677-2021- SETENA, en el cual se solicitó que en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de dicha resolución, se presentara un Estudio de Impacto Ambiental bajo los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), toda vez que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510 y en consecuencia, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso. (ver informe rendido y prueba aportada).

c)    El 08 de junio de 2021 la SETENA publicó en un medio de circulación nacional, específicamente en el periódico La Teja, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Papagayo para lo que correspondiera. (ver informe rendido y prueba aportada).

d)   El 14 de julio de 2021, SETENA realizó inspección de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora; siendo que, los hallazgos encontrados quedaron consignados en el Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021. (ver informe rendido y prueba aportada).

e)    Que según informa SETENA, durante el proceso de evaluación no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. (ver informe rendido y prueba aportada).

f)     Que el mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local, el cual se realizó con base en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo); mecanismo que, no exigía difusión previa. (ver informe rendido y prueba aportada).

g)   Que una vez analizado el Estudio de percepción en la comunidad, la SETENA mediante resolución 1263-2021-SETENA, solicitó al desarrollador un anexo único con información adicional, específicamente sobre el apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO donde se requirió lo siguiente: “Punto 14: “Servicios básicos disponibles: En las páginas 76 y 77 del EsIA presentado, se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)” Punto 20: “Para el apartado de la Percepción de la población se indica que existe un desconocimiento del proyecto es del 88%; por lo cual se refleja las necesidades de la falta de información en relación al proyecto; por tal razón deberá de realizarse los procedimientos adecuados de difusión social; a partir de los cuales se logre identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. Por tanto, se deberán de aportarse las medidas ambientales para mitigar la percepción del (desconocimiento del proyecto). Tal como lo establece el DE-32966-MINAE. Adicionalmente se debe de considerar los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios básicos disponibles. Establecer recomendaciones, medidas de mitigación y/o compensación para los mismos, los cuales deben ser incorporados en el Cuadro PGA. Tal como lo establece el DE-32966- MINAE”. (ver informe rendido y prueba aportada).

h)   En fecha indeterminada, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto. (ver informe rendido y prueba aportada).

i)     Que según informa SETENA, el Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo”; sin embargo, este no fue realizado, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID, no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. (ver informe rendido y prueba aportada).

j)     Que según informa la autoridad recurrida, la participación ciudadana dentro de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se lleva a cabo por medio de instrumentos de percepción local debidamente regulados y la participación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de Evaluación Ambiental, incluyendo la etapa constructiva y operativa, lo cual implica que no existe actualmente una limitación en cuanto a la participación ciudadana. (ver informe rendido y prueba aportada).

III.- ANTECEDENTE DE INTERÉS. - Esta Sala mediante sentencia N° 2025007718 de las 09:20 horas del 14 de marzo de 2025, conoció un reclamo similar al aquí expuesto, resolviendo en lo que interesa:

 “V.- Finalmente, el recurrente aduce que las autoridades recurridas violentaron el principio de participación ciudadana, al no comunicar a los vecinos y posibles afectados sobre el proyecto en cuestión. Ahora bien, sobre dicho punto, las autoridades de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental informan que como parte del EsIA se realizó un análisis de la percepción local de algunos líderes comunales de comunidades aledañas como Río Jesús de San Ramón y La Angostura de San Ramón, la comunidad de Guadalupe de Esparza se ubica aproximadamente a 2km de distancia en línea recta al AP del proyecto, y tanto La Angostura como Dulce Nombre a más de 3.5km de distancia; sin embargo, no serán afectados directamente por el transporte y actividades de la operación del proyecto, ya que las rutas o carreteras que atraviesan estos poblados no será utilizadas por el proyecto. Sin embargo, es preciso indicar que este Tribunal, estimó en la sentencia No. 6773-2014 de las 11:41 horas de 16 de mayo de 2014 -criterio que ha sido reiterado en las sentencias número 2022-25374 de las 9:20 horas de 28 de octubre de 2022, 2024-33132 de las 9:20 horas de 8 de noviembre de 2024, entre otras-, que la sede natural para vigilar el cumplimiento del principio de participación ciudadana es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. En la referida resolución, se consideró lo siguiente:

“IV.- BAJO UNA MEJOR PONDERACIÓN. DISCUSIÓN DE LEGALIDAD.  Al modificar el artículo 9 de la Constitución Política, el órgano constituyente reformador quiso dar positividad al Principio de Participación y así acercar a los administrados al proceso de toma de decisiones estatales, como parte de lo que la doctrina llama “mecanismos de corrección” de la democracia representativa. Así, el Constituyente reformador dejó los medios, alcance y oportunidad de la participación ciudadana a la normativa infra-constitucional, salvo en casos excepcionales. En ese sentido, la sede natural para vigilar su cumplimiento, es la justicia ordinaria y no la jurisdicción constitucional. Por esa razón, son ajenas y lejanas a la competencia de este Tribunal, las cuestiones que se plantean en el caso concreto, a saber, el mecanismo alternativo ordenado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental –a raíz de la violencia y la situación de intimidación generada en las audiencias de 9 de noviembre de 2013 y 25 de enero de 2014–   a fin de garantizar la fase de comentarios de los interesados y réplicas del desarrollador en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto de una nueva Terminal de Contenedores en Moín, a nombre de APM Terminals Moín S.A En el caso específico, precisamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ambiente, no define si esa participación es a viva voz, por escrito o de qué manera se satisface la exigencia de la participación, lo cual requiere ser analizado en un proceso que permita la amplitud de prueba y contradictorio que, desde nuestro punto de vista, no encuadra en el amparo como proceso rápido, sencillo, sumario y especial de protección de derechos humanos fundamentales. Le corresponde entonces, al control de legalidad y no a este Tribunal Constitucional, determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas), por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se ajustan o no, al ordenamiento jurídico infra constitucional. Por las razones indicadas, estimamos que el tema planteado está lejos de las competencias específicas, que la Sala Constitucional está llamada a proteger, sin que ello signifique que no merezca análisis en la jurisdicción ordinaria o de mera legalidad contenciosa administrativa, conforme al artículo 49 constitucional. (…)”

 

A partir de lo expuesto, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, así como tampoco le compete a esta Sala verificar cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana. De este modo y, conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si las actuaciones y conductas administrativas desplegadas (activas u omisas) por la SETENA en el caso concreto se ajustan o no al ordenamiento jurídico infra constitucional, todo lo cual, deberá ser cuestionado por los recurrentes en las vías de legalidad ordinaria respectivas.”

 

IV.- SOBRE EL FONDO. - Manifiesta el recurrente que ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se tramita el expediente No. D1-0170-2021-SETENA proyecto denominado "Bahía Papagayo", el cual, se clasificó como categoría A, sea que tiene un impacto ambiental alto conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento No. 31849-MINAE. Cuestiona que pese a la clasificación asignada al proyecto y que éste se llevaría a cabo en bienes de dominio público, no se llevó a cabo ninguna audiencia pública, previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental. Refiere que, únicamente se aplicó una encuesta aleatoria a personas residentes en el área de influencia y no se documentó ningún otro mecanismo para la consulta abierta, ni procesos deliberativos con la comunidad, respecto del desarrollo del citado proyecto. Solicita la intervención de la Sala.

Al respecto, de conformidad con los informes que se consideran dados bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se tiene por demostrado que, el 07 de abril del 2021, SETENA recibió el Documento de Evaluación Ambiental Inicial del Proyecto: Proyecto Bahía Papagayo, el cual, se tramita bajo el expediente No. D1-0170-2021-SETENA. Asimismo, se tiene que, el 06 de mayo de 2021 la autoridad recurrida notificó al desarrollador del proyecto, la resolución N° 0677-2021- SETENA, en el cual se solicitó que en el plazo de un año, contados a partir de la notificación de dicha resolución, se presentara un Estudio de Impacto Ambiental bajo los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), toda vez que, de conformidad con el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, este proyecto se clasifica con un Impacto Ambiental Potencial (IAP) de Categoría A, clasificada como CIIU 5510 y en consecuencia, se exigió el instrumento de Evaluación más riguroso. De igual forma, se tiene que, el 08 de junio de 2021 la SETENA publicó en un medio de circulación nacional, específicamente en el periódico La Teja, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Papagayo para lo que correspondiera. Continuando con la tramitación del asunto, se tiene que el 14 de julio de 2021, SETENA realizó inspección de campo al área del proyecto en compañía de representantes de la empresa consultora y desarrolladora; siendo que, los hallazgos encontrados quedaron consignados en el Acta de Inspección DEA-ACT INS-017- 2021. Ahora bien, respecto al reclamo del recurrente, se tiene que, según informa SETENA, durante el proceso de evaluación no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. En ese sentido, se comprueba que, el mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental fue el estudio de percepción local, el cual se realizó con base en la normativa establecida en el decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, apartado 9.7 Percepción local sobre el Proyecto y sus posibles impactos, (Estudio cualitativo); mecanismo que, no exigía difusión previa. Por lo anterior, se tiene que,  una vez analizado el Estudio de percepción en la comunidad, la SETENA mediante resolución 1263-2021-SETENA, solicitó al desarrollador un anexo único con información adicional, específicamente sobre el apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO donde se requirió lo siguiente: “Punto 14: “Servicios básicos disponibles: En las páginas 76 y 77 del EsIA presentado, se realizan una serie de observaciones en cuanto a la inquietud de las localidades vecinas; en lo que se refiere al abastecimiento del agua potable; en el texto además se indican una serie de recomendaciones al tema del agua potable y a la preocupación de todo lo relacionado con este servicio. Por tanto, se deberán de incluir las respectivas medidas a implementar, como respuesta a las inquietudes de los vecinos del área de influencia del proyecto (comunidades aledañas al proyecto)” Punto 20: “Para el apartado de la Percepción de la población se indica que existe un desconocimiento del proyecto es del 88%; por lo cual se refleja las necesidades de la falta de información en relación al proyecto; por tal razón deberá de realizarse los procedimientos adecuados de difusión social; a partir de los cuales se logre identificar y caracterizar los posibles conflictos sociales que puedan derivarse de la ejecución del proyecto. Por tanto, se deberán de aportarse las medidas ambientales para mitigar la percepción del (desconocimiento del proyecto). Tal como lo establece el DE-32966-MINAE. Adicionalmente se debe de considerar los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad sobre los servicios básicos disponibles. Establecer recomendaciones, medidas de mitigación y/o compensación para los mismos, los cuales deben ser incorporados en el Cuadro PGA. Tal como lo establece el DE-32966- MINAE”, por lo que, en fecha indeterminada, el desarrollador adjuntó un oficio firmado por la profesional en ciencias sociales responsable de la realización del apartado del EsIA llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, en la cual se declara que no existen potenciales impactos a los servicios y adquiere compromisos en torno la participación y divulgación de información del proyecto. Por otra parte, se tiene que, según informa SETENA, el Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), apartado 9 llamado DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO, señala otro mecanismo de participación llamado “Proceso participativo interactivo”; sin embargo, este no fue realizado, ya que no se identificó un alto nivel de conflicto social en los grupos o comunidades del AID, no se recibieron notas de oposición o apersonamiento al proyecto, y la mayoría de la población consultada en el estudio de percepción dijo estar de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Finalmente, se tiene que, según informa la autoridad recurrida, la participación ciudadana dentro de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se lleva a cabo por medio de instrumentos de percepción local debidamente regulados y la participación se puede llevar a cabo durante todo el proceso de Evaluación Ambiental, incluyendo la etapa constructiva y operativa, lo cual implica que no existe actualmente una limitación en cuanto a la participación ciudadana.

Teniendo claro lo anterior, se determina que lo expuesto por el recurrente es una inconformidad con el mecanismo utilizado por el desarrollador del proyecto para el otorgamiento de la viabilidad ambiental y la decisión de SETENA de aprobar la misma. En ese sentido, véase que según se tiene por demostrado, la autoridad recurrida publicó en un medio de circulación nacional, la información del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Bahía Papagayo para lo que correspondiera, siendo que, no se recibió ningún apersonamiento u oposición al proyecto previo al otorgamiento de la viabilidad ambiental y tampoco una solicitud para realizar alguna audiencia pública por parte de un tercero, de acuerdo con la normativa establecida. Aunado a lo anterior, según se informa bajo juramento, la audiencia pública no es obligatoria para todos los proyectos clasificados tipo A, pues su realización depende de las solicitudes que reciban para tales efectos o bien por requerimiento técnico, supuestos que no acontecieron en el proyecto en cuestión, de ahí que, se utilizara como mecanismo de participación ciudadana aplicado en el proceso de evaluación ambiental, el estudio de percepción local el cual no requería difusión previa y cual, también se encontraba regulado como un procedimiento válido dentro de la normativa para tales efectos.

Así las cosas y conforme con el precedente de cita, no le corresponde a este Tribunal determinar, tal y como lo pretende el recurrente, si en el caso particular debió realizarse algún tipo de consulta sobre el proyecto en cuestión, o bien, establecer cuál es el mecanismo que deben utilizar las autoridades recurridas, para garantizar de forma óptima la participación ciudadana, toda vez que, se trata de supuestos de legalidad ordinaria que deben ser planteados ante la autoridad recurrida o bien, ante la sede judicial competente y no ante esta sede constitucional. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se hace.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 WWIGY3EEUZG61

EXPEDIENTE N° 25-012448-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:16:30.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 16284 - 2025**

**Resolution Date:** May 30, 2025, at 09:20

**Expediente:** 25-012448-0007-CO

**Drafted by:** Ingrid Hess Herrera

**Type of matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER


**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**


**Text of the resolution**



Exp: 25-012448-0007-CO

Res. No. 2025016284

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five.

 

Amparo appeal processed in expediente No. 25-012448-0007-CO, filed by Nombre01, passport Identificacion01, on behalf of the ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA, against the MINISTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA.

**Whereas:**

 1.- Through a document incorporated into the Online Management System of this Office on May 5, 2025, the appellant files an amparo appeal against the Ministerio de Ambiente y Energía. He states that expediente No. D1-0170-2021-SETENA is being processed before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, through which the project called "Bahía Papagayo" is being processed to understand and resolve its environmental viability (viabilidad ambiental), a project to be developed in Playa Panamá, cantón of Carrillo, province of Guanacaste, on State territory under state concession pursuant to Law No. 6728, which regulates the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. He mentions that on April 7, 2021, the D1 Environmental Assessment document was registered, and by resolution No. 0591-2022-SETENA, the environmental viability (viabilidad ambiental) of the aforementioned project was granted. He points out that the "Bahía Papagayo" project was classified as category A, meaning it has a high environmental impact according to the provisions of Article 9 of Regulation No. 31849-MINAE. He indicates that despite the classification assigned to the project and the fact that it would be carried out on public domain property, no public hearing was held prior to the granting of the environmental viability (viabilidad ambiental). He states that in the procedure, the company did not present a "Social Study," but instead applied a random survey to residents in the area of influence, and its result established that 88% of the people surveyed were unaware of the project's existence. He emphasizes that no other mechanism for open consultation, nor deliberative processes with the community, was documented regarding the development of the aforementioned project. He states that the study was limited to compiling secondary information from public sources and reports of results from the applied survey, without developing substantive participation mechanisms or dialogue with the social actors in the area. He highlights that no social conflict analysis was conducted, nor were relevant community actors, social mitigation or compensation measures, or technical evaluations of the project's feasibility identified. He claims that the manner in which the survey was conducted limits the right to citizen participation in environmental decision-making, in accordance with the national legality framework and international law. Such a situation is not only an irregularity in the procedure, but also an injury to the rights of citizens in environmental processes, by preventing possibly affected persons from being informed and consulted in a timely and effective manner about the significant impact on the environment. He relates that the State must guarantee the protection of nature and the environment, as well as facilitate mechanisms for their participation and defense of their rights, allowing communities to be informed, deliberate, and express their positions on projects that may somehow alter their habitat and the environment. He comments that by conducting a simple survey in place of a public hearing, the form, content, and standards for the exercise of the right to participation in environmental matters are not met. On the other hand, the survey in question was applied without guaranteeing a prior project dissemination process, without understandable technical information, and without deliberative mechanisms; furthermore, the survey result itself demonstrates that the community does not have the proper information about the project to even be able to express an opinion on its scope. Additionally, the remaining 12% of respondents obtained information about the project from family or friends, not from an official or institutional mechanism; no methodology allowing deliberative participation was used. He adds that the approval of viability without the analysis of differentiated social risks and impacts prevents the identification of impacts on access to and use of public coastal space; the risks of gentrification or economic displacement of the local population due to rising land values; the effect of increased demand for water and public services on surrounding communities; and specific prevention, mitigation, or social compensation mechanisms. He emphasizes that the Environmental Impact Study was approached as if it were accessory, superficial, and functional, without complying with the legal provisions established in our legal system on the matter; as well as international regulations. He states that the omission of a comprehensive social evaluation and the substitution of citizen participation with a non-deliberative survey, permitted and endorsed by SETENA for a project that introduces a substantial transformation in the surrounding ecosystems, constitutes a substantive transgression of the right to the environment, particularly because the project in question involves tourism development in areas of high ecological and social fragility. He considers that the facts presented violate his fundamental rights.

2.- Through documents incorporated into the electronic expediente on May 14 and 21, 2025, Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, and Andrés Cortez Orozco, Acting Secretario General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, report in the following terms: FIRST: On April 7, 2021, the Initial Environmental Assessment Document for the Project: Proyecto Bahía Papagayo, submitted by ENJOY HOTELS & RESORTS S.A., with legal identification number CED01, represented by Mr. Andrés Pacheco Albónico, with identity card CED02, expediente D1-0170-2021-SETENA, was received at this Secretariat under the instrument of Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA). SECOND: On May 6, 2021, Resolution No. 0677-2021-SETENA, dated May 5, 2021, was notified. In order to continue with the environmental assessment (evaluación ambiental) process, the developer is requested, within one year from the notification of this resolution, to submit an Environmental Impact Study (original, three copies, and one digital copy). The terms of reference for the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). This is because, regarding the weighting criteria, the final score of the SIA established a value of 117 points; therefore, according to the SETENA Environmental Impact Assessment procedure, based on the decision path, the activity required the submission of a Sworn Declaration of Environmental Commitments as an environmental assessment (evaluación ambiental) instrument. However, according to Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and considering that: Due to the nature of the project, the magnitude of the volume of earth to be removed, the necessary protection of the flora and fauna of the AP, the extent of the construction area, the public services present in the area and their possible affectation, because the social component must be taken into account, and because the size of the project area and the areas of influence require the project's development to be analyzed by an instrument that provides an intensive and comprehensive diagnosis leading to compliance with the characteristics of sustainable development, SETENA required the most rigorous assessment instrument. THIRD: The characteristics of the presented project are: Expediente number: D1-0170-2021-SETENA Expediente name: Proyecto Bahía Papagayo Location: Province: Guanacaste Cantón: Carrillo District: Sardinal Cadastral Plan Number: G-1155786-2007, G-1155787-2007, G1186670-2007, and G-1274126-2008 Property Number: 2172-Z—000, 2169-Z—000, 2168-Z—000, and 2174-Z--000 Property measurement according to plan (m2): 204165.91; 124827.92; 436563.63; 309064.25 Project area according to design: 1,176,420.79 m2 ISIC Classification and Project Category: 5510 and A SIA Score: 117 Project Developer: Company name: ENJOY HOTELS & RESORTS S.A. Legal identification number: CED01 Represented by: Andrés Pacheco Albónico, identity card: CED02. The project would be executed in accordance with the special regulations established by Law 6758 of 06/04/1982 that Regulates the Execution of the Proyecto Turístico de Papagayo. Project Description: According to the descriptions provided by the developer, the following works would be carried out: The Bahía Papagayo project consists of a residential tourism complex, promoting the development of residences and hotels with access to all basic and recreational services through the commercialization of housing units, residential lots, hotel and condohotel components, mixed residential-commercial use, and offices. The Hotel and Condhotel component will be developed with a capacity to accommodate more than 240 guests and may have rooms equipped with a kitchen, private bathroom, and terrace, as well as the hotel lobby, swimming pools, spa, gym, restaurants, bar, bathrooms and dressing rooms, shops, event hall, wellness center, sales rooms, administrative offices, workshop, kitchen and laundry, employee accommodation, and all the necessary road infrastructure for access and circulation to the facilities, parking lots, sidewalks, trails, and treatment plant. The project will also consist of housing units with parking for one or two cars, and common areas consisting of hallways, rooftops, green areas and playgrounds, a ranch-style structure with swimming pools, courts and multipurpose halls, gym, access lobby, as well as road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking and sidewalks. For their part, the Residential Lots will be areas for the future development of residences that may have a patio, garages for several vehicles, swimming pool, terraces, and rooftops. The project will provide vehicular and pedestrian access, as well as basic service infrastructure for future residents, in addition to green areas, playgrounds, and trails. The Club House for the residential lots or housing units will feature an administrative area, event hall, restaurant, bathrooms, social area, game room, swimming pool, gym, tennis courts, and multipurpose courts. It also has green areas in which "ranchos" with electricity, walking trails, playgrounds, and car parking are offered. A Country Club will be established, featuring event halls, an administrative area, a restaurant, bathrooms, a social area, a game room, a swimming pool, and a gym, both with showers and dressing rooms, plus a jacuzzi and saunas. It also has green areas offering tennis courts, multipurpose courts, 5-a-side football pitches, mini-golf, "ranchos" with electricity, walking and biking trails, plus playgrounds and road infrastructure for access and circulation to the facilities, visitor parking, and sidewalks. The development of the commercial area and offices will be an area for the construction of commercial premises as well as offices for subsequent sale or lease. The office spaces will have co-working areas with meeting rooms, cafeterias, libraries, and reading rooms. The commercial area may include supermarkets, mini-markets, commercial kiosks, a pharmacy and medical clinic, restaurants, an open-air cinema, a market or fairground, which would be an area intended to promote commerce and entrepreneurship, with the sale of local products and a vegetable garden with a green market. The mixed-use will be a site for the development of different social and cultural activities by the residents of the site and surrounding areas, such as research centers, a museum, a school, a daycare center, a chapel, a roundabout, a sports plaza, and meeting centers. Among the other components and amenities that will be part of the project are: camping areas, natural walking trails and biking trails, viewpoints and natural stops for observation and meditation decks, open ecological parks with picnic stations, lakes, reserve and conservation areas, a bird forest with fruit trees, hanging bridges, public parking lots and parking, a main avenue with tree-lined streets in addition to pedestrian sidewalks and bridges over the creeks to internally connect the project. The project will have LED lights; buildings will be designed to provide and maximize the use of natural light while preventing solar heat gain. High-efficiency air conditioning systems that improve indoor air quality and have greater energy efficiency will be used. There will be a stormwater management plan, to be implemented during construction, that will reduce pollution by controlling soil erosion and the sedimentation of watercourses. Treatment plants and greywater will be used for irrigation to mitigate the use of potable water for irrigation. All social and common areas have accessibility in accordance with the provisions of Law 7600. FOURTH: On July 14, 2021, this Secretariat conducted a field inspection of the project area accompanied by representatives of the consulting and developing company. From the observations of Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021, the following is obtained: • Topography between flat and gentle near the creeks and steep and very steep in the rest of the properties; there are no slopes in the AP. • Slopes in the AP: The gradient is towards the creeks; stormwater management must be provided based on earthworks (movimiento de tierras). • Surface runoff flows to the creeks and then to the mangrove. • There is no evidence of landslides. • Possible surface water bodies at the time of the visit are in the transition season with creeks without flow, registered in the SNIT-SINIGIRH. Address01 319951-1171787 and sardina discharging towards mangrove. Creek Pt.33 Quebrada Estero Panamá 318547-1170615 possible work in the watercourse, AyA Wells. • There is no evidence of flooding in the AP or on adjacent properties. • Observed cover is riparian vegetation, charral-Tacotal, Forest Cover (Cobertura Forestal). • There are no indicator characteristics of a Wetland. • Observed fauna: birds, mammals, and reptiles. • Social component is a rural area, with social infrastructure, public and private asphalt and ballast accesses. Moderate traffic with road signage. • Immediate adjacencies to the AP: North sector: Private and public road, South: Reserva Forestal, East: Agricultural-Forest use, West: Forested area. • No works have started, and numbered trees from the forest inventory are observed. The Photographic Record of the visit is included. FIFTH: From the analysis of the Georeferencing carried out by the Geography Unit of the Departamento de Evaluación Ambiental, the following is extracted: • SNIT and FONAFIFO cover present within the AP: o FONAFIFO 2005 ▪ 5-1155786-2007: Forestal and Non-Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Forestal and Non-Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Forestal, Non-Forestal, Bosque Sec. ▪ 5-1274126-2008: Forestal, Non-Forestal, Plant. Forest. o FONAFIFO 2013 ▪ 5-1155786-2007: Bosque Deciduo, Bosque Secundario, Non-Forestal. ▪ 5-1155787-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, Non-Forestal. ▪ 5-1186670-2007: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, Non-Forestal, Pastos. ▪ 5-1274126-2008: Bosque Deciduo, Bosque Maduro, Bosque Secundario, Non-Forestal. • Terrain characteristics (relief): o Plan 5-1186670-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Escarpments: slopes +60% Class VII: forest management. o Plan 5-1155787-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Escarpments: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management. o Plan 5-11274126-2008 Flat areas: slopes of 0-2% Escarpments: slopes +60% Class II: agricultural with slight limitations Class VII: forest management. o Plan 5-1155786-2007 Flat areas: slopes of 0-2% Escarpments: slopes +60% Class VII: forest management. • Proximity to geological faults (indicate distance): The closest faults to the properties are located approximately: - one at 3 km to the East - one at 2.3 km to the Southeast - one at 3.9 km to the South. • Is the project affected by any spring (naciente) or well, or by its protection radius: According to the database of the Dirección de Aguas in its SINIGIRH viewer, the following properties are affected by wells and their respective protection radii: o Plan 11-86670-2007: two wells administered by rural aqueduct are located within said property. o Plan 5-1274126-2008: two wells administered by rural aqueduct are located within said property. The design was modified based on the protection radii. It is important to clarify that on the adjacencies to this property, the Dirección de Aguas database has identified other wells; however, none of them nor their respective protection radii affect it. • Are there water bodies within or within a 50-meter radius around the area where the project will be developed: o Plan 5-1186670-2007: this property is crossed by the Quebrada Grande, the Quebrada Sardina, and another unnamed intermittent creek. o Plan 5-1155787-2007: this property is crossed by an unnamed intermittent creek. Plan 5-1274126-2008: this property is crossed by an unnamed intermittent creek. • The project will be developed on an aquifer (which one): Acuífero Coco-Panamá-Playa Hermosa. • The project will be developed in an area with aquifer vulnerability (SENARA): No vulnerability data is available for this sector. • The sector where the project will be developed has recharge data (SENARA): No recharge data is available for this sector. • The project will be developed within a biological corridor: Corredor Biológico Chorotega (ACT). • The project will be developed in an area with wetlands: It is clarified that the properties are not located within any wetland; however, according to the National Wetland Inventory (SINAC) layer, there are wetlands close to its boundaries, such as: - Wetland: Manglar Panamá 1, estuarine type, mangrove class; located approximately 241 m West of the property with plan 5-1186670-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located approximately 113 m Northwest of the property with plan 5-1155787-2007. - Wetland: Manglar Panamá 2, estuarine type, mangrove class; located on the North boundary of the property with plan 5-1274126-2008. • The project will be developed within the Zona Marítimo Terrestre: Not applicable because all the properties where the project intends to be developed are located within the Polo Turístico Golfo de Papagayo, administered by the ICT, governed by Law 6758 and Law 6370, where specific development for this area is regulated. SIXTH: As part of the Information for Better Resolution, the following was presented by the Developer: 1) Declaration of national convenience, the development and execution of the Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, according to Decreto Ejecutivo No. 33132-MP-T. 2) Official letter No. 06458-2020-DHR (Defensoría de los Habitantes), which indicates that there is no wetland on the site and what exists is soil saturation due to water accumulating on the site. 3) Official letter PGP-575-2020 from the ICT, which points out that there are obstructed culverts that have caused the accumulation of pluvial water, and therefore works must be done for better water drainage. That is, there is NO presence of a wetland. 1. Points 2 and 3 agree with the GIS Analysis of this Secretariat. 4) Receipt documents for the Certificates of Origin filed before the SINAC-MINAE. 5) Receipt documents for the Forest Inventories filed before the SINAC-MINAE. 6) Receipt documents delivered to the SINAC-MINAE clarifying that according to spatial and field analysis, there is no existence of forest on the analyzed site. Regarding this last point in reference to expedientes TE-TE01-IF-00137-2021 plan G-1274126-2008, TE-TE01-IF-00138-2021 plan G-1186670-2007, TE-TE01-IF-00165-2021 plan G-1155787-2007, TE-TE01-IF-00136-2021 plan G-1155786-2007, it is indicated that a census and a detailed technical study have been carried out, with a broad statistical base providing a 100% confidence level, obtaining the general conclusion that the vegetation cover present on the properties does not classify as forest, according to the three criteria established by the regulation of Ley Forestal 7575 and Decreto No. 25721. Likewise, this property for which permits are requested is located within the area of the Polo de Desarrollo Turístico Golfo Papagayo promoted by the Instituto Costarricense de Turismo (ICT), in which, according to the land use of the area in accordance with the "Plan Maestro General del Proyecto Polo Turístico Golfo Papagayo," the concessionary company attests that the "permitted and current land use is hotel area and flora and fauna protection area - complementary land use: residential, condohotel, commercial, and public park" according to official letters PGP-292-2019, PGP-293-2019, PGP-294-2019, and PGP-295-2019, PGP-301-2019, and PGP-296-2019 (ITC 2019). Finally, it is necessary to indicate that the "Polo Turístico Golfo Papagayo" under the administration of the Instituto Costarricense de Turismo, located in the cantons of Liberia and Carrillo in the Province of Guanacaste where said permit is requested, is declared of National Convenience (Conveniencia Nacional), according to decree No. 33132 of the Presidency of the Republic, Ministerio de la Presidencia, and Minister of Tourism since 2005. 7) It is also known what is indicated in Certification PGP-292-2019, dated April 5, 2019, which reads: "The concessionaire must comply with the technical standards and guidelines established by the Plan Maestro General del Proyecto, which are: a maximum density of twenty rooms per hectare, a maximum surface coverage of 30%; a maximum building height of 14 meters from the natural ground level, building a wastewater treatment plant, avoiding discharges into the sea, estuaries, and creeks; additionally, the payment of obligations and all permits required by the country's laws." It is important to clarify that the Environmental Viability Resolution indicates that the permit must be previously processed at the local Subregional Office of MINAE/SINAC (art. 27 of the Ley Forestal), and it is also warned that the Protection Areas must be respected (art. 33 and 34 Ley Forestal), having to include in the project development good practices aimed at favoring the optimal balance of natural resources and the sustainable use of the forest according to its management category, taking into account the case of project components located in an area with forest cover (cobertura boscosa), as established in the Master Plan Law No. 6758 of May 6, 1982, Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. SEVENTH: Regarding the topic of Social and citizen participation, the following is noted: In accordance with Article 55 of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, in force at the time of approving the project in reference, the means of participation were: Article 55.-On the mechanisms to be heard. In accordance with Article 22 of the Ley Orgánica del Ambiente, any natural or legal person, public or private, has the right to be heard by SETENA at any stage of the evaluation process and in the operational phase of the activities, works, or projects. Their observations will be included in the expediente and assessed in the final report. 1. The mechanisms established in this regulation for receiving or hearing said observations are the following: 1.1. Documents filed at the SETENA offices. 1.2. Private hearings with the Comisión Plenaria of SETENA and with any of its technical departments. 1.3. Public Hearings. 2. Hearings must be requested in writing from SETENA, indicating postal address or telephone or fax number, where the response will be communicated, including the time and day they will be attended. Hearings will be scheduled as follows: 2.1. Within fifteen calendar days after being requested, in the case of a private hearing. 2.2. Within the following three months, in the case of a public hearing. Specifically, regarding the requirement to hold a Public Hearing, what is indicated in Article 56 of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is noted: "Article 56.-Requirement of a hearing. According to Article 95 of the Ley de Biodiversidad, when any natural or legal person requests SETENA to hold a public information and analysis hearing for a specific activity, work, or project, the Comisión Plenaria of SETENA, by virtue of the magnitude of the potential environmental impact, will determine, after a prior technical assessment of the situations involved in its development, the need or not to hold it. In the event of deciding not to hold the requested public hearing, said commission must determine the mechanism through which it will receive the observations." In view of the above, it is indicated that during the evaluation process, no appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability (viabilidad ambiental), nor any request to hold a public hearing by a third party. According to the established regulations, a public hearing is one more mechanism for citizen participation, but not the only means to achieve that end, nor is it mandatory for all Category A projects as claimed. Citizen participation within an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) is carried out through duly regulated local perception instruments, and participation can take place throughout the entire Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) process, from before its approval and during the environmental monitoring phase, making it a dynamic and continuous process. In this particular case, the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment (evaluación ambiental) process was the local perception study, which was conducted based on the regulations established in decree 32966-MINAE. "EIA Manual IV Annex 1 General Guide for the Preparation of Environmental Impact Assessment Instruments (EIA Guide), section 9 called. DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT, subsection 9.7 Local perception of the Project and its possible impacts, (Qualitative study), which states: 'Indicate the perception, position, attitudes, and concerns of the inhabitants of the social influence area regarding the execution of the project, work, or activity, the transformations generated from it, as well as the perception of potential environmental impacts that said execution could generate. In addition, identify the information needs that the population has about the project, work, or activity. Identify and characterize the possible social conflicts that may arise from its execution.' Quantitative study: Carried out through a local perception survey about the project, which must be applied in the AID and the AII defined to a representative sample of its population, with a 90% confidence level. This survey will be applied in projects whose INFLUENCE AREA contains populations considered as urban zone, rural in transition to urban, or urban peripheral. The main impacts determined in the survey must be analyzed in the impact assessment and mitigation and/or compensation measures established for them." The quantitative perception study is visible on folio 111 of the Project's expediente. It complied technically and legally, and in summary, it was carried out as follows: • A quantitative study was conducted through a local perception survey in the AID and AII, defining a representative sample based on the total population data of the cantón of Carrillo, according to the 2011 Census, as it is the last Census the country conducted and therefore the official information. The formula used is the following: • The sample is random, finite population, with a margin of error of 0.05 and a 90% confidence interval. Assuming the weights for proportions p and q (where q = 1 - p) at 0.5, and homogeneity in the population. The total number of people in the cantón is taken as the population, so the sample size is 67 people.

• Indeed, among the most important results of the perception study, 88% of the population indicated they were unaware of the project. When the 12% who were previously aware of the project were asked about the medium through which they learned of it, they indicated it was primarily through friends or family (63%). Second, they stated they learned of it through television, radio, or social networks (25%), and third, through construction colleagues (12%). • When the population was asked about their position regarding the project, 94% were in favor of the project, 6% mentioned they were indifferent to the project, and no one was opposed. This does not appear to indicate a high degree of conflict regarding the project. • The annexes to this study include the instrument applied to the population and an informational poster that was placed in several locations in the community of the areas of influence. The case file contains the Informational Poster for the dissemination of the previously mentioned project and a Photographic record of some points used for the dissemination of the project, in addition to the results of the analysis of local perception. This file is available for public consultation through the link: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9 maWxlOjoxMjUxNzYxNjU2NmUwN2IxOTQ0Y2U5NzA5NjA4OTA0Mw== • After analyzing this community perception study, SETENA, through resolution 1263-2021-SETENA, requested a single annex with additional information, specifically regarding the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), where the following was required: Point 14: “Available basic services: On pages 76 and 77 of the submitted EsIA, a series of observations are made regarding the concerns of neighboring localities concerning potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the topic of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's area of influence (communities adjacent to the project).” Point 20: “For the section on the Perception of the population, it is indicated that there is a lack of knowledge (desconocimiento) of the project of 88%; this reflects the needs regarding the lack of information in relation to the project; for this reason, the appropriate social dissemination (difusión social) procedures must be carried out; from which the possible social conflicts that may arise from the execution of the project can be identified and characterized. Therefore, the environmental measures to mitigate the perception of (lack of knowledge of the project) must be provided. As established by DE-32966-MINAE. Additionally, the potential impacts that the project, work, or activity may generate on available basic services must be considered. Establish recommendations, mitigation and/or compensation measures for them, which must be incorporated into the PGA Table. As established by DE-32966-MINAE.” In response to this resolution, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for preparing the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), in which it is stated that there are no potential impacts to the services and commits to the participation and dissemination of project information. The letter stated the following: “In relation to the ‘Bahía Papagayo’ project, regarding available basic services, it is indicated on pages 76 and 77 of the submitted EsIA: a series of observations are made regarding the concerns of neighboring localities concerning potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the topic of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's area of influence (communities adjacent to the project).” Regarding the concerns expressed by the localities neighboring the project, it should be noted that in most projects developed within Guanacaste, the populations express the same concern, even when the development has adequate means or supplies from the various entities responsible for providing the service. In relation to the development of the ‘Bahía Papagayo’ project, as provided in the submission of the study, according to official letters SIGDD-2019-00040487-1-1-1, SIGDD-2019-00040488-1-1-1, SIGDD-2019-00040489-1-1-1, and SIGDD-2019-00040509-1-1-1 issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), it is recorded that ‘There IS Availability of Potable Water at the Front of the Properties’ that make up the project. Likewise, infrastructure installed by the same entity already exists within the project area. However, among the measures to be implemented to address the population's concerns, linked to an information issue, the following measures are proposed: • Local mass media outlets such as radio and television will be used. • Publications on web pages and social networks. • As well as holding participatory workshops with key actors from the area of influence and the general community. • And keeping the telephone line and email available during the project execution period as a means of personal information.” With this response, it is clear that the developer committed to expanding and maintaining the mechanisms for citizen participation and information during the project management stage; this commitment was subject to verification and monitoring by the Department of Environmental Auditing and Monitoring (Departamento de auditoría y seguimiento ambiental) of SETENA. While it is true that in Decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA)", section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), another participation mechanism called “Interactive participatory process (Proceso participativo interactivo)” is indicated, which would have provided greater possibilities for participation, this was not carried out because a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID. This is supported by the fact that no notes of opposition or formal appearance regarding the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study agreed with the project's development. On this, the cited regulation states: “Interactive participatory process (Proceso participativo interactivo): The consulting team shall carry out an interactive participatory process in projects whose defined AREA OF INFLUENCE has an indigenous population or in projects likely to generate a high level of social conflict in the groups or communities of the AID (the level of conflict can be foreseen either through historical knowledge or direct expressions). For the execution of this process, the CONSULTING TEAM must organize a participatory program of meetings and activities with community members. The project will be presented to them, and the scope and possible effects will be analyzed. As part of this interaction process, the team shall include in the impact analysis the specific topics or points that the communities consider relevant in relation to the project. The consulting team shall prepare a record or systematization report of all these meetings and activities, which shall be presented as part of the EIA.” It is true that the allegation exists that the perception study was applied without carrying out a prior dissemination process; however, the regulations did not require this, so, as public officials governed by the principle of legality, something not regulated could not have been required. Regarding the allegation of not carrying out an analysis of social risks or impacts, this was indeed considered by the consulting team that prepared the EsIA, and can be consulted on pages 104 to 158, where the following are identified: social factors that may be impacted, the assessment of the impacts, and the respective mitigation measures determined by the consulting team. Conclusions 1. The possibility of holding a public hearing was not evaluated, first because this is optional based on requests or technical requirements. During the environmental assessment process, SETENA did not detect a high level of social conflict surrounding the project based on the studies provided, and second, it was not requested by any of the interested parties regarding the project, nor is a public hearing mandatory for all projects classified as Type A. 2. The participation mechanism applied was the quantitative social perception study; this was carried out in compliance with current regulations. 3. The implementation of other participation mechanisms, such as the so-called “Interactive participatory process (Proceso participativo interactivo)” which would have provided greater possibilities for participation, was not considered because a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID. 4. It is true that the allegation exists that the perception study was applied without carrying out a prior dissemination process; however, the regulations did not require this, so, as public officials governed by the principle of legality, something not regulated could not have been required. 5. The possibility of participation has never been limited; SETENA keeps communication channels open with the spirit of being able to receive and analyze arguments from groups and communities that have expressed themselves for or against the project. This is always open from the moment the EsIA information is published in a national circulation medium, as was done for this case in the newspaper La Teja on Tuesday, June 8, 2021, and which is also recorded on folio 146 of the Project file (image attached). However, no actor expressed before SETENA a desire to receive more information about the project or oppose it. 6. Finally, it is relevant to emphasize that the channels for communication and social participation of the project, at any stage of the environmental assessment process, are open, including the construction and operation stage thereof, which implies that there is currently no limitation regarding citizen participation. The developer also acquired environmental commitments to address the population's concerns, linked to an information issue, which are: • To use local mass media outlets such as radio and television. • Publications on web pages and social networks. • To hold participatory workshops with key actors from the area of influence and the general community. • And to keep the telephone line and email available during the project execution period as a means of personal information.

3.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. - The appellant states that Case File No. D1-0170-2021-SETENA for the project called "Bahía Papagayo" is being processed before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which was classified as Category A, meaning it has a high environmental impact pursuant to the provisions of Article 9 of Reglamento No. 31849-MINAE. They question that, despite the classification assigned to the project and that it would be carried out on public domain property, no public hearing was held prior to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental). They state that only a random survey was applied to people residing in the area of influence, and no other mechanism for open consultation, nor deliberative processes with the community, regarding the development of said project, was documented. They request the intervention of the Court.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent omitted referring to them as provided in the initial order:

a) On April 7, 2021, SETENA received the Initial Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental Inicial) for the Project: Proyecto Bahía Papagayo, which is processed under Case File No. D1-0170-2021-SETENA. (see report rendered and evidence provided).

b) On May 6, 2021, the respondent authority notified the project developer of Resolution No. 0677-2021-SETENA, which requested that, within a period of one year, counted from the notification of said resolution, an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) be submitted under the terms of reference for the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), given that, in accordance with Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and consequently, the most rigorous Assessment instrument was required. (see report rendered and evidence provided).

c) On June 8, 2021, SETENA published in a national circulation medium, specifically in the newspaper La Teja, the information of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) for the Proyecto Bahía Papagayo for appropriate purposes. (see report rendered and evidence provided).

d) On July 14, 2021, SETENA conducted a field inspection of the project area in the company of representatives of the consulting and development company; the findings were recorded in Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021. (see report rendered and evidence provided).

e) That as reported by SETENA, during the evaluation process, no formal appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental), nor was a request to hold a public hearing made by any third party, in accordance with the established regulations. (see report rendered and evidence provided).

f) That the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process was the local perception study (estudio de percepción local), which was conducted based on the regulations established in Decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA)", section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), subsection 9.7 Local perception of the Project and its possible impacts (Qualitative study); a mechanism that did not require prior dissemination. (see report rendered and evidence provided).

g) That after analyzing the community perception study, SETENA, through resolution 1263-2021-SETENA, requested from the developer a single annex with additional information, specifically regarding the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), where the following was required: “Point 14: “Available basic services: On pages 76 and 77 of the submitted EsIA, a series of observations are made regarding the concerns of neighboring localities concerning potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the topic of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's area of influence (communities adjacent to the project).” Point 20: “For the section on the Perception of the population, it is indicated that there is a lack of knowledge of the project of 88%; this reflects the needs regarding the lack of information in relation to the project; for this reason, the appropriate social dissemination procedures must be carried out; from which the possible social conflicts that may arise from the execution of the project can be identified and characterized. Therefore, the environmental measures to mitigate the perception of (lack of knowledge of the project) must be provided. As established by DE-32966-MINAE. Additionally, the potential impacts that the project, work, or activity may generate on available basic services must be considered. Establish recommendations, mitigation and/or compensation measures for them, which must be incorporated into the PGA Table. As established by DE-32966-MINAE.” (see report rendered and evidence provided).

h) On an unspecified date, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for preparing the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), in which it is stated that there are no potential impacts to the services and commits to the participation and dissemination of project information. (see report rendered and evidence provided).

i) That as reported by SETENA, the Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), indicates another participation mechanism called “Interactive participatory process (Proceso participativo interactivo)”; however, this was not carried out because a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID, no notes of opposition or formal appearance regarding the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study agreed with the project's development. (see report rendered and evidence provided).

j) That as reported by the respondent authority, citizen participation within an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) is carried out through duly regulated local perception instruments, and participation can take place throughout the entire Environmental Assessment process, including the construction and operation stage, which implies that there is currently no limitation regarding citizen participation. (see report rendered and evidence provided).

III.- RELEVANT PRECEDENT. - This Court, through judgment No. 2025007718 at 09:20 on March 14, 2025, heard a claim similar to the one presented here, resolving as relevant:

“V.- Finally, the appellant argues that the respondent authorities violated the principle of citizen participation by failing to communicate with the residents and potential affected parties about the project in question. However, on this point, the authorities of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental report that, as part of the EsIA, an analysis of local perception was conducted with some community leaders from adjacent communities such as Río Jesús de San Ramón and La Angostura de San Ramón; the community of Guadalupe de Esparza is located approximately 2 km in a straight line from the project's AP, and both La Angostura and Dulce Nombre are more than 3.5 km away; however, they will not be directly affected by the transportation and activities of the project's operation, since the routes or roads that cross these towns will not be used by the project. However, it is necessary to indicate that this Tribunal considered in judgment No. 6773-2014 at 11:41 on May 16, 2014 - a criterion that has been reiterated in judgments number 2022-25374 at 9:20 on October 28, 2022, 2024-33132 at 9:20 on November 8, 2024, among others - that the natural forum to monitor compliance with the principle of citizen participation is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. In the referenced resolution, the following was considered:

“IV.- UPON BETTER CONSIDERATION. LEGALITY DISCUSSION. By amending Article 9 of the Political Constitution, the reforming constituent body sought to give positivity to the Principle of Participation and thus bring the administered closer to the process of state decision-making, as part of what the doctrine calls ‘correction mechanisms’ of representative democracy. Thus, the reforming Constituent body left the means, scope, and timing of citizen participation to infra-constitutional regulations, except in exceptional cases. In this sense, the natural forum to monitor its compliance is the ordinary courts and not the constitutional jurisdiction. For this reason, the issues raised in the specific case, namely, the alternative mechanism ordered by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental – as a result of the violence and intimidation situation generated in the hearings of November 9, 2013, and January 25, 2014 – in order to guarantee the comment phase for interested parties and the developer's replies in the environmental assessment procedure for the project of a new Container Terminal in Moín, on behalf of APM Terminals Moín S.A., are foreign and distant to the competence of this Tribunal. In the specific case, precisely Article 22 of the Organic Law of the Environment does not define whether that participation is by voice, in writing, or in what manner the requirement for participation is satisfied, which requires analysis in a process that allows the breadth of evidence and adversarial proceedings that, from our point of view, does not fit within the amparo as a fast, simple, summary, and special process for the protection of fundamental human rights. Therefore, it corresponds to the legality review and not to this Constitutional Tribunal to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental conform or not to the infra-constitutional legal system. For the reasons indicated, we consider that the issue raised is far from the specific competencies that this Constitutional Chamber is called upon to protect, without this meaning that it does not deserve analysis in the ordinary jurisdiction or the mere administrative contentious legality, in accordance with Article 49 of the Constitution. (...)”

Based on the foregoing, it is not for this Tribunal to determine, as the appellant intends, whether in this specific case some type of consultation on the project in question should have been carried out, nor is it for this Chamber to verify what mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation. Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Constitutional Tribunal to determine whether the administrative actions and conducts deployed (active or omissive) by SETENA in the specific case conform or not to the infra-constitutional legal system, all of which must be questioned by the appellants in the respective ordinary legality channels.”

IV.- ON THE MERITS. - The appellant states that Case File No. D1-0170-2021-SETENA for the project called "Bahía Papagayo" is being processed before the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, which was classified as Category A, meaning it has a high environmental impact pursuant to Article 9 of Reglamento No. 31849-MINAE. They question that, despite the classification assigned to the project and that it would be carried out on public domain property, no public hearing was held prior to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental). They state that only a random survey was applied to people residing in the area of influence, and no other mechanism for open consultation, nor deliberative processes with the community, regarding the development of said project, was documented. They request the intervention of the Court.

In this regard, and in accordance with the reports considered given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is considered proven that, on April 7, 2021, SETENA received the Initial Environmental Assessment Document (Documento de Evaluación Ambiental Inicial) for the Project: Proyecto Bahía Papagayo, which is processed under Case File No. D1-0170-2021-SETENA. Likewise, it is established that, on May 6, 2021, the respondent authority notified the project developer of Resolution No. 0677-2021-SETENA, which requested that, within a period of one year, counted from the notification of said resolution, an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) be submitted under the terms of reference for the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), given that, in accordance with Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, this project is classified with a Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP) of Category A, classified as ISIC 5510, and consequently, the most rigorous Assessment instrument was required. Similarly, it is established that, on June 8, 2021, SETENA published in a national circulation medium, specifically in the newspaper La Teja, the information of the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) for the Proyecto Bahía Papagayo for appropriate purposes. Continuing with the processing of the matter, it is established that on July 14, 2021, SETENA conducted a field inspection of the project area in the company of representatives of the consulting and development company; the findings were recorded in Inspection Report DEA-ACT INS-017-2021. Now, regarding the appellant's claim, it is established that, as reported by SETENA, during the evaluation process, no formal appearance or opposition to the project was received prior to the granting of environmental feasibility (viabilidad ambiental), nor was a request to hold a public hearing made by any third party, in accordance with the established regulations. In this sense, it is verified that the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process was the local perception study (estudio de percepción local), which was conducted based on the regulations established in Decreto 32966-MINAE. "Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA)", section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), subsection 9.7 Local perception of the Project and its possible impacts (Qualitative study); a mechanism that did not require prior dissemination. Consequently, it is established that after analyzing the community perception study, SETENA, through resolution 1263-2021-SETENA, requested from the developer a single annex with additional information, specifically regarding the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), where the following was required: “Point 14: “Available basic services: On pages 76 and 77 of the submitted EsIA, a series of observations are made regarding the concerns of neighboring localities concerning potable water supply; the text also indicates a series of recommendations on the topic of potable water and the concern about everything related to this service. Therefore, the respective measures to be implemented must be included, in response to the concerns of the residents of the project's area of influence (communities adjacent to the project).” Point 20: “For the section on the Perception of the population, it is indicated that there is a lack of knowledge of the project of 88%; this reflects the needs regarding the lack of information in relation to the project; for this reason, the appropriate social dissemination procedures must be carried out; from which the possible social conflicts that may arise from the execution of the project can be identified and characterized. Therefore, the environmental measures to mitigate the perception of (lack of knowledge of the project) must be provided. As established by DE-32966-MINAE. Additionally, the potential impacts that the project, work, or activity may generate on available basic services must be considered. Establish recommendations, mitigation and/or compensation measures for them, which must be incorporated into the PGA Table. As established by DE-32966-MINAE.” Therefore, on an unspecified date, the developer attached a letter signed by the social sciences professional responsible for preparing the section of the EsIA called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), in which it is stated that there are no potential impacts to the services and commits to the participation and dissemination of project information. On the other hand, it is established that, as reported by SETENA, the Manual de EIA IV Anexo 1 Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), section 9 called DESCRIPTION OF THE SOCIOECONOMIC ENVIRONMENT (DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO), indicates another participation mechanism called “Interactive participatory process (Proceso participativo interactivo)”; however, this was not carried out because a high level of social conflict was not identified in the groups or communities of the AID, no notes of opposition or formal appearance regarding the project were received, and the majority of the population consulted in the perception study agreed with the project's development.

Finally, it must be noted that, as reported by the respondent authority, citizen participation within an Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) is carried out through duly regulated local perception instruments, and participation may take place throughout the entire Environmental Assessment process, including the construction and operational stages, which implies that there is currently no limitation on citizen participation.

With the foregoing clear, it is determined that what the petitioner has set forth is a disagreement with the mechanism used by the project developer for the granting of environmental viability (viabilidad ambiental) and the decision of SETENA to approve it. In that regard, note that, as has been demonstrated, the respondent authority published the information of the Environmental Impact Study for the Bahía Papagayo Project in a national circulation newspaper for whatever purposes were appropriate, and no appearance in person or opposition to the project was received prior to the granting of environmental viability, nor was any request made to hold a public hearing by a third party, in accordance with the established regulations. In addition to the foregoing, as reported under oath, the public hearing is not mandatory for all projects classified as type A, since its holding depends on the requests received for such purposes or upon a technical requirement, circumstances that did not occur in the project in question; hence, the local perception study was used as the citizen participation mechanism applied in the environmental assessment process, which did not require prior dissemination and which was also regulated as a valid procedure within the regulations for such purposes.

Thus, and in accordance with the cited precedent, it is not for this Tribunal to determine, as the petitioner seeks, whether in the particular case some type of consultation should have been carried out regarding the project in question, or to establish which mechanism the respondent authorities must use to optimally guarantee citizen participation, given that these are matters of ordinary legality that must be raised before the respondent authority or before the competent judicial venue, and not before this constitutional venue. Therefore, the appropriate course is to dismiss the appeal, as is hereby done.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the petitioner that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be removed from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of it will be destroyed in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is dismissed.
















	

Fernando Castillo V.

President

	 




Fernando Cruz C.

	 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	 

	

Jose Roberto Garita N.

 

Digitally Signed Document

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 WWIGY3EEUZG61

EXPEDIENTE N° 25-012448-0007-CO

 

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

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