Res. 14028-2025 Sala Constitucional — Constitutional Chamber reserves ruling and grants deadline for unconstitutionality action against trawling provisionSala Constitucional reserva sentencia y otorga plazo para acción de inconstitucionalidad contra norma de pesca de arrastre

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Sala Constitucional

Resolución Nº 14028 - 2025

Fecha de la Resolución: 13 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 23-009158-0007-CO

Redactado por: Anamari Garro Vargas

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 23-009158-0007-CO

Res. Nº 2025014028

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de mayo de dos mil veinticinco .

 Corrección de error material de la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024 del recurso de amparo que se tramita en expediente No. 23-009158-0007-CO, interpuesto por Nombre01, mayor, cédula de identidad CED01, contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.

Resultando:

1.- De oficio la Sala aprecia que la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024 presenta un error material, pues se adjuntó un voto salvado del magistrado Cruz Castro cuando corresponde una nota, conforme se indicó en la parte dispositiva.

2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

  Considerando:

Único. Vistos los autos, se procede de oficio a realizar la corrección correspondiente. En consecuencia, se procede a sustituir el voto salvado del magistrado Cruz Castro que se adjuntó a la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024 por la siguiente nota:  

“NOTA DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Sobre la pesca de arrastre de camarón y la protección del derecho al ambiente.

 

 

Si bien he suscrito el criterio de mayoría que consideró reservar el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y conferir plazo para que se interponga una acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del numeral 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, he considerado necesario suscribir esta nota para realizar algunas manifestaciones sobre el criterio que he expresado antes respecto de la pesca de arrastre de camarón.

Tal como lo indicó esta Sala en el voto número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013, “el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre.” Lo anterior, con efecto retroactivo, según el voto salvado del suscrito. Además, he considerado en dicho voto salvado que, el INCOPESCA no puede renovar permisos, autorizaciones ni licencias, ni extender su plazo por ningún mecanismo jurídico administrativo una vez vencidas, porque carece de autorización legal, al desaparecer la norma.

El artículo 18 bajo el cual las autoridades recurridas fundamentan sus actuaciones, hace referencia a un juego de palabras, pues el permiso permite la pesca de arrastre de camarón, y permite “disponer de las capturas obtenidas a fin de cubrir el costo del desarrollo de la investigación”.  Eso no se puede considerar investigar. 

Más allá de la cuestión o discusión de criterios técnicos o científicos, planteo las dudas sobre la normativa que permite un proyecto de investigación que en realidad pretende llevar a cabo una actividad ya prohibida. Nótese por demás que la norma permite un proyecto de investigación por iniciativa de INCOPESCA, que no es ningún ente científico investigativo. Además, se trata de una “investigación” llevada a cabo por embarcaciones y no por científicos, que además, pueden aprovechar y comercializar el camarón capturado. Tampoco se trata de una investigación bajo la vigilancia de algún ente competente al respecto, que se haga responsable de vigilar su desarrollo o supervisar las actividades desarrolladas. Así que se podría tratar de una pesca de arrastre de camarón encubierta bajo la figura de la investigación, lo cual resulta muy peligroso para el Derecho de la Constitución. No puede permitirse que bajo esta denominación se permita el desarrollo de actividades prohibidas.

La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura. Con la pesca de arrastre se producen daños ambientales de difícil o imposible reparación. Por ello, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, el Estado debe adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación.

La pesca de camarón con redes de arrastre resulta también contraria al principio de desarrollo sostenible, toda vez que el deterioro del ecosistema marino que causa, resulta superior a su regeneración, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Asimismo, este arte de pesca no selectivo captura indiscriminadamente enormes cantidades de especies que no son objeto de la pesca que luego son desechadas y devueltas al mar. Por ello, el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente.

Bajo las anteriores consideraciones he suscrito la presente nota”.

Por tanto:

Se corrige el error material que contiene la resolución interlocutoria No. 2024-035978 de las 09:45 horas del 03 de diciembre de 2024, para que en su parte considerativa se adicione la anterior nota en lugar del voto salvado del magistrado Cruz Castro que por error se adjuntó. Notifíquese.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

 

Exp: 23-009158-0007-CO

Res. 2024035978

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 23-009158-0007-CO, interpuesto por [Nombre02 001], mayor, cédula de identidad [CED02], contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:00 horas del 25 de abril de 2023, el recurrente interpone proceso de amparo contra el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de la Presidencia y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -INCOPESCA- y expresa que, el 23 de marzo de 2023, mediante acuerdo de la Junta Directiva del INCOPESCA se otorgaron 08 licencias de pesca de arrastre de camarón, a embarcaciones semiindustriales aportadas por el sector pesquero costarricense, que funcionarán durante el 2023 y hasta el 2024, con el fin de realizar el estudio "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". Alega que ese nuevo estudio viola el artículo 7 de la Constitución Política por cuanto se han suscrito diversos tratados internacionales como la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la cual determina que los Estados deberán establecer los límites de captura permitida sobre la base de información científica, confiable y disponible. Los tratados marcan una clara tendencia mundial hacia la protección de los recursos naturales, entre ellos, los hidrobiológicos, que garantizan la sostenibilidad de los recursos a través de una explotación racional y, consecuencia de ello la seguridad alimentaria de la población, lo cual excluye por completo arrasar con el fondo marino del océano, tal como propone la bien llamada pesca de arrastre. Asimismo, indica que no es concebible la vida humana sin seguridad alimentaria y dados los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de la Nación. Agrega que las redes de pesca conocidas como AA Costa Rica fueron y serán las protagonistas de este estudio, las cuales no han reducido la captura incidental, lo que demuestra que este arte de pesca no es sostenible. Por otro lado, asegura que se ignora por completo el principio precautorio ya que la decisión de INCOPESCA, que incluye la solapada reactivación de la pesca de arrastre que no cuenta con respaldo científico alguno y que por el contrario cuenta con mucha evidencia de que no es sostenible, transgrede este principio. Se trata de una actividad que disfraza su verdadero objetivo de aprovechar legalmente fauna de acompañamiento con pesca de camarón, así como también el comercio ilícito de especies que no deberían ser aprovechables. Asimismo, sostiene que más de 53 días después de que se inició con dicho estudio, aún no ha sido posible encontrar el acta de la Junta Directiva del 23 de marzo de 2023 en la página web de la institución, lo cual obstaculiza el cumplimiento del artículo 30 de la Constitución Política, por cuanto el acceso a la información pública es un elemento esencial de la organización democrática costarricense para garantizar la transparencia y la publicidad en la función pública. Además, afirma que la comunidad científica ha denunciado en reiteradas ocasiones que el desarrollo de esa iniciativa ha sido ajeno a los principios de máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública y de sencillez y celeridad de procedimiento. De acuerdo con lo anterior, expresa que es importante recalcar lo establecido la Sala en cuanto al acceso de la información en materia ambiental: "la participación ciudadana en los asuntos ambientales abarca dos puntos esenciales: el derecho a la información relativa a los proyectos ambientales, o que puedan causar una lesión a los recursos naturales y al medio ambiente, y la garantía de una efectiva participación en la toma de decisiones en estos asuntos. Por ello, el Estado costarricense no sólo (sic) debe invitar a la participación ciudadana, sino que debe promoverla y respetarla cuando se produzca". Por otro lado, arguye que la pesca de arrastre no es compatible con el deber del Estado de garantizar el bienestar, el adecuado reparto de la riqueza, así como también el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Alega que ese arte de pesca ejemplifica a la perfección la visión de producción que se quiere dejar atrás como humanidad: explotación masiva y desmedida de los recursos naturales de las generaciones actuales y futuras, que usa sectores vulnerables de la población como mano de obra barata para enriquecer a una minoría de la cadena de producción. Manifiesta que, a partir del 2007, los niveles de captura de camarón bajaron y más bien han venido en descenso, lo que ha resultado en la sobrepesca, la cual genera imposibilidad de reclutamiento, es decir, las especies no tienen tiempo para reproducirse antes de su captura, lo cual afecta tanto los recursos naturales disponibles para las generaciones actuales como para las futuras. Explica que cuando se habla de un impacto negativo a la población que vive de ese arte, se deben analizar los verdaderos problemas estructurales detrás, pues más del 80% de los puestos de trabajo son de mala calidad. Sostiene que los pescadores artesanales se ven directamente afectados por la sobreexplotación de las especies y la pesca sin regulación que hacen las embarcaciones semi industriales con redes de arrastre. Reitera que, debido a la sobreexplotación de las poblaciones de camarón, actualmente la flota camaronera dirige sus artes de pesca a la captura de pescado en grandes cantidades, con una luz de malla diminuta que atrapa todo lo que encuentre a su paso. Lo que produce, por un lado, una sobre oferta de los productos de pescado y por otro, escasez en la pesca artesanal. Comenta que ambas situaciones traen perjuicio económico y social a los pescadores artesanales. Señala que el sector de pesca artesanal desarrolla un importante papel en la economía nacional, aporta a la seguridad alimentaria y a la conservación de los recursos naturales marinos; sin embargo, ha sido un sector que ha sido afectado por una reducción de oportunidades educativas, vulnerabilidad de las organizaciones, poco apoyo institucional, conflictos con el sector de pesca de arrastre, dificultad para la comercialización del producto, inequidad de género y desconocimiento de sus derechos, lo que lo convierte en uno de los sectores con mayor vulnerabilidad a nivel nacional. Estima que es un deber ineludible del Estado costarricense, garantizar fuera de toda duda "la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de la riqueza que esta produce". Por otra parte, añade que los estudios anunciados costarán, al menos en el primer año, más de ciento veintiséis millones de colones que saldrán del bolsillo de todos los y las costarricenses, mientras que los esfuerzos para realizar los estudios pertinentes a la coyuntura nacional y global han sido nulos, debido a la falta de voluntad política. Asegura que es contradictoria la línea de acciones que se está siguiendo desde el Poder Ejecutivo, a la línea que se intenta seguir desde la Asamblea Legislativa, pues por un lado tenemos a INCOPESCA queriendo reactivar la pesca de arrastre a toda costa y por otro lado tenemos a la Defensoría de los Habitantes, que desde el 22 de abril de 2022 lanzó una iniciativa que pretende generar acciones a nivel global, para impedir que la pesca de arrastre de fondo continúe como una práctica comercial legal, que amenaza la vida en el planeta. Por último, acusa que la belleza escénica marina es destruida y convertida en aguas turbias por la arremetida de la red de arrastre. Fundamenta el presente recurso de amparo en los artículos 7, 21, 30, 50, 69 y 89 de la Constitución Política, así como en los artículos 2, 49, 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de las 20:04 horas del 04 de mayo de 2023, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se le solicitó informe al presidente ejecutivo y al jefe del Departamento de Protección y Registro, ambos del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura -INCOPESCA-, así como a los ministros de Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, y de la Presidencia, sobre los hechos alegados por el recurrente.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:07 horas del 15 de mayo de 2023, José Pablo Badilla Villanueva, en su condición de abogado de la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, cédula jurídica CED03 y la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, cédula jurídica CED04, a la luz del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se constituyen como terceros interesados y coadyuvantes de la parte recurrida con base en los siguientes argumentos: A-) De su constitución como parte interesada y coadyuvante pasivo. De una sencilla lectura del canon 34 de la ley procesal de esta jurisdicción, se desprende la legitimación de los firmantes para actuar válidamente en este expedito procedimiento, toda vez que sus representadas, la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón y la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, no solo representan los intereses del sector de pesquería semiindustrial del camarón, sino que fueron las destinatarias de los efectos del acuerdo AJDIP/205-2022 del 27 de setiembre del año 2022, adoptado en sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, que aprobó el proyecto de investigación "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024"; proyecto que bajo la égida de lo dispuesto en la Ley 10155, otorgó los permisos de investigación, para que por medio de los asociados, pusieran a disposición de los científicos del INCOPESCA ocho embarcaciones, de modo que, bajo la dirección de estos expertos se llevara a cabo la ejecución del proyecto de investigación; esta situación particular acredita el interés directo que les asiste, en adversar las pretensiones recursivas del ciudadano que reclama tutela constitucional. Al efecto ha señalado esta misma Sala Constitucional en lo de interés: “II.- Sobre la coadyuvancia.- Al folio 28 del expediente aparece escrito presentado por Nombre03 el cuál solicita ser tomado en cuenta en este amparo como coadyuvantes de la parte recurrida. El artículo 34, párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el que tuviere interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e intervenir en él como coadyuvante del actor o del demandado. En este caso, partiendo que la coadyuvancia es la vía procesal para permitir a quien podría ser perjudicado por una sentencia adversa, prestar su ayuda (coadyuvar) a la parte con interés coincidente para facilitar el triunfo de su pretensión y que no se trata de una parte independiente ni de un litisconsorte, sino tan solo de un adherente sin legitimación procesal para demandar en un mismo proceso, considera la Sala que los efectos de esta Sentencia sí cubre a señor Nombre03, por haber solicitado a la Municipalidad de Santa Cruz la reapertura del camino público de Nosara a Ostional, proceso que se está ventilando en este amparo. Por lo anterior, se admite la coadyuvancia presentada.” (Voto 8677-2005) De conformidad con ello, la presente gestión procesal es viable y con supino respeto se les solicita a los señores Magistrados, cursen la gestión de mérito. B-) Del contenido del recurso de amparo bajo examen. El señor recurrente formuló el recurso de amparo y en lo conducente refirió: “Petitoria. Solicito se declare con lugar este recurso de amparo, ordenando de forma INMEDIATA al Estado anular el acuerdo de Junta Directiva que otorga las 8 licencias de pesca de arrastre, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Para sustentar esta gestión don [Nombre02 001] realizó una serie de elucubraciones de suyo propio y si bien es cierto su memorial no reflejó un orden deseable de esta línea argumentativa, podrían rescatarse los siguientes fundamentos: a-) que lo que denominó licencias de pesca de arrastre violan el artículo 7 de la Constitución Política pues entiende que se dejaron de aplicar convenios internacionales en materia ambiental; b-) violación al canon 21 fundamental por transgresión al principio de seguridad alimentaria; c-) violación al principio precautorio en materia ambiental porque INCOPESCA reinstaló la “pesca de arrastre”; d-) violación al principio de transparencia de la información en materia ambiental; e-) violación al numeral 50 constitucional por cuanto la pesca de arrastre es no compatible con el reparto de la riqueza; y f-) violación al artículo 89 también de la Carta Magna, pues según el entender de don Nombre01 se destruirá con estas 8 licencias la belleza escénica marina. Desde ya debe ser categóricos, en que hoy en día no existen licencias de pesca de camarón, no solo por ser esta situación ostensiblemente imposible -no existe ley que lo permita-, sino porque lo que entregó INCOPESCA fueron autorizaciones para labores de investigación, lo que por sí mismo implica el rechazo del recurso de marras, sin detrimento de las razones que a continuación se exponen. B.1-) La pretensión recursiva debe ser rechazada bajo parámetros de la jurisprudencia constitucional al tratarse de actos administrativos. Más allá de una correcta técnica procesal de la parte petente, lo que se infiere es que pretende que esta Cámara Constitucional declare la nulidad de un acto o actos administrativos emitidos por la Junta Directiva del INCOPESCA. Al efecto señaló en forma puntual: “ordenando de forma INMEDIATA al Estado anular el acuerdo de Junta Directiva que otorga las 8 licencias de pesca de arrastre, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. La jurisprudencia de esta Sala, desde la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, ha mantenido en forma inveterada la posición referente a que, tratándose de impugnación de actividad formal de la administración pública, la jurisdicción constitucional no es la competente o legitimada en primer renglón, sino que corresponde a la jurisdicción del príncipe -artículo 49 de la CP-, dirimir cualquier conflicto o reclamo contra estos actos; así en un reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional y ratificando la línea de doctrina jurisprudencial expuesta, se indicó: “IV.- SOBRE LA ALEGADA MOROSIDAD ADMINISTRATIVA: NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA MECANISMO CÉLERE Y CUMPLIDO PARA LA PROTECCIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS SUSTANCIALES DE LOS ADMINISTRADOS. La Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen asidero en el ordenamiento jurídico infra-constitucional o parámetro de legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contenciosoadministrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el proceso de trámite preferente o “amparo de legalidad”, los procesos de puro derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. En suma, la nueva jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de legalidad ordinaria.” (voto 2022-002105) Sumado a lo dicho y en otro recurso que se sometía al escrutinio de esta alta cámara y siempre relacionado con actos propios de INCOPESCA en materia de pesquería de camarón, advertía este tribunal que no era de su competencia conocer tales extremos: “En el presente caso, una vez analizados los alegatos y pretensiones expuestas por la parte recurrente, se evidencia que su intención, es cuestionar la decisión del INCOPESCA de aprobar la "Evaluación de los Porcentajes de Exclusión de FACA1 en la Pesca de Arrastre de los Camarones de Profundidad Nombre04 y Fidel Solenoceraagassizii Utilizando Diferentes Tamaños de Luces de Malla, Aditamentos (DEPrS, DETS y Doble Relinga) y Otras Mejoras en el Océano Pacífico Costarricense". Al respecto, se impone advertir que la mera disconformidad que pueda albergar con lo decidido por dicha autoridad, no constituye un aspecto que deba ser valorado y conocido por este Tribunal Constitucional. Tome en cuenta la parte accionante que, si su intención es que esta Sala efectúe una revisión en sede constitucional de los parámetros y criterios que sustentaron dicha evaluación, lo cierto es que, contrario a sus expectativas, este Tribunal no podría determinar por la vía del amparo tal circunstancia, pues ello implica analizar criterios técnicos, incompatibles con la finalidad y el carácter sumario del amparo, los cuales corresponde ser discutidos en la sede común. De otra parte, actualmente no existe una ley o acto que permita analizar la evaluación alegada. En consecuencia, la parte accionante cuenta con la posibilidad de plantear sus disconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida, o bien, en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. Así las cosas, el presente recurso es inadmisible y procede su rechazo de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tal y como se indica en la parte dispositiva de esta resolución.” Sala Constitucional voto 2019-015957. Con fundamento en ese criterio de este Tribunal Constitucional, se solicita se declare sin lugar el recurso de amparo formulado por el señor Nombre01. B.2-) El recurso de amparo deberá ser declarado sin lugar pues los actos administrativos que impugna el recurrente encuentran sustento en una ley de la República vigente y no cuestionada. Leídos los sustentos que entregó la parte recurrente, se verifica una serie de erradas apreciaciones, solo por citar algunas, se tiene que don Nombre01 consideró que INCOPESCA entregó licencias de pesca de camarón comerciales, lo cual es absolutamente incorrecto, pues no existe hoy en día licencia para este arte de pesca alguna. Lo que se emitió fueron autorizaciones para labores de investigación en atención precisamente de poder verificar si en algún momento pudiera normarse nuevamente esta pesquería. Sumado a ello no es cierto que haya de alguna forma explotación comercial de la pesquería de camarón, lejos de ello, lo que existe es una labor de exploración e investigación que por mandato normativo legal e incluso haciendo un control de convencionalidad le corresponde al Estado, amén de que, como se verá en lo sucesivo, hay sendos pronunciamientos tanto de la Sala Constitucional como de la jurisdicción contencioso administrativa, vinculantes para el Estado, que le compelen a llevar a cabo estas actividades, siendo la única novedad actual, que al ser la flota de barcos que realiza la investigación, de titularidad privada -el Estado no tiene barcos aptos para una pesquería de camarón-, por imperativo de ley, se le permite a sus titulares conservar el producto de la pesquería a modo de costear los gastos propios de los objetos involucrados en las labores de resorte exclusivamente público. Estas y otras aseveraciones que realizó el recurrente verifican de repente la ausencia de un análisis apegado a la realidad de estas labores científicas que se despliegan en nuestro litoral; sin embargo, la omisión más relevante del reclamante de amparo constitucional es que ignora cuál es la real fuente normativa de estas autorizaciones que su persona cuestiona y el estatus real de esta fuente primigenia. Exactamente y bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley No. 10155, que modificó el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436, se permitió la entrega de autorizaciones a particulares para coadyuvar en las labores de investigación tendientes a analizar la viabilidad o no de la reinstauración de la pesquería de camarón por redes. Es con sustento en esta Ley de la República, hoy vigente y sin impugnación alguna, que el ente rector de las pesquerías, mediante acuerdo AJDIP/205-2022 del 27 de setiembre de año 2022, en sesión ordinaria 41-2022, aprobó el proyecto de investigación "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024" y como contenido de este acto administrativo se fijó instruir a la Presidencia Ejecutiva, para que, en coordinación con dependencias subalternas, comenzará con estas labores de investigación. De esta relación histórica, se comprende sin mayor dificultad que el acto presunto que impugnó el recurrente no solo no existe en cuanto a condiciones modales (esencialmente tiempo y modo), sino que el acto administrativo que podría ser cuestionado, nunca entregó licencias comerciales de pesca de camarón a ocho embarcaciones y más importante aún, no se generó en una ocurrencia de los funcionarios de INCOPESCA, sino que encontró asidero normativo en una ley de la República y como tal, implica que cualquier actividad formal de la administración provocada a partir de esta ley, se conforma sustancialmente con el ordenamiento jurídico en cuanto a sus elementos formales, materiales, de conformidad con los ordinales 15, 16, 113, 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública y, por ende, igualmente se impone el rechazo del amparo observado. Finalmente debe traerse a colación otro error de concepto del recurrente, pues parece entender que cualquier acto entregado por el INCOPESCA y relacionado con temas de pesca es una licencia comercial, lo cual a todas luces es incierto. Exactamente del numeral 101 de la Ley de Pesca y Acuicultura se desprende que hay licencias de pesca y permisos de investigación, siendo precisamente los últimos, los emitidos por INCOPESCA y que impugna el señor [Nombre02 001] reputándolos como licencias de pesca, evidentemente en forma errada, se insiste hasta el sacio. B.3-) De la improcedencia del recurso de amparo por razones sustantivas: lo que impugnó el recurrente no son actos administrativos de entrega de licencias comerciales de pesquería de camarón, sino un acto administrativo que ordenó labores de investigación para fijar la viabilidad o no de la reinstauración de este arte de pesca. Superados los anteriores acápites y para evitar duplicidad argumentativa, se puede concluir que sí hubo un error en la fijación de la “causa” del amparo, como en su objeto -pretensión-, pues realmente hoy no pueden existir licencias comerciales de pesca de camarón, pues no hay ley que permita su emisión, toda vez que desde el voto No. 2013-010540 de esta Sala, se abrogó del ordenamiento jurídico la norma que sustanciaba esta clase de licencias. Ahora bien, los mismos “obiter dictum” y “ratio decidendi” de este fallo constitucional, ordenaron la perentoria práctica de investigaciones científicas por parte de los entes públicos competentes -INCOPESCA-, para verificar si nuevas técnicas e implementación de aparatos novedosos, podrían acreditar una mayor bondad de otras artes de pesquería que garantizaran una menor afectación al ambiente. Esta obligación del Estado fue nuevamente reconocida por la Sala Constitucional en su voto No. 2018-014168 y por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en su voto n°277-2018-I, decisiones jurisdiccionales republicanas bastante cercanas en tiempo, que en lo de interés entregaron un plazo determinado al INCOPESCA para realizar estas labores de investigación programáticas. Con ocasión de este compendio de pronunciamientos vinculantes, efectivamente INCOPESCA comenzó con labores de investigación desde el año 2018 y hasta el año 2019, que a la postre permitieron sustanciar un proyecto de ley para regular la pesquería de camarón. Este proyecto de ley se tramitó bajo expediente 21.478, "Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica" y fue aprobado en segundo debate legislativo el día 22 de octubre de 2020. Proyecto legislativo que además contó con consulta legislativa de constitucionalidad luego de ser aprobado en primer debate y que fue declarado conforme con el derecho de la Carta Magna por criterio de mayoría y soberano mediante voto 2020-013837 dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a las 18:30 horas del 22 de julio de 2020. A pesar de contar el proyecto de ley relacionado con aprobación legislativa y el espaldarazo de esta Sala, el anterior presidente de la República emitió un acto de gobierno y vetó el mismo por aducidas cuestiones de oportunidad y conveniencia, alegando ausencia de labores de investigación en lo esencial. Fue este escenario, el que motivó la necesidad de implementar las actuales labores de investigación y contra las cuales carga el señor recurrente, sin comprender que todos sus alegatos lejos de desautorizar la actividad material que se realiza -de carácter estrictamente científico-, viene a darle un absoluto espaldarazo, y precisamente es el contenido teleológico de los artículos 50 y siguientes de la Carta Política, los que aconsejan seguir con el proyecto de exploración científico-pesquero que está en pleno desarrollo. Se solicita se rechace de plano el recurso de amparo planteado.

4.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:25 horas del 15 de mayo de 2023, Daniela Madrigal Solorzano, en su condición de asesora jurídica de INCOPESCA, indica que la parte recurrida aporta como prueba un CD marca Maxell, mismo que contiene el expediente administrativo del proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2023”.

5.- Informan bajo juramento Franz Tattenbach Capra, Víctor Julio Carvajal Porras y Heiner Méndez Barrientos, respectivamente, en su condición de ministro de Ambiente y Energía, de ministro de Agricultura y Ganadería y de presidente ejecutivo con rango de ministro de INCOPESCA (escrito presentado a las 17:49 horas del 15 de mayo de 2023) que como primer punto el recurrente indica que "el pasado 23 de marzo, mediante acuerdo de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, se otorgaron 8 licencias de pesca de arrastre de camarón, a embarcaciones semi industriales aportadas por el sector pesquero costarricense”. Esa afirmación es falsa y está completamente fuera de la realidad, ya que, en primera instancia, el INCOPESCA no ha procedido a autorizar licencias de pesca de arrastre de camarón. Además, según los registros de la Secretaría de Junta Directiva, los directores no sesionaron el día indicado por el recurrente, lo que se aprobó mediante acuerdo AJDIP/205-2022 del 27 de setiembre del año 2022, en sesión ordinaria 41-2022, fue el proyecto de investigación "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024", en donde instruyen a la Presidencia Ejecutiva, para que, en coordinación con la Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del INCOPESCA, por medio del Departamento de Investigación, así como, con la Dirección Administrativa Financiera, se proceda a iniciar e implementar dicho Proyecto de Investigación. En consecuencia, al amparo de lo dispuesto en la Reforma de Ley 10155, con la modificación del artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, No. 8436, se otorgan los permisos de investigación a la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, cédula jurídica CED03, así como, a la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, cédula jurídica CED05, para que por medio de sus asociados, estas Asociaciones faciliten 8 embarcaciones aportadas por ellos, para que bajo la dirección y en conjunto con el INCOPESCA se lleve a cabo la ejecución del proyecto de investigación. Aquí deben hacer distinción al grave error que comete el recurrente afirmando que han otorgados licencias de pesca por cuanto parece ignorar que hay una gran diferencia entre un permiso de investigación y una licencia de pesca según lo determina el artículo 101 de la Ley de Pesca y Acuicultura, con lo cual basta esta prueba irrefutable para rechazar de plano el presente amparo, ya que no existe lesión alguna al ordenamiento jurídico costarricense y los principios constitucionales. Aunado a esto, por mandato legal, según lo dispuesto por los votos 2013-010540 y 2018-0l4168 de la Sala Constitucional y la sentencia 277-2018-1 del Tribunal Contencioso Administrativo, los cuales determinan de manera irrefutable que es el INCOPESCA, quien debe realizar la investigación para determinar si es posible o no, de acuerdo con la ciencia y técnica, restablecer la pesquería sostenible de camarón de profundidad en Costa Rica. Por lo tanto, está claro que no se trata de una decisión arbitraria por parte del Estado, sino más bien el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter obligatorio, de conformidad con las competencias y atribuciones dadas por ley al INCOPESCA. Igualmente, es más que claro que es competencia de ley dada al INCOPESCA el realizar esta o cualquier otra investigación que sea necesaria en materia de pesca y acuicultura para garantizar la protección del medio ambiente, el desarrollo socioeconómico de quienes viven de la pesca y acuicultura y garantizar la seguridad alimentaria de todos los costarricenses. Es claro que el aquí recurrente no ha tomado en consideración en sus alegatos el principio ecosistémico que es parte de esta investigación. Recuerdan que el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable, adoptado por la Conferencia de la FAO en octubre de 1995, considera la pesca como una actividad de gran relevancia para la humanidad. El artículo 6.5, establece lo siguiente: “Los Estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deberían aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos vivos con el fin de protegerlos y de preservar el medio ambiente acuático, tomando en consideración los datos científicos más fidedignos disponibles. La falta de información científica adecuada no debería utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquéllas que no son objeto de la pesca, así como su medio ambiente”. Es su compromiso y obligación como Estado obtener información de orden técnico y científico, pero sobre todo actual, que les permita al finalizar la investigación garantizar evitar el exceso de capacidad de pesca, los intereses de los pescadores, tanto sociales, económicos, ambientales y culturales, se preserve la biodiversidad, la disponibilidad y ubicación de la biomasa, la evaluación del impacto ambiental, la reducción significativa de pesca incidental y descartes, tecnificar el arte de pesca, el fomento de la investigación y la colecta de datos de manera transparente, lo anterior con el fin de determinar si es posible recomendar el reactivar o no la pesquería de camarón de profundidad y adoptar medidas de ordenamiento y conservación con enfoque ecosistémico. Un aspecto para mencionar relacionado a la investigación y al enfoque ecosistémico es que, entre otras cosas, se está utilizando una red con materiales, diseño y tamaños muy diferentes a los que históricamente habían utilizado las embarcaciones camaroneras en años pasados, o sea pueden afirmar que las artes de pesca que se están probando son totalmente diferentes a las que se utilizaban anteriormente. También para esta investigación esas redes o artes de pesca tienen instalado tres Dispositivos Excluidores de Peces (malla cuadra, ojo de pescado y doble relinga) y el Dispositivo Excluidor de Tortugas DET (distancia entre barras de 4 pulgadas), entre otras innovaciones. En caso de que se requiera mayor ilustración de estas artes de pesca se aporta el expediente administrativo de la investigación donde constan los aspectos técnicos del proceso. En el mismo sentido se elaboran salvaguardas ambientales para garantizar valoraciones previas conforme se vaya desarrollando el proceso de investigación para garantizar mayor transparencia y evaluaciones periódicas que les determinen la conveniencia y oportunidad de proseguir con los procesos. No existe la pretendida violación al artículo 7 de la Constitución Política, que sostiene el actor, ya que con los argumentos supra indicados y lo que dispone la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), Ley 7991 del 23 de marzo de 1992, la cual determina lo siguiente: "Artículo 56. Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva. 1.- En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a: (…) ii) La investigación científica marina; iii) La protección y preservación del medio marino, c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención". En el mismo sentido: “Artículo 61. Conservación de los recursos vivos. 1.- El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona económica exclusiva. 2.- El Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará, mediante medidas adecuadas de conservación y administración, que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no se vea amenazada por un exceso de explotación. El Estado ribereño y las organizaciones internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, cooperarán, según proceda, con este fin. 3.- Tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades económicas de las comunidades pesqueras ribereñas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualesquiera otros estándares mínimos internacionales generalmente recomendados, sean subregionales, regionales o mundiales. 4.- Al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar o restablecer las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su reproducción pueda verse gravemente amenazada. 5.- Periódicamente se aportarán o intercambiarán la información científica disponible, las estadísticas sobre captura y esfuerzos de pesca y otros datos pertinentes para la conservación de las poblaciones de peces, por conducto de las organizaciones internacionales competentes, sean subregionales, regionales o mundiales, según proceda, y con la participación de todos los Estados interesados, incluidos aquellos cuyos nacionales estén autorizados a pescar en la zona económica exclusiva”. “Artículo 62. Utilización de los recursos vivos. 1.- El Estado ribereño promoverá el objetivo de la utilización óptima de los recursos vivos en la zona económica exclusiva, sin perjuicio del artículo 61. 2.- El Estado ribereño determinará su capacidad de capturar los recursos vivos de la zona económica exclusiva. Cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, dará acceso a otros Estados al excedente de la captura permisible, mediante acuerdos u otros arreglos y de conformidad con las modalidades, condiciones y leyes y reglamentos a que se refiere el párrafo 4, teniendo especialmente en cuenta los artículos 69 y 70, sobre todo en relación con los Estados en desarrollo que en ellos se mencionan. (…) 5.- Los Estados ribereños darán a conocer debidamente las leyes y reglamentos en materia de conservación y administración. (NOTA: Véanse las observaciones de la ley acerca de la Declaración interpretativa que hace el Gobierno de Costa Rica". Como se puede, ver no existe violación al artículo 7 de la Constitución Política, ya que si algo se está haciendo por parte del INCOPESCA y del Estado Costarricense, es realizar investigación científica precisamente para cumplir con los mandatos que establecen los tratados internacionales, para lo cual se deben hacer procesos de investigación que implican la realización de pruebas prácticas de campo para lo cual el INCOPESCA emite permisos de investigación, hasta el día de hoy no existe ni habrá al amparo de este proceso de investigación la emisión de licencias de pesca como lo afirma el actor de manera malintencionada y dolosa con lo cual pretende obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado Costarricense para garantizar el principio del Acceso Democrático Sostenible a los Recursos Naturales y el cumplimiento de todos los principios y obligaciones que se derivan del artículo 50 de la Constitución Política. Continuando con el objeto de este temerario recurso de amparo, el recurrente expone dentro de sus alegatos: “cuanto o lo transparencia y el acceso a la información pública de dicha investigación, cabe indicar que más de 53 días después de que se inició con dicho estudio, aún no ha sido posible encontrar el Acta de Junta Directiva del 23 de marzo del 2023 en la página web de la institución, lo cual obstaculiza el cumplimiento del artículo 30 de la Constitución Política". Esta aseveración es completamente falsa y tiene como único fin inducir a esta Sala al error, primeramente el acta de Junta Directiva a la cual se hace mención no es posible encontrarla porque no existe, como se ha indicado líneas arriba, no se sesionó tal día; sin embargo, es importante dejar claro que la trasparencia y el acceso a la información en esta investigación han sido prioridad para el Estado, es por esto que tal y como consta dentro del expediente administrativo del Proyecto de Investigación "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024", mismo que está a disposición de la Sala y en donde se hace constar los oficios INCOPESCA-PE-DOPA-109-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-110-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-112-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-114-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-115-2022 y INCOPESCA-DE-DOPA-116-2022, emitidos por el Lic. Miguel Durán Delgado, quien en su condición de Director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del INCOPESCA, mediante los cuales extiende invitación formal a la Academia para participar de la investigación, asimismo mediante correo electrónico que consta en el expediente administrativo se remite invitación a las ONG, incluyendo a MARVIVA, Costa Rica por Siempre, FAICO, COOPESOLIDAR, Conservación Internacional Costa Rica y One Sea. Incluso, el INCOPESCA ha hecho uso activo de las redes sociales y prensa para invitar a los ciudadanos a participar del proyecto. Por lo tanto, es completamente falso que exista algún perjuicio por falta de información o que esta sea de difícil acceso, ya que el expediente administrativo se encuentra debidamente conformado, foliado en orden cronológico y contiene todo lo referente a esta investigación. En relación con lo que indica el recurrente en cuanto a la supuesta violación del artículo 50 de la Constitución Política, muy por el contrario de lo que el recurrente indica, la investigación pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad, en acatamiento de lo dispuesto mediante votos 2013-010540 y 2018-014168 de la Sala Constitucional y la sentencia 277-2018-i del Tribunal Contencioso Administrativo, cumplimiento con lo que dicta la técnica y la ciencia en asocio con el desarrollo socioeconómico de quienes eventualmente se podrían favorecer con el ejercicio del desarrollo de una pesca responsable y sostenible. En cuanto al factor socioeconómico el recurrente de una manera discriminatoria e irrespetuosa estigmatiza y califica de manera despectiva y excluyente a los participantes de la investigación asegurando que se trata de una "población poco escolarizada" asumiendo con esto que su retribución económica es desigual, lo cierto es que al tratarse de un nuevo estudio y en el entendido que no puede dejarse de lado el aspecto social y económico, se cuenta con el apoyo de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica, quienes se encargaran de desarrollar el objetivo relacionado a este tema social y económico y al mismo tiempo de recolectar y analizar datos sobre el tema social y económico, para determinar el impacto de la pesquería de camarón en esta población, así que, una vez más se trata de apreciaciones subjetivas sobre este nuevo proyecto de investigación por parte del recurrente. Es curioso y no de extrañar, como el recurrente de manera maliciosa menciona un supuesto incumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, utilizando únicamente el segundo párrafo de la norma, dejando de lado de manera deliberada el primer párrafo, ya que viendo el artículo de manera integral es que se puede propiciar el acatamiento al principio de acceso democrático sostenible que con mucho éxito ha sido promulgado por la Sala Constitucional en el voto 2013-010540, el cual es uno de los objetivos de la investigación de esta pesquería y demás que desarrolla el INCOPESCA. Lo anterior descrito se convierte en una obligación para el Estado y el INCOPESCA, con la realización de la investigación, el de procurar garantizar no solamente el factor biológico y ecológico, sino también garantizar de manera paralela los factores sociales, económicos, culturales y políticos de las comunidades costeras, donde además se evalúe, analice y priorice el derecho de acceso al trabajo, el acceso de la educación, el crecimiento sostenible social, el adecuado reparto de la riqueza y acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, visto de manera transversal entre protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. La seguridad alimentaria es una de las obligaciones fundamentales que debe atender el Estado Costarricense, y la misma esta postulada en el artículo 21 de la Constitución Política, en atención a ello es que precisamente el Estado recurre a las herramientas que nos brinda la ciencia para que el ser humano pueda desarrollar las actividades productivas que garanticen su propia seguridad alimentaria. Véase como el recurrente afirma una vez más de manera dolosa sus opiniones sin haber entrado siquiera a evaluar el contenido y objetivos del Proyecto de Investigación y mucho menos podrá calificar resultados porque estos todavía no existen, sea pues, igual no existe violación al artículo 21 de la Constitución Política. En todo momento se está ante análisis crítico y el cumplimiento de todos los principios generados de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y desarrollo y la Constitución Política de Costa Rica, dentro de los que podemos mencionar los Principios de: a) Precautorio y Preventivo, b) de Acceso Democrático Sostenible, c) de Derecho al Trabajo Digno, d) de Derecho a la Seguridad Alimentaria, e) de Garantía al Acceso Intergeneracional a los Recursos Naturales, entre otros. El recurrente afirma que existen conflictos entre la flota artesanal y las embarcaciones semiindustriales que se encuentran realizando la investigación de pesca de camarón de profundidad, sin aportar una sola prueba de ello, sobre este tema el Estado, en busca de evitar conflictos entre las flotas de pequeña escala y la semiindustrial, que pudiesen generar perjuicios directos, estableció dentro de la metodología del proyecto que la investigación se llevaría a cabo afuera de las primeras cuatro millas náuticas cercanas a la costa para disminuir la interacción entre flotas y garantizar el acceso a los recursos pesqueros a la flota de pequeña escala, que los barcos contarán con un observador a bordo colectando información técnica de la faena de pesca; no podrán realizar faenas de pesca dentro en las áreas marinas de manejo, áreas marinas de pesca responsable y áreas silvestres protegidas y esto será controlado y monitoreado desde el Centro de Seguimiento Satelital del INCOPESCA, ya que los barcos deben contar y utilizar de manera obligatoria, con dispositivos de seguimiento satelital, transmitiendo de forma continua y permanente las 24 horas. Por otro lado, el recurrente asegura que las embarcaciones participantes dirigen sus artes a la pesca captura de grandes cantidades de pescado, para lo cual tampoco aporta una sola prueba técnica que respalde su afirmación, volviéndose una apreciación meramente subjetiva sin fundamento critico ni técnico, y lo que claramente establece el proyecto de investigación no es así, lo que evidencia que el recurrente ignora el contenido del Proyecto de investigación que se desarrolla. Es importante establecer también, que el 100% de las capturas obtenidas de esta investigación serán inspeccionadas por el INCOPESCA, en los muelles debidamente autorizados para ello y por el Departamento de Fiscalización de ese instituto. Lo concerniente al costo de la investigación no es un tema que deba ser discutido en la vía del amparo; sin embargo, manifiestan que efectivamente como todo proyecto, se debe realizar un presupuesto de cuánto será el costo previsto de inicio a fin del proyecto, y no solo el primer año como falsamente el recurrente afirma, para el caso que nos ocupa se estableció que por la contratación de personal calificado, sean, ocho observadores abordo, tres digitadores, un evaluador pesquero, un planificador social y económico y un geólogo marino, establecía un costo previsto de ciento veintiséis millones de colones. Es importante aclarar que actualmente los observadores abordo son biólogos funcionarios del INCOPESCA que se encuentran colaborando en esta primera parte de la investigación denominada premuestreo y que responde al análisis y ajustes realizados previo al mes de marzo, considerando las observaciones y comentarios aportados al perfil del documento y metodología por parte de funcionarios de las universidades y otros. Además, como se mencionó anteriormente, en el presente documento el aspecto social y económico del proyecto de investigación, se está desarrollando de manera conjunta entre el INCOPESCA y la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica, asimismo a fin de sumar esfuerzos a la contratación de un evaluador pesquero internacional, se optó por desistir de la contratación del geólogo marino, por lo cual es evidente que el Estado, ha buscado reducir el presupuesto estimado. Importante mencionar que esta investigación es liderada por el INCOPESCA, como autoridad ejecutora de la Ley de Pesca y Acuicultura, y ente competente según la Ley 7384, Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y los pronunciamientos de la jurisprudencia nacional sobre la materia, donde es importante mencionar que se cuenta y forma parte de un trabajo en conjunto con el conocimiento tradicional de pescadores y expertos nacionales e internacionales en ciencias pesqueras. Precisamente, la modificación al artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, obedeció a fortalecer las atribuciones del INCOPESCA en investigación científica y técnica, de los recursos pesqueros y acuícolas, fomentando el conocimiento científico para la toma de decisiones, visibilizando la orientación científica con enfoque ecosistémico con miras a promover el desarrollo de las comunidades costeras y garantizar la salud del ecosistema marino. El recurrente es insistente a lo largo de sus alegatos de interposición del recurso, en faltar a la verdad asegurando que el INCOPESCA, es quien a toda costa quiere reactivar la pesquería de camarón, lo cual es totalmente falso, ha quedado demostrado que el Estado, obedece y cumple las disposiciones legales ordenadas, que está en el sano ejercicio de las competencias que le han sido dadas por el ordenamiento jurídico y que se desarrollan en armonía con los principios legales y ambientales emanados por nuestra Constitución Política, los principios internacionales del Código de Conducta para la Pesca Responsable, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Declaración de Rio de Janeiro, esta investigación lejos de todo lo que ha afirmado el recurrente sin prueba alguna, busca con base en criterios científicos- técnicos demostrar si es posible o no desarrollar una actividad socioeconómica productiva, de la cual han vivido muchos años, las poblaciones de las zonas costeras del país sin descuidar la protección del medio ambiente, se deberá considerar que la pesquería de camarón de profundidad ha estado cerrada por más de cinco años y este es otro motivo que hace necesario realizar una investigación para determinar el estado actual de las poblaciones de camarón de profundidad, la disponibilidad y ubicación de la biomasa de interés pesquero y la recopilación transparente de datos fidedignos. Si al final de este proceso de investigación, los resultados obtenidos indican que no es posible realizar una pesca sostenible del camarón, no se otorgaría ninguna licencia de pesca comercial para camarón de profundidad o si por el contario resulta favorable los resultados se exploraría las medidas de gestión para su apertura a nivel comercial en el país utilizando todas las herramientas y métodos necesarios para garantizar la protección del medio ambiente, lo cual debería ser sometido a consulta con los órganos técnicos asesores y cualquier otro ente sea del Estado, la academia o sociedad civil que desee manifestar su criterio. El proceso de investigación busca generar las condiciones de acceso al recurso pesquero de manera disponible con lo cual la actividad generará un alto valor agregado a través de empleos directos e indirectos a lo largo de toda la cadena de valor (mecánicos, tripulación de los barcos, carnicerías. supermercados, fábricas de hielo, rederos, peladoras de camarón, entre otros), lo que se traduce en un alto impacto socioeconómico en la zona de Puntarenas y la generación de divisas por la eventual exportación de producto terminado. El recurrente igualmente de manera temeraria hace afirmaciones en cuanto al tema de la belleza escénica marina, lo cual dista mucho de la realidad, primero por que realiza afirmaciones carentes de toda prueba, siendo el mismo proceso de investigación tal y como consta en el expediente administrativo, prohíbe todo muestreo en zonas donde existan arrecifes de coral, parque nacionales, áreas protegidas, y las redes precisamente buscan por su constitución disminuir al máximo el impacto sobre el medio ambiente, además de que como se ha indicado, se trata de estudios sobre especies de camarón de profundidad, por lo cual tampoco es de recibo esta última afirmación. Finalmente deseamos traer a colación que en ocasiones anteriores cuando se ha tratado de interrumpir el ejercicio de las competencias del INCOPESCA, utilizando recursos de amparo, en cuanto a la realización de procesos de investigación científica, la Sala Constitucional ha sido clara. que no le corresponde evaluar por la vía del amparo informes o criterios de carácter técnicos, tal y como fue resuelto, anteriormente por el órgano constitucional sobre un proceso de investigación sobre pesquería de camarón y que fue resuelto por medio de la resolución que consta en el expediente No. 19-012136-0007-CO del 27 de agosto del año 2019, donde los magistrados manifiestan que no les corresponde resolver el fondo de la investigación, pues afirmaron: "pues ello implica analizar criterios técnicos, incompatibles con el carácter sumario del amparo". Sea pues al no existir lesión constitucional alguna y estar el INCOPESCA en el ejercicio de sus obligaciones constitucionales no queda más que en consecuencia de la jurisprudencia costarricense en la materia rechazar de plano el presente recurso. Luego del análisis y revisión de la pretensión del recurrente, el Estado considera que la petición es absolutamente improcedente, pues como ha quedado claro que con el proyecto de investigación "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024", no se ha otorgado ninguna licencia de pesca, lo que se otorgaron fueron permisos de investigación a dos asociaciones, para que por medio de ocho embarcaciones se llevara a cabo el estudio o investigación, y siendo que el recurrente persigue con este proceso una pretensión inexistente, se le solicita a la Sala que declare sin lugar el presente recurso y se proceda a su archivo. Asimismo, se solicita que los recursos sobre este tema en particular que pudiesen presentarse a futuro se acumulen a la presente causa. No existe lesión a ningún precepto constitucional que ponga en peligro el orden jurídico costarricense o la violación a los principios constitucionales y de las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica para garantizar la protección del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas que garanticen la ciencia que se pueden realizar de manera responsable, por lo cual solicitan se rechace de plano el presente recurso de amparo. Condénese al actor al pago de las costas procesales.

6.- Informa bajo juramento Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia (escrito presentado a las 21:58 horas del 15 de mayo de 2023) que el presente asunto versa sobre los permisos con fines investigativos otorgadas por la Junta Directiva del INCOPESCA, en relación con el estudio "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". Al respecto, se hace necesario evidenciar que el Ministerio de la Presidencia no tiene injerencia alguna en las decisiones del otorgamiento de licencias y permisos que al efecto brinda INCOPESCA, según las competencias establecidas en el Título V, Capítulo I de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436 del 01 de marzo de 2005, por lo que los hechos indicados por el recurrente no deben ser puestos en conocimiento de esa instancia ministerial, siendo que ello se encuentra fuera del ámbito y de las funciones establecidas en el artículo 140 de la Constitución Política, numerales 151, inciso a) y 152 del Reglamento Autónomo de servicio y organización de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, decreto ejecutivo N°40993 del 23 de febrero de 2018; y los artículos 11, 25 inciso 1), 27) y 28) de la Ley General de la Administración Pública N°6227 del 02 de mayo de 1978. Sin embargo, y ante la solicitud que le ha sido requerida, es oportuno adherirse al informe rendido y las pruebas aportadas a la Sala por parte de las instancias técnicas correspondientes, en fecha 15 de mayo de 2023. Así las cosas, se estima improcedente la presente acción en contra de su representada, solicitando que este recurso de amparo sea declarado sin lugar.

7.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:56 horas del 15 de junio de 2023, Wilber Madriz Arguedas y Jacqueline de los Ángeles Membreño García, respectivamente, en su condición de alcalde de Puntarenas y en su condición personal y como presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, indican que presentan formalmente una coadyuvancia en favor de INCOPESCA. Dicen que representan los intereses de todos los trabajadores que se dedican al sector de la pesquería semiindustrial del camarón en Puntarenas, debido a que fueron destinatarias de los efectos subjetivos positivos del acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 412022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, que aprobó el proyecto de investigación científica "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024"; mediante el cual, se otorgaron 8 permisos para ejecutar el proyecto de investigación. Sus representados, todos, se dedican a la pesca del camarón y a su procesamiento industrial como lo es el pelado y empacado para su posterior venta al consumidor final. Para todos estos vecinos de Puntarenas, es vital que se terminen estos estudios científicos para que pueda ser autorizada de nuevo la pesca del camarón para más personas y empresas. Por ello, el resultado de estos estudios científicos es vital para poder esas personas volver a trabajar como tripulantes de las naves de pesca y por las personas que trabajan en los procesos posteriores, como lo es el pelado y empacado del camarón para su posterior distribución y venta al consumidor final. Sobre los hechos indican, entre otros extremos, que es cierto que el INCOPESCA otorgó 8 licencias para hacer un estudio científico denominado "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". Los registros de la Secretaría de la Junta Directiva de INCOPESCA indican, que la sesión de la Junta Directiva del INCOPESCA fue celebrada el 27 de setiembre del año 2022. La parte actora ni siquiera presentó el acuerdo de la junta directiva, como es su deber. No es cierto que la sesión fue celebrada día 23 de marzo de 2023. No hay registro de que se llevase a cabo una sesión de la Junta Directiva de INCOPFSCA ese día. No es cierto que INCOPESCA haya otorgado 8 licencias de pesca de arrastre de camarón. Como se dijo, fueron otorgados 8 permisos exclusivamente para investigación. Lo dice el acuerdo. No es cierto que se otorgaron "8 licencias de pesca de arrastre de camarón, a embarcaciones semiindustriales aportadas por sector pesquero costarricense". No son embarcaciones "semi industriales" como falsamente dice el actor. Ninguna de las embarcaciones puede hacer un proceso semi industrial ni industrial a bordo para procesar el camarón una vez pescado. Son barcos para la pesca, nada más. Pescan y almacenan el camarón congelado para llevarlo a puerto. Rechazan las violaciones constitucionales y convencionales que refiere el recurrente. Se menciona que 53 días después de iniciado el estudio, no pudieron tener acceso al Acta de la Junta Directiva de 23 de marzo de 2023. Esa acta es imposible de encontrar porque no existe. INCOPESCA no se sesionó. La sesión fue el 27 de setiembre del año 2022, y el acuerdo fue adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA. Puede consultarlo directamente a INCOPESCA o pedirlo a la secretaría de la Junta Directiva. Se han cumplido las reglas legales acerca de la publicidad de las actas. Pero el actor se equivocó de acta y de fecha del acuerdo y por eso cree que no existe o que está escondido. Expresan que el acuerdo tomado por la Junta Directiva del INCOPESCA, es un acto administrativo técnico, fundado en estudios técnicos y científicos, de manera que para poder determinar si es un acuerdo ilegal, deberán aportarse otros informes científicos que los contradigan. Esta es materia de "legalidad" como lo ha definido la Sala Constitucional. El experimento está autorizado por el artículo 18 de ley 10.155, por lo que está razonablemente fundado en una norma vigente. La Sala deberá suspender la tramitación del amparo y abrirle al actor la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra esa norma. Se trata de un acuerdo fundado en las competencias formales y materiales otorgada a la Junta Directiva del INCOPESCA por el citado artículo, de manera que su cuestionamiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. De conformidad con los argumentos expuestos, las normas y la jurisprudencia citados, solicita que en sentencia se declare: 1. Incompetente la Sala Constitucional para anular el acto administrativo técnico dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA, por no ser esa discusión de nulidad propia de un proceso sumario de amparo. 2. En consecuencia, se declare que es competente el Tribunal Contencioso Administrativo para anular el acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, que aprobó el proyecto de investigación científica "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". Pretensión subsidiaria: En caso de que la Sala Constitucional considere que es competente para conocer de la anulación el acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, deberá suspender la tramitación del amparo y abrirle al actor la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el                             artículo 18 de la Ley 10.155. Esto es lo que dice el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

8.- Mediante resolución de las 08:11 horas del 28 de agosto de 2023, como prueba para mejor resolver, la magistrada instructora dispuso dar audiencia a las siguientes instituciones y organizaciones: 1) Director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la Universidad de Costa Rica; 2) Decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional (UNA); 3) Director de la Fundación MarViva; 4) Director de la Fundación OneSea; 5) Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por Siempre; 6) Directora Ejecutiva de Conservación Internacional Costa Rica y 7) Presidente de la Junta de Administración de la Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO), a fin de que emitan a esta Sala su criterio técnico respecto al proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica.

9.- Por escritos recibidos en la Secretaría de la Sala a las 16:32 horas del 04 de setiembre de 2023 y a las 07:51 horas del 05 de setiembre de 2023, Jorge Serendero Hülssner indica que presenta coadyuvancia a título personal y de la Fundación Fort the Oceans, en calidad de director ejecutivo con Poder Generalísimo. Manifiesta lo siguiente:

“PRIMERO: Solicito que en mi doble carácter se nos tenga parte dentro de este expediente. A los efectos presento coadyuvancia activa.

SEGUNDO: Ruego se considere que la fecha se transgrede el principio precautorio por las dudas que desde la Academia y diversas ONGs han externado y en ese tanto es vital que el amparo sea encontrado con lugar.

El principio de objetivación también deberá ser considerado en este caso, pues a la hora de otorgarse los permisos de pesca para hacer estudios, no existía (ni existe) información básica científica y esto hace que ahora la biodiversidad marina y los ecosistemas marines en general estén peligrando. Esta Sala ha señalado:

"... es un principio derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de lo LGAP, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general... de donde se deriva la exigencia de lo "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia". Voto 14293-2005 Por lo anterior pido que se declare con lugar el amparo”.

 

10.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:18 horas del 05 de setiembre de 2023, Álvaro Morales Ramírez, en su condición de director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología -CIMAR- de la UCR, indica que el 21 de febrero de 2023, el Dr. Ingo Wehrtmann, investigador experto en el tema del CIMAR brindó el criterio al Lic. Miguel Durán Delgado, director técnico de INCOPESCA. Es oportuno añadir que dicho informe viene también firmado por el M.Sc. Mauricio Ibarra, experto chileno y colaborador del Dr. Wehrtmann. Dicho informe indica lo siguiente:

“Lic. Miguel Durán Delgado

Director Técnico INCOPESCA

Estimado Sr. Director:

En diciembre participé como representante oficial de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la actividad organizado por INCOPESCA para socializar con el Sector Académico algunos detalles de la propuesta de investigación titulada “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”.

Considerando que no he tenido conocimiento de este proyecto, manifesté que mi participación en dicha reunión se centraría en obtener detalles sobre esta investigación y no en avalar el proyecto. De hecho, la UCR nunca estuvo invitada para participar en el desarrollo de esta propuesta de investigación. Considerando que en Costa Rica hay muy poca experiencia en la realización de estudios de evaluación de poblaciones o stocks de recursos pesqueros, y aún menos en estudios sobre camarones de profundidad, me tomé la libertad de compartir el documento recibido de INCOPESCA con el Sr. Mauricio Ibarra, Licenciado en Ciencia Pesquera e Ingeniero Pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Magíster en Estadística de la Universidad de Valparaíso (UV) y Magister(c) en Gestión de Recursos Acuáticos de la PUCV, quien trabaja actualmente en el Instituto de Fomento Pesquero en Chile, precisamente en la evaluación de stocks de crustáceos. El Sr. Ibarra, tiene 17 años de experiencia laboral en asesorías para la explotación sustentable de recursos pesqueros, y la mayor parte del tiempo ha trabajado con el camarón nailon (Heterocarpus reedi), una especie similar a nuestro camarón camellito (H. vicarius) y del mismo género de nuestro camarón camello real (H. affinis). En resumen, el Sr. Mauricio Ibarra es un experto altamente calificado para revisar y evaluar la propuesta enviada por INCOPESCA.

A continuación, queremos destacar en forma resumida algunos aspectos de esta propuesta que requieren, de nuestro punto de vista, un re-pensamiento o modificación, según el análisis conjunto que realizamos con el Sr. Ibarra:

(1) Red AA Costa Rica: La experiencia con esta red se basa en un estudio que realizó el INCOPESCA durante octubre y diciembre 2018 en la entrada al Golfo de Nicoya. El informe con sus resultados y conclusiones presentados fue ampliamente criticado, especialmente por la muy corta duración del estudio, su limitado alcance geográfico y errores en sus resultados. Por lo tanto, nos parece muy cuestionable asumir que esta Red AA Costa Rica es la red indicada para producir una pesca más sostenible.

(2) Utilizar dos redes diferentes. Los barcos camaroneros de Costa Rica trabajan con dos redes, una a estribor y una a babor. Entendemos que en la investigación propuesta se trabajará exclusivamente con la Red AA Costa Rica. Nos parece lamentable no aprovechar la posibilidad de utilizar al mismo tiempo dos redes diferentes: la Red AA Costa Rica y la red estándar utilizada anteriormente en la pesca de camarón en el país que serviría como “control”. Solamente la utilización directa de las dos redes diferentes en cada barco permitiría analizar si la Red AA Costa Rica realmente está reduciendo la captura de fauna acompañante, comparada con las de la red control.

(3) Edad de las especies objetivo. De acuerdo a (sic) los comentarios del personal de INCOPESCA, presente en la reunión de diciembre 2022, la propuesta parte del supuesto que los camarones tienen una longevidad de alrededor de dos años. No existe información sobre la longevidad de las especies objetivo del estudio propuesto por INCOPESCA para Costa Rica. Sin embargo, Pedraza-García et al. (2012), determinaron para Nombre06. vicarius (camarón camellito) de Colombia una longevidad de cuatro años de vida para machos y cinco años para hembras. Por lo tanto, un estudio de solo dos años de duración no va a generar información adecuada para una especie que vive por lo menos cuatro años, especialmente sobre temas importantes como reproducción, crecimiento, reclutamiento, mortalidad etc. En el caso del camarón nailon (H. reedi), Kilada & Acuña (2015) determinaron que las hembras alcanzarían cinco años de edad y los machos, cuatro años. Con estos antecedentes, se puede suponer que la longevidad del camarón camello real (H. affinis), que vive a una profundidad sustancialmente mayor que las demás especies objetivo, es superior a la de H. vicarius. En este sentido, el asunto de la longevidad de las especies objetivo no está siendo considerado en el diseño metodológico de la propuesta actual, lo cual limitaría sustancialmente el alcance de los resultados obtenidos.

(4) Diseño experimental. Parece que los muestreos se basan exclusivamente en lances comerciales. El documento no menciona lances científicos o algo sobre una evaluación directa del stock. Esta metodología generaría información sobre el estado de la pesca de los camarones objetivo, pero no permitiría obtener conclusiones sobre el estado del stock, lo que es una limitación/deficiencia importante del diseño. Sería altamente recomendable desarrollar un diseño metodológico que incluya muestreos científicos. Por otra parte, el estudio indica una estratificación por zonas a priori, pero esto se debe determinar después del estudio, con la información recopilada, porque se desconoce si existe o no, una separación espacial del stock.

(5) Duración de los lances. De acuerdo a (sic) la propuesta de INCOPESCA, los lances durarán entre 1 y 2 horas. Nos parece que esta duración no es apropiada para muestreos que deseen generar resultados científicos robustos. Se ha demostrado que los lances cortos son tan eficientes como los largos, y esto permite realizar más lances, en el mismo tiempo de duración del crucero, factor económico relevante en este tipo de estudios. Así es como, durante nuestro estudio de la pesca de camarones de profundidad de Costa Rica trabajamos con lances de 15 min y esta metodología generó resultados sólidos, los cuales fueron aceptados para su publicación en revistas internacionales (p.ej., Wehrtmann & Echeverría-Sáenz, 2007; Arana et al., 2013; Villalobos-Rojas et al., 2020). En Chile, con varios años de experiencia en la evaluación del stock del camarón nailon y otras especies, se está utilizando una duración de entre 10 y 20 minutos. Por lo tanto, nos parece que se debe considerar la inclusión de lances científicos con una duración alrededor de 15 min, además de la información de la flota pesquera que se va a generar.

(6) Estimación del “Máximo Rendimiento Sostenible (MRS)”. No existe claridad de cómo, exactamente, se pretende conseguir la información necesaria para definir el MRS. De nuevo, los datos que generará este proyecto serían datos sobre la abundancia en la pesca comercial, entre otros, pero no serían representativos para el stock de los camarones, a menos que se establezca una cobertura espacial mínima. Un aspecto importante para la estimación del MRS es la relación stock-recluta, pero la propuesta no deja claro cómo van a obtener y analizar dicha información. Por otra parte, para obtener un indicador de abundancia desde la flota, sería necesario realizar una estandarización de la CPUE o CPUA, mediante GLM´s, metodología que no está especificada en el proyecto presentado por INCOPESCA.

(7) Cantidad de embarcaciones. Nos parece entendible que se requiera de dos embarcaciones, especialmente equipadas para pescar el camarón real (H. affinis). Sin embargo, utilizar cuatro embarcaciones para trabajar con las restantes especies objetivo parece exagerado. En nuestro proyecto sobre la pesca de camarones de profundidad en Costa Rica hemos trabajado con 1-2 embarcaciones, lo que fue suficiente para generar datos robustos y publicables (ver referencias indicadas arriba).

(8) Personal a contratar. En los documentos recibidos de parte de INCOPESCA se indica que se contratarán, entre otros, ocho observadores a bordo y un geólogo marino. En el caso de los observadores a bordo no queda claro cómo se va a reclutar a estas personas. Deberían ser profesionales o técnicos con amplio conocimiento en los diversos aspectos de la biología-pesquera de camarones, pero con mi conocimiento (I. Wehrtmann) como investigador/docente trabajando por años en esa temática en la Universidad de Costa Rica, hay muy pocas personas en Costa Rica con este perfil. Por lo tanto, sería complicado tener personal debidamente capacitado para esta tarea fundamental para el éxito del proyecto. Por otro lado, en el caso de la contratación de un geólogo marino, nos parece prioritario, contar con un biólogo pesquero o ingeniero pesquero con amplia experiencia en la evaluación de recursos pesqueros, especialmente de camarones que son las especies objetivo del estudio. Lo más recomendable sería definir claramente el perfil del puesto y abrir un concurso internacional para seleccionar la persona más idónea para este trabajo.

(9) Análisis de riesgo. En la biología pesquera hay toda una línea de investigación sobre este tema, importante para el manejo de cualquier recurso pesquero (p.ej., Huppert et al., 1996; Hobday et al., 2011; Gaichas et al., 2018). Especialmente un manejo precautorio debe considerar los diferentes riesgos (ecológicos, económicos, sociales) que enfrenta cada pesquería. Sin embargo, la propuesta de INCOPESCA no menciona nada específico sobre esta temática. Eso es preocupante, considerando que después de un largo período de una disminución considerable del esfuerzo de pesca de camarón (hasta el cierre de la pesca) es posible que al inicio se capturará un alto volumen de camarones con tallas relativamente grandes. Sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamente y generar una situación mucho menos favorable o más bien preocupante, como ocurrió a inicios de la década de los años 2000, con Nombre07, en Chile, pesquería que estuvo cerrada por tres años, producto de la sobreexplotación y sobrepesca (Acuña et al., 2002; Arana et al., 2003; Arana et al., 2004), especialmente considerando el área geográfica de pesca limitada de camarón de profundidad en Costa Rica. Por lo tanto, un proyecto sobre el manejo de los recursos pesqueros debe considerar diferentes escenarios de riesgo (incluyendo escenarios de cambio climático) para tener más claridad sobre el posible futuro de estas pesquerías.

(10) Análisis estadísticos. No queremos entrar en demasiados detalles sobre este tema, pero es obvio que la presente propuesta de INCOPESCA pretende utilizar análisis estadísticos anticuados que no corresponden al estándar actual utilizado en las ciencias pesqueras. Sería necesario volver a describir esta parte e incluir métodos actuales. Una persona con amplia experiencia en la evaluación de stocks va a tener suficiente conocimiento sobre las metodologías adecuadas.

En resumen, existe todavía muchas preguntas y lagunas metodológicas alrededor de esta propuesta que se deberían aclarar antes de iniciar un proyecto de investigación sobre la pesca de camarones de profundidad en Costa Rica.

Finalmente, nos gustaría mencionar otro aspecto que nos parece importante al respecto: considerando la amplia evidencia internacional de que la pesca de arrastre siempre tendrá efectos negativos en el ecosistema ¿no sería mejor utilizar estos recursos financieros para promover estudios sobre métodos de captura alternativos a la pesca de arrastre? Por ejemplo, el cultivo de peces en jaulas flotantes podría ser una alternativa interesante considerando la alta cantidad de especies con potencial para la acuicultura que tenemos aquí en Costa Rica. Por otro lado existe en otros países la pesca con trampas/nasas para capturar camarones de profundidad. ¿No valdría la pena invertir algo de este presupuesto de aproximadamente 250 millones de Colones por ejemplo en esta alternativa?

Agradeciendo su atención, nos despedimos con un cordial saludo”.

 

11.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:34 horas del 06 de setiembre de 2023, Irene Murillo Ruin, en su condición de presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Costa Rica por Siempre, manifiesta lo siguiente:

“De conformidad con la Resolución de ocho horas once minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, comparecemos ante su autoridad en respuesta a la audiencia otorgada. La Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), es fondo ambiental y organización no gubernamental con la misión de potenciar alianzas y gestionar recursos para la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano.

En respuesta a lo dispuesto por la Sala Constitucional para solicitar criterio sobre el proyecto de investigación citado en el expediente 23-009158-0007-CO, a continuación, brindamos nuestra opinión técnica:

1. El 07 de octubre del 2022, la ACRXS fue convocada por el Despacho del Ministro y Presidencia Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), vía correo electrónico, a una sesión con el objetivo de socializar aspectos técnicos del proyecto "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", como parte de la necesidad de contar con los insumos adicionales de carácter científico-técnicos necesarios para lo pesquería de camarón.

2. El lunes 31 de octubre a las 10:00 am, en la Sala de Ex Ministros en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se llevó a cabo dicha sesión, donde además de ACRXS, hubo participación de representantes Conservación Internacional-CR, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Fundación Nombre08 y Fundación One Sea, y ocho funcionarios del INCOPESCA, inclusive el Ministro de Pesca.

3. Durante la sesión el INCOPESCA informó sobre aspectos técnicos-metodológicos, financieros y administrativos relacionados con el proyecto "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", de los cuales destacamos los siguientes:

a. El proyecto de investigación se desarrollaría en 2 fases, una iniciando en 2023 y otra durante el 2024.

b. El Sr. Fernando Mejía, funcionario del INCOPESCA, estaría a cargo del proyecto de investigación.

c. El estudio de investigación tendría un costo aproximado de C12ó,OO0,000, de los cuales, C120,000,000 se invertirían en la contratación de servicios profesionales, y Có,OO0,000 se invertirían en materiales.

d. Se otorgarían 8 permisos de investigación a 8 embarcaciones propiedad de dos organizaciones pesqueras ubicadas en la provincia de Puntarenas.

e. El proyecto de investigación se enfocaría en camarón de profundidad, por cuanto las faenas de arrastre de estarían llevando a cabo a tres millas desde la línea de costa, e incluso se guardarla una milla extra como zona de amortiguamiento.

f. Los sitios específicos donde se realizarían las faenas de arrastre no se habían definido con exactitud, y que para establecerlos se tomaría parecer a los capitanes de las 8 embarcaciones.

g. Se llevarían a cabo 33 lances por viaje.

h. La captura total obtenida de cada lance se pesaría en sestas 25 litros, y de cada sesta se tomarían muestras de 33 individuos de las diferentes especies de camarón y otros crustáceos.

i. La fauna de acompañamiento se clasificaría en dos categorías: aprovechable (ej. tiburones y rayas) y descartable (individuos de reducido tamaño, o especies de bajo o nulo valor comercial).

j. Que se llevaría a cabo un 100% de monitoreo del peso, talla e identificación, de cada individuo de la categoría aprovechable o comercializable.

k. Tanto los materiales como la estructura de la red de arrastre (AA-CR) a ser utilizados durante estas dos fases del proyecto de investigación son diferentes de los utilizados en el estudio "Evaluación de los porcentajes de exclusión de faca en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeus brevirostris) y fidel (Solenocera agassiziü utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (dep's, det's y doble relinga) y otras mejoras, en el océano pacifico costarricense”, cuyos resultados fueron presentados por el INCOPESCA en enero del 2019.

l. Parte de las características que diferencian a la red experimental de la anteriormente utilizada es que ésta (sic) no arrastra el fondo marino, ya que cuenta con un sistema de flotabilidad gracias a que los materiales utilizados son más livianos.

m. Los tiempos de arrastre de cada faena experimental serán de máximo 2 horas, esto para mejorar la calidad del producto capturado y autorizado para ser comercializado en la licencia de investigación.

n. Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Nacional de Aprendizaje serían parte del estudio de investigación. Que además se contaría con revisores externos (ej. INVEMAR de Colombia).

o. El estudio de investigación se estaría llevando a cabo en coordinación con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y la Embajada de los Estados Unidos.

p. Para apoyar la investigación se contrataría personas que fungieran como "observadores a bordo" en las 8 embarcaciones involucradas en el estudio de investigación.

q. El proyecto contrataría los servicios profesionales de un experto en geología marina (solamente paro la segunda fase), un planificador socioeconómico y un evaluador pesquero, que apoyarían en el análisis de información.

4. Una vez finalizada la presentación por parte de los funcionarios de INCOPESCA, los representantes de las diferentes organizaciones no gubernamentales presentes, realizamos una serie de consultas técnicas, que se resumen a continuación:

a. ¿Cuál fue la base técnica que determinó y justificó científicamente el número de embarcaciones requeridos, el número, frecuencia y duración de los lances experimentales, así como el tamaño de muestro estadísticamente representativo para realizar el análisis de datos correspondiente?

b. ¿Cuál es el número total de beneficiarios en las provincias de Puntarenas y Guanacaste que se estarían beneficiando tanto del proyecto de investigación, como de una eventual reapertura de la pesca de camarón con redes de arrastre?

c. ¿Tanto la investigación como la posible reapertura de la pesca de camarón con redes de arrastre estarían provocando un conflicto o consecuencias negativas a los pescadores artesanales o de pequeña escala que utilizan la costa pacífica?

d. Sabiendo que la cantidad de pescadores artesanales que utilizan la costa pacífica es considerablemente mayor que los beneficiarios de la pesca de arrastre, ¿cuál es la justificación socioeconómica para invertir nuevamente fondos públicos en una investigación de camarón de arrastre, y no en otras pesquerías de importancia para los diferentes subsectores de la pesca?

e. ¿Por qué invertir fondos públicos en redes experimentales para la pesca sostenible de camarón, cuando no se cuenta con estudios poblacionales de las distintas especies de camarón, que demuestren la viabilidad de una actividad pesquera comercial?

f. ¿Existe y está aprobado el reglamento que operativiza la modificación a la Ley de Pesca que permite emitir licencias de investigación dirigidas por el INCOPESCA, y la comercialización de las capturas de camarón y de fauna de acompañamiento aprovechable por parte de los receptores de las licencias de investigación?

g. ¿Serán los observadores a bordo expertos en pesquerías? ¿Serán terceros a los funcionarios del INCOPESCA? ¿Se evitará un posible conflicto de interés en estas contrataciones?

h. ¿Cuenta el INCOPESCA con el personal, la infraestructura y el equipo especializado necesario, así como con el contenido presupuestario para poder llevar a cabo el análisis de las muestras que resultaron del proyecto de investigación?

A pesar de los esfuerzos del INCOPESCA por intentar dar respuesta a estos y otros preguntas, no ha habido un pronunciamiento técnicamente sólido que logre demostrar que la metodología del estudio está basada en estadística, biología o ecología pesquera avalada por la academia nacional o centros de investigación pesquera con experiencia en otras latitudes.

Adicionalmente, desde que el INCOPESCA anunció que el estudio de investigación iniciaría y hasta la fecha, se ha podido constatar inconsistencias que reflejan debilidad en el proceso:

1. En el oficio ISW-026-2023, el Centro de Investigaciones del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica aseguró no haber sido tomada en cuenta para la definición de la metodología del proyecto; y, además apunta a una serie de deficiencias técnicas encontradas después de realizar una consulta formal al Instituto de Fomento Pesquero de Chile, ente altamente calificado en lo región.

2. En el oficio 02081-2023-DHR, la Defensoría de los Habitantes y su Consejo Técnico Científico, hacen mención sobre el trámite de una investigación acerca de lo político del gobierno en relación con la actividad de la pesca de camarón con redes de arrastre, donde concluyen que: a) no existió proceso de consulta y/o participación de la Academia o de lo sociedad civil en la definición de este proyecto de investigación, b) debilidades en la metodología que podrían comprometer la veracidad de los resultados, c) el INCOPESCA no exploró otras alternativas para el desarrollo de actividades pesqueras y acuícolas con mayor potencial de sostenibilidad socioeconómica y ambiental.

3. En el comunicado R 126-2023 del Consejo Universitario y en el Oficio EB-419-2023 de la Escuela de Biología, ambos de la Universidad de Costa Rica, rechazan el estudio de investigación pues carece de rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país.

4. En el Oficio UNA-ECB-OFIC-109-2023, se apunta a la vaguedad de la metodología del estudio de investigación, a la falta de rigurosidad científica para determinar el número de embarcaciones necesarias para llevar a cabo el estudio, la determinación de las tasas de mortalidad, Máximo Rendimiento Sostenible y la biomasa explotable, a la falta de rigurosidad para definir el perfil de los observadores a bordo en las embarcaciones, entre otras.

5. La Fundación Nombre08 presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, solicitando detener, de forma inmediata, el estudio de pesca de camarón que reactiva la pesca de arrastre en mares costarricenses, con el objetivo de evitar daños irreparables o de difícil reparación a los recursos naturales, afectaciones a la actividad económica de la pesca artesanal y deportiva, e impedir el uso indebido, ineficaz e ineficiente de los fondos públicos.

6. El 17 de agosto del 2023, el diario La Nación publicó el titular "Pesca de arrastre: Incopesca confirma detención de barcos invitados a estudio por faenar en aguas protegidas", donde la propia institución confirma la detención de barcos invitados al estudio de investigación por faenar en áreas marinas protegidas.

Con base en lo expuesto anteriormente, la Asociación Costa Rica por Siempre considera que el estudio de investigación citado en el expediente 23-009158-0007-CO presenta vacíos que ponen en duda la solidez técnica requerida para demostrar una nueva alternativa para la pesca responsable de camarón con redes de arrastre en el Pacífico de Costa Rica.

Esperamos que nuestra opinión técnica sea valiosa para contribuir al alcance de las metas de conservación y desarrollo sostenible del país. Estamos a la orden para cualquier información adicional”.

 

12.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:59 horas del 06 de setiembre de 2023, Ángel Herrera Ulloa, en su condición de director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, manifiesta lo siguiente:

“Considerando: Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA AJDIP/205-2022 del 27 de setiembre de 2022, autorizando proyecto para determinar factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica.

Acuerdo de Junta Directiva INCOPESCA AJDIP/253-2022 del 15 de noviembre de 2022, autorizando modificaciones al proyecto “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico costarricense, 2022-2023”.

La Escuela de Ciencias Biológicas adscrita a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, cuenta con un Laboratorio de Biología Pesquera, el cual tiene todo la capacidad humana y material para desarrollar estudios en pesquerías o el análisis de estas, incluyendo el tema de pesquería de arrastre en camarón aprobados por los acuerdos AJDIP/205-2022 y AJDIP/253-2022.

Que las y los expertos del Laboratorio de Biología Pesquera fueron llamados en diciembre de 2022 a una reunión explicativa de la metodología que iban a desarrollar en el proyecto de marras, a lo cual se hicieron observaciones mediante oficio, siendo que las respuestas del INCOPESCA no satisfacieron las dudas sobre el estudio por lo que la Universidad Nacional por medio de oficio UNA-ECB-OFIC-230-2023 indicó “Para este caso específico, consideramos que nos reservamos la posibilidad de cooperar, dado que, a nuestro criterio, el planteamiento metodológico no permite tener resultados confiables”.

 Por lo anterior y atendiendo la indicación de su estimable oficio:

Para esta investigación se requiere un total máximo de tres embarcaciones, debido que el objetivo del estudio es el análisis poblacional de tres diferentes recursos: 1. Camarón fidel (Solenocera agassizi), pinky o rosado (Penaeus brevirostris), 2. Camarón camellito (Henterocarpus vicarius) y camello real (Henterocarpus affinis), 3. Chicharra (Pleuroncodes planipes), los cuales se distribuyen a diferentes profundidades, por lo que es necesario contar con embarcaciones adaptadas a faenar en estas profundidades. Con tres embarcaciones, se garantiza el muestreo con alta confiabilidad estadística de las zonas propuestas (Pacífico norte, centro y sur).

La participación de ocho embarcaciones lo que refleja es la reapertura de la pesca de arrastre comercial del camarón, justificada en términos de investigación, ya que la misma propuesta indica claramente que el INCOPESCA no tiene la capacidad de análisis de las capturas de estas ocho embarcaciones. Por tanto, el análisis de las capturas se realizará con una submuestra del último lance de los 33 lances efectivos (aunado a que la propuesta no deja claro los criterios en los cuales se puede tomar a ese lance como efectivo).

Al no existir los criterios técnicos que definen a un lance efectivo, cada una de las embarcaciones podría realizar un número ilimitado de lances, hasta lograr obtener esos 33 lances efectivos (si un lance no resulta efectivo, esa captura no se devuelve al mar, por lo que es aprovechada por las ocho embarcaciones para su comercialización sin dejar registros biológicos de las capturas realizadas).

Cada embarcación realiza mínimo dos viajes por mes, en cada faena de pesca utiliza dos redes de arrastre, por tanto: por mes realizará 66 lances por viaje (132 por mes) al año cada uno de estos barcos camaroneros estaría realizando al menos 1.584 lances efectivos: lo que significa que, en los dos años de la investigación, esa embarcación realizará al menos 3.168 lances.

Si en los dos años de investigación, una embarcación realiza al menos 3.168 lances, entonces las ocho embarcaciones propuestas estarían ejecutando mínimo 25.344 lances.

Al no conocerse el estado de explotación del stock de cada uno de estos recursos, no se puede garantizar que estas poblaciones soporten la presión pesquera a la que están siendo sometidas durante esta investigación.

Cada lance tiene una duración mínima de cuatro horas (según lo propuesto por INCOPESCA), y se arrastra en el fondo del mar 600 m2 por faena, por lo que al final de la investigación se habrá arrastrado 15.206,4 km2 , ósea el equivalente al 29.75% del territorio nacional.

Para este proyecto específico, la UNA sigue considerando que no es posible cooperar, dado que, a nuestro criterio, el planteamiento metodológico no permite tener resultados confiables”.

 

13.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:36 horas del 07 de setiembre de 2023, Lilliam Quirós Arias, en su condición de decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional, manifiesta lo siguiente:

“Hemos recibido notificación del expediente 2023-009158-0007-CO, relativo al recurso de amparo contra el otorgamiento de ocho licencias de pesca de arrastre de camarón, a ocho embarcaciones semiindustriales aportadas por el sector pesquero costarricense que funcionara del 2023 y hasta el 2024, otorgadas por el INCOPESCA con el acuerdo AJDIP/2005-2022, que autoriza un proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no, de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica y se dispone dar en audiencia entre otras a la decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (UNA).

Debido a lo anterior, debo indicar que aunque la Facultad indicada incluye el término Mar, las investigaciones que se realizan están más enfocadas a las zonas costeras y litorales, por lo que no se tiene la expertiz necesaria para dar una respuesta que coadyuve a la resolución de dicho recurso de amparo; no obstante, le recomiendo direccionar dicha audiencia a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, dentro de la cual se encuentra la Escuela de Ciencias Biológicas donde se imparten entre otras, las carreras de Bachillerato en Biología con énfasis en Biología Marina y Licenciatura en Biología con énfasis en Manejo de Recursos Marinos y Dulceacuícolas”.

 

14.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:40 horas del 07 de setiembre de 2023, Carlos Manuel Uribe Saénz, en su condición de presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO), manifiesta lo siguiente:

“A partir de la notificación recibida a las 13:40 horas del 30 de agosto del 2023 donde la Sala Constitucional solicita el criterio técnico de este servidor con respecto al proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica, a partir del recurso de amparo interpuesto por el Sr. [Nombre02 001], se considera lo siguiente:

La Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO) es una organización no gubernamental fundada con el objetivo de canalizar y ejecutar recursos humanos, técnicos y financieros para contribuir en la gestión efectiva del Área de Conservación Marina Nombre05 (ACMC) y ecosistemas circundantes, esenciales del Pacífico Tropical Oriental. Durante 29 años, FAICO ha consolidado relaciones exitosas con actores claves a nivel local, regional e internacional, convirtiéndose en modelo replicable de alianza estratégica que inspira la conservación marina a nivel global.

Los ejes de acción de FAICO contribuyen a iniciativas dirigidas a planificación, control y vigilancia, infraestructura, manejo de recursos naturales, análisis de presiones, fortalecimiento institucional, posicionamiento, educación ambiental, gobernanza, entre otros. FAICO se ha especializado en brindar soluciones efectivas e innovadoras a las brechas existentes en la gestión de las Áreas Silvestre Protegidas del ACMC, que incluyen generación de conocimiento para establecer prácticas de pesquerías responsables para el Área Marina de Manejo del Bicentenario.

A pesar de que FAICO no se especializa en el estudio de la pesca de arrastre, diferentes estudios y publicaciones de acceso público demuestran los impactos que las capturas generan sobre los ecosistemas marinos. Para este caso en particular, la pesca de arrastre es considerada el arte de pesca menos selectivo que existe. Esto se debe a que dicha técnica se compone de una red en forma de “cono” la cual es remolcada por una o dos embarcaciones mientras se arrastra por el fondo marino (Nombre09, 2001; Haith et al., 2020). Esto provoca una modificación en los hábitats por donde se arrastra, comprometiendo su estado de salud, ya que puede causar alteraciones químicas y biológicas (Herrera-Valdivia, López-Martínez & Nombre10, 2015; Nombre11, 2011).

Dicha forma de operar captura gran cantidad de vida marina, lo que también implica niveles elevados de especies no objetivo, conocida como pesca incidental (Haith et al., 2020; López-Martínez et al., 2008); esto puede ocasionar cambios en la composición y abundancias de las especies (Herrera-Valdivia et al., 2015). Según un estudio realizado por Nombre12 y colaboradores (2015), donde recopilaron información de pesquerías entre 1950-2010 en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Costa Rica, determinaron que el 55% de las capturas obtenidas en la pesca de camarón en el Pacífico de Costa Rica, corresponde a pesca incidental de peces, tiburones y rayas. Inclusive, las capturas incidentales de estas pesquerías pueden comprender hasta el 96.8% de la biomasa total de las capturas en Costa Rica (Arana et al., 2013) y el 96.7% en el Golfo de Tehuantepec, México (Sarmiento-Náfate et al. 2007).

Debido a lo anterior, algunas poblaciones de depredadores podrían colapsar (Myers & Worm, 2003), especialmente organismos con bajas tasas de natalidad, como tiburones y rayas (elasmobranquios) (Morales, 2011). Por ejemplo, Lara-Mendoza y Márquez-Farías (2014) determinaron que las pesquerías de arrastre de Sinaloa, México, pueden afectar de manera directa las poblaciones de la raya Rhinobatos glaucostigma, debido a que aproximadamente el 63% de las rayas capturadas de manera incidental correspondían a individuos en estadios juveniles, es decir, no han alcanzado la talla de la primera madurez sexual.

De manera similar ocurre en Costa Rica, donde después de analizar la pesca incidental proveniente de pesca de arrastre en la Costa Pacífica, entre 2008 y 2012, se reportó la captura de 25 especies de elasmobranquios, teniendo la mayoría de estas especies amplios rangos de distribución en todo el Pacífico Oriental Tropical (Clarke et al., 2016).

Además de esto, se ha determinado que la pesca de arrastre se lleva a cabo en fondos blandos, asociados a comunidades de invertebrados marinos, objetivo de captura (Nombre11, 2011). Algunos de estos sitios coinciden con los llamados “hábitats críticos”, los cuales se definen como: “área o entorno espacial vital para la supervivencia diaria de los individuos de una especie, que ayuda a mantener saludable los rangos de crecimiento de la población” (Gibson & Wellbelove, 2010). Debido a todas las características que reúnen estos hábitats, los adultos los utilizan manera estacional para reproducción y alimentación, mientras que los neonatos y juveniles permanecen en estos hábitats como una estrategia de prevención de depredadores, alimentación y crianza hasta alcanzar el tamaño adecuado para emigrar a zonas más profundas (Espinoza et al., 2011), lo que los convierte en hábitats esenciales para la conservación de especies amenazadas (López, 2012).

Se ha comprobado que algunas especies de elasmobranquios y especies altamente migratorias utilizan hábitats cercanos a la plataforma continental como zonas de crianza (López-Angarita et al., 2021). Por ejemplo, el tiburón martillo (Sphyrna lewini), especie en peligro de extinción incluida en la Lista Roja de la UICN y en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ha sido identificada como una especie susceptible a las pesquerías del Pacífico Oriental Tropical, debido a que en su estado juvenil son susceptibles a la pesca de arrastre de camarón y a la pesca artesanal a lo largo de la costa, mientras que en su etapa adulta, interactúan con las pesquerías de palangre pelágico y de cerco, cerca de montes submarinos e islas como Galápagos, Malpelo e Isla del Nombre05 (Zanella et al., 2009; López, 2012; Clarke et al., 2018).

Es importante destacar el rol que cumplen estos ecosistemas altamente productivos, donde además de brindar zonas de refugio, alimentación y crianza para muchas especies, también son utilizados como fuente de empleo de comunidades costeras. Por lo tanto, si sumamos la degradación de estos sitios ocasionados por el cambio climático, el efecto antropogénico y el efecto de las pesquerías, puede ocasionar un acelerado declive de las poblaciones de muchas especies a nivel local (Harper et al., 2014; López-Angarita et al., 2021).

Finalmente, deben recordarse obligaciones establecidas en el marco jurídico costarricense y su vinculación directa con el recurso de amparo en análisis. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 establece como uno de sus principios que el ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación (artículo 2). Además, la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 indica en su artículo 8 que la pesca deberá practicarse sin producir daños irreparables a los ecosistemas y en su artículo 5 señala que es deber del Estado garantizar el desarrollo de las actividades pesqueras en la forma que genere el mayor beneficio para los ciudadanos, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza en sano equilibrio entre el Derecho al desarrollo de las comunidades y el Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Asimismo, se reitera la importancia de la aplicación del principio precautorio o indubio pro natura, vastamente desarrollado en la jurisprudencia constitucional, y el cual es aplicable en escenarios donde exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección; y el principio de objetivación en materia ambiental, mediante el cual existe la obligación de acreditar, mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, reforzando con ello el deber de contar siempre y en toda situación en donde pueda resultar afectado el ambiente, con estudios técnicos y científicos serios, exhaustivos y comprehensivos que garanticen el menor impacto ambiental posible. También llamado principio de vinculación a la ciencia y a la técnica, o bien, principio de razonabilidad en relación con el derecho ambiental (Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos a la Jurisdicción del Estado Costarricense, Decreto Ejecutivo No. 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, artículo 2.e).

Importancia del bienestar humano en el análisis pesquero institucional

Para nuestra organización también es importante considerar en el análisis que se delibere de este recurso amparo, a las comunidades pesqueras como actores fundamentales. Las comunidades pesqueras no son una estructura social aislada, sino que son “significados y valores compartidos entre las personas que viven y trabajan en las zonas costeras de pesca. Son relaciones sociales y humanas que se extienden más allá del hogar y la familia” (Ross 2015, pp. 30, en Obando, 2021).

En este criterio, se han planteado las implicaciones y consecuencias negativas de este arte de pesca para la biodiversidad de los sitios donde se desarrolla. Sin embargo, es importante posicionar que los cambios de regulación y conflictos sociopolíticos que ha experimentado la comunidad pesquera artesanal, vinculada con el sector semi industrial camaronero, le ha sometido a un contexto de vulnerabilidad socioeconómica que impacta directamente en el desarrollo humano de estas comunidades.

Para este servidor, es importante que se problematice en la deliberación de la discusión sobre la constitucionalidad del proyecto en cuestión, que la mejor solución a esta problemática debe mantener un equilibrio que contemple la sostenibilidad del recurso pesquero y, por ende, la salud de la biodiversidad marina. Además, se debe considerar la responsabilidad y obligación imperativa del Estado de ofrecer una solución a la comunidad pesquera vinculada con el sector semi industrial camaronero, que fortalezca sus medios de vida, respete sus sistemas de conocimiento y asegure el bienestar humano, sobre todo de aquellas personas que forman parte del segmento más vulnerable (Nombre13, Nombre14, y Nombre15 2009 en Obando 2021).

Políticas ambientales y pesqueras que no contemplen esta visión, seguirán reproduciendo estructuras de desigualdad en torno al acceso y uso de recursos, así como la construcción de disputas materiales y simbólicas a lo interno de las comunidades pesqueras que habitan el Golfo de Nicoya (Obando, 2021).

En conclusión, tomando en cuenta estudios y publicaciones que se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, se evidencia que la pesca de arrastre es una de las prácticas menos selectivas que existen, la cual genera un impacto negativo en los ecosistemas marinos, comprometiendo la salud y sostenibilidad de hábitats de muchas especies, incluyendo algunas altamente migratorias. Así mismo, se hace un llamado al Estado costarricense para que contemple el bienestar humano de las comunidades pesqueras vinculadas con el sector semi industrial camaronero – sobre todo su segmento más vulnerable –, en las políticas ambientales que implemente para recuperar, regenerar o rehabilitar los ecosistemas marinos que se han visto afectados por este arte de pesca no selectivo”.

 

15.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 07:59 horas del 09 de setiembre de 2023, Ana Gloria Guzmán Mora, en su condición de directora ejecutiva de Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR), manifiesta lo siguiente:

“Atendiendo a la solicitud de criterio técnico sobre el proyecto de investigación “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024”, notificada a las diez horas con treinta minutos del jueves 31 de agosto, en tiempo y forma nos permitimos brindar nuestros insumos como prueba para mejor resolver:

Primero que todo, señalar que Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR) es una organización sin fines de lucro que ha trabajado por más de 30 años en Costa Rica para promover la conservación del medio ambiente en equilibrio con el bienestar y calidad de vida de las comunidades que más dependen de la integridad de los ecosistemas terrestres y marinos del país. Trabajamos en el desarrollo de acciones de conservación y gestión de recursos naturales en coordinación cercana y activa con comunidades locales, socios y autoridades, en búsqueda del alcance de las metas ambientales del país. La organización brinda apoyo mediante la ejecución de proyectos y asesoría técnica-científica para que el país pueda avanzar en el alcance de los compromisos ambientales adquiridos, tanto a nivel nacional como internacional, haciendo un involucramiento activo de las comunidades locales como beneficiarias directas de los servicios ecosistémicos.

En los últimos 20 años, CI-CR ha enfocado su labor en fortalecer la gobernanza y gestión sostenible de los recursos marinos y costeros de Costa Rica mediante la generación de conocimiento científico que sustente una toma de decisiones apegada al principio de objetivación en materia ambiental por parte de las entidades gubernamentales con quienes se trabaja. Algunos ejemplos de los esfuerzos científicos que hemos apoyado, incluyen publicaciones sobre el efecto de redes de arrastre de camarón sobre tiburones y rayas, iniciativas de planificación ecorregional marina, investigación sobre conectividad y análisis genético de stocks de recursos pesqueros en el país, estudios sobre el estado de los principales sistemas de arrecife en la zona costera continental e Isla del Nombre05 y estudios sobre servicios ecosistémicos de manglares, aportes de carbono azul de humedales costeros, entre otros.

Además, Conservación Internacional es la organización que más ha avanzado el trabajo con pesquerías de pequeña escala y comunidades costeras desde un enfoque de sostenibilidad de triple impacto (ambiental, social y económica), programa de trazabilidad y mercado y estudios de cadena de valor. Esto último se ha plasmado a través de la implementación de líneas de acción con comunidades costeras del Pacífico dedicadas a la pesca de pequeña escala responsable y sostenible. Mediante el desarrollo de un modelo de mejora pesquera integral, buscamos garantizar un uso responsable de los recursos marinos, generando un beneficio social y económico para las comunidades, asegurando la sostenibilidad y mejora de sus medios de vida locales.

Dada nuestra experiencia, este trabajo también ha implicado la participación de la organización en órganos colegiados de asesoría técnica como la Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, el Consejo Regional del Área de Conservación Marina Nombre05 y la Comisión de Coordinación Científico Técnica (CCCT) del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) , la cual tiene como función ser ente asesor de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de dicha institución en los temas que sean puestos bajo su conocimiento y consecuente pronunciamiento. En este marco, actualmente CI-CR funge como representante de las entidades no gubernamentales dentro de la CCCT, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Creación del INCOPESCA.

El proyecto de investigación sobre el cual se nos solicita criterio plantea como principal objetivo “Desarrollar investigación biológico-pesquera para la evaluación de alternativas en la pesca responsable de los diferentes stocks de camarón de profundidad”. Esto mediante la evaluación de principales aspectos como la biomasa de poblaciones de camarón de profundidad (Solenocera agassizii o fidel, Heterocarpus vicarius o camellito, Heterocarpus affinis o camello real y Penaeus brevitostris o pinky), así como el impacto sobre su fauna acompañante y el fondo marino mediante el uso de la técnica de pesca de arrastre con red AA. De igual manera, se incluye como objetivo específico “Caracterizar los sectores socio-económicos involucrados en la pesquería de camarón de profundidad”. Todo lo anterior debiendo enmarcarse bajo el principio de desarrollo sostenible democrático”.

De parte de Conservación Internacional Costa Rica consideramos lo siguiente respecto al citado proyecto de investigación:

1. Proceso de socialización, participación pública y apego al principio de desarrollo sostenible democrático:

Desde la óptica procedimental para garantizar el cabal cumplimiento del derecho de participación pública en temas ambientales, se considera que hubo limitados espacios, previo al inicio de poner en marcha la investigación, para que expertos nacionales en la materia provenientes de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pudieran brindar insumos técnicos para construir de manera conjunta y fortalecer la propuesta metodológica a ser implementada en la investigación. A fin de que esta metodología contemplara todos los elementos relacionados a los objetivos de investigación que se persiguen, y que atendiera de manera efectiva a los requerimientos establecidos por la Sala Constitucional en su fallo 10540-2013. Esto responde a que en fecha del 31 de octubre de 2022, CI-CR participó, junto a representantes de otras cuatro ONGs, en una sesión convocada por el INCOPESCA para presentar el proyecto de investigación que hoy día es implementado. Esta sesión fue de carácter informativo, donde se dio espacio breve a consultas. Esta modalidad de participación limitó la posibilidad de brindar retroalimentación para el fortalecimiento de la propuesta o integración de elementos que asegurarán la atención de vacíos para garantizar su rigurosidad científica. Previo a la sesión mencionada del 31 de octubre, no hubo acercamiento o apertura de trabajo conjunto que permitiera revisar y discutir la metodología en uso para esta investigación.

Por otra parte, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible democrático, es importante notar que la propuesta metodológica no incluye especificidad técnica para evaluar el impacto social y económico que conllevaría la reactivación de la pesca de arrastre en el sector directamente usuario (camaronero semi-industrial), así como en usuarios pertenecientes a otras actividades económicas que interactúan o se pueden ver directamente o indirectamente afectados por su reinstauración (e.g., turismo como buceo, surf y pesca deportiva, y pesquerías a pequeña escala como la que se presenta a lo largo de nuestras costas). Aunque la propuesta de investigación sí proyecta ejecutar una caracterización socio-económica y la contratación de un planificador social y económico encargado de generar una propuesta técnica para recopilar dicha información, resulta fundamental asegurar que este proceso metodológico evalúe de manera integral los aspectos socio-económicos, considerando los demás sectores citados y cuyos medios de vida podrían verse impactados por la reactivación de esta práctica. El alto impacto de pesquerías de arrastre de fondo en zonas tropicales altamente biodiversas también ha sido documentado en otras partes del mundo y es un elemento que no puede ignorar la evaluación de la presente investigación, tanto en su fondo como en su forma metodológica.

2.Marco metodológico y de resultados de la investigación pesquera:

La técnica de pesca con el uso de redes de arrastre de fondo (ésta (sic) es una distinción importante de las redes de arrastre de columna de agua que se usan en zonas templadas con características biológicas distintas) requiere de un análisis minucioso, siendo que se trata de un arte de pesca conocida a nivel global por su alto impacto en la biodiversidad y ecosistemas marinos. Esto se debe a su baja selectividad, i.e., es un arte de pesca que no selecciona efectivamente una especie objetivo sino que tiene un amplio espectro de captura. Como su Nombre02 lo indica, la practica requiere de una embarcación pesquera que activamente arrastre una red por el fondo marino. A diferencia de redes de otro tipo, como el trasmallo, que enredan a los peces para capturarlos, las redes de arrastre funcionan al moverse sobre el fondo del mar y filtrando el agua sobre el fondo y capturando todo lo que tenga tamaños mayores a los poros de su red, y dañando o destruyendo por contacto físico los organismos y ecosistemas que estén asociados al fondo. Por esta razón, el poder dictaminar si este arte de pesca se emplea o no en la pesquería nacional, demanda una solidez técnica, científica y un análisis detallado que permita definir que su implementación tiene un impacto mínimo en el ecosistema marino, tenga las regulaciones que permitan la sostenibilidad de las especies objetivo e incidentales y aseguren el bienestar social de las comunidades y usuarios que dependen de ella, así como en su cadena de valor. Además, el uso de este arte de pesca demanda de una alta capacidad de monitoreo y control de parte de las autoridades.

Este proyecto de investigación plantea algunos elementos que deben evaluarse con este fin, pero no contempla aspectos para determinar si la práctica es sostenible o no a nivel país pues omite aspectos claves tales, como los mencionados, para poder asegurar que la reinstauración de esta técnica de pesca no tendrá un impacto en otros sectores, comunidades o biodiversidad marina.

Las investigaciones de biología pesquera pueden ser considerados dependientes o independientes de la pesca, siendo su diferencia las metodologías de colecta de datos con diseño y especificaciones alegatorias en términos espacio-temporales versus el uso de métodos de colecta determinados por la actuación de las prácticas de embarcaciones sector pesquero. En el caso de la presente investigación, en la metodología se indica que los lances se realizarán en zonas históricas de pesca (indicadas por los pescadores). Sin embargo, esas zonas no necesariamente representan la distribución completa de las especies objetivo de estudio y el criterio de pescadores puede generar un sesgo en los datos obtenidos. Este elemento puede restar independencia a la investigación y afectar los resultados para el posterior análisis de stock y de representatividad de las poblaciones naturales. De haber seleccionado los sitios de manera aleatoria sobre las zonas que comprenden el rango de distribución de las especies, se permitiría obtener datos completos y análisis de resultados sobre la condición de las especies de interés, así como sobre el estado del ecosistema. De igual manera, resaltamos que solo se está evaluando un arte de pesca con reconocida bajo selectividad y altos impactos, sin implementar otras que posibiliten hacer una comparación para demostrar cuál contribuye a una mayor selectividad y así poder reactivar la pesquería a través de métodos distintos a la pesca de arrastre.

En relación con los elementos de base científica y de metodología de este proyecto de investigación para la evaluación del stock pesquero y arte utilizada para esta práctica, resaltamos, la posición que ostenta CI-CR en la CCCT, un órgano colegiado y de asesoría técnica, en cuyo seno el estudio será objeto de análisis y pronunciamiento en los próximos meses. Precisamente, en sesión celebrada el martes 21 de marzo del 2023 (Sesión Ordinaria CCCT-002-2023) los miembros de la comisión acuerdan, informan y solicitan por medio de oficio al INCOPESCA la remisión de la información actualizada correspondiente al proyecto de investigación “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024), de manera que la CCCT pueda emitir un pronunciamiento formal sobre el mismo. Esto de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 8 del Reglamento de las disposiciones relativas al funcionamiento de la CCCT (Acuerdo AJDIP/093/2020), al tratarse de un tema de importancia nacional en materia de gestión pesquera. En ese orden, mediante oficio INCOPESCA-JD-018-2023, la Secretaria Técnica de la Junta Directiva del INCOPESCA solicitó al Departamento de Investigación de dicha entidad la remisión de los documentos finales de la propuesta técnica para que en el seno de la CCCT se analice y emita pronunciamiento del proyecto de investigación. No obstante, al día de hoy este órgano asesor no ha podido emitir su pronunciamiento respecto a este tema ya que mediante oficio INCOPESCA-PE-0369-2023 la Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA solicitó al CCCT colocar como tema prioritario en su agenda la revisión de la “lista de especies de organismos hidrobiológicos de interés acuícola para aguas continentales, costeras y oceánicas de nuestro país”, originalmente aprobada mediante acuerdo de Junta Directiva AJDIP/057-2023 y dejada sin efecto por acuerdo AJDIP/094-2023. Cabe resaltar que la CCCT es un órgano colegiado de asesoría científica en el que además participan representantes de otras entidades como el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad Técnica Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional y la representación de las ONGs. Por lo que aprovechamos esta oportunidad para instar a la Sala Constitucional a pedir oportunamente dicho pronunciamiento a la CCCT siendo que para la elaboración del mismo se realizarán solicitudes a la academia, expertos y ONGs nacionales e internacionales para la consolidación del pronunciamiento formal el cual se espera rendir antes del cierre de este año.

Por último, destacamos que en el marco de esta comisión el tema ha sido objeto de evaluación desde la discusión en Asamblea Legislativa del Proyecto de Ley No. 21.478 “Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica”, sobre el cual se emitieron una serie de recomendaciones bajo el pronunciamiento CCCT No. 02-2020 en relación a (sic) los elementos que una base científica debe contener como mínimo para manejar una pesquería y que se adjuntan al presente criterio en el documento Anexo 1par su consideración”.

 

16.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:09 horas del 12 de setiembre de 2023, Jorge Arturo Jiménez Ramón, en su condición de asesor regional de estrategia y apoderado generalísimo sin límite de suma de la Fundación MarViva, manifiesta lo siguiente:

“I. Aclaraciones con relación a (sic) las manifestaciones del INCOPESCA y otros, según constan en el expediente de esta causa, con respecto al involucramiento de Fundación Nombre08 y otras organizaciones en el proceso de elaboración de la investigación.

Antes de proceder con nuestro criterio técnico, tanto con relación a (sic) la propuesta de investigación como a su ejecución, es oportuno realiza las siguientes aclaraciones sobre la participación de Nombre08 en este asunto; particularmente, con respecto a la manera en la que el INCOPESCA alega haber involucrado a algunas organizaciones no gubernamentales y a la academia en el proceso de elaboración de la investigación.

En el escrito presentado por el INCOPESCA y otros como contestación al amparo tramitado bajo esta causa (documento con fecha de recibido del 15 de mayo de 2023), se afirma que "(…) asimismo, mediante correo electrónico que consta en el expediente administrativo se remite invitación a las ONG, incluyendo a Nombre08 (...)", esto en alusión a que la Dirección de Ordenamiento Pesquero de dicha institución habría extendido una invitación formal a diversas organizaciones, incluyendo a mi representada, a “participar de la investigación” y, por ende. no se habría menoscabado nuestro derecho a la participación. Desde MarViva, rechazamos categóricamente esta alusión con base en los siguientes hechos:

l. La Junta Directiva del INCOPESCA aprobó la propuesta de investigación sobre pesca de arrastre mediante el Acuerdo AJDIP/205-2022 del 27 de septiembre de 2022.

2. Según consta en d expediente administrativo (folios 3 a 7), para ese momento, la propuesta de investigación solamente era conocida por el sector camaronero, el cual la conoció y aprobó el 16 de septiembre de 2022 en una reunión convocada por el INCOPESCA.

3. Nombre08 tuvo conocimiento de que el INCOPESCA iniciaría dicha investigación el día 30 de septiembre de 2022, fecha en la que se realizó el anuncio por parte de la Presidencia de la República e INCOPESCA durante la sesión de Consejo de Gobierno realizada en la ciudad de Puntarenas. Inclusive, en esa oportunidad, las manifestaciones del anuncio enfatizaron que: “(...) Los estudios y el proyecto que está detrás de esto ya fueron aprobadas por la junta directiva de lncopesca, no es que se los vamos a presentar, ya están aprobados, tienen la plata y las naves y los biólogos para ir a estudiar esto”.

4. Desde entonces y hasta la fecha, ante la omisión del INCOPESCA de involucrar de manera proactiva, oportuna y significativa a los sectores relevantes (incluyendo a la academia, el sector de pesca artesanal, el sector de la pesca turística y deportiva, organizaciones no gubernamentales, entre otros) en la formulación, diseño y análisis de la propuesta de investigación Nombre08 ha requerido gestionar diversas peticiones de información ante dicha institución para acceder a la documentación sobre la propuesta.

5. En este contexto y ante nuestra insistencia de acceder a la documentación sobre la investigación), INCOPESCA remitió una comunicación formal a Nombre08 el 26 de octubre de 2022, mediate la cual nos extendieron invitación para participar en una sesión informativa programada para el día 31 de octubre de 2022, en conjunto con otras organizaciones, con el propósito de presentar la investigación ya aprobada por la Junta Directiva del INCOPESCA en septiembre anterior.

Es importante reiterar que la pesca de arrastre como arte de pesca puede tener serias implicaciones ambientales, además de impactar de forma directa a los recursos sobre los que se fundamenta la actividad económica de miles de familias dedicadas a la pesca artesanal y pesca turística y deportiva. A pesar de esto, la Junta Directiva de INCOPESCA decidió aprobar y ordenar la implementación de una investigación tendiente a reinstaurar esta práctica, sin consultar oportunamente a ninguno de los sectores interesados mencionados anteriormente.

Si bien INCOPESCA realizó, posteriormente, una sesión informativa con el sector de ONGs y sociedad civil, y varias otras sesiones con el sector de la academia, lo cierto es que, al momento de realizar esas sesiones informativas, la decisión de realizar el estudio, en los términos planteados por lNCOPESCA, ya había sido tomada. Con base en lo anterior, es claro que la aprobación del Acuerdo 205/2022 por la Junta Directiva de INCOPESCA, antes de haber informado o consultado a los sectores interesados, viola el derecho de participación ambiental consagrado a nivel constitucional.

En ese sentido, la contestación del INCOPESCA es inexacta al señalar que "(...) es completamente falso que exista algún perjuicio por falta de información, o que esta sea de difícil acceso, ya que el expediente administrativo se encuentra debidamente conformado, foliado en orden cronológico y contiene todo lo referente a esta investigación". Nombre08, a la fecha, ha gestionado más de 5 peticiones de información sobre cuestionamientos específicos del proceso de elaboración de la investigación, así como más de 6 peticiones para acceda al expediente administrativo, el cual según indicaciones del propio INCOPESCA, es custodiado por un único funcionario, de manera que cuando este no se encuentra en la institución, no es posible acceda al expediente.

Con base en lo anterior, Nombre08 reitera que rechaza categóricamente las alusiones de INCOPESCA en el marco de este proceso de amparo ya que pueden inducir a error a esta Sala. Como es evidente en el expediente administrativo, la institución nunca procuró una participación oportuna y significativa de todos los sectores relevantes en el proceso de formulación de la investigación, y sigue sin hacerlo.

II . Criterio técnico sobre la investigación.

En esa sección desarrollamos nuestro criterio con respecto a los documentos:

• "Perfil del Proyecto "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023"; y

• Metodología del Proyecto. “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023"

Cabe reiterar que la propuesta de investigación contenida en estos documentos fue conocida por la Junta Directiva del INCOPESCA en la sesión extraordinaria 41-2022 del 27 de septiembre de 2022, según consta en el acta correspondiente y aprobada en esa misma sesión mediante el acuerdo AJDIP/205-2022.

a) La propuesta de investigación se elaboró con base en la presunción equivocada de que el arte de pesca elegido para su ejecución, la red de arrastre denominada "red AA Costa Rica", ya ha demostrado una reducción significativa de la fauna de acompañamiento (FACA)”. (…)

b) La investigación no contempla el uso de una red control, de manera que es imposible cumplir el objetivo de comparar porcentajes de pesca incidental de la red AA Costa Rica con relación a (sic) redes tradicionales de arrastre. (…)

c) La investigación no contempla la realización de muestreos aleatorios a lo largo del área de estudio, sino que se definen exclusivamente los caladeros de pesca tradicionales como sitios de muestreo. (…)

d) La duración de las faenas de pesca no tiene una base científica. (…)

e) La habilitación de 8 embarcaciones para la ejecución de la investigación carece de sustento científico-técnico. (…)

f) Los requerimientos establecidos por INCOPESCA para la designación de observadores a bordo violan la ciencia, la técnica y la lógica. (…)

g) La investigación no producirá información en temas claves para asegurar una gestión pesquera de conformidad con un enfoque ecosistémico. (…)

h) Estimaciones sobre el impacto ambiental de la Investigación en curso, con base en el análisis del estudio ejecutado por INCOPESCA en 2018. (…)

III. Deficiencias identificadas con relación a (sic) la ejecución de la investigación actual

a) Deficiencias metodológicas.(…)

b) Condiciones inadecuadas para trabajar y seguridad a bordo (…)

lV. Conclusiones

Finalmente, es oportuno reiterar que la posición de nuestra organización nunca se ha orientado en contra de la realización de estudios científicos y técnicos sobre la pesquería de camarón con redes de arrastre, dirigidos a evaluar sus impactos y su viabilidad económico, social y ambiental.

Ciertamente nuestras pesquerías, tanto existentes como exploratorias, urgen de contar con medidas de ordenamiento basadas en la mejor evidencia científica y en el enfoque precautorio, de conformidad con los compromisos y estándares internacionales suscritos por nuestro país en materia de gobernanza pesquera. No obstante, por una parte, es fundamental que el Estado y las autoridades observen los principios de buena gobernanza, eficacia y efectividad en la gestión pública y de razonabilidad y proporcionalidad de los actos y actuaciones vinculados em la gestión de nuestros espacios marinos y sus recursos. En ese sentido, en esencial que antes de tomarse la determinación de iniciar la ejecución de estudios científicos de esta naturaleza (con todas las implicaciones que, necesariamente, generarían en el medio marino), el Estado costarricense y sus instituciones relevantes tuviesen suficiente evidencia de que los beneficios de seguir adelante con estas investigaciones fuesen mayores a los costos sociales, económicos y ambientales asociados, aunado a una evaluación que indicase la manera de mitigar los daños que se están generando.

Este deber de diligencia suponía contar cm un de costo-beneficio antes de iniciar la investigación; requerimiento que cobra mayor importancia considerando la modalidad de la investigación actual, la cual implica que el sector camaronero puede disponer y comercializar todas las capturas de las faenas de pesca. Esta particularidad ha tendido, como es evidente en el expediente administrativo y ha sido, inclusive, señalado por los propios observadores a bordo, a que los objetivos científicos de la investigación sean menoscabados por los intereses económicos del sector camaronero beneficiado por la ejecución de la investigación.

Ahora bien, en un escenario hipotético en el que el Estado costarricense hubiese podido acreditar por medio de un análisis costo-beneficio la viabilidad de iniciar la ejecución de este estudio, era fundamental que en su formulación, desde el diseño de sus objetivos, secuencia lógica de ejecución y marco metodológico, no contara con el criterio oportuno, no solamente del sector académico y demás actores relevantes como las organizaciones de la sociedad civil y el sector no gubernamental, sino también de la autoridad ambiental y de la instancia del INCOPESCA a cargo de la emisión de criterios científicos-técnicos, la Comisión Coordinadora Científico-Técnica, la cual fue excluida de este proceso. Sin embargo, las debilidades metodológicas de la investigación, evidenciadas ahora en las deficiencias de su implementación, conforman, una vez más, que la investigación no producirá los datos necesarios para la toma de decisiones adecuadas, lesionándose preceptos constitucionales, entre ellos, el principio de objetivación de la tutela ambiental”.

 

17.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 15:52 horas del 28 de febrero de 2024, el recurrente indica lo siguiente:

“…con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, solicito pronto despacho con el fin de impulsar este proceso de amparo, dando continuidad como en derecho corresponde. Desde el día 25 abril del 2023, se interpuso el recurso de amparo por la violación a numerosos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, Tratados Internacionales, y legislación nacional; por parte del permiso expedido por la junta directiva de INCOPESCA. En fecha del 11 de setiembre del 2023, se aportó por parte de MarViva, lo que había sido solicitado por esta Sala el 28 de agosto de ese mismo año. Sin embargo, desde hace 5 meses, a fecha de hoy, se sigue sin dar seguimiento. Por lo que, se solicita este pronto despacho en aras (sic) de obtener la continuidad correspondiente a este proceso de amparo”.

 

18.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:27 horas del 25 de mayo de 2024, Fabian Volio ́ Echeverría, en su condición de apoderado especial ́ judicial de los coadyuvantes Municipalidad de Puntarenas y la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, manifiesta lo siguiente:

“A partir de la resolución de las ocho horas once minutos del veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se convocó a varias de instituciones, las cuales, de manera diligente presentaron sus informes para ser valorados por esta Sala. Es importante destacar que en la minoría de documentos las instituciones brindaron posibles soluciones alternativas para poder proceder con el estudio.

En el caso de la Universidad de Costa Rica, mediante el documento denominado “ISW-026-2023” se determinó que se requiere de un cambio en el tipo de red que será utilizada para el estudio, pero no propuso alternativas.

La pesca de arrastre es una modalidad viable y ha sido aplicada y vigilada por diferentes jurisdicciones en el mundo, por lo tanto, se demuestra que los estudios preliminares deben ser cumplidos, son viables, y se necesitan para saber si es posible continuar haciendo la pesca de arrastre como actividad permanente.

Por lo tanto, queda demostrado que el estudio es necesario para determinar si es posible o no continuar la pesca del camarón y con cuál método de pesca. Pero los actores, sostienen que no es posible hacer el estudio y por ello nunca será posible determinar cuál es el mejor método para hacer la pesca de camarón.

Recordemos que se pretende determinar la factibilidad de la pesca de camarón en profundidad, y para ello, se cumple lo ordenado en los votos No 10540-2013 y 14168-2018 de la Sala Constitucional.

PETITORIA

Por lo tanto, de conformidad con los argumentos expuestos solicitamos que en sentencia se declare:

1. Incompetente la Sala Constitucional para anular el acto administrativo técnico dictado por la Junta Directiva del INCOPESCA, por no ser esa discusión de nulidad propia de un proceso sumario de amparo.

2. En consecuencia, se declare que es competente el Tribunal Contencioso Administrativo para anular el acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, que aprobó el proyecto de investigación científica “Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”

3. subsidiariamente, solicitamos declarar sin lugar el recurso de amparo y se mantenga el proyecto de investigación para la autorización de las licencias de pesca de arrastre, y se realicen los estudios propuestos por la ley”.

 

19.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el magistrado Rueda Leal; y,

 Considerando:

Único. En el sub examine, la persona accionante cuestiona las autorizaciones para pesca de arrastre de camarón que emitió Incopesca a favor de embarcaciones semiindustriales aportadas por el propio sector pesquero costarricense con el fin de realizar el estudio “Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024”. Reclama la transgresión de tratados internacionales de protección del ambiente, el mar y los recursos marinos, que garantizan la sostenibilidad a través de una explotación racional con la consecuente seguridad alimentaria para la población que ello implica. Añade que lo anterior excluye arrasar el fondo marino del océano, tal como lo propone la pesca de arrastre. Refiere que no es concebible la vida humana sin seguridad alimentaria y, dados los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del Estado. Agrega que las redes de pesca conocidas como AA Costa Rica (que se utilizarán en el estudio) no han reducido la captura incidental, lo que demuestra que este arte de pesca es insostenible. Asegura que se ignora por completo el principio precautorio, ya que la decisión de Incopesca (que incluye la solapada reactivación de la pesca de arrastre carece de respaldo científico. Sostiene que hay mucha evidencia de que la pesca de arrastre no es sostenible. Añade que los pescadores artesanales se ven directamente afectados por la sobreexplotación de las especies y la pesca sin regulación que hacen las embarcaciones semiindustriales con redes de arrastre. Asevera que los estudios anunciados costarán, al menos en el primer año, más de ciento veintiséis millones de colones, mientras que los esfuerzos para realizar los estudios pertinentes a la coyuntura nacional y global han sido nulos debido a la falta de voluntad política. Acusa que la belleza escénica marina es destruida y convertida en aguas turbias por la arremetida de la red de arrastre.

Sobre el particular, el ministro de Ambiente y Energía, el de Agricultura y Ganadería, y el presidente ejecutivo de Incopesca informaron que, con base en el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, los permisos se otorgaron a la Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, cédula jurídica CED03, y a la Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, cédula jurídica CED05, para que por medio de sus asociados facilitasen ocho embarcaciones. Adicionalmente, esos funcionarios señalaron que la modificación al numeral mencionado ut supra obedeció al propósito de fortalecer las atribuciones del Incopesca en investigación científica y técnica, fomentar el conocimiento científico para la toma de decisiones y visibilizar la orientación científica con enfoque ecosistémico, con la finalidad de promover el desarrollo de las comunidades costeras y garantizar la salud del ecosistema marino.

A los efectos del sub lite, el canon 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura establece:

“Artículo 18- Prohibición de comercialización de la pesca de fomento y sus excepciones. El permiso para este tipo de pesca no podrá comprender la comercialización de las capturas obtenidas, salvo en el caso de los permisos otorgados a las universidades y los colegios universitarios, ambos nacionales estatales, y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), instituciones a las que se les permitirá comercializar las capturas únicamente para cubrir algunos costos de la investigación, con los límites y las condiciones establecidos en el permiso, siempre que se cumplan los objetivos de los programas y se entreguen al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) los informes finales. En caso de que el producto se comercialice o se done deberá hacerse por medio del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y los excedentes producidos por la comercialización pasarán a su fondo.

Cuando quien realice la investigación sea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como autoridad pesquera en asocio con organizaciones nacionales de pescadores legalmente constituidos, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) podrá permitir la disposición de las capturas obtenidas a dichas organizaciones para que estas cubran el costo del desarrollo de la investigación, con los límites y las condiciones que se establezcan en los permisos otorgados”.

En relación con lo anterior, como las actuaciones de las autoridades recurridas se encuentran sustentadas en el párrafo segundo del precepto 18 supracitado, lo que procede, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es otorgar a la parte recurrente plazo para interponer acción de inconstitucionalidad contra esa disposición, a los efectos de que, si lo estima pertinente, exponga en tal cauce sus fundamentos “en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o principios que se consideren infringidos” (ordinal 78 eiusdem). Lo anterior se dispone, toda vez que la acción, una vez superados los criterios de admisibilidad, es la vía idónea para analizar la constitucionalidad de la normativa que regula la participación de “organizaciones nacionales de pescadores” en los estudios contemplados en esa norma (con el eventual interés posterior que pudiese llegar a tener en la explotación del recurso) y el uso de las capturas obtenidas con “los límites y las condiciones que se establezcan en los permisos otorgados”.

Por último, se advierte que, según el ordinal 48 antedicho, en caso de que no interpusiere una acción de inconstitucionalidad, procederá el archivo del asunto sub iudice.

Por tanto:

Por mayoría se reserva el dictado de la sentencia en este proceso de amparo y se le confiere a la parte recurrente el plazo de 15 días hábiles, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, para que, si a bien lo tiene, interponga una acción de inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del numeral 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Lo anterior se dicta con la advertencia de archivar el expediente, en caso de que no se interpusiere la acción de inconstitucionalidad. El magistrado Cruz Castro consigna nota. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto. Notifíquese.

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presidente

 

 

 

Fernando Cruz C.                                                                  Paul Rueda L.

 

 

 

Luis Fdo. Salazar A.                                                            Jorge Araya G.

 

 

 

Anamari Garro V.                                                                 Ingrid Hess H.

 

 

Exp. 23-009158

Res. 24-35958

 

Voto salvado de los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas, con redacción de la última.

 

En el presente asunto, Wilber Madriz Arguedas y Jacqueline de los Ángeles Membreño García, respectivamente, en su carácter de Alcalde de Puntarenas y en su condición personal, y como Presidenta de la Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, quienes se apersonaron a los autos como coadyuvantes pasivos, como pretensión subsidiaria plantearon que en caso de que esta Sala considere que es competente para conocer de la anulación del acuerdo AJDIP/205-2022 de 27 de setiembre del año 2022, adoptado en la sesión ordinaria 41-2022 de la Junta Directiva de INCOPESCA, se suspenda la tramitación del amparo y se abra al actor la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Lo anterior en el tanto dicha norma permitió la entrega de autorizaciones a particulares para coadyuvar en las labores de investigación tendientes a analizar la viabilidad o no de la reinstauración de la pesquería de camarón por redes.

La mayoría acogió esa pretensión subsidiaria y consideró procedente darle plazo al recurrente para que interponga acción de inconstitucionalidad contra dicha norma. Sin embargo, disentimos de tal posición, pues consideramos innecesario el análisis constitucional que se pretende llevar a cabo. Nótese que el recurrente no objetó su constitucionalidad, porque su interés es que en el presente proceso esta Sala analice la idoneidad o no de los estudios dispuestos por INCOPESCA. El recurrente sí desea que se cumpla con lo dispuesto por la Sala y la jurisdicción contencioso-administrativa, en el sentido de que se realicen estudios pertinentes. En ningún momento objeta el mencionado artículo. Además, es significativo que ni el recurrente ni otros intervinientes –que tienen visiones similares respecto del objeto del amparo– han interpuesto una acción contra tal artículo.

En ese contexto, con el respeto acostumbrado estimamos innecesario otorgarle plazo al recurrente para que interponga acción de inconstitucionalidad contra dicho artículo. Consideramos que más bien la Sala debería proceder, con los elementos que constan en el expediente, a resolver el amparo.

 

 

 

 

Fernando Castillo V.




 

 

Luis Fdo. Salazar A.

	

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

 

Exp: 23-009158-0007-CO

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO.- Los permisos o autorizaciones para labores de “investigación” de pesca de arrastre de camarón constituyen una transgresión a la prohibición ya impuesta por esta Sala a dicha técnica de pesca y una violación frontal al derecho al ambiente.

 

 

Tal como lo indicó esta Sala en el voto número 2013-010540 de las 15:50 horas del 07 de agosto del 2013, “el INCOPESCA no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre.” Lo anterior, con efecto retroactivo, según el voto salvado del suscrito. Además, he considerado en dicho voto salvado que, el INCOPESCA no puede renovar permisos, autorizaciones ni licencias, ni extender su plazo por ningún mecanismo jurídico administrativo una vez vencidas, porque carece de autorización legal, al desaparecer la norma.

 

En este sentido, no puedo menos que también salvar el voto en este asunto, pues el acuerdo de la Junta Directiva de INCOPESCA impugnado en el amparo, mediante el cual se autoriza un proyecto de investigación que pretende determinar la factibilidad o no de la apertura de la pesquería de camarón de profundidad en Costa Rica, es claramente una transgresión a la prohibición ya impuesta por esta Sala.

 

El hecho de que se diga que el permiso no es para la pesca sino para la investigación, es un juego de palabras que en nada oculta el hecho de que, en el permiso de investigación se permite la pesca de arrastre de camarón, y se permite “disponer de las capturas obtenidas a fin de cubrir el costo del desarrollo de la investigación”.  Eso no es investigar, sino que es claramente permitir la pesca bajo una técnica prohibida. 

 

Más allá de la cuestión o discusión de criterios técnicos o científicos, lo que me lleva a la convicción de considerar que este amparo debe ser declarado con lugar, es el hecho de que se está aprobando la realización de un supuesto proyecto de investigación que en realidad pretende autorizar llevar a cabo una actividad ya prohibida. Por más que se pretendan amparar en la palabra “investigación”, la autorización es para llevar a cabo actividades prohibidas. Nótese por demás que, el supuesto proyecto de investigación es iniciativa de INCOPESCA y no de ningún ente científico investigativo. Además, no se trata de una “investigación” llevada a cabo por científicos, sino por embarcaciones, que además, pueden aprovechar y comercializar el camarón capturado. Tampoco se trata de una investigación bajo la vigilancia de algún ente competente al respecto, que se haga responsable de vigilar su desarrollo o supervisar las actividades desarrolladas. Se trata de una pesca de arrastre de camarón encubierta bajo la figura de la investigación, lo cual resulta muy peligroso para el Derecho de la Constitución. No puede permitirse que bajo esta denominación se permita el desarrollo de actividades prohibidas.

 

De lo anterior se desprende claramente la violación frontal al derecho al ambiente. La pesca de arrastre es una técnica no selectiva de pesca que compromete los ecosistemas marinos, la sostenibilidad del recurso marino y atenta directamente contra la seguridad alimentaria de la población y su supervivencia futura. Con la pesca de arrastre se producen daños ambientales de difícil o imposible reparación. Por ello, en caso de que exista certeza acerca de un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, como lo es en este caso, el Estado debe adoptar medidas de prevención, que incluso pueden significar la prohibición de una actividad comercial, toda vez que en materia ambiental resulta ineficaz la coacción a posteriori, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables o de muy difícil reparación.

 

La pesca de camarón con redes de arrastre resulta también contraria al principio de desarrollo sostenible, toda vez que el deterioro del ecosistema marino que causa, resulta superior a su regeneración, lo que pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Asimismo, este arte de pesca no selectivo captura indiscriminadamente enormes cantidades de especies que no son objeto de la pesca que luego son desechadas y devueltas al mar. Por ello, el arte de pesca por arrastre constituye una técnica no selectiva que ocasiona grave daño al ecosistema marino, la sostenibilidad de los recursos marinos y, con ello, a la seguridad alimentaria y economía de subsistencia de los habitantes de las costas que pescan artesanalmente.

 

En vista de todo lo anterior, procedo a salvar el voto en este asunto, y declaro con lugar el recurso con todas sus consecuencias.

 

 

Fernando Cruz Castro

 

 

 

 

 



Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL

Se adjunta la sentencia 24-035978 del expediente 23-009158-0007-co

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:17:37.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Constitutional Chamber

Resolution No. 14028 - 2025

Date of Resolution: 13 May 2025 at 09:20

Case File: 23-009158-0007-CO

Drafted by: Anamari Garro Vargas

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER



Judgment with protected data, in accordance with current regulations



Text of the resolution

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File: 23-009158-0007-CO

Res. No. 2025014028

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirteenth of May of two thousand twenty-five.

 Correction of a material error in the interlocutory resolution No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, in the amparo appeal processed in case file No. 23-009158-0007-CO, filed by Name01, of legal age, identity card CED01, against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of the Presidency, and the National Institute of Fisheries and Aquaculture.

Whereas:

1.- On its own motion, the Chamber notes that the interlocutory resolution No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, contains a material error, because a dissenting vote by Judge Cruz Castro was attached when a note was required, as indicated in the operative part.

2.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

 Drafted by Judge Garro Vargas; and,

 Considering:

Sole. Having reviewed the case file, the corresponding correction is made on its own motion. Consequently, the dissenting vote by Judge Cruz Castro that was attached to the interlocutory resolution No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, is replaced by the following note:  

“NOTE BY JUDGE CRUZ CASTRO.- On shrimp trawling and the protection of the right to the environment.

 

 

Although I have subscribed to the majority opinion that considered deferring the issuance of the judgment in this amparo proceeding and granting a period for filing an unconstitutionality action against the second paragraph of Article 18 of the Fisheries and Aquaculture Law, I have deemed it necessary to subscribe to this note to make some statements regarding the opinion I have previously expressed concerning shrimp trawling.

As indicated by this Chamber in vote number 2013-010540 of 15:50 hours on August 7, 2013, “INCOPESCA may not grant any new permits, authorizations, or licenses, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets.” The foregoing, with retroactive effect, according to the dissenting vote of the undersigned. Furthermore, in said dissenting vote, I have considered that INCOPESCA cannot renew permits, authorizations, or licenses, nor extend their term by any legal administrative mechanism once they have expired, because it lacks legal authorization, as the rule has disappeared.

Article 18, under which the respondent authorities base their actions, refers to a play on words, as the permit allows shrimp trawling and allows “disposing of the catches obtained to cover the cost of carrying out the research.” That cannot be considered research. 

Beyond the question or discussion of technical or scientific criteria, I raise doubts about the regulation that allows a research project that actually intends to carry out an activity that is already prohibited. Note further that the rule allows a research project at the initiative of INCOPESCA, which is not a scientific research entity. Furthermore, this is “research” carried out by vessels and not by scientists, who, moreover, can utilize and commercialize the shrimp caught. Nor is it research under the supervision of any competent body in this regard, which is responsible for monitoring its development or supervising the activities carried out. Thus, it could be a case of shrimp trawling disguised under the figure of research, which is very dangerous for Constitutional Law. The development of prohibited activities cannot be permitted under this denomination.

Trawling is a non-selective fishing technique that compromises marine ecosystems, the sustainability of marine resources, and directly threatens the food security of the population and its future survival. Trawling causes environmental damage that is difficult or impossible to repair. Therefore, if there is certainty about a risk of serious or irreversible damage to the environment, the State must adopt prevention measures, which may even include the prohibition of a commercial activity, since in environmental matters, ex post coercion is ineffective, because if the damage has occurred, the biological and socially harmful consequences may be irreparable or very difficult to repair.

Shrimp fishing with trawl nets is also contrary to the principle of sustainable development, since the deterioration of the marine ecosystem it causes exceeds its regeneration rate, which seriously jeopardizes the food security of future generations. Likewise, this non-selective fishing gear indiscriminately captures enormous quantities of non-target species, which are then discarded and returned to the sea. For this reason, the trawl fishing gear constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, with it, the food security and subsistence economy of coastal inhabitants who fish artisanally.

Under the foregoing considerations, I have subscribed to this note.”

Therefore:

The material error contained in the interlocutory resolution No. 2024-035978 of 09:45 hours on December 3, 2024, is corrected, so that the preceding note is added in its considering part in place of the dissenting vote by Judge Cruz Castro that was attached by mistake. Let it be notified.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

President

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

 

File: 23-009158-0007-CO

Res. 2024035978

 

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and forty-five minutes on the third of December of two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file No. 23-009158-0007-CO, filed by [Name02 001], of legal age, identity card [CED02], against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of the Presidency, and the National Institute of Fisheries and Aquaculture.

Whereas:

1.- By document received in the Chamber Secretariat at 10:00 hours on April 25, 2023, the appellant files an amparo proceeding against the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Agriculture and Livestock, the Ministry of the Presidency, and the National Institute of Fisheries and Aquaculture -INCOPESCA- and states that, on March 23, 2023, through an agreement of the Board of Directors of INCOPESCA, 08 shrimp trawling licenses were granted to semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector, which will operate during 2023 and until 2024, for the purpose of conducting the study "New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024". He alleges that this new study violates Article 7 of the Political Constitution because various international treaties have been signed, such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which determines that States shall establish the allowed catch limits based on available, reliable scientific information. The treaties mark a clear global trend towards the protection of natural resources, including hydrobiological resources, which guarantee the sustainability of resources through rational exploitation and, consequently, the food security of the population, which completely excludes razing the ocean floor, as proposed by the aptly named trawling. Likewise, he indicates that human life is inconceivable without food security, and given the high percentages of bycatch, trawling threatens the sustainability of the Nation's hydrobiological resources. He adds that the fishing nets known as AA Costa Rica were and will be the protagonists of this study, which have not reduced bycatch, demonstrating that this fishing gear is not sustainable. On the other hand, he asserts that the precautionary principle is completely ignored, since INCOPESCA's decision, which includes the veiled reactivation of trawling that lacks any scientific support and, on the contrary, has much evidence that it is not sustainable, violates this principle. It is an activity that disguises its true objective of legally utilizing bycatch with shrimp fishing, as well as the illicit trade of species that should not be exploitable. Likewise, he maintains that more than 53 days after this study began, it has still not been possible to find the minutes of the Board of Directors of March 23, 2023, on the institution's website, which hinders compliance with Article 30 of the Political Constitution, as access to public information is an essential element of the Costa Rican democratic organization to guarantee transparency and publicity in public functions. Furthermore, he states that the scientific community has repeatedly denounced that the development of this initiative has been oblivious to the principles of maximum publicity, transparency in the management and execution of public resources and acts of the public administration, free access to public information, and simplicity and speed of procedure. In accordance with the foregoing, he states that it is important to emphasize what the Chamber has established regarding access to information in environmental matters: "citizen participation in environmental matters encompasses two essential points: the right to information relating to environmental projects, or those that may cause injury to natural resources and the environment, and the guarantee of effective participation in decision-making in these matters. Therefore, the Costa Rican State must not only (sic) invite citizen participation, but must promote and respect it when it occurs." On the other hand, he argues that trawling is not compatible with the State's duty to guarantee well-being, the adequate distribution of wealth, as well as the right to a healthy and ecologically balanced environment. He alleges that this fishing gear perfectly exemplifies the vision of production that humanity seeks to leave behind: massive and excessive exploitation of the natural resources of current and future generations, using vulnerable sectors of the population as cheap labor to enrich a minority in the production chain. He states that, since 2007, shrimp catch levels have decreased and have actually been declining, resulting in overfishing, which generates an impossibility of recruitment, meaning that species do not have time to reproduce before being caught, which affects both the natural resources available for current and future generations. He explains that when speaking of a negative impact on the population that lives from this gear, the true structural problems behind it must be analyzed, since more than 80% of the jobs are of poor quality. He maintains that artisanal fishermen are directly affected by the overexploitation of species and unregulated fishing by semi-industrial vessels with trawl nets. He reiterates that, due to the overexploitation of shrimp populations, the shrimp fleet currently directs its fishing gear towards catching large quantities of fish, with a tiny mesh size that catches everything in its path. This produces, on the one hand, an oversupply of fish products, and on the other, scarcity in artisanal fishing. He comments that both situations bring economic and social harm to artisanal fishermen. He points out that the artisanal fishing sector plays an important role in the national economy, contributing to food security and the conservation of marine natural resources; however, it has been a sector affected by a reduction in educational opportunities, vulnerability of organizations, little institutional support, conflicts with the trawling sector, difficulty in marketing the product, gender inequality, and lack of knowledge of their rights, making it one of the most vulnerable sectors nationally. He considers it an inescapable duty of the Costa Rican State to guarantee beyond any doubt "the rational exploitation of the land and the equitable distribution of the wealth it produces." In addition, he adds that the announced studies will cost, at least in the first year, more than one hundred twenty-six million colones, which will come out of the pockets of all Costa Ricans, while efforts to conduct the pertinent studies for the national and global situation have been null, due to a lack of political will. He asserts that the line of actions being followed by the Executive Branch is contradictory to the line being pursued by the Legislative Assembly, because on one hand we have INCOPESCA wanting to reactivate trawling at all costs, and on the other hand we have the Ombudsman's Office, which since April 22, 2022, launched an initiative to generate global actions to prevent bottom trawling from continuing as a legal commercial practice that threatens life on the planet. Finally, he accuses that marine scenic beauty is destroyed and turned into murky waters by the onslaught of the trawl net. He bases the present amparo appeal on Articles 7, 21, 30, 50, 69, and 89 of the Political Constitution, as well as Articles 2, 49, 50, and 51 of the Law of Constitutional Jurisdiction. He requests that the appeal be granted.

2.- By resolution of 20:04 hours on May 4, 2023, the Presidency of the Chamber processed this amparo and requested a report from the executive president and the head of the Department of Protection and Registration, both of the National Institute of Fisheries and Aquaculture -INCOPESCA-, as well as from the ministers of Environment and Energy, Agriculture and Livestock, and of the Presidency, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By document received in the Chamber Secretariat at 09:07 hours on May 15, 2023, José Pablo Badilla Villanueva, in his capacity as attorney for the Costa Rican Chamber of Shrimp Fishermen Association, legal ID CED03, and the Independent Union of Shrimp Fishermen Association, legal ID CED04, in light of Article 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction, constitute themselves as interested third parties and coadjuvants of the respondent party based on the following arguments: A-) On their constitution as an interested party and passive coadjuvant. From a simple reading of canon 34 of the procedural law of this jurisdiction, the legitimacy of the signatories to act validly in this expedited proceeding is evident, since their represented parties, the Costa Rican Chamber of Shrimp Fishermen Association and the Independent Union of Shrimp Fishermen Association, not only represent the interests of the semi-industrial shrimp fishery sector, but were also the recipients of the effects of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the research project "New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024"; a project that, under the aegis of the provisions of Law 10155, granted research permits so that, through their associates, eight vessels could be made available to INCOPESCA scientists, so that, under the direction of these experts, the execution of the research project could be carried out; this particular situation proves the direct interest that assists them in opposing the appellant claims of the citizen seeking constitutional protection. In this regard, this Constitutional Chamber itself has indicated regarding the matter of interest: “II.- On coadjuvancy.- On folio 28 of the file, a document appears presented by Name03, requesting to be taken into account in this amparo as a coadjuvant of the respondent party. The third paragraph of Article 34 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes that whoever has a legitimate interest in the outcome of the appeal may appear and intervene in it as a coadjuvant of the plaintiff or the defendant. In this case, based on the fact that coadjuvancy is the procedural way to allow someone who could be harmed by an adverse judgment to lend their help (coadjuvar) to the party with a coinciding interest to facilitate the triumph of their claim, and that it is neither an independent party nor a litisconsorte, but merely an adherent without procedural standing to sue in the same process, the Chamber considers that the effects of this Judgment do cover Mr. Name03, for having requested from the Municipality of Santa Cruz the reopening of the public road from Nosara to Ostional, a process being ventilated in this amparo. Therefore, the coadjuvancy presented is admitted.” (Vote 8677-2005) In accordance with this, the present procedural action is viable, and the undersigned respectfully requests the Judges to process the action in question. B-) On the content of the amparo appeal under examination. The appellant formulated the amparo appeal and, as relevant, stated: “Prayer. I request that this amparo appeal be granted, ordering the State to IMMEDIATELY annul the Board of Directors agreement granting the 8 trawling licenses, in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.” To support this action, Mr. [Name02 001] made a series of conjectures of his own, and although it is true his brief did not reflect a desirable order to this line of argument, the following grounds could be identified: a-) that what he called trawling licenses violate Article 7 of the Political Constitution because he understands that international environmental agreements ceased to be applied; b-) violation of fundamental canon 21 due to transgression of the principle of food security; c-) violation of the precautionary principle in environmental matters because INCOPESCA reinstated “trawling”; d-) violation of the principle of transparency of information in environmental matters; e-) violation of constitutional numeral 50 because trawling is not compatible with the distribution of wealth; and f-) violation of Article 89 of the Magna Carta as well, since according to Mr. Name01's understanding, marine scenic beauty will be destroyed with these 8 licenses. We must be categorical from the outset in that today there are no shrimp fishing licenses, not only because this situation is ostensibly impossible -there is no law that allows it-, but because what INCOPESCA issued were authorizations for research work, which in itself implies the rejection of the appeal in question, without prejudice to the reasons set forth below. B.1-) The appellant claim must be rejected under parameters of constitutional jurisprudence as it involves administrative acts. Beyond a correct procedural technique by the petitioner, what is inferred is that he intends for this Constitutional Chamber to declare the nullity of an administrative act or acts issued by the Board of Directors of INCOPESCA. In this regard, he stated specifically: “ordering the State to IMMEDIATELY annul the Board of Directors agreement granting the 8 trawling licenses, in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.” The jurisprudence of this Chamber, since the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code, has maintained the inveterate position that, regarding challenges to formal activity of the public administration, the constitutional jurisdiction is not the competent or primarily legitimized one, but rather it corresponds to the jurisdiction of the prince -Article 49 of the CP-, to resolve any conflict or claim against these acts; thus, in a recent pronouncement of the Constitutional Chamber and ratifying the line of jurisprudential doctrine set forth, it was indicated: “IV.- ON THE ALLEGED ADMINISTRATIVE DELAY: NEW ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A SWIFT AND EFFECTIVE MECHANISM FOR THE PROTECTION OF SUBSTANTIAL LEGAL SITUATIONS OF ADMINISTERED PARTIES. The Constitutional Chamber, since its founding, has used broad admissibility criteria in view of the absence of expeditious and swift procedural channels for the protection of substantial legal situations grounded in the infra-constitutional legal system or legality parameter, which have an indirect connection with fundamental rights and Constitutional Law. In this regard, it should not be lost sight of that the Constitution, due to its supremacy, super-legality, and direct and immediate efficacy, provides indirect grounding for any imaginable substantial legal situation of persons. However, upon better consideration and following the enactment of the Contentious-Administrative Procedural Code (Law No. 8508 of April 24, 2006) and its entry into force as of January 1, 2008, it has become evident that litigants now have a plenary and universal contentious-administrative jurisdiction, extremely expeditious and swift due to the various procedural mechanisms incorporated into the legal system by that legislation, such as the shortening of deadlines for performing various procedural acts, the breadth of standing, precautionary measures, the numerus apertus of admissible claims, orality –and its sub-principles concentration, immediacy, and speed-, the single instance with appeal only in expressly limited situations, intra-procedural conciliation, the unified process, the preferential processing process or “amparo of legality”, pure law processes, new enforcement measures (coercive fines, substitute or commissarial execution, seizure of assets from the fiscal domain and some from the public domain), the broad powers of the corps of enforcement judges, the extension and adaptation of the effects of jurisprudence to third parties, and the flexibility of the cassation appeal. All these novel procedural institutes have the manifest purpose and aim of achieving procedural economy, speed, promptness, and effective or proper protection of the substantial legal situations of administered parties, all with the guarantee of basic fundamental rights such as due process, defense, and the adversarial principle. In sum, the new contentious-administrative jurisdiction is an appropriate channel, due to its new characteristics of simplicity, speed, and promptness, for the protection and effective safeguarding of the substantial legal situations of administered parties where it is required to gather evidence or define some issues of ordinary legality.” (vote 2022-002105) Added to what has been said, and in another appeal subjected to the scrutiny of this high chamber and always related to INCOPESCA's own acts in the matter of shrimp fishery, this court warned that it was not within its jurisdiction to hear such extremes: “In the present case, once the allegations and claims presented by the appellant are analyzed, it is evident that his intention is to question INCOPESCA's decision to approve the \"Evaluation of the Exclusion Percentages of FACA1 in the Trawling of Deep-Sea Shrimp Name04 and Fidel Solenoceraagassizii Using Different Mesh Opening Sizes, Devices (DEPrS, DETS, and Double Relinga), and Other Improvements in the Costa Rican Pacific Ocean\". In this regard, it is necessary to warn that the mere disagreement he may harbor with what was decided by said authority does not constitute an aspect that must be evaluated and known by this Constitutional Court. The plaintiff should take into account that, if his intention is for this Chamber to conduct a review in constitutional jurisdiction of the parameters and criteria that supported said evaluation, the truth is that, contrary to his expectations, this Court could not determine such circumstance through the amparo route, as it implies analyzing technical criteria, incompatible with the purpose and summary nature of the amparo, which must be discussed in the ordinary jurisdiction. Furthermore, there is currently no law or act that allows analyzing the alleged evaluation. Consequently, the plaintiff has the possibility of raising his disagreements or claims before the respondent authority itself, or in the competent jurisdictional venue, venues where he will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert his claims. Thus, the present appeal is inadmissible and its outright rejection is appropriate, in accordance with the provisions of Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction, as indicated in the operative part of this resolution.” Constitutional Chamber vote 2019-015957. Based on that criterion of this Constitutional Court, it is requested that the amparo appeal filed by Mr. Name01 be declared without merit. B.2-) The amparo appeal must be declared without merit because the administrative acts challenged by the appellant are supported by a current and unchallenged law of the Republic. Reading the grounds provided by the appellant, a series of erroneous assessments is verified; to cite just a few, Mr. Name01 considered that INCOPESCA issued commercial shrimp fishing licenses, which is absolutely incorrect, because currently there is no license for this fishing gear whatsoever. What was issued were authorizations for research work specifically to verify whether this fishery could ever be regulated again. Furthermore, it is not true that there is any form of commercial exploitation of the shrimp fishery; far from it, what exists is an exploration and research effort that, by legal normative mandate and even conducting a conventionality control, corresponds to the State, in addition to the fact that, as will be seen below, there are numerous pronouncements from both the Constitutional Chamber and the contentious-administrative jurisdiction, binding on the State, compelling it to carry out these activities, the only current novelty being that, since the fleet of vessels conducting the research is privately owned -the State has no suitable vessels for a shrimp fishery-, by legal imperative, their owners are allowed to keep the fishery product to cover the costs of the objects involved in exclusively public duties. These and other assertions made by the appellant immediately verify the absence of an analysis faithful to the reality of these scientific tasks deployed on our coastline; however, the most relevant omission by the constitutional amparo claimant is that he ignores the real normative source of these authorizations that he challenges and the real status of this primary source. Exactly and under the protection of the provisions of Law No. 10155, which modified Article 18 of the Fisheries and Aquaculture Law No. 8436, the granting of authorizations to private parties was permitted to assist in research efforts aimed at analyzing the viability or otherwise of the reinstatement of shrimp trawl fishery. It is with the support of this Law of the Republic, currently in force and without any challenge, that the governing body of fisheries, through agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, in ordinary session 41-2022, approved the research project "New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024" and, as part of this administrative act, instructed the Executive Presidency to, in coordination with subordinate units, begin these research efforts.

From this historical relationship, it is understood without great difficulty that the presumed act challenged by the appellant not only does not exist regarding modal conditions (essentially time and manner), but that the administrative act that could be questioned never granted commercial shrimp fishing licenses to eight vessels and, more importantly, was not generated at the whim of INCOPESCA officials, but rather found normative basis in a law of the Republic and, as such, implies that any formal activity of the administration triggered by this law substantially conforms to the legal system regarding its formal and material elements, in accordance with articles 15, 16, 113, 128, and following of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and, therefore, the rejection of the observed amparo is equally mandatory. Finally, another conceptual error of the appellant must be brought up, as he seems to understand that any act issued by INCOPESCA and related to fishing matters is a commercial license, which is clearly incorrect. Precisely from article 101 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), it follows that there are fishing licenses and research permits, the latter being precisely those issued by INCOPESCA and which Mr. [Name02 001] challenges, deeming them as fishing licenses, evidently in an erroneous manner, as is insisted upon ad nauseam. B.3-) On the inadmissibility of the amparo appeal for substantive reasons: what the appellant challenged are not administrative acts granting commercial shrimp fishing licenses, but an administrative act that ordered research activities to determine the feasibility, or lack thereof, of reinstating this fishing method. Having overcome the previous sections and to avoid argumentative duplication, it can be concluded that there was indeed an error in determining the "cause" of the amparo, as well as in its object—its claim—because commercial shrimp fishing licenses cannot actually exist today, as there is no law permitting their issuance, since Ruling No. 2013-010540 of this Chamber abrogated from the legal system the norm that substantiated this class of licenses. Now, both the "obiter dictum" and the "ratio decidendi" of this constitutional ruling ordered the peremptory practice of scientific research by the competent public entities—INCOPESCA—to verify whether new techniques and the implementation of novel devices could demonstrate a greater virtue of other fishing methods that would guarantee a lesser impact on the environment. This obligation of the State was again recognized by the Constitutional Chamber in its Ruling No. 2018-014168 and by the Administrative Appeals Court, First Section (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera), in its ruling No. 277-2018-I, republican jurisdictional decisions fairly close in time, which, regarding the matter of interest, gave INCOPESCA a specific deadline to carry out these programmatic research activities. On the occasion of this compendium of binding pronouncements, INCOPESCA indeed began research activities from 2018 through 2019, which ultimately allowed for the substantiation of a bill to regulate shrimp fishing. This bill was processed under file number 21.478, "Sustainable Use of Shrimp Fishing in Costa Rica" (Aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica), and was approved in the second legislative debate on 22 October 2020. A legislative bill that also underwent a legislative consultation on constitutionality after being approved in the first debate and was declared in conformity with the law of the Magna Carta by a majority and sovereign criterion through Ruling 2020-013837 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 6:30 p.m. on 22 July 2020. Despite the bill related to legislative approval and the endorsement of this Chamber, the former President of the Republic issued a government act and vetoed it due to alleged issues of opportunity and convenience, claiming an essential absence of research activities. It was this scenario that motivated the need to implement the current research activities, against which the appellant contends, without understanding that all his allegations, far from disavowing the material activity being carried out—of a strictly scientific nature—actually provide absolute support for it, and it is precisely the teleological content of Article 50 and following of the Political Constitution that advises continuing with the scientific-fishery exploration project that is currently under full development. It is requested that the amparo appeal filed be rejected outright.

4.- Through a document received by the Secretariat of the Chamber at 2:25 p.m. on 15 May 2023, Daniela Madrigal Solorzano, in her capacity as legal advisor of INCOPESCA, indicates that the responding party provides as evidence a Maxell brand CD, which contains the administrative file of the research project "New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2023" (Nuevas alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2023).

5.- Franz Tattenbach Capra, Víctor Julio Carvajal Porras, and Heiner Méndez Barrientos, in their respective capacities as Minister of Environment and Energy (ministro de Ambiente y Energía), Minister of Agriculture and Livestock (ministro de Agricultura y Ganadería), and Executive President with the rank of Minister of INCOPESCA (presidente ejecutivo con rango de ministro de INCOPESCA), report under oath (document filed at 5:49 p.m. on 15 May 2023) that as a first point, the appellant states that "on March 23rd, through a Board of Directors agreement of the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura), 8 shrimp trawling licenses were granted to semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector." This assertion is false and completely removed from reality, since, in the first instance, INCOPESCA has not proceeded to authorize shrimp trawling licenses. Furthermore, according to the records of the Board of Directors Secretariat, the directors did not meet on the day indicated by the appellant; what was approved through agreement AJDIP/205-2022 of 27 September 2022, in ordinary session 41-2022, was the research project "New Alternatives for responsible deep-sea shrimp fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024" (Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024), wherein they instruct the Executive Presidency to, in coordination with the Fisheries and Aquaculture Management Directorate of INCOPESCA, through the Research Department, as well as the Financial Administrative Directorate, proceed to initiate and implement said Research Project. Consequently, under the provisions of the Amendment to Law 10155, with the modification of Article 18 of the Fishing and Aquaculture Law, No. 8436, research permits are granted to the Costa Rican Shrimp Fishermen's Chamber Association (Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón), legal ID CED03, as well as the Independent Union of Shrimp Fishermen Association (Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros), legal ID CED05, so that through their members, these Associations provide 8 vessels contributed by them, so that under the direction of and jointly with INCOPESCA, the execution of the research project is carried out. Here, a distinction must be made regarding the serious error the appellant commits by asserting that fishing licenses have been granted, as he seems to ignore that there is a great difference between a research permit and a fishing license as determined by Article 101 of the Fishing and Aquaculture Law, with which this irrefutable evidence is sufficient to reject this amparo outright, as there is no injury whatsoever to the Costa Rican legal system or constitutional principles. In addition to this, by legal mandate, as provided by Rulings 2013-010540 and 2018-0l4168 of the Constitutional Chamber and Judgment 277-2018-1 of the Administrative Court, which determine in an irrefutable manner that it is INCOPESCA that must carry out the investigation to determine whether or not it is possible, according to science and technique, to re-establish sustainable deep-sea shrimp fishing in Costa Rica. Therefore, it is clear that this is not an arbitrary decision by the State, but rather the fulfillment of mandatory legal provisions, in accordance with the competencies and powers given by law to INCOPESCA. Likewise, it is more than clear that it is within the competence given by law to INCOPESCA to carry out this or any other investigation necessary in fishing and aquaculture matters to guarantee environmental protection, the socioeconomic development of those who depend on fishing and aquaculture, and to guarantee the food security of all Costa Ricans. It is clear that the appellant here has not taken into consideration in his arguments the ecosystemic principle that is part of this investigation. They recall that the International Code of Conduct for Responsible Fisheries, adopted by the FAO Conference in October 1995, considers fishing as an activity of great relevance for humanity. Article 6.5 establishes the following: "States and sub-regional and regional fisheries management organizations should apply a precautionary approach widely to conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking account of the best scientific evidence available. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take measures to conserve target species, associated or dependent species and non-target species and their environment." It is their commitment and obligation as a State to obtain technical and scientific information, but, above all, current information, which allows them, upon completion of the investigation, to guarantee the avoidance of excess fishing capacity, the interests of fishermen—social, economic, environmental, and cultural—preserve biodiversity, the availability and location of biomass, the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), the significant reduction of incidental fishing and discards, the modernization of fishing gear, the promotion of research, and transparent data collection, the foregoing in order to determine whether it is possible to recommend the reactivation, or not, of deep-sea shrimp fishing and to adopt management and conservation measures with an ecosystemic approach. An aspect worth mentioning related to the investigation and the ecosystemic approach is that, among other things, a net is being used with materials, design, and sizes very different from those historically used by shrimp vessels in past years—that is, it can be affirmed that the fishing gear being tested is completely different from that previously used. Also, for this investigation, these nets or fishing gear have installed three Fish Exclusion Devices (square mesh, fish eye, and double headline) and the Turtle Exclusion Device, TED (4-inch bar spacing), among other innovations. Should greater illustration of this fishing gear be required, the investigation's administrative file is provided, which includes the technical aspects of the process. In the same vein, environmental safeguards are developed to guarantee prior evaluations as the research process develops, to ensure greater transparency and periodic evaluations that determine for them the advisability and opportunity of continuing with the processes. The alleged violation of Article 7 of the Political Constitution, which the plaintiff maintains, does not exist, given the arguments above and the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law 7991 of 23 March 1992, which establishes the following: "Article 56. Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone. 1. In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (…) (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment; (c) other rights and duties provided for in this Convention." In the same sense: "Article 61. Conservation of the living resources. 1. The coastal State shall determine the allowable catch of the living resources in its exclusive economic zone. 2. The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by over-exploitation. The coastal State and competent international organizations, whether subregional, regional or global, shall cooperate, as appropriate, to this end. 3. Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities and the special requirements of developing States, and taking into account fishing patterns, the interdependence of stocks and any generally recommended international minimum standards, whether subregional, regional or global. 4. In taking such measures the coastal State shall take into consideration the effects on species associated with or dependent upon harvested species with a view to maintaining or restoring populations of such associated or dependent species above levels at which their reproduction may become seriously threatened. 5. Available scientific information, catch and fishing effort statistics, and other data relevant to the conservation of fish stocks shall be contributed and exchanged on a regular basis through competent international organizations, whether subregional, regional or global, where appropriate and with participation by all States concerned, including States whose nationals are allowed to fish in the exclusive economic zone." "Article 62. Utilization of the living resources. 1. The coastal State shall promote the objective of optimum utilization of the living resources in the exclusive economic zone without prejudice to article 61. 2. The coastal State shall determine its capacity to harvest the living resources of the exclusive economic zone. Where the coastal State does not have the capacity to harvest the entire allowable catch, it shall, through agreements or other arrangements and pursuant to the terms, conditions, laws and regulations referred to in paragraph 4, give other States access to the surplus of the allowable catch, having particular regard to the provisions of articles 69 and 70, especially in relation to the developing States mentioned therein… 5. Coastal States shall give due notice of conservation and management laws and regulations." As can be seen, there is no violation of Article 7 of the Political Constitution, since if anything is being done by INCOPESCA and the Costa Rican State, it is conducting scientific research precisely to comply with the mandates established by international treaties, for which research processes must be carried out that involve conducting practical field tests, for which INCOPESCA issues research permits; as of today, there is not and will not be, under this research process, the issuance of fishing licenses, as the plaintiff maliciously and fraudulently claims, thereby intending to obstruct the fulfillment of the obligations of the Costa Rican State to guarantee the principle of Sustainable Democratic Access to Natural Resources and the fulfillment of all the principles and obligations deriving from Article 50 of the Political Constitution. Continuing with the subject of this reckless amparo appeal, the appellant states in his arguments: "regarding transparency and access to public information on said research, it should be noted that more than 53 days after starting said study, it has still not been possible to find the Minutes of the Board of Directors of March 23, 2023, on the institution's website, which hinders compliance with Article 30 of the Political Constitution." This assertion is completely false and its sole purpose is to mislead this Chamber. First, the Board of Directors' minutes mentioned cannot be found because they do not exist; as indicated above, no meeting was held that day. However, it is important to make clear that transparency and access to information in this investigation have been a priority for the State. This is why, as recorded in the administrative file of the Research Project "New Alternatives for Responsible Deep-Sea Shrimp Fishing in the Costa Rican Pacific Ocean 2023-2024" (Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024), which is available to the Chamber and which records official letters INCOPESCA-PE-DOPA-109-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-110-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-112-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-114-2022, INCOPESCA-PE-DOPA-115-2022, and INCOPESCA-DE-DOPA-116-2022, issued by Mr. Miguel Durán Delgado, in his capacity as Director of Fisheries and Aquaculture Management of INCOPESCA, formally extends an invitation to Academia to participate in the investigation. Likewise, via email recorded in the administrative file, an invitation was sent to NGOs, including MARVIVA, Costa Rica por Siempre, FAICO, COOPESOLIDAR, Conservación Internacional Costa Rica, and One Sea. INCOPESCA has even made active use of social media and the press to invite citizens to participate in the project. Therefore, it is completely false that there is any harm due to a lack of information or that it is difficult to access, as the administrative file is duly formed, paginated in chronological order, and contains everything related to this investigation. Regarding the appellant's statement concerning the alleged violation of Article 50 of the Political Constitution, quite contrary to what the appellant states, the investigation seeks to determine the feasibility or not of opening deep-sea shrimp fishing, in compliance with the provisions of Rulings 2013-010540 and 2018-014168 of the Constitutional Chamber and Judgment 277-2018-i of the Administrative Court, complying with what technique and science dictate in association with the socioeconomic development of those who could eventually benefit from the exercise of developing responsible and sustainable fishing. Regarding the socioeconomic factor, the appellant, in a discriminatory and disrespectful manner, stigmatizes and qualifies the research participants in a derogatory and exclusive manner, asserting that they are a "poorly educated population" (población poco escolarizada), thereby assuming their economic compensation is unequal. The truth is that, as this is a new study and with the understanding that the social and economic aspect cannot be ignored, support is provided by the School of Planning and Social Promotion of the National University of Costa Rica (Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica), who will be responsible for developing the objective related to this social and economic topic and, at the same time, for collecting and analyzing data on the social and economic topic to determine the impact of shrimp fishing on this population. Thus, once again, these are subjective assessments by the appellant about this new research project. It is curious, and not unexpected, how the appellant maliciously mentions an alleged non-compliance with Article 50 of the Political Constitution, using only the second paragraph of the norm, deliberately omitting the first paragraph, since viewing the article in its entirety is what can foster compliance with the principle of sustainable democratic access, which has been very successfully promulgated by the Constitutional Chamber in Ruling 2013-010540, which is one of the objectives of this fishery research and others developed by INCOPESCA. The foregoing becomes an obligation for the State and INCOPESCA, through carrying out the research, to seek to guarantee not only the biological and ecological factor, but also to guarantee in parallel the social, economic, cultural, and political factors of coastal communities, where the right of access to work, access to education, sustainable social growth, adequate distribution of wealth, and access to a healthy and ecologically balanced environment are also evaluated, analyzed, and prioritized, viewed transversally between environmental protection and economic and social development. Food security is one of the fundamental obligations that the Costa Rican State must address, and it is postulated in Article 21 of the Political Constitution. It is precisely in response to this that the State resorts to the tools that science provides so that human beings can develop productive activities that guarantee their own food security. See how the appellant once more fraudulently asserts his opinions without even having evaluated the content and objectives of the Research Project, much less being able to qualify results because these do not yet exist. Therefore, there is equally no violation of Article 21 of the Political Constitution. At all times, there is critical analysis and compliance with all the principles generated from the Rio Declaration on Environment and Development and the Political Constitution of Costa Rica, among which we can mention the Principles of: a) Precautionary and Preventive, b) Sustainable Democratic Access, c) Right to Dignified Work, d) Right to Food Security, e) Guarantee of Intergenerational Access to Natural Resources, among others. The appellant asserts that there are conflicts between the artisanal fleet and the semi-industrial vessels conducting deep-sea shrimp fishing research, without providing a single piece of evidence thereof. On this matter, the State, seeking to avoid conflicts between small-scale fleets and the semi-industrial fleet that could cause direct harm, established within the project methodology that the research would be carried out outside the first four nautical miles close to the coast to reduce interaction between fleets and guarantee access to fishery resources for the small-scale fleet; that the boats will have an observer on board collecting technical information on the fishing operation; they may not conduct fishing operations within marine management areas, responsible fishing marine areas, and protected wild areas, and this will be controlled and monitored from the Satellite Monitoring Center of INCOPESCA, since the boats must have, and obligatorily use, satellite tracking devices, transmitting continuously and permanently 24 hours a day. On the other hand, the appellant assures that the participating vessels direct their gear toward fishing and capturing large quantities of fish, for which he also provides not a single piece of technical evidence to support his claim, making it a merely subjective appreciation without critical or technical basis, and what the research project clearly establishes is not so, which demonstrates that the appellant ignores the content of the Research Project being developed. It is also important to establish that 100% of the catches obtained from this research will be inspected by INCOPESCA, at the duly authorized docks and by the Oversight Department of that institute. What concerns the cost of the research is not a matter that should be discussed via amparo; however, they state that, indeed, like any project, a budget must be created for the total projected cost from start to finish of the project, and not just the first year, as the appellant falsely claims. In the case at hand, it was established that the hiring of qualified personnel—eight on-board observers, three data entry clerks, a fishery evaluator, a social and economic planner, and a marine geologist—entailed a projected cost of one hundred twenty-six million colones. It is important to clarify that currently, the on-board observers are biologists who are INCOPESCA employees collaborating in this first part of the research, called pre-sampling, and which responds to the analysis and adjustments made prior to the month of March, considering the observations and comments contributed to the document profile and methodology by university officials and others. Furthermore, as mentioned earlier in this document, the social and economic aspect of the research project is being developed jointly between INCOPESCA and the School of Planning and Social Promotion of the National University of Costa Rica. Likewise, to combine efforts for the hiring of an international fishery evaluator, it was decided to forgo the hiring of the marine geologist, making it evident that the State has sought to reduce the estimated budget. It is important to mention that this research is led by INCOPESCA, as the implementing authority of the Fishing and Aquaculture Law, and the competent entity according to Law 7384, the Law Creating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) and the pronouncements of national jurisprudence on the matter, where it is important to mention that the project counts on, and forms part of, a joint effort with the traditional knowledge of fishermen and national and international experts in fisheries sciences. Precisely, the modification to Article 18 of the Fishing and Aquaculture Law was aimed at strengthening the powers of INCOPESCA in scientific and technical research of fishery and aquaculture resources, promoting scientific knowledge for decision-making, making visible scientific orientation with an ecosystemic approach with a view to promoting the development of coastal communities and guaranteeing the health of the marine ecosystem. The appellant insistently, throughout his arguments in filing the appeal, makes false claims, asserting that it is INCOPESCA that wishes at all costs to reactivate shrimp fishing, which is completely false. It has been demonstrated that the State obeys and fulfills the ordered legal provisions, is in the sound exercise of the powers granted to it by the legal system, and that these are developed in harmony with the legal and environmental principles emanating from our Political Constitution, the international principles of the Code of Conduct for Responsible Fisheries, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the Rio de Janeiro Declaration. This research, far from everything the appellant has asserted without any proof, seeks, based on scientific-technical criteria, to demonstrate whether or not it is possible to develop a productive socioeconomic activity, from which the populations of the country's coastal zones have lived for many years, without neglecting environmental protection. It must be considered that deep-sea shrimp fishing has been closed for more than five years, and this is another reason making it necessary to conduct research to determine the current status of deep-sea shrimp populations, the availability and location of the biomass of fishery interest, and the transparent compilation of reliable data. If, at the end of this research process, the results obtained indicate that sustainable shrimp fishing is not possible, no commercial shrimp fishing license for deep-sea shrimp would be granted, or if, on the contrary, the results are favorable, management measures would be explored for its commercial opening in the country, using all tools and methods necessary to guarantee environmental protection, which should be submitted for consultation with technical advisory bodies and any other entity, be it State, academia, or civil society, that wishes to express its opinion. The research process seeks to generate conditions of access to the fishery resource in an available manner, through which the activity will generate high added value through direct and indirect jobs along the entire value chain (mechanics, boat crew, butcher shops.

supermarkets, ice factories, net makers, shrimp peelers, among others), which translates into a high socioeconomic impact in the Puntarenas area and the generation of foreign currency from the eventual export of finished product. The petitioner also recklessly makes assertions regarding the issue of marine scenic beauty, which is far from reality, first because they make assertions lacking any evidence, and the investigation process itself, as recorded in the administrative file, prohibits any sampling in areas where there are coral reefs, national parks, protected areas, and the nets, by their very design, seek to minimize the impact on the environment as much as possible, in addition to the fact that, as has been indicated, these are studies on deep-water shrimp species, so this last assertion is also unacceptable. Finally, we wish to bring up that on previous occasions when attempts have been made to interrupt the exercise of INCOPESCA's powers, using amparo appeals, regarding the conduct of scientific research processes, the Constitutional Chamber has been clear that it is not its place to evaluate technical reports or criteria through the amparo procedure, as was previously resolved by the constitutional body regarding a shrimp fishery research process and which was resolved by means of the decision recorded in case file No. 19-012136-0007-CO of August 27, 2019, where the magistrates stated that it is not their place to resolve the merits of the investigation, as they affirmed: "since this implies analyzing technical criteria, incompatible with the summary nature of the amparo." Therefore, since no constitutional injury exists and INCOPESCA is exercising its constitutional obligations, there is no choice but, as a consequence of Costa Rican jurisprudence on the matter, to reject this appeal outright. After analyzing and reviewing the petitioner's claim, the State considers the petition to be absolutely inadmissible, since it has been made clear that the research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024" has not granted any fishing license; what was granted were research permits to two associations, so that the study or investigation could be carried out through eight vessels, and since the petitioner is pursuing a non-existent claim through this process, the Chamber is requested to dismiss this appeal and proceed to archive it. Likewise, it is requested that future appeals on this particular topic be consolidated into this case. There is no violation of any constitutional precept that endangers the Costa Rican legal order or violates the constitutional principles and international obligations undertaken by Costa Rica to guarantee environmental protection and sustainable use of fishery and aquaculture resources that guarantee science can be conducted responsibly, therefore they request that this amparo appeal be rejected outright. The plaintiff is requested to be condemned to pay procedural costs.

6.- Natalia Díaz Quintana, in her capacity as Minister of the Presidency, reports under oath (brief filed at 9:58 p.m. on May 15, 2023) that the present matter concerns the permits for research purposes granted by the Board of Directors of INCOPESCA, in relation to the study "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". In this regard, it is necessary to show that the Ministry of the Presidency has no involvement whatsoever in the decisions to grant licenses and permits that INCOPESCA issues for this purpose, according to the competencies established in Title V, Chapter I of the Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436 of March 1, 2005, so the facts indicated by the petitioner should not be brought to the knowledge of that ministerial instance, as this falls outside the scope and functions established in Article 140 of the Political Constitution, numerals 151, subsection a) and 152 of the Reglamento Autónomo de servicio y organización de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia, Decreto Ejecutivo N°40993 of February 23, 2018; and Articles 11, 25 subsection 1), 27) and 28) of the Ley General de la Administración Pública N°6227 of May 2, 1978. However, and in view of the request made, it is appropriate to adhere to the report rendered and evidence provided to the Chamber by the corresponding technical instances on May 15, 2023. Thus, this action against her represented entity is considered inadmissible, requesting that this amparo appeal be dismissed.

7.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 10:56 a.m. on June 15, 2023, Wilber Madriz Arguedas and Jacqueline de los Ángeles Membreño García, respectively, in their capacities as mayor of Puntarenas and in her personal capacity and as president of the Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, state that they formally submit a joinder in favor of INCOPESCA. They say they represent the interests of all workers engaged in the semi-industrial shrimp fishery sector in Puntarenas, because they were recipients of the positive subjective effects of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 412022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the scientific research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024"; through which, 8 permits were granted to execute the research project. Their represented parties, all of them, are engaged in shrimp fishing and its industrial processing, such as peeling and packing for subsequent sale to the final consumer. For all these residents of Puntarenas, it is vital that these scientific studies be completed so that shrimp fishing can be authorized again for more people and companies. Therefore, the results of these scientific studies are vital for these people to be able to return to work as crew members of the fishing vessels and for the people who work in the subsequent processes, such as the peeling and packing of shrimp for later distribution and sale to the final consumer. Regarding the facts, they state, among other points, that it is true that INCOPESCA granted 8 licenses to conduct a scientific study called "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". The records of the Secretariat of the Board of Directors of INCOPESCA indicate that the session of the Board of Directors of INCOPESCA was held on September 27, 2022. The plaintiff did not even present the board of directors' agreement, as is their duty. It is not true that the session was held on March 23, 2023. There is no record of a session of the Board of Directors of INCOPFSCA being held that day. It is not true that INCOPESCA granted 8 shrimp trawl fishing licenses. As stated, 8 permits were granted exclusively for research. The agreement says so. It is not true that "8 shrimp trawl fishing licenses were granted to semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector." They are not "semi-industrial" vessels as the plaintiff falsely says. None of the vessels can perform a semi-industrial or industrial process on board to process the shrimp once caught. They are fishing boats, nothing more. They catch and store the shrimp frozen to bring it to port. They reject the constitutional and conventional violations referred to by the petitioner. It is mentioned that 53 days after the study began, they could not access the Minutes of the Board of Directors of March 23, 2023. This minute is impossible to find because it does not exist. INCOPESCA did not meet. The session was on September 27, 2022, and the agreement was adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA. You can consult it directly from INCOPESCA or request it from the secretariat of the Board of Directors. The legal rules regarding the publicity of minutes have been followed. But the plaintiff mistook the minute and the date of the agreement and therefore believes it does not exist or is hidden. They state that the agreement taken by the Board of Directors of INCOPESCA is a technical administrative act, based on technical and scientific studies, so in order to determine if it is an illegal agreement, other contradictory scientific reports must be provided. This is a matter of "legality" as defined by the Constitutional Chamber. The experiment is authorized by Article 18 of Ley 10.155, so it is reasonably based on a current norm. The Chamber should suspend the processing of the amparo and allow the plaintiff the possibility of filing an unconstitutionality action against that norm. This is an agreement based on the formal and material competencies granted to the Board of Directors of INCOPESCA by the cited article, so its challenge falls under the contentious-administrative jurisdiction. In accordance with the arguments presented, the cited norms and jurisprudence, they request that the judgment declare: 1. The Constitutional Chamber lacks competence to annul the technical administrative act issued by the Board of Directors of INCOPESCA, as this annulment discussion is not proper to a summary amparo process. 2. Consequently, that the Contentious-Administrative Court has competence to annul agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the scientific research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024". Subsidiary claim: If the Constitutional Chamber considers itself competent to hear the annulment of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, it must suspend the processing of the amparo and allow the plaintiff the possibility to file an unconstitutionality action against Article 18 of Ley 10.155. This is what Article 48 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional states.

8.- Through a resolution issued at 8:11 a.m. on August 28, 2023, as evidence for better resolution, the instructing magistrate ordered that a hearing be given to the following institutions and organizations: 1) Director of the Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) of the Universidad de Costa Rica; 2) Dean of the Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar of the Universidad Nacional (UNA); 3) Director of the MarViva Foundation; 4) Director of the OneSea Foundation; 5) President of the Board of Directors of the Asociación Costa Rica por Siempre; 6) Executive Director of Conservación Internacional Costa Rica and 7) President of the Board of Administration of the Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO), so that they may issue their technical opinion to this Chamber regarding the research project that seeks to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica.

9.- Through briefs received in the Secretariat of the Chamber at 4:32 p.m. on September 4, 2023, and at 7:51 a.m. on September 5, 2023, Jorge Serendero Hülssner indicates that he presents a joinder in his personal capacity and on behalf of the Fundación Fort the Oceans, in his capacity as executive director with General Power of Attorney. He states the following:

“FIRST: I request that in my dual capacity we be considered a party within this file. For these purposes, I present an active joinder.

SECOND: I beg that it be considered that the precautionary principle is currently being breached due to the doubts that the Academy and various NGOs have expressed, and to that extent, it is vital that the amparo be found with merit.

The principle of objectivation should also be considered in this case, since at the time of granting the fishing permits to conduct studies, basic scientific information did not exist (nor does it exist now) and this means that now marine biodiversity and marine ecosystems in general are in danger. This Chamber has stated:

"... it is a principle derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the LGAP, it translates into the need to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature... from which the requirement of 'linkage to science and technique' is derived, with which, the Administration's discretion in this matter is conditioned". Voto 14293-2005 For the foregoing, I request that the amparo be granted.”.

10.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:18 a.m. on September 5, 2023, Álvaro Morales Ramírez, in his capacity as director of the Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología -CIMAR- of the UCR, indicates that on February 21, 2023, Dr. Ingo Wehrtmann, an expert researcher on the subject from CIMAR, provided an opinion to Lic. Miguel Durán Delgado, technical director of INCOPESCA. It is appropriate to add that said report is also signed by M.Sc. Mauricio Ibarra, a Chilean expert and collaborator of Dr. Wehrtmann. Said report indicates the following:

“Lic. Miguel Durán Delgado

Technical Director of INCOPESCA

Dear Mr. Director:

In December, I participated as the official representative of the Universidad de Costa Rica (UCR) in the activity organized by INCOPESCA to socialize with the Academic Sector some details of the research proposal titled “Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024”.

Considering that I had no prior knowledge of this project, I stated that my participation in said meeting would focus on obtaining details about this research and not on endorsing the project. In fact, the UCR was never invited to participate in the development of this research proposal. Considering that in Costa Rica there is very little experience in conducting population or stock assessment studies for fishery resources, and even less in studies on deep-water shrimp, I took the liberty of sharing the document received from INCOPESCA with Mr. Mauricio Ibarra, Licentiate in Fisheries Science and Fisheries Engineer from the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Master in Statistics from the Universidad de Valparaíso (UV) and Master(c) in Aquatic Resource Management from the PUCV, who currently works at the Instituto de Fomento Pesquero in Chile, precisely in the assessment of crustacean stocks. Mr. Ibarra has 17 years of work experience in consultancies for the sustainable exploitation of fishery resources, and most of the time has worked with the nylon shrimp (Heterocarpus reedi), a species similar to our camellito shrimp (H. vicarius) and of the same genus as our camello real shrimp (H. affinis). In summary, Mr. Mauricio Ibarra is a highly qualified expert to review and evaluate the proposal submitted by INCOPESCA.

Below, we wish to highlight in summary form some aspects of this proposal that require, from our point of view, a rethinking or modification, according to the joint analysis we conducted with Mr. Ibarra:

(1) Red AA Costa Rica: The experience with this net is based on a study INCOPESCA conducted during October and December 2018 at the entrance to the Gulf of Nicoya. The report with its presented results and conclusions was widely criticized, especially for the very short duration of the study, its limited geographic scope, and errors in its results. Therefore, it seems highly questionable to us to assume that this Red AA Costa Rica is the right net to produce a more sustainable fishery.

(2) Using two different nets. Costa Rican shrimp boats work with two nets, one to starboard and one to port. We understand that the proposed research will work exclusively with the Red AA Costa Rica. We find it unfortunate not to take advantage of the possibility of using two different nets at the same time: the Red AA Costa Rica and the standard net previously used in shrimp fishing in the country, which would serve as a "control". Only the direct use of the two different nets on each boat would allow analysis of whether the Red AA Costa Rica is actually reducing the catch of accompanying fauna, compared to the control net.

(3) Age of the target species. According to (sic) the comments of INCOPESCA staff present at the December 2022 meeting, the proposal starts from the assumption that the shrimps have a longevity of about two years. There is no information on the longevity of the target species of the study proposed by INCOPESCA for Costa Rica. However, Pedraza-García et al. (2012), determined for Nombre06. vicarius (camellito shrimp) from Colombia a longevity of four years for males and five years for females. Therefore, a study lasting only two years will not generate adequate information for a species that lives at least four years, especially on important topics such as reproduction, growth, recruitment, mortality, etc. In the case of the nylon shrimp (H. reedi), Kilada & Acuña (2015) determined that females would reach five years of age and males, four years. With this background, it can be assumed that the longevity of the camello real shrimp (H. affinis), which lives at a substantially greater depth than the other target species, is higher than that of H. vicarius. In this sense, the issue of the longevity of the target species is not being considered in the methodological design of the current proposal, which would substantially limit the scope of the results obtained.

(4) Experimental design. It appears that the samplings are based exclusively on commercial hauls. The document does not mention scientific hauls or anything about a direct stock assessment. This methodology would generate information on the state of the fishery for the target shrimps, but would not allow conclusions to be drawn about the state of the stock, which is an important limitation/deficiency of the design. It would be highly advisable to develop a methodological design that includes scientific samplings. On the other hand, the study indicates an a priori stratification by zones, but this should be determined after the study, with the information collected, because it is unknown whether or not there is a spatial separation of the stock.

(5) Duration of the hauls. According to (sic) the INCOPESCA proposal, the hauls will last between 1 and 2 hours. It seems to us that this duration is not appropriate for samplings intended to generate robust scientific results. It has been shown that short hauls are as efficient as long ones, and this allows for more hauls to be made in the same cruise duration, a relevant economic factor in this type of study. This is how, during our study of the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, we worked with 15-minute hauls and this methodology generated solid results, which were accepted for publication in international journals (e.g., Wehrtmann & Echeverría-Sáenz, 2007; Arana et al., 2013; Villalobos-Rojas et al., 2020). In Chile, with several years of experience in the stock assessment of nylon shrimp and other species, a duration of between 10 and 20 minutes is being used. Therefore, it seems to us that the inclusion of scientific hauls with a duration of around 15 minutes should be considered, in addition to the information from the fishing fleet that will be generated.

(6) Estimation of "Maximum Sustainable Yield (MSY)". There is no clarity on how, exactly, it is intended to obtain the information needed to define MSY. Again, the data this project would generate would be data on abundance in the commercial fishery, among others, but would not be representative of the shrimp stock, unless a minimum spatial coverage is established. An important aspect for estimating MSY is the stock-recruit relationship, but the proposal does not make it clear how they will obtain and analyze that information. Furthermore, to obtain an abundance indicator from the fleet, it would be necessary to perform a standardization of the CPUE or CPUA using GLM's, a methodology not specified in the project presented by INCOPESCA.

(7) Number of vessels. It seems understandable to us that two vessels, specially equipped to fish for camello real shrimp (H. affinis), are required. However, using four vessels to work with the remaining target species seems excessive. In our project on the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, we worked with 1-2 vessels, which was sufficient to generate robust and publishable data (see references cited above).

(8) Personnel to be hired. Documents received from INCOPESCA indicate that, among others, eight onboard observers and a marine geologist will be hired. In the case of the onboard observers, it is not clear how these people will be recruited. They should be professionals or technicians with extensive knowledge of the various aspects of shrimp fishery-biology, but to my knowledge (I. Wehrtmann) as a researcher/professor working for years on this topic at the Universidad de Costa Rica, there are very few people in Costa Rica with this profile. Therefore, it would be complicated to have properly trained personnel for this task, which is fundamental to the success of the project. On the other hand, in the case of hiring a marine geologist, it seems a priority to us to have a fishery biologist or fishery engineer with extensive experience in the assessment of fishery resources, especially of shrimps, which are the target species of the study. The most advisable approach would be to clearly define the profile of the position and open an international competition to select the most suitable person for this job.

(9) Risk analysis. In fishery biology, there is a whole line of research on this topic, important for the management of any fishery resource (e.g., Huppert et al., 1996; Hobday et al., 2011; Gaichas et al., 2018). Especially, precautionary management must consider the different risks (ecological, economic, social) facing each fishery. However, INCOPESCA's proposal does not mention anything specific on this subject. This is worrying, considering that after a long period of a considerable reduction in shrimp fishing effort (up to the closure of the fishery) it is possible that initially a high volume of relatively large shrimp will be caught. However, this situation can change quickly and generate a much less favorable or rather worrying situation, as occurred at the beginning of the 2000s, with Nombre07, in Chile, a fishery that was closed for three years due to overexploitation and overfishing (Acuña et al., 2002; Arana et al., 2003; Arana et al., 2004), especially considering the limited geographic fishing area for deep-water shrimp in Costa Rica. Therefore, a project on the management of fishery resources must consider different risk scenarios (including climate change scenarios) to have more clarity about the possible future of these fisheries.

(10) Statistical analyses. We do not wish to go into too much detail on this topic, but it is obvious that the present proposal from INCOPESCA intends to use outdated statistical analyses that do not correspond to the current standard used in fisheries science. It would be necessary to rewrite this part and include current methods. A person with extensive experience in stock assessment will have sufficient knowledge about appropriate methodologies.

In summary, there are still many questions and methodological gaps surrounding this proposal that should be clarified before starting a research project on the deep-water shrimp fishery in Costa Rica.

Finally, we would like to mention another aspect that we consider important in this regard: considering the broad international evidence that trawling always has negative effects on the ecosystem, would it not be better to use these financial resources to promote studies on alternative capture methods to trawling? For example, fish farming in floating cages could be an interesting alternative considering the high number of species with aquaculture potential we have here in Costa Rica. On the other hand, trap/pot fishing for deep-water shrimp exists in other countries. Would it not be worthwhile to invest some of this budget of approximately 250 million Colones, for example, in this alternative?

Thanking you for your attention, we bid you farewell with a cordial greeting”.

11.- By brief received in the Secretariat of the Chamber at 1:34 p.m. on September 6, 2023, Irene Murillo Ruin, in her capacity as president of the Board of Directors of the Asociación Costa Rica por Siempre, states the following:

“In accordance with the Resolution of eight hours eleven minutes of August twenty-eighth, two thousand twenty-three, we appear before your authority in response to the granted hearing. The Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS) is an environmental fund and non-governmental organization with the mission of fostering alliances and managing resources for biodiversity conservation and human well-being.

In response to the Constitutional Chamber's order to request an opinion on the research project cited in case file 23-009158-0007-CO, below we provide our technical opinion:

1. On October 7, 2022, ACRXS was convened by the Office of the Minister and Executive Presidency of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), via email, to a session with the objective of socializing technical aspects of the project "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", as part of the need for additional scientific-technical inputs necessary for the shrimp fishery.

2. On Monday, October 31 at 10:00 am, in the Sala de Ex Ministros at the facilities of the Ministerio de Agricultura y Ganadería, said session was held, where besides ACRXS, there was participation from representatives of Conservación Internacional-CR, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Fundación Nombre08 and Fundación One Sea, and eight INCOPESCA officials, including the Minister of Fisheries.

3. During the session, INCOPESCA reported on technical-methodological, financial, and administrative aspects related to the project "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico", from which we highlight the following:

a. The research project would be developed in 2 phases, one starting in 2023 and another during 2024.

b. Mr. Fernando Mejía, an official of INCOPESCA, would be in charge of the research project.

c. The research study would have an approximate cost of C12ó,OO0,000, of which C120,000,000 would be invested in contracting professional services, and Có,OO0,000 would be invested in materials.

d. 8 research permits would be granted to 8 vessels owned by two fishing organizations located in the province of Puntarenas.

e. The research project would focus on deep-water shrimp, as the trawl operations would be carried out three miles from the coastline, and an extra mile would even be kept as a buffer zone.

f. The specific sites where the trawl operations would be carried out had not been defined exactly, and that to establish them, input would be taken from the captains of the 8 vessels.

g. 33 hauls would be conducted per trip.

h. The total catch obtained from each haul would be weighed in 25-liter baskets, and from each basket, samples of 33 individuals of the different shrimp and other crustacean species would be taken.

i. The bycatch would be classified into two categories: usable (e.g., sharks and rays) and discardable (individuals of reduced size, or species of low or no commercial value).

j. That 100% monitoring of weight, size, and identification would be carried out for each individual in the usable or marketable category.

Both the materials and the structure of the trawl net (AA-CR) to be used during these two phases of the research project are different from those used in the study "Evaluación de los porcentajes de exclusión de faca en la pesca de arrastre de los camarones de profundidad pinky (Farfantepenaeus brevirostris) y fidel (Solenocera agassiziü utilizando diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (dep's, det's y doble relinga) y otras mejoras, en el océano pacifico costarricense”, the results of which were presented by INCOPESCA in January 2019.

l. Part of the characteristics that differentiate the experimental net from the one previously used is that the former does not drag the seafloor, as it has a buoyancy system thanks to the lighter materials used.

m. The trawling times for each experimental fishing operation will be a maximum of 2 hours, in order to improve the quality of the product caught and authorized for commercialization under the research license.

n. The Universidad de Costa Rica, the Universidad Nacional, and the Instituto Nacional de Aprendizaje will all be part of the research study. In addition, there will be external reviewers (e.g., INVEMAR from Colombia).

o. The research study will be carried out in coordination with NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) and the Embassy of the United States.

p. To support the research, persons serving as "on-board observers" will be hired for the 8 vessels involved in the research study.

q. The project will contract the professional services of an expert in marine geology (only for the second phase), a socioeconomic planner, and a fisheries assessor, who will support the data analysis.

4. Once the presentation by the INCOPESCA officials was completed, we, the representatives of the various non-governmental organizations present, asked a series of technical questions, which are summarized below:

a. What was the technical basis that determined and scientifically justified the number of vessels required, the number, frequency, and duration of the experimental trawls, as well as the statistically representative sample size for conducting the corresponding data analysis?

b. What is the total number of beneficiaries in the provinces of Puntarenas and Guanacaste who would benefit both from the research project and from a potential reopening of shrimp trawling?

c. Would both the research and the potential reopening of shrimp trawling cause conflict or negative consequences for artisanal or small-scale fishers who use the Pacific coast?

d. Knowing that the number of artisanal fishers using the Pacific coast is considerably greater than the beneficiaries of trawl fishing, what is the socioeconomic justification for investing public funds again in shrimp trawl research, and not in other fisheries important to the different fishing subsectors?

e. Why invest public funds in experimental nets for sustainable shrimp fishing when there are no population studies of the different shrimp species demonstrating the viability of a commercial fishing activity?

f. Does a regulation exist and has it been approved that operationalizes the amendment to the Ley de Pesca authorizing the issuance of research licenses directed by INCOPESCA, and the commercialization of shrimp catches and usable bycatch by the recipients of the research licenses?

g. Will the on-board observers be fisheries experts? Will they be third parties separate from INCOPESCA officials? Will a potential conflict of interest be avoided in these hirings?

h. Does INCOPESCA have the necessary personnel, infrastructure, and specialized equipment, as well as the budgetary allocation, to be able to carry out the analysis of the samples resulting from the research project?

Despite INCOPESCA's efforts to try to answer these and other questions, there has been no technically sound pronouncement that demonstrates that the study's methodology is based on statistics, biology, or fisheries ecology endorsed by national academia or fisheries research centers with experience in other latitudes.

Additionally, from the time INCOPESCA announced that the research study would begin until today, inconsistencies reflecting weakness in the process have been observed:

1. In official communication ISW-026-2023, the Centro de Investigaciones del Mar y Limnología of the Universidad de Costa Rica asserted that it had not been taken into account for defining the project's methodology; and, furthermore, points to a series of technical deficiencies found after conducting a formal consultation with the Instituto de Fomento Pesquero de Chile, a highly qualified entity in the region.

2. In official communication 02081-2023-DHR, the Defensoría de los Habitantes and its Technical Scientific Council mention the processing of an investigation regarding government policy related to shrimp trawling activity, where they conclude that: a) there was no consultation and/or participation process involving the Academy or civil society in the definition of this research project, b) weaknesses in the methodology could compromise the veracity of the results, c) INCOPESCA did not explore other alternatives for developing fishing and aquaculture activities with greater potential for socioeconomic and environmental sustainability.

3. In communiqué R 126-2023 from the Consejo Universitario and in official communication EB-419-2023 from the Escuela de Biología, both of the Universidad de Costa Rica, they reject the research study because it lacks scientific rigor to determine the viability of this type of fishing in the country.

4. In official communication UNA-ECB-OFIC-109-2023, the vagueness of the research study's methodology is pointed out, including the lack of scientific rigor to determine the number of vessels necessary to carry out the study, the determination of mortality rates, Maximum Sustainable Yield, and exploitable biomass, the lack of rigor in defining the profile of the on-board observers on the vessels, among others.

5. Fundación Nombre08 filed a lawsuit before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica, requesting the immediate halt of the shrimp fishing study that reactivates trawl fishing in Costa Rican seas, with the objective of avoiding irreparable or difficult-to-repair damage to natural resources, impacts on the economic activity of artisanal and sport fishing, and to prevent the improper, ineffective, and inefficient use of public funds.

6. On August 17, 2023, the newspaper La Nación published the headline "Pesca de arrastre: Incopesca confirma detención de barcos invitados a estudio por faenar en aguas protegidas", where the institution itself confirms the detention of boats invited to the research study for fishing in protected marine areas.

Based on the foregoing, Asociación Costa Rica por Siempre considers that the research study cited in case file 23-009158-0007-CO presents gaps that cast doubt on the technical soundness required to demonstrate a new alternative for responsible shrimp trawl fishing in the Pacific of Costa Rica.

We hope that our technical opinion will be valuable in contributing to the scope of the country's conservation and sustainable development goals. We are at your disposal for any additional information."

12.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 1:59 p.m. on September 6, 2023, Ángel Herrera Ulloa, in his capacity as director of the Escuela de Ciencias Biológicas of the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales of the Universidad Nacional, states the following:

"Considering: INCOPESCA Board of Directors Agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, authorizing a project to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica.

INCOPESCA Board of Directors Agreement AJDIP/253-2022 of November 15, 2022, authorizing modifications to the project "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el Océano Pacífico costarricense, 2022-2023".

The Escuela de Ciencias Biológicas attached to the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales of the Universidad Nacional has a Laboratorio de Biología Pesquera, which has the full human and material capacity to develop fisheries studies or the analysis thereof, including the topic of shrimp trawl fishing approved by agreements AJDIP/205-2022 and AJDIP/253-2022.

That the experts from the Laboratorio de Biología Pesquera were called in December 2022 to an explanatory meeting about the methodology to be developed in the project in question, on which observations were made via official communication, and INCOPESCA's responses did not satisfy the doubts about the study, so the Universidad Nacional, via official communication UNA-ECB-OFIC-230-2023, indicated: "For this specific case, we consider that we reserve the possibility of cooperating, given that, in our opinion, the methodological approach does not allow for reliable results."

Therefore, and in response to the indication in your esteemed communication:

For this research, a maximum total of three vessels is required, because the objective of the study is the population analysis of three different resources: 1. Fidel shrimp (Solenocera agassizi), pinky or rosado shrimp (Penaeus brevirostris), 2. Camellito shrimp (Henterocarpus vicarius) and camello real shrimp (Henterocarpus affinis), 3. Chicharra (Pleuroncodes planipes), which are distributed at different depths, so it is necessary to have vessels adapted to fishing at these depths. With three vessels, sampling with high statistical reliability in the proposed zones (northern, central, and southern Pacific) is guaranteed.

The participation of eight vessels reflects the reopening of commercial shrimp trawling, justified in terms of research, as the proposal itself clearly indicates that INCOPESCA does not have the capacity to analyze the catches from these eight vessels. Therefore, the analysis of the catches will be carried out with a subsample of the last of the 33 effective trawls (coupled with the fact that the proposal does not clarify the criteria by which a trawl can be considered effective).

In the absence of technical criteria defining an effective trawl, each of the vessels could carry out an unlimited number of trawls until achieving those 33 effective trawls (if a trawl is not effective, that catch is not returned to the sea, so it is used by the eight vessels for commercialization without keeping biological records of the catches made).

Each vessel makes a minimum of two trips per month; in each fishing operation, it uses two trawl nets; therefore: per month, it will make 66 trawls per trip (132 per month). Annually, each of these shrimp boats would be carrying out at least 1,584 effective trawls: meaning that, in the two years of the research, that vessel will carry out at least 3,168 trawls.

If, in the two years of research, one vessel carries out at least 3,168 trawls, then the eight proposed vessels would be executing a minimum of 25,344 trawls.

Since the exploitation status of the stock for each of these resources is unknown, it cannot be guaranteed that these populations can withstand the fishing pressure to which they are being subjected during this research.

Each trawl has a minimum duration of four hours (as proposed by INCOPESCA), and 600 m2 of the seafloor is dragged per fishing operation, meaning that by the end of the research, 15,206.4 km2 will have been dragged, equivalent to 29.75% of the national territory.

For this specific project, the UNA continues to believe that it is not possible to cooperate, given that, in our opinion, the methodological approach does not allow for reliable results."

13.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 10:36 a.m. on September 7, 2023, Lilliam Quirós Arias, in her capacity as dean of the Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar of the Universidad Nacional, states the following:

"We have received notification of case file 2023-009158-0007-CO, relating to the recurso de amparo against the granting of eight shrimp trawl fishing licenses to eight semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector, operating from 2023 through 2024, granted by INCOPESCA under agreement AJDIP/2005-2022, which authorizes a research project aiming to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, and it is ordered that the dean of the Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (UNA), among others, be granted a hearing.

Due to the foregoing, I must indicate that although the indicated Faculty includes the term Mar, the research conducted here is more focused on coastal and littoral zones, so we do not have the necessary expertise to provide a response that assists in the resolution of said recurso de amparo; however, I recommend directing said hearing to the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales of the Universidad Nacional, within which the Escuela de Ciencias Biológicas is located, where, among others, the degree programs of Bachillerato en Biología con énfasis en Biología Marina and Licenciatura en Biología con énfasis en Manejo de Recursos Marinos y Dulceacuícolas are taught."

14.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 1:40 p.m. on September 7, 2023, Carlos Manuel Uribe Saénz, in his capacity as president of the Junta Administrativa of the Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO), states the following:

"Following the notification received at 1:40 p.m. on August 30, 2023, where the Sala Constitucional requests this server's technical opinion regarding the research project that seeks to determine the feasibility or not of opening the deep-water shrimp fishery in Costa Rica, based on the recurso de amparo filed by Mr. [Nombre02 001], the following is considered:

Fundación Amigos de la Isla del Nombre05 (FAICO) is a non-governmental organization founded with the objective of channeling and executing human, technical, and financial resources to contribute to the effective management of the Área de Conservación Marina Nombre05 (ACMC) and surrounding ecosystems, essential to the Eastern Tropical Pacific. For 29 years, FAICO has consolidated successful relationships with key stakeholders at the local, regional, and international levels, becoming a replicable model of a strategic alliance that inspires marine conservation globally.

FAICO's lines of action contribute to initiatives aimed at planning, control and surveillance, infrastructure, natural resource management, pressure analysis, institutional strengthening, positioning, environmental education, governance, among others. FAICO has specialized in providing effective and innovative solutions to the existing gaps in the management of the Protected Wild Areas of the ACMC, which include generating knowledge to establish responsible fishing practices for the Área Marina de Manejo del Bicentenario.

Although FAICO does not specialize in the study of trawling, different studies and publicly available publications demonstrate the impacts that catches generate on marine ecosystems. For this particular case, trawling is considered the least selective fishing art in existence. This is because this technique consists of a cone-shaped net which is towed by one or two vessels while being dragged along the marine floor (Nombre09, 2001; Haith et al., 2020). This causes a modification in the habitats where it drags, compromising their health status, as it can cause chemical and biological alterations (Herrera-Valdivia, López-Martínez & Nombre10, 2015; Nombre11, 2011).

This operating method captures a large quantity of marine life, which also implies high levels of non-target species, known as bycatch (Haith et al., 2020; López-Martínez et al., 2008); this can cause changes in the composition and abundance of species (Herrera-Valdivia et al., 2015). According to a study conducted by Nombre12 and collaborators (2015), where they compiled fisheries information from 1950-2010 in the Costa Rican Exclusive Economic Zone (ZEE), they determined that 55% of the catches obtained in shrimp fishing in the Costa Rican Pacific corresponds to bycatch of fish, sharks, and rays. Even the incidental catches of these fisheries can comprise up to 96.8% of the total catch biomass in Costa Rica (Arana et al., 2013) and 96.7% in the Gulf of Tehuantepec, Mexico (Sarmiento-Náfate et al. 2007).

Due to the above, some predator populations could collapse (Myers & Worm, 2003), especially organisms with low birth rates, such as sharks and rays (elasmobranchs) (Morales, 2011). For example, Lara-Mendoza and Márquez-Farías (2014) determined that trawl fisheries in Sinaloa, Mexico, can directly affect populations of the ray Rhinobatos glaucostigma, because approximately 63% of the rays caught incidentally corresponded to individuals in juvenile stages, meaning they had not reached the size at first sexual maturity.

A similar situation occurs in Costa Rica, where after analyzing bycatch from trawling on the Pacific Coast between 2008 and 2012, the capture of 25 species of elasmobranchs was reported, with most of these species having wide distribution ranges throughout the Eastern Tropical Pacific (Clarke et al., 2016).

In addition to this, it has been determined that trawling takes place on soft bottoms, associated with communities of marine invertebrates, which are the target of capture (Nombre11, 2011). Some of these sites coincide with so-called "critical habitats," which are defined as: "an area or spatial environment vital for the daily survival of the individuals of a species, which helps maintain healthy population growth ranges" (Gibson & Wellbelove, 2010). Due to all the characteristics these habitats possess, adults use them seasonally for reproduction and feeding, while neonates and juveniles remain in these habitats as a strategy for predator avoidance, feeding, and rearing until reaching the appropriate size to migrate to deeper zones (Espinoza et al., 2011), which makes them essential habitats for the conservation of threatened species (López, 2012).

It has been proven that some species of elasmobranchs and highly migratory species use habitats close to the continental shelf as nursery areas (López-Angarita et al., 2021). For example, the scalloped hammerhead shark (Sphyrna lewini), an endangered species included on the IUCN Red List and in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), has been identified as a species susceptible to Eastern Tropical Pacific fisheries, because in its juvenile stage they are susceptible to shrimp trawling and artisanal fishing along the coast, while in their adult stage, they interact with pelagic longline and purse seine fisheries near seamounts and islands such as Galápagos, Malpelo, and Isla del Nombre05 (Zanella et al., 2009; López, 2012; Clarke et al., 2018).

It is important to highlight the role played by these highly productive ecosystems, where, in addition to providing refuge, feeding, and nursery areas for many species, they are also used as a source of employment for coastal communities. Therefore, if we add the degradation of these sites caused by climate change, anthropogenic effects, and the effects of fisheries, it can cause an accelerated decline in the populations of many species at a local level (Harper et al., 2014; López-Angarita et al., 2021).

Finally, obligations established in the Costa Rican legal framework and their direct link to the recurso de amparo under analysis must be remembered. The Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 establishes as one of its principles that the environment is the common heritage of all the inhabitants of the Nation (Article 2). Furthermore, the Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 indicates in its Article 8 that fishing must be practiced without causing irreparable damage to ecosystems, and in its Article 5 states that it is the State's duty to guarantee the development of fishing activities in a way that generates the greatest benefit for citizens, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth in a healthy balance between the Right to the development of communities and the Right to a healthy and ecologically balanced environment.

Likewise, the importance is reiterated of applying the precautionary principle or in dubio pro natura, extensively developed in constitutional jurisprudence, and which is applicable in scenarios where there is danger or threat of serious or imminent damage to elements of biodiversity and the knowledge associated with them; the absence of scientific certainty should not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures; and the principle of objectification in environmental matters, whereby there is an obligation to demonstrate, through technical and scientific studies, the decision-making in environmental matters, thereby reinforcing the duty to always have, in any situation where the environment may be affected, serious, exhaustive, and comprehensive technical and scientific studies that guarantee the least possible environmental impact. Also called the principle of linkage to science and technique, or the principle of reasonableness in relation to environmental law (Creación del mecanismo de gobernanza de los espacios marinos sometidos a la Jurisdicción del Estado Costarricense, Decreto Ejecutivo No. 41775- MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, Article 2.e).

Importance of human well-being in institutional fisheries analysis

For our organization, it is also important to consider fishing communities as fundamental actors in the analysis deliberated for this recurso de amparo. Fishing communities are not an isolated social structure, but are "shared meanings and values among people who live and work in coastal fishing zones. They are social and human relationships that extend beyond the home and family" (Ross 2015, pp. 30, in Obando, 2021).

In this opinion, the negative implications and consequences of this fishing art for the biodiversity of the sites where it is practiced have been raised. However, it is important to assert that the regulatory changes and sociopolitical conflicts experienced by the artisanal fishing community, linked to the semi-industrial shrimp sector, have subjected it to a context of socioeconomic vulnerability that directly impacts the human development of these communities.

For this server, it is important to problematize in the deliberation of the discussion on the constitutionality of the project in question that the best solution to this problem must maintain a balance that considers the sustainability of the fishery resource and, therefore, the health of marine biodiversity. Furthermore, the State's responsibility and imperative obligation must be considered to offer a solution to the fishing community linked to the semi-industrial shrimp sector, one that strengthens their livelihoods, respects their knowledge systems, and ensures human well-being, especially for those persons who are part of the most vulnerable segment (Nombre13, Nombre14, and Nombre15 2009 in Obando 2021).

Environmental and fisheries policies that do not contemplate this vision will continue to reproduce structures of inequality regarding access to and use of resources, as well as the construction of material and symbolic disputes within the fishing communities inhabiting the Golfo de Nicoya (Obando, 2021).

In conclusion, taking into account studies and publications carried out both nationally and internationally, it is evident that trawling is one of the least selective practices in existence, generating a negative impact on marine ecosystems, compromising the health and sustainability of the habitats of many species, including some highly migratory ones. Likewise, a call is made to the Costa Rican State to contemplate the human well-being of the fishing communities linked to the semi-industrial shrimp sector – especially its most vulnerable segment – in the environmental policies it implements to recover, regenerate, or rehabilitate the marine ecosystems that have been affected by this non-selective fishing art."

15.- By written submission received in the Secretariat of the Chamber at 7:59 a.m. on September 9, 2023, Ana Gloria Guzmán Mora, in her capacity as executive director of Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR), states the following:

"In response to the request for a technical opinion on the research project "Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024", notified at ten-thirty in the morning on Thursday, August 31, we hereby timely provide our input as evidence for a better resolution:

First of all, we note that Conservación Internacional Costa Rica (CI-CR) is a non-profit organization that has worked for more than 30 years in Costa Rica to promote environmental conservation in balance with the well-being and quality of life of the communities most dependent on the integrity of the country's terrestrial and marine ecosystems. We work on developing conservation and natural resource management actions in close and active coordination with local communities, partners, and authorities, seeking to achieve the country's environmental goals. The organization provides support through project execution and technical-scientific advice so that the country can advance in meeting the environmental commitments undertaken, both nationally and internationally, actively involving local communities as direct beneficiaries of ecosystem services.

Over the last 20 years, CI-CR has focused its work on strengthening the governance and sustainable management of Costa Rica's marine and coastal resources through the generation of scientific knowledge that supports decision-making aligned with the principle of objectification in environmental matters by the government entities we work with. Some examples of the scientific efforts we have supported include publications on the effect of shrimp trawl nets on sharks and rays, marine ecoregional planning initiatives, research on connectivity and genetic analysis of fishery resource stocks in the country, studies on the status of the main reef systems in the continental coastal zone and Isla del Nombre05, and studies on mangrove ecosystem services, blue carbon contributions from coastal wetlands, among others.

Furthermore, Conservación Internacional is the organization that has most advanced work with small-scale fisheries and coastal communities from a triple-impact sustainability approach (environmental, social, and economic), a traceability and market program, and value chain studies. This latter has been realized through the implementation of lines of action with Pacific coastal communities dedicated to responsible and sustainable small-scale fishing. By developing an integral fisheries improvement model, we seek to guarantee responsible use of marine resources, generating social and economic benefits for communities, ensuring the sustainability and improvement of their local livelihoods.

Given our experience, this work has also involved the organization's participation in collegiate technical advisory bodies such as the Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, the Consejo Regional del Área de Conservación Marina Nombre05, and the Comisión de Coordinación Científico Técnica (CCCT) of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), whose function is to serve as an advisory body to the Board of Directors and Executive President of that institution on matters brought to its attention and subsequent pronouncement.

In this context, CI-CR currently serves as the representative of non-governmental entities within the CCCT, in accordance with article 28 of the Law Creating INCOPESCA.

The research project on which our opinion is requested sets as its main objective "To develop biological-fisheries research for the evaluation of alternatives in responsible fishing of the different deep-sea shrimp stocks." This is to be done through the evaluation of main aspects such as the biomass of deep-sea shrimp populations (*Solenocera agassizii* or fidel, *Heterocarpus vicarius* or camellito, *Heterocarpus affinis* or camello real, and *Penaeus brevitostris* or pinky), as well as the impact on their bycatch and the seabed through the use of the trawling technique with the AA net. Similarly, a specific objective is included to "Characterize the socio-economic sectors involved in the deep-sea shrimp fishery." All of the foregoing must be framed under the principle of democratic sustainable development.

On behalf of Conservación Internacional Costa Rica, we consider the following regarding the aforementioned research project:

1. Socialization process, public participation, and adherence to the principle of democratic sustainable development:

From a procedural perspective to guarantee full compliance with the right to public participation in environmental matters, it is considered that there were limited spaces, prior to the start of implementing the research, for national experts on the subject from non-governmental organizations (NGOs) to provide technical input to jointly build and strengthen the methodological proposal to be implemented in the research. This was so that this methodology would contemplate all the elements related to the research objectives pursued, and effectively address the requirements established by the Sala Constitucional in its ruling 10540-2013. This is because on October 31, 2022, CI-CR participated, along with representatives from four other NGOs, in a session convened by INCOPESCA to present the research project that is being implemented today. This session was informational in nature, where a brief space was given for inquiries. This mode of participation limited the possibility of providing feedback to strengthen the proposal or integrate elements that would ensure the addressing of gaps to guarantee its scientific rigor. Prior to the aforementioned session on October 31, there was no outreach or opening of joint work that would allow for the review and discussion of the methodology in use for this research.

On the other hand, in accordance with the principle of democratic sustainable development, it is important to note that the methodological proposal does not include technical specificity to evaluate the social and economic impact that the reactivation of trawling would entail on the directly user sector (semi-industrial shrimp sector), as well as on users belonging to other economic activities that interact or could be directly or indirectly affected by its reinstatement (e.g., tourism such as diving, surfing, and sport fishing, and small-scale fisheries such as those present along our coasts). Although the research proposal does project executing a socio-economic characterization and the hiring of a social and economic planner responsible for generating a technical proposal to collect such information, it is essential to ensure that this methodological process comprehensively evaluates the socio-economic aspects, considering the other cited sectors whose livelihoods could be impacted by the reactivation of this practice. The high impact of bottom trawl fisheries in highly biodiverse tropical zones has also been documented in other parts of the world and is an element that the evaluation of the present research cannot ignore, both in its substance and in its methodological form.

2. Methodological framework and results of the fisheries research:

The fishing technique using bottom trawl nets (this is an important distinction from midwater trawl nets used in temperate zones with different biological characteristics) requires a meticulous analysis, given that it is a fishing gear known globally for its high impact on biodiversity and marine ecosystems. This is due to its low selectivity, i.e., it is a fishing gear that does not effectively select a target species but has a broad catch spectrum. As its name indicates, the practice requires a fishing vessel that actively drags a net along the seabed. Unlike other types of nets, such as the trammel net, which entangle fish to catch them, trawl nets work by moving over the seafloor and filtering the water over the bottom and capturing everything larger than the mesh openings, and damaging or destroying by physical contact the organisms and ecosystems associated with the bottom. For this reason, being able to determine whether or not this fishing gear should be used in the national fishery demands technical and scientific solidity and a detailed analysis that allows for defining that its implementation has a minimal impact on the marine ecosystem, has regulations that allow the sustainability of target and incidental species, and ensures the social well-being of the communities and users that depend on it, as well as in its value chain. Furthermore, the use of this fishing gear demands a high monitoring and control capacity on the part of the authorities.

This research project proposes some elements that must be evaluated for this purpose, but it does not contemplate aspects to determine if the practice is sustainable at the national level because it omits key aspects, such as those mentioned, to ensure that the reinstatement of this fishing technique will not have an impact on other sectors, communities, or marine biodiversity.

Fisheries biology research can be considered fishery-dependent or fishery-independent, their difference being the data collection methodologies with random design and specifications in spatio-temporal terms versus the use of collection methods determined by the performance of the fishing sector's vessel practices. In the case of the present research, the methodology indicates that the hauls will be carried out in historical fishing zones (indicated by the fishers). However, these zones do not necessarily represent the complete distribution of the target study species, and the fishers' criteria can generate bias in the data obtained. This element may reduce the independence of the research and affect the results for the subsequent stock analysis and representativeness of the natural populations. Had the sites been selected randomly over the zones comprising the species' distribution range, it would allow for obtaining complete data and analysis of results on the condition of the species of interest, as well as on the state of the ecosystem. Equally, we highlight that only one fishing gear with recognized low selectivity and high impacts is being evaluated, without implementing others that could allow for a comparison to demonstrate which contributes to greater selectivity and thus reactivate the fishery through methods other than trawling.

In relation to the scientific basis and methodology elements of this research project for the evaluation of the fishery stock and gear used for this practice, we highlight the position that CI-CR holds in the CCCT, a collegiate and technical advisory body, within which the study will be subject to analysis and pronouncement in the coming months. Precisely, in a session held on Tuesday, March 21, 2023 (Ordinary Session CCCT-002-2023), the members of the commission agreed, informed, and requested by official letter to INCOPESCA the referral of the updated information corresponding to the research project "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024", so that the CCCT may issue a formal pronouncement on it. This is in accordance with the power granted by article 8 of the Reglamento de las disposiciones relativas al funcionamiento de la CCCT (Acuerdo AJDIP/093/2020), as it concerns a matter of national importance in fishery management. In that vein, via official letter INCOPESCA-JD-018-2023, the Technical Secretariat of the Board of Directors of INCOPESCA requested the institution's Research Department to forward the final documents of the technical proposal so that the CCCT may analyze and issue a pronouncement on the research project. However, as of today, this advisory body has not been able to issue its pronouncement on this matter because, via official letter INCOPESCA-PE-0369-2023, the Executive Presidency of INCOPESCA requested the CCCT to place as a priority item on its agenda the review of the "list of species of hydrobiological organisms of aquaculture interest for continental, coastal, and oceanic waters of our country," originally approved by Board of Directors agreement AJDIP/057-2023 and left without effect by agreement AJDIP/094-2023. It is worth highlighting that the CCCT is a collegiate body of scientific advisory in which representatives from other entities also participate, such as the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Ciencia y Tecnología, the Universidad Técnica Nacional, the Universidad de Costa Rica, and the Universidad Nacional and the representation of NGOs. We therefore take this opportunity to urge the Sala Constitucional to promptly request said pronouncement from the CCCT, as its preparation will involve requests to academia, experts, and national and international NGOs to consolidate the formal pronouncement, which is expected to be delivered before the end of this year.

Finally, we emphasize that within the framework of this commission, the matter has been subject to evaluation since the discussion in the Legislative Assembly of Bill No. 21.478 "Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica," on which a series of recommendations were issued under CCCT Pronouncement No. 02-2020 regarding the elements that a scientific basis must contain at a minimum to manage a fishery, which are attached to this opinion in the document Anexo 1 for your consideration."


16.- By a brief received in the Secretariat of the Chamber at 11:09 a.m. on September 12, 2023, Jorge Arturo Jiménez Ramón, in his capacity as regional strategy advisor and general agent without limit of sum of Fundación MarViva, states the following:

"I. Clarifications regarding the statements of INCOPESCA and others, as they appear in the case file of this proceeding, with respect to the involvement of Fundación Nombre08 and other organizations in the process of elaborating the research.

Before proceeding with our technical opinion, both regarding the research proposal and its execution, it is appropriate to make the following clarifications about the participation of Nombre08 in this matter; particularly, regarding the way in which INCOPESCA claims to have involved some non-governmental organizations and academia in the research design process.

In the brief presented by INCOPESCA and others as a response to the amparo processed under this case (document received on May 15, 2023), it is affirmed that \"(...) likewise, via electronic mail that appears in the administrative file, an invitation was sent to NGOs, including Nombre08 (...)\", this in allusion that the Dirección de Ordenamiento Pesquero of said institution would have extended a formal invitation to various organizations, including my represented entity, to 'participate in the research' and, therefore, our right to participation would not have been impaired. On behalf of MarViva, we categorically reject this allusion based on the following facts:

1. The Board of Directors of INCOPESCA approved the research proposal on trawling through Acuerdo AJDIP/205-2022 of September 27, 2022.

2. As stated in the administrative file (folios 3 to 7), at that time, the research proposal was only known by the shrimp sector, which learned about it and approved it on September 16, 2022, in a meeting convened by INCOPESCA.

3. Nombre08 learned that INCOPESCA would initiate this research on September 30, 2022, the date on which the announcement was made by the Presidency of the Republic and INCOPESCA during the Consejo de Gobierno session held in the city of Puntarenas. In fact, on that occasion, the statements in the announcement emphasized that: \"(...) The studies and the project behind this have already been approved by the board of directors of Incopesca, it is not that we are going to present them to you, they are already approved, they have the money and the ships and the biologists to go study this\".

4. From then until now, due to INCOPESCA's omission to proactively, timely, and meaningfully involve the relevant sectors (including academia, the artisanal fishing sector, the tourism and sport fishing sector, non-governmental organizations, among others) in the formulation, design, and analysis of the research proposal, Nombre08 has had to manage various information requests before said institution to access the documentation on the proposal.

5. In this context and given our insistence on accessing the documentation about the research, INCOPESCA sent a formal communication to Nombre08 on October 26, 2022, through which they extended an invitation to participate in an informational session scheduled for October 31, 2022, together with other organizations, for the purpose of presenting the research already approved by the Board of Directors of INCOPESCA the previous September.

It is important to reiterate that bottom trawling as a fishing gear can have serious environmental implications, in addition to directly impacting the resources on which the economic activity of thousands of families dedicated to artisanal fishing and tourism and sport fishing is based. Despite this, the Board of Directors of INCOPESCA decided to approve and order the implementation of research aimed at reinstating this practice, without timely consulting any of the interested sectors mentioned above.

Although INCOPESCA subsequently held an informational session with the NGO sector and civil society, and several other sessions with the academic sector, the truth is that, at the time of holding those informational sessions, the decision to conduct the study, in the terms proposed by INCOPESCA, had already been made. Based on the foregoing, it is clear that the approval of Acuerdo 205/2022 by the Board of Directors of INCOPESCA, before having informed or consulted the interested sectors, violates the right to environmental participation enshrined at a constitutional level.

In this sense, INCOPESCA's response is inaccurate in pointing out that \"(...) it is completely false that there is any prejudice due to lack of information, or that this is difficult to access, since the administrative file is duly formed, foliated in chronological order and contains everything pertaining to this research\". Nombre08 has, to date, managed more than 5 requests for information on specific questions about the research design process, as well as more than 6 requests to access the administrative file, which according to indications from INCOPESCA itself, is guarded by a single official, so that when he is not in the institution, it is not possible to access the file.

Based on the foregoing, Nombre08 reiterates that it categorically rejects INCOPESCA's allusions within the framework of this amparo proceeding as they could mislead this Chamber. As is evident in the administrative file, the institution never ensured the timely and meaningful participation of all relevant sectors in the research formulation process, and it still does not do so.

II. Technical opinion on the research.

In this section, we develop our opinion regarding the documents:

*   \"Perfil del Proyecto \"Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023\"\; and
*   Metodología del Proyecto. \"Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón en el océano Pacifico costarricense 2022, 2023\"

It should be reiterated that the research proposal contained in these documents was known by the Board of Directors of INCOPESCA in extraordinary session 41-2022 of September 27, 2022, as stated in the corresponding minutes, and approved in that same session through Acuerdo AJDIP/205-2022.

a) The research proposal was developed based on the mistaken presumption that the fishing gear chosen for its execution, the trawl net called \"red AA Costa Rica\", has already demonstrated a significant reduction in bycatch (FACA)." (...)

b) The research does not contemplate the use of a control net, making it impossible to fulfill the objective of comparing incidental catch percentages of the red AA Costa Rica in relation to traditional trawl nets. (...)

c) The research does not contemplate conducting random samplings throughout the study area; instead, traditional fishing grounds are defined exclusively as sampling sites. (...)

d) The duration of the fishing operations has no scientific basis. (...)

e) The enabling of 8 vessels for the execution of the research lacks scientific-technical support. (...)

f) The requirements established by INCOPESCA for the designation of on-board observers violate science, technique, and logic. (...)

g) The research will not produce information on key issues to ensure fishery management in accordance with an ecosystem-based approach. (...)

h) Estimates on the environmental impact of the ongoing Research, based on the analysis of the study executed by INCOPESCA in 2018. (...)

III. Deficiencies identified regarding the execution of the current research

a) Methodological deficiencies. (...)

b) Inadequate conditions for on-board work and safety (...)

IV. Conclusions

Finally, it is opportune to reiterate that our organization's position has never been opposed to conducting scientific and technical studies on the shrimp fishery with trawl nets, aimed at evaluating its impacts and its economic, social, and environmental viability.

Certainly, our fisheries, both existing and exploratory, urgently need to have management measures based on the best scientific evidence and the precautionary approach, in accordance with the international commitments and standards signed by our country in matters of fisheries governance. However, on one hand, it is essential that the State and the authorities observe the principles of good governance, efficiency and effectiveness in public management, and reasonableness and proportionality of the acts and actions linked to the management of our marine spaces and their resources. In this sense, it is essential that before making the determination to begin the execution of scientific studies of this nature (with all the implications that they would necessarily generate on the marine environment), the Costa Rican State and its relevant institutions had sufficient evidence that the benefits of proceeding with these investigations outweighed the associated social, economic, and environmental costs, coupled with an evaluation indicating how to mitigate the damages being generated.

This duty of diligence would have required having a cost-benefit analysis before starting the research; a requirement that becomes even more important considering the modality of the current research, which implies that the shrimp sector can dispose of and commercialize all catches from the fishing operations. This particularity has tended, as is evident in the administrative file and has even been pointed out by the on-board observers themselves, to undermine the scientific objectives of the research by the economic interests of the shrimp sector benefiting from the execution of the research.

Even so, in a hypothetical scenario in which the Costa Rican State could have accredited through a cost-benefit analysis the viability of starting the execution of this study, it was essential that its formulation, from the design of its objectives, logical sequence of execution, and methodological framework, had the timely input, not only from the academic sector and other relevant actors such as civil society organizations and the non-governmental sector, but also from the environmental authority and the INCOPESCA body responsible for issuing scientific-technical criteria, the Comisión Coordinadora Científico-Técnica, which was excluded from this process. However, the methodological weaknesses of the research, now evidenced in the deficiencies of its implementation, confirm, once again, that the research will not produce the data necessary for adequate decision-making, violating constitutional precepts, among them, the principle of objectification of environmental protection."


17.- By a brief received in the Secretariat of the Chamber at 3:52 p.m. on February 28, 2024, the petitioner states the following:

"...based on article 5 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, I request prompt dispatch in order to move forward this amparo proceeding, giving continuity as lawfully corresponds. Since April 25, 2023, the amparo was filed for the violation of numerous fundamental rights enshrined in the Political Constitution, International Treaties, and national legislation; on the part of the permit issued by the board of directors of INCOPESCA. On September 11, 2023, MarViva provided what had been requested by this Chamber on August 28 of that same year. However, for the past 5 months, as of today's date, no follow-up has been given. Therefore, this prompt dispatch is requested in order to obtain the corresponding continuity for this amparo proceeding."


18.- By a brief received in the Secretariat of the Chamber at 9:27 a.m. on May 25, 2024, Fabian Volio ́ Echeverría, in his capacity as special judicial agent of the coadjuvants Municipalidad de Puntarenas and the Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico, states the following:

"Pursuant to the resolution issued at eight hours and eleven minutes on August twenty-eighth, two thousand twenty-three, several institutions were summoned, which diligently submitted their reports to be evaluated by this Chamber. It is important to highlight that in a minority of documents the institutions provided possible alternative solutions to proceed with the study.

In the case of the Universidad de Costa Rica, through the document called "ISW-026-2023," it was determined that a change in the type of net to be used for the study is required, but it did not propose alternatives.

Trawling is a viable modality and has been applied and monitored by different jurisdictions in the world; therefore, it is demonstrated that preliminary studies must be completed, are viable, and are necessary to know if it is possible to continue trawling as a permanent activity.

Therefore, it is demonstrated that the study is necessary to determine if it is possible or not to continue shrimp fishing and with which fishing method. But the actors maintain that it is not possible to do the study, and for that reason it will never be possible to determine what is the best method for shrimp fishing.

Let us remember that the aim is to determine the feasibility of deep-sea shrimp fishing, and to this end, what was ordered in rulings No. 10540-2013 and 14168-2018 of the Sala Constitucional is being complied with.

PETITION

Therefore, in accordance with the arguments presented, we request that the judgment declare:

1. The Sala Constitucional lacks jurisdiction to annul the technical administrative act issued by the Board of Directors of INCOPESCA, as that discussion of nullity is not proper to a summary amparo proceeding.

2. Consequently, it be declared that the Tribunal Contencioso Administrativo is competent to annul Acuerdo AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, which approved the scientific research project "Nuevas Alternativas para la Pesca Responsable de Camarón de Profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024."

3. Alternatively, we request that the amparo be dismissed and the research project be maintained for the authorization of trawling licenses, and the studies proposed by law be carried out."


19.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Rueda Leal; and,

Considering:

Sole. In the case under examination, the petitioner questions the authorizations for shrimp trawling that Incopesca issued in favor of semi-industrial vessels provided by the Costa Rican fishing sector itself for the purpose of carrying out the study "Nuevas Alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico costarricense 2023-2024." They claim the violation of international treaties for the protection of the environment, the sea, and marine resources, which guarantee sustainability through rational exploitation with the consequent food security for the population that this entails. They add that the foregoing excludes razing the ocean floor, as proposed by trawling. They state that human life is inconceivable without food security and, given the high percentages of incidental catch, trawling threatens the sustainability of the State's hydrobiological resources. They add that the fishing nets known as AA Costa Rica (which will be used in the study) have not reduced incidental catch, which demonstrates that this fishing gear is unsustainable. They assert that the precautionary principle is completely ignored, since Incopesca's decision (which includes the veiled reactivation of trawling) lacks scientific support. They maintain that there is much evidence that trawling is not sustainable. They add that artisanal fishers are directly affected by the overexploitation of species and unregulated fishing carried out by semi-industrial vessels with trawl nets. They assert that the announced studies will cost, at least in the first year, more than one hundred twenty-six million colones, while efforts to carry out studies pertinent to the national and global situation have been null due to lack of political will. They accuse that the marine scenic beauty is destroyed and turned into turbid waters by the onslaught of the trawl net.

On this matter, the minister of Ambiente y Energía, the minister of Agricultura y Ganadería, and the executive president of Incopesca reported that, based on article 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura, the permits were granted to the Asociación Cámara Costarricense de Pescadores de Camarón, legal ID CED03, and to the Asociación Unión Independiente de Pescadores Camaroneros, legal ID CED05, so that through their associates they could provide eight vessels. Additionally, these officials pointed out that the modification to the article mentioned above was due to the purpose of strengthening Incopesca's powers in scientific and technical research, promoting scientific knowledge for decision-making, and making scientific orientation with an ecosystem-based approach visible, with the aim of promoting the development of coastal communities and guaranteeing the health of the marine ecosystem.

For the purposes of this dispute, article 18 of the Ley de Pesca y Acuicultura establishes:

"Article 18- Prohibition of commercialization of development fishing and its exceptions. The permit for this type of fishing may not include the commercialization of the catches obtained, except in the case of permits granted to universities and university colleges, both national state entities, and to the Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institutions that will be allowed to commercialize the catches only to cover some costs of the research, with the limits and conditions established in the permit, provided that the objectives of the programs are met and the final reports are delivered to the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)."

Should the product be marketed or donated, it must be done through the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca), and the surplus generated from the marketing shall go to its fund.

When the entity conducting the research is the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture (Incopesca), as the fisheries authority, in partnership with legally constituted national fishermen's organizations, Incopesca may permit the disposition of the catches obtained to said organizations so that they may cover the cost of carrying out the research, subject to the limits and conditions established in the granted permits.”

In relation to the foregoing, since the actions of the respondent authorities are based on the second paragraph of the aforementioned provision 18, the appropriate course of action, in accordance with Article 48 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), is to grant the appellant a time period to file an action of unconstitutionality against that provision, so that, if deemed pertinent, they may present in that channel their grounds “in a clear and precise manner, with specific citations of the norms or principles considered to be infringed” (Article 78 eiusdem). The foregoing is ordered because the action, once the admissibility criteria have been satisfied, is the appropriate avenue to analyze the constitutionality of the regulations governing the participation of “national fishermen's organizations” in the studies contemplated in that norm (with the eventual subsequent interest they might have in the exploitation of the resource) and the use of the catches obtained subject to “the limits and conditions established in the granted permits.”

Finally, it is noted that, according to the aforementioned Article 48, should an action of unconstitutionality not be filed, the dismissal of the matter sub iudice shall proceed.

Therefore:

By majority vote, the rendering of judgment in this amparo proceeding is reserved, and the appellant is granted a period of 15 business days, counted from the notification of this ruling, so that, if they see fit, they may file an action of unconstitutionality against the second paragraph of Article 18 of the Law of Fisheries and Aquaculture (Ley de Pesca y Acuicultura). The foregoing is ordered with the warning that the expediente will be dismissed should no action of unconstitutionality be filed. Magistrate Cruz Castro records a note. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Magistrate Garro Vargas dissent. Let this be notified.

 

 

 

Fernando Castillo V.

President

 

 

 

Fernando Cruz C. Paul Rueda L.

 

 

 

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

 

 

 

Anamari Garro V. Ingrid Hess H.

 

 

Exp. 23-009158

Res. 24-35958

 

Dissenting vote of Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Magistrate Garro Vargas, drafted by the latter.

 

In the present matter, Wilber Madriz Arguedas and Jacqueline de los Ángeles Membreño García, in their respective capacities as Mayor of Puntarenas and in their personal capacity, and as President of the Association of Men and Women Fighters of the Pearl of the Pacific (Asociación de Mujeres y Hombres Luchadores de la Perla del Pacífico), who appeared in the record as passive coadjuvants, proposed as a subsidiary claim that, should this Chamber consider itself competent to hear the annulment of agreement AJDIP/205-2022 of September 27, 2022, adopted in ordinary session 41-2022 of the Board of Directors of INCOPESCA, the amparo proceeding be suspended and the petitioner be given the possibility of filing an action of unconstitutionality against Article 18 of the Law of Fisheries and Aquaculture (Ley de Pesca y Acuicultura). The foregoing, insofar as that norm permitted the granting of authorizations to private parties to assist in research efforts aimed at analyzing the feasibility of reinstating shrimp trawl fishing.

The majority accepted that subsidiary claim and deemed it appropriate to grant the appellant a period to file an action of unconstitutionality against said norm. However, we dissent from that position, as we consider the constitutional analysis sought to be undertaken unnecessary. It should be noted that the appellant did not object to its constitutionality, because their interest is for this Chamber to analyze in the present proceeding the suitability or not of the studies ordered by INCOPESCA. The appellant does wish for compliance with what was ordered by this Chamber and the contentious-administrative jurisdiction, in the sense that pertinent studies be carried out. At no time do they object to the aforementioned article. Furthermore, it is significant that neither the appellant nor other intervenors—who hold similar views regarding the object of the amparo—have filed an action against that article.

In this context, with the customary respect, we deem it unnecessary to grant the appellant a period to file an action of unconstitutionality against that article. We consider that the Chamber should instead proceed, with the elements contained in the expediente, to resolve the amparo.

 

 

 

 

Fernando Castillo V.




 

 

Luis Fdo. Salazar A.

	

 

 

Anamari Garro V.

 

 

 

 

Exp: 23-009158-0007-CO

 

DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE CRUZ CASTRO.- The permits or authorizations for “research” work on shrimp trawl fishing constitute a transgression of the prohibition already imposed by this Chamber on said fishing technique and a frontal violation of the right to the environment.

 

 

As this Chamber indicated in vote number 2013-010540 of 3:50 p.m. on August 7, 2013, “INCOPESCA may not grant any new permit, authorization, or license, renew expired ones, or reactivate inactive ones, for shrimp fishing with trawl nets.” The foregoing, with retroactive effect, according to the dissenting vote of the undersigned. Furthermore, I have considered in said dissenting vote that INCOPESCA cannot renew permits, authorizations, or licenses, nor extend their term through any administrative legal mechanism once they have expired, because it lacks legal authorization, upon the norm's disappearance.

 

In this sense, I can do no less than also dissent in this matter, since the agreement of the Board of Directors of INCOPESCA challenged in the amparo proceeding, through which a research project is authorized that seeks to determine the feasibility or not of opening deep-sea shrimp fishing in Costa Rica, is clearly a transgression of the prohibition already imposed by this Chamber.

 

The fact that it is said that the permit is not for fishing but for research is a play on words that in no way conceals the fact that, in the research permit, shrimp trawl fishing is allowed, and it is permitted to “dispose of the catches obtained in order to cover the cost of carrying out the research.” That is not research, but rather clearly permitting fishing using a prohibited technique.

 

Beyond the question or discussion of technical or scientific criteria, what leads me to the conviction to consider that this amparo must be granted is the fact that the execution of a supposed research project is being approved, which in reality seeks to authorize carrying out an already prohibited activity. However much one may attempt to take refuge in the word “research,” the authorization is for carrying out prohibited activities. Note furthermore that the supposed research project is an initiative of INCOPESCA and not of any scientific research entity. Moreover, it is not a “research” project carried out by scientists, but by vessels, which may, additionally, take advantage of and market the captured shrimp. Nor is it a research project under the supervision of any competent entity responsible for monitoring its development or overseeing the activities carried out. It is a shrimp trawl fishing operation concealed under the guise of research, which is very dangerous for Constitutional Law. The development of prohibited activities cannot be permitted under this designation.

 

From the foregoing, the frontal violation of the right to the environment clearly emerges. Trawl fishing is a non-selective fishing technique that compromises marine ecosystems, the sustainability of marine resources, and directly threatens the food security of the population and its future survival. Trawl fishing causes environmental damage that is difficult or impossible to repair. Therefore, should there be certainty of a risk of serious or irreversible damage to the environment, as is the case here, the State must adopt preventive measures, which may even include the prohibition of a commercial activity, since coercion a posteriori is ineffective in environmental matters, because should the damage have occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable or very difficult to repair.

 

Shrimp fishing with trawl nets is also contrary to the principle of sustainable development, since the deterioration of the marine ecosystem it causes is greater than its regeneration, which places the food security of future generations at serious risk. Likewise, this non-selective fishing gear indiscriminately captures enormous quantities of species that are not the target of the fishing, which are then discarded and returned to the sea. Therefore, the trawl fishing gear constitutes a non-selective technique that causes serious damage to the marine ecosystem, the sustainability of marine resources, and, consequently, to the food security and subsistence economy of the coastal inhabitants who fish artisanally.

 

In view of all the foregoing, I hereby dissent in this matter and declare the appeal granted with all its consequences.

 

 

Fernando Cruz Castro