Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- Sobre el fondo. En el sublite, el accionante no interpone el amparo a favor de una persona concreta, ni tampoco, acusa que la actuación que considera ilegítima se haya traducido en un acto u omisión específica que implique un agravio o amenaza de agravio personal, directo y cierto, en perjuicio de los derechos fundamentales de una persona determinada. Es importante tener en consideración que la legitimación en la acción de amparo, se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona en favor de la cual se promovió el recurso, y no, en beneficio de cualquier individuo, por el simple interés a la legalidad.
En este sentido, es importante indicarle al recurrente que, este Tribunal ha resuelto, reiteradamente, sobre la imposibilidad de recurrir en abstracto y ha indicado que las lesiones que se plantean ante esta sede no se deben de hacer de manera general, indiscriminada y no individualizada, sino que se debe de indicar cuáles son las obligaciones concretas establecidas en la ley, que no se están cumpliendo, asimismo, cómo repercuten éstas en la materia de los derechos fundamentales y, sobre todo, si se produce un agravio en contra de un sujeto en particular, que provoque un perjuicio claro e individualizable, lo cual no especifica en el presente reclamo (véase Sentencia N° 2012-015142, reiterada en la N° 2013-008668 de las 9:05 horas del 28 de junio de 2013 y recientemente en la 2024-009352, de las 12:50 horas del 09 de abril de 2024). Dadas las consideraciones vertidas, el presente recurso es inadmisible y lo procedente es declararlo sin lugar.
English (translation)III. On the merits. In the case at hand, the petitioner does not file the amparo on behalf of a specific person, nor does he claim that the conduct he considers illegitimate has resulted in a specific act or omission that entails a personal, direct, and certain injury or threat of injury to the fundamental rights of a particular person. It is important to bear in mind that standing in an amparo action is measured by the harm or injury inflicted on the petitioner or on the person on whose behalf the appeal was brought, and not for the benefit of any individual out of a mere interest in legality.
In this regard, it is important to point out to the petitioner that this Court has repeatedly ruled on the impossibility of bringing an appeal in abstracto and has stated that the injuries raised before this venue must not be formulated in a general, indiscriminate, and non‑individualized manner; rather, one must indicate which specific obligations established by law are not being fulfilled, how they impact fundamental rights, and, above all, whether a particular subject suffers an injury that causes a clear and individualized harm, which is not specified in the present claim (see Judgment No. 2012‑015142, reiterated in No. 2013‑008668 at 9:05 a.m. on June 28, 2013, and recently in 2024‑009352 at 12:50 p.m. on April 9, 2024). In light of the foregoing considerations, this appeal is inadmissible and must be dismissed.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 12885 - 2025 Fecha de la Resolución: 02 de Mayo del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-004731-0007-CO Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-004731-0007-CO Res. Nº 2025012885 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del dos de mayo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-004731-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, contra la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA DE BUENOS AIRES. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente a las 14:03 horas del 13 de marzo de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA DE BUENOS AIRES. Manifiesta, que: "(…) Por este medio y con el debido respeto yo Nombre01 mayor casado portador de la cedula de identidad numero CED01 indígena vecino de este territorio de Térraba en el centro al costado este de la casa de salud de la CC.SS de Térraba me presento ante su autoridad para interponer recurso de Amparo contra la Asociación de Térraba por violación al artículo 6 y 7 de convenio 169 de la OIT que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando se tomen medidas de afectar sus tierras o territorios ya que el artículo 7 establece a los pueblos la libertad de tomar sus propias decisiones, pero en este territorio las decisiones las toma solo el presidente de la ADI. Resulta que desde los años 2000 paraca la Asociación de desarrollo comunal como representante judicial y extrajudicial y administradora de este territorio, ha venido introduciendo en conjunto con FONAFIFO el programa de pagos de servicios ambientales dentro de nuestro territorio indígena comprometiendo los terrenos ocupados por familias indígenas broran, los cuales aparecen registrados en la base de dates de las personas de la etnia Térraba broan, indicando ser lotes comunales y sin realizar la debida consulta a los habitantes de este territorio, según informa FONAFIFO dice tener un acuerdo de asamblea de la ADI, pero esto no basta para nuestro territorio porque los afiliados a el padrón de la Asociación de desarrollo comunal de Térraba son como un 50% de la población indígena donde también hay hasta 5 personas de una sola familia y también menores de edad y no pueden tomar decisiones por los demás habitantes, el artículo 6 del convenio 169 de la OIT establece que se debe realizar una consulta a todo los habitantes indígenas del territorio en pleno, no dice que por acuerdo de asamblea de la de la Asociación de desarrollo comunal y la constitución política de nuestro país establece en su artículo 07 que los tratados públicos y los convenios internacionales y concordantes tienen mayor autoridad que las leyes, en ese sentido señores magistrados es que interpongo dicho recurso para que se valore y se aplique como corresponde en derecho, además mismas condiciones con la llamada Red+ que la ADI tiene la intención de introducirlo a nuestro territorio sin el debido proceso de consulta previa e informada, y de buena fe según la administración, no tomando en cuenta la población si estamos de acuerdo o no a disponer nuestras tierras o bosques para dichos programas, sabemos que la junta directiva de la Asociación ADI es la administradora de los territorios pero no la dueña para disponer por encima del pueblo sin su debido consentimiento y consulta si está de acuerdo o no. Por tal razón señores magistrados es que interpongo este recurso esperando de parte de ustedes su comprensión a nuestros derechos, viene un nuevo proyecto con la Petitoria 1 solicito se acoja el presente recurso de amparo. 2. Se ordene a la ADI y a FONAFIFO a realizar la consulta a todos los habitantes indígenas del territorio de Térraba broran 3. Se suspendan los desembolsos por pagos de servicios ambientales a la ADI de Térraba hasta tanto se realice la debida consulta. 4. se les restablezca a los afectados sus derechos violentados como el no haber recibido durante todo este tiempo atrás los rubros que les corresponde por pagos de servicios ambientales 5 se resuelva este recurso apegado a la declaración de las naciones unidas y convención americana pacto San Jose y convenio 169 OIT y ley indígena 6172". Agrega que "Por este medio el suscrito recurrente del recurso que se tramita en el expediente no 25-004731-0007-CO y según resolución San José Costa Rica a las diez horas tres minutos del siete marzo de dos mil veinticinco de previo a resolver lo que procede en el Recurso de Amparo de los hechos son los siguientes, Punto. l. a ver sometido los bosques del territorio indígena de Térraba ocupados por personas indígenas sin su previa consulta al ocupante ni al territorio ni tampoco al habitante indígena que viven en esa parcela o propiedad, y recibir los pagos por servicios ambientales y no entregarlo a las personas que conservan los bosques. Punto.2. también incluir a personas no indígenas usurpadores dentro del programa de pagos de servicios ambientales como es el caso del señor, Nombre02 y Nombre03 y no rendir informe a los habitantes indígenas sobre dichos proyectos de PSA incluyendo los terrenos sin previo aviso a los habitantes indígenas y no querer darles sus dineros que les corresponde por pagos de servicios ambientales, dineros que recibe la ADI en la representación del presidente Genaro Gutiérrez Reyes. Punto.3. autorizar por parte de la ADI y su señor, presidente Genaro Gutiérrez Reyes en hacer los planos que realiza el regente de FONAFIFO a través de JPS o DRONES sin previa comunicación al poseedor indígena de dichos bosques sometidos a pagos de servicios ambientales y que se ordene a la ADI y FONAFIFO realizar una consulta a todos los habitantes indígenas del territorio de Térraba. Punto. 4. que no se permitan personas usurpadoras como beneficiarios de dicho programa como es el caso del señor, Nombre03 y Nombre04 que no son indígenas térrabas. Punto.5, que se le cancelen los dineros adeudados a los propietarios indígenas de bosques que están dentro de los planos que tiene FONAFIFO de los beneficiarios de los pagos de servicios ambientales que no han haberlo recibido nada a la fecha" (Sic). Con base en los alegatos expuestos, estima que con las actuaciones acusadas, fueron vulnerados derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso. 2.- Por resolución de las 10:03 horas del 07 de marzo de 2025, se previno al recurrente aportar “(…) Copia u original completa y legible del escrito de interposición de este recurso debidamente firmado, en el cual se indique en forma clara y precisa cuáles son los hechos o las omisiones que motivan la interposición del recurso. De otra parte, dentro del mismo plazo señalado comparezca el recurrente Nombre01 ante la Secretaría de esta Sala para firmar el escrito de interposición, por haber omitido hacerlo; o bien, aporte memorial; debidamente, firmado en el que ratifique el recurso en todos sus extremos (…)”. 3.- Por escrito recibido e ingresado al expediente el 17 de marzo de 2025, el recurrente cumple con lo prevenido. 4.- Mediante resolución de las 14:15 horas del 18 de marzo de 2025, se tuvo por cumplida la prevención realizada y dio curso al presente recurso. 5.- Manifiesta Genaro Gutiérrez Reyes, en calidad de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, que existe un conflicto personal con el recurrente y el suscrito, ya que el pueblo indígena de Térraba le reprocha una serie de actuaciones muy dañinas al interés público que habría realizado siendo él el presidente de esta organización. Señala que, rechaza rotundamente el dicho infundado del recurrente, en el sentido de que, sin mediar consulta alguna al pueblo indígena de Térraba, se tomaron decisiones que afectan los intereses colectivos de este territorio. Explica que, no existe un solo procedimiento desplegado por el suscrito que no esté debidamente autorizado sea por la Junta Directiva o por la asamblea general de la asociación de desarrollo. Precisa que, las acciones que se despliegan dentro de este territorio por las instituciones del Estado, tal es el caso del proceso de consulta de la política pública de acceso a la justicia de los pueblos indígenas del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, son claramente vinculadas con el mecanismo que de consulta a los pueblos indígenas creado al efecto. Agrega que, el mismo recurrente indica que desde el año 2000, la asociación de desarrollo junto a FONAFIFO ha realizado los actos denunciados siendo que no indica los nombres de las familias a las que dice que se le han comprometido sus derechos de uso de la tierra, por lo que no puede defenderse ante una narración tan genérica. Acota que el tutelado tampoco deja claro qué etnia se refiere al hablar de indígenas térrabas Broran, pues esa denominación no es conocida como tal dentro de este territorio, sugiere que se trataría de un movimiento muy ínfimo dentro de este territorio de un personas que buscan bajo esta auto determinación legitimar actos vandálicos e invasiones ilegales de fincas dentro de este territorio, acuerpados por algunos funcionarios de mandos medios de instituciones, universidades y ONGs tanto nacionales como internacionales. Señala que, el recurrente debe indicar de manera precisa cual sería la ilegalidad de los acuerdos de la Asamblea General de esta Asociación para someter tierras al pago de servicios ambientales y otros proyectos en favor de intereses de la colectividad indígena. Considera que, el accionante no legitima sus pretensiones ni acredita en dónde está el perjuicio que se le estaría causando a él como individuo por parte de estos acuerdos de la asamblea general de afiliados. Estima que, el recurrente debe de decir expresamente las acciones que se han aprobado por su parte y /o por la Junta o la Asamblea General respecto de lo que él llama RED +, pues sobre ese particular desde el año 2008, se lleva a cabo un proceso consulta interna a todo el territorio indígena con funcionarios públicos de FONAFIFO y RED + y observadores de agencias de Naciones Unidas y de Defensoría de los Habitantes, donde se han respetado todas las salvaguardas exigidas y los estándares del proceso de consulta, para la conformación del Plan de Acción Forestal Territorial. Revela que, el recurrente no ha asistido a asambleas generales ni a procesos de consulta a los que se ha convocado al pueblo indígena, siendo que se autodenomina como coordinador de consejo de mayores broran, y vocero de invasores de tierras, con el fin, arrogarse potestades que nadie le ha encomendado u otorgado. Advierte que, el tutelado plantea reclamos en nombre de otras personas que ni siquiera identifica ni individualiza hechos concretos en los que él sea parte afectada siendo que tampoco cita a qué se refiere con que viene un nuevo proyecto, ni en qué lo afecta, por lo que le es imposible referirse a casos concretos. Afirma que, todos los recursos que ingresan a la Asociación son entregados a sus beneficiarios, y no consta que ninguna persona dentro de este territorio que tenga planteada protesta alguna ni el recurrente señala que él sea una persona beneficiaria directa de esos programas. Aclara, que el recurrente cita a los señores Nombre02 y Nombre03, sin embargo no aporta prueba alguna de que estos señores sean beneficiarios de estos programas o que hayan recibido recursos de los mismos, su dicho es abiertamente infundado. Destaca que como el recurrente nunca va a las asambleas generales no se entera que según la Ley 3859, en cada una de ellas se debe brindar un informe económico de los ingresos y egresos y sus respectivas justificaciones, y tampoco se entera que la junta directiva debe por ley, tener un contador que le sirva de garante de la legalidad de los movimientos económicos que se hacen y tampoco que la asociación está siendo monitoreada y fiscalizada permanentemente por DINADECO. Sostiene que, el amparado tampoco cita el nombre de los beneficiarios indígenas a los que no se les han dado los fondos respectivos por pago de servicios ambientales, ni tampoco individualiza a cuáles indígenas, la asociación les ha medido con regencia de FONAFIFO y con drones sus fincas sin consentimiento. Agrega que, cada una de las áreas que están sometidas a PSA y que son medidas son previamente estudiadas y verificadas la vocación ambiental y la legalidad del procedimiento. Puntualiza que, no indica el recurrente los nombres de los indígenas que tienen afectados sus derechos de uso en PSA y tampoco cita cuanto sería el dinero que se les adeuda. Por lo expuesto, solicita se declare sin lugar el recurso. 6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente, quien se identifica como indígena y vecino del territorio de Térraba, estima que, la Asociación recurrida, ha lesionado los artículos 6 y 7, del Convenio 169, de la OIT, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre decisiones que afectan sus tierras. Denuncia que, solo el presidente de la Asociación recurrida toma decisiones, sin consultar a toda la población indígena, siendo que desde el año 2000, la Asociación ha introducido con FONAFIFO un programa de pagos de servicios ambientales que afecta terrenos ocupados por familias indígenas Broran, sin realizar la debida consulta a los habitantes. Señala que, representación de la Asociación no refleja adecuadamente a la población indígena, ya que solo alrededor del 50% pertenece a ella, y muchos miembros son menores de edad que no pueden decidir. Además, menciona la inclusión de no indígenas en el programa de pagos. Solicita que se reconozcan estos derechos y que se incluya a todos los habitantes en futuras consultas y que se ordene efectuar la consulta a todos los habitantes indígenas del territorio; que se suspendan los pagos ambientales a la ADI hasta que se realice la consulta, que se restablezcan derechos a los afectados. Asimismo exige que no haya usurpadores como beneficiarios del programa y que se cancelen las deudas a los propietarios indígenas de terrenos en el programa. II.- Sobre el recurso de amparo contra sujeto de derecho privado. En el caso bajo estudio, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, que se encuentra regulada por la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Ley N°3859, del 07 de abril de 1967), según consta en la certificación de personería jurídica de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO). Por ende, de conformidad con el artículo 11, de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad, las asociaciones son entidades de interés público, aunque regidas por las normas del derecho privado. Ahora bien, el artículo 57, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional prevé la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra un sujeto de derecho privado, por la acción u omisión de ese sujeto. Sin embargo, debe cumplir alguno de los requisitos exigidos por la ley: a) cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas; b) cuando éstos se encuentren una posición de poder –de derecho o de hecho- frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales que se refiere el artículo 2, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En el sub lite, al menos preliminarmente, se cumplen estos presupuestos, ya que la Asociación recurrida se encuentra en una posición de poder frente a la parte recurrente, ya que de conformidad con la normativa, las asociaciones de desarrollo integral son las encargadas de representar judicial y extrajudicialmente a las comunidades indígenas, como instituciones representativas de los habitantes de las reservas (véase Sentencia N° 2014-5251, de las 14:30 horas. del 23 de abril de 2014, reiterada en la N° 2020-010034, de las 09:05 horas del 02 de junio de 2020). De manera que dicha Asociación se encuentra en una posición de poder frente a un asociado, y por las circunstancias concretas, está en posibilidad de infringir sus derechos constitucionales, sin que los remedios jurisdiccionales comunes sean suficientes u oportunos. De ahí, entonces el recurso de amparo contra sujeto de derecho privado resulta admisible III.- Sobre el fondo. En el sublite, el accionante no interpone el amparo a favor de una persona concreta, ni tampoco, acusa que la actuación que considera ilegítima se haya traducido en un acto u omisión específica que implique un agravio o amenaza de agravio personal, directo y cierto, en perjuicio de los derechos fundamentales de una persona determinada. Es importante tener en consideración que la legitimación en la acción de amparo, se mide por el perjuicio o la lesión infringida al recurrente o de la persona en favor de la cual se promovió el recurso, y no, en beneficio de cualquier individuo, por el simple interés a la legalidad. En este sentido, es importante indicarle al recurrente que, este Tribunal ha resuelto, reiteradamente, sobre la imposibilidad de recurrir en abstracto y ha indicado que las lesiones que se plantean ante esta sede no se deben de hacer de manera general, indiscriminada y no individualizada, sino que se debe de indicar cuáles son las obligaciones concretas establecidas en la ley, que no se están cumpliendo, asimismo, cómo repercuten éstas en la materia de los derechos fundamentales y, sobre todo, si se produce un agravio en contra de un sujeto en particular, que provoque un perjuicio claro e individualizable, lo cual no especifica en el presente reclamo (véase Sentencia N° 2012-015142, reiterada en la N° 2013-008668 de las 9:05 horas del 28 de junio de 2013 y recientemente en la 2024-009352, de las 12:50 horas del 09 de abril de 2024). Dadas las consideraciones vertidas, el presente recurso es inadmisible y lo procedente es declararlo sin lugar. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.- Paul Rueda L. Presidente a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ileana Sánchez N. Rosibel Jara V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 9WME347CDZS861 EXPEDIENTE N° 25-004731-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:17:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution No. 12885 - 2025 Resolution Date: May 2, 2025 at 09:15 Case File: 25-004731-0007-CO Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado Type of Matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the Resolution ﹪ﹲﹰﹰﹴﹷﹳﹱﹰﹰﹰﹷＣＯ﹪ Exp: 25-004731-0007-CO Res. No. 2025012885 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the second of May, two thousand twenty-five. Amparo appeal processed in case file number 25-004731-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, against the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA DE BUENOS AIRES. Whereas: 1.- By brief submitted to the Secretariat of the Chamber, and added to the case file at 14:03 hours on March 13, 2025, the appellant files an amparo appeal against the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE TÉRRABA DE BUENOS AIRES. He states that: "(...) By this means and with due respect, I, Nombre01, of legal age, married, bearer of identity card number CED01, indigenous, resident of this territory of Térraba in the center, to the east of the CC.SS health post of Térraba, appear before your authority to file an Amparo appeal against the Association of Térraba for violation of articles 6 and 7 of Convention 169 of the ILO, which establishes the right of indigenous peoples to be consulted when measures are taken that affect their lands or territories, since article 7 establishes the freedom of peoples to make their own decisions, but in this territory, decisions are made only by the president of the ADI. It turns out that since the year 2000, the community development association, as the judicial and extrajudicial representative and administrator of this territory, has been introducing, together with FONAFIFO, the program of payments for environmental services (pagos de servicios ambientales) within our indigenous territory, committing the lands occupied by Broran indigenous families, which appear registered in the database of persons of the Térraba Broan ethnic group, indicating they are communal lots and without conducting the due consultation of the inhabitants of this territory, according to information from FONAFIFO, it claims to have an assembly agreement from the ADI, but this is not enough for our territory because the affiliates on the registry of the community development association of Térraba are about 50% of the indigenous population, where there are also up to 5 people from a single family and also minors, and they cannot make decisions for the other inhabitants, article 6 of Convention 169 of the ILO establishes that a consultation must be carried out with all the indigenous inhabitants of the territory in full, it does not say by assembly agreement of the community development association, and the political constitution of our country establishes in its article 07 that public treaties and international conventions and concordats have greater authority than laws, in that sense, honorable magistrates, I file this appeal so that it is assessed and applied as corresponds in law, also the same conditions with the so-called RED+ that the ADI intends to introduce into our territory without the due process of prior and informed consultation and in good faith according to the administration, not taking into account the population whether we agree or not to dispose of our lands or forests for these programs, we know that the board of directors of the ADI Association is the administrator of the territories but not the owner to dispose over the people without their due consent and consultation if they agree or not. For this reason, honorable magistrates, I file this appeal hoping for your understanding of our rights, a new project is coming with Petitory 1 I request this amparo appeal be accepted. 2. The ADI and FONAFIFO be ordered to carry out a consultation with all the indigenous inhabitants of the territory of Térraba Broran. 3. Disbursements for payments for environmental services to the ADI of Térraba be suspended until the due consultation is carried out. 4. Those affected have their violated rights restored, such as not having received during all this time past the amounts corresponding to them for payments for environmental services. 5. This appeal be resolved in accordance with the declaration of the United Nations and the American Convention, San Jose Pact, and Convention 169 ILO, and indigenous law 6172." He adds that "By this means, the undersigned appellant of the appeal processed in case file no. 25-004731-0007-CO and according to resolution San José Costa Rica at ten hours three minutes on the seventh of March, two thousand twenty-five, prior to resolving what is appropriate in the Amparo Appeal, the facts are the following, Point. l. having submitted the forests of the indigenous territory of Térraba occupied by indigenous persons without their prior consultation of the occupant, nor the territory, nor the indigenous inhabitant who lives on that parcel or property, and receiving the payments for environmental services and not delivering them to the persons who conserve the forests. Point.2. also including non-indigenous usurpers within the program of payments for environmental services, as is the case of Mr. Nombre02 and Nombre03, and not reporting to the indigenous inhabitants on said PSA projects, including the lands without prior notice to the indigenous inhabitants and not wanting to give them their money that corresponds to them for payments for environmental services, money that the ADI receives in the representation of the president Genaro Gutiérrez Reyes. Point.3. authorizing by the ADI and its president, Genaro Gutiérrez Reyes, the making of plans carried out by the regent of FONAFIFO through JPS or DRONES without prior communication to the indigenous possessor of said forests subjected to payments for environmental services, and ordering the ADI and FONAFIFO to carry out a consultation with all the indigenous inhabitants of the territory of Térraba. Point. 4. that usurping persons not be allowed as beneficiaries of said program, as is the case of Mr. Nombre03 and Nombre04, who are not indigenous Térrabas. Point.5, that the monies owed be paid to the indigenous owners of forests that are within the plans that FONAFIFO has of the beneficiaries of the payments for environmental services who have not received anything to date" (Sic). Based on the arguments presented, he estimates that with the challenged actions, fundamental rights were violated. He requests the appeal be declared with merit. 2.- By resolution at 10:03 hours on March 7, 2025, the appellant was warned to provide "(...) A complete and legible copy or original of the brief of filing of this appeal duly signed, in which the facts or omissions that motivate the filing of the appeal are indicated clearly and precisely. Further, within the same period indicated, let the appellant Nombre01 appear before the Secretariat of this Chamber to sign the brief of filing, having omitted to do so; or else, provide a memorial; duly signed, in which he ratifies the appeal in all its extremes (...)". 3.- By brief received and entered into the case file on March 17, 2025, the appellant complies with the warning. 4.- By resolution at 14:15 hours on March 18, 2025, the warning made was deemed complied with and this appeal was given course. 5.- Genaro Gutiérrez Reyes, in his capacity as President of the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, states that there is a personal conflict with the appellant and the undersigned, since the indigenous people of Térraba reproach him for a series of actions very harmful to the public interest that he would have carried out while being the president of this organization. He points out that he emphatically rejects the unfounded statement of the appellant, in the sense that, without any consultation whatsoever with the indigenous people of Térraba, decisions were made that affect the collective interests of this territory. He explains that there is not a single procedure carried out by the undersigned that is not duly authorized either by the Board of Directors or by the general assembly of the development association. He specifies that the actions carried out within this territory by State institutions, such is the case of the consultation process for the public policy on access to justice for indigenous peoples of the Judicial Branch or the Executive Branch, are clearly linked to the consultation mechanism for indigenous peoples created for that effect. He adds that the appellant himself indicates that since the year 2000, the development association together with FONAFIFO has carried out the denounced acts, yet he does not indicate the names of the families whose land use rights he says have been compromised, and therefore he cannot defend himself against such a generic narration. He notes that the protected party also does not make clear which ethnic group he refers to when speaking of indigenous Térrabas Broran, since that denomination is not known as such within this territory; he suggests it would be a very tiny movement within this territory of some people who seek under this self-determination to legitimize acts of vandalism and illegal invasions of farms within this territory, supported by some mid-level officials from institutions, universities, and NGOs, both national and international. He points out that the appellant must indicate precisely what the illegality would be of the agreements of the General Assembly of this Association to subject lands to the payment for environmental services and other projects in favor of the interests of the indigenous community. He considers that the claimant does not legitimize his claims nor does he prove where the harm is that would allegedly be caused to him as an individual by these agreements of the general assembly of affiliates. He estimates that the appellant must expressly state the actions that have been approved by him and/or by the Board or the General Assembly regarding what he calls RED +, since on this particular matter, since the year 2008, an internal consultation process has been carried out throughout the indigenous territory with public officials from FONAFIFO and RED + and observers from United Nations agencies and the Office of the Ombudsman (Defensoría de los Habitantes), where all the required safeguards and the standards of the consultation process have been respected, for the formation of the Territorial Forest Action Plan. He reveals that the appellant has not attended general assemblies or consultation processes to which the indigenous people have been convened, and that he calls himself coordinator of the Broran council of elders, and spokesperson for land invaders, with the purpose of arrogating to himself powers that no one has entrusted or granted him. He warns that the protected party raises claims on behalf of other persons whom he does not even identify nor does he individualize specific facts in which he is an affected party, and he also does not cite what he means by a new project coming, nor how it affects him, making it impossible for him to refer to specific cases. He affirms that all resources that enter the Association are delivered to their beneficiaries, and there is no record of any person within this territory having raised any protest, nor does the appellant indicate that he is a direct beneficiary of those programs. He clarifies that the appellant cites Messrs. Nombre02 and Nombre03, yet he does not provide any proof that these gentlemen are beneficiaries of these programs or have received resources from them; his statement is openly unfounded. He highlights that since the appellant never goes to the general assemblies, he does not find out that according to Ley 3859, in each one of them a financial report of income and expenses and their respective justifications must be provided, and he also does not find out that the board of directors must, by law, have an accountant who serves as guarantor of the legality of the financial movements made, and also that the association is being permanently monitored and audited by DINADECO. He maintains that the protected appellant also does not cite the name of the indigenous beneficiaries who have not been given the respective funds for payment for environmental services, nor does he individualize which indigenous persons' farms the association has measured with FONAFIFO regency and with drones without consent. He adds that each of the areas that are subject to PSA and that are measured are previously studied and their environmental vocation and the legality of the procedure verified. He points out that the appellant does not indicate the names of the indigenous persons whose use rights in PSA are affected nor does he cite how much the money owed to them would be. Based on the foregoing, he requests the appeal be declared without merit. 6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Magistrate Salazar Alvarado drafts; and, Considering: I.- Object of the appeal. The appellant, who identifies himself as indigenous and a resident of the territory of Térraba, estimates that the respondent Association has injured articles 6 and 7 of Convention 169 of the ILO, which guarantees the right of indigenous peoples to be consulted about decisions that affect their lands. He denounces that only the president of the respondent Association makes decisions, without consulting the entire indigenous population, and that since the year 2000, the Association has introduced with FONAFIFO a program of payments for environmental services that affects lands occupied by Broran indigenous families, without conducting the due consultation of the inhabitants. He points out that the representation of the Association does not adequately reflect the indigenous population, since only about 50% belong to it, and many members are minors who cannot decide. In addition, he mentions the inclusion of non-indigenous persons in the payment program. He requests that these rights be recognized, that all inhabitants be included in future consultations, that the consultation of all indigenous inhabitants of the territory be ordered; that environmental payments to the ADI be suspended until the consultation is carried out; and that the rights of those affected be restored. Likewise, he demands that there be no usurpers as beneficiaries of the program and that the debts be paid to the indigenous owners of lands in the program. II.- Regarding the amparo appeal against a subject of private law. In the case under study, the appellant files an amparo appeal against the Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, which is regulated by the Law on Community Development (Ley N°3859, of April 7, 1967), as stated in the legal personality certification from the Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO). Therefore, in accordance with article 11 of the Law on Community Development, associations are entities of public interest, although governed by the rules of private law. Now, article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction provides for the possibility of filing an amparo appeal against a subject of private law, for the action or omission of that subject. However, it must meet one of the requirements demanded by law: a) when they act or must act in the exercise of public functions or powers; b) when they find themselves in a position of power – of law or of fact – against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a), of the Law of Constitutional Jurisdiction. In the sub lite, at least preliminarily, these requirements are met, since the respondent Association is in a position of power vis-à-vis the appellant, given that in accordance with the regulations, the integral development associations (asociaciones de desarrollo integral) are responsible for representing indigenous communities judicially and extrajudicially, as representative institutions of the inhabitants of the reserves (see Judgment No. 2014-5251, of 14:30 hours on April 23, 2014, reiterated in No. 2020-010034, of 09:05 hours on June 2, 2020). Consequently, said Association is in a position of power vis-à-vis an associate, and due to the specific circumstances, it is in a position to infringe upon his constitutional rights, without common jurisdictional remedies being sufficient or timely. Hence, the amparo appeal against a subject of private law is admissible. III.- On the merits. In the sub lite, the claimant does not file the amparo on behalf of a specific person, nor does he accuse that the action he considers illegitimate has resulted in a specific act or omission that implies a personal, direct, and certain grievance or threat of grievance, to the detriment of the fundamental rights of a specific person. It is important to consider that standing in the amparo action is measured by the harm or injury inflicted upon the appellant or the person on whose behalf the appeal was brought, and not for the benefit of any individual, out of a simple interest in legality. In this sense, it is important to point out to the appellant that this Tribunal has resolved, repeatedly, on the impossibility of appealing in the abstract and has indicated that the injuries raised before this venue should not be done in a general, indiscriminate, and non-individualized manner, but rather must indicate what the specific obligations established in the law are that are not being fulfilled, as well as how they impact the matter of fundamental rights and, above all, whether a grievance is produced against a particular subject, which causes a clear and individualizable harm, which he does not specify in the present claim (see Judgment No. 2012-015142, reiterated in No. 2013-008668 of 9:05 hours on June 28, 2013, and recently in 2024-009352, of 12:50 hours on April 9, 2024). Given the considerations expressed, the present appeal is inadmissible and it is appropriate to declare it without merit. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must be collected from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not collected within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Newsletter No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is declared without merit.- Paul Rueda L. President a.i Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ileana Sánchez N. Rosibel Jara V. Document Digitally Signed -- Verification Code -- ﹪ﹹＷＭＥﹳﹴﹷＣＤＺＳﹸﹶﹱ﹪ 9WME347CDZS861 CASE FILE No. 25-004731-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:17:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República