Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)IV.- Sobre el caso concreto. Reiteradamente, este Tribunal ha señalado que la vía constitucional no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. Lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que esta Sala no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Al respecto, este Tribunal señaló en la sentencia No. 2019-017163 de las 10:10 horas de 10 de setiembre de 2019, reiterada, entre otras, en la sentencia No. 2020-000239 de las 10:30 horas del 07 de enero de 2020, lo siguiente:
"II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a fin de denunciar un problema de ausencia de baños públicos, sin alegar o probar haber acudido ante el municipio accionado a plantear formalmente la gestión correspondiente. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Por ello, acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, es preciso que, previamente, el amparado acuda ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, a fin de que ellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de legalidad ordinaria."
De tal modo, a pesar de lo alegado por el recurrente sin aportar prueba de su dicho, al no constatarse que el amparado hubiese denunciado previamente ante el ICAA y la Municipalidad de Curridabat los hechos que acusa en este recurso, a priori se descarta alguna omisión de ambas autoridades susceptible de ser declarada en esta vía sumaria de amparo.
English (translation)IV.- On the specific case. This Court has repeatedly held that the constitutional remedy must not substitute the active Administration in its competences, nor is it a complaint-processing body. The foregoing does not equate to exhausting the administrative process, but rather the simple acknowledgment that this Court should not directly replace the will of the Administration or supplant public offices in handling matters under their jurisdiction. In this regard, this Court stated in ruling No. 2019-017163 of 10:10 a.m. on September 10, 2019, reiterated in ruling No. 2020-000239 of 10:30 a.m. on January 7, 2020, as follows:
"II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the petitioner comes directly to this Court to denounce a lack of public bathrooms, without alleging or proving having formally approached the respondent municipality to file the corresponding complaint. As has been repeatedly stated, this Court must not substitute the active Administration in its competences nor is it a complaint-processing body. Therefore, coming directly to this venue without first filing the corresponding complaints before the competent authorities precludes attributing an illegitimate omission that violates fundamental rights. Hence, the aggrieved party must first approach the respondent authorities to formally raise the claim in question, so that they may take the appropriate measures to resolve the reported issue or, alternatively, pursue their claim through ordinary channels."
Thus, despite the petitioner's claims without evidence, since it is not established that the aggrieved party previously denounced the facts alleged in this amparo before the ICAA and the Municipality of Curridabat, any omission attributable to both authorities that could be declared in this summary amparo proceeding is ruled out a priori.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 14534 - 2025 Fecha de la Resolución: 16 de Mayo del 2025 a las 09:35 Expediente: 25-010212-0007-CO Redactado por: Ana Cristina Fernández Acuña Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-010212-0007-CO Res. Nº 2025014534 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del dieciseis de mayo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-010212-0007-CO, interpuesto por Nombre01, mayor, cédula de identidad CED01, a favor de Nombre02, mayor, cédula de identidad CED02, Industrial CASJIM ICJ S.A., cédula jurídica CED05 y Vinos Valle del Elqui S.A., cédula jurídica CED06, contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Curridabat. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:30 horas del 09 de abril de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA- y la Municipalidad de Curridabat y expresa que el amparado Nombre02 es dueño de la propiedad inscrita en el partido de San José folio 170328-003, ubicada en San José, costado norte del Parque de Curridabat, contiguo a la Escuela Juan Santamaría. Señala que en la vía pública que se encuentra frente a dicho inmueble existe una fuga de aguas negras que inunda el bien, afecta el tránsito y perjudica el centro educativo que colinda con el terreno. Detalla que en la propiedad se encuentra la casa de habitación del amparado y su familia y, además, funciona como oficina de las empresas INDUSTRIAL CASJIM ICJ S.A. y VINOS VALLE DEL ELQUI S.A. Aduce que el amparado llamó en 10 oportunidades el 8 y 9 de abril de 2025 a la línea dispuesta por el ICAA para estos fines, sea, el teléfono Telf01 y formuló 10 reportes de avería. Sin embargo, a la fecha en la que presenta este recurso de amparo no se ha realizado ninguna visita o reparación ni han sido atendidos los reportes. Sostiene que las aguas negras ingresan a la vivienda del amparado y generan malos olores e incomodidades, lo cual es una amenaza a la salud de sus habitantes y de las personas que visitan el inmueble, aunado a ello, se está perjudicando la actividad económica de las empresas amparadas. Agrega la problemática también perjudica a la Escuela Juan Santamaría, afectando la salud de las personas menores de edad y su paso por ese sector. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala. 2.- Mediante resolución de las 10:59 horas del 15 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala previno al recurrente lo siguiente: “• Si ha planteado de manera formal y por escrito la gestión correspondiente a efecto de denunciar ante las autoridades recurridas la situación que expone en el memorial de interposición de este recurso; • De ser afirmativa su respuesta, deberá aportar copias completas, legibles y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico de las denuncias que formuló; • De haber recibido alguna resolución, deberá indicar claramente cuál fue el resultado obtenido y aportar la documentación generada con ocasión de tales diligencias; • Si dichas denuncias se encuentran pendiente de resolución a la fecha de interposición de este recurso, también deberá indicarlo expresamente a esta Sala; • Igualmente si no ha planteado por escrito y de manera formal su denuncia, así deberá aclararlo. • Asimismo, deberá señalar las fechas en las que presentó los avisos ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho”. 3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:54 horas del 15 de abril de 2025, el recurrente cumplió la prevención. 4.- Mediante resolución de las 21:23 horas del 25 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala tuvo por cumplida la prevención contenida en la resolución de las 10:59 horas del 15 de abril de 2025 y dio curso a este amparo. Además, se le solicitó informe al Gerente General del ICAA y al Alcalde de Curridabat, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 5.- Informa bajo juramento María Alejandra Mora Segura, en su condición de Gerente General del ICAA (escrito presentado a las 15:12 horas del 02 de mayo de 2025) en los siguientes términos: “I Acciones realizadas: Acciones realizadas para dar solución a la denuncia: ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACIÓN / PLAZO ESTIMADO Atención OS 51398601 Tipo de Avería: Desobstrucción José Luis Ugalde Herra Área de MCyE 2 días naturales - Cumplido Atención OS 51398623 Tipo de Avería: Desobstrucción José Luis Ugalde Herra Área de MCyE 2 días naturales – Cumplido I Actividades en proceso: En este caso no se definan acciones pendientes bajo responsabilidad del AyA o de otra institución. II. Respuesta a los Hechos: UNICO: Mediante informe DRyT-MCER-2025-00253 se indica que los hechos fueron atendidos por este Instituto con anterioridad al traslado notificado el día 28 de abril 2025 y además puntualmente se da respuesta: “(…) 1. La Dirección de Recolección y Tratamiento GAM no tiene evidencia de los 10 avisos que indica el señor Nombre02 que realizó, asimismo en el registro de órdenes de trabajo que ingresa a esta Dirección provenientes del sistema comercial Institucional OPEN no se tiene ninguna denuncia u Orden de Trabajo a nombre del señor Nombre03. 2. Para el año 2024 con relación al número de servicio CED03, el cual es el número de servicio del inmueble en cuestión, únicamente se tiene registro en el sistema OPEN a nombre del señor Nombre04, cédula CED04, correo ...01, las cuales no tienen relación con requerimientos de atención de obstrucciones a la red general del alcantarillado sanitario de la Institución. 3. Para el año 2025 no se tiene registro de interacciones en los sistemas comerciales de la Institución a nombre del señor Nombre03, céd. Telf02 (Interacción es todo aquel comunicado que realiza un cliente a la Institución a través de cualquier de los medios oficiales de comunicación que tiene disponible la Institución, ya sea redes sociales, el WhatsApp Institucional, línea 800, agencias comerciales, etc.). 4. A esta Dirección entraron únicamente 2 órdenes de trabajo para atender desobstrucción en red general en dicho punto, las órdenes correspondientes fueron la OS 51398623, a nombre de Nombre05 y la orden OS 51398601, a nombre de Cynthia Bustos Guadamuz. Ambas órdenes fueron generadas el día 08-04-25, inspeccionadas el día 9-04-25 y resueltas el día 10-04-25. 5. El día 09-04-25 se realiza en horas de la tarde la inspección previa o preliminar de dichas órdenes, mediante la cual se confirma y determina que la red general de aguas residuales se encontraba obstruida sobre la vía pública y afectando a los vecinos de la zona en dicho punto. Después de realizar la inspección preliminar se programa la visita del equipo de desobstrucción para el día siguiente a primera hora. 6. El día 10-04-25 se da prioridad a dicha obstrucción la cual fue atendida a partir de las 6:30am. La situación de obstrucción queda resuelta satisfactoriamente por parte de la empresa subcontratada del AyA, la cual se retira del sito posterior de las 7:30am de dicho día. 7. Para atender dicha obstrucción de red general se utilizó la OS 51398623, pero al finalizar esta actividad se determinó que una de las viviendas cercanas presentaba una obstrucción en la prevista o acometida correspondiente, pues la misma quedó llena debido a todo el material de la red que se regresa a las viviendas al estar obstruida la red general de alcantarillado sanitario, por lo cual se utilizó la orden OS 51398601 para atender de manera inmediata dicha obstrucción en la acometida que había quedado comprometida. 8. Al finalizar los trabajos el personal de la empresa contratada para el servicio de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario realizó la limpieza de los caños, aceras y calle pública para que quedaran lo más limpio posible. 9. Seguidamente se muestran fotografías del sitio posterior a la atención de las órdenes de trabajo indicadas: (…) Imagen 1. Vivienda con número de servicio NIS 341-7364. (…) Imagen 2. Vivienda con número de servicio NIS 341-7364. (…) Imagen 3. Vivienda atención acometida obstruida. (…) Imagen 4. Vía pública frente a las viviendas de atención acometida obstruida y con número de servicio NIS 341-7364. CONSIDERACION DE FONDO Si bien, le corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proveer a los habitantes de la república de un servicio de recolección y evacuación de aguas negras en áreas urbanas; así definido en los artículos 1 y 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726. Lo cierto es que dicha disposición no es irrestricta, en reiteradas ocasiones esa misma Sala ha dimensionado los alcances de dicha legislación, pues el tema de saneamiento conlleva el de inversión pública, el cual está más allá de la capacidad financiera que tiene la Institución e involucra al mismo Estado; dentro del marco de las competencias que se originan en la Ley 2726 y de la capacidad inmediata de respuesta se procedió a atender la denuncia presentada y se cumplió con el debido mantenimiento y reparación, de manera que el sistema en el lugar de los hechos funciona actualmente de forma correcta. Sobre esta misma línea de inversión el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN OCTAVA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, mediante Resolución No.112-2018 a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.- se pronunció de la siguiente forma: “…, todas las personas están obligadas a realizar los drenajes correspondientes, y deberán responder de que sus propiedades dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas debidamente aprobado por el Ministerio, debiendo los usuarios de las viviendas obligarse a mantener dichos sistemas en buenas condiciones de funcionamiento; siendo prohibido descargar residuos sin autorización previa de la autoridad de salud y sin cumplir con los requisitos correspondientes, evitando la contaminación de las fuentes o cursos de agua, del suelo y del aire, o cualquier otro riesgo para la salud humana que se derive de la evacuación inadecuada de los desagües. (arts. 286-292, 308,310,311). Es decir, considera esta Cámara que en el presente caso es más que evidente que los vecinos y demandantes han ocasionado una contaminación del ambiente, al verter sus excretas y aguas negras a un sistema de alcantarillado carente de interconexión que además está siendo descargado en el río de la localidad, contaminado aguas abajo a todas las demás poblaciones.- En razón de lo anterior, se rechaza esta pretensión toda vez que la normativa citada le otorga lo pretendido a la competencia de AyA, ente que conforme a la conveniencia y disponibilidad de recursos para lograr la interconexión oportuna, amparada en aspectos técnicos de diseño, de contratación administrativa y de carácter económico.-…” PETITORIA Tome en cuenta la Sala Constitucional las actuaciones que ha ejecutado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en cumplimiento de sus fines y en el marco de sus competencias, por lo que, de forma evidente no ha desobedecido, violentado normas, garantías o principios constitucionales, ni ambientales; dentro del ámbito de la competencia y capacidad de atención, se atendió la denuncia, se realizaron las obras de mantenimiento y corrección con anterioridad al traslado de la Audiencia del presente recurso de amparo, funcionando actualmente el sistema en el lugar de los hechos de forma correcta, por lo que debe declararse sin lugar el recurso presentado en todos sus extremos en contra de AyA”. 6.- Informa bajo juramento Errol Andrés Solano Bolaños, en su condición de Alcalde de Curridabat (escrito presentado a las 15:54 horas del 05 de mayo de 2025) en los siguientes términos: “1. SOBRE LA AUSENCIA DE TRÁMITES PRESENTADOS POR EL AMPARADO Y EL RECURRENTE. Como se desprende del expediente del recurso de amparo -a partir de la misma manifestación de la parte recurrente-, y tal y como se confirma en el oficio MCDGV-0555-05-2025 suscrito por el Ingeniero Gustavo Mora Fonseca en su condición de Profesional Analista de la Dirección de Gestión Vial, se tiene que previo a la interposición del recurso de amparo, no se presentó por el recurrente ni por los amparados, gestión alguna ante la Municipalidad de Curridabat relacionado con lo expuesto en el escrito de recurso de amparo. 2. SOBRE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS. Como se indica en el punto tercero del informe emitido mediante oficio MC-DGV0555-05-2025 suscrito por el Ingeniero Gustavo Mora Fonseca en su condición de Profesional Analista de la Dirección de Gestión Vial, se tiene que la recolección y tratamiento de las aguas sanitarias no es competencia municipal, por cuanto en el Cantón de Curridabat la gestión se hace por medio de campos de infiltración (drenajes y tanques sépticos) o por medio de la red de alcantarillado sanitario siendo competencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3. SOBRE LA ATENCION DEL PROBLEMA DE AGUAS RESIDUALES EN LA ACERA Y ZONA PÚBLICA (DERECHO DE VÍA). A partir del informe rendido en el oficio MC-DGV-0555-05-2025 ya citado, específicamente en el segundo punto, se tiene que mediante trámite N° 8843- 2025 presentado en fecha 9 de abril de 2025 pero por parte del señor Nombre06 -que no es parte recurrente ni de los amparados- se solicitó: (…) A partir de ello, se realiza una inspección en el sitio y se verifica una fuga de aguas negras desde una propiedad privada hacia la acera y la calzada pública, proviniendo de la acometida sanitaria en la propiedad privada finca folio real No. 170328, para lo cual se realizaron intervenciones que permitieron drenar las aguas empozadas en el espacio público. Al señor Nombre06, se le brindó respuesta mediante oficio MC-DGV0531-04-2025 y que fue notificado el 28 de abril de 2025. Como se indica en el oficio MC-DGV-0555-05-2025, en el sitio no se presenta derrames, almacenamientos o fugas en el espacio público, siendo que en fecha 2 de mayo de 2025 (día hábil posterior a la notificación del recurso de amparo), se realiza una nueva inspección en el sitio, y se verifica que la caja de registro de la red pluvial frente a la vivienda se encuentra en buenas condiciones y en funcionamiento óptimo. Se desprende de las fotografías aportadas con la interposición del recurso de amparo, que la problemática se genera en el espacio privado y los elementos existentes en el espacio público no muestran fallas aparentes en su funcionamiento. Así las cosas, se desprende del oficio MC-DGV-0555-05-2025 -el que se adjunta que aun no siendo competencia municipal, se procedió a la intervención en el sitio a partir de la gestión realizada por un tercero que no es parte del recurso de amparo -ni como recurrente ni como amparado- por cuanto la Municipalidad de Curridabat ha venido realizando intervenciones en zonas públicas, por medio de obras de reconstrucción y ampliación de las aceras, a fin de generar mejores condiciones de seguridad vial, mayor espacio para la movilidad peatonal, mayor seguridad para las personas estudiantes y cuidadoras asociadas a la actividad educativa en dicha zona. 4. PETITORIA Con base en las consideraciones expuestas en el presente escrito y que se detallan específicamente en el oficio MC-DGV-0555-05-2025, se solicita que, respecto a la Municipalidad de Curridabat se declare sin lugar el recurso de amparo, por cuanto, aun cuando no es competencia municipal el alcantarillado de aguas residuales, mi representada con recursos propios atendió el problema en lo que corresponde al área pública (derecho de vía), incluso en fecha anterior a la notificación del recurso de amparo y atendiendo la solicitud planteada por una tercera persona que no es parte en este proceso”. 7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Fernandez Acuña; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que el amparado Nombre02 es dueño de la propiedad inscrita en el partido de San José folio 170328-003, ubicada en San José, costado norte del Parque de Curridabat, contiguo a la Escuela Juan Santamaría. Señala que en la vía pública que se encuentra frente a dicho inmueble existe una fuga de aguas negras que inunda el bien, afecta el tránsito y perjudica el centro educativo que colinda con el terreno. Detalla que en la propiedad se encuentra la casa de habitación del amparado y su familia y, además, funciona como oficina de las empresas Industrial CASJIM ICJ S.A. y Vinos Valle del Elqui S.A. Aduce que su representado llamó en 10 oportunidades el 8 y 9 de abril de 2025 a la línea dispuesta por el ICAA para estos fines, sea, el teléfono Telf01 y formuló 10 reportes de avería. Sin embargo, a la fecha en que se presenta este recurso de amparo no se ha realizado ninguna visita o reparación ni han sido atendidos los reportes. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque los recurridos hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 1) La recolección y tratamiento de las aguas sanitarias en el cantón de Curridabat se hace por medio de campos de infiltración (drenajes y tanques sépticos) o la red de alcantarillado sanitario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (véase informe del alcalde recurrido). 2) Para el año 2024 con relación al número de servicio NIS 341-7364, el cual es el número de servicio del inmueble en cuestión, únicamente se tiene registro en el sistema comercial institucional OPEN del ICAA a nombre del señor Nombre04, cédula CED04, correo ...01, el cuales no tiene relación con requerimientos de atención de obstrucciones a la red general del alcantarillado sanitario de la institución (véanse informe de la Gerente General del ICAA y prueba aportada). 3) Para el año 2025 no se tiene registro de interacciones en los sistemas comerciales del ICAA a nombre del amparado (véase informe de la Gerente General del ICAA). 4) A la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM del ICAA entraron únicamente 2 órdenes de trabajo para atender desobstrucción en red general en punto referido por el recurrente. Las órdenes correspondientes fueron la OS 51398623, a nombre de Nombre05 y la OS 51398601 a nombre de Cynthia Bustos Guadamuz. Ambas fueron generadas el 08-04-25, inspeccionadas el 09-04-25 y resueltas el 10-04-25 (véanse informe de la Gerente General del ICAA y prueba aportada). 5) Mediante trámite No. 8843- 2025 presentado el 09 de abril de 2025 ante la Municipalidad de Curridabat, el señor Nombre06 denunció un problema de aguas residuales en la acera y zona pública (derecho de vía). A pesar de que no es competencia del ayuntamiento accionado, se realizó una inspección en el sitio y se verificó una fuga de aguas negras desde una propiedad privada hacia la acera y la calzada pública, proviniendo de la acometida sanitaria en la propiedad privada finca folio real No. 170328, para lo cual se realizaron intervenciones que permitieron drenar las aguas empozadas en el espacio público. Al denunciante se le brindó respuesta mediante oficio No. MC-DGV-0531-04-2025 notificado el 28 de abril de 2025 (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada). III.- Hecho no probado. Se considera indemostrado el siguiente hecho de relevancia para la resolución de este amparo. Único. Que previo a la interposición del recurso de amparo, presentara el recurrente o los amparados gestión alguna ante la Municipalidad de Curridabat relacionado con lo expuesto en el escrito de recurso de amparo (véanse informe del alcalde recurrido y prueba documental aportada). IV.- Sobre el caso concreto. Reiteradamente, este Tribunal ha señalado que la vía constitucional no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias, ni es una instancia tramitadora de denuncias. Lo anterior no es lo mismo que agotar la vía administrativa, sino la simple admisión de que esta Sala no debe sustituir directamente la voluntad de la Administración y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia. Al respecto, este Tribunal señaló en la sentencia No. 2019-017163 de las 10:10 horas de 10 de setiembre de 2019, reiterada, entre otras, en la sentencia No. 2020-000239 de las 10:30 horas del 07 de enero de 2020, lo siguiente: "II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte recurrente acude directamente a este Tribunal a fin de denunciar un problema de ausencia de baños públicos, sin alegar o probar haber acudido ante el municipio accionado a plantear formalmente la gestión correspondiente. Ahora bien, como se ha dicho reiteradamente, este Tribunal no debe sustituir a la Administración activa en sus competencias ni es una instancia tramitadora de denuncias. Por ello, acudir directamente a esta sede, sin antes interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, impide endilgar una omisión ilegítima que atente contra los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, es preciso que, previamente, el amparado acuda ante las autoridades recurridas a plantear formalmente el reclamo aludido, a fin de que ellas tomen las medidas pertinentes para solucionar el problema denunciado o, en su defecto, establecer su reclamo en la vía de legalidad ordinaria. Lo anterior sin demérito de que el amparado acuda a la vía constitucional, luego de que transcurriere un plazo irrazonable sin un actuar efectivo de la Administración y siempre que hubiere amenaza o lesión a un derecho fundamental". Así las cosas, tales consideraciones resultan aplicables al sub iudice, toda vez que no se encuentran motivos para variar el criterio transcrito. Nótese que en el caso concreto la Gerente General del ICAA informa que la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM no tiene evidencia de los 10 avisos que indica el señor Nombre02 que realizó. Asimismo, en el registro de órdenes de trabajo que ingresa a esa Dirección provenientes del sistema comercial Institucional OPEN no se tiene ninguna denuncia u orden de trabajo a su nombre. Agrega que entraron únicamente 2 órdenes de trabajo de otros denunciantes para atender desobstrucción en red general en el punto referido por el recurrente, las cuales ya fueron atendidas y el problema corregido. Omisión en denunciar que igualmente acusa el Alcalde de Curridabat, pues señala que, previo a la interposición del recurso de amparo, no se presentó por el recurrente ni por los amparados gestión alguna ante ese cabildo relacionado con lo expuesto en el escrito de interposición. También refiere que otro ciudadano denunció una problemática similar, la cual fue atendida. De tal modo, a pesar de lo alegado por el recurrente sin aportar prueba de su dicho, al no constatarse que el amparado hubiese denunciado previamente ante el ICAA y la Municipalidad de Curridabat los hechos que acusa en este recurso, a priori se descarta alguna omisión de ambas autoridades susceptible de ser declarada en esta vía sumaria de amparo. Como bien se indicó en el precedente citado ut supra, la persona interesada tiene que acudir ante las autoridades administrativas competentes a los efectos de poner en conocimiento las situaciones concretas acusadas y así permitirles, si fuera el caso, tomar la acciones que correspondan. En ese contexto, deviene improcedente el recurso planteado. V.- Conclusión. En virtud de lo anteriormente expuesto, al no advertirse la violación a los derechos fundamentales de la parte amparada, lo que corresponde es desestimar el presente proceso de amparo. VI.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Considero pertinente advertir que, desde la sentencia nro. 2019002355 de las 9:30 de 12 de febrero de 2019, mi postura ha sido la siguiente en relación con los recursos de amparo cuando estos han sido planteados a favor de una persona jurídica: “en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre07 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. En la especie, de los autos se colige que existe una relación esencial entre la persona natural y la persona jurídica, pues -según el escrito de interposición- el amparado vive en la propiedad que a su vez funciona como oficina de las empresas Vinos Valle del Elqui S. Nombre08. e Industrial CASJIM ICJ S. A., por lo que estimo procedente analizar por el fondo el asunto a fin de determinar la vulneración o no del derecho fundamental presuntamente agraviado. VII.- Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la presunta contaminación ambiental por fuga de aguas negras, en la vía pública que se encuentra frente a su propiedad. Asegura que la inunda; además, afecta el tránsito y perjudica el centro educativo que colinda con el terreno, situación denunciada ante el ICAA y la Municipalidad de Curridabat. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente. VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado suscribe nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ana Cristina Fernandez A. Rosibel Jara V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 247MZYAFD80W61 EXPEDIENTE N° 25-010212-0007-CO Teléfonos: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:17:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Medium Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 14534 - 2025 Date of Resolution: 16 May 2025 at 09:35 Case File: 25-010212-0007-CO Drafted by: Ana Cristina Fernández Acuña Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-010212-0007-CO Res. No. 2025014534 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-five hours on the sixteenth of May, two thousand twenty-five. Amparo appeal processed in case file number 25-010212-0007-CO, filed by Nombre01, of legal age, identity card CED01, on behalf of Nombre02, of legal age, identity card CED02, Industrial CASJIM ICJ S.A., legal ID CED05, and Vinos Valle del Elqui S.A., legal ID CED06, against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipalidad de Curridabat. Whereas: 1.- Through a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 16:30 hours on 09 April 2025, the appellant files an amparo appeal against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA- and the Municipalidad de Curridabat and states that the protected party Nombre02 is the owner of the property registered in the San José registry, folio 170328-003, located in San José, north side of the Parque de Curridabat, adjacent to the Escuela Juan Santamaría. He indicates that on the public road located in front of said property there is a blackwater leak that floods the property, affects traffic, and harms the educational center adjacent to the land. He details that the property houses the protected party's family home and also functions as the office for the companies INDUSTRIAL CASJIM ICJ S.A. and VINOS VALLE DEL ELQUI S.A. He argues that the protected party called the line provided by ICAA for these purposes, namely telephone Telf01, on 10 occasions on 8 and 9 April 2025, and filed 10 fault reports. However, as of the date this amparo appeal is filed, no visit or repair has been made, nor have the reports been addressed. He maintains that the blackwater enters the protected party's home and generates foul odors and discomfort, which is a threat to the health of its inhabitants and of the people who visit the property; in addition, the economic activity of the protected companies is being harmed. He adds that the problem also harms the Escuela Juan Santamaría, affecting the health of minors and their passage through that sector. Consequently, he requests the intervention of this Chamber. 2.- By resolution at 10:59 hours on 15 April 2025, the Presidency of the Chamber cautioned the appellant as follows: “• Whether you have formally and in writing filed the corresponding action to report to the appealed authorities the situation you describe in the filing brief for this appeal; • If your answer is affirmative, you must provide complete, legible copies with the corresponding proof of receipt or email transmission of the reports you filed; • If you have received any resolution, you must clearly indicate the result obtained and provide the documentation generated on the occasion of such proceedings; • If such reports are pending resolution as of the date of filing of this appeal, you must also expressly state so to this Chamber; • Likewise, if you have not filed your report formally and in writing, you must clarify so. • Additionally, you must indicate the dates on which you submitted the notices to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Similarly, you must provide any additional evidence on which your statement is based.” 3.- Through a written submission received at the Secretariat of the Chamber at 17:54 hours on 15 April 2025, the appellant complied with the caution. 4.- By resolution at 21:23 hours on 25 April 2025, the Presidency of the Chamber deemed the caution contained in the resolution at 10:59 hours on 15 April 2025 to be complied with and granted leave to proceed with this amparo appeal. Furthermore, a report was requested from the General Manager of ICAA and the Mayor of Curridabat regarding the facts alleged by the appellant. 5.- María Alejandra Mora Segura, in her capacity as General Manager of ICAA, reports under oath (submission presented at 15:12 hours on 02 May 2025) in the following terms: “I Actions taken: Actions taken to resolve the complaint: ACTIVITIES RESPONSIBLE PARTY DURATION / ESTIMATED TIMEFRAME Addressing OS 51398601 Type of Fault: Unblocking José Luis Ugalde Herra MCyE Area 2 calendar days - Completed Addressing OS 51398623 Type of Fault: Unblocking José Luis Ugalde Herra MCyE Area 2 calendar days – Completed I Activities in process: In this case, no pending actions are defined under the responsibility of AyA or any other institution. II. Response to the Facts: SOLE: Through report DRyT-MCER-2025-00253, it is indicated that the facts were addressed by this Institute prior to the transfer notified on 28 April 2025, and furthermore, a specific response is provided: “(…) 1. The Dirección de Recolección y Tratamiento GAM has no evidence of the 10 notices that Mr. Nombre02 indicates he made; likewise, in the work order registry that enters this Directorate from the Institutional commercial system OPEN, there is no complaint or Work Order in the name of Mr. Nombre03. 2. For the year 2024, in relation to service number CED03, which is the service number of the property in question, there is only a record in the OPEN system in the name of Mr. Nombre04, ID CED04, email ...01, which are not related to requests for attention to blockages in the institution's general sanitary sewer network. 3. For the year 2025, there is no record of interactions in the Institution's commercial systems in the name of Mr. Nombre03, ID Telf02 (An Interaction is any communication a client makes to the Institution through any of the official communication channels available to the Institution, whether social media, the Institutional WhatsApp, the 800 line, commercial agencies, etc.). 4. Only 2 work orders entered this Directorate to address a general network blockage at said point; the corresponding orders were OS 51398623, in the name of Nombre05, and order OS 51398601, in the name of Cynthia Bustos Guadamuz. Both orders were generated on 08-04-25, inspected on 9-04-25, and resolved on 10-04-25. 5. On 09-04-25, the prior or preliminary inspection of said orders was carried out in the afternoon, whereby it was confirmed and determined that the general wastewater network was blocked on the public road and affecting the neighbors in the area at said point. After performing the preliminary inspection, a visit by the unblocking team was scheduled for the next day first thing in the morning. 6. On 10-04-25, priority was given to said blockage, which was addressed starting at 6:30 am. The blockage situation was satisfactorily resolved by the subcontractor company of AyA, which withdrew from the site after 7:30 am that same day. 7. To address said general network blockage, OS 51398623 was used, but upon finishing this activity, it was determined that one of the nearby homes had a blockage in its corresponding service connection or lateral, as it had filled up due to all the material from the network flowing back into the homes when the general sanitary sewer network was blocked; therefore, order OS 51398601 was used to immediately address said blockage in the lateral that had been compromised. 8. Upon finishing the work, the personnel of the company contracted for the sanitary sewer network maintenance service cleaned the gutters, sidewalks, and public street so they would be as clean as possible. 9. Following are photographs of the site after the indicated work orders were addressed: (…) Image 1. Dwelling with service number NIS 341-7364. (…) Image 2. Dwelling with service number NIS 341-7364. (…) Image 3. Dwelling addressing blocked lateral connection. (…) Image 4. Public road in front of dwellings addressing blocked lateral connection and with service number NIS 341-7364. SUBSTANTIVE CONSIDERATION Although the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for providing the inhabitants of the republic with a service for the collection and evacuation of blackwater in urban areas, as defined in articles 1 and 2 of the Constitutive Law of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726, the truth is that this provision is not unrestricted. On repeated occasions, this same Chamber has dimensioned the scope of that legislation, since the issue of sanitation entails that of public investment, which goes beyond the financial capacity of the Institution and involves the State itself. Within the framework of the powers originating in Law 2726 and the immediate response capacity, the complaint filed was addressed, and the due maintenance and repair were carried out, such that the system at the location of the events currently functions correctly. Along this same line of investment, the TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN OCTAVA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A, through Resolution No. 112-2018 at nine thirty hours on the nineteenth of December, two thousand eighteen, ruled as follows.: ‘…, all persons are obliged to carry out the corresponding drainage, and shall be responsible for their properties having a system for the disposal of excreta and blackwater and greywater, duly approved by the Ministry, with the users of the dwellings being obliged to maintain such systems in good working condition; it being prohibited to discharge waste without prior authorization from the health authority and without complying with the corresponding requirements, avoiding the contamination of water sources or courses, soil, and air, or any other risk to human health derived from the inadequate evacuation of drains. (arts. 286-292, 308,310,311). That is, this Chamber considers that in the present case it is more than evident that the neighbors and plaintiffs have caused environmental contamination by dumping their excreta and blackwater into a sewer system lacking an interconnection that is, moreover, being discharged into the local river, contaminating all other populations downstream. - For the foregoing reasons, this claim is rejected, given that the cited regulations grant what is sought to the jurisdiction of AyA, an entity that, according to convenience and resource availability to achieve timely interconnection, is protected by technical design, administrative procurement, and economic aspects.-…’ PETITION May the Constitutional Chamber take into account the actions that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has executed in fulfillment of its purposes and within the framework of its powers. Therefore, it has evidently not disobeyed or violated constitutional or environmental norms, guarantees, or principles; within the scope of its jurisdiction and response capacity, the complaint was addressed, and the maintenance and correction works were carried out prior to the transfer of the Hearing for this amparo appeal, with the system at the location of the events currently functioning correctly. Thus, the appeal filed against AyA must be declared without merit in all its aspects.” 6.- Errol Andrés Solano Bolaños, in his capacity as Mayor of Curridabat, reports under oath (submission presented at 15:54 hours on 05 May 2025) in the following terms: “1. REGARDING THE ABSENCE OF PROCEDURES FILED BY THE PROTECTED PARTY AND THE APPELLANT. As is evident from the amparo appeal case file - from the appellant party's own statement - and as confirmed in official letter MCDGV-0555-05-2025 signed by Engineer Gustavo Mora Fonseca in his capacity as Professional Analyst of the Dirección de Gestión Vial, prior to the filing of the amparo appeal, no action was filed by the appellant or the protected parties before the Municipalidad de Curridabat related to what was set forth in the amparo appeal brief. 2. REGARDING MUNICIPAL JURISDICTION IN THE TREATMENT OF BLACKWATER. As indicated in the third point of the report issued through official letter MC-DGV0555-05-2025 signed by Engineer Gustavo Mora Fonseca in his capacity as Professional Analyst of the Dirección de Gestión Vial, the collection and treatment of sanitary water is not a municipal jurisdiction, because in the Cantón de Curridabat management is done through infiltration fields (drainage and septic tanks) or through the sanitary sewer network, which falls under the jurisdiction of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3. REGARDING THE ATTENTION TO THE WASTEWATER PROBLEM ON THE SIDEWALK AND PUBLIC AREA (RIGHT OF WAY). Based on the report issued in the aforementioned official letter MC-DGV-0555-05-2025, specifically in the second point, it is evident that through procedure No. 8843-2025, filed on 9 April 2025, but by Mr. Nombre06 - who is neither an appellant nor one of the protected parties - the following was requested: (…) Based on this, an inspection was carried out on the site, and a blackwater leak from a private property onto the sidewalk and public roadway was verified, originating from the sanitary lateral connection on the private property, real folio No. 170328, for which interventions were made that allowed draining the water pooled in the public space. Mr. Nombre06 was given a response through official letter MC-DGV0531-04-2025, which was notified on 28 April 2025. As indicated in official letter MC-DGV-0555-05-2025, no spills, accumulation, or leaks occur at the site in the public space; on 2 May 2025 (the business day following notification of the amparo appeal), a new inspection was carried out on the site, and it was verified that the storm drain catch basin in front of the dwelling is in good condition and optimal functioning. It is evident from the photographs provided with the filing of the amparo appeal that the problem originates in the private space, and the existing elements in the public space show no apparent faults in their functioning. Thus, it is evident from official letter MC-DGV-0555-05-2025 - which is attached - that even though it is not a municipal jurisdiction, intervention on the site proceeded based on the action carried out by a third party who is not part of the amparo appeal - neither as appellant nor as protected party - because the Municipalidad de Curridabat has been carrying out interventions in public areas, through works for the reconstruction and expansion of sidewalks, in order to generate better conditions for road safety, more space for pedestrian mobility, and greater safety for the students and caregivers associated with the educational activity in that area. 4. PETITION Based on the considerations set forth in this submission and specifically detailed in official letter MC-DGV-0555-05-2025, it is requested that, with respect to the Municipalidad de Curridabat, the amparo appeal be declared without merit, because, even though the wastewater sewer system is not a municipal jurisdiction, my represented party, using its own resources, addressed the problem regarding the public area (right of way), even prior to the notification of the amparo appeal and addressing the request made by a third party who is not a party to this process.” 7.- The legal procedures have been observed in the proceedings conducted. Drafted by Magistrate Fernandez Acuña; and, Considering: I.- Purpose of the appeal. The appellant alleges that the protected party Nombre02 is the owner of the property registered in the San José registry, folio 170328-003, located in San José, north side of the Parque de Curridabat, adjacent to the Escuela Juan Santamaría. He indicates that on the public road located in front of said property there is a blackwater leak that floods the property, affects traffic, and harms the educational center adjacent to the land. He details that the property houses the protected party's family home and also functions as the office for the companies Industrial CASJIM ICJ S.A. and Vinos Valle del Elqui S.A. He argues that his represented party called the line provided by ICAA for these purposes, namely telephone Telf01, on 10 occasions on 8 and 9 April 2025, and filed 10 fault reports. However, as of the date this amparo appeal is filed, no visit or repair has been made, nor have the reports been addressed. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondents have omitted to refer to them as provided in the initial order: 1) The collection and treatment of sanitary water in the cantón of Curridabat is done through infiltration fields (drainage and septic tanks) or the sanitary sewer network of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see report from the appealed mayor). 2) For the year 2024, in relation to service number NIS 341-7364, which is the service number of the property in question, there is only a record in ICAA's institutional commercial system OPEN in the name of Mr. Nombre04, ID CED04, email ...01, which is not related to requests for attention to blockages in the institution's general sanitary sewer network (see report from the General Manager of ICAA and evidence provided). 3) For the year 2025, there is no record of interactions in ICAA's commercial systems in the name of the protected party (see report from the General Manager of ICAA). 4) Only 2 work orders entered the Dirección de Recolección y Tratamiento GAM of ICAA to address a general network blockage at the point referred to by the appellant. The corresponding orders were OS 51398623, in the name of Nombre05, and OS 51398601 in the name of Cynthia Bustos Guadamuz. Both were generated on 08-04-25, inspected on 09-04-25, and resolved on 10-04-25 (see report from the General Manager of ICAA and evidence provided). 5) Through procedure No. 8843-2025 filed on 09 April 2025 before the Municipalidad de Curridabat, Mr. Nombre06 reported a wastewater problem on the sidewalk and public area (right of way). Despite this not being the jurisdiction of the appealed municipality, an inspection was carried out on the site and a blackwater leak from a private property onto the sidewalk and public roadway was verified, originating from the sanitary lateral connection on the private property, real folio No. 170328, for which interventions were made that allowed draining the water pooled in the public space. The complainant was given a response through official letter No. MC-DGV-0531-04-2025 notified on 28 April 2025 (see report from the appealed mayor and documentary evidence provided). III.- Unproven fact. The following fact of relevance for the resolution of this amparo appeal is considered unproven. Sole. That prior to the filing of the amparo appeal, the appellant or the protected parties filed any action before the Municipalidad de Curridabat related to what was set forth in the amparo appeal brief (see report from the appealed mayor and documentary evidence provided). IV.- Regarding the specific case. Repeatedly, this Tribunal has indicated that the constitutional avenue should not substitute the active Administration in its competencies, nor is it a complaint-processing body. The foregoing is not the same as exhausting the administrative avenue but is the simple admission that this Chamber should not directly substitute the will of the Administration and supplant public offices in the management of matters within their competence. In this regard, this Tribunal stated in judgment No. 2019-017163 at 10:10 hours on 10 September 2019, reiterated, among others, in judgment No. 2020-000239 at 10:30 hours on 07 January 2020, the following: "II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant party comes directly to this Tribunal to report a problem of a lack of public restrooms, without alleging or proving having approached the appealed municipality to formally file the corresponding action. Now, as has been repeatedly stated, this Tribunal should not substitute the active Administration in its competencies nor is it a complaint-processing body. Therefore, coming directly to this venue, without first filing the corresponding complaints before the competent authorities, prevents attributing an illegitimate omission that violates the fundamental rights of persons. Thus, it is necessary for the protected party to first approach the appealed authorities to formally file the alleged claim, so that they may take the pertinent measures to resolve the reported problem or, failing that, establish their claim in the ordinary legality avenue. This is without prejudice to the protected party coming to the constitutional avenue, after an unreasonable period has elapsed without effective action by the Administration and provided there is a threat or injury to a fundamental right." Thus, such considerations are applicable to the sub iudice, since no reasons exist to vary the transcribed criterion. Note that in the specific case, the General Manager of ICAA reports that the Dirección de Recolección y Tratamiento GAM has no evidence of the 10 notices that Mr. Nombre02 indicates he made. Likewise, in the work order registry that enters that Directorate from the Institutional commercial system OPEN, there is no complaint or work order in his name. She adds that only 2 work orders from other complainants entered to address a general network blockage at the point referred to by the appellant, which have already been addressed and the problem corrected. An omission to report that the Mayor of Curridabat likewise observes, as he indicates that, prior to the filing of the amparo appeal, no action was filed by the appellant or the protected parties before that council related to what was set forth in the filing brief. He also notes that another citizen reported a similar problem, which was addressed. Thus, despite what was alleged by the appellant without providing proof of his statement, since it is not verified that the protected party had previously reported to ICAA and the Municipalidad de Curridabat the facts he accuses in this appeal, any omission by both authorities susceptible to being declared in this summary amparo channel is ruled out a priori. As was properly indicated in the precedent cited ut supra, the interested person must approach the competent administrative authorities for the purpose of making known the specific accused situations and thus allow them to take the appropriate actions, if applicable. In this context, the appeal filed is inadmissible. V.- Conclusion. By virtue of the foregoing, since no violation of the fundamental rights of the protected party is observed, the appropriate course is to dismiss this amparo proceeding. VI.- NOTE BY MAGISTRATE RUEDA LEAL. I consider it pertinent to warn that, since judgment no. 2019002355 at 9:30 on 12 February 2019, my position has been the following in relation to amparo appeals when these have been filed on behalf of a legal entity: “in Advisory Opinion 22-16 of 26 February 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition to legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the truth is that 'Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.' On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court provided that, in certain particular contexts, natural persons may come to exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case of Nombre07 et al. against Venezuela); however, for this to be subject to protection before the inter-American system, 'the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, because a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons are indeed being protected and not those of the legal entities. Indeed, one must prove beyond the simple participation of the natural person in the activities specific to the legal entity, so that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.' (emphasis added) (OC. 22/16)”. In the case at hand, it can be inferred from the case records that an essential relationship exists between the natural person and the legal entity, since - according to the filing brief - the protected party lives on the property that also functions as the office for the companies Vinos Valle del Elqui S. Nombre08. and Industrial CASJIM ICJ S. A. Therefore, I deem it appropriate to analyze the substance of the matter in order to determine the violation or not of the allegedly aggrieved fundamental right. VII.- Note by Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, the knowledge and resolution of the matter corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the substance of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Political Constitution), as occurs in this case, where the appellant denounces the alleged environmental contamination due to a blackwater leak on the public road located in front of his property. He asserts that it floods it; furthermore, it affects transit and harms the educational center adjacent to the land, a situation reported to ICAA and the Municipalidad de Curridabat. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, so I deem it necessary for this Constitutional Tribunal to analyze the substance of the matter, in order to verify or dismiss the allegations of the appellant party. VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is declared without merit. Magistrate Rueda Leal records a note. Magistrate Salazar Alvarado signs a note. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ana Cristina Fernandez A. Rosibel Jara V. Digitally Signed Document -- Verification code -- 247MZYAFD80W61 CASE FILE N° 25-010212-0007-CO Telephones: Telf03/ ALA-4TA (Telf04). Fax: Telf05 / Telf06. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:17:43. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República