Res. 16876-2025 Sala Constitucional — Telecom tower installation does not threaten health or environmentInstalación de torre de telecomunicaciones no amenaza salud ni ambiente

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16876 - 2025

Fecha de la Resolución: 03 de Junio del 2025 a las 10:25

Expediente: 25-014597-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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EXPEDIENTE N° 25-014597-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

RESOLUCIÓN Nº 2025016876

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas veinticinco minutos del tres de junio de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula  de identidad nro. CED01, a su favor y de Nombre02, cédula de identidad nro. CED02, ambas vecinas de Mercedes Norte de Heredia, Dirección01, contra Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima, la alcaldesa y el presidente del Concejo Municipal, ambos de la Municipalidad de Heredia, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la presidenta del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el ministro de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, el viceministro de Gestión Ambiental y Energía y el presidente de la Comisión de Coordinación para la Instalación y Ampliación de infraestructura de Telecomunicaciones.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 10:36 horas del 23 de mayo de 2025, la recurrente estima que sus derechos fundamentales han sido vulnerados por la instalación de una torre de telecomunicaciones a la par de su casa, específicamente en la acera. Afirma que es una persona que presenta los siguientes padecimientos: aneurisma cerebral e infartos múltiples, esclerosis múltiple, secuelas físicas (afectación motora gruesa y fina y falta de equilibrio, entre otras) y afectación en el sistema nervioso. Expone que es está pensionada por invalidez y se me moviliza en silla de ruedas. Añade que toma un medicamento para la esclerosis múltiple, medicación psiquiátrica y recibe terapia física y psicológica. Alega que no recibió ningún aviso ni se comunicaron con su persona para abordar el tema sobre mis preocupaciones y los de los residentes. Aduce que, a los cien metros de distancia de la que están instalando, ya existe otra torre de telecomunicaciones de la empresa Claro. Asegura que, según estudios, los efectos de la radiofrecuencia documentados en investigaciones científicas incluyen mayor riesgo de cáncer, estrés celular, dolores de cabeza, problemas de sueño, daño genético, cambios en el sistema reproductivo, déficits de memoria e impactos en el sistema nervioso. Afirma que las investigaciones han demostrado que la dosis acumulada de radiofrecuencia de las torres de telefonía móvil puede resultar en una exposición significativa con el tiempo. La exposición a la radiación de las torres de telefonía móvil es constante día y noche. Puede apagar su celular, pero no puede apagar una torre de telefonía móvil. Indica que se ve afectado el valor de la propiedad cuando existe una torre de telecomunicaciones. Manifiesta que el artículo 396 establece que “la necesidad de una franja de amortiguamiento alrededor de la infraestructura de telecomunicaciones, para facilitar el mantenimiento y conservación de la misma, lo que podría afectar el uso de la zona residencial. Cuando la instalación se pretenda ubicar en predios compartidos con otros usos, se deben respetar las disposiciones establecidas en el artículo sobre seguridad humana y de protección contra incendios de este Capítulo”. Añade que el ordinal 18 se “enfoca en el impacto visual y la estética de las torres de telecomunicaciones, especificando que deben tener ciertos requisitos de orden y composición para evitar un impacto visual negativo en la zona residencial”. Asegura que las normas municipales “también pueden incluir regulaciones sobre la altura de las torres, la distancia mínima a edificios residenciales y la necesidad de estudios de impacto ambiental antes de la instalación”. Sostiene que el reglamento de licencias municipales “suele incluir disposiciones sobre la estética de las torres, como la prohibición de mimetización o camuflaje, a menos que sea autorizado por las autoridades  municipales por razones patrimoniales o arquitectónicas”. Expone que, durante “el trámite de la licencia constructiva, se evalúan los planos de la torre para garantizar que cumplen con los requisitos estéticos y de impacto visual establecidos”. Sostiene que, aunque “la evidencia científica actual no demuestra efectos perceptibles en la salud por la exposición a las ondas de radiofrecuencia de las torres de telefonía móvil, es comprensible que las personas tengan preocupación al respecto” y algunos “estudios han encontrado cambios cromosómicos en residentes que viven cerca de torres de telefonía celular, lo que ha generado preocupación sobre los posibles efectos a largo plazo”. Manifiesta que, en “resumen, la instalación de una torre de comunicaciones en zona residencial puede generar afectaciones en la zona, como la restricción de espacios para el tránsito, el impacto visual y la preocupación por la salud de los residentes”. Indica que el “plan de urbanismo de la zona puede incluir restricciones sobre la instalación de torres de telecomunicaciones en zonas residenciales. Se pueden utilizar los reglamentos urbanísticos para argumentar que la instalación de una torre no es compatible con el uso del suelo”. Alega que los “propietarios de un residencial tienen derecho a que su propiedad no sea perjudicada por la instalación de una torre de telecomunicaciones. Se puede argumentar que la instalación de la torre afecta la calidad de vida, el valor de las propiedades y el disfrute del entorno”.  Aduce que la “legislación sobre antenas suele establecer restricciones para la ubicación de torres de telecomunicaciones, especialmente en áreas sensibles o cerca de edificios residenciales. Estas restricciones pueden incluir distancias mínimas, alturas máximas o la prohibición de instalar torres en ciertas zonas. El procedimiento de instalación de antenas y sus respectivas torres de soporte establecido en la Ley de Antenas, señala que la comunidad afectada por la instalación de las mismas tendrá el derecho a participar en la decisión respecto de cual de las opciones antes descritas debe adoptarse”. Insiste que algunas “investigaciones sugieren que la exposición a la radiación de radiofrecuencia de las torres de telefonía móvil podría tener efectos en la salud”. Continúa que las “torres de telecomunicaciones pueden afectar negativamente el paisaje urbano y la estética de un residencial. Se puede argumentar que su presencia desmerece el valor de las propiedades y afecta la calidad de vida de los residentes”. Apunta que se “puede solicitar a las empresas de telecomunicaciones que realicen un estudio de impacto ambiental para evaluar los efectos de la instalación de la torre en el entorno y en la salud de los residentes”. Hace mención a los artículo 7, 9 y 11 del Reglamento de licencias municipales para infraestructura de telefonía celular.  Alega, finalmente, que el artículo 41 de la Ley 7600 establece que: “Artículo 41- Especificaciones técnicas reglamentarias. Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de propiedad pública deberán efectuarse conforme a las especificaciones técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de la materia.” Solicita, la recurrente, que se “quite la torre de telecomunicaciones de la empresa Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima de la acera que está afuera de mi casa, ya que afecta el paso del transeúnte, violenta mi derecho de transitar libremente por la acera siendo una persona discapacitada me manejo con bastón y en algunas ocasiones he requerido de la silla de ruedas. Que tomen en consideración que tenemos una torre instalada a cien metros de la otra. Somos residentes que nos vemos afectados con dos torres colocada en el mismo sector. A futuro provoca afectación en la salud”.

 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente cuestiona la intención de colocar una torre de comunicaciones cerca de su casa, pues, alega que esto le puede generar diversos perjuicios, incluida una posible afectación a su salud y a su patrimonio. Aduce que ya existe otra torre de comunicaciones a "cien metros de distancia". Reclama, en particular, que la instalación de esta nueva torre puede afectar el tránsito peatonal por la acera.

II.- INADMISIBILIDAD DEL AMPARO. Prima facie, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la instalación de la referida torre, previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa infraconstitucional aplicable y en atención a los criterios técnicos que rigen la materia. Así, recientemente, en voto nro. 2019-020958 de las 09:30 horas del 29 de octubre de 2019, este Tribunal consideró lo siguiente:

“II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En este caso, los recurrentes acuden ante esta Jurisdicción por su disconformidad con un permiso de uso de suelo otorgado por la municipalidad recurrida para la construcción de una torre de telecomunicaciones en El Tablón de El Guarco. Al respecto, esta Sala ha reiterado en su jurisprudencia los siguientes criterios:

“III.- SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE E INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. En relación con torres de telecomunicaciones, ha dicho ya, reiteradamente, este Tribunal que no hay evidencia que pongan en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. Por ejemplo, en la sentencia No. 2010-014449 de las 8:54 hrs. del 31 de agosto de 2010, se indicó:

“… en lo relativo al eventual impacto que podría tener la instalación y puesta en funcionamiento de tales torres en la salud de la población, tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como la Secretaria Técnica Nacional Ambiental coinciden en sus informes -que son rendidos bajo la solemnidad del juramento, con oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, que, según los estudios científicos que se han efectuado, tanto en el ámbito internacional como nacional, no existe evidencia de que la operación de tales torres suponga un riesgo o amenaza para la salud de las personas y, por el contrario, se ha determinado que sus emisiones son de tan baja potencia que resultan inocuas para la salud…”.

Además, en la sentencia No. 2003-003419 de las 15:54 hrs. del 29 de abril del 2003, este Tribunal indicó:

“…En el presente asunto, el accionante no impugna un acto administrativo concreto, sino los posibles efectos que la instalación de la torre celular de Cerro Plano de Monteverde pueda tener sobre la salud de la población y el medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en consideración que los trabajos realizados están fundados en el ejercicio del servicio público que le corresponde a la entidad accionada. Adicionalmente, de la documentación que consta en autos, no quedó demostrado fehacientemente que existan riesgos para la salud de la población o el medio ambiente que deriven de la exposición a esos campos electro-magnéticos, pues el Instituto Costarricense de Electricidad, en el informe que rinde bajo fe de juramento, ha indicado que las estaciones base son de baja potencia y cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en el Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE del 25 de enero de 2001, por lo que los niveles de exposición a radiación en radiofrecuencias son generalmente muy bajos. Sobre el particular, la comunidad científica internacional, está de acuerdo en que la potencia generada por estas antenas de estaciones base de telefonía móvil es demasiado baja para producir riesgos para la salud. . . "

Posición que se reiteró en sentencias No. 2004-007890 de las 15:37 hrs. del 20 de julio del 2004 y No. 2006-014550 de las 10:35 hrs. del 29 de setiembre del 2006. Por lo que este Tribunal concluye, a la luz de los elementos de convicción aportados al proceso y a la información científica que existe a la fecha, que, en general, la instalación de la torres de telefonía celular no implican una amenaza o riesgo indebido para la salud de las personas o para el medio ambiente. (Véase, en este sentido, la sentencia No. 2011-002545 de las 15:55 hrs. del primero de marzo del 2011). Aparte de que en el presente asunto, ha informado el alcalde de Tibás que la torre que objetan los recurrentes cuenta con todos los permisos de las Instituciones involucradas, así como con el permiso constructivo correspondiente. (Sentencia 2016007163 de  09:20 del 27 de mayo de 2016)

(…)

Por otra parte en la sentencia 2016005857 de las catorce horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, dispuso lo siguiente:

(…) 

III.- SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y EL DERECHO A LA SALUD.- Los recurrentes acusan, asimismo, que la torre de telecomunicaciones cuestionada violenta su derecho a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, el tema de de la instalación de torres de telecomunicaciones y telefonía celular, al ser de interés público, ya ha sido ampliamente tratado por esta Sala. De esta manera, en el pronunciamiento N° 2013-006649 de las diez horas veinte minutos del diecisiete de mayo de dos mil trece, la Sala dispuso lo siguiente:

“SOBRE LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELEFONÍA CELULAR. Tratándose de la instalación de torres transmisoras de señal celular, la Sala Constitucional ha determinado que se trata de un tema de interés público que excede la esfera de lo local o cantonal que atañe a la órbita de lo nacional e incluso se proyecta al terreno del Derecho Internacional Público …

(...)

IV.- SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA OBRA. Por último, visto que los recurrentes aseguran que no existe evidencia de el proyecto objetado cuente con los permisos de ley, debe indicarse que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, de modo que no está llamada revisar si una torre de telecomunicaciones cumple o no los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, pues se trata de una labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta forma, al pronunciarse sobre un caso análogo, en sentencia N° 2012-006792 de las quince horas cinco minutos del veintidós de mayo de dos mil doce, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“En cuanto a lo alegado por los recurrentes en relación con el supuesto irrespeto de la autoridad recurrida en cuanto a la distancia que debe haber entre una torre de telefonía celular y otra, pues ambas estructuras se encuentran a menos de 250 metros de distancia. Cabe indicar que esta Sala no puede entrar a determinar si la Municipalidad de Alajuela ha cumplido o no con lo establecido en el Plan Regulador de la zona al momento de otorgar los permisos de construcción a la empresa Claro para levantar una torre de telefonía celular, pues ello constituye un asunto de legalidad que deberá ser alagado ante la propia corporación municipal recurrida a través de los recursos que la ley les prevé al efecto. Por lo que el recurso es inadmisible en este sentido”.

 Por ello, deberán los recurrentes plantear su inconformidad o reclamo ante las autoridades recurridas o en la vía jurisdiccional competente, sedes en las cuales podrán, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.” (el destacado no corresponde al original)

Consideraciones plenamente aplicables al sub judice. De esta forma, si la recurrente estima que resulta improcedente la instalación de la referida torre, por no ajustarse a los requerimientos normativos y técnicos impuestos por la normativa que rige la materia, lo procedente es que formule sus reproches ante las instancias ordinarias competentes, tanto administrativas como jurisdiccionales, para que estas puedan examinar -con la debida amplitud probatoria- tal situación.

III.- Por lo demás, de la propia prueba aportada a los autos se desprende que el 15 de mayo de 2025 (sea, pocos días antes de la interposición de este recurso), la amparada Nombre02 ya formuló su disconformidad ante la Municipalidad de Heredia con respecto a la instalación de la referida torre y alegó una posible afectación al libre tránsito peatonal por la acera. Se constata, además, que ya se dio trámite a dicha denuncia. En cuyo caso, no corresponde que esta Sala sustituya a la municipalidad en sus funciones, a fin de investigar los hechos recién denunciados. Será ante tal instancia administrativa que la amparada podrá formular sus reparos y alegatos, así como aportar la prueba que estima pertinente, para que pueda tomarse en consideración en tal procedimiento. 

IV.- EN CONCLUSIÓN. Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano el presente amparo, como así se dispone.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se rechaza de plano el recurso. 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ronald Salazar Murillo

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 XSWXQR47GLUO61

EXPEDIENTE N° 25-014597-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:18:47.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

CONSTITUTIONAL CHAMBER

Resolution No. 16876 - 2025

Resolution Date: June 3, 2025 at 10:25 a.m.

Expediente: 25-014597-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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EXPEDIENTE N° 25-014597-0007-CO

PROCEEDING: AMPARO APPEAL

RESOLUTION Nº 2025016876

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours twenty-five minutes on the third of June, two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre01, identity card no. CED01, on her own behalf and on behalf of Nombre02, identity card no. CED02, both residents of Mercedes Norte de Heredia, Dirección01, against Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima, the mayor and the president of the Municipal Council, both of the Municipalidad de Heredia, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, the president of the Council of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), the Minister of Ambiente Energía y Telecomunicaciones, the Vice-Minister of Gestión Ambiental y Energía, and the president of the Comisión de Coordinación para la Instalación y Ampliación de infraestructura de Telecomunicaciones.

Resultando:

1.- By a brief received by this Chamber at 10:36 a.m. on May 23, 2025, the appellant contends that her fundamental rights have been violated by the installation of a telecommunications tower next to her house, specifically on the sidewalk. She affirms that she is a person who suffers from the following conditions: cerebral aneurysm and multiple infarctions, multiple sclerosis, physical sequelae (gross and fine motor impairment and lack of balance, among others), and impairment of the nervous system. She states that she has a disability pension and gets around in a wheelchair. She adds that she takes medication for multiple sclerosis, psychiatric medication, and receives physical and psychological therapy. She alleges that she received no notice nor did they communicate with her to address the issue regarding my concerns and those of the residents. She submits that, one hundred meters away from the one they are installing, there already exists another telecommunications tower belonging to the company Claro. She asserts that, according to studies, the effects of radiofrequency documented in scientific research include an increased risk of cancer, cellular stress, headaches, sleep problems, genetic damage, changes in the reproductive system, memory deficits, and impacts on the nervous system. She affirms that research has shown that the accumulated dose of radiofrequency from cell phone towers can result in significant exposure over time. Exposure to radiation from cell phone towers is constant day and night. You can turn off your cell phone, but you cannot turn off a cell phone tower. She indicates that property value is affected when a telecommunications tower exists. She states that Article 396 establishes that “the need for a buffer strip (franja de amortiguamiento) around telecommunications infrastructure, to facilitate its maintenance and conservation, which could affect the use of the residential zone. When the installation is intended to be located on premises shared with other uses, the provisions established in the article on human safety and fire protection of this Chapter must be respected.” She adds that ordinal 18 “focuses on the visual impact and aesthetics of telecommunications towers, specifying that they must have certain requirements of order and composition to avoid a negative visual impact on the residential zone.” She asserts that municipal regulations “may also include regulations on the height of the towers, the minimum distance to residential buildings, and the need for environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) before installation.” She maintains that the municipal licensing regulations (reglamento de licencias municipales) “usually include provisions on the aesthetics of the towers, such as the prohibition of mimetization or camouflage, unless authorized by municipal authorities for heritage or architectural reasons.” She states that, during “the processing of the construction license, the tower plans are evaluated to ensure they comply with the established aesthetic and visual impact requirements.” She maintains that, although “current scientific evidence does not demonstrate perceptible health effects from exposure to radiofrequency waves from cell phone towers, it is understandable that people have concerns about this” and some “studies have found chromosomal changes in residents living near cell phone towers, which has generated concern about possible long-term effects.” She states that, in “summary, the installation of a communications tower in a residential zone can cause impacts in the area, such as the restriction of transit spaces, visual impact, and concern for the health of residents.” She indicates that the “urban planning plan (plan de urbanismo) for the zone may include restrictions on the installation of telecommunications towers in residential zones. Urban planning regulations may be used to argue that the installation of a tower is not compatible with land use (uso del suelo).” She alleges that “the owners of a residential property have the right that their property not be harmed by the installation of a telecommunications tower. It can be argued that the installation of the tower affects the quality of life, property values, and the enjoyment of the environment.” She submits that “antenna legislation (legislación sobre antenas) usually establishes restrictions for the location of telecommunications towers, especially in sensitive areas or near residential buildings. These restrictions may include minimum distances, maximum heights, or the prohibition of installing towers in certain zones. The procedure for installing antennas and their respective support towers established in the Ley de Antenas, indicates that the community affected by their installation shall have the right to participate in the decision regarding which of the options described above must be adopted.” She insists that some “research suggests that exposure to radiofrequency radiation from cell phone towers could have health effects.” She continues that “telecommunications towers can negatively affect the urban landscape and the aesthetics of a residential area. It can be argued that their presence diminishes property values and affects the quality of life of residents.” She points out that “telecommunications companies can be asked to carry out an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to evaluate the effects of the tower's installation on the environment and on the health of residents.” She mentions Articles 7, 9, and 11 of the Municipal Licensing Regulations for Cellular Telephone Infrastructure (Reglamento de licencias municipales para infraestructura de telefonía celular). She alleges, finally, that Article 41 of Law 7600 establishes that: “Article 41- Regulatory technical specifications. New constructions, expansions, or remodeling of buildings, parks, sidewalks, gardens, plazas, roads, sanitary services, or other public property spaces must be carried out in accordance with the regulatory technical specifications of the public and private bodies in charge of the matter.” The appellant requests that “the telecommunications tower of the company Ufinet Costa Rica Sociedad Anónima be removed from the sidewalk that is outside my house, as it affects pedestrian passage, violates my right to freely transit on the sidewalk since, being a disabled person, I use a cane and on some occasions I have required a wheelchair. That they take into consideration that we have a tower installed one hundred meters from the other. We are residents who are affected by two towers placed in the same sector. In the future, it causes health effects.”

2.- Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its presentation, any petition brought to its attention that turns out to be manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is the mere reiteration or reproduction of a previous, identical or similar, rejected petition.

Drafted by Judge Castillo Víquez; and,

Considerando:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant questions the intention to place a communications tower near her house, alleging that this could cause her various damages, including a possible impact on her health and her property. She submits that there already exists another communications tower "one hundred meters away." She complains, in particular, that the installation of this new tower may affect pedestrian traffic on the sidewalk.

II.- INADMISSIBILITY OF THE AMPARO. Prima facie, it is not the duty of this Court to rule on the installation of the aforementioned tower, prior verification of compliance with the requirements provided by the applicable infra-constitutional regulations and in consideration of the technical criteria governing the matter. Thus, recently, in ruling no. 2019-020958 of 09:30 a.m. on October 29, 2019, this Court considered the following:

"II.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In this case, the appellants come before this Jurisdiction due to their disagreement with a land-use permit (permiso de uso de suelo) granted by the respondent municipality for the construction of a telecommunications tower in El Tablón de El Guarco. In this regard, this Chamber has reiterated the following criteria in its jurisprudence:

"III.- ON THE BINOMIAL HEALTH AND THE ENVIRONMENT AND THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. Regarding telecommunications towers, this Court has already stated, repeatedly, that there is no evidence that they endanger the health of people or the environment. For example, in Judgment No. 2010-014449 of 8:54 a.m. on August 31, 2010, it was indicated:

“… regarding the potential impact that the installation and commissioning of such towers could have on the health of the population, both the Instituto Costarricense de Electricidad and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental agree in their reports - which are rendered under the solemnity of an oath, with timely warning of the consequences, including criminal ones, provided for in Article 44 of the Law of Constitutional Jurisdiction - that, according to the scientific studies that have been carried out, both at the international and national level, there is no evidence that the operation of such towers poses a risk or threat to people's health and, on the contrary, it has been determined that their emissions are of such low power that they are innocuous to health…”.

Furthermore, in Judgment No. 2003-003419 of 3:54 p.m. on April 29, 2003, this Court indicated:

“…In the present matter, the petitioner does not challenge a specific administrative act, but rather the possible effects that the installation of the cell tower at Cerro Plano de Monteverde may have on the health of the population and the environment. However, it must be taken into account that the work carried out is based on the exercise of the public service incumbent upon the respondent entity. Additionally, from the documentation on file, it was not conclusively demonstrated that there are risks to the health of the population or the environment deriving from exposure to these electromagnetic fields, since the Instituto Costarricense de Electricidad, in the report it renders under oath, has indicated that the base stations are low power and comply with the technical specifications contained in Decreto Ejecutivo No. 29296-SALUD-MINAE of January 25, 2001, so that the levels of exposure to radiofrequency radiation are generally very low. In this regard, the international scientific community agrees that the power generated by these mobile telephony base station antennas is too low to produce health risks. . . "

A position that was reiterated in Judgments No. 2004-007890 of 3:37 p.m. on July 20, 2004 and No. 2006-014550 of 10:35 a.m. on September 29, 2006. Therefore, this Court concludes, in light of the elements of conviction provided to the proceedings and the scientific information existing to date, that, in general, the installation of cell phone towers does not imply an undue threat or risk to the health of people or to the environment. (See, in this sense, Judgment No. 2011-002545 of 3:55 p.m. on March 1, 2011). Apart from the fact that in the present matter, the mayor of Tibás has reported that the tower that the appellants object to has all the permits from the Institutions involved, as well as the corresponding construction permit. (Judgment 2016007163 of 09:20 on May 27, 2016)

(…)

On the other hand, in Judgment 2016005857 of two thirty p.m. on May three, two thousand sixteen, it ordered the following:

(…)

III.- ON TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE AND THE RIGHT TO HEALTH.- The appellants also accuse that the questioned telecommunications tower violates their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. However, the issue of the installation of telecommunications and cell phone towers, being of public interest, has already been extensively addressed by this Chamber. Thus, in pronouncement No. 2013-006649 of ten twenty a.m. on May seventeen, two thousand thirteen, the Chamber ordered the following:

“ON THE INSTALLATION OF CELL PHONE TOWERS. Regarding the installation of cell signal transmission towers, the Constitutional Chamber has determined that this is a matter of public interest that exceeds the local or cantonal sphere and pertains to the national orbit and is even projected into the field of Public International Law …

(...)

IV.- ON THE GRANTING OF PERMITS FOR THE WORK. Finally, since the appellants assert that there is no evidence that the objected project has the required permits by law, it must be indicated that this Chamber is not a controller of the legality of the actions or resolutions of the Administration, in such a way that it is not called upon to review whether or not a telecommunications tower complies with the requirements established in the current legal regulations, as this is a task proper to the ordinary, administrative or jurisdictional, channels. Thus, upon ruling on an analogous case, in Judgment No. 2012-006792 of three five p.m. on May twenty-two, two thousand twelve, this Court ordered the following:

“Regarding the allegations made by the appellants in relation to the alleged disrespect of the respondent authority concerning the distance that must exist between one cell phone tower and another, since both structures are less than 250 meters apart. It must be indicated that this Chamber cannot determine whether the Municipalidad de Alajuela has complied or not with the provisions of the Zoning Plan (Plan Regulador) for the area at the time of granting construction permits to the company Claro to erect a cell phone tower, as this constitutes a matter of legality that must be alleged before the respondent municipal corporation itself through the resources that the law provides for this purpose. Therefore, the appeal is inadmissible in this regard”.

Therefore, the appellants must raise their disagreement or claim before the respondent authorities or in the competent jurisdictional venue, forums in which they may, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the appeal is unfounded and is so declared." (the emphasis does not correspond to the original)

Considerations fully applicable to the sub judice. Thus, if the appellant considers that the installation of the aforementioned tower is unfounded, because it does not comply with the regulatory and technical requirements imposed by the regulations governing the matter, the proper course of action is for her to formulate her objections before the competent ordinary instances, both administrative and jurisdictional, so that they may examine - with the due evidentiary scope - such a situation.

III.- Furthermore, from the evidence submitted to the proceedings, it is clear that on May 15, 2025 (that is, a few days before filing this appeal), the protected party Nombre02 already expressed her disagreement before the Municipalidad de Heredia regarding the installation of the aforementioned tower and alleged a possible impact on free pedestrian traffic on the sidewalk. It is also verified that said complaint has already been processed. In which case, it is not appropriate for this Chamber to substitute the municipality in its functions, in order to investigate the facts recently denounced. It will be before such administrative instance that the protected party may formulate her objections and arguments, as well as provide the evidence she deems pertinent, so that it may be taken into consideration in such procedure.

IV.- IN CONCLUSION. As a corollary to the foregoing, it is appropriate to reject outright the present amparo, as is hereby ordered.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is rejected outright.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Digitally Signed Document

-- Verification Code --

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XSWXQR47GLUO61

EXPEDIENTE N° 25-014597-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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