Res. 17901-2025 Sala Constitucional — Administrative omission in the Barucito River protection zone — Amparo partially grantedOmisión administrativa en zona de protección del río Barucito — Amparo parcialmente con lugar

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 17901 - 2025

Fecha de la Resolución: 13 de Junio del 2025 a las 09:20

Expediente: 24-027574-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: MUNICIPALIDAD

Subtemas:

PERMISOS.

Tema: INFORMACIÓN

Subtemas:

DENEGATORIA.

Tema: PETICIÓN

Subtemas:

DENEGATORIA.

017901-25. MUNICIPALIDAD. INFORMACIÓN. PETICIÓN. SE ACUSA LA NEGATIVA DE INFORMACIÓN, SOBRE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADOS A UNA EMPRESA, EN UNA ZONA DE PROTECCIÓN, ADUCIENDO QUE ES DE CARÁCTER PRIVADO. SE ORDENA A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN, : A) PROCEDAN A EJECUTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE CLAUSURA Y DE LOS SELLOS COLOCADOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y LA QUEBRADA SIN NOMBRE, INCLUYENDO INSPECCIONES PERIÓDICAS, CIERRE FÍSICO, ROTULACIÓN VISIBLE Y CONTROL EFECTIVO DEL SITIO Y B) REMITIR A ESTA SALA, EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS ADICIONALES, UN INFORME DETALLADO Y DOCUMENTADO DE LAS ACTUACIONES EJECUTADAS, CON COPIA DE LAS DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN, FOTOGRAFÍAS DEL SITIO, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ADOPTADA Y CUALQUIER MEDIDA DE SEGUIMIENTO. A MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: A) PROCEDAN A COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR LA MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA N.º 0560 DICTADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2024, ADOPTANDO LAS MEDIDAS TÉCNICAS Y LEGALES PARA GARANTIZAR EL RETIRO DE LAS PLATAFORMAS, RAMPAS U OTRAS CONSTRUCCIONES ILEGALES DENTRO DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y LA QUEBRADA SIN NOMBRE Y B) EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS ADICIONALES, REMITAN A ESTA SALA UN INFORME DETALLADO, DE TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS, INCLUYENDO CRONOGRAMA DE ACTUACIONES, RESOLUCIONES TÉCNICAS, INFORMES DE INSPECCIÓN Y MEDIDAS EJECUTADAS O PROGRAMADAS PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO AFECTADO Y C) SE ESTABLEZCAN UN MECANISMO COORDINADO E INTERINSTITUCIONAL DE FISCALIZACIÓN PERMANENTE JUNTO CON LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN EN EL ÁREA AFECTADA, A FIN DE EVITAR NUEVAS CONSTRUCCIONES, OCUPACIONES U OBRAS DENTRO DE ZONAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA SIN EL DEBIDO PERMISO. VCG06/2025

“(…) VI.- EN CUANTO A LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y DE LA QUEBRADA SIN NOMBRE. Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Pérez Zeledón como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano.

En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento.

Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.

Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz.

Este deber requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.

En este caso, las omisiones sostenidas en el cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución por parte del MINAE y de la Municipalidad de Pérez Zeledón han permitido que perdure en el tiempo una situación claramente contraria a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, con afectación no solo a la zona de protección—cuya conservación es de interés público nacional— sino también a los derechos del amparado como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad.

Si bien consta en el expediente que funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE indicaron en el informe técnico correspondiente -oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025- que no se encontró afectación directa al recurso hídrico en sí —es decir, al cauce activo del río o de la quebrada—también quedó fehacientemente consignado que mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 la misma Dirección dictaminó la existencia de dos cauces de dominio público, específicamente el río Barucito y la quebrada Sin Nombre, ambos permanentes y protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense, en los que sus zonas de protección podrían estarse viendo afectadas, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575.

Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente.

Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Pérez Zeledón como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a este punto se declara con lugar el recurso.

VII.- EN CUANTO A LAS GESTIONES DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN FORMULADAS POR EL RECURRENTE. Del análisis integral de los autos y con fundamento en el elenco de hechos probados, esta Sala concluye que no se configura una vulneración al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, consta que el señor Freddy [Nombre 001] presentó el 07 de agosto de 2024 una gestión formal ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, solicitando certificación sobre la existencia de permisos municipales de construcción y de movimientos de tierra otorgados a la empresa Finca La Familia S.A. respecto de dos propiedades. Tal solicitud fue atendida mediante los oficios CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-ACO, remitidos a su correo electrónico el 14 de agosto de 2024, dentro del plazo legal. Posteriormente, ante solicitudes aclaratorias formuladas el 22 de agosto de 2024, la administración respondió mediante el oficio OFI-0473-24-ACO del 23 de agosto del mismo año, reafirmando la inexistencia de permisos en una de las fincas consultadas.

A pesar de que el petente aporta copia de un escrito —sin fecha— en el que solicita al gobierno local recurrido copias del expediente administrativo, no consta que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento se haya negado a recibir dicha gestión -según lo alegado en el libelo de interposición-. No obstante, mediante el oficio OFI-0589-24-ACO del 16 de octubre de 2024, se remitieron al interesado copias parciales del expediente administrativo PDC-0531-2024-ACO, omitiéndose los datos personales sensibles y los planos protegidos por derechos de autor, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N.º 8968) y propiedad intelectual (Ley N.º 6683).

Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso de amparo.

VIII.- CONCLUSIÓN: El recurso se declara parcialmente con lugar, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la presente sentencia. (…)”




... Ver más
Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 027- Petición

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) V.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado. (…)” VCG06/2025

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Precautorio

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PREVENTIVO Y PRECAUTORIO

“(…) VI.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza -plausiblemente debe involucrar un peligro serio-, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente -lo que desnaturalizaría su razón de ser-, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica -véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006-, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Baraona Bray vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”. (...)" VCG06/2025




... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Pro natura

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PRO NATURA

“(…) Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana-2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio-, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018). (…)” VCG06/2025

... Ver más
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA

Tema: Progresividad

Subtemas:

NO APLICA.

PRINCIPIO PROGRESIVIDAD.

“(...) Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). (…)” VCG06/2025

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 24-027574-0007-CO

Res. Nº 2025017901

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de junio de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número No. 24-027574-0007-CO, interpuesto por FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, cédula de identidad CED09, contra la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 02 de octubre de 2024, el recurrente interpone un recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE Nombre01 Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. Manifiesta que en vista de que la empresa denominada Finca La Familia Sociedad Anónima, con cédula jurídica número CED01, representada por Nombre02 está levantando unos enormes puentes colgantes y plataformas de descanso y de observación dentro de los 50 metros de la Zona de Protección de Ríos de la finca de su propiedad número 1- 246334-000, sobre el río denominado Barucito, destruyendo gran cantidad de bosques y sotobosque para abrir espacio para la construcción de dichas obras y con ello reduciendo el hábitat y fuentes de alimentación de la fauna, solicitó ante el Departamento de Control Constructivo de la municipalidad accionada le certificaran o le hicieran constar si dicha empresa cuenta con permiso municipal para construir en las fincas de su propiedad, fincas de San José No. 246334-000 y No. 365366. En respuesta de dicho departamento, a través del oficio No. CNS0280-24-ACO, con fecha 08 de agosto de 2024 se le indicó que la empresa cuenta con el permiso municipal de construcción No. PDC-0531-2024-ACO, para la construcción de senderos accesibles y plataformas de observación por una área de 600 m2, en la finca de su propiedad No. 246334-000. Señala que en razón de que la empresa citada, está levantando las obras indicadas dentro de los 50 metros de protección de ríos y debido a que ante esta Sala existen pendientes para su resolución final sendas acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal y que esta Sala por resolución de las 14:35 horas del 06 de febrero del 2023 dictada en el expediente No. 23-002032-0007-CO que es acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote, en contra de los artículos 33 BIS y 33 TER puso en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso; optó por solicitar copia del permiso de construcción otorgado por la municipalidad recurrida a la indicada empresa, para el levantamiento de las citadas obras. Lo anterior por ser de su interés averiguar qué caló en el ánimo de los funcionarios municipales para otorgar un permiso de construcción en la Zona de Protección de Ríos, pese a la existencia de la orden expresa emanada de esta Jurisdicción dirigida a todas las autoridades que agotan la vía administrativa, y que debido a ese pronunciamiento la Dirección de Aguas está impedida de otorgar dichos permisos, que sería el instrumento o herramienta que facultaría a cualquier municipalidad a otorgar permisos para construir en las zonas de protección de ríos. Por ello, el 30 de setiembre de 2024, se apersonó a la municipalidad accionada -al ser las 7:30 horas- donde fue atendido por el guarda de seguridad del sitio y quien lo remitió a la Oficina del Catastro Municipal, donde le explicó a los funcionarios lo que requería, presentándoles la solicitud escrita debidamente autenticada; sin embargo, le respondieron que por órdenes superiores del Departamento de Control Constructivo y de la misma Alcaldía, tienen prohibido entregar copias de los permisos de construcción a personas que no sean parte en dichos permisos, a no ser que medie orden de un juez, dado que los expedientes relacionado con los permisos de construcción son privados; denegándole el acceso al expediente. Acota que dichos funcionarios solo se limitaron a comunicarle que dichos expedientes son privados; no obstante, considera dicha justificación inválida, pues ante una solicitud de información de este tipo, que es un mero permiso de construcción municipal, la municipalidad está en la obligación de facilitar la información solicitada, o por lo menos realizar un análisis de los datos contenidos en el expediente cuya copia se solicitó y suministrar únicamente los datos de interés público, resguardando los datos personales y sensibles, si es que existen. Añade que tampoco tiene la obligación de acreditar cuál es el interés público que persigue con la obtención de la información aludida, ni dichos funcionarios tienen la facultad de colocar en el rango de lo privado un mero permiso de construcción que puede afectar los derechos e intereses de terceros o inclusive de la colectividad en su conjunto, por estar en riesgo los recursos naturales y el ambiente. Arguye que la información solicitada tiene un carácter eminentemente público, pues se trata de un permiso para el levantamiento de obras cuya construcción puede afectar a terceros respecto a los retiros frontales, posteriores y laterales a la altura de las edificaciones, por poder estar dándosele un uso distinto al permitido, por falta del alineamiento de construcción del MOPT, falta de desfogues de aguas pluviales que puede ocasionar una reacción en cadena respecto a la correcta disposición de las aguas pluviales, falta de la viabilidad ambiental dependiendo de la obra y de su ubicación geográfica, el criterio del MINAE para zonas boscosas, la disponibilidad de agua potable, o la falta de permiso que debe otorgar la Dirección de Aguas del MINAE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal. Señala que ante la negativa, solo optó por solicitarles a los funcionarios que le recibieran la solicitud escrita (gestión visible en folio 28) que le colocaran el sello de recibido en la segunda copia y que le notificaran al medio señalado lo que resolvieran respecto a dicha solicitud y así poder recurrir lo resuelto; sin embargo, también se negaron a recibirle la solicitud escrita, aduciendo que para qué le iban a recibir algo que no contestarían. Alega que actualmente no tiene claro si los funcionarios municipales fueron descuidados a la hora de otorgar el citado permiso de construcción, o por el contrario lo otorgaron con pleno conocimiento y voluntad de que lo que hacían era antijurídico, pero con independencia de la forma en que lo otorgaron, lo cierto del caso es que ahora que se pone de manifiesto la problemática que está ocasionando tanto la municipalidad recurrida como la empresa Finca La Familia S.A. Refiere que la municipalidad recurrida también está infringiendo el principio de competencia funcional y material de las diferentes instituciones involucradas en el otorgamiento de los diferentes permisos, pues otorgó un permiso para levantar obras que son competencia o de resorte absoluto de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, conforme a lo establecido en los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante la resolución de las 14:56 horas del 14 de octubre de 2024, se dio curso a este proceso.

3.- Informan bajo juramento Emanuel Ceciliano Alfaro, Yendry Quesada Sancho y Walter Mata Garbanza, por su orden alcalde municipal, coordinadora a.i. de la actividad de control constructivo y coordinador de la actividad de control catastral, todos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, quienes manifiesta lo siguiente: “PRIMERO: Es cierto con aclaraciones. Reviste necesario dilucidar que, el punto medular alegado por el aquí recurrente es una supuesta falta de respuesta por esta Municipalidad a su gestión presentada en fecha 08 de agosto del presente año. No obstante, no lleva la razón de tales acotaciones debido a que, por parte de la Actividad de Control Constructivo se emitieron las respectivas constancias números CNS-0279 24-ACO y CNS-0280-24-ACO, documentos que fueron remitidos a la dirección de correo electrónico aportados por el señor Sáenz Altamirano, el día 14 de agosto de 2024, es decir se brindó la respuesta dentro del plazo de ley. SEGUNDO y TERCERO: Se rechazan por inexactos. Cabe mencionar que, por parte de esta Municipalidad se atendió en tiempo y forma la solicitud de copia del expediente PDC-0531-2024-ACO; brindándose respuesta mediante oficio número OFI-0589-24 ACO, suscrito por Yendry Quesada Sancho, en su calidad de Coordinadora a.i de Control Constructivo de esta Municipalidad; en donde se emite lo requerido a excepción de la información catalogada de índole confidencial, sin que esto signifique, que se violente el acceso a la información pública del aquí recurrente, puesto que, como se logra acreditar, la respuesta se brinda dentro del tiempo establecido en ley. CUARTO: Se rechaza por inexacto. Esto es así, puesto que, desde la Constitución Política en su numeral 169 se dispone que, los intereses y servicios locales en cada cantón, estarán a cargo del Gobierno Municipal, enmarcándose dentro de lo anterior, el aspecto constructivo del territorio, en donde desde el ámbito constitucional se contempla esa facultad de las municipalidades de velar por cada construcción y edificación. Aunado a esto, debe ser concordado con la normativa legal existente que, delega a las municipalidades el tema del desarrollo del control urbano, tanto desde la Ley de Planificación Urbana como de la Ley de Construcciones, originándose de esta forma lo que se conoce como el poder de policía de las municipalidades en materia de construcciones, siendo una figura ampliamente desarrollada vía doctrina y jurisprudencia, en donde se busca que, las municipalidades deben proceder a verificar que toda edificación temporal o permanente dentro de su jurisdicción, se encuentre amparada a la respectiva licencia constructiva, misma que debe ser extendida previo al levantamiento de las obras. Asimismo, cualquier edificación que no contenga la respectiva licencia municipal de construcción, transgrede lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Construcciones, produciendo que, como consecuencia se encuentren las Municipalidades habilitadas de dictar la paralización de obras, así como la clausura y en caso de ser necesario la demolición una vez culminado el procedimiento previsto en los artículos 93 y siguientes de la Ley de Construcciones. Es decir que, este accionar de las Municipalidades, responde a una función esencialmente local, conforme lo señalan los numerales 169 constitucional, 1 y 74 de la Ley de Construcciones y 15 de la Ley de Planificación Urbana, mediante los cuales se otorga la posibilidad de imposición de limitaciones a la propiedad privada que tienden a impedir el desarrollo desordenado e impactante de las comunidades y garantizar la coexistencia de las necesidades humanas de convivencia junto con el deber de brindar protección del ambiente, dentro de lo cual los Gobiernos Locales son los encargados a ejercer plenos poderes de tutela y fiscalización en aras de garantizar la belleza, el ornato, la seguridad y la comodidad de las ciudades y poblaciones. En síntesis, las Municipalidades apegadas a este poder de policía en materia de control constructivo, producto de las potestades de imperio de la administración municipal, deben aplicar controles preventivos en las construcciones; y que en el eventual caso de detectarse anomalías contrarias al ordenamiento jurídico vigente y técnico aplicable en la materia, se deben de aplicar actos administrativos tendientes a corregir cualquier acción u omisión en contra de la normativa urbanística. Ante este panorama, esta Municipalidad en materia de permisos construcción, ostenta la facultad legal en cuanto a requisitos se refiere, mismos que deben ser acatados de forma irrestricta por cualquier solicitante, motivo por el cual, para el caso concreto, si se otorgó un permiso de construcción en las propiedades en cuestión, fue en cumplimiento del Reglamento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Bajo esta premisa, lo alegado por el señor Sáenz Altamirano, no lleva la razón, por cuanto, para otorgar los permisos de construcción, se cumple con la tramitología respectiva no solo ante esta entidad municipal, sino ante otras instituciones de las que se requiera el aval correspondiente, siendo al final esta Municipalidad la que emite el Permiso de Construcción con el cumplimiento de todos los requisitos; además que, de existir alguna discrepancia por parte del aquí recurrente debe efectuar las denuncias correspondientes antes las instancias que considere pertinentes. De este modo, se desprende con meridiana claridad que, por parte de las gestiones incoadas desde esta Municipalidad han sido tendientes a brindar las respuestas a cada una de las solicitudes del señor Sáenz Altamirano, brindando la atención y respuesta pertinente en tiempo y forma, demostrándose de forma fehaciente que no existe vulneración alguna al derecho de respuesta del aquí recurrente, motivo por el cual se solicita se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Informa bajo juramento Andrea Herrera Chaves, en su condición de presidenta del Concejo de la Municipalidad de Pérez Zeledón, quien aduce lo siguiente: “... PRIMERO: Que según el recurso planteado, el recurrente, FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, ante la honorable Sala Constitucional interpone formal acción de amparo en contra de la Oficina del Catastro, del Departamento Constructivo, y en contra del Alcalde, de la Municipalidad de Pérez Zeledón, por violación directa, según el recurrente, al artículo 30 en relación con el artículo 50 de la Constitución. SEGUNDO: Que al correo electrónico del Concejo Municipal no se realizó ninguna gestión al respecto, tampoco en forma física. TERCERO: Que la municipalidad de Nombre01 cuenta con varios departamentos que realizan proceso relacionados con procesos constructivos. CUARTO: Que el punto de más trascendencia en este caso en particular es que el recurrente ha presentado sus gestiones ante oficinas municipales ajenas al Concejo Municipal y que no son competencia de este concejo resolverlas. QUINTO: Que en virtud de lo anterior y de conformidad con en el Recurso de Amparo interpuesto lo solicitado es información que no consta a esta representación ...”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- Mediante escrito incorporado al expediente digital el 28 de octubre de 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó lo siguiente: “... Pese a que los recurridos rindieron el informe dentro del plazo conferido por esta Honorable Sala, no aportaron copia de la documentación relacionada con el permiso de construcción otorgado a la empresa FINCA LA FAMILIA S.A., pese a haber sido expresamente ordenado por este Honorable Tribunal Constitucional. Corolario de lo anterior se le solicita a la Honorable Magistrada Instructora prevenir a los recurridos sobre su deber de cumplir con lo ordenado, aportando copia completa del expediente administrativo relacionado con el permiso de construcción otorgado a la empresa FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, a quien el suscrito recurrente solicitó se le tuviera como co-recurrida junto a la oficina del SINAC y a la Dirección de Aguas, pues ni la Municipalidad recurrida ni esas dos oficinas, han actuado con la celeridad debida, al extremo que su conducta omisiva y desinteresada permitió que la empresa infractora terminara de construir el restaurante levantado justo a la ribera del río Barucito, acción con la que se amenaza una contaminación mayor, pues debido a la ubicación de esas construcciones, no se sabe la suerte de los desechos que generará ese negocio ni el de los consumidores que acudan al sitio, a decir, la basura, aguas servidas y materia fecal, pues tendrán que ser depositados en alguna parte. Es lamentable que las mismas instituciones encargadas de proteger el ambiente y los recursos naturales y cumplir con la obligación de asegurarle a la Ciudadanía el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, presten su colaboración para que se cometa un delito que genera un resultado lesivo al ambiente, que atendiendo la gravedad de los hechos, me imagino que fluyó algún tipo de influencia, pues ningún funcionario actuaría con total desprecio al ordenamiento jurídico ni a las disposiciones de este Tribunal Constitucional con sendas consecuencias para los habitantes del país, de gratis, por ello se solicita el respectivo testimonio de piezas ante el Ministerio Público, pues atendiendo la forma en que se desarrollaron los eventos y la intervención tardía de la Municipalidad recurrida y de las demás autoridades que han brillado por su ausencia, pese a que denunciaron esos hechos ante esas oficina, se puede concluir que en la especia se dio algún tipo de confabulación entre los representantes de la empresa infractora y los funcionarios Municipales y de las demás dependencias del MINAE del Cantón de Nombre01 (SINAC y la Dirección de Aguas), pues además de no fiscalizar las citadas obras durante su levantamiento, tampoco actuaron en forma célere ni eficaz después de que el suscrito recurrente interpusiera la denuncia, razones por la que se solicitó ampliar el recurso en contra de dichas oficinas. SEGUNDO. - A página 11 del informe rendido por los recurridos, consta el oficio número OFI-0589-24-ACO, emitido por el Departamento de Control Constructivo y dirigido al suscrito recurrente a la dirección de correo electrónico ...01.  Con dicho oficio, los recurridos pretenden demostrar o hacerle ver a esta Honorable Sala Constitucional, que ellos cumplieron a cabalidad con notificarme tanto ese oficio como con facilitarme copia del expediente administrativo relacionado con el permiso de construcción, lo que hacen con el reporte de actividad de correo electrónico ubicado en la página 12 siguiente, sin embargo, si la Honorable Magistrada Instructora observa con detenimiento, podrá apreciar que si bien es cierto en el oficio número OFI-0589-24-ACO consta la correcta dirección de correo electrónico señalada por el suscrito para recibir notificaciones, en el citado reporte de actividad consta una dirección de correo electrónico que difiere con la correcta, pues supuestamente enviaron tanto el citado oficio como los archivos conteniendo el expediente administrativo a la dirección de correo electrónico ...02 que no es la correcta dirección de correo electrónico señalada para recibir notificaciones en la solicitud dirigida a la Municipalidad recurrida. Esta dirección difiere de la señalada por el suscrito recurrente, lo que implica que nunca recibí ni el citado oficio ni el expediente solicitado, pues ellos aducen que fue enviado a esa dirección. Ahora bien de haber enviado el citado correo electrónico junto a los mencionados archivos a la dirección de correo electrónico ...02 implica que el correo rebotó, pues no es la dirección electrónica correcta y si rebotó implica que ellos lo recibieron de vuelta como un correo no enviado por error en cuanto a la dirección electrónica, en cuyo caso debieron haber corregido el entuerto y reenviarlo en forma correcta, pero el informe rendido no contiene ninguna manifestación en ese sentido, ni siquiera la manifestación de que por problemas en la red o en el servicio de internet, les fue imposible reenviarlo. Contrario a ello, los recurridos aseguran que lo enviaron a esa dirección, lo que es una falsedad, pues la indicada dirección no es la correcta, como ya se adelantó, siendo que lo presentado por ellos en su informe, es un formato de envío de un correo normal y que supuestamente fue enviado, lo que nos hace pensar que están tratando de engañar e inducir a error a esta Honorable Sala Constitucional. Según sabemos, no es posible enviar un correo a una dirección de correo electrónica inexistente y no recibir el correo de rebote, y para el caso que fuera una dirección existente pero que no era la señalada por el suscrito recurrente, igual efecto genera, pues no fue recibida por el suscrito petente. Y el mismo efecto generaría si fue una dirección de correo electrónica creada exclusivamente por los recurridos con el único propósito de reflejar que realmente enviaron la información solicitada y que no quebrantaron lo dispuesto en los artículos 27 y 32 de la Constitución y de la ley que rige a esta Jurisdicción, respectivamente, y tampoco por ende la Jurisprudencia Constitucional vinculante erga omnes. Esto es un artificio malicioso e ilegal de los recurridos, pues el informe que rinde la autoridad recurrida se entiende rendido bajo la gravedad del juramento, según lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de ahí que si rindieron ese informe adjuntando el citado oficio y el formato de envío del correo, a sabiendas que era falso, incurrieron en una falsedad, y por ende en la posible comisión del delito de perjurio ...”.

6.- Mediante escrito incorporado al expediente electrónico el 04 de noviembre 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó que: “PRIMERO.- Es cierto que el suscrito recurrente no accionó en esta Vía de Amparo en contra del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, sin embargo, ello no implica que esta Honorable Sala Constitucional no pueda disponer de oficio recurrir al Superior de los servidores causantes de los agravios expuestos en la acción de amparo, por ello se estima que fue bien atinada la decisión de este Tribunal de requerir los informes al citado Concejo, sin que por ello sus integrantes se deban sentir causantes de los agravios expuestos ante esta Sede Constitucional, pues solo se les está solicitando un informe. Corolario de lo anterior, rechácense las articulaciones de la Presidenta del Concejo Municipal, por improcedentes, pues aunque sus miembros no hayan sido recurridos, bien pueden solicitar sus antecedentes ante sus subordinados y aquí recurridos Oficina del Catastro Municipal, Departamento de Control constructivo y Alcaldía Municipal, y contestar el recurso en los términos planteados y prueba ofrecida, en lugar de avocarse a justificar su inercia y manifiesta falta de acción. SEGUNDO.- Falsedad del informe rendido por la Presidenta del Concejo Municipal. Según el sello de recibido contenido en la denuncia que se adjunta, el suscrito interpuso la denuncia ante el Departamento de Control Constructivo, pero también la presentó ante la Alcaldía y Concejo Municipal de Pérez Zeledón, pues es mi estilo presentar dichas denuncias ante los Superiores del Órgano al que le corresponde tramitar dichas denuncias, pues en un control cruzado los tres órganos pueden disponer de las medidas que sean necesarias para resolver satisfactoriamente los reclamos que ante ellos formulan los administrados, especialmente cuando se tratan de infracciones contra el ambiente y los recursos naturales”.

7.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 07 de diciembre de 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó lo siguiente: “PRIMERO. - Como es de conocimiento de la Honorable Magistrada Instructora, el Concejo Municipal no fue recurrido en la acción de amparo que nos ocupa, sino solo el Departamento de Control Constructivo, la oficina del Catastro Municipal y el Alcalde, todos de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Al no ser el Concejo Municipal un Órgano recurrido, implica que no fue notificado del curso del amparo que nos ocupa, pero al contestar el informe en forma voluntaria, asumió las obligaciones derivadas al rendir el informe. En el hecho segundo de su informe, la Presidente del Concejo Municipal informante, le informó falsamente a la Sala Constitucional que el suscrito no realizó ninguna gestión al correo electrónico, a como tampoco lo hice en forma física, lo que no es cierto, como lo demuestro con la copia de la denuncia presentada ante la oficina del Alcalde y ante el Concejo Municipal. SEGUNDO: Que al correo electrónico del Concejo Municipal no se realizó ninguna gestión al respecto, tampoco en forma física. Al realizar esta falsa aseveración o falsa representación de la realidad, dicha funcionaria incurrió en el delito de perjurio, que es faltar a la verdad cuando la ley le impone bajo la gravedad del juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios, por ello le solicito a la Honorable Sala Constitucional, ordenar el respectivo testimonio de piezas para ante el Ministerio Público. Además, nótese que la presidenta del Concejo Municipal alega que los hechos recurridos no son competencia de dicho Concejo, pero curiosamente se hizo de una copia de una resolución Constitucional que no le fue notificada al Concejo que representa ni a ella a título personal, y lo hizo con el objetivo de coadyuvar a los recurridos a que se declare sin lugar el recurso, pero al fin y al cabo todos faltaron a la verdad en sus informes, pues los recurridos alegaron que el 16 de octubre del 2024 me notificaron el expediente número PDC-0531-2024-ACO, relacionado con el permiso de construcción a la empresa infractora FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, cuando en realidad no se notificó nada respecto al citado expediente, y luego la presidenta del Concejo Municipal alude a que el suscrito no gestionó nada ante dicho Concejo, ni en forma electrónica ni física, lo que tampoco es cierto, como lo demuestro. Lo anterior, aunado al hecho de que la presidenta del Concejo Municipal alega que los hechos expuestos en la acción de amparo que nos ocupa no es de su competencia, implica una colusión entre todos esos funcionarios para asegurarse que el recurso de amparo sea declarado sin lugar con sustento en falacias ...”. Solicita se declare con lugar el recurso.

8.- Mediante la resolución de las 10:38 horas del 06 de enero de 2025 se realizó ampliación de curso a este proceso y se solicitó informe al director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al director del Área de Conservación la Amistad -Pacífico-Nombre01- y al director de aguas, todos del Ministerio de Ambiente y Energía.

9.- Informa bajo juramento María Gabriela Páez Vargas, en su condición de directora a.i. de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, que “Conforme lo señalado por el recurrente, existe efectivamente pendiente de resolverse la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita en el expediente judicial 23-002032-0007-CO, la cual fue presentada contra la Ley 10210 específicamente contra todo el artículo 33 BIS y el párrafo 2 del 33 TER. Para efectos de trámites en dichas áreas, se emitió por parte del Ministro de Ambiente y Energía, el oficio DM-1131-2024 del 5 de diciembre del 2024, el que concluye básicamente: “…contra la citada Ley No.10.210, que se tramita bajo el expediente No. 23-002032-0007-CO y que de momento está pendiente de resolver por parte de la Sala Constitucional, de tal forma que bajo ese contexto, aplica el segundo párrafo del numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional No.7135, antes citado…debe comprender que para este tipo de casos, el Ministerio debe respetar lo establecido en el segundo párrafo del 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional No.7135, antes citado, es decir, esperar hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad incoada contra la Ley No.10.210.” Conforme lo anterior, la Dirección de Agua del MINAE, no está recibiendo ni tramitando solicitudes que tengan relación con permisos dentro de las áreas de protección de los cauces”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

10.- Mediante escrito incorporado al expediente digital el 10 de enero de 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó lo siguiente: “Según las copias de los documentos que aporto como prueba junto al presente memorial, que son fiel reflejo de las solicitudes presentadas ante las instituciones recurridas después de la interposición de la acción de amparo que nos ocupa, el suscrito ha gestionado hasta la saciedad para que los recurridos cumplan con sus deberes funcionales y de paso que protejan el ambiente y los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, que está siendo gravemente amenazado con las obras que levanta la empresa infractora junto al cauce del Río Barucito, sin resultados positivos, pues los recurridos han permitido que la empresa infractora continúe con sus obras y con la tala de los árboles en dicha zona. Además, una vez finalizadas las obras, los visitantes dejarán toneladas de basura junto al río, harán sus necesidades fisiológicas donde no los vean, pero si en alguna parte del río, los desechos de sus mascotas, casualmente porque no existe ningún tipo de reglamentación al respecto, ni habrá vigilancia de ninguna institución, y por la forma en la empresa infractora ha actuado contra la ley, tampoco nos asegura que dispondrá de los desechos de una forma adecuada ni que recogerá la basura que sus clientes y mascotas dejan detrás de ellos, ni la correcta disposición de las aguas servidas de lo que parece ser un restaurante que están construyendo junto al cauce del río. Además, las obras que se construyen también representan un grave peligro para los eventuales usuarios, pues al haberse levantado las mismas sin ningún tipo de reglamentación ni fiscalización, ni los estudios técnicos que podría solicitar la oficina que le corresponderá velar por los permisos de construcción una vez superada la Acción de Inconstitucionalidad que este Honorable Tribunal está analizando su procedencia, se corre el riesgo que las mismas hayan sido levantadas en forma abiertamente desinteresada y solo con el propósito de generar divisas a costas de los que sea, incluso con grave riesgos para la integridad física de los usuarios, e inclusive para sus propias vidas, pero mientras ello ocurre lo importante es proteger el medio ambiente y los recursos naturales, tan celosamente resguardado por esta Jurisdicción, por ello no se justifica que un infractor decida unilateralmente invadir una Zona de Protección y construir en dicha zona, brincándose lo ordenado por este Tribunal Constitucional, lo que implica no solo desobedecer las ordenes emitidas por esta Jurisdicción, sino que también hacer caso omiso a la línea jurisprudencial de esta Sala respecto a la obligación que pesa sobre el hombro de todos y cada uno de los habitantes de la República, de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, caso del cual el infractor ha hecho caso omiso, y por incurrir en esas violaciones ha sido premiado por los recurridos funcionarios del SINAC y de la Dirección de Aguas, pues desde que se paralizaron las obras el 18 de octubre del 2024, apenas los funcionarios recurridos abandonaron el sitio, el infractor dio la vuelta y continuó con sus obras y tala de árboles, de lo que se ha informado constantemente a los recurridos, como lo puede apreciar esta Honorable Sala de la serie de escritos presentados ante ellos. Señores Magistrados, he aportado ante las oficinas de los recurridos sendas secuencias fotográficas, llaves mayas con videos grabados mostrando a los trabajadores de la empresa infractora en plenas faenas en sus obras junto al cauce del río, aun después de que las obras fueron paralizadas o clausuradas, pero ello no parece calar en el ánimo ni de la recurrida jefa del Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad de Pérez Zeledón, ni en los ahora recurridos funcionarios del SINAC y de la Dirección de Aguas, pareciendo más bien la existencia de sendos y claros actos de colusión entre ellos, lo que deja pensar que pudo haberse dado la entrega de dádivas, tal y como lo pregona la gente en las calles de esta Jurisdicción al escucharse decir que los funcionarios no han hecho nada porque le han pagado, pues algunos habitantes del cantón han incurrido en anomalías ambientales de menor rango y han sido pasados al Ministerio Público por los mismos recurridos en el acto, con el consecuente decomiso de su equipo o herramientas, que por lo general son motosierras, por eso extraña que los accionados hayan decidido, inclusive ellos mismos en incurrir en delitos omisivos con tal de proteger al infractor, pues no se justifica que un funcionario haya clausurado una obra y apenas da la vuelta el infractor continua con sus labores, y el funcionario guarde silencio ante la advertencia del denunciante de que el infractor continuó con sus obras, y más allá de ello, no se trata de un único funcionario de una sola institución, sino de 3 funcionarios de rangos distintos y de diferentes instituciones u oficinas, lo que a la vez nos dice que a un solo funcionario se le puede pasar alto o dejar pasa algo, pero si se le pasa a 3 junto a la constante pugna del suscrito recurrente, significa que algo anda mal entre esos 3 funcionarios. Lo grave de todo esto es Señores Magistrados, que cuando me presento a las oficinas de los recurridos a poner en conocimiento que las obras continúan, dichos funcionarios más bien asumen una conducta belicosa en contra del suscrito, como si se tratara de un enemigo, cuando en realidad estoy tratando de poner el granito de arena que me corresponde como habitante del país obligado a colaborar en la protección del ambiente. Llama poderosamente la atención que siendo los funcionarios del SINAC y de la Dirección de Aguas, miembros del órgano Ministerial encargado de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, hayan hecho caso omiso a mis reiteradas gestiones y a la realidad fáctica que reflejan las pruebas que se le han aportado. Resulta extraño desde el punto de vista funcional, que los accionados no hayan cumplido con su deber de vigilancia y le hayan permitido a la empresa infractora modificar radicalmente el permiso de construcción e incurrir en la comisión de sendos delitos sin ninguna sanción en su contra ni en contra de las obras levantadas al margen de la ley. Lo lamentable de todo esto es que aun después de que me opuse a las obras que levanta la empresa infractora dentro de la Zona de Protección y a la tala de árboles que lleva a cabo dicha empresa en forma indiscriminada, los recurridos intenten por todos los medios de cubrir el infractor. Nótese la secuencia de gestiones formuladas por el suscrito recurrente ante las oficinas recurridas, sin mencionar las hecha antes de la presentación del recurso de amparo que nos ocupa, sin que a la fecha dichos funcionarios hayan procurado paralizar las obras del infractor de una vez por todas y en definitiva e iniciado el proceso de demolición de las obras, por lo menos las levantadas dentro de la Zona de Protección, pues los mismos funcionarios recurridos ya determinaron que el infractor está en franca invasión a la Zona de Protección, pero lo peor de todo es que no han hecho nada al respecto aun después de que el infractor violentara la orden de paralización decretada por esos mismos funcionarios, lo que nos permite concluir que la paralización de las obras decretadas por los recurridos, solo fue una mampara para camuflar los acuerdos que tienen con el representante de la empresa infractora, pues no es normal que la recurrida jefa del Departamento de Control Constructivo, calculadoramente omita ejercer el deber de vigilancia sobre las obras que se levantan en su Jurisdicción durante la etapa constructiva, que data desde el mes de julio del 2024, lo que podría ser comprensible, pues podría tratarse de una saturación en la agenda de trabajo de los recurridos, pero no es comprensible que después de denunciar los hechos, los accionados retarden actos propios de sus funciones, y luego después de paralizar las obras el 18 de octubre del 2024, permitan que la empresa infractora continue infringiendo la ley en perjuicio del derecho que tenemos todos los habitantes del país, de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que en diferentes ocasiones se les puso en conocimiento que la empresa infractora había removido los sellos o cintas colocadas por ellos al momento de paralizar las obras, y continuado con la construcción y corta de árboles ...”. 

11.- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, que “PRIMERO: Que el auto de las diez horas treinta y ocho minutos del seis de enero de dos mil veinticinco fue notificado al Ministerio de Ambiente y Energía en fecha 06 de enero del 2025. Por lo que el presente informe se rinde dentro del plazo de ley. SEGUNDO: Que se solicitó informe al Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP), mediante correo electrónico de fecha 07 de enero de los corrientes, al ser la instancia competente de conformidad a lo regulado en el numeral 28 de la Ley de Biodiversidad N°7788. TERCERO: Que en oficio número SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006 2025 del 07 de enero del 2025 la señora Kathia Alegría Zumbado, jefe a.i. Subregión Nombre01 del Área de Conservación La Amistad Pacífico, da respuesta sobre las actuaciones desplegadas por la subregional a su cargo. El presente informe se basa en dicho oficio. CUARTO: Según lo informado en el oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ 0006-2025 del 07 de enero del 2025, en cuanto a la demolición a que hace referencia el recurrente se señala: “Por varios escritos presentados en el mes de octubre del 2024 por el Lic. Adolfo Sáenz Altamirano en nuestra oficina de la Subregión de Nombre01 del Área de Conservación La Amistad Pacífico del SINAC-MINAE, referidos a denuncia por invasión de área de protección de cuerpos de agua en contra de la Empresa denomina Finca la Familia Sociedad Anónima, el Lic. Nelson Fallas Campos, Jefe de la Oficina Subregional de Nombre01 procedió a dar contestación de dichas notas o escritos presentados por el Lic. Sáenz Altamirano esto con fecha del 16 de diciembre del 2024, donde procedió a contestarle…” QUINTO: Que el Área de Conservación La Amistad Pacífico en virtud de las notas-denuncias presentadas por el Lic. Adolfo Sáenz Altamirano, como se dijo anteriormente, en el mismo mes de octubre del pasado año, se procedió a coordinar y realizar visita conjunta con los funcionarios de la Municipalidad de Nombre01 en fecha 22 de octubre del 2024. Como resultado de dicha inspección se realizó lo siguiente, según se señala en el oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006-2025: “Como resultado de dicha diligencia, según escrito del Ing. Fallas dando respuesta al Lic. Sáenz Altamirano, se logró constatar la existencia de una infraestructura en hierro y baldosas (tipo rampa o plataforma), la cual inicia en una plantación de teca e ingresa al área de protección del cuerpo de agua existente. En vista de lo anterior, se procedió a establecer una Orden Administrativa (Medida Cautelar Administrativa número 0560), en la cual se le ordena al señor Nombre02 que debe detener toda construcción o invasión al área de protección, así como el retiro de las infraestructuras construidas dentro de las áreas de protección existentes en su propiedad.” SEXTO: Que el Área de Conservación La Amistad Pacífico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha ejecutado las acciones relativas a sus competencias según consta en oficio SINAC-ACLA-P SRPZ-0006-2025 según consta en Medida Cautelar Administrativa número 0560 del 22 de octubre del 2024, coordinación y visita conjunta con los funcionarios de la Municipalidad de Nombre01 y operativos realizados en el mes de diciembre 2024 (dos por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y uno institucional). SETIMO: Que dentro del expediente número 22-000029-0219-PE se tramita denuncia por el delito de Invasión a un Área de protección el cual está en trámite judicial, según denuncia planteada por un tercero. Sobre dicho expediente, la Fiscalía solicitó al Área de Conservación La Amistad Pacífico informes sobre los hechos denunciados, además de lo anterior se ingresó al Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) con el número 30582-2021. OCTAVO: Que las acciones realizadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación han sido activas y previas a la interposición del presente recurso de amparo, atendiendo a lo regulado en los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal N° 7575 y 22 de la Ley de Biodiversidad N°7788. NOVENO: Que el Área de Conservación La Amistad Pacífico se encuentra en fase investigativa por el delito de desobediencia a la autoridad según el numeral 314 del Código Penal, ante eventual incumplimiento de lo indicado en la medida cautelar número 0560 del 22 de octubre del 2024. DECIMO: Que en oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006-2025 se señala que producto de los operativos realizados de manera coordinada con la Municipalidad de Nombre01 y la Dirección de Aguas del MINAE se concluyó que dichas instancias debían realizar las siguientes acciones: “El funcionario de la Dirección de Agua procedió al levantamiento del cauce y tomar los datos necesarios para realizar el dictamen correspondiente y los personeros de la Municipalidad de Nombre01 procedieron a llevar a cabo la paralización de las obras que se estaban realizando.”. Por lo que dichas dependencias deben ejercer sus competencias legales, para la debida atención integral de los hechos señalados por el amparado”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

12.- Informa bajo juramento Gravin Villegas Rodríguez, en su condición de director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico, quien detalla lo siguiente: “Se adjunta oficio SINAC-ACLAP-SRPZ-0029-2025, emitido por el Lic. Nelson Fallas Campos, Jefe Subregión de Nombre01 del ACLAP, el cual remite el informe SINAC-ACLAP-SRPZ-0025 2025 y copia certificada del Expediente AP01-DENUNCIA-0001 2025, seguido contra Finca La Familia Sociedad Anónima, cédula jurídica número CED01”.

13.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 27 de enero de 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó lo siguiente: “... Sostengo que a los recurridos no les importa irrespetar las órdenes de esta Honorable Sala ni que el infractor infrinja Ley Forestal, ni el artículo 50 de la Constitución, y lo ordenado por esta Sala, y por ello deben ser sancionados como corresponde, todavía con más peso que a los personeros de la empresa infractora, pues ellos son los obligados a cumplir con el mandato Constitucional y cumplir con sus deberes claramente delineados en los artículos 54 y 57 de la Ley Forestal y leyes conexas En el presente asunto los obligados a cumplir con sus deberes son los funcionarios de la oficina del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de la Dirección de Aguas y de la Municipalidad, todos de la Jurisdicción de Pérez Zeledón, porque ante ellos fui que acudí en defensa del ambiente y de los recursos naturales, y por ello deben ser sancionados con todo el peso de la Ley, pues adentrados en el cuarto mes desde que interpuse la denuncia inicial y el aporte de información que les hice, como secuencias fotográficas, y videos grabados con drones, todavía se escudan en el hecho de que están en investigación, cuando ellos mismos determinaron el 22 de octubre del 2024, que la empresa infractora estaba invadiendo la Zona de Protección de Ríos con sus obras ...”.

14.- Mediante la resolución de las 12:06 horas del 24 de abril de 2025 se realizó ampliación de curso a este proceso y se solicitó informe a Nombre02, en su calidad de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa denominada Finca la Familia Sociedad Anónima. Asimismo, se solicitó prueba para mejor resolver en lo siguientes términos: “… a) indiquen Emanuel Ceciliano Alfaro, en su condición de alcalde, Andrea Herrera Chaves, en su condición de presidenta del Concejo Municipal, Yendry Quesada Sancho, en su condición de coordinadora a.i. de la Actividad de Control Constructivo y Walter Mata Garbanzo, en su condición de coordinador de la Actividad de Control Catastral, todos funcionarios de la Municipalidad de Pérez Zeledón, así como, David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y María Gabriela Páez Vargas, en su condición de directora a.i. de Aguas, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía, el estado actual de las obras en la zona de protección de ríos sobre el río denominado Barucito objeto de este recurso …”.

15.- Informa bajo juramento Emanuel Ceciliano Alfaro, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Nombre01 quien manifiesta lo siguiente: “En un primer plano, es menester indicar que, dentro del ámbito de competencias de esta Municipalidad, para el caso concreto, se han interpuesto sus buenos oficios con las respectivas diligencias administrativas producto de una denuncia interpuesta ante una supuesta construcción en zona de protección sobre el río Barucito; en donde se procedió con la apertura del expediente administrativo ADM-0230-24-ACO, mismo que se encuentra en trámite. Dentro de esa tramitología, tal y como se informó por parte del Coordinador de Planificación Territorial de esta Municipalidad, en su oficio número OFI-0147-25-PTE (mismo que se adjunta como prueba), se confirman las acciones por el departamento administrativo supra citado, en donde se encuentra en etapa de resolución a un recurso de apelación incoado en contra de un acta de clausura. Aunado a esto, y con el afán de dilucidar el presente asunto, el día 28 de abril del año en curso, en donde el inspector municipal Emilio López Duarte manifiesta que, en la finca folio real 1-246334-000 inscrita a nombre de Finca La Familia S.A., se logra constatar, que la rampa está completamente finalizada y abierta al público, denotándose de esta forma caso omiso a los sellos de clausura previamente colocados por esta Municipalidad, razón por la cual en ese preciso momento se vuelven a colocar los sellos de clausura en la estructura, adjuntándose secuencia fotográfica de lo recién expuesto. Ergo lo anterior, desde esta Municipalidad se ha seguido de forma irrestricta con el procedimiento ante este tipo de denuncias, llevándose a cabo cada uno de los pasos correspondientes, para la búsqueda verdad real de los hechos y proceder con el acto final respectivo”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

16.- Informa bajo juramento David Chavarría Morales, en su condición de director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que “Mediante oficio CARTA-SINAC-ACLAP-DR-0201-2025, el Director de la Dirección Regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico, a su vez remite el oficio SINAC-ACLA-P-DR-GMRN-SRPZ-INF-0083 2025, suscrita por el funcionario Allan Cordero Martínez, donde se indica: “Primero: Que para el año 2022 y mediante oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ 222-2022, se remitió a Fiscalía información solicitada dentro de la causa penal con consecutivo n° 22-000029-0219-PE, interpuesta contra el señor Nombre02, en su calidad de representante de Finca la Familia S.A. con cédula jurídica número CED01, dueña registral del inmueble folio real SJ-246334-OOO, en la que se denunció la construcción plataformas en el área de protección del río Barucito. Segundo: Que, en una inspección de seguimiento a dicha causa penal, se ubicó una naciente dentro folio real SJ-246334-OOO. Para dicha naciente se solicitó (oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022) el debido dictamen a la Dirección de Aguas del MINAE, debido a que las infraestructuras presentes invadían el área de protección de la naciente encontrada. Tercero: Que mediante oficio DA-UHTPSOZ-0655-2023 del 05 de julio de 2023, la Dirección de Aguas del MINAE, dictamina como permanente la naciente presente en el folio real SJ-246334-OOO, específicamente en las Coordenadas CRTM05 Norte 1023216 y Este 521028. Cuarto: Que el 03 de agosto del 2023 el suscrito pone en conocimiento de la Fiscalía de Nombre01 las infraestructuras que invaden las áreas de protección de los cuerpos de agua de dominio público esto mediante oficios SINAC-ACLA-P-SRPZ-0761-2023 y SINAC-ACLAP-SIG-198-2023 aunado a la información ya brindada con el oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ 222-2022. Quinto: Que la causa 22-000029-0219-PE se encuentra hasta este momento en el Juzgado Penal a espera que se resuelva por parte de la Sala IV la acción de inconstitucionalidad interpuesta a la modificación del artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. Sexto: Que el día 22 de octubre del 2024 y ante la información de construcción de nuevas infraestructuras, se realiza nuevamente inspección al sitio específicamente folio real SJ-246334-OOO, en las coordenadas Dirección01. Inspección realizada en conjunto SINAC, Dirección de Aguas del MINAE y Municipalidad de Nombre01 y en compañía del señor Nombre02. Séptimo. Que al señor Nombre02 se le explica la situación, se le indica los derechos con los que la ley le asiste y se le gira medida cautelar administrativa (orden administrativa) N°0560 en la que en su condición de representante legal de la Sociedad La Familia, se le apercibe que debe proceder a “detener toda construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua de dominio público presente en su propiedad. Así mismo deberá retirar toda infraestructura tipo plataforma que se ha construido a este momento en dichas áreas de protección”. Octavo: Que el día 09 de enero del año en curso, realiza inspección al sitio, el suscrito en compañía de la también funcionaria del SINAC; Keilyn Otárola Araya, como parte del seguimiento a la orden administrativa n° 0560 interpuesta al señor Nombre02 con cédula de identidad número CED02. En dicha inspección se corrobora la permanencia y conclusión de las infraestructuras dentro del área de protección del río Barucito, constatando además el incumplimiento de la orden administrativa, por lo que, según corresponde mediante oficio SINAC ACLA-P-SRPZ-0012-2025, se realiza la debida acusación por desobediencia a la autoridad e invasión a área de protección de un cuerpo de agua de dominio público ante la Fiscalía de Nombre01, desprendiendo la causa n° 25-000038-0219-PE. Noveno: Que para el día 28 de marzo del 2025, se realiza nuevamente visita al sitio a fin de recabar información necesaria para la causa penal. La inspección la realiza mi persona en compañía del funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE; Jairo Gómez Céspedes. Décimo: En la visita realizada en ese día, se evidencia la permanencia de todas las infraestructuras descritas y denunciadas en las causas penales 22-000029- 0219-PE y 25-000038-0219-PE, presentes en el área de protección del río Barucito, estando estas en pleno uso de la afluencia de turistas al sitio y personal de atención al turismo, esto pese a las medidas tomadas administrativamente y la interposición de las dos causas penales mencionadas anteriormente. Se adjuntan fotos de las dos últimas inspecciones realizadas e indicadas en el presente informe. Así las cosas, se remite el citado oficio en las condiciones solicitadas de prueba para mejor resolver, así como la prueba documental que se dirá”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

17.- Informa bajo juramento Andrea Herrera Chaves, en su condición de presidenta del concejo de Nombre01, quien arguye lo siguiente: “En un primer plano, es menester indicar que, dentro del ámbito de competencias de la Municipalidad, para el caso concreto, se han interpuesto sus buenos oficios con las respectivas diligencias administrativas producto de una denuncia interpuesta ante una supuesta construcción en zona de protección sobre el río Barucito; en donde se procedió con la apertura del expediente administrativo ADM-0230-24-ACO, mismo que se encuentra en trámite. Dentro de esa tramitología, tal y como se informó por parte del Coordinador de Planificación Territorial de esta Municipalidad, en su oficio número OFI-0147 25-PTE, se confirman las acciones por el departamento administrativo supra citado, en donde se encuentra en etapa de resolución a un recurso de apelación incoado en contra de un acta de clausura. Aunado a esto, y con el afán de dilucidar el presente asunto, el día 28 de abril del año en curso, en donde el inspector municipal Emilio López Duarte manifiesta que, en la finca folio real 1-246334-000 inscrita a nombre de Finca La Familia S.A., se logra constatar, que la rampa está completamente finalizada y abierta al público, denotándose de esta forma caso omiso a los sellos de clausura previamente colocados por esta Municipalidad, razón por la cual en ese preciso momento se vuelven a colocar los sellos de clausura en la estructura, adjuntándose secuencia fotográfica de lo recién expuesto. Debido a lo anterior, desde la Municipalidad se ha seguido de forma irrestricta con el procedimiento ante este tipo de denuncias, llevándose a cabo cada uno de los pasos correspondientes, para la búsqueda de la verdad real de los hechos y proceder con el acto final respectivo”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

18.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 07 de mayo de 2025, informa Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de Finca la Familia Sociedad Anónima, que “Nombre03.- El señor Nombre02 fue notificado el día 6 de mayo de 2025 de la resolución dictada a las 12:06 horas del 24 de abril de 2025, junto con un disco compacto (CD) que, en apariencia, contenía el memorial del recurso, así como los demás escritos, informes y pruebas del expediente digital. No obstante, el día de hoy, 7 de mayo de 2025, al momento en que el señor Nombre02 me confiere poder en su condición de representante de FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, se procede a revisar el CD, constatando que el mismo se encuentra en blanco y no contiene ningún archivo grabado. Esta situación limita gravemente el ejercicio del derecho de defensa de mi representada, ya que impide el acceso al contenido necesario para responder oportunamente el traslado notificado. Por lo anterior, solicito se autorice a la mayor brevedad posible el acceso de este usuario a la plataforma de Gestión en Línea, a fin de consultar el expediente digital y preparar una adecuada contestación en tiempo y forma. II.- De forma subsidiaria, autorizo a la señorita Nombre04, mayor de edad, cédula de identidad número CED03, soltera, asistente legal, vecina de Heredia, para que consulte, revise y fotocopie el expediente arriba indicado, incluyendo cualquier material audiovisual, así como para realizar las consultas o gestiones necesarias en relación con la presente causa”.

19.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 09 de mayo de 2025, informa Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de Finca la Familia Sociedad Anónima, que “PRIMERO. SE RECHAZA POR LA FORMA MALINTENCIONADA Y SE ACLARA. Es falso que se haya destruido bosque o sotobosque. Las obras que se señalan como cuestionadas —pasarelas, senderos accesibles y plataformas de observación— se han desarrollado dentro de la finca Dirección02, en la cual se desarrolla el giro turístico denominado CATARATAS NAUYACA, con sustento en el permiso de construcción N.º PDC-0531-2024-ACO, emitido por la Municipalidad de Pérez Zeledón, conforme a derecho y siguiendo la normativa aplicable. SEGUNDO. SE RECHAZA POR LA FORMA MALINTENCIONADA EN SU PLANTEAMIENTO. Efectivamente, en el expediente 23-002032-0007-CO se encuentra en trámite una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal. Como ha sido establecido por esta Honorable Sala, mientras no se emita pronunciamiento definitivo, no debe dictarse resolución final en aquellos procedimientos administrativos o judiciales concretos en los que se discuta directamente la aplicación de las normas impugnadas. En ese sentido, el permiso municipal de construcción otorgado a mi representada no constituye una resolución final dentro de un procedimiento en el que se estuviera discutiendo la constitucionalidad de las normas impugnadas, y por tanto, no se ubica dentro del supuesto específico de suspensión establecido por esta Sala. En el presente caso, el permiso de construcción PDC-0531-2024-ACO otorgado a mi representado no constituye una resolución final dentro de un procedimiento administrativo en el que se estuviera discutiendo la constitucionalidad de los artículos 33 BIS o 33 TER, ni se estaba agotando la vía administrativa respecto de ese punto. El permiso se tramitó en el marco de una gestión ordinaria de solicitud de licencia constructiva, y la aplicación de la norma se dio de manera general, sin controversia expresa ni procedimiento contencioso asociado a la norma impugnada. Por lo tanto, no era jurídicamente procedente exigir que la Municipalidad se abstuviera de resolver la solicitud del permiso, ni que mi representado suspendiera voluntariamente su derecho de acceso a una resolución administrativa válida, en ausencia de orden expresa de paralización ni de un procedimiento en curso en que se discutiera la aplicación de los preceptos impugnados. De ahí que la afirmación del recurrente, según la cual el otorgamiento del permiso de construcción es ilegal por contravenir el efecto suspensivo de la acción de inconstitucionalidad, carece de asidero jurídico. La normativa impugnada seguía vigente y aplicable al momento del otorgamiento, y el acto administrativo emitido por la Municipalidad no se encuentra dentro del supuesto de excepción señalado por la jurisprudencia constitucional. No consta a esta representación, que el señor Sáenz haya solicitado copia del permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Nombre01 a la empresa FINCA LA FAMILIA S.A, nos atenemos a la prueba. Así como tampoco nos consta que motivó al señor Sáenz a solicitar el expediente, rechazamos esta manifestación al no constituir un hecho, sino ser una apreciación subjetiva. TERCERO. SE RECHAZA, NO NOS CONSTA. No consta a esta parte que el señor Sáenz haya comparecido ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, ni las diligencias que afirma haber realizado, ni las personas con quienes supuestamente conversó, ni mucho menos el contenido de lo que, según él, le habrían indicado funcionarios municipales. Lo expuesto por el recurrente se basa, en su mayoría, en apreciaciones subjetivas. En consecuencia, nos oponemos en todos sus extremos a los hechos narrados en ese apartado, por considerar que exceden la naturaleza fáctica exigida y son utilizados como recurso argumentativo fuera de lugar dentro de la relación de hechos. Respecto a los señalamientos relativos al permiso de construcción, esta parte reitera que mi representada actuó con pleno apego al ordenamiento jurídico vigente, gestionando debidamente su solicitud ante la autoridad municipal competente y cumpliendo con todos los requisitos técnicos y legales exigidos para la emisión del permiso de construcción correspondiente. Finalmente, se rechaza categóricamente que se haya vulnerado el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política. Las obras autorizadas han sido ejecutadas con un enfoque de mínimo impacto ambiental, respetando las características del entorno y, más aún, en cumplimiento con la Ley N.º 7600, al incorporar elementos de accesibilidad universal que favorecen el turismo inclusivo para personas con discapacidad. Muy por el contrario, a lo alegado por el recurrente el proyecto en cuestión promueve la conservación, la inclusión y el desarrollo responsable. CUARTO. SE RECHAZA, NO CONSTITUYE UN HECHO, SINO APRECIACIONES SUBJETIVAS. Se rechazan los señalamientos de ilegalidad respecto a la emisión del permiso de construcción. Mi representado cumplió con todos los requisitos exigidos por la autoridad competente, la cual emitió el permiso correspondiente conforme al ordenamiento jurídico vigente. No se ha violentado el derecho a un ambiente sano ni se ha ejecutado ninguna obra sin control técnico. Por el contrario, las estructuras construidas cumplen con principios de accesibilidad universal conforme a la Ley N.º 7600, lo cual refuerza el compromiso ambiental y social del proyecto ...”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

20.- Informa bajo juramento José Miguel Zeledón Calderón, en su condición de director de aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, quien acota lo siguiente: “Con fecha 16 de octubre del 2024, se recibe denuncia presentada por parte del señor Freddy Adolfo Sáenz. El recurrente, a la que se le dio ingreso bajo el registro ID-4615-2024. En esta se solicitaba criterio sobre fuentes de agua ubicadas en San José, cantón Pérez Zeledón, Distrito Barú sector conocido como Platanillo, específicamente en el sitio conocido como Cataratas Nauyaca, finca con número de folio real 246334-000, llevándose a cabo visita de campo el día 22 de octubre del 2024. En esta visita se observó el cauce del río Barucito desde la base de las rampas construidas en la zona de protección del río, generándose el informe técnico DA-UHTPSOZ-0013-2025 de fecha 7 de enero del 2025, dirigido al Coordinador de la Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur de la Dirección de Aguas, en el que se indica que en el sitio se dictaminó dos fuentes: una quebrada sin nombre y el río Barucito, este último de carácter permanente. Con la misma información se generó el informe técnico DA-UHTPSOZ-0014-2025 de 8 de enero del 2025, dirigido al Ing. Nelson Fallas Campos, Jefe de la Oficina Subregional de Nombre01 de SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE) por medio del cual se puso en su conocimiento la situación encontrada en el lugar para lo que correspondía, específicamente las construcciones dentro del área de protección de las fuentes señaladas. Por otra parte, se dio respuesta a la denuncia interpuesta por el señor Sáenz, mediante oficio DA-UHTPSOZ 0016-2025, en el que se indicó que conforme las competencias de la Dirección de Agua, no se encontraron estructuras dentro de los cauces de dominio público, ni afectación al recurso hídrico. Asimismo, se le informó que se dictaminaron dos cauces cuyas zonas de protección podrían verse afectadas, lo cual correspondía atender al SINAC. También se le informó que se había hecho la remisión correspondiente al SINAC, oficina Subregional. A efecto de emitir el informe solicitado por este Tribunal, en el que se requiere: “Indicar el estado actual de las obras en la zona de protección de ríos sobre el río denominado Barucito objeto de este recurso” , se emite el informe técnico DA-UHTPSOZ-0638-2025 de 12 de mayo del 2025, en el que se hace una reseña histórica de lo atendido por la Unidad Hidrológica Térraba-Pacifico Sur de la Dirección de Agua, para este caso, señalando además, que con fecha 28 de marzo del 2025, se realizó una nueva inspección al sitio en conjunto con funcionarios de la Subregión de Nombre01 observando la permanencia de las infraestructura en la zona de protección tanto del río Barucito como de la quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA UHTPSOZ-0013-2025”.

21.- Por escrito incorporado al expediente electrónico el 03 de junio de 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano en su condición de recurrente, indicó lo siguiente: “... CON RELACIÓN A LO INFORMADO POR LA EMPRESA INFRACTORA. PRIMERO. - Rechaza la empresa infractora la corta indiscriminada de y sotobosque, negando dicha acción, pero la prueba aportada a estrados judiciales refleja lo contrario. Además, aun en el evento de que no hubiera aportado prueba de cargo, la lógica y el sentido común también dicta lo contrario, pues es obvio que para abrirse paso cientos de metros hasta la ribera del río en una zona montañosa, se tuvo que haber talado y eliminado toda suerte de árbol para abrir paso para la construcción de los puentes y plataformas. El permiso Municipal al que alude la empresa infractora, pudo haber estado a derecho, pero solo en cuanto a construir fuera del área de protección, es decir, en el área indicada por la Municipalidad y las obras a levantar, pues no es resorte de la Municipalidad otorgar permisos en las Zonas de Protección de Ríos, sino de la Dirección de Aguas, de acuerdo a los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal, impugnados ante esta Honorable Sala Constitucional. Además, por estarse impugnado los artículos antes mencionados ante esta Honorable Sede Constitucional, tampoco podía la Dirección de Aguas otorgar permiso alguno para construir en dicha zona. En todo caso, ya eso está debidamente documentado por medio de los mismos informes rendidos por las autoridades recurridas, así que lo que diga la empresa infractora o no, ninguna relevancia tiene, pues está debidamente demostrado que actuaron al contrapelo de la ley y en franca contravención e irrespeto a lo ordenado por este Tribunal Constitucional, pues seguro estoy que los funcionarios de las oficinas recurridas le informaron al representante de la empresa infractora que no podían otorgar permisos para construir en dicha Zona de Protección, pues es seguro que lo intentó, pues esa era su meta, pues terminó construyendo las obras denunciadas aun sin permisos. Así pues, se solicita desatender la contestación de este hecho primero por parte de la empresa infractora, por ser solo su mero dicho, pues está en franco desacuerdo con la prueba que existe en el expediente. SEGUNDO. - Peca el representante legal de la empresa infractora en cuanto a lo expuesto en el hecho segundo, pues le da una connotación distinta a lo ordenado por este Tribunal Constitucional en la resolución de las 14:35 horas del 06 de febrero del 2023, y trata de inducir a error, ya que la orden emitida por esta Sala mediante la indicada resolución, era para los procesos judiciales y administrativos que estaban en trámite al momento de emitirse la citada resolución por parte de este Tribunal Constitucional, pues para los permisos que se intentarían obtener en fecha posterior a la indicada resolución, las autoridades administrativas tenían que respetar lo ordenado por este Honorable Tribunal Constitucional y por ende sabían que no debían otorgar ningún permiso de construcción en la Zona de Protección de Ríos, de hecho, ni siquiera tramitar. Dichos permisos, según los artículos 33 BIS y 33 TER de la Ley Forestal, recaían en la Dirección de Aguas, de ahí que, si la empresa infractora considera que está a derecho, que presente el permiso de construcción otorgado por la Dirección de Aguas, pues el permiso Municipal de construcción que posee no suple el permiso que debía otorgar la Dirección de Aguas. Nótese además que el permiso Municipal de construcción que posee la empresa infractora, data del mes de junio del 2023, y fue para construir senderos y plataformas en terreno privado fuera del área de protección, así pues, si la empresa infractora se aventuró y construyó dentro de la Zona de Protección sin permisos, dada la imposibilidad jurídica de su otorgamiento, asumió la responsabilidad que viene aparejada con dicha acción, es decir, creó su propio riesgo y lo asumió, pues es obvio que estaba siendo acuerpado por las autoridades Municipales y de las oficinas del MINAE, pues éstos no hicieron nada al respecto, solo paralizar la construcción, y cuando les puse en conocimiento que la empresa infractora había continuado con la tala de árboles y con la construcción de los puentes, más bien adoptaban una conducta hostil hacia mi persona, al extremo de manifestarme en reiterada ocasiones, que ellos ya había ido al sitio y hecho lo suyo y que no irían otra vez. Sobre el permiso Municipal de construcción otorgado a la empresa infractora, será la Municipalidad la que decida su suerte, aunque la ley obliga a dicho ente Municipal inclusive a demoler las obras construidas con una modificación del permiso de construcción sin autorización de la Municipalidad, pero mi reclamo se centra en la infracción al derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que está amenazado con las construcciones levantadas por la empresa infractora sin permisos y sin ningún tipo de estudio técnico y permisos de setena, dada su ilegalidad, y las consecuencias derivadas del uso de dichas construcciones y las generadas mientras se levantaban dichas obras. TERCERO. - Según la empresa infractora no le consta que el suscrito recurrente se haya apersonado a la Municipalidad a gestionar las diligencias en torno al permiso de construcción otorgado a la empresa infractora, lo que nos permite concluir que no revisó el expediente Constitucional, pues ahí constan las solicitudes hechas ante dicha Municipalidad y las demás oficinas del MINAE. Respecto a la manifestación de la empresa actora de haberse apegado al ordenamiento jurídico a la hora de solicitar el permiso de construcción, pudiera ser cierto, pero ello era la antesala para invadir la Zona de Protección Ríos maquillado con un permiso de construcción Municipal como para darle un matiz de legalidad a sus construcciones levantadas en la Zona de Protección. Para arribar a la anterior conclusión, nótese que el permiso de construcción Municipal data del 11 de junio del 2024, y la resolución que ordenó suspender todos los permisos en trámite es la de las 14:35 horas del 06 de febrero del 2023, es decir, de 1 año y 3 meses antes, lo que demuestra la ilegalidad de las obras, amén que por dicha ilegalidad no posee permisos de construcción dados por la autoridad competente, en este caso de la Dirección de Aguas. Respecto al hecho de que las obras se levantaron con un enfoque de mínimo impacto ambiental, se rechaza en todos sus extremos, pues no se podían otorgar permisos de construcción en la citada Zona de Protección de Ríos para la fecha en la que la empresa infractora lo solicitó, (junio del 2024), y al no poderse otorgar permisos las instituciones encargadas de otorgar los estudios técnicos tampoco podían participar activamente en dichos estudios, pues estaba Constitucionalmente prohibido. Obviamente el representante de la empresa infractora no comprende el fondo de su infracción, ni ha tamizado el irrespeto a las ordenes giradas por este Tribunal Constitucional al respecto, concluyéndose que actuó con total irrespeto a lo ordenado por esta Honorable Sala, pues fue plenamente informado por las autoridades administrativas involucradas, a decir, la Municipalidad Cantonal, las oficinas del SINAC y por la Dirección de Aguas, que no podían otorgar dicho permiso, pues es obvio que si lo hizo sin permisos, esa era su meta y por lo tanto se tuvo que haber hecho de esa información pero procedió a pesar de ello, así que no puede justificar su proceder, primero porque lo hizo contra la ley, y segundo, porque lo hizo con pleno conocimiento y voluntad, que en suma es el dolo o intención de causar los daños reclamados ante esta Sede Constitucional, al tenor del artículo 50 Constitucional. CUARTO. - Alega la empresa infractora que su permiso es legal, pues cumplió con todos los requisitos exigidos por la autoridad competente, de lo que discrepa el suscrito recurrente. Respecto al permiso de construcción Municipal me refiero que el mismo se dio con matices de ilegalidad, pues el oficio emitido por la oficina del SINAC utilizado para el otorgamiento del permiso de construcción, claramente señala e indica que las construcciones se extenderían hasta la ribera del río Barucito, lo que implica conocimiento de los funcionarios Municipales sobre los alcances de dichas construcciones, amén del proceder doloso del funcionario del SINAC que otorgó ese visto bueno. Obviamente los funcionarios Municipales no otorgarían permiso alguno para construir en la Zona de Protección de Ríos por la prohibición Constitucional existente y por no ser resorte Municipal, de ahí que el permiso Municipal de construcción en tesis de principio, se podría reputar como ajustado a derecho, con la salvedad de que los funcionarios Municipales y del SINAC tenían conocimiento de los planes de la empresa infractora, pero mi reclamo como ciudadano y recurrente, se centra en el hecho de construir dentro de la Zona de Protección de Ríos y la tala indiscriminada de árboles que no hacen otra cosa que dañar el recurso hídrico y el hábitat de muchas aves y mamíferos autóctonos que habitan en dichas zonas. SOBRE LOS ALEGATOS DE LA EMPRESA INFRACTORA RESPECTO A LO QUE DENOMINA TURISMO ACCESIBLE Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL SOCIAL. La empresa infractora se confunde y trata de inducir a error con sustento en dichos argumentos, que no son de recibo, pues desde su óptica está bien quebrantar la ley y perjudicar los derechos e intereses de más de cinco millones de costarricenses y de casi tres millones de turistas que ingresan al país cada año, todo con el único propósito de proteger sus intereses económicos. Además, no solo está en juego el derecho de los habitantes de la República de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que también se trata de proteger el recurso hídrico, que casualmente es protegido por los árboles ubicados a lo largo de las Zonas de Protección de todos los ríos y quebradas del país, cuya demanialidad protege la ley. El recurso hídrico es esencial y por ello protegido celosamente por esta Jurisdicción, pues el agua es fuente de vida tanto para los humanos como la vida silvestre. Tenemos también que la Zona de Protección de Ríos es hábitat de cientos de especies, tanto mamíferos como de aves, de reptiles y de miles de otros tipos de vida pequeña, vida animal que se ve amenazada por la basura y excremento que dejan las personas que visitan el sitio y sus mascotas, que también contamina el recurso hídrico, de ahí que no es de recibo lo alegado por la empresa infractora, cuyos personeros quebrantaron la ley e hicieron caso omiso a lo ordenado por este Tribunal, pese a ser advertido cuando acudió a las oficinas administrativas a gestionar el permiso para construir los puentes hasta la ribera del río. Por lo anterior se le solicita a la Honorable Magistratura Constitucional estimar el recurso de amparo que nos ocupa, condenado a la empresa infractora, y a las instituciones recurridas, al pago de las costas, daños y perjuicios irrogados con sus acciones y omisiones. SOBRE EL INFORME RENDIDO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. PRIMERO. - Alega el recurrido que el expediente administrativo se mantiene abierto a nivel Municipal para proteger la Zona de Protección del río Barucito, y que se mantiene está en trámite. Es lamentable que 8 meses después de interponer la denuncia dicho funcionario nos venga a decir que el expediente está en trámite, habida cuenta que sus propios funcionarios y los funcionarios del SINAC y de la Dirección de Aguas, constataron personalmente las infracciones denunciadas, es decir, de la existencia de las obras dentro de los 50 metros de protección. Es cierto que a la Municipalidad de Nombre01 no le corresponde por sí misma iniciar y culminar el procedimiento administrativo para demoler las obras levantadas sobre el río Barucito, pero como lo ha expuesto esta Honorable Sala en sus reiterados pronunciamientos, las Instituciones Públicas y las Instituciones autónomas, como las Municipalidades, tienen el deber legal de coordinar entre sí para lograr el fin común perseguido o el fin para el que fueron creadas. También es lamentable que nos venga a decir que las obras están totalmente terminadas y abiertas al público y aun así no coordine con las autoridades del MINAE para hacer cumplir la ley, inclusive denunciar al infractor ante el Ministerio Público, lo que a la fecha no han hecho. Según lo informa el funcionario denunciado, ellos no pretenden hacer cumplir la ley, habida cuenta que la empresa infractora modificó el permiso Municipal de Construcción, siendo una de las sanciones por dicho accionar, inclusive la demolición de las obras, de ahí que lo informado por dicho funcionario solo demuestra la inoperancia de las Municipalidades del país, y en especial la Municipalidad recurrida, cuyos funcionarios tienen pleno conocimiento que la empresa infractora modificó el permiso de construcción otorgado, invadiendo la Zona de Protección y extendiendo su construcción dentro de la Zona de Protección, y tienen pleno conocimiento de la presente acción de amparo y por ende con conocimiento de las consecuencias legales en caso de que el recurso sea estimado, pero contra todos los pronósticos no hacen nada al respecto, habida cuenta del daño que le ocasionan al ambiente, por ello se reitera la estimación del recurso. SOBRE EL INFORME RENDIDO POR LA OFICINA DEL SINAC. PRIMERO. – El informante DAVID CHAVARRÍA MORALES, en lugar de rendir el informe conforme a lo solicitado por este Honorable Tribunal Constitucional, procede a transcribir el oficio elaborado por su subalterno, que según se deriva de dicho informe, dicha oficina no ha accionado como en recto derecho correspondía, pese a la gravedad de las infracciones, de hecho, note esta Honorable Magistratura con la frialdad que informan que las construcciones permanecen en el sitio y en uso, pese a ser ellos junto a los funcionarios de la Dirección de Aguas y de la Municipalidad, quienes deben coordinar institucionalmente para erradicar el problema suscitado en su jurisdicción. Es lamentable que conociendo de primera mano la comisión de los delitos y de su resultado lesivo, no hayan actuado como corresponde, pero aun así solicitan ser eximidos de las consecuencias legales de una eventual estimación del recurso, por ello se reitera la estimación del recurso con las consecuencias legales que el caso amerita, dada la conducta omisiva de dicha oficina y su gravedad. SOBRE LO INFORMADO POR LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL. PRIMERO. - Nuevamente es lamentable que la presidenta de la Institución encargada de proteger los intereses y derechos de los habitantes del cantón que representa, le tire la pelota a la administración Municipal, y que simplemente informe que la empresa infractora hizo caso omiso a la orden de clausura Municipal y removió los sellos, y aun así no le ordene a la Administración Municipal poner alto a esa conducta, habida cuenta que se trata de una conducta delictiva, por ello se reitera la estimación del recurso, con las consecuencias legales que el caso amerita. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Tal y como se adelantó en el libelo de interposición del recurso, el suscrito acudió ante esta Honorable Sala en defensa del derecho Constitucional de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en protección de los recursos naturales, en especial del recurso hídrico y de la biodiversidad, pues con las actuaciones de la empresa e instituciones recurridas, se perjudica y daña dichos bienes. Esta Sala en sus reiterados pronunciamientos ha sido contundente respecto a esta protección, así, por ejemplo, en el extracto del voto que a continuación se transcribe, fue enfática y categórica respecto a la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones de garantizar ese derecho. Artículo 50 de la Constitución Política III.- Sobre el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 50 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El derecho a un ambiente sano tiene un contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita. De ahí que se afirme que se trata de un derecho transversal, es decir, que se desplaza a todo lo largo del ordenamiento jurídico, modelando y reinterpretando sus institutos. El ambiente es definido por la Real Academia Española de la Lengua como el ‘conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos’, lo que recalca aún más el carácter general del derecho. En cambio, el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la conservación de los recursos naturales. Ambos derechos se encuentran reconocidos expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política, que perfila el Estado Social de Derecho. La ubicación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de las regulaciones constitucionales del Estado Social de Derecho es el punto a partir del cual debe este ser analizado. El Estado Social de Derecho produce el fenómeno de incorporación al texto fundamental de una serie de objetivos políticos de gran relevancia social y de la introducción de un importante número de derechos sociales que aseguran el bien común y la satisfacción de las necesidades elementales de las personas. En esta perspectiva, la Constitución Política enfatiza que la protección de los recursos naturales es un medio adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los poderes públicos sobre los factores que pueden alterar el equilibrio de los recursos naturales y, más ampliamente, obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. De igual forma que el principio del Estado Social de Derecho es de aplicación inmediata, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado también lo es, de manera que se manifiesta en la doble vertiente de derecho subjetivo de las personas y configuración como meta o fin de la acción de los poderes públicos en general. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado encuentra su primera razón de ser en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen asimismo trascendencia en la propia estructura del Estado en su papel de garante de estos y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. La Constitución Política establece que el Estado debe garantizar, defender y preservar ese derecho. Prima facie garantizar es asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender es vedar, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho, y preservar es una acción dirigida a poner a cubierto anticipadamente el derecho de posibles peligros a efectos de hacerlo perdurar para futuras generaciones. El Estado debe asumir un doble comportamiento de hacer y de no hacer; por un lado, debe abstenerse de atentar él mismo contra el derecho a contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por otro lado, debe asumir la tarea de dictar las medidas que permitan cumplir con los requerimientos constitucionales." (Sentencia número 00644–99 de las once horas veinticuatro minutos del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve; en el mismo sentido se puede consultar la número 4947-2002 de las nueve horas con veinticuatro minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dos) (…)” VCG07/2020. En el caso bajo examen, vemos como las Instituciones encargadas de proteger el ambiente, los recursos naturales, y la biodiversidad, han mantenido una conducta omisiva y a todas luces pasiva, pese a la gravedad del daño generado, lo que me hace pensar que es cierto lo que se pulula en las calles de San Isidro de Pérez Zeledón, de que la empresa infractora pagó por inacción y guardar silencio, pues no tiene sentido que dichos funcionarios arriesguen ser accionados en Sede Penal por el delito de incumplimiento de Deberes y Favorecimiento Personal, de gratis. Este silencio y conducta omisiva, con soborno o sin él, es reprochable, pues data desde hace varios meses sin resultados positivos, de hecho, nótese que según el acta de inspección que consta en el expediente, desde el mes de octubre del 2024, las instituciones recurridas corroboraron la existencia de las infracciones, y pese al daño ocasionado y al que se ocasionaría con la visita de las personas que dejan la basura junto al lecho del río, no han adoptado las medidas que el caso amerita y que la ley los obliga, de hecho, ni siquiera decomisaron el equipo con el que perpetraron el delito, ni denunciaron al infractor al Ministerio Público, y luego omitieron proceder con la consecuente demolición una vez corroborada la existencia de las infracciones denunciadas, generado una reacción en cadena de daños. Al suscrito recurrente le preocupa sobremanera el recurso hídrico, pues el río está siendo contaminado por los visitantes, de igual manera la vida silvestre cuyo hábitat está siendo distorsionado por los visitantes, amén que la tala de árboles y toda suerte de bosque existente en el sitio, afectó y continua afectando la vida silvestre, pues muchos de las aves y mamíferos que habitan en el sitio, perdieron su hogar, pues al estar suspendido el proceso de otorgamiento de permisos en Zonas de Protección de Ríos, las construcciones denunciadas fueron levantadas en forma subrepticia y sin ningún tipo de fiscalización ni estudios de parte de los Entes Gubernamentales encargados de otorgar este tipo de permisos. Pese a lo anterior, los funcionarios de las oficinas recurridas continúan inertes, como si la situación traída ante su atención no fuera resorte de sus oficinas, nótese como tan frescamente aluden a que pese a la orden de paralización y clausura, la empresa infractora continuó con sus obras hasta su culminación y puesta en uso, pero no dicen que están fajados en el proceso de demolición y de denuncias ante el Órgano Requirente, como es su deber, pues así lo exige la Ley Forestal en sus artículos 54 y 57, para los funcionarios que realizaron las diligencias iniciales, y después de eso los funcionarios que asumieron las riendas del asunto, y por último, los funcionarios que esta Sala accionó de oficio. Es lamentable que, existiendo un ciudadano interesado en proteger el ambiente, denunciando las infracciones y aportando prueba de cargo, los mismos funcionarios de las Instituciones accionadas, hagan caso omiso a sus gestiones, inclusive tratándolo con desprecio, todo eso y siendo abogado, entonces me pregunto, ¿qué pasaría sí es un ciudadano de a pie quien denuncia?, seguro que ni siquiera hubieran acudido a realizar la inspección inicial. Mientras esta inercia y conducta omisiva en general se mantiene, el medio ambiente está siendo soslayado al igual que los derechos de los habitantes del país, y de paso contaminándose el recurso hídrico, lo que parece no importarles a los accionados, siendo una obligación de las autoridades accionadas su protección, pues, aunque acudo ante esta Honorable Sala en tutela de ese derecho, es a las Instituciones recurridas a quienes les compete su protección de oficio, sin embargo, de lo informado por los recurridos, no se nota que hayan emitido ninguna medida tendiente a proteger el recurso hídrico, que es fundamental para el desarrollo de las poblaciones que se benefician de las aguas del río Barucito que se pretende proteger …”.

22.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. Si bien el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de la sociedad Finca La Familia S.A., sostiene que el señor Nombre02 fue notificado el 06 de mayo de 2025 de la resolución dictada a las 12:06 horas del 24 de abril de 2025, acompañada de un disco compacto (CD) y afirma que al verificarse dicho soporte digital no contenía ningún archivo ni documento; posteriormente tuvo acceso al expediente -conforme lo solicitó- y dio respuesta oportuna a la audiencia conferida mediante la referida resolución.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente interpone recurso de amparo alegando la vulneración de su derecho fundamental de acceso a la información pública, debido a la negativa de la municipalidad de entregarle copia del permiso de construcción otorgado a la empresa Finca La Familia S.A., la cual ejecuta obras dentro de la zona de protección del río Barecito. Aunque presentó una solicitud formal debidamente autenticada, los funcionarios municipales se negaron a proporcionar el documento, aduciendo que se trata de información de carácter privado y que solo puede ser divulgada mediante orden judicial. El accionante considera dicha negativa injustificada, al tratarse de información de evidente interés público, dada la posible afectación ambiental derivada de las obras. Por ello, solicita que se declare con lugar el recurso, se restituya su derecho de acceso a la información pública y se resguarde el derecho al ambiente sano.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: 

       En cuanto a la Municipalidad de Pérez Zeledón.

a)   Mediante escrito -con fecha de recibido 07 de agosto de 2024- el señor Sáenz Altamirano solicitó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, lo siguiente: “… Se me extienda certificación o constancia, según corresponda, haciéndome saber si la empresa FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número CED01, representada por el Señor Nombre02, quién es mayor, casado, empresario, vecino de Dominical, portador de la cédula de identidad número CED02, ha obtenido de este Departamento formal permiso para movimientos de tierras y construcción en las fincas propiedad de dicha empresa número CED04, y CED05, y demás calidades que indican las certificaciones que se adjunta.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)   Mediante correo electrónico de las 12:50 horas del 14 de agosto de 2024, el Departamento de Planificación Territorial de la Municipalidad de Nombre01 remitió a la dirección electrónica aportada por el amparado -...03- las constancias CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-AC respecto a la información sobre el otorgamiento de permisos de movimientos de tierras y construcción en las fincas números 1-565366-000, y 1-246334-000 propiedad de la empresa FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)    La constancia CNS-0279-24-ACO señala: “La suscrita en calidad de coordinadora a.i. de Actividad Control Constructivo y a solicitud del señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, sobre Licencias Municipales de Construcción en finca folio real 1-565366---000; "Hago constar que analice la revisión del Sistema de Cobro Municipal (SCM) el cual tiene registros de construcción desde el año 2000, en el archivo central municipal, así como el sitio web, y puedo constatar que sobre la finca folio real 1-565366-000, no se registra permisos de construcción." (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

d)   La constancia CNS-0280-24-ACO indica: “ La suscrita en calidad de coordinadora a.i. de Actividad Control Constructivo y a solicitud del señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, sobre Licencias Municipales de Construcción en finca folio real 1-246334---000; "Hago constar que analice la revisión del Sistema de Cobro Municipal (SCM) el cual tiene registros de construcción desde el año 2000, en el archivo central municipal, así como el Yai web, y puedo constatar que sobre la finca folio real 1-246334-000, se registra los siguientes permisos de construcción.·► PDC-0531-2024-ACO, por un área de 690 metros cuadrados de construcción de senderos accesibles y plataformas de observación. Cabe recalcar los acá indicados son las únicas licencias municipales de construcción tramitadas en dicha propiedad.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

e)    Mediante escrito -con fecha de recibido 22 de agosto de 2024- el señor Sáenz Altamirano solicitó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, lo siguiente: “… Mediante constancia Municipal número CNS-0280-24-ACO, este Departamento me contestó la solicitud presentada ante este Departamento el día siete de agosto del año dos mil veinticuatro, sin embargo, dicha constancia adolece de información respecto a la solicitud de que se nos certificara también si la empresa FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número CED01, representada por el Señor Nombre02, propietaria de la finca de San José número 246334-000, obtuvo permiso de esta Municipalidad para realizar trabajos de movimientos de tierra en la indicada propiedad, ruego por lo tanto adicionar dicha información a la constancia supra citada y notificarla al suscrito solicitante.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

f)     Mediante escrito -con fecha de recibido 22 de agosto de 2024- el señor Sáenz Altamirano solicitó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, lo siguiente: “… Mediante constancia Municipal número CNS-0279-24-ACO, este Departamento me contestó la solicitud presentada ante este Departamento el día siete de agosto del año dos mil veinticuatro, sin embargo, dicha constancia adolece de información respecto a la solicitud de que se nos certificara también si la empresa FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad con cédula jurídica número CED01, representada por el Señor Nombre02, propietaria de la finca de San José número 565366-000, obtuvo permiso de esta Municipalidad para realizar trabajos de movimientos de tierra en la indicada propiedad, ruego por lo tanto adicionar dicha información a la constancia supra citada (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

g)   Mediante oficio OFI-0473-24-ACO de fecha 23 de agosto de 2024, Yendry Quesada Sancho, coordinadora a.i. del Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad recurrida, le comunicó -vía correo electrónico- al tutelado los siguiente: “… Reciba un cordial saludo, y a la vez procedemos a brindar respuesta a su consulta sobre si se han aprobado Licencias Municipales de Construcción, en la finca Dirección03, le informamos que como se le constato en el documento CNS-0279-24-ACO, sobre la propiedad citada no se ha aprobado Licencias Municipales de Construcción, por parte de este municipio. Se da por atendida a su solicitud y procede al archivo de la nota una vez le sea notificada.”. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

h)   Mediante oficio OFI-0589-24-ACO de fecha 16 de octubre de 2024, Yendry Quesada Sancho, coordinadora a.i. del Departamento de Control Constructivo de la Municipalidad recurrida, le comunicó al tutelado al correo electrónico ...01 lo siguiente: “… Reciba un cordial saludo, por medio de la presente y como se menciona en la línea asunto, en donde solicita lo siguiente: 1. Copia de expediente administrativo del PDC-0531-2024-ACO. Le informamos al respecto lo siguiente: De dicho expediente se remite los folios del 01 a 15 y de 17 a 26, que corresponde a los requisitos documentales, presentados para el proyecto, de lo que los datos tachados y el folio no incluido con el consecutivo 16 que es la imagen de la Cedula de Identidad de la parte propietaria de la finca, corresponden a información sensible de los administrados amparada su protección bajo la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales No. 8968. Así también, no se remite los planos constructivos CFIA 1124416 ya que estos están protegidos por derechos de autor conforme a la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

i)     En fecha no precisada, se presentó ante la Municipalidad una denuncia por una supuesta construcción dentro de la zona de protección del río Barecito (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

j)     A raíz de dicha denuncia, la Municipalidad de Nombre01 abrió el expediente administrativo número ADM-0230-24-ACO, el cual se encuentra en trámite (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

k)   Dentro del procedimiento administrativo iniciado, se registró la interposición de un recurso de apelación contra un acta de clausura, el cual está en etapa de resolución, según se indica en el oficio número OFI-0147-25-PTE emitido por el coordinador de Planificación Territorial (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

l)     El 28 de abril de 2025, el inspector municipal Emilio López Duarte realizó una visita de inspección a la finca folio real 1-246334-000, inscrita a nombre de Finca La Familia S.A., y constató que una rampa previamente clausurada se encontraba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados con anterioridad (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

m)Ese mismo 28 de abril de 2025, el inspector municipal procedió nuevamente a colocar los sellos de clausura en la estructura observada, adjuntando documentación fotográfica del incumplimiento constatado (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

       En cuanto al Sistema Nacional de Área de Conservación y la Dirección de Agua.

a)   En el año 2022, mediante oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-222-2022 se remitió a la Fiscalía información relativa a la causa penal No. 22-000029-0219-PE, interpuesta contra el señor Nombre02, representante de Finca la Familia S.Nombre05., por la denuncia de construcción de plataformas en el área de protección del río Barecito (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

b)   En el transcurso del año 2022, durante una inspección de seguimiento en dicha causa penal, se localizó una naciente dentro del inmueble folio real SJ-246334-OOO. Por tal motivo, mediante el oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022, se solicitó dictamen técnico a la Dirección de Aguas del MINAE sobre dicha naciente, debido a la posible invasión del área de protección por parte de infraestructuras existentes (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

c)    El 05 de julio de 2023, mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0655-2023, la Dirección de Aguas del MINAE dictaminó que la naciente encontrada en el folio real SJ-246334-OOO, ubicada en las coordenadas Dirección04, es de carácter permanente (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

d)   El 03 de agosto de 2023, el funcionario Allan Cordero Martínez comunicó a la Fiscalía de Nombre01 la existencia de infraestructuras que invadían las áreas de protección de cuerpos de agua de dominio público, mediante los oficios SINAC-ACLA-P-SRPZ-0761-2023 y SINAC-ACLAP-SIG-198-2023, sumando dicha información a lo ya remitido en 2022 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

e)    La causa penal No. 22-000029-0219-PE se mantiene en trámite ante el Juzgado Penal, a la espera de la resolución de una acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Sala Constitucional, relativa a la modificación del artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

f)     En octubre de 2024, el Lic. Adolfo Sáenz Altamirano presentó varios escritos ante la Subregión de Nombre01 del Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP) del SINAC-MINAE, denunciando una presunta invasión de área de protección de cuerpos de agua por parte de la empresa Finca la Familia S.A. (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

g)   El 22 de octubre de 2024, se realizó una visita conjunta de inspección al sitio denunciado, con participación de funcionarios del ACLAP y de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como resultado de dicha inspección se constató la existencia de una estructura tipo rampa o plataforma de hierro y baldosas que invadía el área de protección del cuerpo de agua existente. Ante ello, se emitió la medida cautelar administrativa número 0560, ordenándole al señor Nombre02 detener toda construcción o invasión al área de protección del río Barecito o cualquier otro cuerpo de agua de dominio público presente en su propiedad, así como retirar las plataformas construidas en esas zonas (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

h)   El 22 de octubre de 2024, funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE realizaron el levantamiento del cauce y recabaron datos técnicos para emitir el dictamen correspondiente y los personeros de la Municipalidad de Nombre01 procedieron a paralizar las obras que se estaban realizando (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

i)     El 16 de diciembre de 2024, el Ing. Nelson Fallas Campos, jefe de la Oficina Subregional de Nombre01 respondió formalmente a los escritos presentados por el Lic. Sáenz Altamirano (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

j)     Durante diciembre de 2024, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) realizó tres operativos en el sitio, dos de ellos por parte del SINAC y uno de manera institucional (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

k)   El 07 de enero de 2025, se remitió por correo electrónico una solicitud de informe al Área de Conservación La Amistad Pacífico (ACLAP), por ser la instancia competente conforme al artículo 28 de la Ley de Biodiversidad No. 7788 (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

l)     El 08 de enero de 2025, mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 suscrito por el Lic. Jairo David Gómez Céspedes del Área Técnica Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Dirección de Agua-MINAE, dirigido al Ing. Nelson Fallas Campos, jefe de la Oficina Subregional Nombre01 Área de Conservación La Amistad Pacífico Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC-MINAE, se comunicó lo siguiente: “… En atención a la denuncia en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur con números de control interno 4615-2024 y 34-2025, por parte del denunciante Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, contra “Nombre02 cedula de identidad: CED02” en dicha denuncia se indica entre otras cosas “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre02, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca propiedad de su representada número CED06, ubicada en Barú de Pérez Zeledón, que colinda en la parte este con las cataratas conocidas como CATARATAS NAUYACA, lugar donde la empresa CATARATAS NAUYACA SOCIEDAD ANÓNIMA.” Me permito indicarle lo siguiente. Mediante inspección realizada 22 de octubre del 2024 realizada en conjunto con personal de su representada Zeledón y la municipalidad de Pérez Zeledón, en el sitio de denuncia con coordenadas CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, distrito de Barú, Lugar conocido como Platanillo, específicamente en el sitio conocido como Cataratas Nauyaca, finca con número de folio real CED07, donde se observa la posible invasión de la zona de protección del río Barucito y la Quebrada Sin Nombre como se escribe a continuación. Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces (se insertan fotografías) …”. “… No se observan obras, modificaciones o afectaciones directas a los cauces de dominio público dictaminados. Revisado el Registro Nacional de Dictámenes, Concesiones y Obras en cauce de esta Dirección, no se encontró ninguna referencia sobre solicitud de obra en cauce para el sitio de denuncia. Los cuerpos de agua cuyas zonas de protección se ven invadidas son el río Barucito, cuerpo de agua del dominio público de carácter permanente según la hoja cartográfica 1:50 mil Dominical numero 3443-IV y la quebrada Sin Nombre, ambos cuerpos de agua dictaminados por esta dirección mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 adjunto. Se le comunica para que realice lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

m)El 08 de enero de 2025, mediante oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025 suscrito por el Lic. Jairo David Gómez Céspedes del Área Técnica Coordinador Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur y el Ing. Francisco Vargas Salazar, ambos de la Dirección de Agua-MINAE, dirigido al amparado señalaron lo siguiente: “… En atención a la denuncia recibida en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur, con números de control interno 4615-2024 y 34-2025, por parte de su persona contra “Nombre02 cédula de identidad: CED02” en la cual indica “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre02, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca” me permito indicarle acerca de las gestiones realizadas: • Recibida la denuncia se coordina inspección en conjunto con la Sub Regional de SINAC Nombre01 y la Municipalidad de Pérez Zeledón, realizada 22 de octubre del 2024, al sitio de denuncia. • El día de la visita los funcionarios de la Sub Regional de SINAC Nombre01 interponen medida cautelar numero 0560 al dueño de la finca para “detener toda obra de construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua del Dominio Público”. • En base a la inspección se determinó lo siguiente. No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación al recurso hídrico. Se dictaminaron dos cauces de dominio público mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal. Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. Se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para lo que corresponda mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de diciembre de 2025. Por tanto, dentro de las competencias de esta Dirección, se da por atendida la denuncia con ID CED08.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

n)   El 09 de enero de 2025, se efectuó una inspección de seguimiento a la orden administrativa No. 0560, por parte del funcionario Allan Cordero Martínez en compañía de la funcionaria Keilyn Otárola Araya. En la diligencia se constató la permanencia y conclusión de las infraestructuras en el área de protección del río Barucito, así como el incumplimiento de la orden (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

o)   Ese mismo 09 de enero de 2025, mediante el oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-0012-2025, se presentó denuncia ante la Fiscalía de Nombre01 por desobediencia a la autoridad e invasión a un área de protección de cuerpo de agua de dominio público, originándose la causa penal No. 25-000038-0219-PE (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

p)   El 12 de enero de 2025, mediante oficio DA-UHTPSOZ-0638-2025 suscrito por el Lic. Jairo David Gómez Céspedes del Área Técnica Coordinador Unidad Hidrológica Térraba-Pacífico Sur y el Ing. Francisco Vargas Salazar, ambos de la Dirección de Agua-MINAE, dirigido al Ing. José Miguel Zeledón Calderón, director de Agua indicaron lo siguiente: “… Antecedentes: En el año 2022 mediante oficio DA-UHTPSOZ-0049-2022 se brindó respuesta a la fiscalía en base a solicitud de información solicitada dentro de la causa penal 22-000029-0219-PE en contra de Nombre02. En su calidad de representante de FINCA LA FAMILIA S.A. en base a esta información se determinó que no existe intervención en el cauce del río Barucito. En el año 2023 mediante oficio DA-UHTPSOZ-0655-2023 (adjunto) se brindó respuesta a la solicitud de dictamen con oficio SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022, (ID 4293-2022), se dictaminó el cuerpo de agua Naciente sin Nombre en el sitio de denuncia. En octubre del 2024 se recibe la denuncia (control interno 4615-2024 y 34-2025) en oficina de Dirección de Agua del MINAE Unidad Hidrológica Térraba Pacifico Sur, por parte del señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano contra “Nombre02 cedula de identidad: CED02” en la cual indicaba “Hace aproximadamente un mes, el denunciado Nombre02, en las condiciones dichas, inició a construir unos enormes puentes semi-colgantes y plataformas de observación dentro de los 50 metros dela Zona de Protección de Ríos en la finca” se realizaron las siguientes Gestiones: • Se coordina inspección en conjunto con la Sub Regional de SINAC Nombre01 y la Municipalidad de Pérez Zeledón, realizada 22 de octubre del 2024, al sitio de denuncia. • El día de la visita los funcionarios de la Sub Regional de SINAC Nombre01 interponen medida cautelar numero 0560 al dueño de la finca para “detener toda obra de construcción y/o invasión al área de protección del río Barucito y cualquier otro cuerpo de agua del Dominio Público”. • Con base en dicha inspección se determinó lo siguiente por parte de esta Dirección: No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. - No se encontró afectación directa al recurso hídrico. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 (adjunto) Se dictaminaron dos cauces de dominio público, río Barucito y Quebrada Sin Nombre, las cuales posiblemente se están viendo afectadas sus zonas de protección establecidas en el artículo 33 de la ley forestal según los indicado en dicho informe. - Revisado el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces no existen permisos de obra en cauce para el sitio visitado. - Mediante oficio DA-UHTPSOZ-0014-2025 notificado el 8 de enero de 2025 (adjunto), se trasladó el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua encontrados al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de dicho informe cabe destacar: “Construcción de infraestructuras en la zona de protección: en el margen Sur del cauce del río Barucito se observa la construcción de rampas de acceso y plataforma de observación en la zona de protección (figura 1) tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025, en algunos casos las obras se encontraron a menos de 10 metros de los cauces”, así mismo se adjuntaron fotografías de las infraestructuras observadas. - Mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025 notificado el 9 de enero de 2025 (adjunto), se le comunicó al señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, el informe de visita y dictámenes de los cuerpos de agua y traslado de la denuncia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. • Del traslado de la denuncia y en apariencia el incumplimiento de la orden administrativa interpuesta por el SINAC; este ente procedió a interponer la denuncia penal con número de causa 25-000038-0219-PE. • En seguimiento de la denuncia supracitada, se realizó visita de campo el 28 de marzo del 2025, en compañía del Señor Allan Cordero Martínez Técnico Protección Ambiental de la SUBREGIÓN PÉREZ ZELEDÓN, en la cual se observó la permanencia de las de infraestructuras en la zona de protección, tanto del río Barucito como de la Quebrada Sin Nombre dictaminada mediante oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 en pleno uso de turistas y personal de atención al turismo (figura 1). (se insertan fotografías) …”. “… No se observaron infraestructuras dentro de los cauces de dominio público. No se encontró afectación directa al recurso hídrico. Se le informa para lo que corresponda.” (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

q)   El 28 de marzo de 2025, se realizó una nueva visita in situ para recabar información en el marco de la causa penal. La diligencia fue realizada por el funcionario Allan Cordero Martínez en compañía del funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, Jairo Gómez Céspedes. Durante la inspección se verificó la permanencia de todas las infraestructuras denunciadas -en las causas penales Nos. 22-000029-0219-PE y 25-000038-0219-PE- las cuales se encontraban en uso activo por turistas y personal de atención al turismo, a pesar de las medidas administrativas adoptadas y de los procesos penales en curso (ver informe rendido bajo juramento y prueba adjunta).

IV.- HECHO NO PROBADO. De importancia para la decisión de este asunto, se tiene como no demostrado el siguiente hecho:

ÚNICO. Que el recurrente intentara presentar una solicitud de copias del expediente administrativo ante la Municipalidad de Nombre01 y que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento accionado se negara a recibir dicha solicitud.

V.- SOBRE EL DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. El derecho de petición y pronta respuesta, cobijado en los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, a falta de que no se hubiere señalado otro plazo para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que en la decisión de la petición la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto, en cuyo caso la Administración siempre está obligada a comunicarle al petente las causas de la demora en pronunciarse. En todo caso, el deber de resolver no implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el objeto de lo pedido y el de lo contestado.

VI.- SOBRE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA AMBIENTAL.

Concerniente a los principios preventivo y precautorio, en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Sala precisó:

“En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

Justamente, el principio precautorio debe ser entendido como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté del todo asegurado, tal incertidumbre jamás justificará ni excusará que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación al ambiente. Al respecto, obsérvese, por un lado, que no se está ante cualquier tipo de amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados. En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta con el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente ‑lo que desnaturalizaría su razón de ser‑, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente conlleve un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se estén desarrollando. Paralelamente tienen que adoptar con eficiencia y efectividad todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Precisamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente.

Concerniente al principio preventivo, en el primer informe de la ONU sobre el estado del derecho ambiental internacional, documento A/73/419 de 30 de noviembre de 2018 elaborado por su secretario general en cumplimiento de la resolución de la asamblea general de 10 de mayo de 2018 (nro. A/72/L.51), se le conceptualiza como pauta normativa del derecho internacional consuetudinario “confirmada por la práctica pertinente en muchos tratados relativos al medio ambiente y los principales proyectos de codificación”.

Ahora, si bien en el informe antedicho se subraya la prevención del daño transfronterizo, lo cierto es que este principio general de derecho, como bien se consigna en el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020) , tiene un alcance mucho mayor, toda vez que, como guía hermenéutica, conduce a que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir. El criterio de prevención prevalecerá entonces, sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del medio ambiente y los recursos naturales”. Lo anterior tiene todo sentido, pues es consecuente con el deber de prevenir la consumación de un daño ambiental, y no limitarse a decidir acerca de la reparación de las consecuencias perjudiciales ya corroboradas, incluso disponiendo la paralización de los efectos dañinos.

Tal instituto se refleja, entre otras normas, en los ordinales 194.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ratificada por Costa Rica mediante ley nro. 7291) y 5 y Anexo II del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre Peces Transzonales y Altamente Migratorios (ratificado mediante ley nro. 8059), así como en la jurisprudencia constitucional (ver sentencias nros. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021 y 2018016383 de las 17:00 horas del 28 de setiembre de 2018, entre muchas otras) y en la convencional, verbigracia, e la opinión consultiva nro. OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, párrafos: 127 a 174 e incisos a) y b) del párrafo 242 y la sentencia de 24 de noviembre de 2022 Nombre06 vs. Chile. Justamente, en la última señala la Corte IDH de manera expresa:

“208. Sin perjuicio de lo anterior, en materia específica ambiental, debe destacarse que el principio de prevención de daños ambientales, forma parte del derecho internacional consuetudinario, y entraña la obligación de los Estados de llevar adelante las medidas que sean necesarias ex ante la producción del daño ambiental, teniendo en consideración que, debido a sus particularidades, frecuentemente no será posible, luego de producido tal daño, restaurar la situación antes existente. En virtud del deber de prevención, la Corte ha señalado que “los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al […] ambiente”200. Esta obligación debe cumplirse bajo un estándar de debida diligencia, la cual debe ser apropiada y proporcional al grado de riesgo de daño ambiental201. Por otro lado, si bien no es posible realizar una enumeración detallada de todas las medidas que podrían tomar los Estados con el fin de cumplir este deber, pueden señalarse algunas, relativas a actividades potencialmente dañosas: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia, y v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental202”.

Por su parte, el principio in dubio pro natura significa, según la ‘Declaración Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) acerca del Estado de Derecho en materia ambiental’ que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos” (ver principio V).

En tal sentido, según el documento ‘95 Principios Jurídicos Medioambientales para un Desarrollo Ecológicamente Sustentable’ (aprobados en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana‑2018 y por la Corte Plena en el artículo XIX de la sesión nro. 28-2020 del 25 de mayo de 2020), “Todo operador de las normas ambientales deberá tener siempre presente el principio pro naturaleza, conforme al cual se evitarán los riesgos, se privilegiarán los intereses colectivos generales sobre los particulares, se favorecerá la preservación del medio ambiente y en caso de duda se preferirá la interpretación que en forma más amplia proteja el entorno”.

El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio‑, sino que implica una “regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones” (Olivares y Lucero, 2018).

Por otra parte, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado, y que, dado el caso, se tienen que ponderar las medidas de compensación que correspondan.

Finalmente, este Tribunal explicó el principio de objetivación de la tutela ambiental en estos términos:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”. En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

VI.- EN CUANTO A LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL RÍO BARUCITO Y DE LA QUEBRADA SIN NOMBRE. Del conjunto de elementos probatorios que obran en el expediente, se concluye que si bien tanto la Municipalidad de Nombre01 como el Ministerio de Ambiente y Energía (por medio de la Dirección de Aguas y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC) han realizado algunas gestiones tendentes a contener la afectación denunciada —tales como la emisión de constancias sobre permisos inexistentes o parciales, la imposición de una medida cautelar administrativa (orden No. 0560), la apertura de expedientes administrativos, la coordinación de inspecciones conjuntas y la denuncia penal de los hechos— lo cierto es que dichas acciones han sido materialmente insuficientes e ineficaces para lograr una protección real, inmediata y efectiva del derecho constitucional al ambiente sano.

En efecto, ha quedado acreditado que, pese a dichas actuaciones al 28 de marzo de 2025 seguían presentes y en uso activo por turistas y personal de atención al turismo todas las infraestructuras denunciadas (rampas, plataformas de observación y senderos) construidas en la zona de protección del río Barucito y de la quebrada Sin Nombre. Asimismo, el 28 de abril de 2025, el inspector municipal constató que una de dichas estructuras —previamente clausurada— estaba completamente finalizada y abierta al público, en aparente desacato a los sellos de clausura colocados anteriormente, lo que lo llevó a recolocar los mismos sellos en ese momento.

Esta reiteración de hechos violatorios, junto con la continuidad de las actividades y la persistencia de la infraestructura, pone en evidencia una omisión administrativa grave y sostenida por parte de ambas entidades recurridas, al no garantizar de forma idónea el cumplimiento efectivo de sus competencias constitucionales y legales en materia de protección de zonas de recarga hídrica y áreas de protección ambiental.

Tal pasividad administrativa configura una violación del artículo 50 de la Constitución Política que impone al Estado —y a todas sus instituciones— el deber no solo de no dañar el ambiente, sino de protegerlo activamente, restaurarlo y prevenir su deterioro. El derecho al ambiente sano, tal como lo ha señalado la Sala Constitucional no es simplemente una cláusula programática, sino que tiene fuerza normativa plena, goza de protección directa e inmediata mediante el recurso de amparo y su respeto impone obligaciones positivas a las autoridades públicas, las cuales deben actuar de manera oportuna, preventiva y eficaz.

Este deber requiere resultados reales y verificables, conforme lo ha reiterado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al establecer que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, protegido por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador y desarrollado en su Opinión Consultiva OC-23/17, donde se subraya que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y reparar afectaciones ambientales que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad o la dignidad humana, incluso cuando no haya daño físico inmediato, pero sí una afectación a la integridad ecológica y funcional de los ecosistemas.

En este caso, las omisiones sostenidas en el cumplimiento de deberes de vigilancia, sanción y ejecución por parte del MINAE y de la Municipalidad de Nombre01 han permitido que perdure en el tiempo una situación claramente contraria a los estándares constitucionales y convencionales de protección del ambiente, con afectación no solo a la zona de protección—cuya conservación es de interés público nacional— sino también a los derechos del amparado como denunciante ambiental y a los intereses difusos de la colectividad.

Si bien consta en el expediente que funcionarios de la Dirección de Aguas del MINAE indicaron en el informe técnico correspondiente -oficio DA-UHTPSOZ-0016-2025- que no se encontró afectación directa al recurso hídrico en sí —es decir, al cauce activo del río o de la quebrada—también quedó fehacientemente consignado que mediante el oficio DA-UHTPSOZ-0013-2025 la misma Dirección dictaminó la existencia de dos cauces de dominio público, específicamente el río Barucito y la quebrada Sin Nombre, ambos permanentes y protegidos por el ordenamiento jurídico costarricense, en los que sus zonas de protección podrían estarse viendo afectadas, conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575.

Es decir, aunque no se verificó un daño físico inmediato en el cauce como tal, sí se confirmó la presencia de construcciones en el área de protección, definida legalmente como una franja de terreno adyacente al cuerpo de agua cuya conservación es esencial para proteger su caudal, sus valores ecológicos, su función como corredor biológico y su integridad física y funcional. Dicha área, por disposición normativa expresa goza del mismo nivel de protección jurídica que el cauce mismo y cualquier intervención dentro de ella —sea por relleno, construcción, deforestación, movimiento de tierra, instalación de infraestructura turística o recreativa— requiere de permisos específicos y del dictamen técnico ambiental correspondiente.

Adicionalmente, del mismo informe se desprende que, al revisar el Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces, no se encontró ninguna solicitud ni autorización vigente para obras en el sitio visitado, lo que refuerza la ilicitud de las intervenciones observadas. Esta situación evidencia una clara transgresión del marco legal ambiental y refleja una omisión sustancial en el deber de fiscalización y ejecución efectiva de las medidas preventivas, correctivas y restaurativas por parte de ambas autoridades recurridas, lo que configura una afectación directa al derecho constitucional al ambiente sano, protegido en el artículo 50 de la Constitución Política.

Bajo esta perspectiva, resulta claro que aun cuando se haya afirmado técnicamente que no hay afectación directa al agua como tal, sí existe una violación concreta al régimen de protección de los ecosistemas hídricos y su zona perimetral de conservación, lo cual, conforme al principio de precaución, al de prevención y al de no regresión ambiental, impone una actuación decidida, eficaz y articulada por parte de las autoridades competentes. Su omisión continuada, pese a las múltiples denuncias, dictámenes, inspecciones e incluso procesos judiciales en curso, constituye una violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Ergo, al haberse constatado una ineficacia sistemática, sostenida y jurídicamente injustificada en la actuación de las autoridades públicas recurridas frente a una afectación ambiental concreta, corresponde declarar con lugar el presente recurso de amparo, tanto contra la Municipalidad de Nombre01 como contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Dirección de Agua y el Sistema Nacional de Área de Conservación) y ordenar a las parte recurridas que en el marco de sus respectivas competencias, adopten de forma inmediata, coordinada y efectiva todas las medidas necesarias para asegurar la restauración, protección y garantía del área de protección hídrica afectada, según lo dispuesto en la parte dispositiva de esta sentencia. En cuanto a este punto se declara con lugar el recurso.

VII.- EN CUANTO A LAS GESTIONES DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN FORMULADAS POR EL RECURRENTE. Del análisis integral de los autos y con fundamento en el elenco de hechos probados, esta Sala concluye que no se configura una vulneración al derecho fundamental de petición y pronta respuesta, previsto en el artículo 27 de la Constitución Política. En efecto, consta que el señor Freddy Adolfo Sáenz Altamirano presentó el 07 de agosto de 2024 una gestión formal ante el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Pérez Zeledón, solicitando certificación sobre la existencia de permisos municipales de construcción y de movimientos de tierra otorgados a la empresa Finca La Familia S.A. respecto de dos propiedades. Tal solicitud fue atendida mediante los oficios CNS-0279-24-ACO y CNS-0280-24-ACO, remitidos a su correo electrónico el 14 de agosto de 2024, dentro del plazo legal. Posteriormente, ante solicitudes aclaratorias formuladas el 22 de agosto de 2024, la administración respondió mediante el oficio OFI-0473-24-ACO del 23 de agosto del mismo año, reafirmando la inexistencia de permisos en una de las fincas consultadas.

A pesar de que el petente aporta copia de un escrito —sin fecha— en el que solicita al gobierno local recurrido copias del expediente administrativo, no consta que algún funcionario o guarda de seguridad del ayuntamiento se haya negado a recibir dicha gestión -según lo alegado en el libelo de interposición-. No obstante, mediante el oficio OFI-0589-24-ACO del 16 de octubre de 2024, se remitieron al interesado copias parciales del expediente administrativo PDC-0531-2024-ACO, omitiéndose los datos personales sensibles y los planos protegidos por derechos de autor, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Ley N.º 8968) y propiedad intelectual (Ley N.º 6683).

Ergo, al haberse atendido material y oportunamente las gestiones formuladas y sin que se evidencie denegación arbitraria o irrazonable de información de carácter público, este Tribunal no constata lesión alguna al derecho invocado. En consecuencia, en cuanto a este extremo se declara sin lugar el recurso de amparo.

VIII.- CONCLUSIÓN: El recurso se declara parcialmente con lugar, de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la presente sentencia.

IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se ordena a Emanuel Ceciliano Alfaro y Andrea Herrera Chaves, por su orden alcalde y presidenta del Concejo, ambos de la Municipalidad de Pérez Zeledón, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta sentencia, a) procedan a ejecutar todas las medidas necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento del acta de clausura y de los sellos colocados en las infraestructuras construidas en la zona de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre, incluyendo inspecciones periódicas, cierre físico, rotulación visible y control efectivo del sitio y b) remitir a esta Sala, en un plazo no mayor a QUINCE DÍAS adicionales, un informe detallado y documentado de las actuaciones ejecutadas, con copia de las diligencias de inspección, fotografías del sitio, resolución administrativa adoptada y cualquier medida de seguimiento. Asimismo, se ordena a David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez y María Gabriela Páez Vargas, por su orden director ejecutivo interino del Sistema Nacional de Área de Conservación, director regional del Área de Conservación la Amistad Pacífico y directora a.i. de la Dirección de Agua, todos del Ministerio de Ambiente y Energía, o a quienes en su lugar ocupen esos puestos, para que en el plazo de QUINCE DÍAS, a partir de la notificación de esta resolución, a) procedan a coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir la medida cautelar administrativa N.º 0560 dictada el 22 de octubre de 2024, adoptando las medidas técnicas y legales para garantizar el retiro de las plataformas, rampas u otras construcciones ilegales dentro de las zonas de protección del río Barucito y la quebrada Sin Nombre y b) en el plazo de QUINCE DÍAS adicionales, remitan a esta Sala un informe detallado, de todas las gestiones realizadas, incluyendo cronograma de actuaciones, resoluciones técnicas, informes de inspección y medidas ejecutadas o programadas para la recuperación ambiental del sitio afectado y c) Se establezcan un mecanismo coordinado e interinstitucional de fiscalización permanente junto con la Municipalidad de Nombre01 en el área afectada, a fin de evitar nuevas construcciones, ocupaciones u obras dentro de zonas de protección hídrica sin el debido permiso. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que, con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Nombre01 al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás se declara sin lugar el recurso. -

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 R2PZJAD45SI61

EXPEDIENTE N° 24-027574-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:51:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**WHEREAS (CONSIDERANDO) VI.- REGARDING THE PROTECTION ZONE OF THE BARUCITO RIVER AND THE UNNAMED STREAM.** From the body of evidence in the case file, it is concluded that although both the Municipality of Pérez Zeledón and the Ministry of Environment and Energy (through the Water Directorate and the National System of Conservation Areas – SINAC) have undertaken some efforts aimed at containing the reported impact —such as issuing certificates of non-existent or partial permits, imposing an administrative precautionary measure (Order No. 0560), opening administrative case files, coordinating joint inspections, and filing a criminal complaint regarding the facts— the truth is that these actions have been materially insufficient and ineffective in achieving real, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment.

In fact, it has been proven that, despite these actions, as of March 28, 2025, all the reported infrastructure (ramps, observation platforms, and trails) built in the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream remained present and in active use by tourists and tourist service personnel. Likewise, on April 28, 2025, the municipal inspector verified that one of these structures —previously closed— was completely finished and open to the public, in apparent disregard of the previously placed closure seals, leading him to replace the same seals at that time.

This repetition of violating acts, together with the continuity of the activities and the persistence of the infrastructure, reveals a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, failing to adequately guarantee the effective fulfillment of their constitutional and legal competencies regarding the protection of water recharge zones and environmental protection areas.

Such administrative passivity constitutes a violation of Article 50 of the Political Constitution, which imposes on the State —and all its institutions— the duty not only to avoid damaging the environment but to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration. The right to a healthy environment, as the Constitutional Chamber has noted, is not merely a programmatic clause but has full normative force, enjoys direct and immediate protection through the amparo appeal, and its respect imposes positive obligations on public authorities, which must act in a timely, preventive, and effective manner.

This duty requires real and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also reiterated, establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right, protected by Article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, where it is emphasized that States have the obligation to prevent, regulate, and repair environmental impacts that jeopardize life, health, integrity, or human dignity, even when there is no immediate physical harm, but there is an impact on the ecological and functional integrity of ecosystems.

In this case, the sustained omissions in fulfilling the duties of surveillance, sanction, and enforcement by MINAE and the Municipality of Pérez Zeledón have allowed a situation clearly contrary to constitutional and conventional environmental protection standards to persist over time, affecting not only the protection zone —whose conservation is of national public interest— but also the rights of the protected party as an environmental complainant and the diffuse interests of the community.

Although the case file shows that officials from the Water Directorate of MINAE indicated in the corresponding technical report —official communication DA-UHTPSOZ-0016-2025— that no direct impact was found on the water resource itself —that is, on the active channel (cauce) of the river or stream— it was also reliably recorded that, through official communication DA-UHTPSOZ-0013-2025, the same Directorate confirmed the existence of two public-domain channels (cauces de dominio público), specifically the Barucito River and the Unnamed Stream, both permanent and protected by the Costa Rican legal system, whose protection zones could be affected, as provided in Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575.

That is, although no immediate physical damage to the channel (cauce) itself was verified, the presence of constructions in the protection area was confirmed, legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential for protecting its flow, ecological values, function as a biological corridor, and its physical and functional integrity. This area, by express regulatory provision, enjoys the same level of legal protection as the channel (cauce) itself, and any intervention within it —whether by fill, construction, deforestation, earthworks (movimiento de tierra), or installation of tourist or recreational infrastructure— requires specific permits and the corresponding environmental technical assessment (dictamen técnico ambiental).

Additionally, the same report shows that, upon reviewing the National Registry of Concessions and Works in Channels (Registro Nacional de Concesiones y Obras en Cauces), no application or current authorization for works at the visited site was found, reinforcing the unlawfulness of the observed interventions. This situation demonstrates a clear transgression of the environmental legal framework and reflects a substantial omission in the duty of oversight and effective enforcement of preventive, corrective, and restorative measures by both respondent authorities, which constitutes a direct impact on the constitutional right to a healthy environment, protected in Article 50 of the Political Constitution.

From this perspective, it is clear that even though it was technically affirmed that there is no direct impact on the water as such, there is a concrete violation of the protection regime for water ecosystems and their perimeter conservation zone, which, in accordance with the principles of precaution, prevention, and non-regression in environmental matters, demands decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continued omission, despite multiple complaints, assessments (dictámenes), inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Therefore, having verified a systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness in the actions of the respondent public authorities regarding a specific environmental impact, it is appropriate to grant this amparo appeal, both against the Municipality of Pérez Zeledón and against the Ministry of Environment and Energy (Water Directorate and the National System of Conservation Areas) and to order the respondent parties, within the framework of their respective competencies, to adopt immediately, in a coordinated and effective manner, all necessary measures to ensure the restoration, protection, and guarantee of the affected water protection area, as provided in the operative part of this judgment. Regarding this point, the appeal is granted.

**VII.- REGARDING THE REQUESTS FOR DOCUMENTATION SUBMITTED BY THE APPELLANT.** From a comprehensive analysis of the case records and based on the set of proven facts, this Chamber concludes that no violation of the fundamental right to petition and timely response, provided in Article 27 of the Political Constitution, has occurred. Indeed, it is recorded that Mr. Freddy [Name 001] filed a formal request on August 7, 2024, before the Engineering Department of the Municipality of Pérez Zeledón, requesting certification regarding the existence of municipal construction and earthworks (movimientos de tierra) permits granted to the company Finca La Familia S.A. regarding two properties. This request was addressed through official communications CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO, sent to his email on August 14, 2024, within the legal period. Subsequently, in response to clarifying requests made on August 22, 2024, the administration responded through official communication OFI-0473-24-ACO dated August 23 of the same year, reaffirming the non-existence of permits in one of the consulted properties.

Although the petitioner provides a copy of a document —undated— in which he requests copies of the administrative case file from the respondent local government, there is no record that any official or security guard of the municipality refused to receive this request —as alleged in the filing document (libelo de interposición)—. However, through official communication OFI-0589-24-ACO dated October 16, 2024, partial copies of administrative case file PDC-0531-2024-ACO were sent to the interested party, omitting sensitive personal data and plans protected by copyright, in accordance with current regulations on personal data protection (Law No. 8968) and intellectual property (Law No. 6683).

Therefore, since the requests made were substantively and timely addressed, and without evidence of arbitrary or unreasonable denial of public information, this Court finds no injury to the invoked right. Consequently, regarding this aspect, the amparo appeal is dismissed.

**VIII.- CONCLUSION:** The appeal is partially granted, in accordance with what is indicated in the operative part of this judgment. (...)

On the principles of progressiveness and non-regression of environmental protection. The principle of progressiveness of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration for those which, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights-holders. From the principle of progressiveness of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in numeral 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obliged not to adopt measures, policies, or approve legal norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not imply an absolute irreversibility, since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to natural causes, that negatively impact the achievements reached until then and force a downward reassessment of the new level of protection. In such cases, the Law of the Constitution and the principles under examination require justifying, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, the reduction of protection levels. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: “…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSION, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of open access to medicines, it cannot—much less through an International Treaty—reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting trade. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment, it stated: “The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment in accordance with the Law of the Constitution, which does not admit a regression to its detriment.” (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397).”

Thus, in accordance with the principle of progressiveness, the State assumes the obligation to increase, as far as possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportionate justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, in a given case, the corresponding compensation measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectification of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right set forth, our Magna Carta also requires that it be ‘healthy.’ The requirement ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘succession capacity’ to guarantee life. From both requirements: ‘healthy’ and ‘balanced,’ the need for sustainable and durable development follows; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ ‘ecologically balanced,’ the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, whether legislative or administrative, in such a way that, under the terms of ordinals 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the unambiguous rules of science and technique in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, a ‘greater well-being for all the inhabitants of the country.’ Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the unambiguous rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectification of environmental protection: ‘The objectification of environmental protection (…) is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or "principle of prudent avoidance"], insofar as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it translates into the need to accredit technical studies for decision-making in this matter, both in relation to acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—from which derives the requirement of linkage to science and technique, thereby conditioning the discretion of the Administration in this matter. So that, in attention to the results derived from those technical studies—such as environmental impact assessment studies—if an objective technical criterion is evidenced denoting the probability of evident damage to the environment, natural resources, or the health of people, it becomes obligatory to reject the proposed project, work, or activity; and in the case of a "reasonable doubt," it becomes obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (the highlighting was added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). (…)” VCG06/2025

... See more
Text of the resolution



Exp: 24-027574-0007-CO

Res. No. 2025017901

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on June thirteenth, two thousand twenty-five.

  Amparo action processed in expediente number No. 24-027574-0007-CO, filed by FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, identity card CED09, against the MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

1.- By brief received in the Chamber on October 2, 2024, the petitioner files an amparo action against the MUNICIPALIDAD DE Nombre01 AND THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA. He states that given that the company called Finca La Familia Sociedad Anónima, with legal identity number CED01, represented by Nombre02, is erecting some enormous hanging bridges and rest and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone of the property owned by him number 1- 246334-000, on the river called Barucito, destroying a large amount of forests and understory to open space for the construction of said works and thereby reducing the habitat and food sources of the fauna, he requested before the Department of Construction Control of the respondent municipality to certify or confirm whether said company has a municipal permit to build on its properties, properties of San José No. 246334-000 and No. 365366. In response from said department, through official letter No. CNS0280-24-ACO, dated August 8, 2024, he was informed that the company has municipal construction permit No. PDC-0531-2024-ACO, for the construction of accessible trails and observation platforms covering an area of 600 m2, on his property No. 246334-000. He points out that because the cited company is erecting the indicated works within the 50 meters of river protection and because pending before this Chamber for final resolution are separate unconstitutionality actions filed against articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal and because this Chamber, by resolution at 14:35 hours on February 6, 2023, issued in expediente No. 23-002032-0007-CO, which is an unconstitutionality action filed by the Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote, against articles 33 BIS and 33 TER, informed the courts and the bodies that complete the administrative process that the unconstitutionality claim has been filed, so that in the processes or procedures where the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution is issued while the Chamber has not made a pronouncement on the case; he chose to request a copy of the construction permit granted by the respondent municipality to the indicated company, for the erection of the cited works. The foregoing being in his interest to ascertain what weighed in the minds of the municipal officials to grant a construction permit in the River Protection Zone, despite the existence of the express order emanating from this Jurisdiction addressed to all authorities that complete the administrative process, and that due to that pronouncement the Dirección de Aguas is barred from granting such permits, which would be the instrument or tool that would empower any municipality to grant permits to build in river protection zones. Therefore, on September 30, 2024, he appeared at the respondent municipality—at 7:30 hours—where he was attended by the site security guard who referred him to the Oficina del Catastro Municipal, where he explained to the officials what he required, presenting the duly authenticated written request; however, they responded that by superior orders of the Department of Construction Control and the Mayor's Office itself, they are prohibited from delivering copies of construction permits to persons who are not parties to said permits, unless ordered by a judge, given that the files related to construction permits are private; denying him access to the file. He notes that said officials merely limited themselves to telling him that such files are private; however, he considers such justification invalid, because in the face of a request for information of this type, which is a mere municipal construction permit, the municipality is obligated to provide the requested information, or at least conduct an analysis of the data contained in the file whose copy was requested and supply only the data of public interest, safeguarding personal and sensitive data, if any exist. He adds that he is also not obligated to prove what public interest he pursues in obtaining the aforementioned information, nor do said officials have the power to place within the realm of the private a mere construction permit that may affect the rights and interests of third parties or even the community as a whole, because natural resources and the environment are at risk. He argues that the requested information has an eminently public character, as it concerns a permit for the erection of works whose construction may affect third parties regarding front, rear, and side setbacks relative to the height of the buildings, because they may be given a use different from that permitted, due to lack of construction alignment from the MOPT, lack of stormwater drainage that may cause a chain reaction regarding the correct disposal of stormwater, lack of environmental feasibility depending on the work and its geographical location, the opinion of the MINAE for forested areas, the availability of potable water, or the lack of the permit that must be granted by the Dirección de Aguas of the MINAE, in accordance with the provisions of articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal. He indicates that in the face of the refusal, he only chose to request the officials to receive the written request (a step visible on folio 28), to place the received stamp on the second copy, and to notify him at the indicated means regarding what they resolved concerning said request, in order to be able to appeal what was resolved; however, they also refused to receive the written request from him, arguing that why would they receive something they would not answer. He alleges that it is currently unclear to him whether the municipal officials were careless when granting the cited construction permit, or on the contrary granted it with full knowledge and intent that what they were doing was unlawful, but regardless of how they granted it, the truth of the matter is that now the problem being caused by both the respondent municipality and the company Finca La Familia S.A. is evident. He states that the respondent municipality is also infringing the principle of functional and material competence of the different institutions involved in the granting of different permits, since it granted a permit to erect works that are the competence or absolute purview of the Dirección de Aguas of the Ministerio del Ambiente y Energía, in accordance with what is established in articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal. In light of the foregoing, he comes to the Chamber in protection of his fundamental rights and requests that the action be granted.

2.- By means of the resolution at 14:56 hours on October 14, 2024, this proceeding was given course.

3.- Emanuel Ceciliano Alfaro, Yendry Quesada Sancho, and Walter Mata Garbanza, in their respective capacities as municipal mayor, interim coordinator of construction control activity, and coordinator of cadastral control activity, all of the Municipalidad de Pérez Zeledón, report under oath, stating the following: "FIRST: It is true with clarifications. It is necessary to elucidate that the core point alleged by the petitioner here is a supposed lack of response by this Municipality to his application presented on August 8 of the current year. However, such assertions are unfounded because the Construction Control Activity issued the respective certifications numbers CNS-0279 24-ACO and CNS-0280-24-ACO, documents that were sent to the email address provided by Mr. Sáenz Altamirano, on August 14, 2024, meaning the response was provided within the legal deadline. SECOND and THIRD: They are rejected as inaccurate. It should be mentioned that this Municipality attended to the request for a copy of file PDC-0531-2024-ACO in a timely and proper manner; a response was provided through official letter number OFI-0589-24 ACO, signed by Yendry Quesada Sancho, in her capacity as Interim Coordinator of Construction Control of this Municipality; wherein what was requested is issued, except for information classified as confidential, without this meaning that the petitioner's access to public information is violated, since, as can be proven, the response was provided within the time established by law. FOURTH: It is rejected as inaccurate. This is so because, since the Political Constitution in its numeral 169 provides that local interests and services in each canton shall be the responsibility of the Municipal Government, the constructive aspect of the territory falls within the foregoing, wherein the constitutional sphere contemplates that power of the municipalities to oversee every construction and building. In addition to this, it must be harmonized with the existing legal regulations that delegate the matter of urban control development to the municipalities, both from the Ley de Planificación Urbana and the Ley de Construcciones, thus originating what is known as the police power of the municipalities in construction matters, a figure extensively developed through doctrine and jurisprudence, where it is sought that municipalities must proceed to verify that every temporary or permanent building within their jurisdiction is covered by the respective construction license, which must be issued prior to the erection of the works. Likewise, any building that does not contain the respective municipal construction license transgresses the provisions of article 74 of the Ley de Construcciones, resulting in the Municipalities being empowered to order the stoppage of works, as well as closure and, if necessary, demolition once the procedure provided in articles 93 and following of the Ley de Construcciones is completed. That is to say, this action by the Municipalities responds to an essentially local function, as indicated by constitutional numeral 169, 1 and 74 of the Ley de Construcciones, and 15 of the Ley de Planificación Urbana, through which the possibility of imposing limitations on private property is granted, aimed at preventing disorderly and impactful development of communities and ensuring the coexistence of human coexistence needs along with the duty to provide environmental protection, within which Local Governments are responsible for exercising full powers of protection and oversight in order to guarantee the beauty, ornamentation, safety, and comfort of cities and populations. In summary, adhering to this police power in construction control matters, as a product of the administrative powers of the municipal administration, Municipalities must apply preventive controls on constructions; and in the event that anomalies contrary to the current legal system and applicable technical standards are detected, administrative acts must be applied aimed at correcting any action or omission against urban planning regulations. Faced with this scenario, this Municipality in construction permit matters holds the legal power regarding the requirements, which must be strictly complied with by any applicant, which is why, in this specific case, if a construction permit was granted on the properties in question, it was in compliance with the Reglamento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Under this premise, Mr. Sáenz Altamirano's allegations are unfounded, because, to grant construction permits, the respective processing is complied with not only before this municipal entity, but also before other institutions from which the corresponding approval is required, with this Municipality being the one that ultimately issues the Construction Permit upon fulfillment of all requirements; furthermore, if there is any discrepancy on the part of the petitioner here, he must file the corresponding complaints before the instances he deems pertinent. Thus, it is clearly evident that the actions initiated by this Municipality have been aimed at providing responses to each of Mr. Sáenz Altamirano's requests, providing the pertinent attention and response in a timely and proper manner, reliably demonstrating that there is no violation whatsoever of the right to a response of the petitioner here, which is why it is requested that this amparo action be dismissed in all its parts." He requests the action be dismissed.

4.- Andrea Herrera Chaves, in her capacity as president of the Concejo of the Municipalidad de Pérez Zeledón, reports under oath, alleging the following: "... FIRST: That according to the action filed, the petitioner, FREDDY ADOLFO SÁENZ ALTAMIRANO, before the honorable Constitutional Chamber, files a formal amparo action against the Catastro Office, the Construction Department, and against the Mayor, of the Municipalidad de Pérez Zeledón, for direct violation, according to the petitioner, of article 30 in relation to article 50 of the Constitution. SECOND: That no application in this regard was made to the electronic mail of the Concejo Municipal, nor in physical form. THIRD: That the municipality of Nombre01 has several departments that carry out processes related to construction processes. FOURTH: That the most significant point in this particular case is that the petitioner has submitted his applications to municipal offices outside the Concejo Municipal and that these are not the competence of this council to resolve. FIFTH: That by virtue of the foregoing and in accordance with the Amparo Action filed, what is requested is information not available to this representation ...". She requests the action be dismissed.

5.- By means of a brief incorporated into the digital file on October 28, 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, in his capacity as petitioner, indicated the following: "... Although the respondents submitted the report within the deadline granted by this Honorable Chamber, they did not provide a copy of the documentation related to the construction permit granted to the company FINCA LA FAMILIA S.A., despite having been expressly ordered by this Honorable Constitutional Court. As a corollary to the foregoing, the Honorable Instructing Magistrate is requested to warn the respondents about their duty to comply with what was ordered, providing a complete copy of the administrative file related to the construction permit granted to the company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, whom the undersigned petitioner requested be considered as a co-respondent together with the SINAC office and the Dirección de Aguas, since neither the respondent Municipality nor those two offices have acted with due diligence, to the extreme that their omissive and disinterested conduct allowed the infringing company to finish building the restaurant erected right on the bank of the Barucito river, an action that threatens greater contamination, because due to the location of these constructions, the fate of the waste that this business will generate, nor that of the consumers who come to the site, is known, namely, garbage, sewage, and fecal matter, as they will have to be deposited somewhere. It is regrettable that the same institutions responsible for protecting the environment and natural resources and fulfilling the obligation to ensure for the Citizenry the right to live in a healthy and ecologically balanced environment, lend their collaboration for the commission of a crime that generates an injurious result to the environment, which, given the seriousness of the facts, I imagine that some type of influence flowed, since no official would act with total contempt for the legal system or the provisions of this Constitutional Court with serious consequences for the inhabitants of the country, for free, therefore the respective certified copies for the Ministerio Público are requested, given that, attending to the way the events unfolded and the late intervention of the respondent Municipality and the other authorities that have been notable for their absence, despite these facts having been reported to those offices, it can be concluded that in the species there was some type of collusion between the representatives of the infringing company and the Municipal officials and those of the other dependencies of the MINAE of the Canton of Nombre01 (SINAC and the Dirección de Aguas), since besides not supervising the cited works during their erection, they also did not act swiftly or effectively after the undersigned petitioner filed the complaint, reasons why it was requested to extend the action against said offices. SECOND. - On page 11 of the report submitted by the respondents, official letter number OFI-0589-24-ACO appears, issued by the Department of Construction Control and addressed to the undersigned petitioner at the email address ...01. With said official letter, the respondents attempt to demonstrate or show this Honorable Constitutional Chamber that they fully complied with notifying me of both that official letter and providing me a copy of the administrative file related to the construction permit, which they do with the email activity report located on the following page 12, however, if the Honorable Instructing Magistrate observes carefully, she will be able to appreciate that although it is true that the official letter number OFI-0589-24-ACO contains the correct email address indicated by the undersigned for receiving notifications, the cited activity report contains an email address that differs from the correct one, since they supposedly sent both the cited official letter and the files containing the administrative file to the email address ...02, which is not the correct email address indicated for receiving notifications in the request addressed to the respondent Municipality. This address differs from the one indicated by the undersigned petitioner, which implies that I never received either the cited official letter or the requested file, as they claim it was sent to that address. Now, had they sent the cited email along with the mentioned files to the email address ...02, it implies that the email bounced, since it is not the correct email address, and if it bounced, it implies that they received it back as an unsent email due to an error regarding the email address, in which case they should have corrected the mistake and resent it correctly, but the submitted report does not contain any statement in that sense, not even a statement that due to network or internet service problems, it was impossible for them to resend it. Contrary to this, the respondents assert that they sent it to that address, which is false, as the indicated address is not correct, as already mentioned, with what was presented by them in their report being a normal email sending format and supposedly sent, which leads us to think that they are trying to deceive and mislead this Honorable Constitutional Chamber. As we know, it is not possible to send an email to a non-existent email address and not receive the bounce email, and in the case that it was an existing address but not the one indicated by the undersigned petitioner, it generates the same effect, as it was not received by the undersigned applicant. And the same effect would be generated if it was an email address exclusively created by the respondents with the sole purpose of reflecting that they actually sent the requested information and that they did not violate the provisions of articles 27 and 32 of the Constitution and the law governing this Jurisdiction, respectively, and nor therefore the binding Constitutional Jurisprudence erga omnes. This is a malicious and illegal artifice of the respondents, since the report submitted by the respondent authority is understood to be made under the solemnity of oath, as provided by article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, hence if they submitted that report attaching the cited official letter and the email sending format, knowing it was false, they incurred in a falsehood, and therefore in the possible commission of the crime of perjury ...".

6.- By means of a brief incorporated into the electronic file on November 4, 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, in his capacity as petitioner, indicated that: “FIRST.- It is true that the undersigned petitioner did not bring this Amparo action against the Concejo Municipal de Pérez Zeledón, however, this does not imply that this Honorable Constitutional Chamber cannot ex officio order recourse to the Superior of the officials causing the grievances set forth in the amparo action, which is why the decision of this Court to request reports from the cited Concejo is considered well-advised, without implying that its members should feel responsible for the grievances set forth before this Constitutional Venue, since they are only being asked for a report. As a corollary to the foregoing, the articulations of the President of the Concejo Municipal should be rejected as unfounded, since even if its members were not named as respondents, they can well request the background information from their subordinates and respondents here: Catastro Municipal Office, Department of Construction Control, and Mayor's Office, and respond to the action in the terms presented and the evidence offered, instead of focusing on justifying their inaction and manifest lack of action. SECOND.- Falsity of the report submitted by the President of the Concejo Municipal.

According to the received stamp contained in the attached complaint, the undersigned filed the complaint before the Construction Control Department (Departamento de Control Constructivo), but also presented it before the Mayor's Office and Municipal Council of Pérez Zeledón, as it is my style to present such complaints before the Superiors of the Body responsible for processing said complaints, since in a cross-check the three bodies can order the measures necessary to satisfactorily resolve the claims formulated before them by the administered parties, especially when they involve violations against the environment and natural resources."

7.- By document incorporated into the electronic file on December 7, 2024, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano in his capacity as appellant, stated the following: "FIRST. - As is known to the Honorable Investigating Magistrate, the Municipal Council was not appealed in the amparo action before us, but only the Construction Control Department, the Municipal Cadastre office, and the Mayor, all of the Municipality of Pérez Zeledón. As the Municipal Council is not an appealed Body, it implies that it was not notified of the course of the amparo before us, but by answering the report voluntarily, it assumed the obligations derived from rendering the report. In the second fact of her report, the reporting President of the Municipal Council falsely informed the Constitutional Chamber that the undersigned did not carry out any procedure by email, nor did I do so in physical form, which is not true, as I demonstrate with the copy of the complaint presented before the Mayor's office and before the Municipal Council. SECOND: That to the Municipal Council's email no procedure was carried out in this regard, nor in physical form. By making this false assertion or false representation of reality, said official incurred in the crime of perjury, which is failing to tell the truth when the law imposes upon her, under the gravity of oath or sworn declaration, the obligation to tell it regarding her own acts, therefore I request the Honorable Constitutional Chamber to order the respective certified copy of documents for submission to the Public Ministry. Furthermore, note that the president of the Municipal Council alleges that the appealed facts are not within the competence of said Council, but curiously she obtained a copy of a Constitutional resolution that was not notified to the Council she represents nor to her personally, and she did so with the aim of assisting the respondents in having the appeal dismissed, but ultimately all failed to tell the truth in their reports, since the respondents alleged that on October 16, 2024, they notified me of file number PDC-0531-2024-ACO, related to the construction permit for the violating company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, when in reality nothing was notified regarding said file, and then the president of the Municipal Council alludes that the undersigned did not process anything before said Council, neither electronically nor physically, which is also not true, as I demonstrate. The foregoing, coupled with the fact that the president of the Municipal Council alleges that the facts set forth in the amparo action before us are not within her competence, implies collusion among all those officials to ensure that the amparo appeal is dismissed based on fallacies ...". Requests that the appeal be granted.

8.- By the resolution issued at 10:38 a.m. on January 6, 2025, the course of this proceeding was expanded and a report was requested from the director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), the director of the La Amistad - Pacífico Conservation Area (Área de Conservación la Amistad -Pacífico-Nombre01-), and the director of Water, all of the Ministry of Environment and Energy.

9.- María Gabriela Páez Vargas, in her capacity as interim director of the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy, reports under oath that "Pursuant to what was indicated by the appellant, there is indeed pending resolution of the Unconstitutionality Action being processed in judicial file 23-002032-0007-CO, which was filed against Law 10210, specifically against the entirety of article 33 BIS and paragraph 2 of 33 TER. For the purposes of procedures in said areas, the Minister of Environment and Energy issued official communication DM-1131-2024 of December 5, 2024, which basically concludes: '...against the cited Law No.10.210, which is being processed under file No. 23-002032-0007-CO and which is currently pending resolution by the Constitutional Chamber, in such a way that under this context, the second paragraph of numeral 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction No.7135, cited above, applies... it must be understood that for this type of case, the Ministry must respect what is established in the second paragraph of 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction No.7135, cited above, that is, wait until the Constitutional Chamber rules on the unconstitutionality action filed against Law No.10.210.' Pursuant to the foregoing, the Water Directorate of MINAE is not receiving or processing requests related to permits within the protection areas of watercourses." Requests that the appeal be dismissed.

10.- By document incorporated into the digital file on January 10, 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano in his capacity as appellant, stated the following: "According to the copies of the documents I provide as evidence along with this brief, which are a faithful reflection of the requests presented before the respondent institutions after the filing of the amparo action before us, the undersigned has managed ad nauseam for the respondents to fulfill their functional duties and thereby protect the environment and natural resources, especially the water resource, which is being seriously threatened by the works being erected by the violating company next to the channel of the Barucito River, without positive results, since the respondents have allowed the violating company to continue with its works and with the felling of trees in said area. Furthermore, once the works are finished, the visitors will leave tons of garbage next to the river, will relieve themselves where they are not seen, but possibly somewhere in the river, the waste from their pets, precisely because there is no type of regulation in this regard, nor will there be monitoring by any institution, and due to the way the violating company has acted against the law, it does not assure us that it will dispose of the waste adequately or that it will collect the garbage that its clients and their pets leave behind, nor the correct disposal of the wastewater from what appears to be a restaurant they are building next to the river channel. Additionally, the works being constructed also represent a serious danger to eventual users, since having been erected without any type of regulation or supervision, nor the technical studies that the office responsible for ensuring construction permits might request once the Unconstitutionality Action that this Honorable Court is analyzing for admissibility is overcome, there is a risk that they have been raised in an openly disinterested manner and solely for the purpose of generating foreign currency at the expense of whatever, even with serious risks to the physical integrity of users, and even to their own lives, but while this occurs, the important thing is to protect the environment and natural resources, so jealously safeguarded by this Jurisdiction, therefore it is not justified that a violator unilaterally decides to invade a Protection Zone (Zona de Protección) and build in said area, bypassing what was ordered by this Constitutional Court, which implies not only disobeying the orders issued by this Jurisdiction, but also ignoring the jurisprudential line of this Chamber regarding the obligation that weighs on the shoulder of each and every one of the inhabitants of the Republic, to protect the environment and natural resources, a case which the violator has ignored, and for incurring in those violations has been rewarded by the respondent officials of SINAC and the Water Directorate, since from the moment the works were paralyzed on October 18, 2024, as soon as the respondent officials left the site, the violator turned around and continued with its works and tree felling, about which the respondents have been constantly informed, as this Honorable Chamber can appreciate from the series of documents presented before them. Honorable Magistrates, I have provided before the offices of the respondents various photographic sequences, USB drives with recorded videos showing the workers of the violating company in full labor on their works next to the river channel, even after the works were paralyzed or closed, but this does not seem to penetrate the spirit of either the respondent head of the Construction Control Department of the Municipality of Pérez Zeledón, or the now respondent officials of SINAC and the Water Directorate, seeming rather the existence of various and clear acts of collusion among them, which suggests that the delivery of gifts could have occurred, as is proclaimed by the people in the streets of this Jurisdiction when they are heard saying that the officials have done nothing because they have been paid, because some inhabitants of the canton have incurred in environmental anomalies of a lesser rank and have been referred to the Public Ministry by the same respondents on the spot, with the consequent seizure of their equipment or tools, which are generally chainsaws, that is why it is strange that the defendants have decided, even themselves, to incur in omissive crimes in order to protect the violator, as it is not justified that an official has closed a work and as soon as he turns around the violator continues with his labors, and the official remains silent upon the warning from the complainant that the violator continued with his works, and beyond that, it is not a single official from a single institution, but 3 officials of different ranks and from different institutions or offices, which at the same time tells us that a single official might overlook or let something pass, but if 3 overlook it together with the constant struggle of the undersigned appellant, it means that something is wrong among those 3 officials. The serious part of all this, Honorable Magistrates, is that when I appear at the offices of the respondents to report that the works continue, said officials rather assume a belligerent conduct against the undersigned, as if I were an enemy, when in reality I am trying to contribute my grain of sand as corresponds to me as an inhabitant of the country obliged to collaborate in the protection of the environment. It powerfully calls attention that being the officials of SINAC and the Water Directorate, members of the Ministerial body in charge of protecting the environment and natural resources, they have ignored my reiterated procedures and the factual reality reflected by the evidence that has been provided to them. It is strange from a functional point of view, that the defendants have not fulfilled their duty of oversight and have allowed the violating company to radically modify the construction permit and incur in the commission of various crimes without any sanction against it or against the works erected outside the law. The unfortunate thing about all this is that even after I opposed the works being erected by the violating company within the Protection Zone and the indiscriminate tree felling carried out by said company, the respondents try by all means to cover for the violator. Note the sequence of procedures formulated by the undersigned appellant before the respondent offices, without mentioning those made before the presentation of the amparo appeal before us, without to date said officials having sought to permanently and definitively stop the violator's works and initiated the demolition process of the works, at least those erected within the Protection Zone, since the same respondent officials already determined that the violator is in open invasion of the Protection Zone, but worst of all is that they have done nothing about it even after the violator violated the stop order decreed by those same officials, which allows us to conclude that the stoppage of the works decreed by the respondents was only a screen to camouflage the agreements they have with the representative of the violating company, as it is not normal that the respondent head of the Construction Control Department, calculatedly omits to exercise the duty of oversight over the works being erected in her Jurisdiction during the construction stage, which dates back to July 2024, which could be understandable, as it could be due to saturation in the work schedule of the respondents, but it is not understandable that after reporting the facts, the defendants delay acts proper to their functions, and then after stopping the works on October 18, 2024, allow the violating company to continue violating the law to the detriment of the right we all inhabitants of the country have, to live in a healthy and ecologically balanced environment, given that on different occasions they were informed that the violating company had removed the seals or tapes placed by them at the time of stopping the works, and continued with the construction and cutting of trees ...".

11.- David Chavarría Morales, in his capacity as interim executive director of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Área de Conservación), reports under oath that "FIRST: That the order issued at ten thirty-eight hours on January six, two thousand twenty-five, was notified to the Ministry of Environment and Energy on January 6, 2025. Therefore, this report is rendered within the legal term. SECOND: That a report was requested from the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLAP), by email dated January 7 of the current year, as it is the competent instance in accordance with what is regulated in numeral 28 of the Biodiversity Law No.7788. THIRD: That in official communication number SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006 2025 of January 7, 2025, Ms. Kathia Alegría Zumbado, interim head of the Nombre01 Subregion of the La Amistad Pacífico Conservation Area, responds regarding the actions deployed by the subregional office under her charge. This report is based on said communication. FOURTH: According to what was reported in communication SINAC-ACLA-P-SRPZ 0006-2025 of January 7, 2025, regarding the demolition referred to by the appellant, it is indicated: 'By several documents submitted in the month of October 2024 by Lic. Adolfo Sáenz Altamirano to our office of the Subregion of Nombre01 of the La Amistad Pacífico Conservation Area of SINAC-MINAE, referring to a complaint for invasion of the protection area of water bodies against the Company called Finca la Familia Sociedad Anónima, Lic. Nelson Fallas Campos, Head of the Subregional Office of Nombre01 proceeded to respond to said notes or documents submitted by Lic. Sáenz Altamirano, this with a date of December 16, 2024, where he proceeded to respond to him...' FIFTH: That the La Amistad Pacífico Conservation Area, by virtue of the notes-complaints presented by Lic. Adolfo Sáenz Altamirano, as stated above, in that same month of October of the past year, proceeded to coordinate and conduct a joint visit with the officials of the Municipality of Nombre01 on October 22, 2024. As a result of said inspection, the following was carried out, as indicated in communication SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006-2025: 'As a result of said diligence, according to the document from Eng. Fallas responding to Lic. Sáenz Altamirano, it was possible to verify the existence of an infrastructure of iron and tiles (ramp or platform type), which begins in a teak plantation and enters the protection area of the existing water body. In view of the above, an Administrative Order (Precautionary Administrative Measure number 0560) was established, in which Mr. Nombre02 is ordered that he must stop all construction or invasion of the protection area, as well as the removal of the infrastructures built within the existing protection areas on his property.' SIXTH: That the La Amistad Pacífico Conservation Area of the National System of Conservation Areas has executed the actions related to its competencies as recorded in communication SINAC-ACLA-P SRPZ-0006-2025, as recorded in Precautionary Administrative Measure number 0560 of October 22, 2024, coordination and joint visit with the officials of the Municipality of Nombre01, and operations carried out in the month of December 2024 (two by the National System of Conservation Areas and one institutional). SEVENTH: That within file number 22-000029-0219-PE, a complaint for the crime of Invasion of a Protection Area is being processed, which is in judicial proceedings, according to a complaint filed by a third party. Regarding said file, the Public Prosecutor's Office requested reports from the La Amistad Pacífico Conservation Area on the reported facts, in addition, it was entered into the Integrated System for Processing and Attention of Environmental Complaints (Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales, SITADA) under number 30582-2021. EIGHTH: That the actions carried out by the National System of Conservation Areas have been active and prior to the filing of this amparo appeal, attending to what is regulated in articles 33 and 58 of the Forestry Law No. 7575 and 22 of the Biodiversity Law No.7788. NINTH: That the La Amistad Pacífico Conservation Area is in the investigative phase for the crime of disobedience to authority according to numeral 314 of the Penal Code, given the eventual non-compliance with what was indicated in precautionary measure number 0560 of October 22, 2024. TENTH: That in communication SINAC-ACLA-P-SRPZ-0006-2025, it is indicated that as a result of the operations carried out in a coordinated manner with the Municipality of Nombre01 and the Water Directorate of MINAE, it was concluded that said instances should carry out the following actions: 'The official of the Water Directorate proceeded to survey the channel and take the necessary data to issue the corresponding ruling, and the personnel of the Municipality of Nombre01 proceeded to carry out the stoppage of the works that were being carried out.' Therefore, said dependencies must exercise their legal competencies for the due comprehensive attention of the facts indicated by the amparo petitioner." Requests that the appeal be dismissed.

12.- Gravin Villegas Rodríguez, in his capacity as regional director of the La Amistad Pacífico Conservation Area, reports under oath, detailing the following: "Attached is communication SINAC-ACLAP-SRPZ-0029-2025, issued by Lic. Nelson Fallas Campos, Head of the Nombre01 Subregion of ACLAP, which forwards report SINAC-ACLAP-SRPZ-0025 2025 and a certified copy of File AP01-DENUNCIA-0001 2025, filed against Finca La Familia Sociedad Anónima, legal identification number CED01."

13.- By document incorporated into the electronic file on January 27, 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano in his capacity as appellant, stated the following: "... I maintain that the respondents do not care about disrespecting the orders of this Honorable Chamber nor that the violator violates the Forestry Law, nor article 50 of the Constitution, and what has been ordered by this Chamber, and therefore they must be sanctioned accordingly, even more heavily than the representatives of the violating company, because they are the ones obliged to comply with the Constitutional mandate and fulfill their duties clearly delineated in articles 54 and 57 of the Forestry Law and related laws. In the present matter, those obliged to fulfill their duties are the officials of the office of the National System of Conservation Areas, of the Water Directorate, and of the Municipality, all of the Jurisdiction of Pérez Zeledón, because it was before them that I went in defense of the environment and natural resources, and for this reason they must be sanctioned with the full weight of the Law, as, well into the fourth month since I filed the initial complaint and provided them with information, such as photographic sequences, and videos recorded with drones, they still shield themselves in the fact that they are investigating, when they themselves determined on October 22, 2024, that the violating company was invading the River Protection Zone with its works ...".

14.- By the resolution issued at 12:06 p.m. on April 24, 2025, the course of this proceeding was expanded and a report was requested from Nombre02, in his capacity as president with powers of absolute general attorney without limit of sum of the company called Finca la Familia Sociedad Anónima. Likewise, evidence was requested for a better resolution in the following terms: "... a) indicate Emanuel Ceciliano Alfaro, in his capacity as mayor, Andrea Herrera Chaves, in her capacity as president of the Municipal Council, Yendry Quesada Sancho, in her capacity as interim coordinator of the Construction Control Activity, and Walter Mata Garbanzo, in his capacity as coordinator of the Cadastral Control Activity, all officials of the Municipality of Pérez Zeledón, as well as, David Chavarría Morales, in his capacity as interim executive director of the National System of Conservation Areas, and María Gabriela Páez Vargas, in her capacity as interim director of Water, both of the Ministry of Environment and Energy, the current state of the works in the river protection zone on the river called Barucito, the subject of this appeal ...".

15.- Emanuel Ceciliano Alfaro, in his capacity as mayor of the Municipality of Nombre01, reports under oath, stating the following: "In the first place, it is necessary to indicate that, within the scope of competencies of this Municipality, for the specific case, its good offices have been interposed with the respective administrative proceedings resulting from a complaint filed regarding an alleged construction in the protection zone on the Barucito river; where the administrative file ADM-0230-24-ACO was opened, which is currently being processed. Within that processing, as reported by the Territorial Planning Coordinator of this Municipality, in his official communication number OFI-0147-25-PTE (which is attached as evidence), the actions by the aforementioned administrative department are confirmed, where it is in the stage of resolving an appeal filed against a closure order. In addition to this, and with the aim of elucidating the present matter, on April 28 of the current year, wherein the municipal inspector Emilio López Duarte states that, on the property with registered folio number 1-246334-000 registered in the name of Finca La Familia S.A., it is possible to verify that the ramp is completely finished and open to the public, thus denoting disregard for the closure seals previously placed by this Municipality, reason for which at that precise moment the closure seals are again placed on the structure, attaching a photographic sequence of what has just been stated. Ergo the foregoing, this Municipality has strictly followed the procedure for this type of complaints, carrying out each of the corresponding steps, for the search for the real truth of the facts and proceeding with the respective final act." Requests that the appeal be dismissed.

16.- David Chavarría Morales, in his capacity as executive director of the National System of Conservation Areas, reports under oath that "By communication CARTA-SINAC-ACLAP-DR-0201-2025, the Director of the Regional Directorate of the La Amistad Pacífico Conservation Area, in turn forwards communication SINAC-ACLA-P-DR-GMRN-SRPZ-INF-0083 2025, signed by the official Allan Cordero Martínez, where it is indicated: 'First: That for the year 2022 and by communication SINAC-ACLA-P-SRPZ 222-2022, information requested within criminal case with consecutive number 22-000029-0219-PE was sent to the Public Prosecutor's Office, filed against Mr. Nombre02, in his capacity as representative of Finca la Familia S.A. with legal identification number CED01, registered owner of the property with real folio number SJ-246334-OOO, in which the construction of platforms in the protection area of the Barucito River was reported. Second: That, in a follow-up inspection to said criminal case, a spring (naciente) was located within real folio SJ-246334-OOO. For said naciente, the due ruling was requested (communication SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022) from the Water Directorate of MINAE, because the present infrastructures invaded the protection area of the naciente found. Third: That by communication DA-UHTPSOZ-0655-2023 of July 5, 2023, the Water Directorate of MINAE, ruled the naciente present in real folio SJ-246334-OOO as permanent, specifically at Coordinates CRTM05 North 1023216 and East 521028. Fourth: That on August 3, 2023, the undersigned brought to the attention of the Public Prosecutor's Office of Nombre01 the infrastructures that invade the protection areas of the public domain water bodies, this by communications SINAC-ACLA-P-SRPZ-0761-2023 and SINAC-ACLAP-SIG-198-2023, in addition to the information already provided with communication SINAC-ACLA-P-SRPZ 222-2022. Fifth: That case 22-000029-0219-PE is currently in the Criminal Court awaiting resolution by the Constitutional Chamber (Sala IV) of the unconstitutionality action filed against the amendment of article 33 of the Forestry Law No. 7575. Sixth: That on October 22, 2024, and given the information of construction of new infrastructures, an inspection is again carried out at the site, specifically real folio SJ-246334-OOO, at coordinates Dirección01. An inspection carried out jointly by SINAC, the Water Directorate of MINAE, and the Municipality of Nombre01, and in the company of Mr. Nombre02. Seventh: That it is explained to Mr. Nombre02 the situation, he is informed of the rights the law assists him with, and precautionary administrative measure (administrative order) No. 0560 is issued to him in which, in his capacity as legal representative of the Company La Familia, he is warned that he must proceed to 'stop all construction and/or invasion of the protection area of the Barucito River and any other public domain water body present on his property. Likewise, he must remove all platform-type infrastructure that has been built up to this moment in said protection areas.' Eighth: That on January 9 of the current year, the undersigned carries out an inspection of the site, in the company of also SINAC official Keilyn Otárola Araya, as part of the follow-up to administrative order No. 0560 issued to Mr. Nombre02 with identity card number CED02. In said inspection, the permanence and completion of the infrastructures within the protection area of the Barucito River is corroborated, also verifying non-compliance with the administrative order, for which reason, as corresponds by communication SINAC ACLA-P-SRPZ-0012-2025, the due accusation for disobedience to authority and invasion of the protection area of a public domain water body is made before the Public Prosecutor's Office of Nombre01, deriving case No. 25-000038-0219-PE. Ninth: That by March 28, 2025, a visit is again made to the site in order to gather necessary information for the criminal case. The inspection is carried out by myself in the company of the official of the Water Directorate of MINAE, Jairo Gómez Céspedes. Tenth: In the visit carried out that day, the permanence of all the infrastructures described and reported in criminal cases 22-000029-0219-PE and 25-000038-0219-PE is evident, present in the protection area of the Barucito River, these being in full use by the influx of tourists to the site and tourism service personnel, this despite the measures taken administratively and the filing of the two criminal cases mentioned above. Photos of the last two inspections carried out and indicated in this report are attached. That being the case, the cited communication is sent under the conditions requested as evidence for a better resolution, as well as the documentary evidence that will be mentioned.'" Requests that the appeal be dismissed.

17.- Andrea Herrera Chaves, in her capacity as president of the council of Nombre01, reports under oath, arguing the following: "In the first place, it is necessary to indicate that, within the scope of competencies of the Municipality, for the specific case, its good offices have been interposed with the respective administrative proceedings resulting from a complaint filed regarding an alleged construction in the protection zone on the Barucito river; where the administrative file ADM-0230-24-ACO was opened, which is currently being processed. Within that processing, as reported by the Territorial Planning Coordinator of this Municipality, in his official communication number OFI-0147 25-PTE, the actions by the aforementioned administrative department are confirmed, where it is in the stage of resolving an appeal filed against a closure order.

Added to this, and with the aim of elucidating the present matter, on April 28 of the current year, municipal inspector Emilio López Duarte states that, on the property registered under folio real 1-246334-000 in the name of Finca La Familia S.A., it was confirmed that the ramp is completely finished and open to the public, thus demonstrating disregard for the closure seals previously placed by this Municipality, which is why at that precise moment the closure seals were again placed on the structure, attaching a photographic sequence of what was just described. Due to the foregoing, the Municipality has strictly followed the procedure for this type of complaint, carrying out each of the corresponding steps, in the search for the real truth of the facts and to proceed with the respective final act." It requests that the appeal be dismissed.

18.- By document incorporated into the electronic case file on May 7, 2025, Néstor Morera Víquez, in his capacity as special judicial representative of Finca la Familia Sociedad Anónima, reports that: "Name03.- Mr. Name02 was notified on May 6, 2025, of the resolution issued at 12:06 p.m. on April 24, 2025, together with a compact disc (CD) that, apparently, contained the appeal brief, as well as the other documents, reports, and evidence from the digital case file. However, today, May 7, 2025, when Mr. Name02 granted me power of attorney in his capacity as representative of FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, we proceeded to review the CD, verifying that it is blank and contains no recorded files. This situation severely limits the exercise of my represented party's right to defense, as it prevents access to the content necessary to respond in a timely manner to the transfer notified. Therefore, I request that this user's access to the Online Management platform be authorized as soon as possible, in order to consult the digital case file and prepare an adequate response in due time and form. II.- Alternatively, I authorize Miss Name04, of legal age, identity card number CED03, single, legal assistant, resident of Heredia, to consult, review, and photocopy the case file indicated above, including any audiovisual material, as well as to make the necessary inquiries or procedures in relation to the present cause."

19.- By document incorporated into the electronic case file on May 9, 2025, Néstor Morera Víquez, in his capacity as special judicial representative of Finca la Familia Sociedad Anónima, reports that: "FIRST. IT IS REJECTED AS MALICIOUS IN FORM AND IS CLARIFIED. It is false that forest or undergrowth was destroyed. The works identified as questioned —walkways, accessible trails, and observation platforms— have been developed within the property Dirección02, where the tourism business called CATARATAS NAUYACA is conducted, with support from Construction Permit No. PDC-0531-2024-ACO, issued by the Municipality of Pérez Zeledón, in accordance with the law and following the applicable regulations. SECOND. IT IS REJECTED AS MALICIOUS IN FORM IN ITS PRESENTATION. Indeed, an unconstitutionality action is pending in case file 23-002032-0007-CO against Articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal. As has been established by this Honorable Chamber, as long as no definitive ruling is issued, a final resolution should not be issued in those specific administrative or judicial proceedings in which the application of the challenged norms is directly discussed. In that sense, the municipal construction permit granted to my represented party does not constitute a final resolution within a proceeding in which the constitutionality of the challenged norms was being discussed, and therefore, it does not fall within the specific suspension scenario established by this Chamber. In the present case, construction permit PDC-0531-2024-ACO granted to my represented party does not constitute a final resolution within an administrative proceeding in which the constitutionality of Articles 33 BIS or 33 TER was being discussed, nor was the administrative remedy being exhausted regarding that point. The permit was processed within the framework of an ordinary application for a construction license, and the application of the norm occurred in a general manner, without express controversy or contentious proceedings associated with the challenged norm. Therefore, it was not legally appropriate to require the Municipality to refrain from resolving the permit application, nor for my represented party to voluntarily suspend its right of access to a valid administrative resolution, in the absence of an express order of suspension or an ongoing proceeding in which the application of the challenged precepts was being discussed. Hence, the appellant's assertion, according to which the granting of the construction permit is illegal for contravening the suspensive effect of the unconstitutionality action, lacks legal basis. The challenged regulations were still in force and applicable at the time of granting, and the administrative act issued by the Municipality is not within the exception scenario indicated by constitutional jurisprudence. This representation has no record that Mr. Sáenz requested a copy of the construction permit granted by the Municipality of Name01 to the company FINCA LA FAMILIA S.A; we rely on the evidence. Nor do we have any record of what motivated Mr. Sáenz to request the case file; we reject this statement as it does not constitute a fact, but rather a subjective assessment. THIRD. IT IS REJECTED, WE HAVE NO RECORD. This party has no record that Mr. Sáenz appeared before the Municipality of Pérez Zeledón, nor of the proceedings he claims to have carried out, nor the people he supposedly spoke with, much less the content of what, according to him, municipal officials told him. What the appellant stated is based, for the most part, on subjective assessments. Consequently, we oppose in all its extremes the facts narrated in that section, considering that they exceed the required factual nature and are used as an argumentative device out of place within the statement of facts. Regarding the points concerning the construction permit, this party reiterates that my represented party acted in full compliance with the current legal system, duly processing its application before the competent municipal authority and complying with all technical and legal requirements demanded for the issuance of the corresponding construction permit. Finally, it is categorically rejected that the fundamental right to live in a healthy and ecologically balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitución Política, has been violated. The authorized works have been executed with a focus on minimizing environmental impact, respecting the characteristics of the surroundings and, furthermore, in compliance with Law No. 7600, by incorporating universal accessibility elements that promote inclusive tourism for people with disabilities. Quite the contrary to what the appellant alleged, the project in question promotes conservation, inclusion, and responsible development. FOURTH. IT IS REJECTED, IT DOES NOT CONSTITUTE A FACT, BUT RATHER SUBJECTIVE ASSESSMENTS. The claims of illegality regarding the issuance of the construction permit are rejected. My represented party complied with all the requirements demanded by the competent authority, which issued the corresponding permit in accordance with the current legal system. The right to a healthy environment has not been violated, nor has any work been executed without technical control. On the contrary, the built structures comply with universal accessibility principles in accordance with Law No. 7600, which reinforces the environmental and social commitment of the project ..." It requests that the appeal be dismissed.

20.- Under oath, José Miguel Zeledón Calderón, in his capacity as Water Director of the Ministerio de Ambiente y Energía, reports the following: "On October 16, 2024, a complaint filed by Mr. Freddy Adolfo Sáenz was received. The appellant, which was entered under registration ID-4615-2024. This requested a criterion on water sources located in San José, Pérez Zeledón canton, Barú District, in the sector known as Platanillo, specifically at the site known as Cataratas Nauyaca, property with folio real number 246334-000, with a field visit being carried out on October 22, 2024. During this visit, the Barucito river channel was observed from the base of the ramps built in the river protection zone, generating Technical Report DA-UHTPSOZ-0013-2025 dated January 7, 2025, addressed to the Coordinator of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit of the Dirección de Aguas, which indicates that two water sources were identified at the site: an unnamed stream and the Barucito River, the latter being permanent. With the same information, Technical Report DA-UHTPSOZ-0014-2025 of January 8, 2025, was generated, addressed to Eng. Nelson Fallas Campos, Head of the Subregional Office of Name01 of SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación of MINAE) by means of which the situation found at the site was brought to his attention for what corresponded, specifically the constructions within the protection area of the indicated water sources. On the other hand, a response was given to the complaint filed by Mr. Sáenz, through official communication DA-UHTPSOZ 0016-2025, in which it was indicated that, according to the competencies of the Dirección de Agua, no structures were found within public domain channels, nor was there any impact to the water resource. Likewise, he was informed that two channels were identified whose protection zones could be affected, which was the responsibility of SINAC to address. He was also informed that the corresponding referral had been made to SINAC, Subregional office. For the purpose of issuing the report requested by this Court, in which it is required to: 'Indicate the current status of the works in the river protection zone on the river called Barucito that is the subject of this appeal,' Technical Report DA-UHTPSOZ-0638-2025 of May 12, 2025, is issued, in which a historical review is made of what was addressed by the Térraba-South Pacific Hydrological Unit of the Dirección de Agua for this case, noting also that on March 28, 2025, a new inspection of the site was carried out jointly with officials from the Subregion of Name01, observing the permanence of the infrastructure in the protection zone of both the Barucito River and the Unnamed Stream as identified and declared through official communication DA UHTPSOZ-0013-2025."

21.- By document incorporated into the electronic case file on June 3, 2025, Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, in his capacity as appellant, stated the following: "... IN RELATION TO WHAT WAS REPORTED BY THE INFRINGING COMPANY. FIRST. – The infringing company rejects the indiscriminate clearing of forest and undergrowth, denying said action, but the evidence provided to the judicial court reflects the contrary. Furthermore, even in the event that no burden of proof had been provided, logic and common sense also dictate otherwise, as it is obvious that to make a path hundreds of meters to the riverbank in a mountainous area, all manner of trees had to have been felled and eliminated to clear the way for the construction of the bridges and platforms. The Municipal permit to which the infringing company alludes may have been legal, but only as far as building outside the protection area is concerned, that is, in the area indicated by the Municipality and the works to be erected, as it is not the responsibility of the Municipality to grant permits in the River Protection Zones, but rather of the Dirección de Aguas, in accordance with Articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal, challenged before this Honorable Constitutional Chamber. Moreover, because the aforementioned articles were being challenged before this Honorable Constitutional Court, the Dirección de Aguas also could not grant any permit to build in said zone. In any case, this is already duly documented through the very reports issued by the respondent authorities, so what the infringing company says or not is of no relevance, as it is duly proven that they acted against the grain of the law and in flagrant contravention and disrespect of what was ordered by this Constitutional Court, as I am certain that the officials of the respondent offices informed the representative of the infringing company that they could not grant permits to build in said Protection Zone, as it is certain that they tried, since that was their goal, as they ended up building the denounced works even without permits. Thus, it is requested to disregard the response to this first fact by the infringing company, for being only its mere assertion, as it is in open disagreement with the evidence that exists in the case file. SECOND. – The legal representative of the infringing company errs regarding what is stated in the second fact, as he gives a different connotation to what was ordered by this Constitutional Court in the resolution at 2:35 p.m. on February 6, 2023, and tries to mislead, since the order issued by this Chamber through the indicated resolution was for judicial and administrative proceedings that were pending at the time the cited resolution was issued by this Constitutional Court, because for permits that would be attempted to be obtained on a date after the indicated resolution, the administrative authorities had to respect what was ordered by this Honorable Constitutional Court and therefore knew that they should not grant any construction permit in the River Protection Zone, in fact, not even process them. Said permits, according to Articles 33 BIS and 33 TER of the Ley Forestal, fell to the Dirección de Aguas, hence, if the infringing company considers itself to be in compliance with the law, let it present the construction permit granted by the Dirección de Aguas, as the Municipal construction permit it possesses does not substitute the permit that the Dirección de Aguas should have granted. Note also that the Municipal construction permit possessed by the infringing company dates from June 2024, and was to build trails and platforms on private land outside the protection area; thus, if the infringing company ventured and built within the Protection Zone without permits, given the legal impossibility of their granting, it assumed the responsibility that accompanies said action, that is, it created its own risk and assumed it, as it is obvious that it was being shielded by the Municipal and MINAE office authorities, since these did nothing about it, only halted the construction, and when I brought to their attention that the infringing company had continued with the tree felling and the construction of the bridges, they rather adopted a hostile attitude towards me, to the extreme of repeatedly stating that they had already gone to the site and done their part and would not go again. Regarding the Municipal construction permit granted to the infringing company, the Municipality will decide its fate, although the law even obliges said Municipal entity to demolish works built with a modification of the construction permit without authorization from the Municipality, but my claim focuses on the infringement of the constitutional right to live in a healthy and ecologically balanced environment, which is threatened by the constructions built by the infringing company without permits and without any type of technical study or SETENA permits, given their illegality, and the consequences derived from the use of said constructions and those generated while said works were being erected. THIRD. – According to the infringing company, there is no record that the undersigned appellant appeared before the Municipality to conduct the proceedings regarding the construction permit granted to the infringing company, which allows us to conclude that they did not review the Constitutional case file, as the requests made before said Municipality and the other MINAE offices are recorded there. Regarding the statement by the plaintiff company that it complied with the legal system when requesting the construction permit, that may be true, but it was the prelude to invading the River Protection Zone disguised with a Municipal construction permit as if to give a veneer of legality to its constructions erected in the Protection Zone. To arrive at the previous conclusion, note that the Municipal construction permit dates from June 11, 2024, and the resolution that ordered the suspension of all permits in progress is that of 2:35 p.m. on February 6, 2023, that is, 1 year and 3 months earlier, which demonstrates the illegality of the works, in addition to the fact that due to said illegality it does not possess construction permits granted by the competent authority, in this case the Dirección de Aguas. Regarding the fact that the works were erected with a focus on minimal environmental impact, it is rejected in all its extremes, as construction permits could not be granted in the cited River Protection Zone at the date the infringing company requested it (June 2024), and since permits could not be granted, the institutions responsible for providing technical studies also could not actively participate in said studies, as it was Constitutionally prohibited. Obviously, the representative of the infringing company does not understand the substance of its infraction, nor has he filtered the disrespect for the orders issued by this Constitutional Court in this regard, concluding that he acted with total disrespect for what was ordered by this Honorable Chamber, as he was fully informed by the involved administrative authorities, namely, the Cantonal Municipality, the SINAC offices, and the Dirección de Aguas, that they could not grant said permit, as it is obvious that if he did it without permits, that was his goal and therefore he must have obtained that information but proceeded despite it, so he cannot justify his actions, first because he did it against the law, and second, because he did it with full knowledge and will, which in sum is the intent or intention to cause the damages claimed before this Constitutional Court, pursuant to Article 50 of the Constitution. FOURTH. – The infringing company alleges that its permit is legal, as it complied with all the requirements demanded by the competent authority, with which the undersigned appellant disagrees. Regarding the Municipal construction permit, I state that it was granted with tinges of illegality, as the official communication issued by the SINAC office used for granting the construction permit clearly points out and indicates that the constructions would extend to the bank of the Barucito River, which implies knowledge by the Municipal officials of the scope of said constructions, in addition to the intentional conduct of the SINAC official who granted that approval. Obviously, the Municipal officials would not grant any permit to build in the River Protection Zone due to the existing Constitutional prohibition and because it is not a Municipal purview, hence the Municipal construction permit, in principle, could be considered as legally compliant, with the caveat that the Municipal and SINAC officials had knowledge of the infringing company's plans, but my claim as a citizen and appellant focuses on the fact of building within the River Protection Zone and the indiscriminate felling of trees that do nothing other than damage the water resource and the habitat of many native birds and mammals that inhabit said zones. ON THE ARGUMENTS OF THE INFRINGING COMPANY REGARDING WHAT IT CALLS ACCESSIBLE TOURISM AND SOCIAL ENVIRONMENTAL COMPLIANCE. The infringing company is mistaken and tries to mislead based on said arguments, which are not acceptable, as from their perspective it is fine to break the law and harm the rights and interests of more than five million Costa Ricans and almost three million tourists who enter the country each year, all with the sole purpose of protecting their economic interests. Furthermore, not only is the right of the inhabitants of the Republic to live in a healthy and ecologically balanced environment at stake, but it is also about protecting the water resource, which is coincidentally protected by the trees located along the Protection Zones of all the country's rivers and streams, whose public domain character is protected by law. The water resource is essential and therefore jealously protected by this Jurisdiction, as water is the source of life for both humans and wildlife. We also have that the River Protection Zone is the habitat of hundreds of species, both mammals and birds, reptiles, and thousands of other types of small life, animal life that is threatened by the garbage and excrement left by people who visit the site and their pets, which also contaminate the water resource, hence what is alleged by the infringing company is not acceptable, whose representatives broke the law and ignored what was ordered by this Court, despite being warned when they went to the administrative offices to process the permit to build bridges up to the riverbank. For the foregoing, the Honorable Constitutional Magistracy is requested to uphold the amparo appeal at hand, condemning the infringing company, and the respondent institutions, to pay the costs, damages, and losses caused by their actions and omissions. REGARDING THE REPORT ISSUED BY THE MUNICIPAL MAYOR. FIRST. – The respondent alleges that the administrative case file remains open at the Municipal level to protect the Protection Zone of the Barucito River, and that it remains in progress. It is lamentable that 8 months after filing the complaint, said official tells us that the case file is in progress, considering that his own officials and the officials of SINAC and the Dirección de Aguas personally verified the denounced infractions, that is, the existence of the works within the 50-meter protection zone. It is true that the Municipality of Name01 is not solely responsible for initiating and completing the administrative procedure to demolish the works erected on the Barucito River, but as this Honorable Chamber has stated in its reiterated pronouncements, Public Institutions and Autonomous Institutions, such as Municipalities, have the legal duty to coordinate among themselves to achieve the common goal pursued or the purpose for which they were created. It is also lamentable that he tells us that the works are completely finished and open to the public and yet does not coordinate with the MINAE authorities to enforce the law, including denouncing the infringer before the Public Prosecutor's Office, which they have not done to date. According to what the denounced official reports, they do not intend to enforce the law, considering that the infringing company modified the Municipal Construction permit, one of the sanctions for such action being the demolition of the works, hence what was reported by said official only demonstrates the ineffectiveness of the country's Municipalities, and especially the respondent Municipality, whose officials have full knowledge that the infringing company modified the granted construction permit, invading the Protection Zone and extending its construction within the Protection Zone, and have full knowledge of this amparo action and therefore with knowledge of the legal consequences in case the appeal is upheld, but against all forecasts they do nothing about it, given the damage they are causing to the environment; therefore, the upholding of the appeal is reiterated. REGARDING THE REPORT ISSUED BY THE SINAC OFFICE. FIRST. – The reporting official DAVID CHAVARRÍA MORALES, instead of rendering the report as requested by this Honorable Constitutional Court, proceeds to transcribe the official communication prepared by his subordinate, from which it is derived, according to said report, that said office has not acted as legally required, despite the seriousness of the infractions; in fact, let this Honorable Magistracy note the coldness with which they report that the constructions remain on site and in use, despite it being they, along with the officials of the Dirección de Aguas and the Municipality, who must coordinate institutionally to eradicate the problem that has arisen in their jurisdiction. It is lamentable that knowing firsthand the commission of the offenses and their harmful result, they have not acted as corresponds, yet they still request to be exempted from the legal consequences of a possible upholding of the appeal; therefore, the upholding of the appeal with the legal consequences the case warrants is reiterated, given the omission conduct of said office and its seriousness. REGARDING WHAT WAS REPORTED BY THE PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL. FIRST. – Again, it is lamentable that the President of the Institution responsible for protecting the interests and rights of the inhabitants of the canton she represents, passes the buck to the Municipal administration, and simply reports that the infringing company ignored the Municipal closure order and removed the seals, and yet she does not order the Municipal Administration to put a stop to that conduct, considering that it is criminal conduct; therefore, the upholding of the appeal, with the legal consequences that the case warrants, is reiterated. ON THE SUBSTANCE OF THE APPEAL. As was stated at the beginning of the appeal filing, the undersigned came before this Honorable Chamber in defense of the Constitutional right to live in a healthy and ecologically balanced environment, in protection of natural resources, especially the water resource and biodiversity, since through the actions of the respondent company and institutions, said assets are harmed and damaged. This Chamber, in its reiterated pronouncements, has been categorical regarding this protection; thus, for example, in the excerpt from the decision transcribed below, it was emphatic and categorical regarding the State's obligation, through its institutions, to guarantee that right. Article 50 of the Constitución Política III.- On the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 50 of the Constitución Política establishes that every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. The right to a healthy environment has a broad content that is equivalent to the aspiration to improve the living environment of the human being, so that it overflows the criteria of natural conservation to place itself within every sphere in which the person develops, be it family, work, or the environment in which they live. Hence, it is affirmed that it is a transversal right, that is, it moves throughout the entire legal system, shaping and reinterpreting its institutes. The environment is defined by the Real Academia Española de la Lengua as the 'set of physical circumstances that surround living beings,' which further emphasizes the general character of the right. In contrast, the right to an ecologically balanced environment is a more restricted concept referring to an important part of that environment in which the human being develops, to the balance that must exist between the advancement of society and the conservation of natural resources. Both rights are expressly recognized in Article 50 of the Constitución Política, which outlines the Social State of Law. The placement of the right to a healthy and ecologically balanced environment within the constitutional regulations of the Social State of Law is the point from which it must be analyzed. The Social State of Law produces the phenomenon of incorporating a series of political objectives of great social relevance into the fundamental text and the introduction of an important number of social rights that ensure the common good and the satisfaction of the elementary needs of people. In this perspective, the Constitución Política emphasizes that the protection of natural resources is an adequate means to protect and improve the quality of life for all, which necessitates the intervention of public powers over factors that can alter the balance of natural resources and, more broadly, hinder a person from developing and unfolding in a healthy environment. Just as the principle of the Social State of Law has immediate application, the right to a healthy and ecologically balanced environment also does, so that it manifests in the dual aspect of a subjective right of individuals and as a goal or end of the action of public powers in general. The incidence that the right to a healthy and ecologically balanced environment has within the activity of the State finds its primary reason for being in that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals, but also have transcendence in the very structure of the State in its role as guarantor of these and, secondly, because the activity of the State is directed towards satisfying the interests of the community.

The Political Constitution establishes that the State must guarantee, defend, and preserve that right. Prima facie, to guarantee is to ensure and protect the right against any risk or need; to defend is to forbid, prohibit, and prevent any activity that threatens the right; and to preserve is an action aimed at shielding the right in advance from possible dangers in order to make it endure for future generations. The State must assume a dual behavior of action and inaction; on one hand, it must refrain from itself threatening the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, on the other hand, it must undertake the task of issuing measures that allow compliance with constitutional requirements." (Judgment number 00644–99 of eleven hours twenty-four minutes on the twenty-ninth of January of nineteen ninety-nine; in the same sense, see number 4947-2002 of nine hours twenty-four minutes on the twenty-fourth of May of two thousand two) (…)” VCG07/2020. In the case under review, we see how the Institutions charged with protecting the environment, natural resources, and biodiversity have maintained an omission and clearly passive conduct, despite the seriousness of the damage caused, which makes me think that what is rumored in the streets of San Isidro de Pérez Zeledón is true, that the offending company paid for inaction and silence, because it makes no sense for those officials to risk being sued in Criminal Court for the crime of Breach of Duties and Personal Favoritism, for free. This silence and omission conduct, with or without bribery, is reprehensible, as it has been ongoing for several months without positive results; in fact, note that according to the inspection record in the case file, since October 2024, the respondent institutions corroborated the existence of the infractions, and despite the damage caused and the damage that would be caused by the visit of people who leave trash along the riverbed, they have not adopted the measures that the case warrants and that the law obliges them to; in fact, they did not even seize the equipment with which they perpetrated the crime, nor did they report the offender to the Public Prosecutor's Office, and then they omitted to proceed with the consequent demolition once the existence of the reported infractions was corroborated, generating a chain reaction of damages. The undersigned appellant is extremely concerned about the water resource, as the river is being contaminated by visitors, likewise the wildlife whose habitat is being disturbed by visitors, besides the fact that the felling of trees and all sorts of existing forest on the site affected and continues to affect wildlife, since many of the birds and mammals that inhabit the site lost their home, because with the permit granting process in River Protection Zones suspended, the reported constructions were erected surreptitiously and without any type of oversight or studies from the Government Entities in charge of granting this type of permits. Despite the foregoing, the officials of the respondent offices remain inert, as if the situation brought to their attention were not the responsibility of their offices; note how nonchalantly they allude to the fact that despite the stop-work and closure order, the offending company continued its works until their completion and commissioning, but they do not say that they are diligently engaged in the demolition process and in filing complaints before the Requiring Body, as is their duty, as required by the Forest Law (Ley Forestal) in its articles 54 and 57, for the officials who carried out the initial proceedings, and after that the officials who took over the matter, and finally, the officials whom this Chamber summoned ex officio. It is lamentable that, with a citizen interested in protecting the environment, reporting the infractions and providing incriminating evidence, the very officials of the sued Institutions ignore his efforts, even treating him with contempt; all this and being a lawyer, so I ask myself, what would happen if it is an ordinary citizen who reports? Surely they would not have even gone to carry out the initial inspection. While this inertia and omission conduct in general persists, the environment is being overlooked as well as the rights of the country's inhabitants, and incidentally the water resource is being contaminated, which the respondents seem not to care about, its protection being an obligation of the respondent authorities, because, although I come before this Honorable Chamber in protection of that right, it is the respondent Institutions whose responsibility it is to protect it ex officio; however, from what the respondents have reported, it is not noticeable that they have issued any measure aimed at protecting the water resource, which is fundamental for the development of the populations that benefit from the waters of the Barucito River that is sought to be protected …”.

22.- In the substantiation of the process, the prescriptions of law have been observed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY. Although Mr. Néstor Morera Víquez, in his capacity as special judicial representative of the company Finca La Familia S.A., maintains that Mr. Nombre02 was notified on May 6, 2025, of the ruling issued at 12:06 p.m. on April 24, 2025, accompanied by a compact disc (CD) and affirms that upon verifying said digital medium it did not contain any file or document; he subsequently had access to the case file -as he requested- and provided a timely response to the hearing granted by said ruling.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant files an amparo appeal alleging the violation of his fundamental right of access to public information, due to the municipality's refusal to provide him with a copy of the construction permit granted to the company Finca La Familia S.A., which is carrying out works within the protection zone of the Barecito River. Although he submitted a duly authenticated formal request, municipal officials refused to provide the document, arguing that it is private information and can only be disclosed by court order. The plaintiff considers said refusal unjustified, as it is information of clear public interest, given the potential environmental impact derived from the works. Therefore, he requests that the appeal be granted, that his right of access to public information be restored, and that the right to a healthy environment be safeguarded.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order:

 Regarding the Municipality of Pérez Zeledón.

a) By means of a writing -received on August 7, 2024- Mr. Sáenz Altamirano requested the Department of Engineering of the Municipality of Pérez Zeledón the following: “… That I be issued a certification or certificate, as appropriate, informing me whether the company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entity with legal ID number CED01, represented by Mr. Nombre02, who is of legal age, married, businessman, resident of Dominical, bearer of identity card number CED02, has obtained from this Department formal permission for earthworks (movimientos de tierras) and construction on the properties owned by said company number CED04, and CED05, and other details indicated in the attached certifications.” (see report rendered under oath and attached evidence).

b) By email at 12:50 p.m. on August 14, 2024, the Department of Territorial Planning of the Municipality of Nombre01 sent to the email address provided by the protected party -...03- the certificates CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO regarding information on the granting of permits for earthworks (movimientos de tierras) and construction on properties numbers 1-565366-000, and 1-246334-000 owned by the company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA (see report rendered under oath and attached evidence).

c) The certificate CNS-0279-24-ACO states: “The undersigned, in the capacity of acting coordinator of Constructive Control Activity and at the request of Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, regarding Municipal Construction Licenses on property folio real 1-565366---000; 'I certify that I analyzed the review of the Municipal Collection System (Sistema de Cobro Municipal, SCM) which has construction records since the year 2000, in the central municipal archive, as well as the website, and I can certify that on property folio real 1-565366-000, no construction permits are registered.'” (see report rendered under oath and attached evidence).

d) The certificate CNS-0280-24-ACO indicates: “ The undersigned, in the capacity of acting coordinator of Constructive Control Activity and at the request of Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, regarding Municipal Construction Licenses on property folio real 1-246334---000; 'I certify that I analyzed the review of the Municipal Collection System (Sistema de Cobro Municipal, SCM) which has construction records since the year 2000, in the central municipal archive, as well as the Yai website, and I can certify that on property folio real 1-246334-000, the following construction permits are registered.·► PDC-0531-2024-ACO, for an area of 690 square meters for the construction of accessible trails and observation platforms. It should be noted that those indicated here are the only municipal construction licenses processed on said property.'” (see report rendered under oath and attached evidence).

e) By means of a writing -received on August 22, 2024- Mr. Sáenz Altamirano requested the Department of Engineering of the Municipality of Pérez Zeledón the following: “… By Municipal certificate number CNS-0280-24-ACO, this Department responded to the request submitted to this Department on August seventh, two thousand twenty-four; however, said certificate lacks information regarding the request that we also be certified whether the company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entity with legal ID number CED01, represented by Mr. Nombre02, owner of the San José property number 246334-000, obtained permission from this Municipality to carry out earthworks (movimientos de tierra) on the indicated property; I therefore request that said information be added to the aforementioned certificate and be notified to the undersigned applicant.” (see report rendered under oath and attached evidence).

f) By means of a writing -received on August 22, 2024- Mr. Sáenz Altamirano requested the Department of Engineering of the Municipality of Pérez Zeledón the following: “… By Municipal certificate number CNS-0279-24-ACO, this Department responded to the request submitted to this Department on August seventh, two thousand twenty-four; however, said certificate lacks information regarding the request that we also be certified whether the company FINCA LA FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA, entity with legal ID number CED01, represented by Mr. Nombre02, owner of the San José property number 565366-000, obtained permission from this Municipality to carry out earthworks (movimientos de tierra) on the indicated property; I therefore request that said information be added to the aforementioned certificate (see report rendered under oath and attached evidence).

g) By official letter OFI-0473-24-ACO dated August 23, 2024, Yendry Quesada Sancho, acting coordinator of the Department of Constructive Control of the respondent Municipality, communicated -via email- to the protected party the following: “… Receive a cordial greeting, and at the same time we proceed to respond to your query regarding whether Municipal Construction Licenses have been approved on the property Dirección03; we inform you that as stated in the document CNS-0279-24-ACO, regarding the cited property, no Municipal Construction Licenses have been approved by this municipality. Your request is considered addressed and we proceed to archive the note once you are notified.” (see report rendered under oath and attached evidence).

h) By official letter OFI-0589-24-ACO dated October 16, 2024, Yendry Quesada Sancho, acting coordinator of the Department of Constructive Control of the respondent Municipality, communicated to the protected party at email ...01 the following: “… Receive a cordial greeting, by means of this letter and as mentioned in the subject line, in which you request the following: 1. Copy of the administrative file for PDC-0531-2024-ACO. We inform you in this regard as follows: From said file, folios 01 to 15 and 17 to 26 are sent, which correspond to the documentary requirements submitted for the project, regarding which the redacted data and the omitted folio with consecutive number 16, which is the image of the Identity Card of the property owner, correspond to sensitive information of the administered parties, its protection covered under the Law on the Protection of the Individual Regarding the Processing of Their Personal Data No. 8968. Likewise, the construction plans CFIA 1124416 are not sent as they are protected by copyright in accordance with the Law on Copyright and Related Rights No. 6683.” (see report rendered under oath and attached evidence).

i) On an unspecified date, a complaint was filed before the Municipality for an alleged construction within the protection zone of the Barecito River (see report rendered under oath and attached evidence).

j) As a result of said complaint, the Municipality of Nombre01 opened administrative file number ADM-0230-24-ACO, which is in process (see report rendered under oath and attached evidence).

k) Within the initiated administrative procedure, the filing of an appeal against a closure order was recorded, which is in the resolution stage, as indicated in official letter number OFI-0147-25-PTE issued by the coordinator of Territorial Planning (see report rendered under oath and attached evidence).

l) On April 28, 2025, municipal inspector Emilio López Duarte conducted an inspection visit to property folio real 1-246334-000, registered in the name of Finca La Familia S.A., and verified that a ramp, previously closed down, was completely finished and open to the public, in apparent disregard of the closure seals previously placed (see report rendered under oath and attached evidence).

m) That same April 28, 2025, the municipal inspector again proceeded to place closure seals on the observed structure, attaching photographic documentation of the verified non-compliance (see report rendered under oath and attached evidence).

 Regarding the National System of Conservation Areas and the Water Directorate.

a) In the year 2022, by official letter SINAC-ACLA-P-SRPZ-222-2022, information was sent to the Prosecutor's Office related to criminal case No. 22-000029-0219-PE, filed against Mr. Nombre02, representative of Finca la Familia S.Nombre05., for the complaint of construction of platforms in the protection area of the Barecito River (see report rendered under oath and attached evidence).

b) During the course of the year 2022, during a follow-up inspection in said criminal case, a spring (naciente) was located within the property folio real SJ-246334-OOO. For this reason, by official letter SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022, a technical opinion was requested from the Water Directorate of MINAE about said spring (naciente), due to the possible invasion of the protection area by existing infrastructure (see report rendered under oath and attached evidence).

c) On July 5, 2023, by official letter DA-UHTPSOZ-0655-2023, the Water Directorate of MINAE ruled that the spring (naciente) found on folio real SJ-246334-OOO, located at coordinates Dirección04, is permanent in nature (see report rendered under oath and attached evidence).

d) On August 3, 2023, official Allan Cordero Martínez communicated to the Prosecutor's Office of Nombre01 the existence of infrastructure that invaded the protection areas of public domain water bodies, by means of official letters SINAC-ACLA-P-SRPZ-0761-2023 and SINAC-ACLAP-SIG-198-2023, adding this information to that already sent in 2022 (see report rendered under oath and attached evidence).

e) Criminal case No. 22-000029-0219-PE remains in process before the Criminal Court, awaiting the resolution of an unconstitutionality action filed before the Constitutional Chamber, related to the modification of Article 33 of the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575 (see report rendered under oath and attached evidence).

f) In October 2024, Mr. Adolfo Sáenz Altamirano filed several writings before the Subregion of Nombre01 of the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLAP) of SINAC-MINAE, reporting an alleged invasion of the protection area of water bodies by the company Finca la Familia S.A. (see report rendered under oath and attached evidence).

g) On October 22, 2024, a joint inspection visit was made to the reported site, with the participation of officials from ACLAP and the Municipality of Pérez Zeledón. As a result of said inspection, the existence of a ramp-type structure or platform of iron and tiles was verified that invaded the protection area of the existing water body. Given this, administrative precautionary measure number 0560 was issued, ordering Mr. Nombre02 to stop all construction or invasion of the protection area of the Barecito River or any other public domain water body present on his property, as well as to remove the platforms built in those areas (see report rendered under oath and attached evidence).

h) On October 22, 2024, officials from the Water Directorate of MINAE carried out a survey of the channel and collected technical data to issue the corresponding opinion, and the representatives of the Municipality of Nombre01 proceeded to halt the works that were being carried out (see report rendered under oath and attached evidence).

i) On December 16, 2024, Eng. Nelson Fallas Campos, head of the Subregional Office of Nombre01 formally responded to the writings filed by Mr. Sáenz Altamirano (see report rendered under oath and attached evidence).

j) During December 2024, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) carried out three operations at the site, two of them by SINAC and one institutionally (see report rendered under oath and attached evidence).

k) On January 7, 2025, a request for a report was sent by email to the La Amistad Pacífico Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Pacífico, ACLAP), as the competent body in accordance with Article 28 of the Biodiversity Law No. 7788 (see report rendered under oath and attached evidence).

l) On January 8, 2025, by official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025 signed by Mr. Jairo David Gómez Céspedes of the Technical Area of the Térraba-Pacífico Hydrological Unit of the Water Directorate-MINAE, addressed to Eng. Nelson Fallas Campos, head of the Subregional Office Nombre01 of the La Amistad Pacífico Conservation Area of the National System of Conservation Areas SINAC-MINAE, the following was communicated: “… In response to the complaint filed in the office of the Water Directorate of MINAE, Térraba Pacifico Sur Hydrological Unit, with internal control numbers 4615-2024 and 34-2025, by the complainant Freddy Adolfo Sáenz Altamirano, against “Nombre02 identity card: CED02” in said complaint it is indicated among other things “Approximately one month ago, the accused Nombre02, in the stated conditions, began to build huge semi-suspension bridges and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone on the property owned by his represented company number CED06, located in Barú de Pérez Zeledón, which borders on the east with the waterfalls known as CATARATAS NAUYACA, a place where the company CATARATAS NAUYACA SOCIEDAD ANÓNIMA operates.” I take the liberty of indicating the following. By means of an inspection carried out on October 22, 2024, conducted jointly with staff from your represented office Zeledón and the municipality of Pérez Zeledón, at the complaint site with coordinates CRTM05 Lat. 1023305 Long 520963, San José, Pérez Zeledón, Barú district, place known as Platanillo, specifically at the site known as Cataratas Nauyaca, property with folio real number CED07, where the possible invasion of the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) is observed as described below. Construction of infrastructure in the protection zone: on the south bank of the Barucito River channel, the construction of access ramps and an observation platform is observed in the protection zone (figure 1) of both the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases the works were found less than 10 meters from the channels (photographs are inserted) …”. “... No works, modifications, or direct impacts to the determined public domain channels are observed. Reviewed the National Registry of Determinations, Concessions, and Works in Channels of this Directorate, no reference was found regarding a request for work in the channel for the complaint site. The water bodies whose protection zones are being invaded are the Barucito River, a public domain water body of a permanent nature according to the 1:50,000 cartographic sheet Dominical number 3443-IV and the Unnamed Stream (quebrada Sin Nombre), both water bodies determined by this directorate by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025 attached. This is communicated for you to proceed as appropriate.” (see report rendered under oath and attached evidence).

m) On January 8, 2025, by official letter DA-UHTPSOZ-0016-2025 signed by Mr. Jairo David Gómez Céspedes of the Technical Area Coordinator of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit and Eng. Francisco Vargas Salazar, both of the Water Directorate-MINAE, addressed to the protected party, they indicated the following: “… In response to the complaint received in the office of the Water Directorate of MINAE, Térraba Pacifico Sur Hydrological Unit, with internal control numbers 4615-2024 and 34-2025, from your person against “Nombre02 identity card: CED02” in which you indicate “Approximately one month ago, the accused Nombre02, in the stated conditions, began to build huge semi-suspension bridges and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone on the property” I take the liberty of informing you about the actions taken: • Upon receiving the complaint, an inspection is coordinated jointly with the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 and the Municipality of Pérez Zeledón, carried out on October 22, 2024, at the complaint site. • On the day of the visit, the officials of the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 imposed precautionary measure number 0560 on the property owner to “stop all construction work and/or invasion of the protection area of the Barucito River and any other public domain water body”. • Based on the inspection, the following was determined. No infrastructure was observed within the public domain channels. No impact to the water resource was found. Two public domain channels were determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, whose protection zones established in Article 33 of the Forest Law (ley forestal) are possibly being affected. Reviewed the National Registry of Concessions and Works in Channels, there are no permits for work in the channel for the visited site. The inspection report and determinations of the water bodies found were forwarded to the National System of Conservation Areas for appropriate action by official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025 notified on December 8, 2025. Therefore, within the competencies of this Directorate, the complaint with ID CED08 is considered addressed.” (see report rendered under oath and attached evidence).

n) On January 9, 2025, a follow-up inspection to administrative order No. 0560 was carried out by official Allan Cordero Martínez accompanied by official Keilyn Otárola Araya. During the proceeding, the permanence and completion of the infrastructure in the protection area of the Barucito River, as well as non-compliance with the order, were verified (see report rendered under oath and attached evidence).

o) That same January 9, 2025, by official letter SINAC-ACLA-P-SRPZ-0012-2025, a complaint was filed with the Prosecutor's Office of Nombre01 for disobedience to authority and invasion of a protection area of a public domain water body, resulting in criminal case No. 25-000038-0219-PE (see report rendered under oath and attached evidence).

p) On January 12, 2025, by official letter DA-UHTPSOZ-0638-2025 signed by Mr. Jairo David Gómez Céspedes of the Technical Area Coordinator of the Térraba-South Pacific Hydrological Unit and Eng. Francisco Vargas Salazar, both of the Water Directorate-MINAE, addressed to Eng. José Miguel Zeledón Calderón, Water Director, they indicated the following: “... Background: In the year 2022, by official letter DA-UHTPSOZ-0049-2022, a response was provided to the prosecutor's office based on a request for information within criminal case 22-000029-0219-PE against Nombre02. In his capacity as representative of FINCA LA FAMILIA S.A., based on this information, it was determined that there is no intervention in the channel of the Barucito River. In the year 2023, by official letter DA-UHTPSOZ-0655-2023 (attached), a response was provided to the request for determination by official letter SINAC-ACLA-P-SRPZ-956-2022, (ID 4293-2022), the water body Unnamed Spring (Naciente sin Nombre) at the complaint site was determined. In October 2024, the complaint is received (internal control 4615-2024 and 34-2025) in the office of the Water Directorate of MINAE, Térraba Pacifico Sur Hydrological Unit, from Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano against “Nombre02 identity card: CED02” in which he indicated “Approximately one month ago, the accused Nombre02, in the stated conditions, began to build huge semi-suspension bridges and observation platforms within the 50 meters of the River Protection Zone on the property” the following actions were carried out: • An inspection is coordinated jointly with the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 and the Municipality of Pérez Zeledón, carried out on October 22, 2024, at the complaint site. • On the day of the visit, the officials of the Sub Regional Office of SINAC Nombre01 imposed precautionary measure number 0560 on the property owner to “stop all construction work and/or invasion of the protection area of the Barucito River and any other public domain water body”. • Based on said inspection, the following was determined by this Directorate: No infrastructure was observed within the public domain channels. - No direct impact to the water resource was found. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025 (attached), two public domain channels were determined, the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre), whose protection zones established in Article 33 of the forest law (ley forestal) are possibly being affected, as indicated in said report. - Reviewed the National Registry of Concessions and Works in Channels, there are no permits for work in the channel for the visited site. - By means of official letter DA-UHTPSOZ-0014-2025 notified on January 8, 2025 (attached), the inspection report and determinations of the water bodies found were forwarded to the National System of Conservation Areas, from said report it is worth highlighting: “Construction of infrastructure in the protection zone: on the south bank of the Barucito River channel, the construction of access ramps and an observation platform is observed in the protection zone (figure 1) of both the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025; in some cases the works were found less than 10 meters from the channels”, likewise photographs of the observed infrastructure were attached. - By official letter DA-UHTPSOZ-0016-2025 notified on January 9, 2025 (attached), Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano was informed of the inspection report and determinations of the water bodies and the forwarding of the complaint to the National System of Conservation Areas. • Upon forwarding the complaint and the apparent non-compliance with the administrative order imposed by SINAC; this entity proceeded to file criminal complaint with case number 25-000038-0219-PE. • In follow-up to the aforementioned complaint, a field visit was carried out on March 28, 2025, accompanied by Mr. Allan Cordero Martínez, Environmental Protection Technician of the PÉREZ ZELEDÓN SUBREGION, in which the permanence of the infrastructure in the protection zone was observed, both of the Barucito River and the Unnamed Stream (Quebrada Sin Nombre) determined by official letter DA-UHTPSOZ-0013-2025, in full use by tourists and tourism service staff (figure 1). (photographs are inserted) …”. “... No infrastructure was observed within the public domain channels. No direct impact to the water resource was found. This is reported for your appropriate action.” (see report rendered under oath and attached evidence).

q) On March 28, 2025, a new on-site visit was carried out to gather information within the framework of the criminal case. The proceeding was carried out by official Allan Cordero Martínez accompanied by the official of the Water Directorate of MINAE, Jairo Gómez Céspedes.

During the inspection, the permanence of all the reported infrastructure was verified —in criminal cases Nos. 22-000029-0219-PE and 25-000038-0219-PE— which were in active use by tourists and tourism service personnel, despite the administrative measures adopted and the ongoing criminal proceedings (see report rendered under oath and attached evidence).

IV.- UNPROVEN FACT. Of importance for the decision in this matter, the following fact is deemed not demonstrated:

SOLE. That the petitioner attempted to submit a request for copies of the administrative file before the Municipality of Nombre01 and that any official or security guard of the respondent municipality refused to receive said request.

V.- REGARDING THE RIGHT TO PETITION AND PROMPT RESPONSE. The right to petition and prompt response, sheltered in articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, obligates public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date of filing of such proceedings, in the absence of another deadline having been set for answering. However, cited article 32 also provides that in deciding the petition, the Chamber will assess the reasons adduced for considering that deadline insufficient, given the circumstances and the nature of the matter, in which case the Administration is always obligated to inform the petitioner of the causes for the delay in issuing a ruling. In any case, the duty to resolve does not imply obtaining a favorable or unfavorable response, but it does imply the necessary congruence between the object of what was requested and that of what was answered.

VI.- REGARDING CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MATTERS.

Concerning the preventive and precautionary principles, in judgment no. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber specified:

“In this line of thought, specialized doctrine has indicated that the preventive principle demands that, when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned on compliance with certain requirements. In general, this principle applies when there are clearly defined risks identified at least as probable; likewise, this principle is useful when there are no technical reports or administrative permits that guarantee the sustainability of an activity, but there are sufficient elements to foresee potential negative impacts. On the other hand, the precautionary principle indicates that, when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation. From the foregoing, it is noted that this principle starts from reasonable scientific uncertainty together with the threat of serious and irreversible environmental damage. In general terms, a relevant difference between the preventive principle and the precautionary principle lies in the level of knowledge and certainty of the risks that an activity or work provokes. While in the former such certainty exists, in the latter what is observed is a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (the bold has been supplied).

Precisely, the precautionary principle must be understood as contemplated in principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “When there is danger of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it is not about the requirement of having scientific studies to arrive at the ‘absolute certainty’ of the innocuousness of an activity towards the environment (in principle, total security is hardly attainable), but rather that, even if the danger of serious or irreversible damage to the environment is not entirely assured, such uncertainty will never justify nor excuse the postponement of the execution of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that this does not involve just any type of threat —it must plausibly involve a serious danger—, and, on the other hand, that the measure demands efficient and effective use of the resources employed. In the sense expressed, even though the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not imply that it can be used unrestrictedly with the argument that any activity could generate damage to the environment —which would denaturalize its raison d'être—, but rather it is necessary that there be some degree of identification of the dangers of serious or irreversible damage that could be generated, the determination of which varies in consideration of the particularities of the specific case. Thus, when faced with a situation that demands the application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new or modification request that reasonably entails a serious risk; they are even obligated to suspend the activities that are being carried out. Simultaneously, they must efficiently and effectively adopt all measures required for the preservation of a healthy and ecologically balanced environment.

The aforementioned principle is likewise gathered in a legal source of hard law, since principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change —ratified by Costa Rica through law no. 7414 of June 13, 1994, and by all OAS member states— establishes:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To that end, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (the emphasis has been added).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which is ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica —see law no. 8538 of August 23, 2006—, in which one reads:

“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.

Similarly, this principle is contemplated in the Convention on Biological Diversity ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law no. 7416 of June 30, 1994, in whose preamble it is established: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.

In accordance with the referenced regulations in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also referred to the precautionary principle in Advisory Opinion OC 23/17 of November 15, 2017:

“180. (…) Therefore, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for purposes of protecting the right to life and personal integrity, in cases where there are plausible indicators that an activity could entail serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Therefore, States must act with due caution to prevent possible damage. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle, whereby, even in the absence of scientific certainty, they must adopt measures that are “effective” to prevent serious or irreversible damage” (the highlighting has been added).

Subsequent to that resolution and by means of a judgment, in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs. Argentina, the IAC HR Court ruled on February 6, 2020, in this manner: “the right to a healthy environment ‘must be considered included among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention’, given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, which arises from Articles 30, 31, 33 and 34 of the Charter.” Of high significance, it must be underlined that, in this ruling, the IAC HR Court refers to advisory opinion no. OC-23/17 for the purpose of developing the content and scope of that right, by virtue of which the legal considerations of the latter have logically come to attain the legal bindingness proper to a judgment. In that sense, the international jurisdictional body reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humanity’, and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence about the risk to individual persons. It is about protecting nature’, not only for its ‘utility’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance for the other living organisms with whom the planet is shared’. The foregoing does not preclude, of course, that other human rights may be violated as a consequence of environmental damage.” Precisely, in developing the conceptualization of the right to the environment, the IAC HR Court clearly details the state obligations in the face of possible damage to the environment, such as the duty of prevention, the precautionary principle, the obligation of cooperation, and access to information.

In summary, the application of the precautionary principle implies that when there are indicators that a certain activity could plausibly cause serious and irreversible damage to the environment, the lack of absolute scientific certainty or evidence in this regard does not exempt from the obligation to adopt all those efficient and effective measures to prevent a violation of the environment.

Concerning the preventive principle, in the first UN report on the state of international environmental law, document A/73/419 of November 30, 2018, prepared by its Secretary-General in compliance with the General Assembly resolution of May 10, 2018 (no. A/72/L.51), it is conceptualized as a normative guideline of customary international law “confirmed by relevant practice in many environmental treaties and major codification projects.”

Now, although the aforementioned report emphasizes the prevention of transboundary damage, the truth is that this general principle of law, as duly recorded in the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), has a much broader scope, since, as a hermeneutical guide, it leads to “the causes and sources of environmental problems being addressed in a prioritized and integrated manner, trying to prevent the negative effects that may occur on the environment. The prevention criterion will prevail then, over any other in public and private management of the environment and natural resources.” The foregoing makes complete sense, since it is consistent with the duty to prevent the consummation of environmental damage, and not merely to decide on the repair of harmful consequences already corroborated, including ordering the cessation of harmful effects.

Such an institute is reflected, among other norms, in articles 194.1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (ratified by Costa Rica through law no. 7291) and 5 and Annex II of the United Nations Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (ratified through law no. 8059), as well as in constitutional jurisprudence (see judgments nos. 2021024807 of 9:20 a.m. on November 5, 2021 and 2018016383 of 5:00 p.m. on September 28, 2018, among many others) and in conventional jurisprudence, for example, in advisory opinion no. OC-23/17 of November 15, 2017, paragraphs: 127 to 174 and subparagraphs a) and b) of paragraph 242 and the judgment of November 24, 2022, Nombre06 vs. Chile. Precisely, in the latter, the IAC HR Court expressly indicates:

“208. Without prejudice to the foregoing, in specific environmental matters, it should be highlighted that the principle of prevention of environmental damage forms part of customary international law, and entails the obligation of States to carry out the measures that are necessary ex ante the production of environmental damage, taking into consideration that, due to its particularities, frequently it will not be possible, after such damage has occurred, to restore the pre-existing situation. By virtue of the duty of prevention, the Court has indicated that ‘States are obliged to use all means at their disposal to prevent activities carried out under their jurisdiction from causing significant damage to the […] environment’200. This obligation must be fulfilled under a standard of due diligence, which must be appropriate and proportional to the degree of risk of environmental damage201. On the other hand, although it is not possible to make a detailed enumeration of all the measures that States could take to fulfill this duty, some may be pointed out, relating to potentially harmful activities: i) regulate; ii) supervise and monitor; iii) require and approve environmental impact studies; iv) establish contingency plans, and v) mitigate in cases of occurrence of environmental damage202.”

For its part, the in dubio pro natura principle means, according to the ‘World Declaration of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) on the Rule of Law in Environmental Matters,’ that “in case of doubt, all processes before courts, administrative bodies and other decision-makers shall be resolved in a manner that favors the protection and conservation of the environment, giving preference to the least harmful alternatives. Actions shall not be undertaken when their potential adverse effects are disproportionate or excessive in relation to the benefits derived from them” (see principle V).

In this sense, according to the document ‘95 Environmental Legal Principles for Ecologically Sustainable Development’ (approved at the XIX Edition of the Ibero-American Judicial Summit-2018 and by the Full Court in Article XIX of session no. 28-2020 of May 25, 2020), “Every operator of environmental norms must always keep in mind the pro natura principle, according to which risks shall be avoided, general collective interests shall be privileged over private ones, the preservation of the environment shall be favored, and in case of doubt the interpretation that most broadly protects the environment shall be preferred.”

The in dubio pro natura principle, then, does not depend on there being a danger of serious or irreversible damage —as occurs with the precautionary principle—, but rather implies a “general rule of behavior, for the relationship of the State —and society in general— with the environment, applicable to all areas of decision-making in which there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid opting for those conducts that may cause damage to the environment, when other options exist” (Olivares and Lucero, 2018).

On the other hand, in judgment no. 2012013367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012, this Constitutional Court referred to the principles of progressivity and non-regression in environmental matters in this way:

“V. On the principles of progressivity and non-regression of environmental protection. The principle of progressivity of human rights has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is contained in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under the protection of these norms, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent of its possibilities and development, the levels of protection of human rights, with special consideration of those, which like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple positive actions from the State for their protection and full enjoyment by all their holders. From the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of norms to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, contained in article 34 of the Magna Carta, derives the principle of non-regressivity or irreversibility of the benefits or protection achieved. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case, of the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is obligated not to adopt measures, policies, nor approve legal norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the situation of the rights achieved up to that point. This principle does not suppose an absolute irreversibility since all States experience national situations, of an economic, political, social nature or due to acts of nature, that negatively impact the achievements reached up to then and force a downward reconsideration of the new level of protection. In those cases, the Law of the Constitution and the principles under examination oblige justification, in light of the constitutional parameters of reasonableness and proportionality, of the reduction in the levels of protection. In this sense, the Constitutional Chamber has expressed in its jurisprudence, regarding the right to health: ‘…in accordance with the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to take measures that diminish the protection of fundamental rights. Thus then, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of openness to access to medicines, it cannot —much less through an International Treaty— reduce such access and make it more restricted, under the excuse of protecting commerce. (Judgment of the Constitutional Chamber No. 9469-07). In relation to the right to the environment it said: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation in the protection of the environment pursuant to the Law of the Constitution, which does not admit regression to its detriment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber No. 18702-10).” (The highlighting does not correspond to the original). (In the same sense, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 and 2019-017397).”

Thus, in accordance with the principle of progressivity, the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection of human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment. For its part, the application of the principle of non-regression consists of a guarantee that constrains the State to refrain from adopting measures, policies, or norms that worsen, without reasonable and proportional justification, the degree of protection of fundamental rights already achieved, and that, as the case may be, the corresponding compensatory measures must be weighed.

Finally, this Court explained the principle of objectivization of environmental protection in these terms:

“Regarding the environment, the object of the fundamental right exposed, our Magna Carta further demands that it be “healthy.” The requirement “healthy” leads us to “regenerative capacity” and “succession capacity” to guarantee life. From both requirements: “healthy” and “balanced” comes the need for sustainable and supportable development; quality of life and environmental quality depend on it. Now, with the concepts of “environment,” “healthy,” “ecologically balanced,” the constitutional norm introduced science and technique into environmental decisions, be they legislative or administrative, in such a way that, in the terms of articles 16 of the General Law of Public Administration and 38 of the Organic Law of the Environment, state actions in environmental matters must be based on and cannot contradict the univocal rules of science and technique in order to achieve full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, additionally, a “greater well-being for all the inhabitants of the country.” Regarding the subjection of legislative and administrative decisions to the univocal rules of science and technique, the Chamber has called it the principle of objectivization of environmental protection: ‘From the objectivization of environmental protection (…) it is a principle that in no way can be confused with the previous one [precautionary principle or “principle of prudent avoidance”], as, derived from the provisions of articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to general provisions –both legal and regulatory–, from which derives the requirement of linkage to science and technique, which conditions the Administration’s discretion in this matter. So that, in attention to the results derived from those technical studies –such as environmental impact studies–, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident damage to the environment, natural resources or people’s health, it becomes obligatory to reject the proposed project, work or activity; and in case of a “reasonable doubt” it is obligatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment.’ (Judgment of the Constitutional Chamber Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (the highlighting has been added). (Resolution no. 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012).

VI.- REGARDING THE PROTECTION ZONE OF THE BARUCITO RIVER AND THE UNNAMED STREAM. From the set of evidentiary elements contained in the file, it is concluded that although both the Municipality of Nombre01 and the Ministry of Environment and Energy (through the Directorate of Waters and the National System of Conservation Areas – SINAC) have carried out some actions aimed at containing the reported affectation —such as the issuance of certificates regarding non-existent or partial permits, the imposition of an administrative precautionary measure (order No. 0560), the opening of administrative files, the coordination of joint inspections, and the criminal complaint of the facts— the truth is that said actions have been materially insufficient and ineffective to achieve real, immediate, and effective protection of the constitutional right to a healthy environment.

Indeed, it has been proven that, despite said actions, as of March 28, 2025, all reported infrastructure (ramps, observation platforms, and trails) built in the protection zone of the Barucito River and the Unnamed Stream was still present and in active use by tourists and tourism service personnel. Likewise, on April 28, 2025, the municipal inspector verified that one of said structures —previously closed— was completely finished and open to the public, in apparent disregard of the closure seals placed previously, which led him to reapply the same seals at that time.

This reiteration of violative acts, together with the continuity of the activities and the persistence of the infrastructure, reveals a serious and sustained administrative omission by both respondent entities, in failing to ideally guarantee the effective compliance with their constitutional and legal competences regarding the protection of water recharge zones and environmental protection areas.

Such administrative passivity constitutes a violation of article 50 of the Political Constitution, which imposes on the State —and all its institutions— the duty not only not to harm the environment, but to actively protect it, restore it, and prevent its deterioration. The right to a healthy environment, as the Constitutional Chamber has indicated, is not simply a programmatic clause, but rather has full normative force, enjoys direct and immediate protection through the amparo remedy, and its respect imposes positive obligations on public authorities, which must act in a timely, preventive, and effective manner.

This duty requires real and verifiable results, as the Inter-American Court of Human Rights has also reiterated, by establishing that the right to a healthy environment is an autonomous right, protected by article 11 of the Protocol of San Salvador and developed in its Advisory Opinion OC-23/17, where it is emphasized that States have the obligation to prevent, regulate, and repair environmental impacts that put life, health, integrity, or human dignity at risk, even when there is no immediate physical damage, but there is an impact on the ecological and functional integrity of ecosystems.

In this case, the sustained omissions in the fulfillment of duties of surveillance, sanction, and enforcement by MINAE and the Municipality of Nombre01 have allowed a situation clearly contrary to constitutional and conventional standards of environmental protection to persist over time, affecting not only the protection zone—whose conservation is of national public interest—but also the rights of the petitioner as an environmental complainant and the diffuse interests of the community.

Although it is recorded in the file that officials of the Directorate of Waters of MINAE indicated in the corresponding technical report -official communication DA-UHTPSOZ-0016-2025- that no direct affectation to the water resource itself was found —that is, to the active watercourse of the river or the stream—it was also reliably recorded that through official communication DA-UHTPSOZ-0013-2025 the same Directorate ruled the existence of two public domain watercourses, specifically the Barucito River and the Unnamed Stream, both permanent and protected by the Costa Rican legal system, in which their protection zones could be being affected, in accordance with the provisions of article 33 of Forest Law No. 7575.

That is, although no immediate physical damage was verified in the watercourse as such, the presence of constructions in the protection area was confirmed, legally defined as a strip of land adjacent to the body of water whose conservation is essential to protect its flow, its ecological values, its function as a biological corridor, and its physical and functional integrity. Said area, by express regulatory provision, enjoys the same level of legal protection as the watercourse itself, and any intervention within it —whether by fill, construction, deforestation, earthworks (movimientos de tierra), installation of tourist or recreational infrastructure— requires specific permits and the corresponding environmental technical opinion.

Additionally, from the same report it is apparent that, when reviewing the National Registry of Concessions and Works in Watercourses, no request or valid authorization was found for works at the visited site, which reinforces the illegality of the observed interventions.

This situation reveals a clear violation of the environmental legal framework and reflects a substantial omission in the duty of oversight and effective enforcement of preventive, corrective, and restorative measures on the part of both respondent authorities, which constitutes a direct infringement of the constitutional right to a healthy environment, protected under Article 50 of the Political Constitution.

Under this perspective, it is clear that even though it has been technically affirmed that there is no direct impact on the water as such, there is indeed a concrete violation of the protection regime for water ecosystems and their perimeter conservation zone, which, in accordance with the principles of precaution, prevention, and environmental non-regression, imposes decisive, effective, and coordinated action by the competent authorities. Their continued omission, despite multiple reports, technical opinions, inspections, and even ongoing judicial proceedings, constitutes a violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment.

Ergo, having verified a systematic, sustained, and legally unjustified ineffectiveness in the actions of the respondent public authorities in the face of a concrete environmental impact, it is appropriate to grant this amparo petition, both against the Municipality of Nombre01 and against the Ministry of Environment and Energy (MINAE) (the Water Directorate and the National System of Conservation Areas), and to order the respondent parties, within the framework of their respective competences, to immediately, in a coordinated and effective manner, adopt all necessary measures to ensure the restoration, protection, and safeguarding of the affected water protection area, as set forth in the operative part of this judgment. On this point, the amparo petition is granted.

VII.- REGARDING THE REQUESTS FOR DOCUMENTATION FILED BY THE PETITIONER. From the comprehensive analysis of the case file and based on the set of proven facts, this Chamber concludes that no violation of the fundamental right to petition and prompt response, established in Article 27 of the Political Constitution, has occurred. Indeed, it is on record that Mr. Freddy Adolfo Sáenz Altamirano filed a formal request on August 7, 2024, with the Engineering Department of the Municipality of Pérez Zeledón, seeking certification regarding the existence of municipal construction and earthworks (movimientos de tierra) permits granted to the company Finca La Familia S.A. concerning two properties. This request was addressed through official letters CNS-0279-24-ACO and CNS-0280-24-ACO, sent to his email on August 14, 2024, within the legal time limit. Subsequently, in response to requests for clarification filed on August 22, 2024, the administration replied through official letter OFI-0473-24-ACO dated August 23 of the same year, reaffirming the non-existence of permits on one of the consulted properties.

Although the petitioner provides a copy of a document—undated—in which he requests from the respondent local government copies of the administrative file, there is no record that any official or security guard of the municipality refused to receive said request—as alleged in the complaint initiating this action. However, through official letter OFI-0589-24-ACO dated October 16, 2024, partial copies of the administrative file PDC-0531-2024-ACO were sent to the interested party, omitting sensitive personal data and plans protected by copyright, in accordance with the provisions of current regulations on personal data protection (Law No. 8968) and intellectual property (Law No. 6683).

Ergo, the requests having been substantively and timely addressed and with no evidence of arbitrary or unreasonable denial of information of a public nature, this Court finds no injury to the invoked right. Consequently, on this point, the amparo petition is denied.

VIII.- CONCLUSION: The petition is partially granted, in accordance with what is stated in the operative part of this judgment.

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or one produced by new technologies, has been submitted, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Notice is given that any material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012, as well as the agreement of the Superior Council of the Judicial Branch, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Therefore:

The amparo petition is partially granted, solely regarding the right to a healthy and ecologically balanced environment. Emanuel Ceciliano Alfaro and Andrea Herrera Chaves, in their respective roles as mayor and council president, both of the Municipality of Pérez Zeledón, or whoever occupies those positions in their stead, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their competences so that, within the period of FIFTEEN DAYS from the notification of this judgment, a) they proceed to execute all necessary measures to ensure effective compliance with the closure order (acta de clausura) and the seals placed on the infrastructure built in the protection zone of the Barucito River and the Quebrada Sin Nombre, including periodic inspections, physical closure, visible signage, and effective site control, and b) they send to this Chamber, within an additional period of no more than FIFTEEN DAYS, a detailed and documented report of the executed actions, with copies of the inspection records, photographs of the site, the adopted administrative resolution, and any follow-up measure. Likewise, David Chavarría Morales, Gravin Villegas Rodríguez, and María Gabriela Páez Vargas, in their respective roles as interim executive director of the National System of Conservation Areas (SINAC), regional director of the La Amistad Pacífico Conservation Area (ACOSA), and interim director of the Water Directorate, all of the Ministry of Environment and Energy (MINAE), or whoever occupies those positions in their stead, are ordered so that, within the period of FIFTEEN DAYS from the notification of this resolution, a) they proceed to coordinate and execute the necessary actions to enforce Administrative Precautionary Measure No. 0560 issued on October 22, 2024, adopting technical and legal measures to guarantee the removal of platforms, ramps, or other illegal constructions within the protection zones of the Barucito River and the Quebrada Sin Nombre, and b) within an additional period of FIFTEEN DAYS, they send to this Chamber a detailed report of all actions taken, including a schedule of activities, technical resolutions, inspection reports, and measures executed or planned for the environmental recovery of the affected site, and c) they establish a coordinated and inter-institutional permanent oversight mechanism together with the Municipality of Nombre01 in the affected area, in order to prevent new constructions, occupations, or works within water protection zones without the proper permit. The foregoing is ordered with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed upon those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and who fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State and the Municipality of Nombre01 are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated during the execution of sentence proceedings in the administrative litigation court. In all other respects, the amparo petition is denied. -

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	 




Paul Rueda L.

	 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 R2PZJAD45SI61

EXPEDIENTE N° 24-027574-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 08:51:29.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República