Res. 13555-2025 Sala Constitucional — Water request on pastureland without approved land-use changeSolicitud de agua en potrero sin cambio de uso aprobado

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Sala Constitucional

Resolución Nº 13555 - 2025

Fecha de la Resolución: 09 de Mayo del 2025 a las 09:15

Expediente: 24-032176-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-032176-0007-CO

Res. Nº 2025013555

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 14 de noviembre de 2024, el recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y la MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ y manifiesta que presentó la solicitud del servicio de agua potable para un terreno, al cual, personeros del AYA llegaron a realizar una inspección y le indican que no existe posibilidad de agua potable en el sitio. Indica que, según ellos, es su deber como ciudadano realizar las labores que ellos como institución deberían de realizar. Manifiesta que se le indicó por parte del instituto recurrido que harían la consulta a la Municipalidad de Pococí para analizar la posibilidad de "meter" agua en dicho terreno. Narra que recibió de parte del AYA vía correo electrónico el 03 de octubre de 2024, un mensaje donde se le indicó que procedieron a solicitar a la Municipalidad de Pococí como está el tema de la disponibilidad de agua para ese terreno. Agrega que tiene más de un mes esperando la respuesta de ambas entidades, pero, al día de interposición de este recurso no se le ha resuelto nada. Reclama que, debido a esto, se le está negando los permisos de construcción en dicho terreno, porque no tiene acceso al agua potable a pesar de que su vecino sí tiene agua potable de suministro por parte de ese ente público y le puede brindar el agua mientras ellos resuelven. Estima que tal actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales.

2.- Mediante resolución de las 18:25 horas del 19 de noviembre de 2024, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Manuel Hernández Rivera, en su condición de alcalde de la Municipalidad de Pococí (informe rendido el 26 de noviembre de 2024), en los siguientes términos: “Como primer punto, debo indicar que el día 22 de noviembre de 2024, se procedió a contestar el correo electrónico, dando así respuesta al Oficio GSP-RHC-P-2024- 01409, de fecha 30 de setiembre del 2024, emitido por parte de Susana Sánchez Montero, de la Unidad Cantonal RHC-Pococí del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver prueba adjunta). En dicho correo electrónico, se indica mediante Oficio DPCC-168-2024, emitido por parte del Ing. Jean Carlo Ruiz Hernández (Proceso de Control Constructivo) se informa que NO SE HA OTORGADO ningún certificado de uso de suelo sobre la propiedad del recurrente. En este escrito, el Ing. Ruiz Hernández, cita que la propiedad con plano catastrado L-1262316-2008, con folio real 7-125642-000, es un terreno de POTRERO, que mide 6.805m2, cuenta con acceso por calle pública, lo cual no es propio de las parcelas con fines agrícolas, pecuarios o forestales donde los accesos son exclusivamente por medio de servidumbre agrícola. La naturaleza del terreno, según se indica en el plano catastrado es para potrero, por lo cual no debería ni siquiera de haberse considerado la aplicación del artículo 20 del Reglamento de Prestación de Servicios del ICAA, ni haberse consultado a este municipio, sumado a que la actividad que se pretende desarrollar es del tipo comercial no agrícola, pecuario ni forestal. Además, en dicho Oficio, se cita que, de acuerdo con las competencias establecidas para cada una de las instituciones competentes, para el otorgamiento de constancias de disponibilidad de agua en parcelas agrícolas el desarrollador debe aportar una autorización emitida por el INVU, no siendo requerida la participación de la Municipalidad en este proceso, esto de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados. En este mismo orden de ideas, de acuerdo con lo indicado por el Ing. Henry Madrigal Calvo, del Área de Planificación y Desarrollo Urbano, en su Oficio APDU-134-2024, es importante poner en conocimiento a Su Autoridad, que sobre la finca Dirección01, se encuentra activo un procedimiento administrativo por construcción irregular a nombre de Carlos Alfaro Jiménez, en razón de que se estaban levantando obras constructivas sin contar con los permisos municipales respectivos. Dicho procedimiento inicio desde el 29 de agosto del presente año, fecha en que se clausuraron las obras que ahí se estaban realizando. Lo anterior es un aspecto que puede ser importante a considerar, ya que el mismo Reglamento para la Prestación de Servicios del ICAA, en su artículo 52 inciso “d”, establece que dentro de los requisitos para la solicitud de un servicio nuevo se debe aportar copia del permiso municipal de construcción vigente, que como ya se indicó, actualmente la finca NO cuenta con los permisos de construcción municipal para las obras que ahí se han desarrollado. Reitero, el 22 de noviembre 2024, ya se contestó la consulta hecha por parte de la oficina regional del AyA, mediante el Oficio APDU-133-2024 con fecha del 22 de noviembre 2024, vía correo electrónico”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

4.- Informa bajo juramento José Matarrita Cortés, en su condición de director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 26 de noviembre de 2024), en los siguientes términos: “PRIMERO: En fecha 10 de setiembre de 2024 se recibió una solicitud de disponibilidad de servicios/ extensión de ramal de tubería a nombre del señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para dotar de agua potable a la propiedad con plano catastro L-1262316- 2008, folio real 7-170714-000, registrada a su nombre. Esta propiedad está ubicada de la Escuela Los Sauces Dirección02, en Guápiles, Pococí. Se le asignó el número de expediente de disponibilidad SIGDD-2024-00025397-1-1-1 y para un mejor seguimiento el número de expediente de ramal de la Unidad Cantonal 2024- 084, que se adjunta (ver folios del 0000004 al 0000011). SEGUNDO: En fecha 18 de setiembre de 2024 se realizó la inspección al sitio y se documentó la información (ver folios 0000001 y 0000003), misma que junto con la solicitud, fue trasladada al Departamento de Ingeniería de la Región Huetar Caribe en fecha 24 de setiembre de 2024 (ver folio 0000012), para continuar con el análisis y la correspondiente confección del informe técnico. En esta misma fecha, 24 de setiembre de 2024, se le remite al interesado esta información vía correo electrónico (ver folio 0000013). TERCERO: Sobre la misma línea del análisis, fue necesario solicitar información adicional al interesado, por lo que se le solicita vía correo electrónico en fecha 01 de octubre de 2024 (ver folio 0000014). CUARTO: La consulta fue abordada por el interesado, quien expuso el interés de construir 6 ventanas de comidas de 4m x 4m aproximadamente y un sport bar de aproximadamente 220m2. También mencionó que a futuro el plan es construir un apartamento de 42m2. (ver folio 0000016). QUINTO: Adicionalmente, el análisis condujo a la necesidad de enviar una consulta a la Municipalidad de Pococí, misma que se planteó con el oficio GSP-RHC-P-2024- 01409 en fecha 30 de setiembre de 2024. Así las cosas, para informar al usuario se generó la Notificación de Resolución del Trámite SIGDD-2024-00025397-1-1-1 en fecha 02 de octubre de 2024, en la que se le indicó al usuario textualmente: Por motivo de requerirse información adicional de la propiedad, se le informa que se trasladó consulta a la Municipalidad de Pococí. Estamos atentos a la atención de la consulta por parte del ente municipal para continuar con el análisis de su solicitud. SEXTO: Con la Notificación de Resolución del Trámite, se emitió también la Constancia de No disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado, para quedar a la espera de la atención de la consulta por parte de la Municipalidad de Pococí. SÉTIMO: A esta fecha de interposición del presente Recurso de Amparo, no se ha brindado al usuario la resolución definitiva a su solicitud de disponibilidad de servicios por parte de AyA, por cuanto la consulta no ha sido comunicada al AyA por parte de la Municipalidad de Pococí, sin embargo, no se omite manifestar que todo el proceso ha sido comunicado al interesado. OCTAVO: Por motivo que la solicitud presentada por el interesado se ha mantenido en proceso y complementado con información adicional y consultas que permitan generar un correcto análisis de factibilidad contemplando aspectos legales, técnicos y ambientales, por la responsabilidad de AyA de velar como ente rector y operador de servicios tan básicos para la salud y la vida, estamos en la obligación dentro de nuestras competencias, de observar el cumplimiento de los elementos previstos en las normativas y se considera que la información solicitada es un acto absolutamente válido y correcto, sujeto al principio de legalidad. NOVENO: Dado lo anterior, se indica que, si bien es cierto, el acceso al agua potable es un derecho constitucional, para otorgar una disponibilidad de servicios de AyA no es posible omitir el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y ambientales necesarias para una correcta prestación de servicio. DECIMO: Como puede constatarlo este Honorable Tribunal, el AyA ha actuado conforme a la normativa que lo regula, sin manipulación antojadiza, ni del ejercicio de sus funciones, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló; se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, sin que ninguno de sus actos haya violentado derecho constitucional alguno. Por el contrario, se logra demostrar que las gestiones realizadas por la recurrente fueron debidamente recibidas y tramitadas; así mismo, se le brindó la respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. Es importante señalar que la pretensión del recurrente en cuanto a que se le ordene a AyA resolver de manera positiva su gestión y ordenar el servicio de agua potable para la propiedad antes dicha; no es posible, toda vez que dicho trámite debe cumplir con los requerimientos que la normativa prevé para dicho fin. Para el trámite de extensión de ramal, hay un procedimiento previamente establecido en la normativa interna del AyA, qué de otorgarse el visto bueno para su procedencia posterior a la recomendación técnica, dicha extensión no corre por cuenta del AyA, sino de la persona interesada en la conexión del servicio solicitado. Cabe señalar que, para el caso en estudio, se conformó el expediente 2024-084 que se adjunta como prueba. No obstante, es importante para el AyA, informar a tan honorable Sala, que no es intención de la Institución negar de manera antojadiza el acceso a este derecho, como lo es el agua potable; pues este es el fin para el cual la institución que representamos fue creada; sin embargo, nos debemos a los principios de legalidad y a las normativas que nos regulan, siendo que la extensión de ramal, corre por cuenta del solicitante en los casos que de acuerdo con los estudios técnicos y las capacidades hídricas así o permitan (…) IV. PETITORIA: Por lo antes expuesto, y en razón de demostrar, que nuestras actuaciones han sido las correctas de conformidad con la normativa que nos rige, y que la violación de derechos a los que alude la recurrente no son ciertos, toda vez que el AyA no ha faltado al derecho de respuesta y las gestiones presentadas y que constan en el expediente de Extensión de Ramal 2024-084, han sido debidamente atendidas por parte del Instituto, sin embargo no podemos obviar la respuesta que debe brindar la Municipalidad de Pococí y de la cuál seguimos en espera; es por ello, que solicitamos respetuosamente a este Honorable Tribunal, desestimar el presente recurso, que el mismo sea archivado y que se exima al AyA de cualquier condenatoria en daños, perjuicios o costas del proceso”.

5.- Informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 26 de noviembre de 2024), en los mismos términos que el director de la Región Huetar Caribe de ese Instituto. Añade lo siguiente: “Como se indicó anteriormente, AyA no tiene ninguna solicitud presentada por el recurrente, sin embargo, se logra asociar que el correo ...01, suministrado por el señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para recibir notificaciones, corresponde a un correo del señor Nombre01. Asimismo, tal como se indicó, AyA está en la obligación de velar por el estricto cumplimiento de los requisitos previstos por la norma para el otorgamiento de disponibilidades de agua potable y/o Alcantarillado Sanitario, lo cual aplica para el presente caso, ya que se requiere de la respuesta de la Municipalidad de Pococí para poder realizar el análisis respectivo en cuanto la factibilidad técnica, legal y ambiental para la solicitud propuesta. Finalmente, es importante mencionar a esta Honorable Sala, que todas las gestiones realizadas, AyA las ha comunicado al correo señalado, siendo que el interesado tiene por parte de la institución conocimiento de la situación y que se está a la espera de la respuesta por parte del Ente Municipal”.

6.- Mediante resolución de las 12:18 horas del 28 de febrero de 2025, este Tribunal solicitó una prueba para mejor resolver.

7.- Informa bajo juramento José Matarrita Cortés, en su condición de director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 07 de marzo de 2025), en los siguientes términos: “PRIMERO: Es importante aclarar a esta Honorable Sala Constitucional que, al recurrente no se le ha negado el acceso al agua potable en ningún momento, sino que su solicitud ha requerido de información adicional para abordarla correctamente. Esto por cuanto la solicitud del señor Nombre01 se basa en la necesidad de desarrollar una actividad comercial y de construcción de apartamentos para uso residencial, dentro del terreno de su propiedad que es de naturaleza de potrero; en consecuencia se está dando un cambio en la naturaleza del terreno de uso agrícola a urbano o comercial. En cuanto a la solicitud de disponibilidad de agua para terreno de naturaleza con fines pecuarios como este; el Artículo 34 del Reglamento de Prestación de Servicios del AyA establece para estos casos: “Artículo 34- De la solicitud de la constancia de disponibilidad de servicios para parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos. Además de lo previsto en los artículos 15 y 30 de este reglamento, para el caso de solicitudes asociadas a parcelas con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos, donde se pretendan construir viviendas o edificaciones, para ser abastecidas con agua para uso poblacional, el solicitante deberá presentar la autorización emitida por la Municipalidad correspondiente conforme a lo dispuesto para tal efecto en el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones y sus reformas, para lo cual el interesado debe contar con un estudio de suelos y de capacidad de uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del suelo autorizado según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, denominado Creación del Registro Oficial de Certificadores de Uso Conforme del Suelo y sus reformas o la normativa que les sustituya. El AyA podrá coordinar con otras Instituciones del Estado, las acciones que considere pertinentes a fin de verificar la naturaleza de la parcela, así como cualquier otra condición que considere relevante para efectos del otorgamiento de la disponibilidad solicitada”. (El resaltado no es propio del original). Sobre este mismo tema, no se omite manifestar que la información solicitada al recurrente y a la Municipalidad de Pococí es un acto absolutamente válido y correcto, sujeto al principio de legalidad y debidamente estipulado en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA. SEGUNDO: Referente al documento DPCC-168-2024, emitido por la Municipalidad de Pococí, el fundamento de lo indicado, se basa en el artículo 34 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, antes transcrito; con el inconveniente que el texto utilizado por parte de la Municipalidad de Pococí, es diferente al texto real. Esta omisión provoca que la Municipalidad de Pococí, no se dé por enterada que se requiere la autorización de la Municipalidad para poder resolver la disponibilidad de agua solicitada por el Señor Nombre01. TERCERO: Es necesario indicar que el recurrente, no ha cumplido con los requisitos que permitan avalar su solicitud de disponibilidad de agua, por cuanto el conflicto que existe corresponde al uso del terreno. Según el artículo 34, AyA puede coordinar acciones con otras instancias con el fin de verificar la naturaleza de la parcela. Se informa que el terreno de interés es terreno de potrero que es verificable tanto en la certificación literal completa de la propiedad folio real 7-125642-000 como en el plano catastro L-1262316-2008 y en el pronunciamiento de la Municipalidad de Pococí, que confirma no haber gestionado algún certificado de suelo para la propiedad supra citada. CUARTO: Se reitera, que la solicitud de disponibilidad de agua del señor Nombre01, tiene fines comerciales, no contemplados dentro del uso de una parcela con fines agrícolas, pecuarios, forestales o mixtos; tomando en consideración que la Municipalidad también tiene un procedimiento administrativo abierto a nombre de Carlos Alfaro Jiménez, por cuanto se ubicaron construcciones irregulares dentro de la propiedad, se evidencia una posible materialización del cambio del uso del terreno, al construir infraestructura de forma irregular sin disponibilidad de agua y sin permiso Municipal. En resumen, la solicitud de disponibilidad de agua realizada por el Señor Nombre01, se ha tramitado siguiendo el procedimiento establecido en el Art 34 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, donde se está dando un evidente cambio al uso del suelo, pasando de una condición pecuaria a un uso comercial y residencial; condición que debe de contar con el aval de la Municipalidad de Pococí, basado en un estudio de suelos y de capacidad de uso de las tierras elaborado por un Certificador de Uso Conforme del Suelo, autorizado según las disposiciones establecidas en el Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT y el Decreto Ejecutivo N°30636-MAG. En lugar de contar con estas autorizaciones, se ha dado, en apariencia la construcción de obras irregulares dentro de la propiedad, sin contar con la disponibilidad de agua y ni el permiso de construcción Municipal; de tal manera que lo que corresponde es que el Señor Nombre01 cumpla con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA y se valore tanto por la Municipalidad de Pococí, como por el MAG, la posibilidad de aprobar el cambio de la naturaleza del terreno. Finalmente, se aclara para los efectos correspondientes, que, en su momento no se emitió una resolución negativa, que era lo que procedía ante el incumplimiento de requisitos; por cuanto se estaba dando la oportunidad al recurrente de subsanar el tema del uso de suelo ante la Municipalidad de Pococí. No obstante, con motivo de la respuesta brindada por la Municipalidad, se emitió respuesta al señor Nombre01 mediante Constancia de Disponibilidad Negativa N°SIGDD-2024-00025397-2-1- 1, misma que constan notificada al medio indicado por el recurrente para este fin el día 6 de marzo de 2025. (Ver Anexo No.1 y Certificación N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1, adjuntas y que forman parte de la prueba ofrecida por AyA)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

8.- Informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (informe rendido el 07 de marzo de 2025), en los mismos términos que el director de la Región Huetar Caribe de ese centro médico.

9.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 11 de marzo de 2025, el recurrente aporta el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 que presentó ante el ICAA.

10.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS. Lo planteado podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa (con algunas excepciones) aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo (incoado de oficio o a instancia de parte) o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de una gestión relacionada con el servicio de agua.

II.- Objeto del recurso. El recurrente reclama violación a sus derechos fundamentales, pues señala que presentó una solicitud del servicio de agua potable para un terreno ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, quienes le indicaron que harían la consulta a la Municipalidad de Pococí sobre la disponibilidad de agua para ese terreno. Acusa que, no obstante, a la fecha no han resulto su gestión, lo que le impide tener sus permisos para construcción.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)       El 10 de setiembre de 2024, se recibió en la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de disponibilidad de servicios/ extensión de ramal de tubería a nombre del señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para dotar de agua potable a la propiedad con plano catastro L-1262316- 2008, folio real 7-170714-000, registrada a su nombre. Esta propiedad está ubicada de la Escuela Los Sauces Dirección02, en Guápiles, Pococí. Se le asignó el número de expediente de disponibilidad SIGDD-2024-00025397-1-1-1 y para un mejor seguimiento el número de expediente de ramal de la Unidad Cantonal 2024- 084. Esto, pues no se tiene ninguna solicitud presentada por el recurrente, sin embargo, se logra asociar que el correo ...01, suministrado por el señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para recibir notificaciones, corresponde a un correo del recurrente Nombre01 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

b)       El 18 de setiembre de 2024, la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizó una inspección en el sitio y se documentó la información, misma que junto con la solicitud, fue trasladada al Departamento de Ingeniería de la Región Huetar Caribe el 24 de setiembre de 2024 para continuar con el análisis y la correspondiente confección del informe técnico. En esa misma fecha, el 24 de setiembre de 2024, se le remitió al interesado esta información vía correo electrónico (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

c)       Mediante oficio GSP-RHC-P-2024- 01409 del 30 de setiembre de 2024, la Unidad Cantonal RHC-Pococí del ICAA realizó una consulta a la Municipalidad de Pococí sobre la gestión del recurrente, en el siguiente sentido: “(…) se solicita su colaboración para conocer si la Municipalidad de Pococí ha extendido autorización para cambio en el uso de suelo de potrero a edificaciones de vivienda, ya que la propiedad en análisis colinda al este con una servidumbre agrícola y al sur cuenta con 21 metros frente a calle pública (…)” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

d)       El 01 de octubre de 2024, la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le solicitó información adicional al interesado vía correo electrónico (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

e)       El 02 de octubre de 2024, el recurrente contestó la gestión de información adicional del ICAA, quien expuso el interés de construir 6 ventanas de comidas de 4m x 4m aproximadamente y un sport bar de aproximadamente 220m2. También mencionó que a futuro el plan es construir un apartamento de 42m2 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

f)        El 02 de octubre de 2024, la Unidad Cantonal de Pococí del ICAA generó la Notificación de Resolución del Trámite SIGDD-2024-00025397-1-1-1, en la que se le indicó al usuario lo siguiente: “Por motivo de requerirse información adicional de la propiedad, se le informa que se trasladó consulta a la Municipalidad de Pococí. Estamos atentos a la atención de la consulta por parte del ente municipal para continuar con el análisis de su solicitud”. Asimismo, en conjunto con esa resolución de trámite, se emitió también la Constancia de No disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado, para quedar a la espera de la atención de la consulta por parte de la Municipalidad de Pococí (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

g)       El 20 de noviembre de 2024, se notificó la resolución de curso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver acta de notificación).

h)       El 21de noviembre de 2024, se notificó la resolución de curso a la Municipalidad de Pococí (ver acta de notificación).

i)         Mediante Oficio APDU-133-2024 del 22 de noviembre de 2024, la Municipalidad de Pococí le comunicó a la Unidad Cantonal de Pococí del ICAA lo siguiente: “Le saludo muy respetuosamente y a la vez le remito la presente nota con la finalidad de dar seguimiento al Oficio GSP-RHC-P-2024-01409, de fecha 30 de setiembre del 2024, emitido por parte de Susana Sánchez Montero, de la Unidad Cantonal RHC-Pococí del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante la cual solicita información respecto a la emisión municipal de un uso de suelo (según lo indica el “asunto de la nota presentada) sobre la propiedad con plano catastrado L-1262316-2008, folio real 7-125642-000 (…) actualmente la finca NO cuenta con los permisos municipales para las obras que ahí se han desarrollado” (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

j)         Mediante Constancia de Disponibilidad Negativa N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 del 06 de marzo de 2025, la Unidad de Pococí del ICAA le comunicó al recurrente lo siguiente: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto el Certificado de Disponibilidad Negativo N°2024-00025397-2, el cuál en resumen señala lo siguiente: Analizada la solicitud de disponibilidad de servicios para la propiedad con plano catastro L-1262316-2008 y folio real 7-125642-000, se indica que no cumplió con los requisitos del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. No se cuenta con el visto bueno de la Municipalidad de Pococí y tampoco cuenta con el estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería que avale el cambio de uso. Lo anterior, de conformidad con el artículo # 15 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, artículo # 62 del Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP y los artículos 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública (…) NO EXISTE FACTIBILIDAD REGLAMENTARIA PARA BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. Lo anterior, le fue comunicado al recurrente el mismo 06 de marzo de 2025 (ver los informes rendidos y la prueba aportada).

IV.- Sobre la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que no ha existido violación a los derechos fundamentales del recurrente respecto a este instituto. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 10 de setiembre de 2024, se recibió en la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados una solicitud de disponibilidad de servicios/ extensión de ramal de tubería a nombre del señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para dotar de agua potable a la propiedad con plano catastro L-1262316- 2008, folio real 7-170714-000, registrada a su nombre. Esta propiedad está ubicada de la Escuela Los Sauces Dirección02, en Guápiles, Pococí. Se le asignó el número de expediente de disponibilidad SIGDD-2024-00025397-1-1-1 y para un mejor seguimiento el número de expediente de ramal de la Unidad Cantonal 2024- 084. Esto, pues no se tiene ninguna solicitud presentada por el recurrente, sin embargo, se logra asociar que el correo ...01, suministrado por el señor Carlos Enrique Alfaro Jiménez, para recibir notificaciones, corresponde a un correo del recurrente Nombre01. Así, el 18 de setiembre de 2024, la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados realizó una inspección en el sitio y se documentó la información, misma que junto con la solicitud, fue trasladada al Departamento de Ingeniería de la Región Huetar Caribe el 24 de setiembre de 2024 para continuar con el análisis y la correspondiente confección del informe técnico. En esa misma fecha, el 24 de setiembre de 2024, se le remitió al interesado esta información vía correo electrónico. Posteriormente, mediante oficio GSP-RHC-P-2024- 01409 del 30 de setiembre de 2024, la Unidad Cantonal RHC-Pococí del ICAA realizó una consulta a la Municipalidad de Pococí sobre la gestión del recurrente, en el siguiente sentido: “(…) se solicita su colaboración para conocer si la Municipalidad de Pococí ha extendido autorización para cambio en el uso de suelo de potrero a edificaciones de vivienda, ya que la propiedad en análisis colinda al este con una servidumbre agrícola y al sur cuenta con 21 metros frente a calle pública (…)”. Igualmente, el 01 de octubre de 2024, la dirección de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le solicitó información adicional al interesado vía correo electrónico. Así, el 02 de octubre de 2024, el recurrente contestó la gestión de información adicional del ICAA, quien expuso el interés de construir 6 ventanas de comidas de 4m x 4m aproximadamente y un sport bar de aproximadamente 220m2. También mencionó que a futuro el plan es construir un apartamento de 42m2. Por último, el 02 de octubre de 2024, la Unidad Cantonal de Pococí del ICAA generó la Notificación de Resolución del Trámite SIGDD-2024-00025397-1-1-1, en la que se le indicó al usuario lo siguiente: “Por motivo de requerirse información adicional de la propiedad, se le informa que se trasladó consulta a la Municipalidad de Pococí. Estamos atentos a la atención de la consulta por parte del ente municipal para continuar con el análisis de su solicitud”. Asimismo, en conjunto con esa resolución de trámite, se emitió también la Constancia de No disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado, para quedar a la espera de la atención de la consulta por parte de la Municipalidad de Pococí.

En este sentido, se constata que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados sí tramitó de forma debida la solicitud de agua del recurrente, realizando la inspección respectiva y solicitando la información adicional tanto al recurrente como a la Municipalidad de Pococí, lo cual le fue debidamente notificado al recurrente. Ahora, sí bien es cierto su gestión no había sido resuelta en forma definitiva, esto se debe a que, a la fecha de interposición del presente recurso, la consulta no había sido comunicada al AyA por parte de la Municipalidad de Pococí. No obstante, se reitera que todo el proceso le fue debidamente comunicado al interesado. Por lo anterior, este Tribunal descarta lesión alguna a los derechos fundamentales del recurrente respecto al ICAA.

En todo caso, se verifica que, posterior a la notificación de la resolución de curso, mediante Oficio APDU-133-2024 del 22 de noviembre de 2024, la Municipalidad de Pococí le comunicó a la Unidad Cantonal de Pococí del ICAA lo siguiente: “Le saludo muy respetuosamente y a la vez le remito la presente nota con la finalidad de dar seguimiento al Oficio GSP-RHC-P-2024-01409, de fecha 30 de setiembre del 2024, emitido por parte de Susana Sánchez Montero, de la Unidad Cantonal RHC-Pococí del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante la cual solicita información respecto a la emisión municipal de un uso de suelo (según lo indica el “asunto de la nota presentada) sobre la propiedad con plano catastrado L-1262316-2008, folio real 7-125642-000 (…) actualmente la finca NO cuenta con los permisos municipales para las obras que ahí se han desarrollado”. Así, mediante Constancia de Disponibilidad Negativa N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 del 06 de marzo de 2025, la Unidad de Pococí del ICAA le comunicó al recurrente lo siguiente: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto el Certificado de Disponibilidad Negativo N°2024-00025397-2, el cuál en resumen señala lo siguiente: Analizada la solicitud de disponibilidad de servicios para la propiedad con plano catastro L-1262316-2008 y folio real 7-125642-000, se indica que no cumplió con los requisitos del Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. No se cuenta con el visto bueno de la Municipalidad de Pococí y tampoco cuenta con el estudio del Ministerio de Agricultura y Ganadería que avale el cambio de uso. Lo anterior, de conformidad con el artículo # 15 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, artículo # 62 del Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP y los artículos 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública (…) NO EXISTE FACTIBILIDAD REGLAMENTARIA PARA BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”. Lo anterior, le fue comunicado al recurrente el mismo 06 de marzo de 2025.

De esa forma, una vez que la Municipalidad de Pococí procedió a remitir la información solicitada por el ICAA, la Unidad Cantonal de ese Instituto procedió a resolver definitivamente la solicitud de agua del recurrente. Lo anterior, viene a confirmar que el ICAA no ha lesiona los derechos fundamentales del recurrente.

Por último, no se observa que tal denegatoria del servicio de agua resulte abiertamente arbitraria y desproporcionada, sino que obedece a la falta de requisitos. Acerca de esto, no corresponde a este Tribunal Constitucional efectuar la verificación de requisitos legales y técnicos para establecer la procedencia o no de la negativa en cuestión (ver la sentencia no. 2024-020407 de las 09:20 horas del 19 de julio de 2024). Por ende, si el recurrente persiste en su disconformidad, si a bien lo tiene, puede plantear el reclamo correspondiente ante el ICAA o en la vía jurisdiccional ordinaria.

V.- Sobre la actuación de la Municipalidad de Pococí. A diferencia de lo indicado en el considerando anterior, este Tribunal sí constata una lesión a los derechos fundamentales del recurrente respecto a esta Municipalidad. Esto, ya que se reitera que, fue posterior a la notificación de la resolución de curso, que la Municipalidad de Pococí procedió a responder la gestión del ICAA referente a información adicional para resolver la solicitud del recurrente. Es decir, sí existió un atraso por parte de esta Municipalidad en resolver de forma debida y en un plazo razonable la gestión de información adicional del ICAA, lo cual, se reafirma, tuvo incidente en el atraso en la solicitud del recurrente. Por ende, se comprueba una lesión a los derechos fundamentales del recurrente respecto a esta Municipalidad.

Así las cosas, dado que fue con ocasión del presente proceso que la Municipalidad recurrida llevó a cabo las actuaciones necesarias, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del recurrente, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante.

VI.- Sobre el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Por último, el recurrente aporta el recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 que presentó ante el ICAA. No obstante, dado que ese recurso se presentó posterior a la interposición del presente recurso de amparo, cualquier gestión respecto a ese recurso de revocatoria con apelación en subsidio deviene en prematuro.

VII.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo que corresponde declarar parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Pococí y en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se particularizan más adelante. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

VIII.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“ Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” ), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia” , donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional - cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- Voto salvado parcial de los Magistrados Salazar Alvarado y Jara Velásquez, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.

Si bien coincidimos con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, nos separamos del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En nuestro criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente:

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o hábeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externamos nuestro voto y reiteramos que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente en contra de la Municipalidad de Pococí, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Los magistrados Salazar Alvarado y Jara Velásquez salvan parcialmente el voto y disponen la condenatoria en daños, perjuicios y costas. Notifíquese.-

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Aracelly Pacheco S.




Ana Cristina Fernandez A.

	

 

	

Rosibel Jara V.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 PKJCEERARZY61

EXPEDIENTE N° 24-032176-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:20:08.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours fifteen minutes on May ninth, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre01, identification number CED01, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and the MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ.

**Resultando:**

1.- By brief received at the Chamber's Secretariat on November 14, 2024, the petitioner files an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and the MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ and states that he submitted a request for potable water service for a plot of land, for which AYA personnel arrived to conduct an inspection and indicated to him that there is no possibility of potable water at the site. He indicates that, according to them, it is his duty as a citizen to carry out the work that they, as an institution, should perform. He states that he was told by the respondent institute that they would consult the Municipalidad de Pococí to analyze the possibility of "bringing" water to said plot. He recounts that he received a message from AYA via email on October 3, 2024, in which he was informed that they proceeded to ask the Municipalidad de Pococí about the status of the water availability for that plot. He adds that he has been waiting for a response from both entities for more than a month, but as of the date of filing this action, nothing has been resolved. He claims that, because of this, he is being denied construction permits on said plot, because he does not have access to potable water, even though his neighbor does have a potable water supply from that public entity and can provide him with water while they resolve the matter. He deems such action to be a violation of his fundamental rights.

2.- By resolution at 18:25 hours on November 19, 2024, this Court issued the resolution for the processing of this matter.

3.- Manuel Hernández Rivera, in his capacity as mayor of the Municipalidad de Pococí, reports under oath (report rendered on November 26, 2024) in the following terms: “As a first point, I must indicate that on November 22, 2024, we proceeded to reply to the email, thus providing a response to Official Letter GSP-RHC-P-2024-01409, dated September 30, 2024, issued by Susana Sánchez Montero, from the Unidad Cantonal RHC-Pococí of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see attached evidence). In said email, it is indicated through Official Letter DPCC-168-2024, issued by Eng. Jean Carlo Ruiz Hernández (Proceso de Control Constructivo), that NO CERTIFICATE OF LAND USE has been granted for the petitioner’s property. In this document, Eng. Ruiz Hernández cites that the property with cadastral plan L-1262316-2008, with real estate folio 7-125642-000, is PASTURE land, measuring 6,805 m², with access via a public road, which is not typical of parcels for agricultural, livestock, or forestry purposes where access is exclusively via an agricultural easement (servidumbre agrícola). The nature of the land, as indicated in the cadastral plan, is for pasture, therefore, the application of article 20 of the ICAA Reglamento de Prestación de Servicios should not even have been considered, nor should this municipality have been consulted, in addition to the fact that the activity intended to be developed is of a commercial, non-agricultural, livestock, or forestry type. Furthermore, in said Official Letter, it is cited that, in accordance with the competencies established for each of the competent institutions, for the granting of certificates of water availability on agricultural parcels, the developer must provide an authorization issued by the INVU, with the participation of the Municipality not being required in this process, in accordance with the provisions of the Reglamento para la Prestación de Servicios de Acueductos y Alcantarillados. In the same vein, according to what was indicated by Eng. Henry Madrigal Calvo, from the Área de Planificación y Desarrollo Urbano, in his Official Letter APDU-134-2024, it is important to inform Your Authority that an administrative proceeding for irregular construction is currently active regarding the property Dirección01, in the name of Carlos Alfaro Jiménez, because construction works were being erected without the respective municipal permits. Said proceeding began on August 29 of this year, the date on which the works being carried out there were shut down. The foregoing is an important aspect to consider, since the ICAA Reglamento para la Prestación de Servicios itself, in its article 52, subsection “d”, establishes that among the requirements for a new service request, a copy of the current municipal construction permit must be provided, which, as already indicated, the property currently DOES NOT have the municipal construction permits for the works that have been developed there. I reiterate, on November 22, 2024, the consultation made by the regional office of AyA was already answered through Official Letter APDU-133-2024 dated November 22, 2024, via email.” He requests that the action filed be dismissed.

4.- José Matarrita Cortés, in his capacity as director of the Región Huetar Caribe of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (report rendered on November 26, 2024) in the following terms: “FIRST: On September 10, 2024, a request for service availability/ pipe branch extension was received in the name of Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez, to provide potable water to the property with cadastral plan L-1262316-2008, real estate folio 7-170714-000, registered in his name. This property is located from the Escuela Los Sauces, Dirección02, in Guápiles, Pococí. It was assigned the availability file number SIGDD-2024-00025397-1-1-1 and, for better tracking, the cantonal unit branch file number 2024-084, which is attached (see folios 0000004 to 0000011). SECOND: On September 18, 2024, the site inspection was carried out and the information was documented (see folios 0000001 and 0000003), which, along with the request, was transferred to the Engineering Department of the Región Huetar Caribe on September 24, 2024 (see folio 0000012), to continue with the analysis and the corresponding preparation of the technical report. On this same date, September 24, 2024, this information was sent to the interested party via email (see folio 0000013). THIRD: Along the same line of analysis, it was necessary to request additional information from the interested party, so this was requested via email on October 1, 2024 (see folio 0000014). FOURTH: The consultation was addressed by the interested party, who stated the interest in building 6 food kiosks of approximately 4m x 4m and a sports bar of approximately 220 m². He also mentioned that the future plan is to build a 42 m² apartment (see folio 0000016). FIFTH: Additionally, the analysis led to the need to send a consultation to the Municipalidad de Pococí, which was raised with official letter GSP-RHC-P-2024-01409 on September 30, 2024. Now, to inform the user, the Procedural Resolution Notification SIGDD-2024-00025397-1-1-1 was generated on October 2, 2024, in which the user was literally told: Due to the requirement for additional property information, you are informed that a consultation was forwarded to the Municipalidad de Pococí. We are awaiting the attention of the consultation by the municipal entity to continue with the analysis of your request. SIXTH: Along with the Procedural Resolution Notification, the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services was also issued, pending the attention of the consultation by the Municipalidad de Pococí. SEVENTH: As of this filing date of this Amparo Action, the definitive resolution to his service availability request has not been provided to the user by AyA, because the consultation has not been communicated to AyA by the Municipalidad de Pococí; however, we do not omit to state that the entire process has been communicated to the interested party. EIGHTH: Because the request submitted by the interested party has been kept in process and complemented with additional information and consultations that allow for a correct feasibility analysis, contemplating legal, technical, and environmental aspects, due to AyA's responsibility to watch over as the governing body and operator of services so basic for health and life, we are obligated within our competencies to observe compliance with the elements provided for in the regulations, and we consider that the information requested is an absolutely valid and correct act, subject to the principle of legality. NINTH: Given the above, it is indicated that, while it is true that access to potable water is a constitutional right, to grant AyA service availability it is not possible to omit compliance with the technical, legal, and environmental conditions necessary for correct service provision. TENTH: As this Honorable Court can verify, AyA has acted in accordance with the regulations that govern it, without arbitrary manipulation, nor the exercise of its functions, carrying out at all times duly grounded and reasoned actions as detailed; it is thus evidenced that the Institute has proceeded in accordance with the law, and none of its acts have violated any constitutional right. On the contrary, it is demonstrable that the procedures carried out by the petitioner were duly received and processed; likewise, he was provided with a timely response to each of the requests. It is important to point out that the petitioner’s claim that AyA be ordered to resolve his procedure positively and order potable water service for the aforementioned property is not possible, since said procedure must comply with the requirements that the regulations provide for that purpose. For the branch extension procedure, there is a procedure previously established in AyA's internal regulations, and if approval is granted for its origin after the technical recommendation, said extension is not at AyA's expense, but at the expense of the person interested in the connection of the requested service. It should be noted that, for the case under study, file 2024-084 was created, which is attached as evidence. However, it is important for AyA to inform this Honorable Chamber that it is not the Institution's intention to arbitrarily deny access to this right, such as potable water; because this is the purpose for which the institution we represent was created; however, we are bound by the principles of legality and the regulations that govern us, with the branch extension being at the applicant's expense in cases where technical studies and water capacities so permit (…) IV. PRAYER FOR RELIEF: For the foregoing, and in order to demonstrate that our actions have been correct in accordance with the regulations that govern us, and that the violation of rights alleged by the petitioner is not true, since AyA has not failed in its duty to respond and the procedures submitted and contained in Branch Extension file 2024-084 have been duly attended to by the Institute; however, we cannot ignore the response that the Municipalidad de Pococí must provide and for which we are still waiting; for this reason, we respectfully request this Honorable Court to dismiss this action, that it be archived, and that AyA be exempted from any award of damages, losses, or costs of the proceeding.”

5.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (report rendered on November 26, 2024) in the same terms as the director of the Región Huetar Caribe of that Institute. He adds the following: “As previously indicated, AyA does not have any request submitted by the petitioner; however, it can be associated that the email ...01, provided by Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez to receive notifications, corresponds to an email of Mr. Nombre01. Likewise, as indicated, AyA is obligated to ensure strict compliance with the requirements provided by the regulation for granting potable water and/or Sanitary Sewer availabilities, which applies in the present case, since the response from the Municipalidad de Pococí is required to carry out the respective analysis regarding the technical, legal, and environmental feasibility for the proposed request. Finally, it is important to mention to this Honorable Chamber that AyA has communicated all procedures performed to the indicated email, with the interested party having knowledge from the institution of the situation and that a response is being awaited from the Municipal Entity.”

6.- By resolution at 12:18 hours on February 28, 2025, this Court requested evidence for a better resolution.

7.- José Matarrita Cortés, in his capacity as director of the Región Huetar Caribe of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (report rendered on March 7, 2025) in the following terms: “FIRST: It is important to clarify to this Honorable Constitutional Chamber that the petitioner has not been denied access to potable water at any time, but rather his request has required additional information to be addressed correctly. This is because the request made by Mr. Nombre01 is based on the need to develop a commercial activity and build apartments for residential use within his property, which is pasture (potrero) in nature; consequently, a change in the nature of the land (cambio de uso del suelo) is taking place from agricultural to urban or commercial use. Regarding the request for water availability for land of a livestock nature such as this, Article 34 of the AyA Reglamento de Prestación de Servicios establishes for these cases: “Article 34 – On the request for the certificate of service availability for parcels for agricultural, livestock, forestry, or mixed purposes. In addition to the provisions of articles 15 and 30 of this regulation, in the case of requests associated with parcels for agricultural, livestock, forestry, or mixed purposes, where the construction of dwellings or buildings is intended, to be supplied with water for population use, the applicant must present the authorization issued by the corresponding Municipality pursuant to the provisions for that purpose in the Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones and its amendments, for which the interested party must have a soil study and land use capacity study prepared by a Certificador de Uso Conforme del Suelo authorized according to the provisions established in the Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT and Decreto Ejecutivo N°30636-MAG, called Creación del Registro Oficial de Certificadores de Uso Conforme del Suelo and its amendments, or the regulations that replace them. AyA may coordinate with other State Institutions the actions it deems pertinent in order to verify the nature of the parcel, as well as any other condition it considers relevant for the purposes of granting the requested availability.” (The highlighting is not part of the original). On this same topic, we do not omit to state that the information requested from the petitioner and the Municipalidad de Pococí is an absolutely valid and correct act, subject to the principle of legality and duly stipulated in the AyA Reglamento de Prestación de Servicios. SECOND: Regarding document DPCC-168-2024, issued by the Municipalidad de Pococí, the basis for what is indicated is based on article 34 of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA, transcribed above; with the problem that the text used by the Municipalidad de Pococí is different from the actual text. This omission causes the Municipalidad de Pococí not to realize that the Municipality's authorization is required to resolve the water availability requested by Mr. Nombre01. THIRD: It is necessary to indicate that the petitioner has not met the requirements that would allow his water availability request to be approved, because the conflict that exists corresponds to the land’s use. According to article 34, AyA may coordinate actions with other bodies in order to verify the nature of the parcel. It is reported that the land of interest is pasture land (potrero), which is verifiable both in the complete literal certification of the property, real estate folio 7-125642-000, as well as in cadastral plan L-1262316-2008 and in the pronouncement of the Municipalidad de Pococí, which confirms not having processed any land certificate for the aforementioned property. FOURTH: It is reiterated that Mr. Nombre01's water availability request is for commercial purposes, not contemplated within the use of a parcel for agricultural, livestock, forestry, or mixed purposes; taking into consideration that the Municipality also has an open administrative proceeding in the name of Carlos Alfaro Jiménez, because irregular constructions were located within the property, a possible materialization of the land use change (cambio de uso del suelo) is evident, by building infrastructure irregularly without water availability and without Municipal permission. In summary, Mr. Nombre01's water availability request has been processed following the procedure established in Art. 34 of the AyA Reglamento de Prestación de Servicios, where a clear land-use change (cambio de uso del suelo) is occurring, moving from a livestock condition to commercial and residential use; a condition that must have the endorsement of the Municipalidad de Pococí, based on a soil study and land use capacity study prepared by a Certificador de Uso Conforme del Suelo, authorized according to the provisions established in the Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Decreto Ejecutivo N°29375-MAGMINAE-S-HACIENDA-MOPT and Decreto Ejecutivo N°30636-MAG. Instead of having these authorizations, the apparent construction of irregular works within the property has occurred, without having water availability or the Municipal construction permit; so what is appropriate is for Mr. Nombre01 to comply with all the requirements established in the AyA Reglamento de Prestación de Servicios and for the possibility of approving the change in the nature of the land to be assessed both by the Municipalidad de Pococí and by the MAG. Finally, it is clarified for the corresponding effects that, at the time, a negative resolution was not issued, which was what was appropriate given the non-compliance with requirements; because the petitioner was being given the opportunity to remedy the land-use issue before the Municipalidad de Pococí. However, on the occasion of the response provided by the Municipality, a response was issued to Mr. Nombre01 by means of Negative Availability Certificate N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1, which is recorded as notified to the means indicated by the petitioner for this purpose on March 6, 2025. (See Anexo 1 and Certification N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1, attached and forming part of the evidence offered by AyA).” He requests that the action filed be dismissed.

8.- Juan Manuel Quesada Espinoza, in his capacity as executive president of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, reports under oath (report rendered on March 7, 2025) in the same terms as the director of the Región Huetar Caribe of that medical center.

9.- By brief received at the Chamber's Secretariat on March 11, 2025, the petitioner provides the motion for reconsideration with subsidiary appeal against resolution N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 that he filed before the ICAA.

10.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

**Considering:**

I.- PRELIMINARY CONSIDERATIONS. The matter raised could constitute an infringement of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, based on vote number 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (with some exceptions) those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure (initiated ex officio or at the request of a party) or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in this action, an exception case is raised because it involves a procedure related to water service.

II.- Object of the action. The petitioner claims a violation of his fundamental rights, as he states that he submitted a request for potable water service for a plot of land before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, who informed him that they would consult the Municipalidad de Pococí about the water availability for that plot. He accuses that, nevertheless, to date they have not resolved his procedure, which prevents him from obtaining his construction permits.

III.- Proven facts. The following facts are deemed duly proven as important for the decision in this matter, whether because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

a) On September 10, 2024, the direction of the Región Huetar Caribe of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados received a request for service availability/pipe branch extension in the name of Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez, to provide potable water to the property with cadastral plan L-1262316-2008, real estate folio 7-170714-000, registered in his name. This property is located from the Escuela Los Sauces, Dirección02, in Guápiles, Pococí. It was assigned the availability file number SIGDD-2024-00025397-1-1-1 and, for better tracking, the cantonal unit branch file number 2024-084. This is because no request filed by the petitioner is held; however, it can be associated that the email ...01, provided by Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez to receive notifications, corresponds to an email of the petitioner Nombre01 (see the reports rendered and the evidence provided).

b) On September 18, 2024, the direction of the Región Huetar Caribe of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conducted a site inspection and documented the information, which, along with the request, was transferred to the Engineering Department of the Región Huetar Caribe on September 24, 2024, to continue with the analysis and the corresponding preparation of the technical report. On that same date, September 24, 2024, this information was sent to the interested party via email (see the reports rendered and the evidence provided).

c) By official letter GSP-RHC-P-2024-01409 dated September 30, 2024, the Unidad Cantonal RHC-Pococí of the ICAA made a consultation to the Municipalidad de Pococí regarding the petitioner's procedure, in the following sense: “(…) your collaboration is requested to find out if the Municipalidad de Pococí has issued an authorization for a land-use change (cambio de uso del suelo) from pasture (potrero) to residential buildings, since the property under analysis borders an agricultural easement (servidumbre agrícola) to the east and has 21 meters of frontage on a public road to the south (…)” (see the reports rendered and the evidence provided).

d) On October 1, 2024, the direction of the Región Huetar Caribe of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested additional information from the interested party via email (see the reports rendered and the evidence provided).

e) On October 2, 2024, the petitioner responded to the ICAA's request for additional information, stating the interest in building 6 food kiosks of approximately 4m x 4m and a sports bar of approximately 220 m². He also mentioned that the future plan is to build a 42 m² apartment (see the reports rendered and the evidence provided).

f) On October 2, 2024, the Unidad Cantonal de Pococí of the ICAA generated the Procedural Resolution Notification SIGDD-2024-00025397-1-1-1, in which the user was told the following: “Due to the requirement for additional property information, you are informed that a consultation was forwarded to the Municipalidad de Pococí. We are awaiting the attention of the consultation by the municipal entity to continue with the analysis of your request.” Likewise, along with that procedural resolution, the Certificate of Non-Availability of Water and Sewer Services was also issued, pending the attention of the consultation by the Municipalidad de Pococí (see the reports rendered and the evidence provided).

g) On November 20, 2024, the processing resolution was notified to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (see notification record).

h) On November 21, 2024, the processing resolution was notified to the Municipalidad de Pococí (see notification record).

i) Through Official Letter APDU-133-2024 dated November 22, 2024, the Municipalidad de Pococí communicated the following to the Unidad Cantonal de Pococí of the ICAA: “I greet you very respectfully and at the same time send you this note with the purpose of following up on Official Letter GSP-RHC-P-2024-01409, dated September 30, 2024, issued by Susana Sánchez Montero, from the Unidad Cantonal RHC-Pococí of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, through which information is requested regarding the municipal issuance of a land use (uso de suelo) (according to the “subject” of the note presented) for the property with cadastral plan L-1262316-2008, real estate folio 7-125642-000 (…) currently the property DOES NOT have the municipal permits for the works that have been developed there” (see the reports rendered and the evidence provided).

j) Through Negative Availability Certificate N°SIGDD-2024-00025397-2-1-1 dated March 6, 2025, the Unidad de Pococí of the ICAA communicated the following to the petitioner: “In response to the availability request, I am enclosing the Negative Availability Certificate N°2024-00025397-2, which in summary states the following: Once the request for service availability for the property with cadastral plan L-1262316-2008 and real estate folio 7-125642-000 was analyzed, it is indicated that it did not comply with the requirements of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. There is no approval from the Municipalidad de Pococí, nor does it have the study from the Ministerio de Agricultura y Ganadería endorsing the use change. The foregoing, in accordance with article # 15 of the Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, article # 62 of the Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes of ARESEP, and articles 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347, and 349 of the Ley General de la Administración Pública (…) THERE IS NO REGULATORY FEASIBILITY TO PROVIDE WATER AVAILABILITY. THERE IS NO SEWER SYSTEM AVAILABILITY IN FRONT OF THE PROPERTY”. The foregoing was communicated to the petitioner on March 6, 2025, itself (see the reports rendered and the evidence provided).

IV.- Regarding the action of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies that there has been no violation of the petitioner's fundamental rights with respect to this institute.

The foregoing, because in the report rendered by the representative of the appealed authority—which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided for in article 44 of the Law governing this Jurisdiction—and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on September 10, 2024, a request for availability of services/extension of a pipeline branch was received at the office of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the name of Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez, to provide potable water to the property with cadastral map L-1262316-2008, real folio 7-170714-000, registered in his name. This property is located from the Escuela Los Sauces Dirección02, in Guápiles, Pococí. It was assigned the availability case file number SIGDD-2024-00025397-1-1-1 and, for better tracking, the branch case file number of the Cantonal Unit 2024-084. This, since no request has been filed by the appellant, however, it is possible to associate that the email ...01, provided by Mr. Carlos Enrique Alfaro Jiménez for receiving notifications, corresponds to an email of the appellant Nombre01. Thus, on September 18, 2024, the office of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados conducted an on-site inspection, and the information was documented, which, together with the request, was transferred to the Engineering Department of the Huetar Caribe Region on September 24, 2024, to continue with the analysis and the corresponding preparation of the technical report. On that same date, September 24, 2024, this information was sent to the interested party via email. Subsequently, through official communication GSP-RHC-P-2024-01409 of September 30, 2024, the Cantonal Unit RHC-Pococí of the ICAA consulted the Municipality of Pococí regarding the appellant’s matter, in the following sense: “(…) your collaboration is requested to learn whether the Municipality of Pococí has granted authorization for a land-use change (cambio en el uso de suelo) from pasture to residential buildings, since the property under analysis borders an agricultural easement (servidumbre agrícola) to the east and has 21 meters of frontage on a public street to the south (…)”. Likewise, on October 1, 2024, the office of the Huetar Caribe Region of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requested additional information from the interested party via email. Thus, on October 2, 2024, the appellant responded to the ICAA’s request for additional information, stating the interest in building 6 food stalls of approximately 4m x 4m and a sports bar of approximately 220m2. He also mentioned that the future plan is to build a 42m2 apartment. Lastly, on October 2, 2024, the Cantonal Unit of Pococí of the ICAA generated the Notification of Resolution of Procedure SIGDD-2024-00025397-1-1-1, in which the user was informed as follows: “Due to a need for additional property information, you are hereby informed that a consultation has been forwarded to the Municipality of Pococí. We are awaiting the response to the consultation from the municipal entity to continue with the analysis of your request.” Likewise, together with that procedural resolution, the Certificate of Non-Availability of Aqueduct and Sewer Services was also issued, remaining pending the response to the consultation by the Municipality of Pococí.

In this sense, it is verified that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados did duly process the appellant’s water request, conducting the respective inspection and requesting additional information from both the appellant and the Municipality of Pococí, which was duly notified to the appellant. Now, while it is true that his matter had not been definitively resolved, this is due to the fact that, as of the date of filing of this appeal, the consultation had not been communicated to the AyA by the Municipality of Pococí. However, it is reiterated that the entire process was duly communicated to the interested party. Therefore, this Tribunal dismisses any injury to the appellant’s fundamental rights with respect to the ICAA.

In any case, it is verified that, after the notification of the course-of-proceeding resolution, through Official Communication APDU-133-2024 of November 22, 2024, the Municipality of Pococí informed the Cantonal Unit of Pococí of the ICAA as follows: “I greet you very respectfully and at the same time send you this note for the purpose of following up on Official Communication GSP-RHC-P-2024-01409, dated September 30, 2024, issued by Susana Sánchez Montero, of the Cantonal Unit RHC-Pococí of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, through which information is requested regarding the municipal issuance of a land use (uso de suelo) (as indicated in the “subject of the submitted note”) for the property with cadastral map L-1262316-2008, real folio 7-125642-000 (…) currently the farm does NOT have municipal permits for the works that have been developed there.” Thus, through Negative Availability Certificate No. SIGDD-2024-00025397-2-1-1 of March 6, 2025, the Pococí Unit of the ICAA informed the appellant as follows: “In response to the availability request, I am pleased to forward the attached Negative Availability Certificate No. 2024-00025397-2, which in summary states the following: Having analyzed the request for availability of services for the property with cadastral map L-1262316-2008 and real folio 7-125642-000, it is indicated that it did not meet the requirements of the Reglamento para la Prestación de los Servicios de AyA. There is no approval from the Municipality of Pococí, nor is there a study from the Ministry of Agriculture and Livestock endorsing the change of use. The foregoing, in accordance with article #15 of the Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, article #62 of the Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes of ARESEP, and articles 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347, and 349 of the Ley General de la Administración Pública (…) THERE IS NO REGULATORY FEASIBILITY TO GRANT WATER AVAILABILITY THERE IS NO AVAILABILITY OF A SEWER SYSTEM AT THE FRONT OF THE PROPERTY.” This was communicated to the appellant on that same March 6, 2025.

In this way, once the Municipality of Pococí proceeded to send the information requested by the ICAA, the Cantonal Unit of that Institute proceeded to definitively resolve the appellant’s water request. The foregoing confirms that the ICAA has not injured the fundamental rights of the appellant.

Lastly, it is not observed that such denial of water service is openly arbitrary and disproportionate, but rather that it is due to a lack of requirements. In this regard, it is not for this Constitutional Tribunal to verify the legal and technical requirements to establish the propriety or not of the denial in question (see judgment no. 2024-020407 of 09:20 hours on July 19, 2024). Therefore, if the appellant persists in his disagreement, if he sees fit, he may raise the corresponding claim before the ICAA or through the ordinary jurisdictional channels.

V.- Regarding the actions of the Municipality of Pococí. Unlike what was indicated in the preceding recital (considerando), this Tribunal does verify an injury to the appellant’s fundamental rights with respect to this Municipality. This, since it is reiterated that it was after the notification of the course-of-proceeding resolution that the Municipality of Pococí proceeded to respond to the ICAA’s matter concerning additional information to resolve the appellant’s request. That is to say, there was indeed a delay by this Municipality in duly and within a reasonable time resolving the ICAA’s request for additional information, which, it is reaffirmed, had an impact on the delay in the appellant’s request. Therefore, an injury to the appellant’s fundamental rights with respect to this Municipality is confirmed.

Thus, given that it was on the occasion of this present process that the appealed Municipality carried out the necessary actions to safeguard the appellant’s fundamental rights, the amparo appeal (recurso de amparo) must be declared with merit (con lugar), in application of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences that are detailed further below.

VI.- Regarding the appeal for revocation with subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio). Lastly, the appellant provides the appeal for revocation with subsidiary appeal against resolution No. SIGDD-2024-00025397-2-1-1 that he filed before the ICAA. However, given that this appeal was filed after the filing of the present amparo appeal, any action regarding that appeal for revocation with subsidiary appeal becomes premature.

VII.- Conclusion. By virtue of the foregoing, what is appropriate is to declare the appeal partially with merit solely against the Municipality of Pococí and in application of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, with the consequences that are detailed further below. In all other aspects, the appeal is declared without merit (sin lugar).

VIII.- Regarding the award of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable”), the granting of the appeal should be without a special award of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that obliges the operative part of the ruling to indicate that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine refers to the granting being ordered “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” It is underscored that the Law states “if they are applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases such as this, the content of the protected person’s claim and the appealed authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged detriments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently patrimonial nature (as would occur, for example, with an effect on the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: “any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of assessing whether or not indemnification and costs are applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of General Public and Procedural Law or, as the case may be, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional - cf. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any subject matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of detriment. Based on the foregoing, it is the majority’s criterion to resolve this appeal without a condemnation in costs, damages, and losses.

IX.- Partial dissenting vote (Voto salvado parcial) of Judges Salazar Alvarado and Jara Velásquez, solely in relation to the non-award of costs, damages, and losses against the appealed party.

Although we agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, we separate from the majority criterion insofar as it exempts the appealed party from being ordered to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.”

On the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:

“...any resolution that upholds the appeal shall condemn in the abstract the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This last norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and losses arises. However, in the undersigned’s judgment, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases in which this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right, and therefore declares the appeal with merit, and in those in which the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights once it becomes aware of the amparo—a scenario contemplated in article 52, referred to—by the authority of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not again incur in the actions that gave basis to the granting of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. So, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the appealed authority itself once it became aware of the processing of the amparo, with restitution in the enjoyment of the fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of those scenarios, the imperative need arises for an award of costs, damages, and losses against the offender, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and that the Administration must be held responsible for the damages and losses it causes by its unconstitutional action.

Thus, the fact that, at the time the amparo is known and resolved with merit, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not nullify the applicability of the award of costs, damages, and losses, since such a case forms an integral part of the general system of mandatory condemnation in these aspects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

On the other hand, it is clear that article 52, mentioned, applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard nor ruled on the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restitution that the Administration has agreed in their favor in the enjoyment of those rights; a situation which, as the majority of the Chamber states, implies an “abnormal termination of the process.”

The legislator established and delimited, precisely, the conditions under which this Chamber may decree that form of abnormal conclusion of the amparo process, as well as its scope, namely: 1) that the amparo be underway, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that admitted the amparo for processing; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that orders, indubitably, the revocation, halting, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation in costs, damages, and losses, despite the granting of the appeal, by providing that, in the cases regulated there, the appeal shall be declared with merit “solely for the purposes of indemnification and costs, if they are applicable.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is to say, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, a detriment to the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered from the injury to their constitutional rights.

In our criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and losses given a violation of fundamental rights, such condemnation is always applicable, even in the event that the appealed party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is indubitably and clearly proven that in the specific case no damage capable of being indemnified was caused. Only and solely in such cases could the appealed Administration be exempted from the payment of these aspects. Since in this case, there is no element that refutes the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—the specific determination of which is not for this jurisdiction to make—the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation in costs, damages, and losses, and so I declare.

As an additional reason, it is worth noting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, the existence or not of actions or omissions that may generate or produce a breach of the regime of individuals’ fundamental rights. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on that verification, however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected individuals. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, losses, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that such examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conducts or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable) constituted an adequate cause of patrimonial-order injuries that are legally indemnifiable. For reference, numerals 179 to 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations ordered in these processes. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has as its object the following:

“ARTICLE 179.- The Juzgado de lo Contencioso-Administrativo is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely with regard to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract in those items, since such types of claims would not proceed within those types of cases when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this particular matter. That is to say, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, under the terms of the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the proof, in each case, of situations from which the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived from or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified and duly reasoned application on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial ruling is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation due to the sued entity’s own cause or external cause, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and losses. However, such a substantive issue, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order of what is regulated by mandate 52 alluded to, are characteristic of a condemnation in the abstract that later constitutes the basis of analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional-order proceedings does not require the demonstration of damages and losses, since, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, the protected person is not responsible for the claim or demonstration of damages, as what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Subsequently, whether those administrative conducts have produced injuries for them is an aspect that, as a matter of principle and except for exceptional cases, does not form part of the basis of analysis of this type of cases. Note that, in the scenario regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, one does not enter into assessing whether there is an infraction or not, with which, much less can it be defined whether, based on what was denounced by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from condemnation alluded to in that norm is of an exceptional nature, not a principle. Therefore, in those scenarios, the norm imposes condemnation in the abstract, so that it is within another plenary proceeding that its applicability is analyzed. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the claimed party, may have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential responsibility of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Moreover, one should not set aside that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the individual’s fundamental rights. That is to say, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of their situation while it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination generated damages and losses is a matter that, unless proven otherwise, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, in no way should be denied, as a premise, solely due to the specification of the factual situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the usual respect regarding the majority’s position, we cast our vote and reiterate that the granting of this appeal must necessarily imply the condemnation in the abstract in costs, damages, and losses.

X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto (Therefore):

The appeal is declared partially with merit solely against the Municipality of Pococí, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, without a special award of costs, damages, and losses. In all other aspects, the appeal is declared without merit. Judges Salazar Alvarado and Jara Velásquez issue a partial dissenting vote and order the condemnation for damages, losses, and costs. Let it be notified.-