Res. 09506-2025 Sala Constitucional — Denial of water availability due to technical insufficiencyDenegación de disponibilidad de agua por insuficiencia técnica

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09506 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-003993-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-003993-0007-CO

Res. Nº 2025009506

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita bajo el expediente No. 25-003993-0007-CO, interpuesto por Nombre126721, cédula de identidad CED71136, contra la ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE MIRAVALLES Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 23:28 horas del 11 de febrero de 2025, la parte recurrente interpone el presente recurso de amparo contra la Asociación Específica Administradora del Acueducto Rural De Miravalles y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiesta que el 08 de junio de 2021, la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Miravalles le otorgó la aprobación para la disponibilidad de agua con el fin de proceder con la construcción de una vivienda en la localidad de Miravalles, en Pérez Zeledón. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2024, planteó una nueva solicitud formal ante la ASADA de Miravalles con el propósito de que se le garantizara el acceso al servicio de agua. Sin embargo, ese mismo 19 de septiembre de 2024, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) rechazó la solicitud de disponibilidad de agua, según el consecutivo AM102024-0194. Indica que esta decisión se fundamentó en un estudio técnico elaborado por la empresa Hidrogeotécnia Ltda., el cual, según el AyA, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente. Explica que este rechazo afectó directamente la viabilidad del proyecto habitacional y su acceso al recurso hídrico. Observa que, el 27 de febrero de 2020, antes de la referida negativa del AyA, la Oficina Regional de Acueductos Rurales (ORAC) de la Región Brunca había emitido el documento No. GSD UEN-GAR-2020-00777, según el cual, no se otorgaba el aval al estudio técnico contratado por la ASADA, debido a una serie de observaciones de carácter técnico. Explica que, en dicho documento, se señaló la ausencia de la firma de un profesional responsable del levantamiento topográfico y la falta de un especialista en el estudio electromecánico. Además, se indicaba que, una vez solucionado el problema de déficit hídrico en el acueducto de Miravalles, el estudio debía ser revisado por un profesional en geotecnia y diseño estructural, todo para obtener la debida aprobación. Expone que, a pesar de estas observaciones realizadas por la ORAC de la Región Brunca, el estudio técnico nunca fue corregido, ni se realizó una versión actualizada ante el AyA para su revisión. Indica que esta inacción por parte de la ASADA Miravalles ha obstaculizado el acceso al agua potable y ha impedido la construcción de la vivienda, afectando su derecho fundamental a este recurso esencial. Manifiesta que también se ha vulnerado el derecho al debido proceso, ya que su solicitud fue rechazada sin permitir la posibilidad de subsanar las observaciones técnicas realizadas por la ORAC Región Brunca, lo que afecta la transparencia y la correcta evaluación de su caso. Argumenta que esta omisión impide que pueda ejercer plenamente sus derechos y cumplir con los requisitos administrativos exigidos. Alega, además, que se ha violado el derecho a la igualdad y no discriminación, pues ha existido un trato desigual con respecto a otros solicitantes de disponibilidad de agua. Expone que, no se han corregido las deficiencias del estudio técnico, lo que representa una discriminación por la aplicación arbitraria de criterios diferenciados sin fundamentos claros. Solicita que se ordene a la ASADA Miravalles la corrección y actualización del estudio técnico, en cumplimiento de las observaciones emitidas por la ORAC Región Brunca, y que posteriormente se remita la versión corregida al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para su respectiva revisión. Exige que se realice una evaluación y el otorgamiento de la disponibilidad de agua de manera equitativa, de modo tal que se garantice el respeto a su derecho al acceso a los recursos hídricos sin discriminación. Asimismo, solicita que se reconozca y proteja su derecho fundamental de acceso al agua para la construcción de su vivienda, en virtud de que este recurso es un derecho humano esencial.

2.- Por resolución de las 11:59 horas del 21 de febrero de 2025, se le dio curso al presente amparo.

3.- Informan bajo juramento, Boris Gamboa Valladares, en su condición de jefe de la Oficina Regional de Acueductos Comunales Brunca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que: “PRIMERO: NO ME CONSTA. En cuanto a la solicitud de disponibilidad de servicios planteada por el recurrente el día 08 de junio de 2021, ante la ASADA de Miravalles, es importante indicar que, a esta Oficina Regional de Acueductos Comunales (ORAC Brunca), no le consta dicha solicitud, dado que, mediante Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2007 – 378, aprobado en la Sesión Ordinaria No. 2007 – 046, artículo 06, del 24 de julio de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 78 del 24 de abril de 2007, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgó convenio de delegación a la Asociación Específica Administradora del Acueducto Rural de Miravalles de San Isidro de Pérez Zeledón, cédula jurídica CED7851. 3 – 002 – 198503, por lo que de conformidad con el Reglamento para la prestación de los servicios de AyA, Acuerdo de Junta Directiva del AyA No. 2020 – 442, dicha ASADA se encuentra facultada para emitir las constancias de disponibilidad de servicios (artículos 29 al 38), constancias de capacidad hídrica (artículos 39 al 43) y/u otorgamiento de conexiones permanentes de servicios (artículos 67 al 76) según corresponda, siempre que se cuente con factibilidad técnica (Art. 8, 9 y 14 del RPS AyA y 45 del Reglamento de ASADAS), de ahí que, corresponde la Junta Directiva de la asociación no solo velar porque los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos para cada caso concreto, sino también de la existencia de factibilidad técnica comprobada. SEGUNDO: NO ME CONSTA. Se reitera lo señalado en el punto primero. TERCERO: NO ES CIERTO. El consecutivo No. AM-102024-0194, no corresponde a ningún área del AyA. En este sentido, visto el expediente digital No. 23-3993-7-CO de esta Sala Constitucional, así como las pruebas aportadas por el recurrente, no se desprende el documento señalado, por lo que no podemos pronunciarnos sobre el mismo. Sin embargo, es importante indicar que, de las pruebas que remite el Sr. Nombre126721, se ubica el oficio AM-122024-0220, del 05 de diciembre de 2024, con lo que se interpreta que, dichos consecutivos corresponden directamente a la ASADA de Miravalles. De ahí que, se reitera los señalo en el punto primero. CUARTO: ES CIERTO. En este sentido, el Ing. Gerald Rodríguez Martínez, funcionario del Área Técnica de Ingeniería de la ORAC Brunca, sobre el caso particular de la ASADA Miravalles señala: “En respuesta a su solicitud respecto a los puntos 4 y 5 del Recurso de Amparo según el apartado Antecedentes, debo indicar que aparte del criterio GSD-UEN-GAR-2020-00777 existe otro documento, el GSD-UEN-GAR-2023- 03043 que tiene relación con otra versión del estudio técnico contratado por la ASADA de Miravalles, dentro del cual se no se dio el aval al estudio técnico y se afirmó la existencia de un déficit actual de recurso hídrico 2,19 l/s. Por otro lado, también existe el documento GSD-UEN-GAR-2024-04492 atendiendo a la solicitud de la ASADA de Miravalles en cuanto a proyectos de fraccionamiento...” (negrita y subrayado es nuestro). Sin embargo, debemos indicar que, de conformidad con el Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), Decreto Ejecutivo No. 42582-S-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 223, Alcance No. 233, del viernes 04 de setiembre de 2020, se establece que: “Artículo 44.- Estudio Técnico de los sistemas de agua potable y saneamiento de aguas residuales. Las ASADAS deberán contar con un estudio actualizado mediante el cual se determine la capacidad hídrica e hidráulica del sistema administrado para estos efectos deberán observarse las siguientes disposiciones: (…) d.- Estudios para urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios: Para el desarrollo de urbanizaciones, lotificaciones, segregaciones o condominios, la ASADA tiene la responsabilidad de garantizar que se realicen los estudios diagnósticos correspondientes para lo cual la persona interesada deberá asumir los costos, pero no la ejecución de los mismos, los que estarán siempre bajo competencia de la Asociación. Si como resultado del estudio diagnóstico se requiere la elaboración de un proyecto de mejoras, ampliación o modernización del sistema, le corresponderá a la persona interesada la confección de los diseños definitivos y los planos constructivos, así como la construcción de las obras previamente aprobadas por el AyA, siempre que se modifique los caudales, todo lo anterior bajo la supervisión permanente de la ASADA, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras de la Institución. Esto aplica para crecimiento vegetativo si la ASADA no cuenta con un estudio diagnóstico o capacidad en el sistema para otorgar los servicios solicitados…” (el resaltado es nuestro) Lo anterior, ligado a la Ley de Planificación Urbana, Ley 4240, del 15 de noviembre de 1968, publicada en la colección de leyes y decretos del año 1968, semestre 2, Tomo 2, página 740, la cual establece: Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas a las seguridad y a la salubridad públicas. Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios. En este caso, todos los proyectos futuros de urbanización que intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones, abonarían al urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el servicio correspondiente y se cubrirá al hacerse la conexión física de cada unidad de vivienda.” De ahí que, es importante distinguir tres tipos de estudios técnicos según el Reglamento de ASADAS, los cuales son: 1. Estudio integral del sistema según párrafo primero artículo 44, el cual es responsabilidad de la ASADA, y que se encuentra pendiente de aprobación, con el fin de determinar la capacidad hídrica e hidráulica del sistema (art. 44 Reglamento de ASADAS); 2. Estudio diagnóstico según numeral 44 inciso d), el cual es propuesto por el interesado, su realización corresponde a la ASADA, pero el costo debe ser asumido por el patente, y 3. Estudio de mejoras, de conformidad con el numeral 44 inciso d), que es propuesto por el interesado, y su costo así como de las mejoras requeridas, debe ser asumidas por los interesados. Es importante indicar que, la obligación del particular nace con la ausencia de estudios técnicos del sistema por parte del operador autorizado, de conformidad con el artículo 44 inciso d) del Reglamento de ASADAS y numeral 38 de la Ley de Planificación Urbana aquí transcritos. Como bien lo señala el Ing. Gerald Rodríguez Martínez, la ASADA de Miravalles se presentó un estudio integral del sistema, el cual no se encuentra aprobado por parte del Área Técnica de Ingeniería de la Oficina Regional Acueductos Comunales. Una vez se cuente con la aprobación del estudio técnico de ingeniería, por parte de la ORAC Brunca, se podrá iniciar la revisión de proyectos individuales que presenten los interesados. Reiterar que, en estos momentos la Oficina Regional Acueductos Comunales, Región Brunca, no tienen asunto pendiente que atender del recurrente. QUINTO: NO ES CIERTO. Como lo indicó el Ing. Gerald Rodríguez Martínez, funcionario del Área Técnica de Ingeniería de la ORAC Brunca, sobre el caso particular de la ASADA Miravalles señala: “En respuesta a su solicitud respecto a los puntos 4 y 5 del Recurso de Amparo según el apartado Antecedentes, debo indicar que aparte del criterio GSD-UEN-GAR-2020-00777 existe otro documento, el GSD-UEN-GAR-2023- 03043 que tiene relación con otra versión del estudio técnico contratado por la ASADA de Miravalles, dentro del cual se no se dio el aval al estudio técnico y se afirmó la existencia de un déficit actual de recurso hídrico 2,19 l/s. Por otro lado, también existe el documento GSD-UEN-GAR-2024-04492 atendiendo a la solicitud de la ASADA de Miravalles en cuanto a proyectos de fraccionamiento...” (negrita y subrayado es nuestro) Reiterar lo que se indicó en el punto cuarto, con respecto al estudio integral del sistema, presentado en reiteradas oportunidades por la ASADA de Miravalles, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Área Técnica de Ingeniería de la Oficina Regional Acueductos Comunales, una vez se cuente con la aprobación del estudio técnico de ingeniería, por parte de la ORAC Brunca, se podrá iniciar la revisión de proyectos individuales que presenten los interesados. Reiterar que, en estos momentos la Oficina Regional Acueductos Comunales, Región Brunca, no tienen asunto pendiente que atender del recurrente”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- Informan bajo juramento, Oscar Mauricio Leiva Valverde, en su condición de presidente de la Asociación Especifica Administradora del Acueducto Rural de Miravalles, que: “La nota de disponibilidad emitida el 08 de junio de 2021, menciona que es para construcción de vivienda, además de indicar la vigencia que, según el anterior Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, del pasado 17 de enero de 2020; artículo 22, era por DOCE MESES. La ASADA se rige por reglamentos que regulen y garanticen su cumplimiento, y en ese sentido la carta de disponibilidad había perdido toda vigencia ante la inacción por parte del usuario de realizar la construcción en el plazo previsto, y durante el que se le garantizaba la posibilidad de una paja de agua. Esta vigencia temporal se justifica en el hecho de que las condiciones de la posibilidad de otorgar el servicio cambian con el tiempo, debido al otorgamiento de nuevos servicios durante ese periodo, máximo como en el presente caso que dilató más de tres años para realizar la nueva gestión. Lamentablemente las condiciones del sistema de acueducto cambiaron sustancialmente y no fue posible otorgarle una nueva carta de disponibilidad, ni al recurrente ni a ninguna otra persona ubicada en esa zona. Además, debe tenerse presente que el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad en contra de criterios técnicos no es viable y tampoco lo es el afectar a los usuarios actuales del servicio. La nota que el señor Nombre126721 solicita en el 2024 se rechaza por los motivos indicados en el oficio AM-122024-0220; como lo es el déficit de agua potable, resultado del estudio técnico realizado por la empresa Hidrogeotecnia Ltda. El estudio recomienda una serie de acciones para solventar el faltante de agua potable, acciones sobre las que se han realizado diversas labores, pero que aún no se han terminado. Este es el motivo por el que no ha sido aprobado, esto es, debido a que se deben K realizar mejoras importantes, una de ellas el faltante de agua actual y a futuro. Además, el rechazo de la carta de disponibilidad encuentra fundamento en el nuevo reglamento de Prestación de Servicios del AyA del 08 de diciembre de 2020. El rechazo de la nueva carta de disponibilidad es PARA TODOS LOS SOLICITANTES, y se encuentra debidamente fundamentado en un estudio técnico y no como pretende hacerlo ver el recurrente de que es una actuación arbitraria o que existe una inacción por parte de la asociación. Por el contrario, la asociación ha adoptado y seguirá adoptando todas las medidas técnicas recomendadas en procura de mejorar sustancialmente el sistema de agua potable. Hasta tanto no se encuentren listas esas mejoras es improcedente el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad. EI Reglamento de Prestación de Servicios del AyA del 08 de diciembre de 2020, Articulo 37-De la vigencia y prórroga de la constancia de disponibilidad de servicios. La Constancia de Disponibilidad Positiva de Servicios emitida para vivienda unifamiliar o comercio individual, tendrá una vigencia de doce meses, prorrogable por un máximo de 24 meses de forma consecutiva, siempre que el interesado demuestre que ha realizado gestiones concretas relacionadas con la ejecución del proyecto constructivo, permanecen invariables las condiciones de éste y el operador acredite de forma imprescindible el análisis de factibilidad técnica necesaria para otorgar la prórroga. Además, según el "Estudio técnico del acueducto de Dirección10332” del año 2019, con la última subsanación realizada en enero de 2023, indica que la ASADA no tiene la capacidad para brindar nuevos servicios, además de tener una recomendación de parte del AyA para no emitir más constancias en el lugar donde el recurrente tiene su propiedad (ubicado en el Proyecto Paraíso Miravalles). Con respecto al estudio técnico del acueducto de Miravalles de Pérez la última subsanación presentada ante la Oficina Regional de Acueductos Comunales fue el 19 de mayo de 2023, con las firmas de los responsables del informe, mismo que fue revisado por el ingeniero de la Región Brunca. Ante estas situaciones, la ASADA Miravalles, en abril y mayo de 2024, decidió acatar la solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en su oficio SG-GSD-2022-01424, emitida el 30 de agosto de 2022 de no emitir más disponibilidades de agua potable. Posteriormente, en julio de 2024 inició con los trámites para realizar un estudio satelital y optar por la perforación de un pozo y así poder resolver el tema del faltante actual de 2.19 l/s y a futuro 14.96 Vs. En relación con el estudio técnico del acueducto de Miravalles de Pérez Zeledón", la ASADA Miravalles no ha hecho un nuevo estudio o actualización, por motivo de que se debe de realizar primero el estudio ambiental, la perforación del pozo y sus respectivos análisis de calidad del agua lo que indicaría si es potable o no, con base al caudal brindado se puede realizar el estudio técnico actualizado que proporcionaría la capacidad actual y a futuro de la ASADA Miravalles. Realizar un nuevo estudio técnico es un gasto innecesario y un desperdicio de recursos públicos, debido a que seguirá demostrando que existe un déficit de agua potable, por lo tanto, el resultado sería negativo y con la misma recomendación de buscar fuentes que suplan dicho faltante. La ASADA actualmente está realizando los trámites para realizar la perforación del pozo mencionada anteriormente, pero debe de cumplir el procedimiento establecido en normas legales y reglamentarias en cuanto a permisos y trámites ante las instituciones del AyA y la parte ambiental.  No es cierto que se haya violentado de manera alguna el debido proceso por haber rechazado su solicitud sin permitir la posibilidad de subsanar las observaciones técnicas realizadas por la ORAC Región Brunca. Como se indicó aun con la aprobación del estudio técnico, que es más de carácter formal, aun cuando hubiese sido aprobado seguiría indicando que existe un faltante de agua que impide el otorgamiento de nuevas cartas de disponibilidad. Pareciera que el recurrente considera que si el estudio técnico se hubiese modificado o estuviese aprobado su situación de rechazo de disponibilidad se modificaría, lo cual es absolutamente erróneo que ello no afecta en nada el resultado del rechazo, que siempre habría que darlo en razón no sólo del estudio técnico que quedó pendiente de aprobación sino del nuevo estudio técnico elaborado por el AyA y en el que se base el rechazo de la carta de disponibilidad del año 2024. El acceso a las cartas de disponibilidad se ha otorgado en forma equitativa, respetando el derecho al acceso a los recursos hídricos sin discriminación de ningún tipo. Por los motivos expuestos se han venido denegando nuevas cartas de disponibilidad -motivos de carácter técnico y faltantes de agua-. No tiene nada que ver la aprobación definitiva o no del informe, que no fue aprobado más por razones formales que de otro tipo, y que en todo caso el resultado sería el mismo: El rechazo de nuevas cartas de disponibilidad hasta tanto no se cuente con nuevas fuentes de agua potable. El obtener esas nuevas fuentes implica el cumplimiento de una serie de procedimientos ante diversas instituciones, sino además la construcción de un proyecto, todo lo cual se ha realizado gestionando en la medida de las posibilidades de la ASADA. Esto se ha aplicado por igual para todos los nuevos usuarios que pretenden una carta de disponibilidad. No ha existido ninguna inacción o negligencia de parte de la ASADA en la solución del problema de la falta del recurso hídrico en la zona y mucho menos un trato discriminatorio. Por el contrario, ha realizado diversas gestiones con el propósito de la perforación de un nuevo pozo. Por tanto, se hace la aclaración de que el rechazo de la carta de disponibilidad que ha solicitado el recurrente no tiene ninguna relación con la aprobación del estudio técnico del acueducto de Miravalles de Pérez Zeledón, por parte del AyA. El rechazo es por razones de carácter técnico y por falta de disponibilidad del recurso hídrico y se fundamenta en el criterio técnico SG-GSD-2022-01424 y el GSD-UEN-GAR-2023-03043”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que, el 08 de junio de 2021, la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Miravalles le otorgó la aprobación para la disponibilidad de agua con el fin de proceder con la construcción de una vivienda en la localidad de Miravalles, en Pérez Zeledón. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2024, planteó una nueva solicitud formal ante la ASADA de Miravalles con el propósito de que se le garantizara el acceso al servicio de agua. Sin embargo, esa misma fecha, se le rechazó la solicitud de disponibilidad de agua, según el consecutivo AM102024-0194, que se fundamentó en un estudio técnico elaborado por la empresa Hidrogeotécnia Ltda., el cual, indicó que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente para el otorgamiento de agua solicitud. Reclama, además, una disconformidad con el estudio en que se argumento el rechazo de su gestión, según su parecer dicho estudio no cumple con las formalidades de acuerdo a la normativa aplicable.

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO. A tenor de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, es admisible el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente caso estima la Sala que como la ASADA recurrida, se trata de un sujeto de derecho privado en el ejercicio de funciones públicas, que por encargo estatal se encuentra administrando el acueducto rural de esa localidad,  el recurso resulta admisible.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1.     El 08 de junio de 2021, la Asociación Administradora del Acueducto Rural (ASADA) de Miravalles le otorgó la aprobación para la disponibilidad de agua con el fin de proceder con la construcción de una vivienda en la localidad de Miravalles, en Pérez Zeledón con una vigencia de 12 meses (ver la prueba aportada por el ICAA, agregada al expediente digital).

2.    El 19 de septiembre de 2024, el recurrente planteó una nueva solicitud formal ante la ASADA de Miravalles con el propósito de que se le garantizara el acceso al servicio de agua (ver la prueba aportada por el ICAA, agregada al expediente digital).

3.    La nota que el señor Nombre126721 solicita la disponibilidad en el 2024 se rechaza por los motivos indicados en el oficio AM-122024-0220, como lo es el déficit de agua potable, por razones de carácter técnico y por falta de disponibilidad del recurso hídrico y se fundamenta en el criterio técnico SG-GSD-2022-01424 y el GSD-UEN-GAR-2023-03043  (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).

4.    La ASADA actualmente está realizando los trámites para realizar la perforación del pozo mencionada anteriormente, pero debe de cumplir el procedimiento establecido en normas legales y reglamentarias en cuanto a permisos y trámites ante las instituciones del AyA y la parte ambiental   (ver la prueba aportada por el recurrente, agregada al expediente digital).

IV.- SOBRE LA DENEGATORIA DE UNA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS O IMPOSIBILIDAD JURÍDICA, FORMAL, TÉCNICA O MATERIAL. La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento.  Particularmente en lo que respecta a la denegatoria de una solicitud de disponibilidad de agua potable por incumplimiento de requisitos o imposibilidad jurídica, formal, técnica o material, este Tribunal en la sentencia No. 2023-009594 de las 09:15 horas de 28 de abril de 2023, explicó:

“(…) se constata que el instituto recurrido rechazó la solicitud del servicio de agua potable bajo el argumento que no hay disponibilidad de agua y sistema de alcantarillado al frente de propiedad. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 06 de mayo de 2016, esta Sala consideró:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Este pronunciamiento puede complementarse con la sentencia No. 2017-005245 de las 10:00 horas del 07 de abril de 2017, que en lo conducente dispuso:

“Del informe rendido por las autoridades de la municipalidad recurrida se indica que el reclamo de la recurrente, respecto de si el lugar donde tiene la propiedad la señora Nombre50100 está fuera o no del abastecimiento de agua, le corresponderá al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados referirse al respecto, ya que la Municipalidad no tiene competencia para ello. Y por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona que han actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló, se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, ya que según el informe técnico emitido por la UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, oficio UEN-OSND-GAM- 2017-00082, se indica claramente que para el inmueble que cita la señora Nombre50101 en su recurso de amparo, no existe la disponibilidad de agua potable. Además agrega el informe, que en análisis de los antecedentes de este inmueble se tiene que pertenecía a la propiedad con catastro [Valor 005] y según consulta al Registro Nacional, ésta última fue fraccionada y de la misma resultaron cuatro propiedades sin mediar la gestión del trámite de disponibilidad para dicho fraccionamiento. Así las cosas, esta Sala no logra acreditar ninguna omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, en consecuencia lo correspondiente es declarar sin lugar el amparo, y reiterar que según la prueba aportada, la falta de dotación del servicio de agua potable en el lote de la recurrente no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que está justificada en la inexistencia de disponibilidad de agua potable en el sector. (Ver en similar sentido las sentencias números 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014 y 2016007240 de las 09:20 horas del 27 de mayo 2017, entre otras). Bajo esa inteligencia, no se está frente a la infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo”.

Sobre la denegatoria del servicio de agua potable por razones objetivas, se impone mencionar la sentencia No. 2019-023102 de las 08:50 horas del 22 de noviembre de 2019, al conocer de un amparo similar la Sala declaró lo siguiente:

“Por otro lado, en el informe dado bajo la gravedad de juramento por parte de la autoridad recurrida, se explica que si bien hay propiedades que colindan con la de la recurrente, que cuentan con el servicio de agua, ello se debe a que presentan características distintas. Distingue que, los tres fundos derivados de la finca madre 2-254199-000, entre los que se encuentra el de la recurrente, se catastraron en abril del año 2018, según se verifica en el plano aportado por la interesada, en fecha posterior a los pronunciamientos C-258-2017 del 9 de noviembre del 2017 y C-300-2017 del 13 de diciembre del 2017 de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales confirman la plena vigencia de las obligaciones contenidas en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, al tiempo que recuerda la necesidad de obtener la aprobación previa por parte del AyA, en respuesta a lo dispuesto en el artículo 21 de su ley constitutiva. Así las cosas, al no desprenderse que a los lotes segregados de la finca madre del fundo propiedad de la recurrente, se les haya dado la disponibilidad pese a no contar con el visto del AyA - necesario para el fraccionamiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA, N° 2726- o con el visto bueno del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de conformidad con lo señalado en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA; se descarta un trato desigual en perjuicio de la tutelada, y se aprecia que la denegatoria de disponibilidad de agua potable se fundamentó en razones objetivas. Corolario de lo anterior, se descarta que la actuación de la autoridad recurrida haya sido arbitraria y procede desestimar el recurso en todos sus extremos, como en efecto se dispone, no sin antes advertir a la recurrente su derecho de cuestionar lo resuelto en relación con su solicitud de agua potable, ante la autoridad o ante la jurisdicción contenciosa administrativa”

Bajo tal estado de las cosas, el instituto recurrido rechazó la petición de la parte amparada, haciéndole saber cabalmente las razones de orden técnico por las cuales no procedía atender su solicitud, como es que no hay disponibilidad de agua potable al frente de la propiedad, pues no hay sistema de alcantarillado. La procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, toda vez que es ajeno al ámbito de su competencia y cabe agregar que en reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos o legales que así lo justifiquen. Por otra parte, este Sala no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica ‒ya sea ésta última de derecho público o privado‒, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que las partes recurrentes pretenden, tal y como así lo solicita el gestionante que se proceda en este caso. Por ello, deberá plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se desestima el recurso como en efecto se dispone (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el ICAA o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindarlo (ver en este sentido también la sentencia No. 2023-022230 de las 09:15 horas de 8 de setiembre de 2023).

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO.  En el sub examine quedó demostrado que la nota de disponibilidad emitida el 08 de junio de 2021, a favor del recurrente, se aprobó por un plazo de doce meses. Sin embargo, las condiciones del sistema de acueducto cambiaron sustancialmente y no fue otorgarle una nueva carta de disponibilidad, ni al recurrente ni a ninguna otra persona ubicada en esa zona. Además, se tiene que la solicitud de disponibilidad del recurrente planteada en setiembre 2024, por razones de carácter técnico y por falta de disponibilidad del recurso hídrico y se fundamenta en el criterio técnico SG-GSD-2022-01424 y el GSD-UEN-GAR-2023-03043. De lo expuesto se infiere que la disponibilidad de agua fue denegada al amparado por existir una imposibilidad técnica, en consecuencia, no se acredita que hubiera obedecido a una decisión antojadiza o arbitraria de la ASADA accionada. Al respecto, se recuerda al recurrente que no le corresponde a la Sala Constitucional determinar si se le debe otorgar o no la disponibilidad que reclama, lo anterior excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal. Ahora, cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta ante la ASADA, el ICAA o bien, en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria correspondiente.

 VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso.  

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 84IURXNBWFQ61

EXPEDIENTE N° 25-003993-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:22:44.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

RESULTANDO:

1.- By document received by this Chamber at 23:28 on February 11, 2025, the petitioner files this amparo action against the Specific Association Administering the Rural Aqueduct of Miravalles (Asociación Específica Administradora del Acueducto Rural De Miravalles) and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados). They state that on June 8, 2021, the Administrative Association of the Rural Aqueduct (ASADA) of Miravalles granted them approval for water availability (disponibilidad de agua) for the purpose of proceeding with the construction of a dwelling in the locality of Miravalles, in Pérez Zeledón. Subsequently, on September 19, 2024, they filed a new formal request with the ASADA of Miravalles for the purpose of being guaranteed access to water service. However, on that same September 19, 2024, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) rejected the request for water availability, according to consecutive number AM102024-0194. They indicate that this decision was based on a technical study prepared by the company Hidrogeotécnia Ltda., which, according to AyA, did not meet the technical requirements demanded by the regulations in force. They explain that this rejection directly affected the viability of the housing project and their access to water resources. They note that, on February 27, 2020, before the aforementioned denial by AyA, the Regional Office of Rural Aqueducts (ORAC) of the Brunca Region had issued document No. GSD UEN-GAR-2020-00777, according to which, the endorsement was not given to the technical study contracted by the ASADA, due to a series of technical observations. They explain that, in said document, the absence of the signature of a professional responsible for the topographic survey and the lack of a specialist in the electromechanical study were pointed out. Furthermore, it was indicated that, once the problem of water deficit in the Miravalles aqueduct was solved, the study had to be reviewed by a professional in geotechnics and structural design, all to obtain due approval. They state that, despite these observations made by the ORAC of the Brunca Region, the technical study was never corrected, nor was an updated version submitted to AyA for its review. They indicate that this inaction on the part of the ASADA Miravalles has obstructed access to potable water and has prevented the construction of the dwelling, affecting their fundamental right to this essential resource. They state that the right to due process has also been violated, since their request was rejected without allowing the possibility of correcting the technical observations made by the ORAC Brunca Region, which affects the transparency and correct evaluation of their case. They argue that this omission prevents them from fully exercising their rights and complying with the required administrative requirements. They further allege that the right to equality and non-discrimination has been violated, as there has been unequal treatment compared to other applicants for water availability. They state that the deficiencies of the technical study have not been corrected, which represents discrimination due to the arbitrary application of differentiated criteria without clear grounds. They request that the ASADA Miravalles be ordered to correct and update the technical study, in compliance with the observations issued by the ORAC Brunca Region, and that the corrected version subsequently be sent to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) for its respective review. They demand that an evaluation and the granting of water availability be carried out equitably, so as to guarantee respect for their right to access water resources without discrimination. Likewise, they request that their fundamental right of access to water for the construction of their dwelling be recognized and protected, by virtue of the fact that this resource is an essential human right.

2.- By resolution at 11:59 on February 21, 2025, this amparo was admitted.

3.- Boris Gamboa Valladares, in his capacity as head of the Regional Office of Community Aqueducts Brunca of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, reports under oath, that: "FIRST: NOT KNOWN TO ME. Regarding the request for service availability (disponibilidad de servicios) made by the petitioner on June 8, 2021, before the ASADA of Miravalles, it is important to indicate that this Regional Office of Community Aqueducts (ORAC Brunca) does not have knowledge of said request, given that, through AyA Board of Directors Agreement No. 2007 – 378, approved in Ordinary Session No. 2007 – 046, article 06, of July 24, 2007, published in the Official Gazette La Gaceta No. 78 of April 24, 2007, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers granted a delegation agreement to the Specific Association Administering the Rural Aqueduct of Miravalles of San Isidro de Pérez Zeledón, legal ID CED7851. 3 – 002 – 198503, for which reason, in accordance with the Regulation for the provision of AyA services, AyA Board of Directors Agreement No. 2020 – 442, said ASADA is empowered to issue certificates of service availability (articles 29 to 38), certificates of water capacity (constancias de capacidad hídrica) (articles 39 to 43) and/or granting of permanent service connections (articles 67 to 76) as applicable, provided that there is technical feasibility (Art. 8, 9 and 14 of the RPS AyA and 45 of the ASADAS Regulation), hence, it is the responsibility of the Board of Directors of the association not only to ensure that applicants comply with the requirements established for each specific case, but also the existence of verified technical feasibility. SECOND: NOT KNOWN TO ME. I reiterate what was stated in the first point. THIRD: IT IS NOT TRUE. Consecutive number No. AM-102024-0194 does not correspond to any area of AyA. In this sense, viewing digital file No. 23-3993-7-CO of this Constitutional Chamber, as well as the evidence provided by the petitioner, the indicated document is not evident, so we cannot comment on it. However, it is important to indicate that, from the evidence sent by Mr. Nombre126721, official communication AM-122024-0220, dated December 5, 2024, is located, with which it is interpreted that said consecutive numbers correspond directly to the ASADA of Miravalles. Hence, I reiterate what I stated in the first point. FOURTH: IT IS TRUE. In this sense, Eng. Gerald Rodríguez Martínez, an official of the Engineering Technical Area of ORAC Brunca, regarding the particular case of the ASADA Miravalles, states: 'In response to your request regarding points 4 and 5 of the Amparo Action according to the Background section, I must indicate that apart from criterion GSD-UEN-GAR-2020-00777 there is another document, GSD-UEN-GAR-2023-03043, which is related to another version of the technical study contracted by the ASADA of Miravalles, within which the endorsement was not given to the technical study and the existence of a current deficit of water resources of 2.19 l/s was affirmed. On the other hand, there is also document GSD-UEN-GAR-2024-04492 responding to the request of the ASADA of Miravalles regarding subdivision (fraccionamiento) projects...' (bold and underline are ours). However, we must indicate that, in accordance with the Regulation of Administrative Associations for Community Aqueduct and Sewer Systems (ASADAS), Executive Decree No. 42582-S-MINAE, published in the Official Gazette La Gaceta No. 223, Supplement No. 233, of Friday, September 4, 2020, it is established that: 'Article 44.- Technical Study of the potable water and wastewater sanitation systems. The ASADAS must have an updated study through which the water and hydraulic capacity of the administered system is determined; for these purposes, the following provisions must be observed: (…) d.- Studies for developments (urbanizaciones), lot divisions (lotificaciones), segregations (segregaciones) or condominiums: For the development of developments, lot divisions, segregations or condominiums, the ASADA has the responsibility of guaranteeing that the corresponding diagnostic studies are carried out, for which the interested party must assume the costs, but not the execution thereof, which will always be under the competence of the Association. If as a result of the diagnostic study, the elaboration of a project for improvements, expansion or modernization of the system is required, the interested party will be responsible for preparing the final designs and construction plans, as well as the construction of the works previously approved by AyA, provided that the flow rates (caudales) are modified, all of the foregoing under the permanent supervision of the ASADA, without prejudice to the oversight powers of the Institution. This applies for vegetative growth if the ASADA does not have a diagnostic study or capacity in the system to grant the requested services...' (the highlighting is ours). The foregoing, linked to the Urban Planning Law, Ley 4240, of November 15, 1968, published in the collection of laws and decrees of the year 1968, semester 2, Volume 2, page 740, which establishes: Article 38.- Permission shall not be given to develop (urbanizar) land: a) When the project does not satisfy the minimum regulatory standards, or the interested parties have not completed the pertinent procedures, among which is the indispensable approval of the plans by the Directorate of Urbanism and the National Service of Aqueducts and Sewers; b) For the cost of the urban development works on the property not being guaranteed, or the formal transfer to the municipality of the area reserved for public use not having been made or guaranteed, nor, failing that, the equivalent value satisfied in money; and c) As long as the development of the area located outside the zoned limit is considered premature for lacking public facilities and services or for the high cost of such facilities and services, for its distance from other inhabited areas or due to any other determining deficiency of adverse conditions to public safety and health. Development projects located within or outside the zoned area that have aqueduct, sanitary sewer and electricity services distant from their boundaries, must be accepted for analysis by the Municipality and the Directorate of Urbanism, if the developer commits to paying for the works executed outside their property, to offer all the necessary services. In this case, all future development projects that attempt to use the services mentioned in the previous paragraph within a period of five years, counted from the completion of those constructions, would pay the developer an amount for each housing unit contained in the new project. The amount to be paid shall be determined by the institution in charge of the corresponding service and shall be covered upon making the physical connection of each housing unit.' Hence, it is important to distinguish three types of technical studies according to the ASADAS Regulation, which are: 1. Integrated study of the system according to the first paragraph of article 44, which is the responsibility of the ASADA, and which is pending approval, in order to determine the water and hydraulic capacity of the system (art. 44 ASADAS Regulation); 2. Diagnostic study according to section 44 subsection d), which is proposed by the interested party, its execution corresponds to the ASADA, but the cost must be assumed by the patent holder, and 3. Study of improvements, in accordance with section 44 subsection d), which is proposed by the interested party, and its cost as well as that of the required improvements, must be assumed by the interested parties. It is important to indicate that the obligation of the individual arises from the absence of technical studies of the system on the part of the authorized operator, in accordance with article 44 subsection d) of the ASADAS Regulation and section 38 of the Urban Planning Law transcribed herein. As Eng. Gerald Rodríguez Martínez rightly points out, the ASADA of Miravalles submitted an integrated study of the system, which has not been approved by the Engineering Technical Area of the Regional Office of Community Aqueducts. Once the approval of the engineering technical study is obtained from ORAC Brunca, the review of individual projects submitted by interested parties may begin. I reiterate that, at this time, the Regional Office of Community Aqueducts, Brunca Region, has no pending matter to address from the petitioner. FIFTH: IT IS NOT TRUE. As indicated by Eng. Gerald Rodríguez Martínez, an official of the Engineering Technical Area of ORAC Brunca, regarding the particular case of the ASADA Miravalles, he states: 'In response to your request regarding points 4 and 5 of the Amparo Action according to the Background section, I must indicate that apart from criterion GSD-UEN-GAR-2020-00777 there is another document, GSD-UEN-GAR-2023-03043, which is related to another version of the technical study contracted by the ASADA of Miravalles, within which the endorsement was not given to the technical study and the existence of a current deficit of water resources of 2.19 l/s was affirmed. On the other hand, there is also document GSD-UEN-GAR-2024-04492 responding to the request of the ASADA of Miravalles regarding subdivision projects...' (bold and underline are ours). I reiterate what was stated in the fourth point, regarding the integrated study of the system, presented on multiple occasions by the ASADA of Miravalles, which is pending approval by the Engineering Technical Area of the Regional Office of Community Aqueducts; once the approval of the engineering technical study is obtained from ORAC Brunca, the review of individual projects submitted by interested parties may begin. I reiterate that, at this time, the Regional Office of Community Aqueducts, Brunca Region, has no pending matter to address from the petitioner." He requests that the action be declared without merit.

4.- Oscar Mauricio Leiva Valverde, in his capacity as president of the Specific Association Administering the Rural Aqueduct of Miravalles, reports under oath, that: "The availability certificate (nota de disponibilidad) issued on June 8, 2021, mentions that it is for the construction of a dwelling, in addition to indicating the validity which, according to the previous AyA Service Provision Regulation, of January 17, 2020; article 22, was TWELVE MONTHS. The ASADA is governed by regulations that regulate and guarantee its compliance, and in that sense the availability letter had lost all validity due to the inaction on the part of the user in carrying out the construction within the foreseen period, during which the possibility of a water connection (paja de agua) was guaranteed. This temporary validity is justified by the fact that the conditions for the possibility of granting the service change over time, due to the granting of new services during that period, especially as in the present case which took more than three years to make the new procedure. Unfortunately, the conditions of the aqueduct system changed substantially and it was not possible to issue a new availability letter to the petitioner, nor to any other person located in that area. Furthermore, it must be borne in mind that the granting of new availability letters against technical criteria is not viable, nor is it to affect the current users of the service. The letter that Mr. Nombre126721 requested in 2024 was rejected for the reasons indicated in official communication AM-122024-0220; such as the deficit of potable water, a result of the technical study conducted by the company Hidrogeotecnia Ltda. The study recommends a series of actions to resolve the shortage of potable water, actions on which various tasks have been carried out, but which have not yet been completed. This is the reason why it has not been approved, that is, because significant improvements must be made, one of them being the current and future water shortage. Additionally, the rejection of the availability letter is grounded in the new AyA Service Provision Regulation of December 8, 2020. The rejection of the new availability letter is FOR ALL APPLICANTS, and is duly based on a technical study and not as the petitioner attempts to portray it, as an arbitrary action or that there is inaction on the part of the association. On the contrary, the association has adopted and will continue to adopt all recommended technical measures in pursuit of substantially improving the potable water system. Until these improvements are ready, the granting of new availability letters is inappropriate. The AyA Service Provision Regulation of December 8, 2020, Article 37- Of the validity and extension of the service availability certificate. The Positive Service Availability Certificate issued for a single-family dwelling or individual business shall be valid for twelve months, extendable for a maximum of 24 consecutive months, provided that the interested party demonstrates that they have carried out specific procedures related to the execution of the construction project, the conditions thereof remain unchanged, and the operator inevitably accredits the necessary technical feasibility analysis to grant the extension. Furthermore, according to the 'Technical study of the aqueduct of Dirección10332' of the year 2019, with the last correction made in January 2023, it indicates that the ASADA does not have the capacity to provide new services, in addition to having a recommendation from AyA not to issue more certificates in the place where the petitioner has their property (located in the Proyecto Paraíso Miravalles). With respect to the technical study of the aqueduct of Miravalles de Pérez, the last correction submitted to the Regional Office of Community Aqueducts was on May 19, 2023, with the signatures of those responsible for the report, which was reviewed by the engineer of the Brunca Region. Faced with these situations, the ASADA Miravalles, in April and May 2024, decided to comply with the request made by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in its official communication SG-GSD-2022-01424, issued on August 30, 2022, not to issue any more potable water availability certificates. Subsequently, in July 2024, it began the procedures to conduct a satellite study and opt for the drilling of a well and thus be able to solve the issue of the current shortage of 2.19 l/s and the future 14.96 l/s. In relation to the technical study of the aqueduct of Miravalles de Pérez Zeledón, the ASADA Miravalles has not performed a new study or update, for the reason that the environmental study must first be carried out, the drilling of the well and its respective water quality analyses which would indicate whether it is potable or not; based on the flow rate provided, the updated technical study can be conducted that would provide the current and future capacity of the ASADA Miravalles. Performing a new technical study is an unnecessary expense and a waste of public resources, because it will continue to show that there is a deficit of potable water; therefore, the result would be negative and with the same recommendation to seek sources that supply said shortage. The ASADA is currently carrying out the procedures to perform the drilling of the well mentioned above, but it must comply with the procedure established in legal and regulatory norms regarding permits and procedures before the institutions of AyA and the environmental authority. It is not true that due process has been violated in any way for having rejected your request without allowing the possibility of correcting the technical observations made by the ORAC Brunca Region. As indicated, even with the approval of the technical study, which is more of a formal nature, even if it had been approved it would still indicate that there is a water shortage that prevents the granting of new availability letters. It would seem that the petitioner considers that if the technical study had been modified or was approved, their rejection of availability situation would be modified, which is absolutely erroneous; that does not affect in any way the result of the rejection, which would always have to be given due not only to the technical study that remained pending approval but also to the new technical study prepared by AyA and on which the rejection of the 2024 availability letter is based. Access to availability letters has been granted equitably, respecting the right to access water resources without discrimination of any kind. For the stated reasons, new availability letters have been denied - reasons of a technical nature and water shortages. The definitive approval or not of the report, which was not approved more for formal reasons than of another type, has nothing to do with it, and in any case the result would be the same: The rejection of new availability letters until new sources of potable water are available. Obtaining those new sources implies compliance with a series of procedures before various institutions, as well as the construction of a project, all of which has been carried out by managing to the extent of the ASADA's possibilities. This has been applied equally to all new users who seek an availability letter. There has been no inaction or negligence on the part of the ASADA in solving the problem of the lack of water resources in the area, much less discriminatory treatment. On the contrary, it has undertaken various steps for the purpose of drilling a new well. Therefore, it is clarified that the rejection of the availability letter that the petitioner has requested has no relation to the approval of the technical study of the aqueduct of Miravalles de Pérez Zeledón by AyA. The rejection is for reasons of a technical nature and due to lack of availability of the water resources and is based on technical criterion SG-GSD-2022-01424 and GSD-UEN-GAR-2023-03043". He requests that the action be declared without merit.

5.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considerando:

I.- OBJECT OF THE ACTION. The petitioner alleges that, on June 8, 2021, the Administrative Association of the Rural Aqueduct (ASADA) of Miravalles granted them approval for water availability for the purpose of proceeding with the construction of a dwelling in the locality of Miravalles, in Pérez Zeledón. Subsequently, on September 19, 2024, they filed a new formal request with the ASADA of Miravalles for the purpose of being guaranteed access to water service. However, on that same date, their request for water availability was rejected, according to consecutive number AM102024-0194, which was based on a technical study prepared by the company Hidrogeotécnia Ltda., which indicated that it did not meet the technical requirements demanded by the regulations in force for granting the requested water. They also claim dissatisfaction with the study on which the rejection of their procedure was argued, as in their opinion said study does not comply with the formalities according to the applicable regulations.

II.- ON THE ADMISSIBILITY OF AMPARO ACTIONS AGAINST SUBJECTS OF PRIVATE LAW. Pursuant to the provisions of article 57 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the amparo action is admissible against the actions or omissions of subjects of private law, when they act or must act in the exercise of public functions or powers, or are, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a) of the same Law. In the present case, this Chamber considers that since the respondent ASADA is a subject of private law in the exercise of public functions, which by state mandate is administering the rural aqueduct of that locality, the action is admissible.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are estimated as duly proven:

1. On June 8, 2021, the Administrative Association of the Rural Aqueduct (ASADA) of Miravalles granted approval for water availability for the purpose of proceeding with the construction of a dwelling in the locality of Miravalles, in Pérez Zeledón with a validity of 12 months (see the evidence provided by ICAA, added to the digital file).

2. On September 19, 2024, the petitioner filed a new formal request with the ASADA of Miravalles for the purpose of being guaranteed access to water service (see the evidence provided by ICAA, added to the digital file).

3. The certificate that Mr. Nombre126721 requests for availability in 2024 was rejected for the reasons indicated in official communication AM-122024-0220, such as the deficit of potable water, for reasons of a technical nature and due to the lack of availability of the water resources, and is based on technical criterion SG-GSD-2022-01424 and GSD-UEN-GAR-2023-03043 (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital file).

4. The ASADA is currently carrying out the procedures to perform the drilling of the well mentioned above, but must comply with the procedure established in legal and regulatory norms regarding permits and procedures before the institutions of AyA and the environmental authority (see the evidence provided by the petitioner, added to the digital file).

IV.- ON THE DENIAL OF A REQUEST FOR POTABLE WATER AVAILABILITY (DISPONIBILIDAD) FOR NON-COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OR LEGAL, FORMAL, TECHNICAL OR MATERIAL IMPOSSIBILITY. The jurisprudence of this Chamber has recognized the so-called fundamental right to water by which all persons must be granted the possibility of accessing, under conditions of equality, potable water services, since this is essential for human life and health. However, this character of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, given that the administration may establish general requirements of necessary compliance by each applicant to assess their particular requirement. Particularly regarding the denial of a request for potable water availability due to non-compliance with requirements or legal, formal, technical or material impossibility, this Court, in judgment No. 2023-009594 at 09:15 on April 28, 2023, explained:

"(…) it is verified that the respondent institute rejected the application for potable water service under the argument that there is no water availability and sewer system in front of the property. In this regard, this Court has indicated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the administrative associations of aqueducts and sewers, the municipalities and other institutions that provide the potable water supply service, may validly reject the applications for potable water service that are formulated to them or condition them if there are technical or legal reasons that so justify it. Thus, in judgment No. 2016-006027 at 09:05 on May 6, 2016, this Chamber considered:

'This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 at 14:05 on June 19, 2014, which addressed a question very similar to the one set forth in the present action, ruled: '(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every provider of public services - whether a public subject or a private subject - is obligated to provide the service in a continuous, efficient manner, under conditions of equality and having to adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one, and judgment 2004-08161 at ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four).'

It is clear, then, to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public drinking water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. That said, the jurisprudence of this Tribunal Constitucional has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to entertain requests for service or to request that the interested party assume the installation costs when no drinking water distribution network exists and the construction of infrastructure is necessary. Thus, in these cases it has been clear that it is not a matter of a refusal of access to drinking water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the failure to supply drinking water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that the AyA has not arbitrarily rejected the request made by the appellant, but rather due to the failure to comply with all the technical-legal requirements existing in the Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados for approving new services.”

This pronouncement can be complemented by judgment No. 2017-005245 of 10:00 a.m. on April 7, 2017, which, in its relevant part, provided:

“From the report rendered by the authorities of the respondent municipality, it is indicated that the claim of the appellant, regarding whether or not the place where the property of Mrs. Nombre50100 is located is outside the water supply area, is for the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados to address, since the Municipality lacks competence in this matter. And for its part, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mentions that it has acted in accordance with the regulations governing it, exercising its governing function as appropriate, carrying out duly substantiated and reasoned actions at all times as detailed; it is thus evident that the Institute has proceeded in accordance with the law, since according to the technical report issued by the UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, official letter UEN-OSND-GAM-2017-00082, it is clearly indicated that for the property cited by Mrs. Nombre50101 in her amparo appeal, the availability (disponibilidad) of drinking water does not exist. Furthermore, the report adds that upon analysis of the background of this property, it is shown that it belonged to the property with cadastre [Valor 005] and according to a query to the Registro Nacional, the latter was subdivided (fraccionada) and four properties resulted from the same without the management process for availability (disponibilidad) for said subdivision (fraccionamiento). Thus, this Chamber cannot accredit any omission or arbitrary action by the respondent authority; consequently, the appropriate course of action is to declare the amparo without grounds, and to reiterate that according to the evidence provided, the lack of provision of drinking water service on the appellant’s lot is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by the nonexistence of availability (disponibilidad) of drinking water in the sector. (See, in a similar vein, judgments numbers 2014-9134 of 2:05 p.m. on June 19, 2014, and 2016007240 of 9:20 a.m. on May 27, 2017, among others). Under this understanding, we are not facing an infringement of fundamental rights and, therefore, it is pertinent to dismiss the amparo appeal.”

Regarding the denial of drinking water service for objective reasons, it is necessary to mention judgment No. 2019-023102 of 8:50 a.m. on November 22, 2019, in which, when hearing a similar amparo, the Chamber declared the following:

“On the other hand, in the report given under the gravity of oath by the respondent authority, it is explained that while there are properties bordering the appellant’s property that have water service, this is due to their having different characteristics. It distinguishes that the three parcels derived from the parent estate 2-254199-000, among which is that of the appellant, were cadastrally registered in April 2018, as verified on the plan provided by the interested party, subsequent to pronouncements C-258-2017 of November 9, 2017, and C-300-2017 of December 13, 2017, from the Procuraduría General de la República (PGR), which confirm the full enforceability of the obligations contained in Article 10, subsection 2) of the Ley de Planificación Urbana, while recalling the need to obtain prior approval from the AyA, in response to the provisions of Article 21 of its constituent law. Thus, as it does not appear that the lots segregated from the parent estate of the appellant’s property were granted availability (disponibilidad) despite lacking the AyA’s approval — necessary for the subdivision (fraccionamiento), in accordance with Article 21 of the Ley Constitutiva del AyA, No. 2726 — or the approval of the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), in accordance with Article 10, subsection 2) of the Ley de Planificación Urbana and Article 21 of the Ley Constitutiva del AyA; unequal treatment to the detriment of the protected party is ruled out, and it is noted that the denial of availability (disponibilidad) of drinking water was based on objective reasons. As a corollary to the foregoing, it is ruled out that the respondent authority’s action was arbitrary, and it is appropriate to dismiss the appeal in its entirety, as is hereby ordered, not without first warning the appellant of her right to challenge the decision regarding her drinking water request, before the authority or before the contentious-administrative jurisdiction.”

Under this state of affairs, the respondent institute rejected the petition of the amparo-protected party, making her fully aware of the technical reasons why her request could not be entertained, namely that there is no availability (disponibilidad) of drinking water in front of the property, as there is no sewerage system. The granting or not of the requested service is not a matter to be discussed in this jurisdiction, since it is outside the scope of its competence, and it should be added that this Tribunal has repeatedly held that it is possible to dismiss petitions presented for the granting of drinking water service when technical impossibilities, non-compliance with infra-constitutional requirements, or technical or legal criteria exist that justify it. Furthermore, this Chamber should not act as a mediator with a specific natural or legal person — be the latter public or private law — to intercede on behalf of a third party so that they are granted what the appellant parties seek, as is requested by the petitioner in this case. Therefore, she must raise her disagreements or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, means through which she may broadly discuss the merits of the matter and assert her claims. Consequently, the appeal is dismissed, as is hereby ordered (…)” (emphasis not in original).

It is understood, then, that although a fundamental right to water exists that can be demanded before the ICAA or the respective ASADAS, the provision of service can also be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the existence of material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable to provide it (see in this regard also judgment No. 2023-022230 of 9:15 a.m. on September 8, 2023).

V.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub examine, it was demonstrated that the availability (disponibilidad) notice issued on June 8, 2021, in favor of the appellant, was approved for a period of twelve months. However, the conditions of the aqueduct system changed substantially, and a new availability (disponibilidad) letter was not granted to the appellant or to any other person located in that area. Additionally, it is noted that the appellant’s request for availability (disponibilidad) filed in September 2024 was denied for technical reasons and due to a lack of availability (disponibilidad) of the water resource, based on technical criterion SG-GSD-2022-01424 and GSD-UEN-GAR-2023-03043. From the foregoing, it is inferred that the availability (disponibilidad) of water was denied to the amparo-protected party due to a technical impossibility; consequently, it is not credited that it resulted from a capricious or arbitrary decision of the respondent ASADA. In this regard, the appellant is reminded that it is not the responsibility of the Sala Constitucional to determine whether or not the availability (disponibilidad) he claims should be granted; the foregoing exceeds both the summary nature of the amparo appeal and the competence of this Tribunal. Now, any discussion in this regard must be presented and resolved before the ASADA, the ICAA, or, where appropriate, in the corresponding ordinary jurisdictional venue.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal is declared without grounds.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Documento Firmado Digitalmente

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84IURXNBWFQ61

EXPEDIENTE N° 25-003993-0007-CO

Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:22:44.

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