Res. 12111-2025 Sala Constitucional — Amparo for Environmental Complaint Without Response and Access to FileAmparo por denuncia ambiental sin respuesta y acceso al expediente

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Sala Constitucional

Resolución Nº 12111 - 2025

Fecha de la Resolución: 25 de Abril del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-007834-0007-CO

Redactado por: Ana María Picado Brenes

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-007834-0007-CO

Res. Nº 2025012111

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007834-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 18:39 horas del 18 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Manifiesta que desde hace un año planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud, la cual fue registrada bajo el expediente Nº 189-2024 en la Oficina del Ministerio de Salud de Guápiles. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido una respuesta formal sobre el estado de dicho expediente. Ante la falta de respuesta, el 3 de marzo de 2025 acudió personalmente a las oficinas del Ministerio de Salud en Guápiles, con el fin de solicitar una copia del expediente 189-2024. Sin embargo, el acceso a dicha información le fue negado por las funcionarias de la oficina. Además, agrega que tiene una discapacidad física en su mano izquierda y es zurda, por lo cual solicitó se le permitiera realizar su solicitud de manera verbal o que se le brindara apoyo para completar el formulario correspondiente, pero pese a su explicación, la funcionaria que le atendió se negó a colaborar y mostró una actitud indiferente e intransigente. Al insistir en recibir asistencia, fue atendido por otra funcionaria, quien también se negó a prestarle ayuda y le indicó que solicitara apoyo a un vecino. Estima que además fue discriminado. Que ante lo sucedida plantó queja formal ante la Defensoría de los Habitantes, la cual admitió la solicitud de intervención mediante el Registro de Intervención N° 465695-2025-RI y el Oficio N° 02321-2025-DHR, dirigido a la Directora del Área Rectora de Salud de Pococí. En dicho documento, se reconoce la existencia de indicios de discriminación y se solicita al Ministerio de Salud un informe en el plazo de cinco días hábiles, lo cual tampoco han cumplido. Solicita a la Sala que declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 10:11 horas del 24 de marzo de 2025, se dio curso al presente proceso y se solicitó informe al DIRECTOR DEL ÁREA RECTORA DE SALUD DE POCOCÍ DEL MINISTERIO DE SALUD.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital al ser las 10:26 horas del 1° de abril de 2025, informa bajo juramento Nombre02, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud Pococí del Ministerio de Salud, que la licenciada Nombre03 del Proceso Atención Al Cliente”, en su fe pública manifiesta que el día 12 de agosto 2024, se recibe en “Ventanilla “denuncia interpuesta por el recurrente por contaminación sónica y aguas residuales, dando asistencia para el llenado del formulario atinente, y procesar la información en acatamiento de los protocolos internos para tal fin. De esta actuación se le brindó apoyo, pues adujo se encontraba enfermo, y se le dio respuesta tal y como lo expone el inciso segundo de CARTA-MS-DRRSHC-ARSP-1284-2025 en lo literal: “SEGUNDO: Es importante recalcar que el 13 de enero del 2022, mediante la denuncia 0004-2022 se atendió la misma situación (aguas residuales) contra la misma denunciada, la cual fue archivada mediante informe MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 en donde se indica se subsano y realizó el sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente.” De nuestra parte, no se le ha violentado en ningún momento el derecho de respuesta que alega el recurrente, sino más bien hemos sido transparentes en nuestra actuación. En acatamiento del procedimiento de denuncias las comunicaciones a las solicitudes de información, se le suministran al correo electrónico cedido, el cual es el ...01 en los tiempos razonables para la elaboración de informes técnicos. Que como antecedente el 13 de enero 2022, mediante la denuncia 0004-2022, se había atendido por situación de aguas residuales, la cual fue debidamente subsanada la problemática ambiental, con sistema de tratamiento de aguas residuales, lo cual resalta el informe MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022, notificado debidamente al correo cedido por el recurrente. Que a tenor de lo anterior el 03 de marzo de 2025, el Señor Nombre01 vuelve a realizar consulta sobre la denuncia y se le explica amablemente las atenciones que se han realizado de nuestras actuaciones, las cuales se remiten al correo electrónico que indicó en el formulario de denuncia. Situación que no le pareció, aduciendo en forma no educada que nos iba a denunciar con la Defensoría de los Habitantes y a la Contraloría de Servicios de nuestra institución, a lo que se hizo saber que es un derecho que le asiste, brindando de nuestra parte, el número telefónico de la Contraloría. Que ante tal situación indica que requiere la copia de la denuncia y hablar con la Jefatura, por lo que la funcionaria procede a brindarle el “formulario de petición 1B”, requerido para nuestros efectos y que son de orden institucional a través de los protocolos internos, y se le da la explicación sobre el “llenado” del mismo, a lo que indica no puede escribir, por lo que le asesora que puede realizar la solicitud por correo electrónico o en su defecto llevarse el formulario físico y traerlo lleno. Solicita a la Sala que declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Nombre04; y,

CONSIDERANDO:

I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute, si la administración ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está frente a una denuncia relacionada con el ambiente, la cual no ha sido resuelta dentro de un plazo razonable. Atendiendo al derecho fundamental que se invoca (ambiente), esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las denuncias de este tipo. Clarificado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente alega que desde hace un año planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud, la cual fue registrada bajo el expediente Nº 189-2024, pero a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido una respuesta formal. Además, el 3 de marzo de 2025 acudió personalmente a las oficinas del Ministerio de Salud en Guápiles, con el fin de solicitar una copia del expediente; sin embargo, el acceso a dicha información le fue negado.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

a)   El día 12 de agosto de 2024, se recibe en la oficina accionada una denuncia interpuesta por el recurrente por contaminación sónica y aguas residuales (ver informe rendido por el recurrido y prueba aportada).

b)   Por oficio N° MS-DRRSHC-ARSP-5464-2024 del 10 de octubre de 2024, el Área Rectora accionada le indicó al recurrente: “(…) Con base en el oficio, MS-DRRSHC-ARSP-5297-2024 suscrito por Ing. Nombre05, funcionario del Proceso de Regulación de la Salud, se informa que el día de la inspección no se logró concretar la visita, ya que se encontró la vivienda cerrada. Por lo anterior, en los próximos días, se reprogramará el caso” (ver prueba aportada).

c)    Lo anterior le fue notificado al amparado al correo electrónico ...01 (ver prueba aportada).

d)   Por Oficio N° CARTA-MS-DRRSHC-ARSP-1213-2025 del 06 de marzo 2025, el Área Rectora recurrida indica: “(…) Dada la complejidad del caso, debido a que no se ha logrado ingresar a la vivienda de la denunciada se realiza recordación por parte del inspector de trasladar denuncia y copia del expediente con los informes realizados a fiscalía, solicitándoles la debida acción para el ingreso a la propiedad de la denunciada (…) Se ha atendido la denuncia en cuestión y se ha brindado colaboración con el usuario, sin embargo, dada la complejidad de esta no se ha logrado el ingreso a la propiedad de la denunciante, de manera que el usuario se encuentra molesto irrespetando a los funcionarios de esta Área Rectora” (ver prueba aportada).  

e)    El 13 de enero del 2022, mediante la denuncia 0004-2022 se atendió la misma situación (aguas residuales) contra la misma denunciada, la cual fue archivada mediante informe MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 en donde se indica se subsanó y realizó el sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente, lo cual le fue notificado al correo electrónico del amparado: ...01 (ver informe rendido por el recurrido y prueba aportada).

f)     El 03 de marzo de 2025, el tutelado vuelve a realizar consulta sobre la denuncia y se le explica que la respuesta le ha sido enviada al correo electrónico que indicó en el formulario de denuncia (ver informe rendido por el recurrido y prueba aportada).

g)   El recurrente requirió la copia de la denuncia y del expediente, por lo que la funcionaria que lo atendió procede a brindarle el “formulario de petición 1B”, sin embargo, el amparado indica que no puede escribir, por lo que se le asesora que puede realizar la solicitud por correo electrónico o llevarse el formulario físico y traerlo lleno (ver informe rendido por el recurrido y prueba aportada).

IV.- SOBRE EL DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. La Administración, a la luz del artículo 41, Constitucional, tiene la obligación de garantizarle a la ciudadanía el cumplimiento de la justicia pronta y cumplida, sin denegación, lo que implica, en el ámbito de la justicia administrativa, su obligación de decidir con diligencia y celeridad los reclamos planteados por los administrados, de tal manera que su resolución sea congruente con los extremos alegados, así como de comunicarles a los interesados lo dispuesto, todo ello dentro de un plazo razonable. En este sentido, el carácter “razonable” de la duración de la actividad administrativa se determina casuísticamente con base en diversos elementos, tales como la complejidad técnica del asunto administrativo, la amplitud de la prueba por evacuar o el grado de afectación a la persona o al ambiente del acto impugnado, de lo cual se infiere que no existe un derecho estricto a la constitucionalización de los plazos, sino más bien un derecho a que se aplique el control de constitucionalidad sobre aquellas actuaciones de la Administración, en las cuales no existan motivos suficientes para justificar el tiempo demorado en la solución de algún tipo de gestión administrativa.

  V.- SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. El ordinal 30, de la Constitución Política, garantiza el libre acceso a los "departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público", derecho fundamental que en la doctrina se ha denominado derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, sin embargo, la denominación más acertada es la de derecho de acceso a la información administrativa, puesto que, el acceso a los soportes materiales o virtuales de las administraciones públicas es el instrumento o mecanismo para alcanzar el fin propuesto que consiste en que los administrados se impongan de la información que detentan aquéllas. Es menester indicar, que no siempre la información administrativa de interés público que busca un administrado se encuentra en un expediente, archivo o registro administrativo. El derecho de acceso a la información administrativa, es un mecanismo de control en manos de los administrados, puesto que, le permite a éstos, ejercer un control óptimo de la legalidad y de la oportunidad, conveniencia o mérito y, en general, de la eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos. Las administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada información. De este modo, se puede establecer un encadenamiento lógico entre acceso a la información administrativa, conocimiento y manejo de ésta, control ciudadano efectivo u oportuno y administraciones públicas eficientes. El derecho de acceso a la información administrativa, tiene un profundo asidero en una serie de principios y valores inherentes al Estado Social y Democrático de Derecho, los cuales, al propio tiempo, actúa. Así, la participación ciudadana efectiva y directa en la gestión y manejo de los asuntos públicos, resulta inconcebible si no se cuenta con un bagaje importante de información acerca de las competencias y servicios administrativos, de la misma forma, el principio democrático se ve fortalecido cuando las diversas fuerzas y grupos sociales, económicos y políticos participan activa e informadamente en la formación y ejecución de la voluntad pública. Finalmente, el derecho de acceso a la información administrativa es una herramienta indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad administrativas. El contenido del derecho de acceso a la información administrativa, es verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados -bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma, d) facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su costo, certificaciones o copias de los mismos.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. La parte recurrente alega que desde hace un año planteó una denuncia ante el Ministerio de Salud, la cual fue registrada bajo el expediente Nº 189-2024, pero a la fecha de interposición de este recurso no ha recibido una respuesta formal. Además, el 3 de marzo de 2025 acudió personalmente a las oficinas del Ministerio de Salud en Guápiles, con el fin de solicitar una copia del expediente; sin embargo, el acceso a dicha información le fue negado. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que el día 12 de agosto de 2024, se recibe en la oficina accionada una denuncia interpuesta por el recurrente por contaminación sónica y aguas residuales. Por oficio N° MS-DRRSHC-ARSP-5464-2024 del 10 de octubre de 2024, el Área Rectora accionada le indicó al recurrente: “(…) Con base en el oficio, MS-DRRSHC-ARSP-5297-2024 suscrito por Ing. Nombre05, funcionario del Proceso de Regulación de la Salud, se informa que el día de la inspección no se logró concretar la visita, ya que se encontró la vivienda cerrada. Por lo anterior, en los próximos días, se reprogramará el caso”. Lo anterior le fue notificado al amparado al correo electrónico ...01. Por Oficio N° CARTA-MS-DRRSHC-ARSP-1213-2025 del 06 de marzo 2025, el Área Rectora recurrida indica: “(…) Dada la complejidad del caso, debido a que no se ha logrado ingresar a la vivienda de la denunciada se realiza recordación por parte del inspector de trasladar denuncia y copia del expediente con los informes realizados a fiscalía, solicitándoles la debida acción para el ingreso a la propiedad de la denunciada (…) Se ha atendido la denuncia en cuestión y se ha brindado colaboración con el usuario, sin embargo, dada la complejidad de esta no se ha logrado el ingreso a la propiedad de la denunciante, de manera que el usuario se encuentra molesto irrespetando a los funcionarios de esta Área Rectora”. Ahora bien, la autoridad accionada explica que desde el 13 de enero del año 2022, mediante la denuncia 0004-2022 se atendió la misma situación (aguas residuales) contra la misma denunciada, la cual fue archivada mediante informe MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 en donde se indica se subsanó y realizó el sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente, lo cual le fue notificado al correo electrónico del amparado: ...01. Ahora bien, el pasado 03 de marzo de 2025, el tutelado vuelve a realizar consulta sobre la denuncia y se le explica que la respuesta le ha sido enviada al correo electrónico que indicó en el formulario de denuncia. Por otro lado, el recurrente requirió la copia de la denuncia y del expediente, por lo que la funcionaria que lo atendió procede a brindarle el “formulario de petición 1B”, sin embargo, el amparado indica que no puede escribir, por lo que se le asesora que puede realizar la solicitud por correo electrónico o llevarse el formulario físico y traerlo lleno. Ante este panorama, estima la Sala que se debe declarar parcialmente con lugar el recurso, por las siguientes razones. Ciertamente la denuncia planteada por el recurrente se ha venido atendiendo de manera correcta y diligente, se le ha mantenido informado de las actuaciones realizadas por la autoridad recurrida e, incluso, se aclara que desde el año 2022 el Ministerio de Salud constató que el problema de contaminación que se denunció debido al manejo de agua de la propiedad vecina se subsanó y realizó el sistema de tratamiento de aguas residuales correspondiente. Ahora bien, el 10 de octubre de 2024, el Área Rectora accionada le indicó al recurrente que el día de la inspección no se logró concretar la visita, ya que se encontró la vivienda cerrada. Asimismo, de la prueba aportada por la parte recurrida se desprende que dada la complejidad del caso, no se ha logrado ingresar a la vivienda de la denunciada, de manera que se realiza recordatorio para trasladar la denuncia y copia del expediente con los informes realizados a la Fiscalía, solicitándoles la debida acción para el ingreso a la propiedad de la denunciada. En apariencia, es un barrio conflictivo y se ha intentado en varias ocasiones visitar a la parte denunciada pero no se ha logrado la cooperación necesaria. Así las cosas, es claro que, en cuanto a la atención de la denuncia, no ha existido una inercia injustificada por parte del Ministerio de Salud, pues ha venido ejecutando las acciones e inspecciones necesarias para atender la problemática. En ese sentido, no considera la Sala que se haya conculcado el ordinal 41 de la Carta Política.

Finalmente, en relación con el tema del acceso al expediente y la petición planteada por la parte amparada, sí estima la Sala que existe infracción a los derechos fundamentales del tutelado, pues analizado el formulario de petición que se aporta como prueba, la Sala constata que la Administración solicita en dicho formulario lo siguiente: “(…) el objeto de la petición anterior está fundamentada en las siguientes razones:”. Pareciera que la recurrida solicita a los administrados los motivos por los cuales se requiere la información, siendo que, desde el punto de vista del derecho de petición, los usuarios no están obligados a informar a la Administración para cuáles efectos requieren la información, sino que al ser información pública, la misma debe serles facilitada sin más demora. En la especie, la Sala considera que han existido obstáculos para entregarle al amparado la información requerida, y no se comprueba una atención diligente al usuario en sus visitas, pues no consta que los funcionarios que lo atendieron hayan tenido una actitud de ayuda y colaboración para entregarle las copias que requiere. Los recurridos debieron colaborar con el recurrente porque esta persona usuaria tenía una discapacidad física en su mano izquierda, y es zurda, por lo que no podía escribir, de ahí que no podía completar por sí mismo el formulario que le estaba siendo requerido. Ergo, por estos motivos, corresponde acoger el amparo, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial N°19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en relación con la solicitud de la copia de la denuncia y del expediente. Se le ordena a Nombre02, en su condición de Directora del Área Rectora de Salud Pococí del Ministerio de Salud, o a quienes en sus lugares ocupen dichos cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia para que, en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, se le entregue a la parte tutelada la copia de la denuncia y del expediente administrativo solicitado, objeto de este amparo. Lo anterior se dispone con la advertencia de reservar los datos sensibles y de acceso restringido, protegidos por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales y demás normativa atinente, en caso de haberlos. En caso de incurrirse en algún costo producto de las copias requeridas, este correrá a cargo de la parte interesada. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de Sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.-

 

 

 

	

Nombre06 V.

Presidente

	

 




Nombre07 L.

	

 

	

Nombre08 G.




Nombre09 V.

	

 

	

Nombre10 H.




Nombre11 B.

	

 

	

Nombre12 A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 U5CTKODOYSM61

EXPEDIENTE N° 25-007834-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:23:26.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Resolution No. 12111 - 2025

Date of Resolution: April 25, 2025 at 09:20

Expediente: 25-007834-0007-CO

Drafted by: Ana María Picado Brenes

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-007834-0007-CO

Res. No. 2025012111

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on April twenty-fifth, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo processed in expediente number 25-007834-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTERIO DE SALUD.

RESULTANDO:

1.- By written submission filed in the Secretariat of the Sala at 18:39 hours on March 18, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the Ministerio de Salud. They state that one year ago they filed a complaint with the Ministerio de Salud, which was registered under expediente No. 189-2024 at the Oficina del Ministerio de Salud in Guápiles. They claim that as of the filing date of this recurso, they have not received a formal response regarding the status of said expediente. Due to the lack of response, on March 3, 2025, they personally went to the offices of the Ministerio de Salud in Guápiles to request a copy of expediente 189-2024. However, access to said information was denied by the office staff. Furthermore, they add that they have a physical disability in their left hand and are left-handed, for which they requested to be allowed to make their request verbally or to be given support to complete the corresponding form, but despite their explanation, the staff member who attended them refused to collaborate and showed an indifferent and intransigent attitude. Upon insisting on receiving assistance, they were attended by another staff member, who also refused to provide help and indicated that they should ask a neighbor for support. They consider that they were also discriminated against. That faced with what happened, they filed a formal complaint before the Defensoría de los Habitantes, which admitted the request for intervention under Intervention Registry No. 465695-2025-RI and Official Letter No. 02321-2025-DHR, addressed to the Director of the Área Rectora de Salud de Pococí. In said document, the existence of indications of discrimination is acknowledged, and the Ministerio de Salud is requested to provide a report within five business days, which they have also failed to comply with. They request the Sala to declare the recurso with merit.

2.- By resolution at 10:11 hours on March 24, 2025, this process was admitted and a report was requested from the DIRECTOR OF THE ÁREA RECTORA DE SALUD DE POCOCÍ OF THE MINISTERIO DE SALUD.

3.- By written submission incorporated into the digital expediente at 10:26 hours on April 1, 2025, Nombre02, in their capacity as Director of the Área Rectora de Salud Pococí of the Ministerio de Salud, reports under oath that the licensed Nombre03 of the "Customer Service Process," in her public faith, states that on August 12, 2024, a "complaint filed by the petitioner for noise pollution (contaminación sónica) and residual wastewater (aguas residuales) was received at the 'Front Desk' (Ventanilla), providing assistance for filling out the relevant form and processing the information in compliance with internal protocols for this purpose. For this action, support was provided to him, as he claimed he was sick, and a response was given to him just as set forth in the second clause of MS-DRRSHC-ARSP-1284-2025 literally: 'SECOND: It is important to emphasize that on January 13, 2022, through complaint 0004-2022, the same situation (residual wastewater) was addressed against the same accused party, which was archived through report MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 where it is indicated that it was corrected and the corresponding wastewater treatment system was implemented.' On our part, the right of response alleged by the petitioner has not been violated at any time, but rather we have been transparent in our actions. In compliance with the complaint procedure, the communications to the requests for information are provided to the email address provided, which is ...01, within reasonable times for the preparation of technical reports. That as precedent, on January 13, 2022, through complaint 0004-2022, the same situation of residual wastewater had been addressed, and the environmental problem was duly corrected with a wastewater treatment system, which is highlighted in report MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022, duly notified to the email provided by the petitioner. That in light of the above, on March 3, 2025, Mr. Nombre01 again makes an inquiry about the complaint and is kindly explained the actions taken on our part, which are sent to the email address he indicated in the complaint form. A situation that he did not agree with, stating in an impolite manner that he would report us to the Defensoría de los Habitantes and to the Office of Internal Affairs (Contraloría de Servicios) of our institution, to which he was made aware that it is a right he has, providing, on our part, the telephone number of the Office of Internal Affairs. That faced with such a situation, he indicates he requires a copy of the complaint and to speak with the Management, so the staff member proceeds to provide him with "petition form 1B," required for our purposes and which are institutional through internal protocols, and the explanation is given about "filling it out," to which he indicates he cannot write, so he is advised that he can make the request by email or, failing that, take the physical form and bring it back filled out. They request the Sala to declare the recurso without merit.

4.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Nombre04; and,

CONSIDERANDO:

I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, starting from Judgment No. 2008-02545 at 08:55 hours on February 22, 2008, this Sala has referred to the contentious-administrative jurisdiction –with some exceptions– those matters in which it is disputed whether the administration has complied or not with the deadlines set by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve through a final act an administrative procedure –initiated ex officio or at the request of a party– or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the sub lite, a case of exception is raised, as it involves a complaint related to the environment, which has not been resolved within a reasonable timeframe. Attending to the fundamental right invoked (environment), this Sala assesses potential delays in the resolution of complaints of this type. The point having been clarified, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner alleges that one year ago they filed a complaint with the Ministerio de Salud, which was registered under expediente No. 189-2024, but as of the filing date of this recurso, they have not received a formal response. Additionally, on March 3, 2025, they personally went to the offices of the Ministerio de Salud in Guápiles to request a copy of the expediente; however, access to said information was denied.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the resolution of this recurso, the following relevant facts are deemed duly proven:

a)   On August 12, 2024, a complaint filed by the petitioner for noise pollution (contaminación sónica) and residual wastewater (aguas residuales) was received at the respondent office (see report rendered by the respondent and evidence provided).

b)   By official letter No. MS-DRRSHC-ARSP-5464-2024 dated October 10, 2024, the respondent Área Rectora indicated to the petitioner: "(...) Based on official letter MS-DRRSHC-ARSP-5297-2024 signed by Eng. Nombre05, official of the Health Regulation Process, it is reported that on the day of the inspection, the visit could not be completed, as the dwelling was found closed. Therefore, in the coming days, the case will be rescheduled" (see evidence provided).

c)   The above was notified to the amparo petitioner at the email address ...01 (see evidence provided).

d)   By Official Letter No. CARTA-MS-DRRSHC-ARSP-1213-2025 dated March 6, 2025, the respondent Área Rectora indicates: "(...) Given the complexity of the case, because it has not been possible to enter the dwelling of the accused party, a reminder is made by the inspector to transfer the complaint and a copy of the expediente with the reports made to the prosecutor's office (fiscalía), requesting the appropriate action for entry to the property of the accused party (...) The complaint in question has been addressed and collaboration has been provided to the user; however, given its complexity, entry to the property of the accused party has not been achieved, so the user is upset, disrespecting the officials of this Área Rectora" (see evidence provided).

e)   On January 13, 2022, through complaint 0004-2022, the same situation (residual wastewater) was addressed against the same accused party, which was archived through report MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 where it is indicated that it was corrected and the corresponding wastewater treatment system was implemented, which was notified to the amparo petitioner's email: ...01 (see report rendered by the respondent and evidence provided).

f)    On March 3, 2025, the protected party again makes an inquiry about the complaint and is explained that the response has been sent to the email address he indicated on the complaint form (see report rendered by the respondent and evidence provided).

g)   The petitioner requested a copy of the complaint and of the expediente, so the staff member who attended him proceeds to provide him with "petition form 1B"; however, the amparo petitioner indicates that he cannot write, so he is advised that he can make the request by email or take the physical form and bring it back filled out (see report rendered by the respondent and evidence provided).

IV.- ON THE RIGHT TO SWIFT AND EFFECTIVE JUSTICE. The Administration, in light of Article 41 of the Constitution, has the obligation to guarantee citizens the fulfillment of swift and effective justice, without denial, which implies, in the field of administrative justice, its obligation to decide with diligence and speed on the claims raised by the administered parties, in such a way that its resolution is consistent with the points alleged, as well as to communicate what has been ordered to the interested parties, all within a reasonable timeframe. In this sense, the "reasonable" nature of the duration of administrative activity is determined on a case-by-case basis based on various elements, such as the technical complexity of the administrative matter, the breadth of the evidence to be examined, or the degree of impact on the person or the environment of the challenged act, from which it is inferred that there is no strict right to the constitutionalization of deadlines, but rather a right to have constitutional control applied over those actions of the Administration in which there are no sufficient reasons to justify the time taken in resolving some type of administrative procedure.

V.- ON THE RIGHT OF ACCESS TO ADMINISTRATIVE INFORMATION. Article 30 of the Political Constitution guarantees free access to "administrative departments for the purpose of information on matters of public interest," a fundamental right that in doctrine has been called the right of access to administrative archives and records; however, the most accurate name is the right of access to administrative information, since access to the material or virtual supports of public administrations is the instrument or mechanism to achieve the proposed goal, which consists of the administered parties becoming aware of the information held by those administrations. It is necessary to indicate that the administrative information of public interest sought by an administered party is not always found in an expediente, archive, or administrative record. The right of access to administrative information is a control mechanism in the hands of the administered parties, since it allows them to exercise optimal control of legality and of the timeliness, convenience, or merit and, in general, of the efficacy and efficiency of the administrative function performed by the various public entities. Efficient and effective public administrations are those that submit to public control and scrutiny, but there cannot be citizen control without adequate information. In this way, a logical chain can be established between access to administrative information, knowledge and management thereof, effective or timely citizen control, and efficient public administrations. The right of access to administrative information has a deep foundation in a series of principles and values inherent to the Social and Democratic Rule of Law, which, at the same time, it supports. Thus, effective and direct citizen participation in the management and handling of public affairs is inconceivable without a significant background of information about administrative competencies and services. Similarly, the democratic principle is strengthened when the various social, economic, and political forces and groups participate actively and informedly in the formation and execution of public will. Finally, the right of access to administrative information is an indispensable tool, like many others, for the full validity of the principles of administrative transparency and publicity. The content of the right of access to administrative information is truly broad and consists of a bundle of powers held by the person exercising it, such as the following: a) access to public departments, units, offices, and buildings; b) access to archives, records, expedientes, and physical or automated documents -databases, files-; c) the power of the administered party to know the stored personal or nominative data that affects them in any way; d) the power of the administered party to rectify or delete such data if they are erroneous, incorrect, or false; e) the right to know the content of documents and physical or virtual expedientes; and f) the right to obtain, at their cost, certifications or copies thereof.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. The petitioner alleges that one year ago they filed a complaint with the Ministerio de Salud, which was registered under expediente No. 189-2024, but as of the filing date of this recurso, they have not received a formal response. Additionally, on March 3, 2025, they personally went to the offices of the Ministerio de Salud in Guápiles to request a copy of the expediente; however, access to said information was denied. In this regard, the Sala deems it proven that on August 12, 2024, a complaint filed by the petitioner for noise pollution and residual wastewater was received by the respondent office. By official letter No. MS-DRRSHC-ARSP-5464-2024 dated October 10, 2024, the respondent Área Rectora indicated to the petitioner: "(...) Based on official letter MS-DRRSHC-ARSP-5297-2024 signed by Eng. Nombre05, official of the Health Regulation Process, it is reported that on the day of the inspection, the visit could not be completed, as the dwelling was found closed. Therefore, in the coming days, the case will be rescheduled." The above was notified to the amparo petitioner at the email address ...01. By Official Letter No. CARTA-MS-DRRSHC-ARSP-1213-2025 dated March 6, 2025, the respondent Área Rectora indicates: "(...) Given the complexity of the case, because it has not been possible to enter the dwelling of the accused party, a reminder is made by the inspector to transfer the complaint and a copy of the expediente with the reports made to the prosecutor's office (Fiscalía), requesting the appropriate action for entry to the property of the accused party (...) The complaint in question has been addressed and collaboration has been provided to the user; however, given its complexity, entry to the property of the accused party has not been achieved, so the user is upset, disrespecting the officials of this Área Rectora." Now, the respondent authority explains that since January 13, 2022, through complaint 0004-2022, the same situation (residual wastewater) was addressed against the same accused party, which was archived through report MS-DRRSHC-ARSP-2426-2022 where it is indicated that it was corrected and the corresponding wastewater treatment system was implemented, which was notified to the amparo petitioner's email: ...01. Now, on the past March 3, 2025, the protected party again makes an inquiry about the complaint and is explained that the response has been sent to the email address he indicated on the complaint form. On the other hand, the petitioner requested a copy of the complaint and of the expediente, so the staff member who attended him proceeds to provide him with "petition form 1B"; however, the amparo petitioner indicates that he cannot write, so he is advised that he can make the request by email or take the physical form and bring it back filled out. Faced with this scenario, the Sala considers that the recurso must be partially granted, for the following reasons. Certainly, the complaint filed by the petitioner has been addressed correctly and diligently; he has been kept informed of the actions taken by the respondent authority and, it is even clarified that since 2022, the Ministerio de Salud verified that the pollution problem reported due to the water management on the neighboring property was corrected and the corresponding wastewater treatment system was implemented. Now, on October 10, 2024, the respondent Área Rectora indicated to the petitioner that on the day of the inspection, the visit could not be completed, as the dwelling was found closed. Likewise, from the evidence provided by the respondent party, it follows that, given the complexity of the case, entry to the dwelling of the accused party has not been achieved, so a reminder is made to transfer the complaint and a copy of the expediente with the reports made to the Fiscalía, requesting the appropriate action for entry to the property of the accused party. Apparently, it is a troubled neighborhood and there have been several attempts to visit the accused party, but the necessary cooperation has not been achieved. Such being the case, it is clear that, regarding the handling of the complaint, there has been no unjustified inaction on the part of the Ministerio de Salud, as it has been carrying out the necessary actions and inspections to address the problem. In this sense, the Sala does not consider that Article 41 of the Political Charter has been violated.

Finally, in relation to the issue of access to the expediente and the request made by the amparo petitioner, the Sala does consider that there is an infringement of the fundamental rights of the protected party, because upon analyzing the petition form provided as evidence, the Sala verifies that the Administration requests the following in said form: "(...) the object of the above petition is based on the following reasons:". It would seem that the respondent requests the administered parties to state the reasons why the information is required, whereas, from the standpoint of the right to petition, users are not obligated to inform the Administration for what purposes they require the information; rather, as it is public information, it must be provided to them without further delay. In the case at hand, the Sala considers that there have been obstacles to delivering the required information to the amparo petitioner, and diligent attention to the user during his visits is not proven, as there is no record that the officials who attended him had an attitude of help and collaboration to deliver the copies he requires. The respondents should have collaborated with the petitioner because this user had a physical disability in his left hand, and is left-handed, and therefore could not write, hence he could not complete the form that was being required of him by himself. Ergo, for these reasons, it is appropriate to grant the amparo, with the consequences that will be stated in the operative part.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE EXPEDIENTE. This Sala must warn the parties that, if they have provided any paper documents, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means, or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, everything will be destroyed in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The recurso is partially granted, only in relation to the request for a copy of the complaint and of the expediente. Nombre02, in their capacity as Director of the Área Rectora de Salud Pococí of the Ministerio de Salud, or whoever occupies said position in their place, is ordered to issue the pertinent orders and carry out all actions that are within the scope of their competence so that, within a period of THREE DAYS, counted from the notification of this Judgment, the protected party is provided with the copy of the complaint and of the requested administrative expediente, the object of this amparo. The foregoing is ordered with the warning to reserve sensitive and restricted access data, protected by the Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales and other relevant regulations, if any. If any cost is incurred as a result of the requested copies, this shall be borne by the interested party. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be obeyed or enforced, issued within a recurso de amparo, and does not obey it or does not cause it to be obeyed, provided that the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the recurso is declared without merit.

Nombre06 V.

President

Nombre07 L.

Nombre08 G.

Nombre09 V.

Nombre10 H.

Nombre11 B.

Nombre12 A.

Digitally Signed Document

-- Verification code --



U5CTKODOYSM61

EXPEDIENTE No. 25-007834-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:23:26.

SCIJ de Hacienda

SCIJ de la Procuraduría General de la República