Res. 09475-2025 Sala Constitucional — Failure to respond to landslide dangerFalta de respuesta ante peligro por deslizamientos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 09475 - 2025

Fecha de la Resolución: 28 de Marzo del 2025 a las 09:15

Expediente: 25-000324-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-000324-0007-CO

Res. Nº 2025009475

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo presentado por Nombre127334, carnet abogado/a CED71876, a favor de Nombre127335, cédula de residencia CED71877, contra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala el 07 de enero de 2025, la parte recurrente, presenta recurso de amparo y manifiesta que el amparado es dueño registral de la finca nro. 087411-000 del Partido de Limón. Señala que mediante proceso tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo 23- 001656-1028-CA resolución nro. 2024002052 de las 15:04 horas del 7 de agosto de 2024 se determina la expropiación parcial del inmueble. En virtud de lo anterior y, dado al peligro que corre el tutelado y su familia, se dirigió solicitud de auxilio a las autoridades recurridas, en fechas 04 y 07 de octubre de 2024. A saber, el 04 de octubre de 2024 a la municipalidad recurrida a través de las direcciones de correo electrónico: ...3711; ...446 y ...3712. Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, específicamente, a la dirección ...1181 del Ing. Alonso Mora Arroyo del Departamento de Infraestructura, el cual recibió la documentación el 07 de octubre de 2024. Explica que en las referidas gestiones se describió a las autoridades recurridas los problemas ambientales por deslizamientos que genera el proceso de construcción y remoción de tierra que se hace prácticamente encima de la casa del amparado. Destaca que los deslizamientos colocan en peligro la vida del amparado y de su familia. Reclama que, pese a lo expuesto, a la fecha en que se interpone el recurso de amparo, las autoridades recurridas no han brindado respuesta ni solución alguna a la problemática ambiental planteada.

2.- Por resolución de las 14:23 horas del 17 de enero del 2025, se dio curso al presente amparo, resolución que fue notificada a la municipalidad recurrida el 22 de enero de 2025 y al ministerio recurrido el 20 de enero de 2025 (ver registro electrónico).

3.- Informa bajo juramento Efraim Zeledón Leiva, viceministro de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que las demandas interpuestas por la parte amparada han sido atendidas y mediante informe de fecha 21 de enero de 2025, UE32-DRA-09-2025-0045 el gerente general de la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 325 expuso las acciones que se han realizado en el proceso constructivo del proyecto, con la finalidad de mitigar los efectos. Con motivo de la construcción del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Dirección111, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4”, se estableció que el acceso vehicular a la propiedad por la Ruta Nacional No. 32 era totalmente restringido, no existiendo autorización para habilitar a usar fondos públicos para la construcción de accesos privados, se ha respetado el acceso peatonal a la propiedad del amparado, se han creado oficinas para que los usuarios y propietarios presenten sus consultas, el proyecto se encuentra en un proceso de construcción por lo que produce afectaciones las cuales se desean sean las mínimas.

4.- Informa bajo juramento Randal Black Reid, alcalde de la Municipalidad de Siquirres que el correo electrónico con las manifestaciones del amparado fue recibido por la municipalidad. El Departamento de Infraestructura Vial Cantonal realizó una inspección y mediante oficio INSP-AS-2025-01 consignó que los accesos a la propiedad son al norte por la Ruta Nacional 32 y al suroeste por una servidumbre agrícola, actualmente se encuentran realizando trabajos de mejora en la Ruta Nacional N32, por cuanto la afectación que pueda tener la propiedad tendría que atenderlas el Consejo Nacional de Vialidad, en virtud de dicho informe de inspección el coordinador de Desarrollo y Planificación Territorial mediante oficio CDPT-2025-013 informó al amparado los hallazgos, indicando que la propiedad descrita a su nombre colinda al norte con la Ruta Nacional 32, la cual es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos, además posee un acceso por una servidumbre agrícola que da a una calle cantonal, en las labores de intervención que están siendo realizadas por el ministerio recurrido, la municipalidad recurrida no tiene competencia por ser ruta nacional, oficios que fueron comunicados al amparado el 23 de enero de 2025.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- ACLARACIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la sentencia n.° 2008-002545 de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la Administración ha cumplido, o no, los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por leyes sectoriales para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión atinente a un reclamo no atendido que pone en riesgo la integridad del recurrente. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- En vista de que las autoridades recurridas omitieron  indicar en el informe rendido bajo juramento, si los correos electrónicos: ...3711; ...446 - ...3 y  y ...1 se encuentran previstos como mecanismos oficiales de comunicación, se tienen por ciertos estos hechos, y se procede a analizar la constitucionalidad de este asunto de conformidad con lo regulado en el artículo 45, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

III.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la parte recurrente que el amparado es dueño registral de la finca nro. 087411-000 del Partido de Limón. Señala que mediante proceso tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo 23- 001656-1028-CA resolución nro. 2024002052 de las 15:04 horas del 7 de agosto de 2024 se determinó la expropiación parcial del inmueble. En virtud de lo anterior y, dado al peligro que corre el tutelado y su familia, dirigió solicitud de auxilio a las autoridades recurridas, en fechas 04 y 07 de octubre de 2024. A saber, el 04 de octubre de 2024, a la municipalidad recurrida a través de las direcciones de correo electrónico: ...3711; ...446 y ...3712. Adicionalmente, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, específicamente, a la dirección ...1181 del Departamento de Infraestructura, el cual recibió la documentación el 07 de octubre de 2024. Explica que en las referidas gestiones se describió a las autoridades recurridas los problemas ambientales por deslizamientos que genera el proceso de construcción y remoción de tierra que se hace prácticamente encima de la casa del amparado. Destaca que los deslizamientos colocan en peligro la vida del amparado y de su familia. Reclama que, pese a lo expuesto, a la fecha en que se interpone el recurso de amparo, las autoridades recurridas no han brindado respuesta ni solución alguna a la problemática ambiental planteada.

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

1.    En fechas 04 y 07 de octubre de 2024, el amparado presento ante el ministerio recurrido a través de las direcciones de correo electrónico: ...1181 y ...2; y ante la municipalidad recurrida, a través de las direcciones de correo electrónico: o: ...3; 1; ... y .;  gestiones donde describió los problemas ambientales por deslizamientos que genera el proceso de construcción y remoción de tierra de la obra en cuestión (ver registro electrónico).

2.    Mediante informe de fecha 21 de enero de 2025, UE32-DRA-09-2025-0045 el gerente general de la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 325 del ministerio recurrido expuso las acciones que se han realizado en el proceso constructivo del proyecto, con la finalidad de mitigar los efectos. Con motivo de la construcción del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Dirección111, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4”, se estableció que el acceso vehicular a la propiedad por la Ruta Nacional No. 32 era totalmente restringido, no existiendo autorización para habilitar a usar fondos públicos para la construcción de accesos privados,

3.    La propiedad del amparado cuenta con acceso peatonal (ver registro electrónico).

4.    El Departamento de Infraestructura Vial Cantonal realizó una inspección y mediante oficio INSP-AS-2025-01 consignó que los accesos a la propiedad son al norte por la Ruta Nacional 32 y al suroeste por una servidumbre agrícola, actualmente se encuentran realizando trabajos de mejora en la Ruta Nacional N32, por cuanto la afectación que pueda tener la propiedad tendría que atenderlas el Consejo Nacional de Vialidad (ver registro electrónico). 

5.    Mediante oficio CDPT-2025-013  se informó al amparado los hallazgos, indicando que la propiedad descrita a su nombre colinda al norte con la Ruta Nacional 32, la cual es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos, además posee un acceso por una servidumbre agrícola que da a una calle cantonal, en las labores de intervención que están siendo realizadas por el ministerio recurrido, la municipalidad recurrida no tiene competencia por ser ruta nacional, oficios que fueron comunicados al amparado el 23 de enero de 2025 (ver registro electrónico).

V.- SOBRE EL FONDO. En el sub examine, se tiene por acreditado que, en efecto en fechas 04 y 07 de octubre de 2024, el amparado presentó ante el ministerio recurrido a través de las direcciones de correo electrónico: ...1181 y ...2; y ante la municipalidad recurrida, a través de las direcciones de correo electrónico: o: ...3; 1; ... y .;  gestiones donde describió los problemas ambientales por deslizamientos que generaba el proceso de construcción y remoción de tierra de la obra en cuestión. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Acota la autoridad recurrida que mediante informe de fecha 21 de enero de 2025, UE32-DRA-09-2025-0045 el gerente general de la Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 325, expuso las acciones que se han realizado en el proceso constructivo del proyecto, con la finalidad de mitigar los efectos. Con motivo de la construcción del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4”, se estableció que el acceso vehicular a la propiedad por la Ruta Nacional No. 32 era totalmente restringido, no existiendo autorización para habilitar a usar fondos públicos para la construcción de accesos privados, siendo que la propiedad del amparado cuenta con acceso peatonal, pese a lo anterior, no consta que dicho informe le haya sido notificado al recurrente, razón por la cual se declara con lugar el recurso, dado que se constata que la gestión presentada por el mismo en fechas 4 y 7 de octubre de 2024, no ha sido atendida, dado que el mismo no tiene conocimiento de las acciones realizadas por dicho ministerio. Municipalidad de Siquirres. Indica la municipalidad recurrida que el Departamento de Infraestructura Vial Cantonal realizó una inspección y mediante oficio INSP-AS-2025-01 consignó que los accesos a la propiedad son al norte por la Ruta Nacional 32 y al suroeste por una servidumbre agrícola, actualmente se encuentran realizando trabajos de mejora en la Ruta Nacional N32, por cuanto la afectación que pueda tener la propiedad tendría que atenderlas el Consejo Nacional de Vialidad. Mediante oficio CDPT-2025-013  se informó al amparado los hallazgos, indicando que la propiedad descrita a su nombre colinda al norte con la Ruta Nacional 32, la cual es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus consejos, además posee un acceso por una servidumbre agrícola que da a una calle cantonal, en las labores de intervención que están siendo realizadas por el ministerio recurrido, la municipalidad recurrida no tiene competencia por ser ruta nacional, oficios que fueron comunicados al amparado el 23 de enero de 2025, por lo que se declara con lugar el recurso como en efecto se dispone, sin emitir orden alguna, dado que la gestión presentada por la parte amparada ante la municipalidad  ya fue atendida, todo lo cual ocurrió con ocasión de la notificación que dio curso al presente recurso de amparo.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero, en tesis de principio, que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en el presente amparo, en el que la parte recurrente acusa problemas ambientales por deslizamientos que generaba el proceso de construcción y remoción de tierra de la obra en cuestión, lo que pone en peligro la salud e integridad física, no solo del amparado, sino del resto de la comunidad.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con la falta de respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  Se le ordena a Efraim Zeledón Leiva, viceministro de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o a quien en su lugar ejerza el cargo que, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia, brinde respuesta a la gestión presentada por el amparado en fechas 4 y 7 de octubre de 2024. Lo anterior, bajo la advertencia de que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se les impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo pone nota. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 HPRB47VIENDO61

EXPEDIENTE N° 25-000324-0007-CO

 

Teléfonos: Telf7268/  (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:25:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Constitutional Chamber

Resolution No. 09475 - 2025

Date of Resolution: March 28, 2025, at 09:15

Case File: 25-000324-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 25-000324-0007-CO

Res. No. 2025009475

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifteen minutes on the twenty-eighth of March, two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre127334, attorney ID CED71876, on behalf of Nombre127335, residence ID CED71877, against the MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT AND THE MUNICIPALITY OF SIQUIRRES.

Whereas:

1.- By brief filed with the Secretariat of this Chamber on January 7, 2025, the petitioner files an amparo appeal and states that the protected party is the registered owner of property no. 087411-000 of the Partido de Limón. The petitioner indicates that through proceedings conducted before the Administrative Court 23-001656-1028-CA, resolution no. 2024002052 of 3:04 p.m. on August 7, 2024, the partial expropriation of the property was determined. By virtue of the foregoing and, given the danger faced by the protected party and their family, a request for assistance was sent to the respondent authorities on October 4 and 7, 2024. Namely, on October 4, 2024, to the respondent municipality through the email addresses: ...3711; ...446 and ...3712. Additionally, to the Ministry of Public Works and Transport, specifically, to address ...1181 of Ing. Alonso Mora Arroyo of the Infrastructure Department, which received the documentation on October 7, 2024. The petitioner explains that in the aforementioned requests, the environmental problems due to landslides generated by the construction process and earthworks (remoción de tierra) being carried out practically on top of the protected party's house were described to the respondent authorities. The petitioner highlights that the landslides endanger the life of the protected party and their family. The petitioner claims that, despite the foregoing, as of the date on which the amparo appeal is filed, the respondent authorities have provided no response or solution whatsoever to the environmental problems raised.

2.- By resolution of 2:23 p.m. on January 17, 2025, this amparo was admitted, a resolution that was notified to the respondent municipality on January 22, 2025, and to the respondent ministry on January 20, 2025 (see electronic record).

3.- Efraim Zeledón Leiva, Deputy Minister of Infrastructure of the Ministry of Public Works and Transport, reports under oath that the demands filed by the protected party have been addressed and, through report dated January 21, 2025, UE32-DRA-09-2025-0045, the general manager of the Executing Unit for National Route No. 325 set forth the actions that have been undertaken in the project's construction process, with the aim of mitigating the effects. Due to the construction of the project "Design, Rehabilitation, and Expansion of National Route No. 32 Dirección111, Intersection Section with National Route No. 4", it was established that vehicular access to the property from National Route No. 32 was completely restricted, there being no authorization to enable the use of public funds for the construction of private access roads, pedestrian access to the protected party's property has been respected, offices have been created so that users and property owners can submit their inquiries, the project is in a construction process and therefore causes disturbances which are intended to be minimal.

4.- Randal Black Reid, Mayor of the Municipality of Siquirres, reports under oath that the email with the protected party's statements was received by the municipality. The Cantonal Road Infrastructure Department carried out an inspection and through official communication INSP-AS-2025-01 recorded that the accesses to the property are to the north by National Route 32 and to the southwest by an agricultural easement (servidumbre agrícola), improvement works are currently being carried out on National Route N32, therefore any disturbance that the property may suffer would have to be addressed by the National Road Council, by virtue of said inspection report the coordinator of Territorial Development and Planning, through official communication CDPT-2025-013, informed the protected party of the findings, indicating that the property described in their name borders to the north with National Route 32, which is under the jurisdiction of the Ministry of Public Works and Transport and its councils, it also has access via an agricultural easement (servidumbre agrícola) that leads to a cantonal road, with respect to the intervention works being carried out by the respondent ministry, the respondent municipality has no jurisdiction because it is a national route, communications that were sent to the protected party on January 23, 2025.

5.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY CLARIFICATION. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, based on judgment No. 2008-002545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the Administration has complied, or not, with the time limits set by the General Public Administration Act (articles 261 and 325) or by sectoral laws to resolve an administrative proceeding by final act—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative appeals. Precisely, in the present case, an exception arises, as this is a matter concerning an unaddressed claim that puts the petitioner's integrity at risk. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- In view of the fact that the respondent authorities omitted to indicate in the report rendered under oath whether the email addresses: ...3711; ...446 - ...3 and ...1 are provided as official communication mechanisms, these facts are taken as true, and the constitutionality of this matter is examined in accordance with the provisions of article 45 of the Constitutional Jurisdiction Law.

III.- SUBJECT OF THE APPEAL. The petitioner states that the protected party is the registered owner of property no. 087411-000 of the Partido de Limón. The petitioner indicates that through proceedings conducted before the Administrative Court 23-001656-1028-CA, resolution no. 2024002052 of 3:04 p.m. on August 7, 2024, the partial expropriation of the property was determined. By virtue of the foregoing and, given the danger faced by the protected party and their family, a request for assistance was sent to the respondent authorities on October 4 and 7, 2024. Namely, on October 4, 2024, to the respondent municipality through the email addresses: ...3711; ...446 and ...3712. Additionally, to the Ministry of Public Works and Transport, specifically, to address ...1181 of the Infrastructure Department, which received the documentation on October 7, 2024. The petitioner explains that in the aforementioned requests, the environmental problems due to landslides generated by the construction process and earthworks (remoción de tierra) being carried out practically on top of the protected party's house were described to the respondent authorities. The petitioner highlights that the landslides endanger the life of the protected party and their family. The petitioner claims that, despite the foregoing, as of the date on which the amparo appeal is filed, the respondent authorities have provided no response or solution whatsoever to the environmental problems raised.

IV.- PROVEN FACTS. Relevant to the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been thus accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided in the initial order:

1. On October 4 and 7, 2024, the protected party filed before the respondent ministry through the email addresses: ...1181 and ...2; and before the respondent municipality, through the email addresses: ...3; 1; ... and .; requests where they described the environmental problems due to landslides generated by the construction process and earthworks (remoción de tierra) of the work in question (see electronic record).

2. Through report dated January 21, 2025, UE32-DRA-09-2025-0045, the general manager of the Executing Unit for National Route No. 325 of the respondent ministry set forth the actions that have been undertaken in the project's construction process, with the aim of mitigating the effects. Due to the construction of the project "Design, Rehabilitation, and Expansion of National Route No. 32 Carretera Braulio Carrillo, Intersection Section with National Route No. 4", it was established that vehicular access to the property from National Route No. 32 was completely restricted, there being no authorization to enable the use of public funds for the construction of private access roads.

3. The protected party's property has pedestrian access (see electronic record).

4. The Cantonal Road Infrastructure Department carried out an inspection and through official communication INSP-AS-2025-01 recorded that the accesses to the property are to the north by National Route 32 and to the southwest by an agricultural easement (servidumbre agrícola), improvement works are currently being carried out on National Route N32, therefore any disturbance that the property may suffer would have to be addressed by the National Road Council (see electronic record).

5. Through official communication CDPT-2025-013, the protected party was informed of the findings, indicating that the property described in their name borders to the north with National Route 32, which is under the jurisdiction of the Ministry of Public Works and Transport and its councils, it also has access via an agricultural easement (servidumbre agrícola) that leads to a cantonal road, with respect to the intervention works being carried out by the respondent ministry, the respondent municipality has no jurisdiction because it is a national route, communications that were sent to the protected party on January 23, 2025 (see electronic record).

V.- ON THE MERITS. In the present case, it is taken as accredited that, indeed, on October 4 and 7, 2024, the protected party filed before the respondent ministry, through the email addresses: ...1181 and ...2; and before the respondent municipality, through the email addresses: ...3; 1; ... and .; requests where they described the environmental problems due to landslides generated by the construction process and earthworks (remoción de tierra) of the work in question. Ministry of Public Works and Transport. The respondent authority notes that through report dated January 21, 2025, UE32-DRA-09-2025-0045, the general manager of the Executing Unit for National Route No. 325 set forth the actions that have been undertaken in the project's construction process, with the aim of mitigating the effects. Due to the construction of the project "Design, Rehabilitation, and Expansion of National Route No. 32 Carretera Braulio Carrillo, Intersection Section with National Route No. 4", it was established that vehicular access to the property from National Route No. 32 was completely restricted, there being no authorization to enable the use of public funds for the construction of private access roads, and that the protected party's property has pedestrian access; despite the foregoing, there is no record that said report was notified to the petitioner, which is why the appeal is granted, given that it is verified that the request filed by them on October 4 and 7, 2024, has not been addressed, as they have no knowledge of the actions taken by said ministry. Municipality of Siquirres. The respondent municipality indicates that the Cantonal Road Infrastructure Department carried out an inspection and through official communication INSP-AS-2025-01 recorded that the accesses to the property are to the north by National Route 32 and to the southwest by an agricultural easement (servidumbre agrícola), improvement works are currently being carried out on National Route N32, therefore any disturbance that the property may suffer would have to be addressed by the National Road Council. Through official communication CDPT-2025-013, the protected party was informed of the findings, indicating that the property described in their name borders to the north with National Route 32, which is under the jurisdiction of the Ministry of Public Works and Transport and its councils, it also has access via an agricultural easement (servidumbre agrícola) that leads to a cantonal road, with respect to the intervention works being carried out by the respondent ministry, the respondent municipality has no jurisdiction because it is a national route, communications that were sent to the protected party on January 23, 2025, therefore the appeal is granted as hereby ordered, without issuing any specific order, given that the request filed by the protected party before the municipality has already been addressed, all of which occurred on the occasion of the notification that admitted this amparo appeal.

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, those who must hear the legal controversy are the Administrative Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the amparo appeal established by article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases in which the petitioner considers that the Administration's material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptions, which may indeed be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent authorities are the Judges of the administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

VII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider, as a matter of principle, that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work should be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person may debate their disagreements more broadly. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case in this amparo, in which the petitioner alleges environmental problems due to landslides generated by the construction process and earthworks (remoción de tierra) of the work in question, which endangers the health and physical integrity, not only of the protected party, but also of the rest of the community.

VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioner is warned that if they have provided any document on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary," approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted, solely in relation to the lack of response by the Ministry of Public Works and Transport. Efraim Zeledón Leiva, Deputy Minister of Infrastructure of the Ministry of Public Works and Transport, or whoever holds the position in their stead, is hereby ordered to, within a period of FIVE DAYS, counted from the notification of this judgment, provide a response to the request filed by the protected party on October 4 and 7, 2024. The foregoing, with the warning that, in accordance with article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued in an amparo appeal, and does not execute it or does not have it executed, provided the crime is not more severely punished. The State is ordered to pay costs, damages, and losses caused by the facts that form the basis of this declaration, which will be liquidated in the execution of the administrative court judgment. Magistrate Castillo submits a note. Magistrate Salazar Alvarado records a note. In all other respects, the appeal is dismissed.

Fernando Castillo V.

President

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Digitally Signed Document

-- Verification code --



HPRB47VIENDO61

CASE FILE No. 25-000324-0007-CO

Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:25:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República