Res. 19652-2025 Sala Constitucional — Right to drinking water in conflict between ICAA and municipality over billingDerecho al agua potable frente a conflicto de cobro entre ICAA y municipalidad

Grande
Normal
Pequeña
Sala Constitucional

Resolución Nº 19652 - 2025

Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-012671-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Indicadores de Relevancia

Sentencia relevante

Sentencias Relacionadas

Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA

Tema: SERVICIOS PÚBLICOS

Subtemas:

AGUA POTABLE.

019652-25. SERVICIOS PÚBLICOS. VECINOS DE PARAÍSO DE CARTAGO, ACUSAN QUE, POR UNA DEUDA CON LA MUNICIPALIDAD, SE LES SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE AGUA A MÁS DE 20.000 PERSONAS. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ÚNICAMENTE, EN CUANTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. SE ORDENA AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y A LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, QUE ESTABLEZCAN LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA, PARA QUE EN EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE ALGÚN ADEUDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y AÚN ANTE EL SUPUESTO QUE LLEGARE A DETERMINARSE TAL ADEUDO, NO SE AFECTE DE MANERA ALGUNA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DEL CANTÓN DE PARAÍSO Y SE LES GARANTICE EL SUMINISTRO DE DICHO LÍQUIDO: LO ANTERIOR IMPLICA QUE, EN EL CASO DE ACREDITARSE FORMALMENTE ALGÚN ADEUDO ENTRE LAS INSTITUCIONES SEÑALADAS, EL MISMO DEBERÁ SER INSTADO MEDIANTE LAS VÍAS DE LEGALIDAD PERTINENTES SIN AFECTAR DE MODO ALGUNO A LOS USUARIOS INDICADOS.  VCG07/2025

“(…) IV.- CASO CONCRETO. Los recurrentes aducen que son vecinos de Paraíso y se les informó que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incumplimiento del pago generaría la suspensión del servicio de agua, lo que afectaría a por lo menos 20.000 personas. Sostienen que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra el derecho al acceso al agua potables y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público.

Al respecto, con relación a los agravios expuestos por los accionantes, se delimita el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que estos interpusieron el recurso contra dicha autoridad, y este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido por parte de las autoridades recurridas, estima que llevan razón los recurrentes en sus alegatos, según se expondrá a continuación.

En efecto, se constató que por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 del 24 de febrero de 2025, la UEN Servicio al Cliente Medición GAM del ICAA le comunicó a la Municipalidad de Paraíso el cobro por venta de agua en gran volumen, de noviembre de 2017 a enero de 2025. Debido a lo anterior, en fecha indeterminada, la Municipalidad Paraíso interpuso los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante contra la gestión cobratoria del servicio 5562057. Por resolución no. UEN-SC-GAM-2025-00183 de las 7:30 horas del 10 de abril de 2025, la UEN Servicio al Cliente GAM del ICAA declaró sin lugar los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante. Asimismo, mediante oficio no. GG-2025-01114 del 28 de abril de 2025, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le reiteró al alcalde de Paraíso, lo siguiente: “(…) me permito comunicarle que, a la fecha, la Municipalidad de Paraíso presenta un atraso en el pago de los recibos correspondientes al servicio NIS 5562057 siendo que el último recibo venció el 21 de abril de 2025. …hemos tenido a bien otorgar un plazo adicional de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de esta comunicación, para que se proceda con el pago de las facturas pendientes (…)”. Y por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del 22 de mayo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nuevamente, le indicó a la Municipalidad de Paraíso lo siguiente: “(…) de acuerdo con lo que se observa en el sistema comercial del AyA, el servicio identificado con el NIS 5562057, a nombre de la Municipalidad de Paraíso, presenta a la fecha varios pendientes de pago y uno de ellos corresponde a la factura emitida el 06 de mayo de 2025 (por el consumo de agua de abril del 2025), por un monto total de ¢46 985 022.00, la cual venció el 20 de mayo de 2025. A pesar de las gestiones previas de cobro realizadas y de los plazos concedidos a ustedes para la regularización de la situación, el pago indicado aún no ha sido recibido. Por lo anterior y en cumplimiento de la normativa vigente, incluida en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, debemos suspender el servicio brindado. No obstante, con el propósito de evitar afectaciones a la población de Paraíso, hemos decidido concederles una prórroga de 10 (diez) días naturales adicionales para que puedan realizar el pago indicado. Si dentro de este plazo la situación no se regulariza nos veremos en la obligación de proceder con la suspensión del servicio de agua a partir del día 02 de junio de 2025 (…)”.

De lo expuesto, se constata que existe un conflicto entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, e impacta, eventualmente, en los usuarios del cantón de Paraíso, ya que, si el instituto recurrido en virtud del cobro que le hace a la municipalidad le suspende el suministro de agua, los usuarios no tendrían agua potable. Lo que existe es una discusión técnica de fondo si procede o no el cobro que el instituto recurrido le está haciendo a la Municipalidad de Paraíso de manera retroactiva del 2017 a la fecha, en virtud del acuerdo que dictó el ARESEP en aquel momento. Discutir la validez, aplicación, alcances, contenido del informe del ARESEP y si debe ser tramitado por una vía u otra, es un asunto de legalidad y no le corresponde a la Sala Constitucional determinar el alcance de aquel informe del ARESEP, la modalidad que la Municipalidad de Paraíso deba cancelar, el monto, ni el momento de dicha cancelación.

Por otra parte, está la prestación del servicio de agua potable y el derecho al acceso al agua potable, en este caso no estamos ante la provisión de servicios nuevos de agua potable, ni suspensiones por falta de pago de los usuarios, en este momento los usuarios son ajenos a la problemática que se suscita entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y por esta razón no tienen por qué sufrir la suspensión del servicio de agua potable. La decisión del instituto recurrido para suspender el servicio a la Municipalidad de Paraíso implicaría la afectación a los usuarios del cantón de Paraíso. Si bien es cierto, la Sala entiende que puede haber una eventual necesidad de que la municipalidad y el instituto recurrido definan el monto, cuándo y cómo se debe pagar, eso no puede trascender de ninguna manera a los usuarios. Aunado a que el asunto está judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se tramitó proceso de medida cautelar, bajo el expediente no. 25-002942-1027-CA-1, donde figura como actora la Municipalidad de Paraíso y demandado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y se dictó la resolución de las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, ordenando la medida cautelar: “(…) SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por MICHAELL ÁLVAREZ QUIRÓS; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA (…)”. En consecuencia, es en esa vía donde se discutirá y resolverá lo que en derecho corresponda.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar este recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. (…)”




... Ver más
Sentencias Relacionadas
Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA

Tema: 021- Vida humana

Subtemas:

NO APLICA.

Tema: 050- Ambiente

Subtemas:

NO APLICA.

ARTÍCULO 21 Y 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

“(…) III.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

 

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

 

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

 

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

 

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

 

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

 

“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).

 

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

 

“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

 

Artículo 50.-

 

(…)

 

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

 

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

 

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

 

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

 

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

 

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

 

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

 

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

 

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

 

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

 

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

 

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

 

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

 

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.

 

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

 

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

 

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

 

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

 

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

 

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

 

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

 

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

 

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

 

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

 

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

 

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

 

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

 

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

 

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

 

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

 

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

 

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

 

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

 

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

 

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

 

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

 

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

 

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

 

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

 

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

 

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el destacado fue agregado).

 

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

 

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

 

“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

 

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

 

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado). (…)”

VCG07/2025

... Ver más
Texto de la resolución



Exp: 25-012671-0007-CO

Res. Nº 2025019652

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, Nombre02, cédula de identidad CED02, Nombre03, cédula de identidad CED03, Nombre04, cédula de identidad CED04, Nombre05, cédula de identidad CED05, Nombre06, cédula de identidad CED06, DIEGO ALEJANDRO OBANDO SÁNCHEZ, cédula de identidad CED07, ÉDGAR GERARDO GARRO MARÍN, cédula de identidad CED08, Nombre07, cédula de identidad CED09, EVELYN ALICIA VIGOTT GONZÁLEZ, cédula de identidad CED10, FERMÍN ANTONIO QUIRÓS ORTEGA, cédula de identidad CED11, Nombre08, cédula de identidad CED12, Nombre09, cédula de identidad CED13, GEIZEL MARCELLA SÁNCHEZ QUIRÓS, cédula de identidad CED14, Nombre10, cédula de identidad CED15, Nombre11, cédula de identidad CED16, Nombre12, cédula de identidad CED17, Nombre13, cédula de identidad CED18, Nombre14, cédula de identidad CED19, Nombre15, cédula de identidad CED20, JOSÉ AUGUSTO RÍOS RUIZ, cédula de identidad CED21, JOSÉ IGNACIO GARRO HIDALGO, cédula de identidad CED22, KAREN TATIANA SÁNCHEZ QUIRÓS, cédula de identidad CED23, KATHIA VANESSA OBANDO SÁNCHEZ, cédula de identidad CED24, KATTIA ISABEL HIDALGO VALVERDE, cédula de identidad CED25, LUIS ARMANDO GARRO HIDALGO, cédula de identidad CED26, Nombre16, cédula de identidad CED27, MARÍA EUGENIA QUIRÓS SÁNCHEZ, cédula de identidad CED28, MARÍA JOSÉ ARAYA COTO, cédula de identidad CED29, MARIBEL GERARDINA CHAVES FONSECA, cédula de identidad CED30, MARICELA MARGARITA CALDERÓN GÓMEZ, cédula de identidad CED31, MARTA ELENA CERVANTES SOLANO, cédula de identidad CED32, Nombre17, cédula de identidad CED33, Nombre18, cédula de identidad CED34, ROXANA MARCELA LEIVA NAVARRO, cédula de identidad CED35, Nombre19, cédula de identidad CED36, SILVIA JOHANNA RÍOS RUIZ, cédula de identidad CED37, SONIA MAYELA NAVARRO PEREIRA, cédula de identidad CED38, WALNER FABRICIO QUESADA SÁNCHEZ, cédula de identidad CED39, WENDY ALICIA SERRANO CÁRDENAS, cédula de identidad CED40, WILLIAM ALBERTO MASÍS RIVERA, cédula de identidad CED41, YERLIN TATIANA CÁRDENAS SOLANO, cédula de identidad CED42, Nombre20, cédula de identidad CED43, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLASOS (ICAA).

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 7 de mayo de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Manifiestan que son vecinos de Paraíso. Alegan que el alcalde de Paraíso ha emitido un comunicado en redes sociales en el que explica que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Aducen que mediante oficios nos. GG-2025-01114 y GG-2025-01151, el ICAA le reiteró a la municipalidad que el incumplimiento del pago antes indicado, así como los recibos subsiguientes, generaría la suspensión del servicio de agua, lo cual afectaría a por lo menos 20.000 personas. Refieren que, a través de esos dos oficios, el ICAA otorgó un primer plazo de 3 días hábiles y otro de 10 días naturales, respectivamente, so pena de cortar el servicio de agua potable si el pago no se concretaba. Comentan que al “solicitar las explicaciones del caso al alcalde Municipal, se nos explica el problema radica en que Nombre21 rindió un informe en el que señalaba deficiencias del A y A al establecer las tarifas por el cobro del servicio de agua potable, por lo que esa autoridad reguladora obliga al Instituto a aplicar las tarifas fijadas desde el 2017, ante lo que la Municipalidad de Paraíso ha explicado que existe una relación subyacente entre ese Gobierno Local y el A y A, relación que se asentó desde la firma de un convenio firmado en 1987”. Exponen que, independientemente de cuál institución tenga la razón en el conflicto, ellos, en su condición de usuarios, se mantienen al día con el pago del servicio público, por lo que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra su derecho fundamental de acceso al agua potable y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público. Arguyen que verán “limitado nuestro derecho al agua potable por problemas de abastecimiento, sino por una decisión unilateral del A y A para obligar a la Municipalidad de Paraíso a resolver un problema de vieja data(...) Con la medida de suspensión del servicio de agua del A y A no es la Municipalidad la que se ve afectada, sino los administrados en forma directa”.

2.- Por resolución de las 16:21 horas del 21 de mayo de 2025, se le da curso al proceso y se requieren los informes al presidente ejecutivo y gerente general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como al alcalde y encargado del Acueducto, ambos de la Municipalidad de Paraíso, sobre los hechos alegados por los recurrentes.

3.- Por escritos recibidos mediante Gestión en Línea de la Sala el 28 de mayo de 2025, informan bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza y María Alejandra Mora Segura, por su orden presidente ejecutivo y gerenta general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que: “(…) 1. La gestión del suministro de agua en volumen inició en 1982, cuando diversas municipalidades incluida la Municipalidad de Paraíso, solicitaron la intervención del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para mejorar el abastecimiento de agua potable en la Provincia de Cartago. Esta colaboración, se formalizó mediante convenios de Financiamiento y Ejecución de Obras entre el AyA y las Municipalidades de Cartago y Paraíso en 1987 y se formalizó una adenda en 1997; el objetivo principal fue obtener un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), autorizado por la Asamblea Legislativa, lo que posibilitó la creación del actual acueducto Municipal y la mejora en la calidad y cobertura del servicio de agua para Cartago y Paraíso (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 2. Inicialmente, el AyA era responsable de fijar las tarifas de los operadores municipales, supervisando que estas cubrieran costos operativos y planes de inversión; este rol era crucial, ya que el AyA era el deudor ante las entidades financieras, y las municipalidades, a su vez, lo eran ante el AyA; posteriormente, este esquema se modificó con la creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y nuevas interpretaciones del Código Municipal y en la actualidad, el AyA está sujeto a la regulación de ARESEP, mientras que las municipalidades, según el artículo 3 del Código Municipal, son responsables de la administración de los servicios cantonales, incluyendo el de agua potable. Así las cosas, el AyA utilizo históricamente para el cobro de venta de agua en grandes volúmenes a las Municipalidades de Cartago un esquema propio, esto debido a la ausencia de un pliego tarifario aprobado por la ARESEP; no obstante, a partir de del 20 de octubre del 2017 mediante la resolución RIA-010-2017, la Intendencia de Agua fijó las tarifas para este servicio, con lo cual se hacía vinculante para todo prestador sujetarse al cobro de esta tarifa (Ver informe N°UENSCMED-GAM-2025-00976). 3. En cumplimiento de las obligaciones legales de regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de la Intendencia de Agua, y en ejercicio de su potestad ante las gestiones de los prestadores de servicios públicos, esta entidad efectuó una inspección técnica que produjo la emisión del “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459”, en este informe se detallan hallazgos significativos que destacan la obligación de AyA de cobrar los servicios regulados por la Nombre21 conforme a las tarifas que esta autoridad fije, sin desconocerlo por medio de convenios o contratos, dado su carácter vinculante. Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las tarifas aprobadas por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se procedió a realizar el cálculo de los montos correspondientes sobre el consumo de agua brindado a la Municipalidad de Paraíso durante los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025 (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 4. Mediante el documento UEN-SCMED-GAM-2025-00410 enviado el 24 de febrero del 2025, se notificó a la Municipalidad de Paraíso el cálculo efectuado, el monto pendiente asciende ₡3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta tres mil novecientos diecisiete colones con cero céntimos) correspondiente a la venta de agua durante los periodos que van de noviembre 2017 a enero de 2025. El cobro efectuado, está jurídicamente respaldado, de acuerdo con el artículo 14, incisos a) y c) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley No. 7593, donde dispone para los prestadores la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones sobre la prestación del servicio y a suministrar la información requerida por dicha ley, invocando también el artículo 38 que establece las conductas tipificadas por el no cobro de tarifas y precios distintos a los fijados, autorizados y establecidos por el ente regulador (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 5. Sobre el cobro efectuado de los períodos de noviembre 2017 a enero de 2025, tanto la Municipalidad de Paraíso como la de Cartago presentaron los recursos ordinarios y extraordinarios con el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, los cuales fueron atendidos y contestados por la institución con los documentos UEN-SC-GAM-2025-00183 y GG-R-2025-0227, concluyendo que, a nivel del AyA, la vía administrativa ya fue agotada. Este Instituto tiene conocimiento de gestiones diligenciadas ante el poder legislativo y ha sido notificada de la medida cautelar seguida en Expediente N°25-002942-1027-CA la cual ya fue contestada en esa instancia; no obstante esta medida cautelar está relacionada con el cobro de las sumas adeudadas correspondientes a los periodos de noviembre 2017 a enero del 2025, no así con las facturaciones posteriores; cabe resaltar que esta gestión en vía judicial debe seguir su curso y el proceso correspondiente (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 6. El servicio se brinda actualmente sin inconvenientes, generando a la fecha un monto pendiente por la venta de agua cruda a la Municipalidad de Paraíso que asciende a los ciento ochenta y nueve millones de colones y sobre las facturaciones de febrero, marzo y abril de 2025 no existen justificación técnica ni jurídica que impida el cobro de las facturas y por ende su cancelación. Así mismo, siendo el Reglamento de Prestación de Servicios, publicado en la Gaceta N°27 Alcance N°29 del 09 de febrero del 2021, el marco regulatorio de las actividades comerciales del AyA, es imperante señalar lo estipulado en el artículo 108 que establece la no cancelación de las facturas como una causal de la suspensión del servicio, siendo la factura que venció el pasado 20 de mayo de los corrientes y que se mantiene sin cancelar la que podría generar la causa de suspensión del servicio, reservándose para el AyA el derecho de acudir a otras instancias a ejecutar el cobro de las sumas restantes adeudadas siendo que por ley los servicios que se prestan no pueden ser gratuitos. La institución ha tenido la anuencia para dialogar sobre un acuerdo de pago, sin recibir una respuesta positiva por parte del Municipio de Paraíso a la fecha (Ver informe N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976) (…)”.

4- Mediante escrito recibido por Gestión en Línea de la Sala el 30 de mayo de 2025, informan bajo juramento Michael Álvarez Quirós y Víctor Meza Calderón, por su orden alcalde y encargado del Acueducto Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso, que: “(…) Primero: El 24 de febrero del 2025, el AYA, traslada a la Municipalidad de Cartago y Paraíso, el Oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00410, donde se realiza el cobro por venta de agua en gran volumen 2017 a enero 2025. Segundo: El 25 de febrero del 2025, mediante el oficio AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, ambas Municipalidades, presentan sus oposiciones argumentando prescripción, recursos ordinarios revocatoria y apelación, así como nulidad concomitante contra el Oficio No. UEN-SCMED-GAM-2025-00408 dirigido a la Municipalidad de Cartago y contra el Oficio No. UEN-SCMED-GAM-2025-00410, dirigido a la Municipalidad de Paraíso, ambos suscritos por Luis Gustavo Cuadra Berrocal, UEN Servicio al Cliente Medición GAM, Raquel Anglieti Diaz, UEN Servicio al Cliente y Alejandro Calderón Acuña, Subgerencia Gestión Sistemas GAM, todos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por el cobro por venta de agua en Gran Volumen, que va de noviembre 2017 a enero 2025. Tercero: El 23 de abril de 2025, mediante resolución UEN-SCGAM-2025-00183, de las siete horas treinta minutos del 10 de abril de 2025, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado resuelve la excepción de prescripción y el recurso ordinario de revocatoria y nulidad concomitante, contra la gestión cobratoria en los servicios NIS5561478 (Cartago) y NIS5562057 (Paraíso), donde en su por tanto declararon sin lugar la prescripción y recurso ordinario de revocatoria y nulidad concomitante y confirma las notificaciones emitidas mediante oficios UEN-SCMED-GAM-2025-00408 y UEN-SCMED-GAM-2025-00410, manteniendo la gestión cobratoria por un monto de ¢3.275.453.917,00 (tres mil doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete colones sin céntimos). Se está a la espera del conocimiento y resolución del recurso de apelación en subsidio, lo cual constituye relevante en el marco del debido proceso administrativo. Existiendo nuevamente litis pendencia Cuarto: El AYA dirige a la Municipalidad de Paraíso los Oficios No. GG-2025-01114 del 28 de abril y GG-2025-01151 del 30 de abril respectivamente, ambos del 2025, emitidos por la General, para efectos de comunicar que contamos con los plazos de tres (3) días hábiles y diez (10) naturales respectivamente, para proceder con el pago de las facturas pendientes y de no cumplir con la cancelación, se procederá con la suspensión del servicio de agua potable, afectando a más de 20.000l personas, del Cantón de Paraíso. Quinto: En respuesta a esta situación y ante la amenaza de suspensión del servicio de agua potable que afectaría a aproximadamente a tal cantidad de habitantes del cantón, la Municipalidad interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es conocida bajo el expediente judicial número 25-002942-1027-CA, mediante la resolución de las once horas diez minutos del nueve de mayo de dos mil veinticinco del Tribunal Contencioso Administrativo acogió y decretado en su modalidad provisionalísima, suspendiendo los efectos del acto administrativo impugnado indicando lo siguiente en su parte dispositiva: “De conformidad con lo expuesto, citas de ley invocadas, SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre22; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA., Se confiere audiencia por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a la parte demandada, para que contesten por escrito (artículo 24.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), de PREVIO a llevar acabo la notificación deberá la parte actora aportar un juego de copias de todo lo actuado”. Sexto: Que mediante la resolución número GG-R-2025-0227, dictada por la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Paraíso y Cartago, rechazando tal remedio impugnativo y dando por agotada la vía administrativa. Séptimo: Que mediante el Oficio AM-OF-501-2025/ ALC-499-2025 de las Municipalidades de Paraíso y Cartago se presentan ante la Gerencia General del AYA el recurso de nulidad absoluta por falta de competencia y subsidiariamente el recurso de aclaración y adición a la resolución número GG-R-2025-0227 de la Gerencia General del AYA, por lo que no es cierto que se haya agotado la vía administrativa la miente porque las resoluciones que mencionan no han adquirido firmeza aun. Octavo: Actualmente, dicha medida cautelar se encuentra en proceso de resolución definitiva, por lo que cualquier acción por parte del AyA que implique la suspensión del servicio se encuentra temporalmente suspendida hasta que el Tribunal Contencioso se pronuncie una vez que el AYA se pronuncie sobre tal medida. Noveno: Mediante el oficio número UEN-SCMED-GAM-2025-00960 de la UEN de Servicio al Cliente medición del GAM del AYA, notificaron a la Municipalidad el cobro de la factura de mayo de 2025 por un monto de ₡46 985 022.00 (cuarenta y seis millones novecientos ochenta y mil veintidós colones, indicando que la suspensión del servicio se realizara el día 02 de junio del 2025 en caso de no pagarse, lo cual mantiene en vilo el derecho de acceso al agua potable de más de 20.000 personas residentes en el cantón de Paraíso, pese a que el fondo del conflicto sigue pendiente de resolución administrativa y contenciosa. Decimo: Mediante escrito presentado el 26 de mayo de 2025, esta parte solicitó la ampliación de la medida cautelar provisionalísima otorgada por este Honorable Tribunal en resolución dictada a las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, dentro del presente expediente. La ampliación solicitada tuvo como finalidad que se ordenara al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abstenerse de ejecutar, aplicar o derivar consecuencias jurídicas del nuevo acto de cobro identificado en el oficio UEN-SCMED-GAM-2025-00960, correspondiente al mes de mayo de 2025, así como de emitir nuevos actos de similar naturaleza y de realizar amenazas públicas o administrativas relativas a la suspensión del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, mientras se mantenga vigente la referida medida cautelar. Decimo Primero: El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante resolución dictada a las 16:02 horas del 27 de mayo de 2025, dentro del expediente N.° 25-002942-1027-CA, resolvió rechazar la solicitud de ampliación de la medida cautelar provisionalísima interpuesta por esta Municipalidad. El motivo de dicho rechazo fue que la medida inicialmente otorgada únicamente suspendía los efectos de los actos administrativos identificados como UEN-SCMED-GAM-2025-00410 y GG-2025-01114, sin extenderse a actos posteriores como los cobros correspondientes al mes de mayo 2025 (…)”.

5.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes aducen que son vecinos de Paraíso y se les informó que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incumplimiento del pago generaría la suspensión del servicio de agua, lo que afectaría a por lo menos 20.000 personas. Sostienen que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra el derecho al acceso al agua potables y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

a)    Por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 del 24 de febrero de 2025, la UEN Servicio al Cliente Medición GAM del ICAA le comunicó a la Municipalidad de Paraíso el cobro por venta de agua en gran volumen, de noviembre de 2017 a enero de 2025 (ver prueba aportada al expediente).

b)   En fecha indeterminada, la Municipalidad Paraíso interpuso los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante contra la gestión cobratoria del servicio 5562057 (ver prueba aportada al expediente)

c)    Por resolución no. UEN-SC-GAM-2025-00183 de las 7:30 horas del 10 de abril de 2025, la UEN Servicio al Cliente GAM del ICAA declaró sin lugar los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante (ver prueba aportada al expediente).

d)   Mediante oficio no. GG-2025-01114 del 28 de abril de 2025, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le comunicó al alcalde de Paraíso, lo siguiente: “(…) me permito comunicarle que, a la fecha, la Municipalidad de Paraíso presenta un atraso en el pago de los recibos correspondientes al servicio NIS 5562057 siendo que el último recibo venció el 21 de abril de 2025. …hemos tenido a bien otorgar un plazo adicional de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de esta comunicación, para que se proceda con el pago de las facturas pendientes (…)” (ver prueba aportada al expediente).

e)    En el Tribunal Contencioso Administrativo se tramita proceso de medida cautelar, bajo el expediente no. 25-002942-1027-CA-1, donde figura como actora la Municipalidad de Paraíso y demandado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ver prueba aportada al expediente).

f)     Por resolución de las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, el Tribunal Contencioso Administrativo dictó medida cautelar, señalando lo siguiente: “(…) SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre22; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA (…)” (ver prueba aportada al expediente).

g)   Mediante oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del 22 de mayo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le informó a la Municipalidad de Paraíso lo siguiente: “(…) de acuerdo con lo que se observa en el sistema comercial del AyA, el servicio identificado con el NIS 5562057, a nombre de la Municipalidad de Paraíso, presenta a la fecha varios pendientes de pago y uno de ellos corresponde a la factura emitida el 06 de mayo de 2025 (por el consumo de agua de abril del 2025), por un monto total de ₡46 985 022.00, la cual venció el 20 de mayo de 2025. A pesar de las gestiones previas de cobro realizadas y de los plazos concedidos a ustedes para la regularización de la situación, el pago indicado aún no ha sido recibido. Por lo anterior y en cumplimiento de la normativa vigente, incluida en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, debemos suspender el servicio brindado. No obstante, con el propósito de evitar afectaciones a la población de Paraíso, hemos decidido concederles una prórroga de 10 (diez) días naturales adicionales para que puedan realizar el pago indicado. Si dentro de este plazo la situación no se regulariza nos veremos en la obligación de proceder con la suspensión del servicio de agua a partir del día 02 de junio de 2025 (…)” (ver prueba aportada al expediente).

III.- SOBRE EL DERECHO AL AGUA POTABLE. Primeramente, conviene indicar que el derecho de acceso al agua potable ha sido reconocido en esta sede en múltiple jurisprudencia y se ha recalcado su respaldo convencional y constitucional:

“(…) V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador” de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

Por su parte, como bien lo reconocen tanto la Procuraduría como el representante del AyA en sus informes, en el campo internacional también es mayoritario el reconocimiento del agua como derecho humano y como una pre-condición necesaria para todos nuestros derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a un requerimiento mínimo de agua potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos -como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como de otros derechos civiles y políticos. En noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas afirmó que el acceso a cantidades adecuadas de agua limpia para uso doméstico y personal es un derecho humano fundamental de toda persona. Asimismo en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que "el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos". Se enfatiza también que los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal.

Por su parte se han dado varias conferencias internacionales entre las que destaca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua llevada a cabo en Mar de Plata en 1977 que reconoció que todos los pueblos tienen derecho al acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas. También, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de 1986 incluye un compromiso por parte de los Estados de asegurar la igualdad de oportunidades para todos para disfrutar de los recursos básicos.

El concepto de satisfacer las necesidades básicas de agua se fortaleció más durante la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro. En la Agenda 21, los gobiernos acordaron que "al desarrollar y usar los recursos hídricos, debe darse prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas y a la conservación de los ecosistemas. De igual forma, en el Plan de Implementación adoptado en la Cumbre de Johannesburgo en el 2002, los gobiernos se comprometieron a "emplear todos los instrumentos de políticas, incluyendo la regulación, el monitoreo... y la recuperación de costos de los servicios de agua," sin que los objetivos de recuperación de costos se conviertan en una barrera para el acceso de la gente pobre al agua limpia. Asimismo existen decenas de instrumentos internacionales que directa e indirectamente tienen que ver con el agua como un derecho humano de todas las personas y pueblos, de tal forma que no sólo es un tema que por su naturaleza tiende a la nacionalización, sino a la internacionalización de su uso y aprovechamiento” (véase la sentencia número 2006-5606 de las 15:21 horas del 26 de abril de 2006).

De lo anterior, podemos afirmar que existe un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida y al medio ambiente sano, entre otros, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a los servicios de agua potable, toda vez que la misma resulta esencial para la vida y la salud humana. Asimismo, el acceso al agua potable ha sido catalogado como un derecho humano fundamental por varios instrumentos internacionales, lo cual ha sido reconocido en la amplia jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, como se menciona en la sentencia parcialmente transcrita, en el Comentario General No. 15 sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité hizo notar que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana. Es un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos. De esta forma, Los Estados miembros del Pacto Internacional tienen el deber de cumplir de manera progresiva, sin discriminación alguna, el derecho al agua, el cual da derecho a todos a gozar de agua suficiente, físicamente accesible, segura y aceptable para uso doméstico y personal”. Igualmente, respecto a este tema podemos encontrar una vasta cantidad de instrumentos internacionales que hacen referencia al derecho al acceso al agua potable, entre las que podemos señalar las siguientes: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan de Acción), Declaración de Nueva Delhi, sobre el abastecimiento del agua potable y el saneamiento ambiental  (India, 1990); Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 1992, Capítulo 18 de la Agenda 21), Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (Irlanda, 1992, Principios rectores y Plan de Acción), Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994, Programa de Acción), Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible (Sudáfrica, 2002, Pto. 18), Observación General N° 15: El Derecho al Agua (arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ginebra, 2002); la Resolución 64/292, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2010: El Derecho Humano al Agua y el Saneamiento; la Resolución 70-169, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el 2015: Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, 2015, Objetivos 6 y 7), etc (…)” (véase la sentencia No. 2019017397 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019).

Adicionalmente, a partir de la vigencia de la ley No. 9849 del 5 de junio de 2020, en Costa Rica se reconoce de manera expresa a nivel constitucional el derecho al agua potable en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.

 El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

 La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones (…)” (el destacado fue agregado).

Sobre el particular, en la sentencia No. 2020-03982 de las 11:50 hrs. de 26 de febrero del 2020, este Tribunal evacuó la consulta legislativa relacionada con la mencionada reforma parcial al numeral 50 de la Constitución Política e indicó:

“(…) VIII.- Sobre el contenido del proyecto y su conformidad constitucional. El proyecto de reforma constitucional de carácter parcial presentado por la totalidad de los 57 Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, consta de dos artículos que pretenden la adición de un párrafo final al artículo 50 de la Constitución Política, así como la incorporación de nuevo transitorio en el Título XVIII, Capítulo Único, Disposiciones transitorias de la Constitución Política, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.- Se adiciona un párrafo al final del artículo 50 de la Constitución Política, de 7 de noviembre de 1949. El texto es el siguiente:

Artículo 50.-

(…)

Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la Nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos, y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.

ARTÍCULO 2.- Se adiciona un nuevo transitorio al título XVIII, capítulo único, Disposiciones Transitorias, de la Constitución Política, relacionado con el artículo 50. El texto es el siguiente:

Artículo 50 – XX. Se mantienen vigentes las leyes, las concesiones y los permisos de uso actuales, otorgados conforme a derecho, así como los derechos derivados de estos, mientras no entre en vigencia una nueva ley que regule el uso, explotación y conservación del agua.”.

La propuesta así planteada y ya aprobada en primer debate, refiere no solamente el reconocimiento expreso del acceso al agua como derecho humano, sino que se encuentra directamente relacionada con que ese derecho humano que allí se reconoce de manera positiva, lo es sobre el acceso al agua potable, toda vez que se parte de la consideración del agua –y especialmente el agua potable- como elemento esencial e intrínseco para la vida y la salud de las personas, entrando así en consonancia con lo señalado en el artículo 21 y en la primera parte del mismo artículo 50 de la Constitución Política, y los desarrollos jurisprudenciales de esta misma Sala que de tales normas derivan.

La Sala advierte que el derecho de acceso al agua, y especialmente al agua potable, forma parte de diversos enunciados en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, a través de diferentes instrumentos con distinto alcance o naturaleza jurídica, pero que por su propia condición y con motivo de lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política, son dables de ser necesariamente considerados en cuanto a esta temática corresponde. Así, este derecho se encuentra ya relacionado y referenciado desde 1972 en la denominada Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible; fue considerado en la Conferencia de Rio sobre el Medio Ambiente del mismo año 1972; en la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social de 1995; fue validado en el Primer Foro Mundial del Agua, a través de la Declaración de Marrakech en 1997; mientras que a nivel convencional se encuentran concretas previsiones en el inciso 1) del artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador-, e incluso en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de resoluciones generales, se tiene, entre otras, el Comentario General sobre el Derecho al Agua, adoptado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en noviembre de 2002 a través de la resolución ONU: E/C.12/2002/11, así como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70/169, de 17 de diciembre de 2015, las cuales refieren de manera expresa que el agua debe ser «segura y de calidad aceptable para usos personales y domésticos», y el acceso al «agua potable y al saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria».

En este sentido, es válido afirmar que la propuesta de adición al artículo 50 de la Constitución, en la medida que de manera expresa reconoce el derecho de acceso al agua potable, se encuentra en consonancia con los desarrollos jurídicos que sobre la materia se muestra a nivel internacional y que se plasma en declaraciones, convenios y resoluciones de distinta naturaleza, de donde resulta su conformidad con el avance jurídico que se muestra al respecto a nivel internacional, y que por la propia esencia del derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos, tales formulaciones tienen su impacto directo en el propio ámbito interno de los Estados, tal como esa propuesta de reforma constitucional pretende formalizar a ese nivel.

Es importante señalar, que se hace la referencia a que la propuesta lo que pretende es formalizar la situación a nivel constitucional, pues ciertamente el tema del acceso al agua, y al agua potable, se encuentra regulado en nuestro país en el ámbito de la legalidad, por un profuso marco normativo que abarca desde la Ley de Aguas de 1942, la Ley General de Agua Potable de 1953, la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de 1961, la Ley General de Salud de 1973, la Ley de Creación del SENARA de 1983, la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y la Ley Forestal de 1996, entre otras.

Asimismo, debe enfatizarse la protección al ambiente y al derecho al agua que a nivel jurisprudencial ha desarrollado la jurisdicción constitucional, destacando no solamente la posibilidad de acceso al agua como recurso esencial para la vida humana, sino también la consustancial y necesaria protección que debe brindársele por parte de la institucionalidad en general, desde agencias especializadas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como otras de carácter más amplio como la propia Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud y las mismas Municipalidades del país, estableciéndose la necesaria coordinación entre ellas para asegurar no solamente la protección integral del recurso hídrico, sino también su legítima dotación para consumo humano bajo el cumplimiento de los parámetros establecidos y las reales posibilidades de su efectivo suministro –ver, entre muchas otras, sentencias de esta Sala, números 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 y 2016-1791-.

Es importante señalar el énfasis que la reforma propone no sólo en materia de reconocer el acceso al agua potable como derecho humano, sino su particular condición de bien demanial, en el mismo sentido que la diversa legislación aquí enunciada ya refiere. Nótese que la propuesta normativa señala que «el agua es un bien de la Nación», es decir, un bien que pertenece en general a esa inmaterialidad incluida en el concepto de Nación, y como tal, en un bien que se encuentra difuminado entre toda la sociedad y sus actores, un bien de dominio público que requiere no sólo toda la protección por su condición de ser esencial para la vida, sino también para permitir su utilización para los diversos ámbitos que se requiera, siempre que se atiende a la debida sostenibilidad y a su protección integral como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Nótese que el reconocimiento del derecho humano lo es sobre el agua potable, señalándose a continuación que el agua –así, en términos generales- es indispensable para proteger el derecho humano reconocido en la primera parte del párrafo, sin que ello implique de manera alguna la imposibilidad de utilizar el recurso para otro tipo de fines –agropecuarios, industriales o de desarrollo-, siempre que se haga de manera ajustada a las previsiones sobre el referido derecho al ambiente y garantizando la existencia del recurso adecuado para el agua potable. En otras palabras, se reconoce y protege la existencia del agua, y sobre ella, de un derecho humano de acceso al agua potable, de donde resulta que la formulación normativa que se pretende incorporar, reconoce no solamente la protección y posibilidad de utilización del agua en términos generales, sino también el reconocimiento del acceso al agua potable como derecho humano.

Por otra parte, tómese en consideración que, según lo ya señalado, este acceso debe procurarse y brindarse de conformidad con el previo cumplimiento de los parámetros establecidos y de acuerdo a (sic) las reales posibilidades de suministro. Es decir, tal como se ha sentado en la copiosa jurisprudencia de esta Sala sobre el particular, si bien el reconocimiento del acceso al agua potable se configura como un derecho humano, su efectiva dotación puede sujetarse a las concretas y certeras posibilidades de otorgamiento, de donde deviene que ese acceso que se reconoce como fundamental, bien puede sujetarse al cumplimiento de condiciones concretas que a su vez permitan garantizar la existencia y preservación de este bien.

Es por tal razón, que la ya mencionada resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, número 70-169, de 17 de diciembre de 2015, señala en su apartado 5 la exhortación a los Estados para:

“Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria eliminando al mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar progresivamente las desigualdades basadas en factores como la disparidad en las zonas rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores pertinentes.” –el destacado no es del original-

Esta progresividad a la que en esta resolución se hace referencia, desarrolla la homóloga previsión que en términos convencionales se consagra en el primer párrafo del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” –énfasis añadido-

De tal manera, resulta válida la legítima regulación que permita el adecuado y ordenado acceso al agua potable aquí reconocido como derecho humano, pues se trata de propiciar su desarrollo progresivo en armonía con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Es por tal razón, que la legislación que regule la materia –como lo podría ser la así propuesta en el mismo párrafo que se pretende adicionar, y a la que se hace referencia en la propuesta de transitorio XX-, deberá, en su momento, necesariamente resultar acorde con la carga de valores, principios y regulaciones expresas que informan a los derechos humanos, y al acceso al agua potable también como derecho humano que es, por lo que ciertamente esa legislación allí indicada, deberá ajustarse al Derecho de la Constitución y a las previsiones que en él se contempla sobre el particular.

En este sentido, de conformidad con lo aquí señalado, se aprecia que el proyecto que se tramita bajo el expediente legislativo 21.382, se encuentra en directa consonancia y desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que engarza adecuadamente en la misma previsión del artículo 50 de la Constitución, y resulta acorde con los valores y principios constitucionales que lo orientan, sin que de ninguna manera exista roce alguno con esos elementos esenciales o de carácter nuclear que informan e integran el Derecho de la Constitución (…)”.

De igual forma, conviene resaltar lo establecido en la observación general No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales efectuada en el 29° periodo de sesiones celebrado en Ginebra entre el 11 y el 29 de noviembre de 2002, en el que se indicó:

“(…) 2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, "incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados", y son indispensables para su realización. El uso de la palabra "incluso" indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.

Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2. El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana (…)

10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:

a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua (…)

25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.

26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.

27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.

28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obstaculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f) aumento del uso eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas (…)

37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto inmediato:

a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se encuentren a una distancia razonable del hogar;

d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;

e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles;

f) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a (sic) un proceso participativo y transparente; deberán prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;

g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;

h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados;

i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados (…)” (el destacado fue agregado).

Lo anterior resulta de relevancia por cuanto se detalla el contenido del derecho al agua al esbozar sus características, entre ellas, la calidad, la accesibilidad y la disponibilidad, ya que se establece que el derecho humano al agua implica el abastecimiento suficiente para cada persona para uso personal y doméstico.

Por otra parte, en la sentencia del 27 de noviembre de 2023 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Habitantes de la Oroya vs Perú, ese tribunal dispuso:

“(…) 121. Asimismo, las personas gozan del derecho a que el agua se encuentre libre de niveles de contaminación que constituyan un riesgo significativo al goce de sus derechos humanos, particularmente a los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vida. Este elemento sustantivo del derecho al medio ambiente sano impone la obligación para los Estados consistentes en: a) diseñar normas y políticas que definan los estándares de la calidad del agua y, reforzadamente, en aguas tratadas y residuales que sean compatibles con la salud humana y de los ecosistemas; b) monitorear los niveles de contaminación de las masas de agua y, de ser el caso, informar los posibles riesgos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas; c) realizar planes y, en general, emprender toda práctica con la finalidad de controlar la calidad del agua que incluyan la identificación de sus principales causas de contaminación; d) implementar medidas para hacer cumplir los estándares de calidad del agua, y e) adoptar acciones que aseguren la gestión de los recursos hídricos de forma sostenible. La Corte igualmente considera que los Estados deben diseñar sus normas, planes y medidas de control de la calidad del agua de conformidad con la mejor ciencia disponible, atento a los criterios de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, calidad y adaptabilidad e, inclusive, a partir de la cooperación internacional.

122. Como complemento de lo anterior, la Corte recuerda que en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina fue establecido que el derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua. Al respecto, la Corte señaló que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano (supra párr. 115), el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a la salud, y el derecho a participar en la vida cultural, los cuales se encuentran protegidos por el artículo 26 de la Convención. Este derecho también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su artículo 11, y encuentra sustento en las constituciones de los Estado de la región que reconocen los derechos al medio ambiente sano, la salud y la alimentación.

123. En cuanto a su contenido normativo del derecho al agua como derecho autónomo, la Corte ha expresado que “el acceso al agua […] comprende ‘el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica’, así como para algunos individuos y grupos también […] ‘recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo’”. Asimismo, que “el acceso al agua” implica “obligaciones de realización progresiva”, pero que “sin embargo, los Estados tienen obligaciones inmediatas, como garantizar [dicho acceso] sin discriminación y adoptar medidas para lograr su plena realización”. Además, que los Estados deben brindar protección frente a actos de particulares, de forma que terceros no menoscaben el disfrute del derecho al agua, así como “garantizar un mínimo esencial de agua”, en aquellos “casos particulares de personas o grupos de personas que no están en condiciones de acceder por sí mismos al agua […], por razones ajenas a su voluntad”.

124. En este punto, el Tribunal precisa que existe una estrecha relación entre el derecho al agua como faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua como derecho autónomo. La primera faceta protege los cuerpos de agua como elementos del medio ambiente que tienen un valor en sí mismo, en tanto interés universal, y por su importancia para los demás organismos vivos incluidos los seres humanos. La segunda faceta reconoce el rol determinante que el agua tiene en los seres humanos y su sobrevivencia, y, por lo tanto, protege su acceso, uso y aprovechamiento por los seres humanos. De este modo, la Corte entiende que la faceta sustantiva del derecho al medio ambiente sano que protege este componente parte de una premisa ecocéntrica, mientras que -por ejemplo- el derecho al agua potable y su saneamiento se fundamenta en una visión antropocéntrica. Ambas facetas se interrelacionan, pero, no en todos los casos, la vulneración de uno implica necesariamente la violación del otro.

125. Por otra parte, la Corte recuerda que el derecho al medio ambiente sano incluye el derecho al aire limpio y al agua. Este derecho se encuentra cubierto por la obligación de respeto y de garantía, prevista en el artículo 1.1 de la Convención, una de cuyas formas de observancia consiste en prevenir violaciones. Esta obligación se proyecta a la esfera privada para evitar que terceros vulneren los bienes jurídicos protegidos, y abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que sus eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. En esta línea, la Corte ha señalado que en ciertas ocasiones los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos adecuados para supervisar y fiscalizar ciertas actividades a efecto de garantizar los derechos humanos, protegiéndolos de las acciones de entidades públicas, así como de personas privadas. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya sido violado (…)” (el destacado fue agregado).

IV.- CASO CONCRETO. Los recurrentes aducen que son vecinos de Paraíso y se les informó que el ICAA está ejecutando un cobro retroactivo multimillonario a la municipalidad, por un problema con las tarifas aprobadas en el 2017 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El incumplimiento del pago generaría la suspensión del servicio de agua, lo que afectaría a por lo menos 20.000 personas. Sostienen que la amenaza de la suspensión del agua potable es ilegal y atenta contra el derecho al acceso al agua potables y los principios de continuidad y eficiencia en el servicio público.

Al respecto, con relación a los agravios expuestos por los accionantes, se delimita el amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya que estos interpusieron el recurso contra dicha autoridad, y este Tribunal Constitucional, de conformidad con las pruebas allegadas a los autos, así como del informe rendido por parte de las autoridades recurridas, estima que llevan razón los recurrentes en sus alegatos, según se expondrá a continuación.

En efecto, se constató que por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 del 24 de febrero de 2025, la UEN Servicio al Cliente Medición GAM del ICAA le comunicó a la Municipalidad de Paraíso el cobro por venta de agua en gran volumen, de noviembre de 2017 a enero de 2025. Debido a lo anterior, en fecha indeterminada, la Municipalidad Paraíso interpuso los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante contra la gestión cobratoria del servicio 5562057. Por resolución no. UEN-SC-GAM-2025-00183 de las 7:30 horas del 10 de abril de 2025, la UEN Servicio al Cliente GAM del ICAA declaró sin lugar los recursos de prescripción, revocatoria y nulidad concomitante. Asimismo, mediante oficio no. GG-2025-01114 del 28 de abril de 2025, la Gerencia General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados le reiteró al alcalde de Paraíso, lo siguiente: “(…) me permito comunicarle que, a la fecha, la Municipalidad de Paraíso presenta un atraso en el pago de los recibos correspondientes al servicio NIS 5562057 siendo que el último recibo venció el 21 de abril de 2025. …hemos tenido a bien otorgar un plazo adicional de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de esta comunicación, para que se proceda con el pago de las facturas pendientes (…)”. Y por oficio no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 del 22 de mayo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, nuevamente, le indicó a la Municipalidad de Paraíso lo siguiente: “(…) de acuerdo con lo que se observa en el sistema comercial del AyA, el servicio identificado con el NIS 5562057, a nombre de la Municipalidad de Paraíso, presenta a la fecha varios pendientes de pago y uno de ellos corresponde a la factura emitida el 06 de mayo de 2025 (por el consumo de agua de abril del 2025), por un monto total de ₡46 985 022.00, la cual venció el 20 de mayo de 2025. A pesar de las gestiones previas de cobro realizadas y de los plazos concedidos a ustedes para la regularización de la situación, el pago indicado aún no ha sido recibido. Por lo anterior y en cumplimiento de la normativa vigente, incluida en el Reglamento de Prestación de Servicios del AyA, debemos suspender el servicio brindado. No obstante, con el propósito de evitar afectaciones a la población de Paraíso, hemos decidido concederles una prórroga de 10 (diez) días naturales adicionales para que puedan realizar el pago indicado. Si dentro de este plazo la situación no se regulariza nos veremos en la obligación de proceder con la suspensión del servicio de agua a partir del día 02 de junio de 2025 (…)”.

De lo expuesto, se constata que existe un conflicto entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, e impacta, eventualmente, en los usuarios del cantón de Paraíso, ya que, si el instituto recurrido en virtud del cobro que le hace a la municipalidad le suspende el suministro de agua, los usuarios no tendrían agua potable. Lo que existe es una discusión técnica de fondo si procede o no el cobro que el instituto recurrido le está haciendo a la Municipalidad de Paraíso de manera retroactiva del 2017 a la fecha, en virtud del acuerdo que dictó el Nombre21 en aquel momento. Discutir la validez, aplicación, alcances, contenido del informe del Nombre21 y si debe ser tramitado por una vía u otra, es un asunto de legalidad y no le corresponde a la Sala Constitucional determinar el alcance de aquel informe del ARESEP, la modalidad que la Municipalidad de Paraíso deba cancelar, el monto, ni el momento de dicha cancelación.

Por otra parte, está la prestación del servicio de agua potable y el derecho al acceso al agua potable, en este caso no estamos ante la provisión de servicios nuevos de agua potable, ni suspensiones por falta de pago de los usuarios, en este momento los usuarios son ajenos a la problemática que se suscita entre la Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y por esta razón no tienen por qué sufrir la suspensión del servicio de agua potable. La decisión del instituto recurrido para suspender el servicio a la Municipalidad de Paraíso implicaría la afectación a los usuarios del cantón de Paraíso. Si bien es cierto, la Sala entiende que puede haber una eventual necesidad de que la municipalidad y el instituto recurrido definan el monto, cuándo y cómo se debe pagar, eso no puede trascender de ninguna manera a los usuarios. Aunado a que el asunto está judicializado ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se tramitó proceso de medida cautelar, bajo el expediente no. 25-002942-1027-CA-1, donde figura como actora la Municipalidad de Paraíso y demandado el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Y se dictó la resolución de las 11:10 horas del 9 de mayo de 2025, ordenando la medida cautelar: “(…) SE ACOGE la presente solicitud de MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA, formulada por MUNICIPALIDAD DE PARAISO, representado por Nombre22; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Se dispone LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, DEL 24 DE FEBRERO DEL 2025, SE REALIZA EL COBRO POR VENTA DE AGUA EN GRAN VOLUMEN 2017 A ENERO 2025, Y EL OFICIOGG-2025-01114 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. DEBERÁ EL DEMANDADO ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE AL COBRO PRODUCTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ARRIBA SEÑALADOS, ASIMISMO, DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACCIÓN TENDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA. EN CASO DE QUE YA HUBIERE OPERADO UNA SUSPENSIÓN, DEBERÁ PROCEDERSE DE FORMA INMEDIATA A LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA (…)”. En consecuencia, es en esa vía donde se discutirá y resolverá lo que en derecho corresponda.

V.- CONCLUSIÓN. Bajo este orden de circunstancias se impone declarar parcialmente con lugar este recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. 

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.             

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable. Se ordena a Juan Manuel Quesada Espinoza y María Alejandra Mora Segura, por su orden presidente ejecutivo y gerenta general, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y a Michael Álvarez Quirós y Víctor Meza Calderón, por su orden alcalde y encargado del Acueducto Municipal, ambos de la Municipalidad de Paraíso, que establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, para que en el proceso de determinación de la existencia de algún adeudo entre la Municipalidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y aún ante el supuesto que llegare a determinarse tal adeudo, no se afecte de manera alguna la prestación del servicio de agua potable a los usuarios del cantón de Paraíso y se les garantice el suministro de dicho líquido: lo anterior implica que, en el caso de acreditarse formalmente algún adeudo entre las instituciones señaladas, el mismo deberá ser instado mediante las vías de legalidad pertinentes sin afectar de modo alguno a los usuarios indicados. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta Jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 GSERJ43XDKAW61

EXPEDIENTE N° 25-012671-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:26:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 19652 - 2025**

**Date of Resolution:** June 27, 2025 at 09:20

**Case File:** 25-012671-0007-CO

**Drafted by:** Jorge Araya Garcia

**Type of Matter:** Amparo appeal

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Relevance Indicators**

Relevant judgment

**Related Judgments**

Judgment with protected data, in accordance with current regulations

**Content of Interest:**

**Strategic Topics:** Right to health, Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS

**Topic:** PUBLIC SERVICES

**Subtopics:**

DRINKING WATER.

019652-25. PUBLIC SERVICES. RESIDENTS OF PARAÍSO DE CARTAGO ALLEGE THAT, DUE TO A DEBT WITH THE MUNICIPALITY, WATER SERVICE WILL BE SUSPENDED FOR MORE THAN 20,000 PEOPLE. THE APPEAL IS PARTIALLY GRANTED, SOLELY WITH REGARD TO THE PROVISION OF DRINKING WATER SERVICE. THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, AND THE MUNICIPALITY OF PARAÍSO, ARE ORDERED TO ESTABLISH COORDINATION BODIES WITHIN THEIR RESPECTIVE AREAS OF COMPETENCE, SO THAT IN THE PROCESS OF DETERMINING THE EXISTENCE OF ANY DEBT BETWEEN THE MUNICIPALITY AND THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, AND EVEN IF SUCH A DEBT WERE TO BE DETERMINED, THE PROVISION OF DRINKING WATER SERVICE TO THE USERS OF THE CANTON OF PARAÍSO IS NOT AFFECTED IN ANY WAY AND THE SUPPLY OF SAID LIQUID IS GUARANTEED TO THEM. THE FOREGOING IMPLIES THAT, IF ANY DEBT BETWEEN THE INDICATED INSTITUTIONS IS FORMALLY PROVEN, IT MUST BE PURSUED THROUGH THE RELEVANT LEGAL CHANNELS WITHOUT AFFECTING THE INDICATED USERS IN ANY WAY. VCG07/2025

"(...) IV.- SPECIFIC CASE. The appellants claim they are residents of Paraíso and were informed that the ICAA is executing a multi-million retroactive charge to the municipality, due to a problem with the rates approved in 2017 by the Public Services Regulatory Authority. Non-payment would result in the suspension of water service, which would affect at least 20,000 people. They maintain that the threat of suspending drinking water is illegal and violates the right to access drinking water and the principles of continuity and efficiency in public service.

In this regard, concerning the grievances raised by the plaintiffs, the amparo is delimited against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, since they filed the appeal against said authority, and this Constitutional Court, in accordance with the evidence brought to the case file, as well as the report submitted by the respondent authorities, considers that the appellants are correct in their arguments, as will be set forth below.

Indeed, it was verified that by official communication no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 of February 24, 2025, the UEN Servicio al Cliente Medición GAM of the ICAA notified the Municipality of Paraíso of the charge for bulk water sales, from November 2017 to January 2025. Due to the foregoing, on an undetermined date, the Municipality of Paraíso filed appeals for statute of limitations (prescripción), revocation (revocatoria), and concomitant nullity (nulidad concomitante) against the collection action for service 5562057. By resolution no. UEN-SC-GAM-2025-00183 at 7:30 a.m. on April 10, 2025, the UEN Servicio al Cliente GAM of the ICAA dismissed the appeals for statute of limitations, revocation, and concomitant nullity. Likewise, by official communication no. GG-2025-01114 of April 28, 2025, the General Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers reiterated to the mayor of Paraíso, the following: "(...) I hereby inform you that, as of today, the Municipality of Paraíso is in arrears in the payment of the bills corresponding to service NIS 5562057, with the last bill having expired on April 21, 2025. ...we have considered granting an additional term of three (3) business days, counted from the date of this communication, for the payment of the outstanding invoices to be made (...)". And by official communication no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 of May 22, 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers again indicated to the Municipality of Paraíso the following: "(...) according to what is observed in the AyA commercial system, the service identified with NIS 5562057, in the name of the Municipality of Paraíso, currently has several pending payments, and one of them corresponds to the invoice issued on May 6, 2025 (for water consumption for April 2025), for a total amount of ₡46,985,022.00, which expired on May 20, 2025. Despite the previous collection efforts made and the terms granted to you for the regularization of the situation, the indicated payment has not yet been received. Therefore, and in compliance with current regulations, including the AyA Service Provision Regulations (Reglamento de Prestación de Servicios del AyA), we must suspend the service provided. However, in order to avoid affecting the population of Paraíso, we have decided to grant you an extension of 10 (ten) additional calendar days so that you can make the indicated payment. If the situation is not regularized within this period, we will be obligated to proceed with the suspension of the water service as of June 2, 2025 (...)".

From the foregoing, it is verified that a conflict exists between the Municipality of Paraíso and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and it eventually impacts the users of the canton of Paraíso, since, if the respondent institute, by virtue of the charge it is making to the municipality, suspends the water supply, the users would not have drinking water. What exists is a technical discussion on the merits regarding whether or not the charge that the respondent institute is making to the Municipality of Paraíso, retroactively from 2017 to date, is appropriate, by virtue of the agreement ARESEP issued at that time. Discussing the validity, application, scope, and content of the ARESEP report and whether it should be processed through one channel or another is a matter of legality, and it is not for the Constitutional Chamber to determine the scope of that ARESEP report, the modality in which the Municipality of Paraíso must pay, the amount, or the moment of said payment.

On the other hand, there is the provision of drinking water service and the right to access drinking water. In this case, we are not facing the provision of new drinking water services, nor suspensions for non-payment by users. At this moment, the users are unrelated to the problem arising between the Municipality of Paraíso and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and for this reason, they should not have to suffer the suspension of the drinking water service. The respondent institute's decision to suspend service to the Municipality of Paraíso would imply affecting the users of the canton of Paraíso. While it is true, the Chamber understands that there may be an eventual need for the municipality and the respondent institute to define the amount, when, and how it must be paid, this cannot transcend in any way to the users. In addition to the fact that the matter is under judicial review before the Administrative Litigation Court. A proceeding for a preliminary injunction (medida cautelar) was processed, under case file no. 25-002942-1027-CA-1, where the plaintiff is the Municipality of Paraíso and the defendant is the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. And the resolution at 11:10 a.m. on May 9, 2025, was issued ordering the preliminary injunction: "(...) The present request for a PRELIMINARY INJUNCTION ON A PROVISIONAL BASIS (MEDIDA CAUTELAR EN CARÁCTER DE PROVISIONALÍSIMA), filed by the MUNICIPALITY OF PARAISO, represented by MICHAELL ÁLVAREZ QUIRÓS; against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, is GRANTED. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025- 00410, OF FEBRUARY 24, 2025, WHICH CARRIES OUT THE CHARGE FOR BULK WATER SALES FROM 2017 TO JANUARY 2025, AND OFFICIAL COMMUNICATION GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025, IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE ADMINISTRATIVE ACTS INDICATED ABOVE, LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT THE SUSPENSION OF WATER SERVICE. IF A SUSPENSION HAS ALREADY OCCURRED, THE IMMEDIATE RESTORATION OF THE WATER SERVICE MUST BE PROCEEDED WITH (...)". Consequently, it is in that venue where what is legally appropriate will be discussed and resolved.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, it is appropriate to partially grant this appeal, solely with regard to the provision of drinking water service. As for the rest, the appeal is dismissed. (...)"

**Content of Interest:**

**Type of content:** Majority vote

**Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE

**Topic:** 021- Human life

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

**Topic:** 050- Environment

**Subtopics:**

NOT APPLICABLE.

ARTICLES 21 AND 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION

"(...) III.- ON THE RIGHT TO DRINKING WATER. First, it is appropriate to note that the right to access drinking water has been recognized in this venue in multiple jurisprudential decisions, and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

"(...) V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is stated in the Cairo International Conference on Population and Development (principle 2), and declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights ("Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: "Article 11. Right to a healthy environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services." The lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

By its part, as well recognized by both the Attorney General's Office and the AyA representative in their reports, recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority in the international field. It is held that without equitable access to a minimum requirement of drinking water, other established rights would be unattainable - such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of every person. Likewise, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights." It is also emphasized that the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to have sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

For their part, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access drinking water to meet their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equal opportunities for all to enjoy basic resources.

The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that "in developing and using water resources, priority must be given to the satisfaction of basic needs and the conservation of ecosystems. Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the 2002 Johannesburg Summit, governments committed to "employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services," without the cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. Likewise, there are dozens of international instruments that directly and indirectly relate to water as a human right of all persons and peoples, in such a way that it is not only a topic that by its nature tends toward nationalization, but also toward the internationalization of its use and utilization" (see judgment number 2006-5606 at 3:21 p.m. on April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that a fundamental right to drinking water exists, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be allowed the possibility of accessing drinking water services under conditions of equality, since water is essential for human life and health. Likewise, access to drinking water has been classified as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in ample constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on the fulfillment of Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that "the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, the States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to have sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use." Equally, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access drinking water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Action Plan); New Delhi Declaration on Drinking Water Supply and Environmental Sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21); Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Action Plan); United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action); Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Point 18); General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, approved by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, approved by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Objectives 6 and 7), etc. (…)" (see Judgment No. 2019017397 at 12:54 p.m. on September 11, 2019).

Additionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, Costa Rica expressly recognizes the right to drinking water at the constitutional level, in the following terms:

"(...) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth.

Everyone has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve this right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Everyone has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable to protect such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law to be created for these effects, and the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority (…)" (emphasis added).

On this matter, in Judgment No. 2020-03982 at 11:50 a.m. on February 26, 2020, this Court disposed of the legislative consultation related to the aforementioned partial reform of article 50 of the Political Constitution and indicated:

"(...) VIII.- On the content of the bill and its constitutional conformity. The partial constitutional reform bill presented by all 57 Deputies to the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitional provision in Title XVIII, Sole Chapter, Transitional Provisions of the Political Constitution, as follows:

"ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution, of November 7, 1949. The text is as follows:

Article 50.-

(...)

Everyone has the human, basic, and inalienable right of access to drinking water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable to protect such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law to be created for these effects, and the supply of drinking water for consumption by persons and populations shall have priority.

ARTICLE 2.- A new transitional provision is added to Title XVIII, sole chapter, Transitional Provisions, of the Political Constitution, related to article 50. The text is as follows:

Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with the law, as well as the rights derived from them, shall remain in force while a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water does not enter into force."

The proposal thus presented and already approved in the first debate, not only refers to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right expressly recognized therein, relates to access to drinking water, since it starts from the consideration of water – and especially drinking water – as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus aligning with what is indicated in Article 21 and in the first part of Article 50 of the Political Constitution, and the jurisprudential developments of this same Chamber deriving from such norms.

The Chamber warns that the right of access to water, and especially to drinking water, forms part of various pronouncements in the field of international human rights law, through different instruments with varying scope or legal nature, but which, by their own condition and by reason of the provisions of Article 48 of the Political Constitution, must necessarily be considered in relation to this matter. Thus, this right has been related and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; in the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights – Protocol of San Salvador –, and even in Convention 169 of the International Labour Organization itself. And in terms of general resolutions, there is, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through UN Resolution: E/C.12/2002/11, as well as United Nations General Assembly Resolution No. 70/169, of December 17, 2015, which expressly state that water must be "safe and of acceptable quality for personal and domestic uses," and access to "drinking water and sanitation for all people in a non-discriminatory manner."

In this sense, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is aligned with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different nature, hence its conformity with the legal progress shown in this regard at the international level, and that by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of the States, just as this constitutional reform proposal intends to formalize at that level.

It is important to note that reference is made to the proposal seeking to formalize the situation at the constitutional level, since certainly the issue of access to water, and to drinking water, is regulated in our country at the level of legality by a profuse regulatory framework ranging from the Law of Waters of 1942, the General Law of Drinking Water of 1953, the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of 1961, the General Health Law of 1973, the Law Creating SENARA of 1983, the Organic Law of the Environment of 1995, and the Forestry Law (Ley Forestal) of 1996, among others.

Likewise, the protection of the environment and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level must be emphasized, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life but also the consubstantial and necessary protection that must be provided by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) and the National Service for Groundwater, Irrigation and Drainage, to others of a broader nature such as the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy itself, the Ministry of Health, and the Municipalities of the country, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the integral protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption in compliance with the established parameters and the real possibilities of their effective supply – see, among many others, judgments of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.

It is important to note the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular condition as a public domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers to. Note that the normative proposal states that "water is a good of the Nation," that is, a good that belongs in general to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, a good that is diffused among all of society and its actors, a public domain good that requires not only full protection due to its condition of being essential for life, but also to allow its use for the various fields required, provided that due sustainability and its integral protection as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment are attended to. Note that the recognition of the human right is over drinking water, and it is then stated that water – thus, in general terms – is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this in any way implying the impossibility of using the resource for other types of purposes – agricultural, industrial, or development –, provided it is done in accordance with the provisions on the said right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and upon it, a human right of access to drinking water, from which it follows that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, it should be considered that, according to what has already been indicated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of the established parameters and according to the real possibilities of supply.

That is, as has been established in the abundant jurisprudence of this Chamber on the matter, although the recognition of access to potable water is configured as a human right, its effective provision may be subject to the concrete and specific possibilities of delivery, from which it follows that this access, recognized as fundamental, may well be subject to the fulfillment of specific conditions that in turn make it possible to guarantee the existence and preservation of this resource.

For this reason, the aforementioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of December 17, 2015, states in section 5 the exhortation to States to:

“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for individuals belonging to vulnerable and marginalized groups, on the grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income level and other relevant factors.” – highlighting not in the original-

This progressivity referred to in this resolution develops the analogous provision that, in conventional terms, is enshrined in the first paragraph of article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized herein by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” – emphasis added-

Thus, the legitimate regulation that permits adequate and orderly access to the potable water recognized here as a human right is valid, as it is a matter of promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

For this reason, the legislation regulating the matter –as could be the one thus proposed in the very paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed Transitory Provision XX–, must, at the appropriate time, necessarily be consistent with the set of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to potable water also as a human right that it is, so that certainly that legislation indicated therein must conform to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on this matter.

In this sense, in accordance with what is stated here, it is observed that the bill processed under legislative file 21,382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, and therefore it fits adequately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is consistent with the constitutional values and principles that guide it, without there being in any way any friction with those essential or core elements that inform and comprise the Law of the Constitution (…)”.

Likewise, it is appropriate to highlight what is established in General Comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, made at the 29th session held in Geneva between November 11 and 29, 2002, in which it was stated:

“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights emanating from, and indispensable for, the realization of the right to an adequate standard of living “including adequate food, clothing and housing”. The use of the word “including” indicates that this catalogue of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right contained in article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995)). The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1) and the right to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1). The right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to water, and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future generations.

12. While the adequacy of water required for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include drinking, personal sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household hygiene. The amount of water available for each person should correspond to World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water due to health, climate, and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sections of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other Covenant rights.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be disaggregated into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires the State to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States parties are also obliged to fulfil (provide) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action to realize this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through unsustainable extraction, diversion and damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by substances such as radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not interfere with access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may impinge upon water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification and increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States parties have a core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least a number of core obligations in relation to the right to water can be identified, which are of immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially for disadvantaged or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, safe and regular water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure personal security is not threatened when having to physically access water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action addressing the whole population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; it should include methods, such as right to water indicators and benchmarks, by which progress can be closely monitored; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give particular attention to all disadvantaged or marginalized groups;

g) To monitor the extent of the realization, or the non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular ensuring access to adequate sanitation (…)” (highlighting was added).

The foregoing is relevant in that the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, among them, quality, accessibility, and availability, as it is established that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the judgment of November 27, 2023, issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court ordered:

“(…) 121. Likewise, people enjoy the right to water free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes obligations on States consisting of: a) designing norms and policies that define water quality standards, and, more rigorously, in treated and residual waters, that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the pollution levels of bodies of water and, where appropriate, reporting possible risks to human health and ecosystem health; c) carrying out plans and, in general, undertaking all practices with the aim of controlling water quality, including the identification of its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the sustainable management of water resources. The Court equally considers that States must design their norms, plans, and measures for water quality control in accordance with the best available science, taking into account the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability, and, even, based on international cooperation.

122. As a complement to the above, the Court recalls that in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This follows from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow the derivation of rights from which, in turn, the right to water is derived. In this regard, the Court indicated that among these are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in the Universal Declaration of Human Rights in its Article 25 and in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), in its Article 11, and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that ‘access to water […] includes drinking, sanitation, washing clothes, food preparation, and personal and household hygiene,’ as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources due to health, climate, and work conditions.’ Likewise, that ‘access to water’ implies ‘obligations of progressive realization,’ but that ‘nevertheless, States have immediate obligations, such as ensuring [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.’ Furthermore, that States must provide protection against acts of private persons, so that third parties do not undermine the enjoyment of the right to water, as well as ‘guarantee a minimum essential amount of water,’ in those ‘particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control.’

124. At this point, the Tribunal specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and for their importance for other living organisms including human beings. The second facet recognizes the determining role that water has in human beings and their survival, and, therefore, protects its access, use, and benefit by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component starts from an ecocentric premise, while -for example- the right to drinking water and its sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets are interrelated, but, not in all cases, the violation of one necessarily implies the violation of the other.

125. On the other hand, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation of respect and guarantee, provided in Article 1.1 of the Convention, one of whose forms of observance consists of preventing violations. This obligation is projected into the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that their eventual violations are effectively considered and treated as an unlawful act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and inspect certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (highlighting was added). (…)”

VCG07/2025

... See more
Text of the resolution



File: 25-012671-0007-CO

Res. No. 2025019652

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five.

Amparo appeal filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, identity card CED02, Nombre03, identity card CED03, Nombre04, identity card CED04, Nombre05, identity card CED05, Nombre06, identity card CED06, DIEGO ALEJANDRO OBANDO SÁNCHEZ, identity card CED07, ÉDGAR GERARDO GARRO MARÍN, identity card CED08, Nombre07, identity card CED09, EVELYN ALICIA VIGOTT GONZÁLEZ, identity card CED10, FERMÍN ANTONIO QUIRÓS ORTEGA, identity card CED11, Nombre08, identity card CED12, Nombre09, identity card CED13, GEIZEL MARCELLA SÁNCHEZ QUIRÓS, identity card CED14, Nombre10, identity card CED15, Nombre11, identity card CED16, Nombre12, identity card CED17, Nombre13, identity card CED18, Nombre14, identity card CED19, Nombre15, identity card CED20, JOSÉ AUGUSTO RÍOS RUIZ, identity card CED21, JOSÉ IGNACIO GARRO HIDALGO, identity card CED22, KAREN TATIANA SÁNCHEZ QUIRÓS, identity card CED23, KATHIA VANESSA OBANDO SÁNCHEZ, identity card CED24, KATTIA ISABEL HIDALGO VALVERDE, identity card CED25, LUIS ARMANDO GARRO HIDALGO, identity card CED26, Nombre16, identity card CED27, MARÍA EUGENIA QUIRÓS SÁNCHEZ, identity card CED28, MARÍA JOSÉ ARAYA COTO, identity card CED29, MARIBEL GERARDINA CHAVES FONSECA, identity card CED30, MARICELA MARGARITA CALDERÓN GÓMEZ, identity card CED31, MARTA ELENA CERVANTES SOLANO, identity card CED32, Nombre17, identity card CED33, Nombre18, identity card CED34, ROXANA MARCELA LEIVA NAVARRO, identity card CED35, Nombre19, identity card CED36, SILVIA JOHANNA RÍOS RUIZ, identity card CED37, SONIA MAYELA NAVARRO PEREIRA, identity card CED38, WALNER FABRICIO QUESADA SÁNCHEZ, identity card CED39, WENDY ALICIA SERRANO CÁRDENAS, identity card CED40, WILLIAM ALBERTO MASÍS RIVERA, identity card CED41, YERLIN TATIANA CÁRDENAS SOLANO, identity card CED42, Nombre20, identity card CED43, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA).

WHEREAS:

1.- By brief received at the Secretariat of the Chamber on May 7, 2025, the petitioners file an amparo appeal against the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. They state that they are residents of Paraíso. They allege that the mayor of Paraíso has issued a communication on social media explaining that the ICAA is executing a multi-million dollar retroactive charge to the municipality, due to a problem with the rates approved in 2017 by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. They claim that through official letters nos. GG-2025-01114 and GG-2025-01151, the ICAA reiterated to the municipality that failure to make the aforementioned payment, as well as the subsequent bills, would result in the suspension of water service, which would affect at least 20,000 people. They state that, through these two official letters, the ICAA granted a first deadline of 3 business days and another of 10 calendar days, respectively, under penalty of cutting off the potable water service if payment was not made. They comment that upon “requesting the relevant explanations from the Municipal Mayor, it is explained to us that the problem lies in the fact that Nombre21 issued a report noting deficiencies in the AyA when establishing the rates for the provision of potable water service, for which reason that regulatory authority obligates the Institute to apply the rates set since 2017, to which the Municipality of Paraíso has explained that there is an underlying relationship between that Local Government and the AyA, a relationship that was established upon the signing of an agreement signed in 1987.” They state that, regardless of which institution is right in the conflict, they, in their capacity as users, remain current with the payment for the public service, so the threat of suspension of potable water is illegal and violates their fundamental right of access to potable water and the principles of continuity and efficiency in the public service. They argue that they will see “our right to potable water limited, not by supply problems, but by a unilateral decision of the AyA to force the Municipality of Paraíso to resolve a long-standing problem (...) With the measure to suspend the AyA water service, it is not the Municipality that is affected, but the administered individuals directly.”

2.- By resolution at 4:21 p.m. on May 21, 2025, the process is given course and reports are requested from the executive president and general manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as from the mayor and the person in charge of the Aqueduct, both of the Municipality of Paraíso, regarding the facts alleged by the petitioners.

3.- By briefs received through the Chamber's Online Management on May 28, 2025, Juan Manuel Quesada Espinoza and María Alejandra Mora Segura, respectively executive president and general manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, report under oath that: “(…) 1. The management of the bulk water supply began in 1982, when various municipalities, including the Municipality of Paraíso, requested the intervention of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to improve the drinking water supply in the Province of Cartago. This collaboration was formalized through Financing and Execution of Works agreements between AyA and the Municipalities of Cartago and Paraíso in 1987, and an addendum was formalized in 1997; the main objective was to obtain a loan from the Inter-American Development Bank (IDB), authorized by the Legislative Assembly, which enabled the creation of the current Municipal aqueduct and the improvement in the quality and coverage of water service for Cartago and Paraíso (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 2. Initially, AyA was responsible for setting the rates of municipal operators, supervising that these covered operating costs and investment plans; this role was crucial, since AyA was the debtor before the financial entities, and the municipalities, in turn, were debtors before AyA; subsequently, this scheme was modified with the creation of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and new interpretations of the Código Municipal, and currently, AyA is subject to ARESEP regulation, while municipalities, according to article 3 of the Código Municipal, are responsible for the administration of cantonal services, including drinking water. Thus, AyA historically used its own scheme for charging for the sale of water in large volumes to the Municipalities of Cartago, this due to the absence of a tariff schedule approved by ARESEP; however, as of October 20, 2017, through resolution RIA-010-2017, the Intendencia de Agua set the rates for this service, making it binding for all providers to adhere to this rate charge (See report No. UENSCMED-GAM-2025-00976). 3. In compliance with the legal obligations of regulation and accounting, financial, and technical oversight of the Intendencia de Agua, and in exercise of its authority before the actions of public service providers, this entity carried out a technical inspection that produced the issuance of the “Informe de la fiscalización de venta de agua a municipalidades por parte del Instituto Costarricense De Acueductos y Alcantarillados. GTI-2024-14459”, this report details significant findings highlighting the obligation of AyA to charge for services regulated by Nombre21 in accordance with the rates that this authority sets, without disavowing it through agreements or contracts, given its binding nature. Based on the foregoing, and in accordance with the rates approved by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, the calculation of the corresponding amounts for the water consumption provided to the Municipality of Paraíso during the periods from November 2017 to January 2025 was carried out (See report No. UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 4.

Through document UEN-SCMED-GAM-2025-00410 sent on February 24, 2025, the Municipality of Paraíso was notified of the calculation made; the pending amount totals ₡3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones with zero céntimos), corresponding to the sale of water during the periods from November 2017 to January 2025. The charge made is legally supported, in accordance with Article 14, subsections a) and c) of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, Law No. 7593, which establishes the obligation for providers to comply with provisions regarding service provision and to supply the information required by said law, also invoking Article 38, which establishes the conduct classified as the non-collection of tariffs and prices different from those set, authorized, and established by the regulatory entity (See report N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 5. Regarding the charge made for the periods from November 2017 to January 2025, both the Municipality of Paraíso and that of Cartago filed ordinary and extraordinary remedies with official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, which were addressed and answered by the institution with documents UEN-SC-GAM-2025-00183 and GG-R-2025-0227, concluding that, at the AyA level, the administrative route has already been exhausted. This Institute is aware of actions taken before the legislative branch and has been notified of the precautionary measure (medida cautelar) followed in Expediente N°25-002942-1027-CA, which has already been answered at that instance; however, this precautionary measure is related to the collection of the sums owed for the periods from November 2017 to January 2025, not with subsequent billings; it should be noted that this judicial proceeding must follow its course and the corresponding process (See report N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976). 6. The service is currently provided without issues, generating to date a pending amount for the sale of raw water to the Municipality of Paraíso totaling one hundred eighty-nine million colones, and regarding the billings for February, March, and April 2025, there is no technical or legal justification that prevents the collection of the invoices and therefore their payment. Likewise, as the Regulation for the Provision of Services (Reglamento de Prestación de Servicios), published in Gazette N°27, Supplement (Alcance) N°29 of February 9, 2021, is the regulatory framework for the commercial activities of AyA, it is imperative to point out what is stipulated in Article 108, which establishes non-payment of invoices as a cause for service suspension (suspensión del servicio). The invoice that expired on the past 20th of May of the current year, which remains unpaid, is what could generate the cause for service suspension, reserving the right for AyA to resort to other instances to execute the collection of the remaining sums owed, given that by law the services provided cannot be free. The institution has been open to discussing a payment agreement, without having received a positive response from the Municipality of Paraíso to date (See report N°UEN-SCMED-GAM-2025-00976) (...)”.

4- Through a writing received by the Online Filing (Gestión en Línea) system of the Court on May 30, 2025, Michael Álvarez Quirós and Víctor Meza Calderón, respectively Mayor and person in charge of the Municipal Aqueduct, both from the Municipality of Paraíso, inform under oath that: “(...) First: On February 24, 2025, the AYA forwarded to the Municipalities of Cartago and Paraíso Official Letter UEN-SCMED-GAM-2025-00410, in which the charge is made for the sale of water in large volume (gran volumen) 2017 to January 2025. Second: On February 25, 2025, through official letter AM-OF-194-2025/ALC-221-2025, both Municipalities presented their oppositions arguing statute of limitations (prescripción), ordinary remedies for revocation and appeal (recursos ordinarios revocatoria y apelación), as well as concomitant nullity (nulidad concomitante) against Official Letter No. UEN-SCMED-GAM-2025-00408 addressed to the Municipality of Cartago and against Official Letter No. UEN-SCMED-GAM-2025-00410, addressed to the Municipality of Paraíso, both signed by Luis Gustavo Cuadra Berrocal, UEN Customer Service Metering GAM, Raquel Anglieti Diaz, UEN Customer Service, and Alejandro Calderón Acuña, Assistant Management Systems Management GAM, all of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, for the charge for the sale of water in Large Volume, from November 2017 to January 2025. Third: On April 23, 2025, through resolution UEN-SCGAM-2025-00183, as of seven thirty hours on April 10, 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers resolved the statute of limitations exception and the ordinary remedy of revocation and concomitant nullity, against the collection action for services NIS5561478 (Cartago) and NIS5562057 (Paraíso), where in its operative part (por tanto) it declared the statute of limitations and ordinary remedy of revocation and concomitant nullity without merit and confirmed the notifications issued through official letters UEN-SCMED-GAM-2025-00408 and UEN-SCMED-GAM-2025-00410, maintaining the collection action for an amount of ¢3,275,453,917.00 (three billion two hundred seventy-five million four hundred fifty-three thousand nine hundred seventeen colones with zero céntimos). We are awaiting the knowledge and resolution of the subsidiary appeal (recurso de apelación en subsidio), which is relevant within the framework of administrative due process (debido proceso administrativo). There is again lis pendens (litis pendencia). Fourth: The AYA addressed Official Letters No. GG-2025-01114 of April 28 and GG-2025-01151 of April 30, both of 2025, issued by the General Management, to the Municipality of Paraíso in order to communicate that we have deadlines of three (3) business days and ten (10) calendar days, respectively, to proceed with the payment of the pending invoices, and if payment is not made, the suspension of the potable water service will be carried out, affecting more than 20,000 people in the Canton of Paraíso. Fifth: In response to this situation and facing the threat of suspension of the potable water service that would affect approximately that number of inhabitants of the canton, the Municipality filed a precautionary measure before the Contentious Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo), which is known under judicial expediente number 25-002942-1027-CA. Through the resolution at eleven hours ten minutes on the ninth of May, two thousand twenty-five, the Contentious Administrative Court granted and decreed it in its provisionalísima modality, suspending the effects of the contested administrative act, indicating the following in its operative part: “In accordance with the foregoing, cited laws invoked, THE present request for a PRECAUTIONARY MEASURE IN A PROVISIONALÍSIMA NATURE, filed by the MUNICIPALITY OF PARAISO, represented by Name22; against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, IS GRANTED. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025-00410, OF FEBRUARY 24, 2025, THE CHARGE FOR THE SALE OF WATER IN LARGE VOLUME 2017 TO JANUARY 2025 IS MADE, AND OFFICIAL LETTER GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025, IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE AFOREMENTIONED ADMINISTRATIVE ACTS, LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT THE SUSPENSION OF THE WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY TAKEN EFFECT, IT MUST PROCEED IMMEDIATELY TO THE HABILITATION OF THE WATER SERVICE. A hearing (audiencia) is granted for a period of THREE BUSINESS DAYS to the defendant party, for them to respond in writing (article 24.1 of the Contentious Administrative Procedure Code), PRIOR to carrying out the notification, the plaintiff party must provide a set of copies of all proceedings”. Sixth: That through resolution number GG-R-2025-0227, issued by the General Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the appeal filed by the Municipalities of Paraíso and Cartago is resolved, rejecting said impugning remedy and considering the administrative route exhausted. Seventh: That through Official Letter AM-OF-501-2025/ ALC-499-2025 from the Municipalities of Paraíso and Cartago, the remedy of absolute nullity for lack of jurisdiction and, subsidiarily, the remedy of clarification and amendment (aclaración y adición) are presented before the General Management of AYA against resolution number GG-R-2025-0227 of the General Management of AYA, so it is not true that the administrative route has been exhausted, it lies because the resolutions mentioned have not yet become final (firmeza). Eighth: Currently, said precautionary measure is in the process of final resolution, so any action by AyA that implies the suspension of the service is temporarily suspended until the Contentious Administrative Court rules once the AYA has ruled on such measure. Ninth: Through official letter number UEN-SCMED-GAM-2025-00960 from the UEN Customer Service Metering of the GAM of AYA, they notified the Municipality of the charge for the invoice of May 2025 for an amount of ₡46,985,022.00 (forty-six million nine hundred eighty-five thousand twenty-two colones), indicating that the service suspension would be carried out on June 2, 2025, in case of non-payment, which keeps the right of access to potable water for more than 20,000 people residing in the canton of Paraíso in suspense, even though the core of the conflict remains pending administrative and contentious resolution. Tenth: Through a writing presented on May 26, 2025, this party requested the extension of the provisionalísima precautionary measure granted by this Honorable Court in a resolution issued at 11:10 hours on May 9, 2025, within the present expediente. The requested extension aimed to order the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) to refrain from executing, applying, or deriving legal consequences from the new collection act identified in official letter UEN-SCMED-GAM-2025-00960, corresponding to the month of May 2025, as well as from issuing new acts of a similar nature and from making public or administrative threats regarding the suspension of the potable water service in the canton of Paraíso, while the aforementioned precautionary measure remains in effect. Eleventh: The Contentious Administrative Court, through a resolution issued at 16:02 hours on May 27, 2025, within expediente No. 25-002942-1027-CA, resolved to reject the request for extension of the provisionalísima precautionary measure filed by this Municipality. The reason for said rejection was that the measure initially granted only suspended the effects of the administrative acts identified as UEN-SCMED-GAM-2025-00410 and GG-2025-01114, without extending to subsequent acts such as the charges corresponding to the month of May 2025 (...)”.

5.- In the substantiation (substanciación) of the process, the prescriptions of law have been observed.

Writes (Redacta) Judge Araya García; and,

CONSIDERING (CONSIDERANDO):

I.- OBJECT OF THE APPEAL (RECURSO). The appellants claim that they are residents of Paraíso and were informed that the ICAA is executing a multimillion-dollar retroactive charge to the municipality, due to a problem with the tariffs approved in 2017 by the Regulatory Authority for Public Services. Failure to pay would generate the suspension of the water service, which would affect at least 20,000 people. They maintain that the threat of suspension of potable water is illegal and violates the right to access to potable water and the principles of continuity and efficiency in public service.

II.- PROVEN FACTS. Of relevance to resolve this amparo appeal (recurso de amparo), the following are taken as accredited:

a)    By official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 of February 24, 2025, the UEN Customer Service Metering GAM of the ICAA communicated to the Municipality of Paraíso the charge for the sale of water in large volume (gran volumen), from November 2017 to January 2025 (see evidence provided in the expediente).

b)   On an indeterminate date, the Municipality of Paraíso filed the remedies of statute of limitations (prescripción), revocation (revocatoria), and concomitant nullity (nulidad concomitante) against the collection action for service 5562057 (see evidence provided in the expediente).

c)    By resolution no. UEN-SC-GAM-2025-00183 at 7:30 hours on April 10, 2025, the UEN Customer Service GAM of the ICAA declared the remedies of statute of limitations, revocation, and concomitant nullity without merit (see evidence provided in the expediente).

d)   Through official letter no. GG-2025-01114 of April 28, 2025, the General Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers communicated the following to the Mayor of Paraíso: “(...) I allow myself to inform you that, to date, the Municipality of Paraíso is behind in payment of the receipts corresponding to service NIS 5562057, the last receipt having expired on April 21, 2025. …we have taken it upon ourselves to grant an additional period of three (3) business days, counted from the date of this communication, for you to proceed with the payment of the pending invoices (...)” (see evidence provided in the expediente).

e)    A precautionary measure (medida cautelar) process is being processed in the Contentious Administrative Court, under expediente no. 25-002942-1027-CA-1, where the Municipality of Paraíso appears as plaintiff and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers as defendant (see evidence provided in the expediente).

f)     By resolution at 11:10 hours on May 9, 2025, the Contentious Administrative Court issued a precautionary measure, stating the following: “(...) THE present request for a PRECAUTIONARY MEASURE IN A PROVISIONALÍSIMA NATURE, filed by the MUNICIPALITY OF PARAISO, represented by Name22; against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS, IS GRANTED. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025-00410, OF FEBRUARY 24, 2025, THE CHARGE FOR THE SALE OF WATER IN LARGE VOLUME 2017 TO JANUARY 2025 IS MADE, AND OFFICIAL LETTER GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025, IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE AFOREMENTIONED ADMINISTRATIVE ACTS, LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM CARRYING OUT ANY ACTION AIMED AT THE SUSPENSION OF THE WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY TAKEN EFFECT, IT MUST PROCEED IMMEDIATELY TO THE HABILITATION OF THE WATER SERVICE (...)” (see evidence provided in the expediente).

g)   Through official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 of May 22, 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers informed the Municipality of Paraíso of the following: “(...) in accordance with what is observed in the commercial system of AyA, the service identified with NIS 5562057, under the name of the Municipality of Paraíso, currently has several pending payments and one of them corresponds to the invoice issued on May 6, 2025 (for the water consumption of April 2025), for a total amount of ₡46,985,022.00, which expired on May 20, 2025. Despite previous collection actions taken and the deadlines granted to you for the regularization of the situation, the indicated payment has not yet been received. Therefore, and in compliance with current regulations, including the Regulation for the Provision of Services of AyA, we must suspend the service provided. However, with the purpose of avoiding affectations to the population of Paraíso, we have decided to grant you an extension of 10 (ten) additional calendar days so that you can make the indicated payment. If within this period the situation is not regularized, we will be obliged to proceed with the suspension of the water service as of June 2, 2025 (...)” (see evidence provided in the expediente).

III.- ON THE RIGHT TO POTABLE WATER. Firstly, it should be noted that the right of access to potable water has been recognized in this venue in multiple jurisprudence and its conventional and constitutional backing has been emphasized:

“(...) V.- The Court recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, to a healthy environment, to food, and to decent housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it explicitly appears in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (art. 24); furthermore, it is stated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in numerous other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American Human Rights System, the country is particularly obligated in this matter by what is provided in Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights (“Protocol of San Salvador” of 1988), which provides that: “Article 11. Right to a Healthy Environment 1.- Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services”. The lack of resources does not justify non-compliance with the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL COURT, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

For its part, as both the Attorney General’s Office and the representative of AyA rightly acknowledge in their reports, in the international field, the recognition of water as a human right and as a necessary precondition for all our human rights is also majority. It is argued that without equitable access to a minimum requirement of potable water, other established rights —such as the right to an adequate standard of living for health and well-being, as well as other civil and political rights— would be unattainable. In November 2002, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights affirmed that access to adequate amounts of clean water for domestic and personal use is a fundamental human right of all people. Likewise, in General Comment No. 15 on compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that \"the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights\". It is also emphasized that States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use.

Furthermore, several international conferences have been held, among which the United Nations Water Conference held in Mar del Plata in 1977 stands out, which recognized that all peoples have the right to access to potable water to satisfy their basic needs. Also, the Declaration on the Right to Development, adopted by the UN General Assembly in 1986, includes a commitment by States to ensure equality of opportunity for all to access basic resources.

The concept of meeting basic water needs was further strengthened during the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro. In Agenda 21, governments agreed that \"in developing and using water resources, priority must be given to the satisfaction of basic needs and the conservation of ecosystems.\" Similarly, in the Plan of Implementation adopted at the 2002 Johannesburg Summit, governments committed to \"employ all policy instruments, including regulation, monitoring... and cost recovery of water services,\" without cost recovery objectives becoming a barrier to poor people's access to clean water. There are also dozens of international instruments that directly and indirectly deal with water as a human right of all people and peoples, in such a way that it is not only an issue that by its nature tends towards nationalization, but also towards the internationalization of its use and exploitation” (see judgment number 2006-5606 at 15:21 hours of April 26, 2006).

From the foregoing, we can affirm that there is a fundamental right to potable water, derived from the fundamental rights to health, life, and a healthy environment, among others, by which all persons must be granted the possibility of accessing potable water services under conditions of equality, since it is essential for human life and health. Likewise, access to potable water has been catalogued as a fundamental human right by several international instruments, which has been recognized in ample constitutional jurisprudence. For example, as mentioned in the partially transcribed judgment, in General Comment No. 15 on compliance with Articles 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Committee noted that “the human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. Thus, States parties to the International Covenant have the duty to progressively fulfill, without any discrimination, the right to water, which entitles everyone to enjoy sufficient, physically accessible, safe, and acceptable water for domestic and personal use”. Equally, regarding this topic, we can find a vast number of international instruments that refer to the right to access to potable water, among which we can point out the following: United Nations Water Conference (Mar del Plata, Argentina, 1977, Plan of Action), New Delhi Declaration, on drinking water supply and environmental sanitation (India, 1990); United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992, Chapter 18 of Agenda 21), Dublin Declaration on Water and Sustainable Development (Ireland, 1992, Guiding Principles and Plan of Action), United Nations International Conference on Population and Development (Cairo, Egypt, 1994, Programme of Action), Johannesburg Declaration on Sustainable Development (South Africa, 2002, Pt. 18), General Comment No. 15: The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Geneva, 2002); Resolution 64/292, adopted by the United Nations General Assembly in 2010: The Human Right to Water and Sanitation; Resolution 70-169, adopted by the United Nations General Assembly in 2015: The human rights to safe drinking water and sanitation; United Nations Summit on Sustainable Development (New York, 2015, Goals 6 and 7), etc (...)” (see judgment No. 2019017397 at 12:54 hours of September 11, 2019).

Additionally, as of the entry into force of Law No. 9849 of June 5, 2020, the right to potable water is expressly recognized at the constitutional level in Costa Rica in the following terms:

“(...) ARTICLE 50.- The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and encouraging production and the most adequate distribution of wealth.

Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Therefore, they are entitled to denounce acts that infringe upon that right and to claim reparation for the damage caused.

The State shall guarantee, defend, and preserve that right.

The law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions.

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the nation, indispensable for protecting such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority (...)” (emphasis added).

On this matter, in judgment No. 2020-03982 at 11:50 hrs. of February 26, 2020, this Court evacuated (evacuó) the legislative consultation related to the mentioned partial reform of numeral 50 of the Political Constitution and indicated:

“(...) VIII.- On the content of the draft law and its constitutional conformity. The draft partial constitutional reform presented by all 57 Deputies of the Legislative Assembly consists of two articles that seek the addition of a final paragraph to Article 50 of the Political Constitution, as well as the incorporation of a new transitory provision in Title XVIII, Single Chapter, Transitory Provisions of the Political Constitution, as follows:

“ARTICLE 1.- A paragraph is added at the end of Article 50 of the Political Constitution of November 7, 1949. The text is as follows:

Article 50.-

(...)

Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a good of the Nation, indispensable for protecting such human right. Its use, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law that shall be created for these effects, and the supply of potable water for consumption by persons and populations shall have priority.

ARTICLE 2.- A new transitory provision is added to Title XVIII, single chapter, Transitory Provisions, of the Political Constitution, related to Article 50. The text is as follows:

Article 50 – XX. The current laws, concessions, and use permits, granted in accordance with law, as well as the rights derived from them, shall remain in force, until a new law regulating the use, exploitation, and conservation of water enters into force.”

The proposal thus presented and already approved in first debate refers not only to the express recognition of access to water as a human right but is directly related to the fact that this human right positively recognized therein is about access to potable water, since it is based on the consideration of water – and especially potable water – as an essential and intrinsic element for the life and health of people, thus being in line with what is stated in Article 21 and in the first part of Article 50 of the Political Constitution itself, and the jurisprudential developments of this same Court deriving from such norms.

The Court notes that the right of access to water, and especially to potable water, forms part of various statements in the field of international human rights law, through different instruments with different scope or legal nature, but that by their own condition and by virtue of the provisions of Article 48 of the Political Constitution, are necessarily to be considered regarding this matter. Thus, this right has been related to and referenced since 1972 in the so-called Dublin Declaration on Water and Sustainable Development; it was considered at the Rio Conference on the Environment of the same year 1972; at the Copenhagen Declaration on Social Development of 1995; it was validated at the First World Water Forum, through the Marrakech Declaration in 1997; while at the conventional level, specific provisions are found in subsection 1) of Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights –Protocol of San Salvador–, and even in Convention 169 of the International Labour Organization.

And in the area of general resolutions, there are, among others, the General Comment on the Right to Water, adopted by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights in November 2002 through resolution UN: E/C.12/2002/11, as well as Resolution 70/169 of the United Nations General Assembly, of 17 December 2015, which expressly state that water must be “safe and of acceptable quality for personal and domestic uses,” and access to “drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner.”

In this regard, it is valid to affirm that the proposed addition to Article 50 of the Constitution, insofar as it expressly recognizes the right of access to drinking water, is consistent with the legal developments on the matter shown at the international level and embodied in declarations, conventions, and resolutions of different kinds, from which its conformity arises with the legal progress shown in this respect at the international level, and because, by the very essence of public international law and international human rights law, such formulations have their direct impact on the internal sphere of the States themselves, just as this proposed constitutional reform aims to formalize at that level.

It is important to note that the reference is made to the fact that the proposal intends to formalize the situation at the constitutional level, since the issue of access to water, and to drinking water, is indeed regulated in our country at the legislative level by a profuse normative framework that ranges from the 1942 Water Law (Ley de Aguas), the 1953 General Drinking Water Law (Ley General de Agua Potable), the 1961 Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the 1973 General Health Law (Ley General de Salud), the 1983 Law Creating SENARA (Ley de Creación del SENARA), the 1995 Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and the 1996 Forest Law (Ley Forestal), among others.

Likewise, emphasis must be placed on the environmental protection and the right to water that the constitutional jurisdiction has developed at the jurisprudential level, highlighting not only the possibility of access to water as an essential resource for human life, but also the consubstantial and necessary protection that must be provided to it by the institutional framework in general, from specialized agencies such as the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental), and the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), to others of a broader nature such as the Water Directorate of the Ministry of Environment and Energy (Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía), the Ministry of Health, and the Municipalities of the country themselves, establishing the necessary coordination among them to ensure not only the comprehensive protection of water resources, but also their legitimate provision for human consumption in compliance with established parameters and the real possibilities of their effective supply –see, among many others, rulings of this Chamber, numbers 2003-4654, 2004-1923, 2009-262 and 2016-1791-.

It is important to point out the emphasis that the reform proposes not only in terms of recognizing access to drinking water as a human right, but also its particular status as a public-domain asset (bien demanial), in the same sense that the diverse legislation enunciated here already refers. Note that the normative proposal states that “water is an asset of the Nation,” that is, an asset that generally belongs to that immateriality included in the concept of Nation, and as such, an asset that is diffused throughout the entire society and its actors, a public-domain asset that requires not only full protection due to its status as essential for life, but also to allow its use for the various spheres that may be required, provided that due sustainability and its comprehensive protection are addressed as part of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Note that the recognition of the human right is over drinking water, subsequently stating that water –thus, in general terms– is indispensable to protect the human right recognized in the first part of the paragraph, without this implying in any way the impossibility of using the resource for other types of purposes –agricultural, industrial, or developmental–, provided that this is done in a manner adjusted to the provisions on the referred right to the environment and guaranteeing the existence of the adequate resource for drinking water. In other words, the existence of water is recognized and protected, and over it, a human right of access to drinking water, from which it results that the normative formulation intended to be incorporated recognizes not only the protection and possibility of using water in general terms, but also the recognition of access to drinking water as a human right.

On the other hand, it must be taken into consideration that, according to what has already been indicated, this access must be sought and provided in accordance with the prior fulfillment of established parameters and according to (sic) the real possibilities of supply. That is to say, just as it has been established in the copious jurisprudence of this Chamber on the matter, while the recognition of access to drinking water is configured as a human right, its effective provision can be subject to the concrete and certain possibilities of granting, from which it follows that this access recognized as fundamental can well be subject to the fulfillment of concrete conditions that in turn allow for guaranteeing the existence and preservation of this asset.

It is for this reason that the aforementioned resolution of the United Nations General Assembly, number 70-169, of 17 December 2015, states in its section 5 the exhortation to States to:

“Ensure the progressive realization of the human rights to safe drinking water and sanitation for all persons in a non-discriminatory manner while eliminating inequalities in access, in particular for persons belonging to vulnerable and marginalized groups, on grounds of race, gender, age, disability, ethnic origin, culture, religion and national or social origin or on any other grounds, with a view to progressively eliminating inequalities based on factors such as rural-urban disparities, residence in slums, income level and other relevant factors.” –the highlighting is not from the original-

This progressivity referred to in this resolution develops the homologous provision enshrined in conventional terms in the first paragraph of Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, by stating that:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.” –emphasis added-

Thus, the legitimate regulation that allows the adequate and orderly access to drinking water recognized here as a human right is valid, since it is a matter of promoting its progressive development in harmony with the right to a healthy and ecologically balanced environment.

It is for this reason that the legislation that regulates the matter –as could be the one thus proposed in the same paragraph intended to be added, and to which reference is made in the proposed Transitory Provision XX– must, at the appropriate time, necessarily be in accordance with the burden of values, principles, and express regulations that inform human rights, and access to drinking water also as a human right that it is, so that certainly that legislation indicated there must conform to the Law of the Constitution and to the provisions contemplated therein on the matter.

In this sense, in accordance with what has been indicated herein, it is appreciated that the bill being processed under legislative file 21.382 is in direct consonance with and development of the constitutional provisions on the right to a healthy and ecologically balanced environment, so it fits adequately into the same provision of Article 50 of the Constitution, and is in accordance with the constitutional values and principles that guide it, without in any way there being any friction with those essential or core elements that inform and integrate the Law of the Constitution (…)”.

Similarly, it is worth highlighting the provisions of general comment No. 15 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made at the 29th session held in Geneva between 11 and 29 November 2002, in which it was indicated:

“(…) 2. The human right to water is the right of everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic use. An adequate amount of safe water is necessary to prevent death from dehydration, to reduce the risk of water-related diseases and to provide for consumption, cooking, personal and domestic hygienic requirements.

3. In article 11, paragraph 1, of the Covenant, a series of rights are listed that emanate from the right to an adequate standard of living, "including adequate food, clothing and housing", and are indispensable for its realization. The use of the word "including" indicates that this enumeration of rights was not intended to be exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly because it is one of the most fundamental conditions for survival.

Moreover, the Committee has previously recognized that water is a human right protected by article 11, paragraph 1, (see General Comment No. 6 (1995))2. The right to water is also inextricably related to the right to the highest attainable standard of health (art. 12, para. 1)3 and to the rights to adequate housing and adequate food (art. 11, para. 1)4. This right should also be seen in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights, foremost amongst them the right to life and human dignity (…)

10. The right to water contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to maintain access to a water supply necessary for exercising the right to water and the right to be free from interference, such as the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water resources. By contrast, the entitlements include the right to a system of water supply and management that provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water.

11. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life and health, in accordance with articles 11, paragraph 1, and 12. The adequacy of water should not be interpreted restrictively, simply in relation to volumetric quantities and technologies. Water should be treated as a social and cultural good, and not fundamentally as an economic good. The manner in which the right to water is exercised must also be sustainable, so that this right can be exercised by present and future generations.

12. While the adequacy of water for the right to water may vary according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

a) Availability. The water supply for each person must be continuous and sufficient for personal and domestic uses. These uses ordinarily include consumption, sanitation, laundry, food preparation and personal and domestic hygiene. The quantity of water available for each person should correspond to the World Health Organization (WHO) guidelines. Some individuals and groups may also require additional water resources in connection with health, climate and work conditions.

b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be safe, and therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological hazards that constitute a threat to a person’s health. Furthermore, water should be of an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

c) Accessibility. Water and water facilities and services must be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State Party. Accessibility has four overlapping dimensions:

i) Physical accessibility. Water, and adequate water facilities and services, must be within safe physical reach for all sectors of the population. Sufficient, safe and acceptable water must be accessible within, or in the immediate vicinity, of each household, educational institution and workplace. All water facilities and services must be of sufficient quality, culturally appropriate and sensitive to gender, life-cycle and privacy requirements. Physical security should not be threatened during access to water facilities and services.

ii) Economic accessibility. Water, and water facilities and services, must be affordable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization of other rights recognized in the Covenant.

iii) Non-discrimination. Water and water facilities and services must be accessible to all, including the most vulnerable or marginalized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on any of the prohibited grounds.

iv) Information accessibility. Accessibility includes the right to seek, receive and impart information concerning water issues (…)

25. The obligation to fulfil can be subdivided into the obligations to facilitate, promote and provide. The obligation to facilitate requires that States Parties take positive measures to assist individuals and communities to enjoy the right. The obligation to promote obliges the State Party to take steps to ensure that there is appropriate education concerning the hygienic use of water, protection of water sources and methods to minimize water wastage. States Parties also have the obligation to provide (ensure) the right when individuals or a group are unable, for reasons beyond their control, to realize that right by themselves by the means at their disposal.

26. The obligation to fulfil requires States Parties to adopt the necessary measures directed towards the full realization of the right to water. This obligation includes, inter alia, according sufficient recognition of this right within the national political and legal systems, preferably by way of legislative implementation; adopting a national water strategy and plan of action for the realization of this right; ensuring that water is affordable for everyone; and facilitating improved and sustainable access to water, particularly in rural and deprived urban areas.

27. To ensure that water is affordable, States Parties must adopt the necessary measures that may include, inter alia: (a) use of a range of appropriate low-cost techniques and technologies; (b) appropriate pricing policies such as free or low-cost water; and (c) income supplements. Any payment for water services has to be based on the principle of equity, ensuring that these services, whether privately or publicly provided, are affordable for all, including socially disadvantaged groups. Equity demands that poorer households should not be disproportionately burdened with water expenses as compared to richer households.

28. States Parties should adopt comprehensive and integrated strategies and programmes to ensure that there is sufficient and safe water for present and future generations. Such strategies and programmes may include: (a) reducing depletion of water resources through extraction, diversion or damming; (b) reducing and eliminating contamination of watersheds and water-related ecosystems by radiation, harmful chemicals and human excreta; (c) monitoring water reserves; (d) ensuring that proposed developments do not impede access to adequate water; (e) assessing the impacts of actions that may affect water availability and natural-ecosystems watersheds, such as climate changes, desertification, increased soil salinity, deforestation and loss of biodiversity; (f) increasing the efficient use of water by end-users; (g) reducing water wastage in its distribution; (h) response mechanisms for emergency situations; and (i) establishing competent institutions and appropriate institutional arrangements to carry out the strategies and programmes. (…)

37. In General Comment No. 3 (1990), the Committee confirms that States Parties have a core obligation to ensure, at the very least, the satisfaction of minimum essential levels of each of the rights enunciated in the Covenant. In the Committee’s view, at least some core obligations can be identified in relation to the right to water, which have immediate effect:

a) To ensure access to the minimum essential amount of water, that is sufficient and safe for personal and domestic uses to prevent disease;

b) To ensure the right of access to water and water facilities and services on a non-discriminatory basis, especially regarding vulnerable or marginalized groups;

c) To ensure physical access to water facilities or services that provide sufficient, regular and safe water; that have a sufficient number of water outlets to avoid prohibitive waiting times; and that are at a reasonable distance from the household;

d) To ensure that personal security is not threatened when people have to physically access water;

e) To ensure equitable distribution of all available water facilities and services;

f) To adopt and implement a national water strategy and plan of action for the entire population; the strategy and plan of action should be devised, and periodically reviewed, on the basis of a participatory and transparent process; they should provide methods, such as the establishment of indicators and benchmarks, to closely monitor progress made; the process by which the strategy and plan of action are devised, as well as their content, shall give special attention to all vulnerable or marginalized groups;

g) To monitor the degree of realization, or non-realization, of the right to water;

h) To adopt relatively low-cost targeted water programmes to protect vulnerable and marginalized groups;

i) To take measures to prevent, treat and control diseases linked to water, in particular by ensuring access to adequate sanitation services (…)” (the highlighting was added).

The foregoing is relevant because the content of the right to water is detailed by outlining its characteristics, including quality, accessibility, and availability, as it is established that the human right to water implies sufficient supply for each person for personal and domestic use.

On the other hand, in the judgment of 27 November 2023 issued by the Inter-American Court of Human Rights in the case of the Inhabitants of La Oroya vs. Peru, that court ruled:

“(…) 121. Furthermore, persons enjoy the right for water to be free from levels of contamination that constitute a significant risk to the enjoyment of their human rights, particularly the rights to a healthy environment, health, and life. This substantive element of the right to a healthy environment imposes the obligation on States consisting of: a) designing standards and policies defining water quality standards and, more stringently, for treated and wastewater that are compatible with human health and the health of ecosystems; b) monitoring the contamination levels of water bodies and, if applicable, reporting possible risks to human health and the health of ecosystems; c) making plans and, in general, undertaking any practice aimed at controlling water quality, including identifying its main causes of contamination; d) implementing measures to enforce water quality standards, and e) adopting actions that ensure the sustainable management of water resources. The Court also considers that States must design their standards, plans, and water quality control measures in accordance with the best available science, attentive to the criteria of availability, accessibility, sustainability, quality, and adaptability, and, even, based on international cooperation.

122. As a complement to the foregoing, the Court recalls that in the case of the Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association Vs. Argentina, it was established that the right to water is protected by Article 26 of the American Convention. This arises from the norms of the OAS Charter, insofar as they allow for deriving rights from which, in turn, the right to water is derived. In this regard, the Court indicated that among those are the right to a healthy environment (supra para. 115), the right to adequate food, the right to health, and the right to participate in cultural life, which are protected by Article 26 of the Convention. This right is also recognized in Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and in Article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and finds support in the constitutions of the States of the region that recognize the rights to a healthy environment, health, and food.

123. Regarding its normative content of the right to water as an autonomous right, the Court has expressed that “access to water […] comprises ‘consumption, sanitation, laundry, food preparation and personal and domestic hygiene’, as well as for some individuals and groups also […] ‘additional water resources in connection with health, climate and work conditions’.” Likewise, that “access to water” implies “obligations of progressive realization”, but that “however, States have immediate obligations, such as guaranteeing [said access] without discrimination and adopting measures to achieve its full realization.” Furthermore, that States must provide protection against acts of private individuals, so that third parties do not undermine the enjoyment of the right to water, as well as “guarantee a minimum essential amount of water”, in those “particular cases of persons or groups of persons who are not in a position to access water by themselves […], for reasons beyond their control.”

124. At this point, the Court specifies that there is a close relationship between the right to water as a substantive facet of the right to a healthy environment and the right to water as an autonomous right. The first facet protects bodies of water as elements of the environment that have a value in themselves, as a universal interest, and due to their importance for other living organisms, including humans. The second facet recognizes the decisive role that water plays for human beings and their survival, and, therefore, protects their access, use, and enjoyment by human beings. In this way, the Court understands that the substantive facet of the right to a healthy environment that protects this component is based on an ecocentric premise, whereas -for example- the right to drinking water and sanitation is based on an anthropocentric vision. Both facets interrelate, but the violation of one does not necessarily imply the violation of the other in all cases.

125. Moreover, the Court recalls that the right to a healthy environment includes the right to clean air and water. This right is covered by the obligation to respect and to ensure, provided for in Article 1.1 of the Convention, one of the forms of observance of which consists of preventing violations. This obligation extends to the private sphere to prevent third parties from violating the protected legal interests, and encompasses all those measures of a legal, political, administrative, and cultural nature that promote the safeguarding of human rights and ensure that any eventual violations are effectively considered and treated as an illicit act. Along these lines, the Court has indicated that on certain occasions States have the obligation to establish adequate mechanisms to supervise and oversee certain activities in order to guarantee human rights, protecting them from the actions of public entities, as well as private persons. The obligation to prevent is one of means or conduct, and its non-compliance is not demonstrated by the mere fact that a right has been violated (…)” (the highlighting was added).

IV.- SPECIFIC CASE. The petitioners argue that they are residents of Paraíso and were informed that ICAA is executing a multi-million retroactive charge to the municipality, due to a problem with the tariffs approved in 2017 by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). Non-payment would generate the suspension of the water service, which would affect at least 20,000 people. They maintain that the threat of suspending drinking water is illegal and violates the right to access drinking water and the principles of continuity and efficiency in the public service.

In this regard, with respect to the grievances expressed by the petitioners, the amparo is delimited against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), since they filed the appeal against said authority, and this Constitutional Court, in accordance with the evidence brought to the case file, as well as the report rendered by the respondent authorities, considers that the petitioners are correct in their allegations, as will be set out below.

Indeed, it was verified that by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00410 of 24 February 2025, the UEN Customer Service Measurement GAM of the ICAA communicated to the Municipality of Paraíso the charge for the sale of water in bulk, from November 2017 to January 2025. Due to the foregoing, on an indeterminate date, the Municipality of Paraíso filed the appeals for statute of limitations, revocation, and concomitant nullity against the collection action for service 5562057. By resolution no. UEN-SC-GAM-2025-00183 of 7:30 a.m. on 10 April 2025, the UEN Customer Service GAM of the ICAA declared the appeals for statute of limitations, revocation, and concomitant nullity without merit. Likewise, by official letter no. GG-2025-01114 of 28 April 2025, the General Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) reiterated to the mayor of Paraíso the following: “(…) I hereby inform you that, as of today, the Municipality of Paraíso is overdue in the payment of the receipts corresponding to service NIS 5562057, with the last receipt having expired on 21 April 2025. …we have seen fit to grant an additional period of three (3) business days, counted from the date of this communication, for proceeding with the payment of the pending invoices (…).” And by official letter no. UEN-SCMED-GAM-2025-00960 of 22 May 2025, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) again indicated to the Municipality of Paraíso the following: “(…) according to what is observed in the AyA commercial system, the service identified with NIS 5562057, in the name of the Municipality of Paraíso, currently has several pending payments, and one of them corresponds to the invoice issued on 6 May 2025 (for water consumption in April 2025), for a total amount of ₡46,985,022.00, which expired on 20 May 2025. Despite the previous collection efforts made and the deadlines granted to you for the regularization of the situation, the indicated payment has not yet been received. Due to the foregoing and in compliance with current regulations, including the AyA Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios del AyA), we must suspend the service provided. However, with the purpose of avoiding impacts on the population of Paraíso, we have decided to grant a further extension of 10 (ten) additional calendar days so that you can make the indicated payment."

If within this period the situation is not regularized, we will be obliged to proceed with the suspension of the water service as of June 2, 2025 (…)”.

From the foregoing, it is confirmed that there is a conflict between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which eventually impacts the users of the canton of Paraíso, since, if the respondent institute, by virtue of the charge it is making to the municipality, suspends the water supply, the users would not have potable water. What exists is a substantive technical discussion on whether the charge that the respondent institute is making to the Municipality of Paraíso, retroactively from 2017 to date, by virtue of the agreement issued by Nombre21 at that time, is appropriate. Discussing the validity, application, scope, and content of the Nombre21 report and whether it should be processed through one channel or another is a matter of legality, and it is not for this Constitutional Chamber to determine the scope of that ARESEP report, the modality under which the Municipality of Paraíso must pay, the amount, or the timing of said payment.

On the other hand, there is the provision of potable water service and the right of access to potable water. In this case, we are not faced with the provision of new potable water services, nor with suspensions due to users’ lack of payment. At this time, the users are unconnected to the problem arising between the Municipality of Paraíso and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and for this reason, they should not have to suffer the suspension of the potable water service. The respondent institute’s decision to suspend service to the Municipality of Paraíso would entail an impact on the users of the canton of Paraíso. While it is true that the Chamber understands that there may be an eventual need for the municipality and the respondent institute to define the amount, when, and how payment should be made, this cannot in any way affect the users. This is compounded by the fact that the matter is already being litigated before the Administrative Contentious Court. A precautionary measure proceeding was processed under case file no. 25-002942-1027-CA-1, in which the Municipality of Paraíso appears as plaintiff and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados as defendant. And the ruling was issued at 11:10 a.m. on May 9, 2025, ordering the precautionary measure: “(…) THE present request for a PRECAUTIONARY MEASURE ON AN EXTREMELY PROVISIONAL BASIS, filed by MUNICIPALIDAD DE PARAISO, represented by Nombre22, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, is GRANTED. THE SUSPENSION OF THE EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE ACTS EN-SCMED-GAM-2025-00410, OF FEBRUARY 24, 2025, WHEREBY A CHARGE IS MADE FOR THE SALE OF WATER IN BULK VOLUME FROM 2017 TO JANUARY 2025, AND OFFICIAL LETTER GG-2025-01114 OF APRIL 28, 2025, IS ORDERED. THE DEFENDANT MUST REFRAIN FROM TAKING ANY ACTION AIMED AT COLLECTION RESULTING FROM THE ADMINISTRATIVE ACTS INDICATED ABOVE; LIKEWISE, IT MUST REFRAIN FROM TAKING ANY ACTION AIMED AT SUSPENDING THE WATER SERVICE. IN THE EVENT THAT A SUSPENSION HAS ALREADY TAKEN EFFECT, IT MUST IMMEDIATELY PROCEED TO RESTORE THE WATER SERVICE (…)”. Consequently, it is in that venue where the matter will be discussed and resolved as legally appropriate.

V.- CONCLUSION. Under this set of circumstances, it must be ordered that this appeal (recurso) be granted partially, solely with respect to the provision of the potable water service. As to the rest, the appeal is dismissed.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

POR TANTO:

The appeal is granted partially, solely with respect to the provision of the potable water service. Juan Manuel Quesada Espinoza and María Alejandra Mora Segura, in their order as executive president and general manager, both of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and Michael Álvarez Quirós and Víctor Meza Calderón, in their order as mayor and person in charge of the Acueducto Municipal, both of the Municipality of Paraíso, are ordered to establish the coordination instances within their respective spheres of competence, so that in the process of determining the existence of any debt between the Municipality and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and even in the event that such debt were to be determined, the provision of the potable water service to the users of the canton of Paraíso is not affected in any way and the supply of said liquid is guaranteed to them: the foregoing implies that, should any debt between the indicated institutions be formally proven, it must be pursued through the pertinent legal channels without affecting the indicated users in any way. The respondent authorities are warned that, in accordance with article 71 of the Ley de esta Jurisdicción, a penalty of three months to two years of imprisonment, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on whoever receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punishable. The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated upon the enforcement of the judgment from the administrative contentious proceeding. As to the rest, the appeal is dismissed. Notify.-

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.


Paul Rueda L.

Jorge Araya G.


Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.


Ana Cristina Fernandez A.

Digitally Signed Document
-- Verification code --

GSERJ43XDKAW61
EXPEDIENTE N° 25-012671-0007-CO

Phones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

Classification prepared by SALA CONSTITUCIONAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in a for-profit manner is prohibited.

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:26:14.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República