Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De lo expuesto, se tiene por acreditado que lo supra indicado, lesiona los derechos fundamentales de la recurrente, así como de los demás habitantes colindantes a los lotes baldíos del Dirección80. Esto debido a que, si bien las autoridades recurridas atendieron la denuncia dentro del ámbito de sus competencias, lo cierto del caso, es que no fue sino con ocasión del amparo que las mismas lograron mitigar la problemática de salubridad y seguridad que representaba la situación denunciada.
Así las cosas, este Tribunal estima que existe la infracción acusada; sin embargo, en vista de que con ocasión del amparo se realizaron una serie de acciones para erradicar la problemática y al constar la satisfacción de la recurrente con lo actuado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal.
English (translation)From the foregoing, it is proven that the situation injured the fundamental rights of the petitioner and other neighbors of the vacant lots. This is because, although the respondent authorities addressed the complaint within their powers, it was only on the occasion of the amparo that they managed to mitigate the health and safety problem represented by the situation.
Thus, the Court finds the alleged violation; however, given that on the occasion of the amparo, a series of actions were taken to eradicate the problem and the petitioner expressed satisfaction, it is appropriate to grant the appeal, as set out in the operative part of this Judgment.
V.- CONCERNING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION. On better consideration, the majority of the Chamber holds that the granting that operates ex lege, under paragraph 1 of Article 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction (LCJ), which provides: 'If, while the amparo is pending, an administrative or judicial decision is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared granted (...)', must be without special award of costs, damages or losses, based on the following considerations. Although there is an explicit legal text requiring the operative part to declare the appeal granted, it is also true that the same first paragraph of Article 52 states that the granting is ordered "solely for purposes of compensation and costs, if applicable". It is stressed that the Law states 'if applicable', meaning that the appropriateness of compensation and costs depends on an assessment or weighting by the Court.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06039 - 2025 Fecha de la Resolución: 28 de Febrero del 2025 a las 09:20 Expediente: 24-021152-0007-CO Redactado por: Ingrid Hess Herrera Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-021152-0007-CO Res. Nº 2025006039 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en el expediente N° 24-021152-0007-CO, interpuesto por Nombre35389, cédula de identidad CED16205, a favor de si misma y de Nombre35390, cédula de identidad CED16206; Nombre35391, cédula de identidad CED16207, menor de edad; Nombre35392, cédula de identidad CED16208; Nombre35393, cédula de identidad CED16209, persona adulta mayor, Nombre35394, cédula de identidad CED16210, persona adulta mayor; Nombre35395, cédula de identidad CED16211. Nombre35396, cédula de identidad CED16212 y Nombre35397, cédula de identidad CED16213, persona con condición de parálisis; contra el MUNICIPALIDAD DE LIBERIA Y EL MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO: 1.- Por escrito agregado al expediente digital de la Sala a las 18:54 horas del 04 de agosto de 2024, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Liberia y el Ministerio de Salud. Manifiesta que, son vecinos y se unieron para realizar una denuncia por la existencia de los lotes baldíos en la comunidad que se volvieron basurero y bunker de ventas ilegales. Reclama que no ha visto actuar alguno por parte de las instituciones tales como el Ministerio de Salud o la Municipalidad para regularizar la situación. Agrega que el 11 de junio del 2024 remitió denuncia por correo electrónico ante el Área Rectora de Salud de Liberia en la cual se indica lo siguiente: “(…) Por medio de la presente quiero denunciar el inadecuado mantenimiento de los lotes baldíos por parte de sus propietarios y la obligación del Gobierno Local de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Refiere que la situación se da en lotes baldíos pertenecientes al propietario Inversiones Viales y Solorzano S.A, Cédula Jurídica CED16204, situada aproximadamente 300 metros al sur del Súper Económico, Dirección80, Liberia, Guanacaste. O bien al costado oeste de la Escuela La Victoria. Desde el año pasado 2023 se construyeron casas de habitación cerca de los lotes baldíos de dicha Sociedad Anónima y en la actualidad habitan personas adultas mayores, niños, personas de alto riesgo y jóvenes que está en riesgo la salud, ya que, dichos lotes baldíos están desocupados y es utilizado por los vecinos como centro de acopio de basura. Además, se agrega que en el lote se concentran delincuentes que llegan a drogarse y en verano realizan quemas sin control que pueden quemar una casa de habitación y el humo es incontrolable para las personas asmáticas y deben acudir al centro médico más cercano, también agregar que es el escondite perfecto tanto para la delincuencia y para los zancudos y animales que rodean. Estos lotes baldíos se han convertido en un criadero de zancudos del dengue. Como también externar que se contactó a uno de los dueños de dichos lotes que es el señor Ricardo Viales, número de teléfono: Telf2956, pero no se obtiene respuesta sobre el mantenimiento de los lotes baldíos. Solicito que se programe una visita a los lotes por el mal manejo de los desechos sólidos, que en ocasiones me ha correspondido limpiar y recoger basura y así cuidar el ambiente y la salud de las familias. Si fuera necesario, que se ordene a la municipalidad que dicte al propietario limpiar y resguardar el bien inmueble. (…) Esperando una pronta respuesta de parte del Área Rectora de Salud de Liberia. He de considerar que en tiempo de invierno es mucho la propagación de zancudos del dengue y entre otras enfermedades. (…)”. El 17 de junio de 2024 ese Ministerio le comunica igualmente por correo electrónico que la inspección habría quedado programada para el 27 de junio de 2024. En esta fecha recibió correo electrónico del inspector encargado del Ministerio de Salud donde le comunica lo siguiente: “(…) se precedió a efectuar la visita de inspección para la atención de la denuncia N° D-134-2024. En forma paralela a la elaboración del informe técnico, se estarán llevando a cabo algunas averiguaciones inherentes al caso y otras diligencias administrativas, por lo cual, se requerirá algunos días para poder emitir conclusiones y por consiguiente, el informe final. En cuanto se tenga documentación que se le puesta remite a su personas, se le estará comunicando cuanto antes posible (…)”. Por otra parte, agrega que la Municipalidad de Liberia le informó el 13 de junio del 2024 que se había notificado al dueño de los lotes baldíos pero lamentablemente lo habían hecho a un correo desactualizado del dueño de los lotes y por ello no podrían proceder con la gestión, porque no contaban con el número y correo actualizado del dueño. Que después de esas fechas y desde antes al no contar con ninguna respuesta, se dio a la tarea de llamar al Ministerio de Salud, para consultar sobre su denuncia y la respuesta fue que eso no les correspondía a ellos y no tenían un informe concreto para responderle, así solo realizaron la visita o inspección al lugar, pero que la Municipalidad debería de intervenir en multar al dueño de los lotes. Que también se llamó a la Municipalidad a todos los números y hasta a contraloría de servicios y siempre cuando preguntaba por la denuncia, evadían las respuestas y le cortaban, se hacían que no escuchaban, también le contestaban que el encargado de su caso estaba de gira o en inspección y no podía contestar, que lo llamara a las 4:00 pm cuando ese es el horario de salida y aun así nadie contestaba. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso no se ha resuelto el problema denunciado. 2.- Mediante resolución de Presidencia de las 09:03 horas del 20 de agosto de 2024, se dio curso al proceso. 3.-Informa José Javier Calvo Darcia, alcalde de la Municipalidad de Liberia, lo siguiente:“(…) PRIMERO: Que de acuerdo con lo que indican las personas recurrentes, que son vecinos del cantón de Liberia específicamente de Dirección80, se unieron para realizar una denuncia por la existencia de lotes baldíos en dicha comunidad que se encuentran en un estado deplorable, lo cual dichos lotes baldíos se convirtieron en basureros a cielo abierto y bunker de ventas ilegales. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo que indica la recurrente, reclaman que no ha visto actuar alguno por parte de las instituciones tales como el Ministerio de Salud o la Municipalidad de Liberia lo cual son los entes regentes para regularizar dicha situación, lo cual de parte de la Municipalidad de Liberia se hace saber a esta honorable sala, que específicamente con respecto a los lotes baldíos en específico que menciona la recurrente se realizaron las respectivas notificaciones a la persona dueña de dichos baldíos, sin embargo no hubo respuesta alguna. TERCERO: Que de acuerdo a lo que indica la recurrente, el día 11 de junio del 2024, se remitió una denuncia vía correo electrónico ante el Área Rectora de Salud de Liberia lo cual se indica que no se ha dado un adecuado mantenimiento de los lotes baldíos por parte de sus propietarios, lo cual dichos lotes baldíos son pertenecientes al propietario Inversiones Viales y Solorzano S.A con cedula jurídica CED16204, lo cual dicha propiedad se encuentra ubicada en Dirección80 , lo cual se ha hecho saber que dichos inmuebles se han convenido una gran problemática para vecinos de dicha comunidad, ya que los baldíos se utilizan por personas antisociales para consumir drogas, realizar quemas en verano lo cual es evidente que afecta la salud de las personas de la comunidad, lo cual por parte de la Municipalidad se ha intentado comunicar con las personas encargadas de dichos baldíos pero no se ha tenido comunicación alguna con la persona responsable de dichos baldíos. CUARTO: Que la recurrente indica que en fecha de 17 de junio de 2024 el Ministerio de Salud indica mediante vía correo electrónico que se habría programado una inspección para el día 27 de junio del 2024 , lo cual se recibió dicha inspección y se comunica que se va a realizar un informe técnico, y realizando las averiguaciones administrativas del caso para llegar a una solución de la problemática que acarrean los vecinos de dicha comunidad, lo cual por parte de la Municipalidad de Liberia se ha tratado de tener comunicación con el dueño de dicho inmueble pero no ha existido respuesta alguno ni tampoco ningún tipo de comunicación entre la Municipalidad y el dueño de dichos baldíos. QUINTO: Que la recurrente indica que en fecha de 13 de junio de 2024 se había notificado por parte de la Municipalidad de Liberia, sin embargo dicha notificación no se pudo dar como acreditada ya que en las bases de datos que cuenta la Municipalidad de Liberia la información que se tiene por pane del dueño de los baldíos que se interponen las denuncias , no se encuentran actualizados ni los teléfonos ni los corres electrónicos de la persona que se pretendía notificar, por lo cual dicha notificación no se pudo acreditar ya que no se tenían los datos actualizados del destinatario que se pretendía notificar para hacerle saber de la limpieza de dichos baldíos SEXTO: Que la recurrente indica que posteriormente indicada en líneas atrás no se contó con ninguna respuesta , por lo cual se dio a la tarea de llamar al Ministerio de Salud, lo cual solo se le indica que se realizaron inspecciones en el lote baldío que respecta a dicha denuncia, cabe mencionar que por parte de la Municipalidad de Liberia no se ha realizado una inspección al lote en específico que se menciona, sin embargo si se han realizado inspecciones a otros lotes que si son patrimonio de la persona denunciada, ya que dicha persona cuenta con una cantidad significativa de inmuebles en el cantón de Liberia, lo cual mediante acta de inspección numero 0000047 lo cual se realizó una inspección en Dirección1097 lo cual dicha propiedad pertenece a inversiones Viales y Solorzano, también mediante acta de inspección numero 0000042 también se realizó acta de inspección en Dirección1962 lo cual también dicho inmueble pertenece a inversiones Viales y Solorzano, lo cual es evidente que al menos dos de todas las propiedades que tiene dicha persona en el cantón de Liberia se han realizado inspecciones y se han levantado las respectivas actas de inspección siguiendo el procedimiento administrativo correspondiente, sin embargo no ha sido posible dar con el dueño registral de dichas propiedades ya que no se cuenta con los registros actualizados de los datos para poder notificar al propietario del dueño registral. SETIMA: Que la recurrente indica que también se llamó a la Municipalidad de Liberia a todos los números y hasta a la contraloría de servicios de la Municipalidad de Liberia, y siempre cuando se preguntaba por la denuncia que existe , evadían las respuestas y le cortaban, o se hacían que no escuchaban, lo cual esto no es cierto, en la contraloría de servicios no se tiene registro de una denuncia formal puesta por dicha persona ante dicho departamento, por parte de la Municipalidad de Liberia siempre ha sido comprometido con el cantón de Liberia de darle seguimiento a todas las denuncias y solicitudes que emanan de los administrados, en el caso en específico por parte de la contraloría de servicios y los departamentos involucrados en dicho tema no se han recibido llamas de la persona recurrente mucho menos cortarle el teléfono o no darle respuesta alguna a dicha solicitud OCTAVO: Que mediante oficio número INSP-04-2024, se le hace saber y se le previene al dueño registral de dichos lotes baldíos, que en base a lo establecido en el Código Municipal específicamente en el artículo 84 de dicho cuerpo normativo, se le concede un plazo de 8 Días naturales, esto con el fin de que se proceda con la limpieza de la vegetación en las propiedades, de igual forma darles el mantenimiento constante con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos, dicha prevención se le notifica mediante vía correo electrónico lo cual por parte de la Municipalidad de Liberia el departamento de inspectores logró recabar nueva información y se señaló un nuevo medio de notificación lo cual se brindó un nuevo correo electrónico y número de teléfono. Es así como no se han violentado los derechos fundamentales de la recurrente, ya que nos ajustamos al principio de Legalidad y a las normas Constitucionales, por cuanto la Municipalidad actúa dentro de sus competencias, respetando lo establecido por el legislador (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 4.- Informa Luis Enrique Díaz, director del Área Rectora de Salud Liberia, lo siguiente:“(…) PRIMERO- Que en fecha 21 de agosto del año 2024, se recibió en el Área Rectora de Salud Liberia, Recurso de Amparo tramitado en el expediente N° 24-021152- CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante notificación personal a las oficinas del Área Rectora de Liberia. SEGUNDO- Que la persona recurrente presento una denuncia en el Área Rectora de Liberia, el 11 de junio 2024 mediante correo electrónico (D-134-2024), por un inadecuando mantenimiento de lotes baldíos en Dirección80, por parte del propietario, que sirven como acopios de basura, además se concentran delincuentes que llegan a drogarse y que en verano se realizan quemas sin control y que esos lotes se han convertido en un criadero de zancudos del dengue. TERCERO- El 17 junio 2024, mediante correo electrónico se le informo a la recurrente, que se programó una visita de inspección para el 27 junio 2024 a las 8:30 am. CUARTO- El 27 de junio 2024, mediante correo electrónico se le informa a la recurrente que se realizó visita de inspección y que se estarían realizando averiguaciones inherentes al caso y otras diligencias administrativas. QUINTO- EL 27 junio 2024, se consulta mediante correo electrónico a la encargada de vigilancia epidemiológica referente a dengue, si existen casos confirmados de dengue en el sitio de la denuncia, en la cual indica que solo existe un caso sospechoso de dengue, y que a la fecha de hoy no se ha reportado como positivo. SEXTO- Como parte de las diligencias para la atención de la denuncia en mención el Lic Hernández Mora envía correo electrónico el 3 de julio de 2024 al señor Kenneth Miranda Espinoza quien funge como jefe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Liberia solicitando información vinculada a la propiedad denunciada tales como nombre del propietario o representante legal, dirección física, dirección electrónica y número de teléfono para localizar al representante legal o dueño, sin embargo aún al día de ingresar el recurso de amparo no se recibió respuesta por parte del funcionario municipal. SETIMO- El 21 de agosto de 2024 se realiza una nueva visita de inspección al sitio denunciado encontrando que se presentan las mismas condiciones encontradas en la visita del 27 de junio. OCTAVO- El 23 agosto 2024 se realiza oficio MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024 de traslado del caso a la Municipalidad de Liberia para que este aplique el procedimiento administrativo correspondiente a lo indicado en el artículo 84 del código municipal y se nos informe cuando la situación este resuelta. Para que procedan con la limpieza completa del sitio en vista que no ha brindado la respuesta que les fue solicitada vía correo electrónico el 03 de julio 2024, siendo necesario que se aplique en dicho caso lo contenido en la normativa municipal al desconocerse el dueño o propietario del sitio en cuestión (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 5.-Mediante escrito incorporado al sistema el 10 de setiembre de 2024, el recurrente expone, lo siguiente: “Sigo con la inconformidad de los lotes baldíos de la localidad en donde vivo. Esta inconformidad es tanto de los vecinos como de mi parte que exponemos estas inquietudes. Al parecer ya realizaron el mantenimiento de los famosos lotes baldíos de mi comunidad, pero no en la parte donde estamos reportando. Se adjuntarán fotografías de donde hicieron una ronda y otra parte la dejaron con el charral y con los desechos sólidos que recalcamos. Considerando esto una falta de respeto hacia los vecinos que reportamos esta inconformidad y una burla hacia nosotros. He de destacar que las entidades como el Ministerio de Salud da cerrado el caso para archivarse, pero no nos están amparando como ciudadanos y con el derecho de tener por defender lo que no estamos de acuerdo. Hay basura sólida que se puede convertir en criaderos de zancudos y aun así dicen que no hay basura sólida. Los invito a que visiten los lotes correctos que denunciamos como vecinos y no solamente por encima y otros lotes donde no hay construcción que fueron los que el dueño o alguien realizó el mantenimiento (…). Nuestras casas siguen siendo obstruidas por el charral de los lotes baldíos. No realizaron chapeas en la parte donde recalcamos la inconformidad también y siguen escondiéndose personas detrás de la propiedad de los vecinos que nos unimos. Y consideramos que es una burla hacia nosotros por no chapear a nuestro lado y que pertenece a los verdaderos dueños de esos lotes baldíos (…). : Como vecinos solicitamos que, si realizan los mantenimientos a estos lotes, que los hagan de la manera más adecuada y no nos sigan burlando con solo pasar por un borde o de realizar mantenimiento a los lotes sin construcción, porque como vecinos nos vemos afectados de este mal mantenimiento y de los desechos sólidos que tiran las personas como si fuera un basurero municipal. Las entidades solo realizan visita por encima y toman fotografías donde es conveniente (…). 6.- Mediante resolución de las 11:50 horas del 07 de febrero de 2025, se solicitó prueba para mejor resolver a Luis Enrique Mayorga Díaz, director del Área Rectora de Salud de Liberia y a José Javier Calvo Darcia, Alcalde Liberia. 7.- Informa Luis Enrique Díaz, director del Área Rectora de Salud Liberia, lo siguiente: “PRIMERO- Que en fecha 10 de febrero del año 2025, se recibió en el Área Rectora de Salud Liberia, Recurso de Amparo tramitado en el expediente N° 24-021152- 0007-CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante correo electrónico del departamento de asuntos jurídicos del Ministerio de Salud. SEGUNDO- El 12 de febrero 2025, se realiza informe técnico MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0038-2025, de acuerdo con lo documentado en el expediente para informar de lo solicitado (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 8.-Informa José Javier Calvo Darcia, alcalde de la Municipalidad de Liberia, lo siguiente: “(…) PRIMERO: Respecto a lo solicitado por la Honorable Sala Constitucional con respecto a la denuncia presentada por la señora Nombre35389 cédula de identidad CED16214 y OTROS. La Sala Constitucional solicita como prueba para mejor resolver en el presente asunto las actuaciones que se han realizado por parte de esta Corporación de acuerdo a lo actuado detallo lo siguiente: Por parte del Gestor Ambiental de la Municipalidad de Liberia Augusto Otárola Guerrero indica en su oficio SGA-039-02-2025 del 11 de Febrero del 2025 detalla que por la situación denunciada por la señora Nombre35398 en cuanto a esta situación sucede en lotes privados aledaños donde ha sido difícil ubicar a las personas inescrupulosas donde ha sido dificil ubicar a las personas inescrupulosas que arrojan residuos sólidos ordinarios y no tradicionales en esos lotes. Además de que se va a realizar más inspecciones periódicas para tratar de identificar a los infractores pero lamentablemente según se indagó que los actos suceden principalmente de noche o fines de semana. Nuestro Gestor Ambiental recalca la imposibilidad de ingresar a predios privados a limpiar residuos o a colocar rótulos de " no botar basura " por el carácter privado de ellos. Además en lo que respecta b a la notificación de los propietarios tal como o establece el Código Municipal en el artículo 84 y 85 para que se mantengan los lotes limpios y cercados, ha sido la unidad inspectora municipal la que ha realizado esas actividades, siendo efectiva su actuación y debidamente documentada. Se adjunta el documento respectivo. SEGUNDO: Según oficio de fecha: Liberia, Dirección1963 OFICIO: INSP-04-2024 dirigido a Inversiones Viales y Solorzano S.A Cedula: CED16204, el señor Ariel García Viales, encargado de la Unidad de Inspecciones de la Municipalidad De Liberia, nace de conocimiento que a nivel administrativo se está efectuando seguimiento debido solicitudes aquejadas por lotes ubicados en el sector de Dirección80, específicamente al costado oeste de la Escuela, dichos lotes actualmente se encuentran enmontados, por lo que es necesario se realice el mantenimiento. Se aprovecha el espacio para mencionar que en apego al Código Municipal en su Artículo 84; Cita: De conformidad con el plan regulador municipal, las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier título de bienes inmuebles. Deberán cumplir las siguientes obligaciones: a) Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a orillas de las vías públicas y recortar la que perjudique o dificulte el paso de las personas. b). Cercar y limpiar tanto los lotes donde no naya construcciones como aquellos con viviendas deshabitadas o en estado de demolición. h) Garantizar adecuadamente la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de propiedades, cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a terceros relacionados con ellas. Por tanto, en base a lo establecido en el Código Municipal, se le concede un plazo de 8 Días naturales, esto con el fin de que se proceda con la limpieza de la vegetación en las propiedades, de igual forma darles el mantenimiento constante con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos. Según los correos electrónicos por parte de nuestro departamento de Inspección Municipal se le notificó al señor Ricardo Viales Solórzano al correo electrónico: ...201 y en fecha viernes 23 de Agosto de 2024 el señor contribuyente representante de esas propiedades manifiesta que estaban trabajando por realizar la chapia. Se adjunta la contestación del señor Ricardo Viales Solorzano. TERCERO. En fecha Liberia, 23 de agosto de 2024 según OFICIO: INSP-05-2024 dirigido Lic. Ronald Morales García de Departamentos Jurídicos Municipalidad De Liberia Asunto: Notificación de Lotes Enmontados el Departamento de Inspecciones de la Municipalidad de Liberia brinda información conforme a las gestiones realizadas por la Unidad de Inspecciones en el proceso de notificación de lotes enmontados propiedad de la Sociedad Inversiones Viales y Solorzano. De acuerdo sus registros de actas, contamos con dos notificaciones a esta sociedad que tienen que ver con otras propiedades, más un oficio el cual adjuntó donde se solicitó la limpieza de los lotes que tiene que ver con este proceso. Mismo fue notificado por correo (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 9.-En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la Magistrada Hess Herrera; y, CONSIDERANDO: I.- CUESTIÓN PRELIMINAR. Antes de analizar el fondo del asunto –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia nro. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una denuncia por un problema, que involucra el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud, que alega la parte recurrente no ha sido resuelta en forma definitiva. II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente manifiesta que, los vecinos de la comunidad se unieron para realizar una denuncia por la existencia de lotes baldíos que se convirtieron en basureros y “bunkers” de productos ilegales. Expone que, el 11 de junio de 2024 remitió una denuncia por correo electrónico ante el Área Rectora de Salud de Liberia y que el 17 de junio de 2024, dicha dependencia le comunicó que la inspección había quedado programada para el 27 de junio de 2024. Comenta que, en fecha señalada se le informó que, de forma paralela a la elaboración del informe producto de la inspección, se estaría realizando una serie de averiguaciones, por lo cual se le estaría comunicando los resultados a la brevedad. Señala que, el 13 de junio de 2024, la Municipalidad de Liberia le informó que se había notificado al dueño de los lotes baldíos, pero como lo habían hecho a un correo desactualizado no podían proceder con la gestión. Por lo cual, al no contar con una respuesta positiva, se dio a la tarea de llamar al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Liberia; sin embargo, acusa que a la fecha de interposición de este recurso no se ha resuelto el problema denunciado. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a)El 11 de junio de 2024, la recurrente presentó una denuncia, por medio de correo electrónico, ante el Área Rectora de Salud de Liberia, por el inadecuado mantenimiento de unos lotes baldíos en el Dirección80 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). b) El 17 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia informó a la recurrente por correo electrónico, que se programó una inspección para el 27 de junio de 2024 (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). c) El 27 de junio de 2024, el Área Rectora Salud de Liberia comunicó a la recurrente a través del correo electrónico, que se realizó la visita de inspección y que se estarían realizando las averiguaciones inherentes al caso y otras diligencias administrativas (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). d) El 27 de junio de 2024, el Área Rectora de Liberia consultó mediante correo electrónico a la encargada de vigilancia epidemiológica, si existían casos confirmados de dengue en el sitio de la denuncia (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). e) El 03 de julio de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia solicitó por medio de correo electrónico, al jefe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Liberia, información vinculada a la propiedad denunciada con el fin de localizar al representante legal del inmueble (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). f) La resolución de las 09:03 horas del 20 de agosto de 2024, que dio curso al proceso, le fue notificada a las autoridades recurridas el 21 de agosto de 2024 (véase al respecto las actas de notificación adjuntas). g) El 21 de agosto de 2024, el Área Rectora de Liberia realizó una nueva inspección al inmueble denunciado, encontrando las mismas condiciones de la visita del 27 de junio de 2024(véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). h) El 22 de agosto de 2024, la Municipalidad de Liberia notificó a Ricardo Viales Solórzano-representante legal de las propiedades denunciadas-, el oficio No.INSP-04-2024, por medio del correo electrónico ..., en el cual se indicó: “ (…) en base a lo establecido en el Código Municipal, se le concede un plazo de 8 días naturaleza, esto con el fin de que se proceda con la limpieza de la vegetación en las propiedades, de igual forma darles el mantenimiento constante con el fin de garantizar la seguridad a los vecinos (…)”. (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). i) El 23 de agosto de 2024, el Área Rectora de Liberia trasladó el oficio No.MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024, a la Municipalidad de Liberia, con el objetivo de que se aplicara el procedimiento administrativo que establece el artículo 84 del Código Municipal (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). j) El 23 de agosto de 2024, el representante legal de las propiedades denunciadas comunicó a la Municipalidad de Liberia, que: “(…) en el tema de los lotes en cuestión se han buscado 3 contratistas diferentes en los últimos 45 días y estos han quedado mal, se está a la espera de que este fin de semana vaya otro señor para para coordinar las chapias de los mismos a la brevedad posible. De realizarse la vista por el contratista la chapia se estaría realizando en los próximos días (…)” (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). k) El 05 de setiembre de 2024, el equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia, realizó una inspección de seguimiento en el inmueble denunciado (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). l) Mediante el informe técnico MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0362-2024, del equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia, se desprende que: “(…) el terreno en cuestión al momento de la visita luce chapeado y sin residuos sólidos acumulados por lo que concluye que la situación denunciada fue solucionada por lo que recomienda archivar el expediente respectivo (…)” (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). m)El 06 de setiembre de 2024, mediante correo electrónico, el equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia notificó a la recurrente sobre el archivo de la denuncia debido a que el terreno objeto de denuncia ya había recibido mantenimiento (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). n) El 07 de setiembre de 2024, la recurrente comunicó por correo electrónico al equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia, que algunos lotes recibieron mantenimiento, pero el colindante a ella no, por lo cual, solicitó una nueva visita al sitio (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). o) El equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia coordinó con la tutelada una reunión para el jueves 19 de setiembre de 2024, para analizar el sitio que no recibió mantenimiento (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). p) El 19 de setiembre de 2024, en la inspección programada se generó el informe técnico MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0519-2024, en el cual se anotó que los lotes ya habían recibido mantenimiento y que la tutelada mostró satisfacción con lo actuado y estuvo de acuerdo con el archivo del caso (véase al respecto el informe rendido bajo juramento y prueba aportada). IV. SOBRE EL CASO EN CONCRETO. Del informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades recurridas, bajo los apercibimientos, incluso penales, señalados en el numeral 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y la documentación aportada al expediente, se tiene por acreditado que el 11 de junio de 2024, la recurrente presentó una denuncia, por medio de correo electrónico, ante el Área Rectora de Salud de Liberia, por el inadecuado mantenimiento de unos lotes baldíos en el Dirección80 y que el 17 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia informó a la recurrente, a través de correo electrónico, que se programó una inspección en el sitio para el 27 de junio de 2024. Asimismo, se verificó que el 27 de junio de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia comunicó a la recurrente a través de correo electrónico, que se realizó la visita de inspección y que se estarían realizando las averiguaciones inherentes al caso y otras diligencias administrativas; y consultó a la encargada de Vigilancia Epidemiológica, si existían casos confirmados de dengue en el sitio de la denuncia. Seguidamente se denotó que, el 03 de julio de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia solicitó por medio de correo electrónico, al jefe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Liberia, información vinculada a la propiedad denunciada con el fin de localizar al representante legal del inmueble y que el 21 de agosto de 2024, realizó una nueva inspección al inmueble con el mismo resultado de la visita del 27 de junio de 2024. Por otro lado, el 22 de agosto de 2024, la Municipalidad de Liberia notificó a Ricardo Viales Solórzano-representante legal de las propiedades denunciadas-, el oficio No.INSP-04-2024, por medio del correo electrónico ... , en el cual se le indicó:”(…) en base a lo establecido en el Código Municipal, se le concede un plazo de 8 días naturaleza, esto con el fin de que se proceda con la limpieza de la vegetación en las propiedades, de igual forma darles el mantenimiento constante con el fin de garantizar la seguridad a los vecinos (…)”; no obstante, el 23 de agosto de 2024, el Área Rectora de Salud de Liberia trasladó el oficio No.MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024, a la Municipalidad de Liberia, con el objetivo de que se aplicara el procedimiento administrativo que establece el artículo 84 del código municipal. En virtud de lo anterior, el 23 de agosto de 2024, el representante de las propiedades denunciadas comunicó a la Municipalidad de Liberia, que: “(…) en el tema de los lotes en cuestión se han buscado 3 contratistas diferentes en los últimos 45 días y estos han quedado mal, se está a la espera de que este fin de semana vaya otro señor para para coordinar las chapias de los mismos a la brevedad posible. De realizarse la vista por el contratista la chapia se estaría realizando en los próximos días (…)”. Finalmente se verificó que el 05 de setiembre de 2024, el equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia, realizó una inspección de seguimiento en el inmueble denunciado, de la cual se generó el informe técnico MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0362-2024, por lo cual, el 06 de setiembre de 2024, mediante correo electrónico, el equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia notificó a la recurrente sobre el archivo de la denuncia debido a que el terreno objeto de denuncia ya había recibido mantenimiento. En virtud de lo anterior, el 07 de setiembre de 2024, la recurrente comunicó por correo electrónico al equipo de regulación de la salud del Área Rectora de Salud de Liberia, que algunos lotes recibieron mantenimiento, pero el colindante a ella no, por lo cual, solicitó una nueva visita al sitio. Finalmente ante, el requerimiento de la tutelada se coordinó una reunión para el jueves 19 de setiembre de 2024, de la cual, se generó el informe técnico MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0519-2024, y se anotó que los lotes ya habían recibido mantenimiento y que la tutelada mostro satisfacción con lo actuado por lo que estuvo de acuerdo con el archivo del caso. De lo expuesto, se tiene por acreditado que lo supra indicado, lesiona los derechos fundamentales de la recurrente, así como de los demás habitantes colindantes a los lotes baldíos del Dirección80. Esto debido a que, si bien las autoridades recurridas atendieron la denuncia dentro del ámbito de sus competencias, lo cierto del caso, es que no fue sino con ocasión del amparo que las mismas lograron mitigar la problemática de salubridad y seguridad que representaba la situación denunciada. Así las cosas, este Tribunal estima que existe la infracción acusada; sin embargo, en vista de que con ocasión del amparo se realizaron una serie de acciones para erradicar la problemática y al constar la satisfacción de la recurrente con lo actuado, lo procedente es declarar con lugar el recurso, en los términos dispuestos en la parte dispositiva de esta Sentencia. V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala es del criterio que la estimatoria que opera ex lege, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), el cual dispone: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso (…)”, debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, también cierto es que el mismo párrafo primero del artículo 52 de la ley de cita, refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual quiere decir que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas dependen de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este en que opera una terminación anormal del proceso, asimilable al desistimiento por satisfacción extraprocesal, es criterio de mayoría que no cabe condenar en costas, como tampoco en daños y perjuicios, porque las consecuencias económicas de la sentencia son similares a las de un archivo del expediente. Además, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que tales menoscabos, lesiones o alteraciones patrimoniales, no han tenido lugar; al menos en este amparo no hay elementos de juicio que sugieran otra cosa. Nada obsta para que, en casos de excepción, la Sala pueda considerar la procedencia de la indemnización. Cuando las leyes presentan omisiones o minusvalías, corresponde a los jueces enderezar esas carencias; si las leyes carecen de inteligencia en ciertos aspectos, no queda otro remedio que interpretarlas y aplicarlas conforme a las exigencias de la lógica procesal. Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, se refiere a una forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de hechos que han vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora en el proceso. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás Códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. A lo anterior se añaden razones de hecho, las cuales la Sala no puede soslayar, como lo demuestran casi tres décadas de la Jurisdicción Constitucional creada en 1989, en las cuales se ha generado un ejercicio abusivo de la acción vicaria en el recurso de amparo, con fines de riqueza en la indemnización, en la medida que no participa directamente las presuntas víctimas. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños o perjuicios. VI.-NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VII.-NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. Considero que en asuntos ambientales, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente asegura haber denunciado, ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Liberia, la existencia de lotes baldíos que son utilizados como basureros, generando la proliferación de plagas, lo que afecta el derecho a disfrutar de un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida a la amparada y los vecinos de la zona, pero que presuntamente no había sido resuelta. VIII.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina "forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…". En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional. Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales. En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro. Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: “ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”. Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a mi juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. IX.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos. Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta Sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El Magistrado Castillo pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- A9EO0WJMHDG61 EXPEDIENTE N° 24-021152-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:28:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of February, two thousand twenty-five. An amparo appeal processed in case file No. 24-021152-0007-CO, filed by Nombre35389, identity card CED16205, on her own behalf and on behalf of Nombre35390, identity card CED16206; Nombre35391, identity card CED16207, a minor; Nombre35392, identity card CED16208; Nombre35393, identity card CED16209, an older adult; Nombre35394, identity card CED16210, an older adult; Nombre35395, identity card CED16211; Nombre35396, identity card CED16212; and Nombre35397, identity card CED16213, a person with a condition of paralysis; against the MUNICIPALITY OF LIBERIA AND THE MINISTRY OF HEALTH. **WHEREAS:** **1.-** By a document added to the Chamber’s digital case file at 18:54 hours on August 4, 2024, the appellant files an amparo appeal against the Municipality of Liberia and the Ministry of Health. She states that they are neighbors and joined together to file a complaint regarding the existence of vacant lots in the community that have become a garbage dump and a bunker for illegal sales. She claims that she has not seen any action by institutions such as the Ministry of Health or the Municipality to regularize the situation. She adds that on June 11, 2024, she sent a complaint by email to the Liberia Health Governing Area, stating the following: “(...) Through this means, I wish to denounce the inadequate maintenance of the vacant lots by their owners and the obligation of the Local Government to safeguard the safety of citizens. She states that the situation occurs in vacant lots belonging to the owner Inversiones Viales y Solorzano S.A., Legal ID CED16204, located approximately 300 meters south of the Súper Económico, Dirección80, Liberia, Guanacaste. Or well, on the west side of the La Victoria School. Since last year 2023, residential houses were built near the vacant lots of said Corporation and currently, older adults, children, high-risk persons, and young people reside there, whose health is at risk, since said vacant lots are unoccupied and are used by neighbors as a solid waste collection center. Furthermore, it is added that criminals gather in the lot to use drugs, and in summer they carry out uncontrolled burning that could burn down a residential house, and the smoke is uncontrollable for asthmatic persons who must go to the nearest medical center; also, it is the perfect hiding place for both crime and for mosquitoes and surrounding animals. These vacant lots have become a breeding ground for dengue mosquitoes. As also to express that one of the owners of said lots was contacted, Mr. Ricardo Viales, telephone number: Telf2956, but no response is obtained regarding the maintenance of the vacant lots. I request that a visit to the lots be scheduled due to the poor management of solid waste, which on occasion I have had to clean and collect garbage to thus care for the environment and the health of the families. If necessary, that the municipality be ordered to direct the owner to clean and safeguard the real property. (...) Hoping for a prompt response from the Liberia Health Governing Area. I must consider that in the rainy season, the propagation of dengue mosquitoes and other diseases is significant. (...)”. On June 17, 2024, said Ministry also informed her by email that the inspection had been scheduled for June 27, 2024. On this date, she received an email from the inspector in charge of the Ministry of Health, informing her of the following: “(...) the inspection visit was carried out to address complaint No. D-134-2024. In parallel with the preparation of the technical report, some inquiries inherent to the case and other administrative proceedings will be carried out; therefore, some days will be required to issue conclusions and, consequently, the final report. As soon as documentation is available that can be sent to you, you will be informed as soon as possible (...)”. On the other hand, she adds that the Municipality of Liberia informed her on June 13, 2024, that the owner of the vacant lots had been notified, but unfortunately, they had done so to an outdated email address of the lot owner and therefore they could not proceed with the action, because they did not have the owner's updated number and email. That after those dates and from before, having no response, she undertook the task of calling the Ministry of Health to inquire about her complaint, and the response was that this was not their responsibility and they did not have a specific report to answer her; thus, they only made the visit or inspection to the site, but that the Municipality should intervene to fine the owner of the lots. That she also called the Municipality at all the numbers and even the service comptroller's office, and whenever she asked about the complaint, they evaded the questions and hung up on her, they pretended not to hear, they also answered that the person in charge of her case was on a field visit or inspection and could not answer, that she should call at 4:00 pm when that is the departure time, and even so, no one answered. She claims that as of the date of filing this appeal, the reported problem has not been resolved. **2.-** By a ruling from the Presidency at 09:03 hours on August 20, 2024, the proceeding was admitted. **3.-** José Javier Calvo Darcia, mayor of the Municipality of Liberia, reports the following: “(...) FIRST: That in accordance with what the appellants indicate, who are neighbors of the canton of Liberia, specifically from Dirección80, they joined together to file a complaint regarding the existence of vacant lots in said community that are in a deplorable state, such that said vacant lots have become open-air garbage dumps and a bunker for illegal sales. SECOND: That according to what the appellant indicates, they claim they have not seen any action by institutions such as the Ministry of Health or the Municipality of Liberia, which are the governing entities to regularize said situation; regarding which, the Municipality of Liberia makes it known to this honorable chamber that, specifically with respect to the specific vacant lots mentioned by the appellant, the respective notifications were made to the person who owns said vacant lots; however, there was no response. THIRD: That according to what the appellant indicates, on June 11, 2024, a complaint was sent via email to the Liberia Health Governing Area, indicating that adequate maintenance of the vacant lots has not been carried out by their owners, such that said vacant lots belong to the owner Inversiones Viales y Solorzano S.A. with legal ID CED16204, said property is located at Dirección80, and it has been made known that said properties have become a great problem for neighbors of said community, since the vacant lots are used by antisocial persons to consume drugs, to carry out burning in summer, which evidently affects the health of the people in the community; regarding which, the Municipality has attempted to communicate with the persons in charge of said vacant lots, but no communication has been had with the person responsible for said vacant lots. FOURTH: That the appellant indicates that on June 17, 2024, the Ministry of Health indicated via email that an inspection had been scheduled for June 27, 2024; said inspection was received, and it was communicated that a technical report would be prepared, along with carrying out the administrative inquiries of the case to reach a solution to the problems that the neighbors of said community are experiencing; regarding which, the Municipality of Liberia has tried to have communication with the owner of said property, but there has been no response nor any type of communication between the Municipality and the owner of said vacant lots. FIFTH: That the appellant indicates that on June 13, 2024, the Municipality of Liberia had notified; however, said notification could not be credited because, in the databases maintained by the Municipality of Liberia, the information held regarding the owner of the vacant lots that are the subject of the complaints is not updated, neither the telephone numbers nor the email addresses of the person intended to be notified; therefore, said notification could not be credited since the updated data of the recipient intended to be notified was not available to inform them about the cleaning of said vacant lots. SIXTH: That the appellant indicates that subsequent to the date indicated above, no response was received, therefore she undertook the task of calling the Ministry of Health, and was only told that inspections were carried out on the vacant lot pertaining to said complaint; it is worth mentioning that the Municipality of Liberia has not carried out an inspection on the specific lot mentioned; however, inspections have been carried out on other lots that are indeed the property of the denounced person, since said person owns a significant number of properties in the canton of Liberia, regarding which, by means of inspection record number 0000047, an inspection was carried out at Dirección1097, which property belongs to Inversiones Viales y Solorzano; also, by means of inspection record number 0000042, an inspection record was also executed at Dirección1962, which property also belongs to Inversiones Viales y Solorzano; thus, it is evident that on at least two of all the properties that said person has in the canton of Liberia, inspections have been carried out, and the respective inspection records have been drawn up following the corresponding administrative procedure; however, it has not been possible to locate the registered owner of said properties, as the updated registration data to notify the registered owner are not available. SEVENTH: That the appellant indicates that she also called the Municipality of Liberia at all the numbers and even the service comptroller's office of the Municipality of Liberia, and whenever she asked about the existing complaint, they evaded the questions and hung up on her, or pretended not to hear; this is not true; in the service comptroller's office, there is no record of a formal complaint filed by said person before said department. The Municipality of Liberia has always been committed to the canton of Liberia to follow up on all complaints and requests emanating from the administered persons; in this specific case, the service comptroller's office and the departments involved in this matter have not received calls from the appellant, much less hung up on her or failed to provide any response to said request. EIGHTH: That by official communication number INSP-04-2024, the registered owner of said vacant lots is made aware and warned that, based on the provisions of the Municipal Code, specifically Article 84 of said regulatory body, a period of 8 calendar days is granted, for the purpose of proceeding with the cleaning of vegetation on the properties, and likewise providing constant maintenance to guarantee the safety of the neighbors; said warning is notified via email, regarding which, the inspection department of the Municipality of Liberia managed to gather new information, and a new means of notification was identified, providing a new email address and telephone number. It is thus that the fundamental rights of the appellant have not been violated, as we adhere to the Principle of Legality and Constitutional norms, in that the Municipality acts within its powers, respecting what is established by the legislator (…)”. He requests that the appeal be dismissed. **4.-** Luis Enrique Díaz, director of the Liberia Health Governing Area, reports the following: “(...) FIRST: That on August 21, 2024, the Liberia Health Governing Area received an Amparo Appeal processed in case file No. 24-021152-CO of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, via personal notification to the offices of the Liberia Governing Area. SECOND: That the appellant filed a complaint with the Liberia Governing Area on June 11, 2024, via email (D-134-2024), for inadequate maintenance of vacant lots in Dirección80 by the owner, which serve as garbage collection sites, where criminals also gather to use drugs, and uncontrolled burning is carried out in summer, and that said lots have become a breeding ground for dengue mosquitoes. THIRD: On June 17, 2024, via email, the appellant was informed that an inspection visit was scheduled for June 27, 2024, at 8:30 am. FOURTH: On June 27, 2024, via email, the appellant was informed that the inspection visit was carried out and that inquiries inherent to the case and other administrative proceedings would be carried out. FIFTH: On June 27, 2024, via email, the person in charge of epidemiological surveillance regarding dengue was consulted as to whether there were confirmed cases of dengue at the complaint site; she indicated that there is only one suspected case of dengue, and that as of today’s date, it has not been reported as positive. SIXTH: As part of the proceedings for addressing said complaint, Mr. Hernández Mora sent an email on July 3, 2024, to Mr. Kenneth Miranda Espinoza, who serves as head of the Cadastre Department of the Municipality of Liberia, requesting information related to the denounced property, such as the name of the owner or legal representative, physical address, email address, and telephone number to locate the legal representative or owner; however, even as of the date the amparo appeal was filed, no response had been received from the municipal official. SEVENTH: On August 21, 2024, a new inspection visit was carried out at the denounced site, finding that the same conditions found during the June 27 visit persist. EIGHTH: On August 23, 2024, official communication MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024 was issued, transferring the case to the Municipality of Liberia so that it may apply the administrative procedure corresponding to what is indicated in Article 84 of the Municipal Code, and so that we may be informed when the situation is resolved. So that they proceed with the complete cleaning of the site, given that no response has been provided to the request sent to them via email on July 3, 2024, it being necessary that the content of the municipal regulations be applied in said case, as the owner or proprietor of the site in question is unknown (…)”. He requests that the appeal be dismissed. **5.-** By a document filed in the system on September 10, 2024, the appellant states the following: “I continue with the disagreement regarding the vacant lots in the locality where I live. This disagreement is shared by the neighbors as well as by me, as we express these concerns. Apparently, they already performed maintenance on the infamous vacant lots in my community, but not in the part we are reporting. Photographs will be attached showing where they performed a round of clearing and left another part with the brush and the solid waste that we emphasize. Considering this a lack of respect towards the neighbors reporting this disagreement and a mockery towards us. I must emphasize that entities like the Ministry of Health consider the case closed for archiving, but they are not protecting us as citizens with the right to defend what we disagree with. There is solid waste that can become mosquito breeding grounds, and even so, they say there is no solid waste. I invite them to visit the correct lots that we neighbors denounce, not just superficially and other lots where there is no construction, which were the ones where the owner or someone performed maintenance (…). Our houses continue to be obstructed by the brush of the vacant lots. They did not perform brush clearing in the part where we also emphasize the disagreement, and people continue to hide behind the property of the neighbors who joined together. And we consider it a mockery towards us for not clearing on our side, which belongs to the true owners of those vacant lots (…). As neighbors, we request that if they perform maintenance on these lots, they do it in the most adequate manner and do not continue mocking us by just going along an edge, or performing maintenance on the unbuilt lots, because as neighbors, we are affected by this poor maintenance and the solid waste that people dump as if it were a municipal dump. The entities only make a superficial visit and take photographs where it is convenient (…). **6.-** By a ruling at 11:50 hours on February 7, 2025, evidence for a better resolution was requested from Luis Enrique Mayorga Díaz, director of the Liberia Health Governing Area, and from José Javier Calvo Darcia, Mayor of Liberia. **7.-** Luis Enrique Díaz, director of the Liberia Health Governing Area, reports the following: “FIRST: That on February 10, 2025, the Liberia Health Governing Area received an Amparo Appeal processed in case file No. 24-021152-0007-CO of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, via email from the Department of Legal Affairs of the Ministry of Health. SECOND: On February 12, 2025, technical report MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0038-2025 was prepared, in accordance with what is documented in the case file, to report on what was requested (…)”. He requests that the appeal be dismissed. **8.-** José Javier Calvo Darcia, mayor of the Municipality of Liberia, reports the following: “(...) FIRST: Regarding what was requested by the Honorable Constitutional Chamber with respect to the complaint filed by Mrs. Nombre35389, identity card CED16214, and OTHERS. The Constitutional Chamber requests as evidence for a better resolution in this matter the actions that have been taken by this Corporation; accordingly, I detail the following: On behalf of the Environmental Manager of the Municipality of Liberia, Augusto Otárola Guerrero, he indicates in his official communication SGA-039-02-2025 of February 11, 2025, that regarding the situation denounced by Mrs. Nombre35398, this situation occurs in adjacent private lots where it has been difficult to locate the unscrupulous persons who dump ordinary and non-traditional solid waste in those lots. In addition, more periodic inspections will be carried out to try to identify the offenders, but unfortunately, upon inquiring, it was found that the acts occur mainly at night or on weekends. Our Environmental Manager emphasizes the impossibility of entering private properties to clean up waste or to place “do not litter” signs due to their private nature. Furthermore, regarding the notification of the owners, as established in the Municipal Code in Articles 84 and 85, so that the lots are kept clean and fenced, it has been the municipal inspection unit that has carried out those activities, its actions being effective and duly documented. The respective document is attached. SECOND: According to an official communication dated: Liberia, Dirección1963 OFFICIAL: INSP-04-2024 addressed to Inversiones Viales y Solorzano S.A. ID: CED16204, Mr. Ariel García Viales, in charge of the Inspection Unit of the Municipality of Liberia, makes it known that at the administrative level, follow-up is being conducted on requests regarding lots located in the sector of Dirección80, specifically on the west side of the School; said lots are currently overgrown, therefore it is necessary that maintenance be carried out. This opportunity is taken to mention that in accordance with the Municipal Code in its Article 84; Quote: In accordance with the municipal regulatory plan, natural or legal persons, owners or possessors, by any title, of real property. Must comply with the following obligations: a) Clean the vegetation from their properties located along public roads and trim that which harms or hinders the passage of persons. b) Fence and clean both lots where there are no buildings and those with uninhabited or condemned dwellings. h) Adequately guarantee the safety, cleanliness, and maintenance of properties, when public roads or properties or related third parties are affected. Therefore, based on the provisions of the Municipal Code, a period of 8 calendar days is granted, for the purpose of proceeding with the cleaning of the vegetation on the properties, and likewise providing constant maintenance, in order to guarantee the safety of the neighbors. According to the emails from our Municipal Inspection department, Mr. Ricardo Viales Solórzano was notified at email address: ...201, and on Friday, August 23, 2024, the taxpayer representing those properties stated that they were working to carry out the brush clearing. The response from Mr. Ricardo Viales Solórzano is attached. THIRD. In Liberia, on August 23, 2024, according to OFFICIAL: INSP-05-2024 addressed to Mr. Ronald Morales García of Legal Departments, Municipality of Liberia, Subject: Notification of Overgrown Lots, the Inspection Department of the Municipality of Liberia provides information pursuant to the steps taken by the Inspection Unit in the notification process for overgrown lots owned by the Corporation Inversiones Viales y Solorzano. According to its records of proceedings, we have two notifications for this corporation that relate to other properties, plus an official communication which I attach, where the cleaning of the lots related to this process was requested. It was notified by email (…)”. He requests that the appeal be dismissed. **9.-** In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Hess Herrera; and, **WHEREAS:** **I.- PRELIMINARY ISSUE.** Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure—it must be clarified that, based on judgment no. 2008-02545 at 8:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has remitted to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, since this concerns a complaint regarding a problem that involves the right to a healthy environment and the right to health, which the appellant claims has not been definitively resolved. **II.- PURPOSE OF THE APPEAL.** The appellant states that the neighbors of the community joined together to file a complaint regarding the existence of vacant lots that have become garbage dumps and “bunkers” for illegal products. She explains that on June 11, 2024, she sent a complaint by email to the Liberia Health Governing Area, and that on June 17, 2024, said office informed her that the inspection had been scheduled for June 27, 2024. She comments that, on that date, she was informed that, in parallel with the preparation of the report resulting from the inspection, a series of inquiries would be carried out, and therefore the results would be communicated to her shortly. She points out that on June 13, 2024, the Municipality of Liberia informed her that the owner of the vacant lots had been notified, but since they had done so to an outdated email address, they could not proceed with the action. Therefore, not having received a positive response, she undertook the task of calling the Ministry of Health and the Municipality of Liberia; however, she accuses that as of the date of filing this appeal, the reported problem has not been resolved. For the foregoing reasons, she comes to the Chamber in protection of her fundamental rights and requests that the appeal be granted. **III.- PROVEN FACTS.** Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as stipulated in the initial order: a) On June 11, 2024, the appellant filed a complaint, via email, with the Liberia Health Governing Area, regarding the inadequate maintenance of some vacant lots in Dirección80 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). b) On June 17, 2024, the Liberia Health Governing Area informed the appellant by email that an inspection was scheduled for June 27, 2024 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). c) On June 27, 2024, the Liberia Health Governing Area informed the appellant via email that the inspection visit was carried out and that the inquiries inherent to the case and other administrative proceedings would be carried out (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). d) On June 27, 2024, the Liberia Governing Area consulted via email the person in charge of epidemiological surveillance regarding whether there were confirmed cases of dengue at the complaint site (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). e) On July 3, 2024, the Liberia Health Governing Area requested via email from the head of the Cadastre Department of the Municipality of Liberia information related to the denounced property in order to locate the legal representative of the property (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). f) The ruling at 09:03 hours on August 20, 2024, which admitted the proceeding, was notified to the respondent authorities on August 21, 2024 (see in this regard the attached notification records). g) On August 21, 2024, the Liberia Governing Area carried out a new inspection of the denounced property, finding the same conditions as during the visit of June 27, 2024 (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). h) On August 22, 2024, the Municipality of Liberia notified Ricardo Viales Solórzano—legal representative of the denounced properties—of official communication No. INSP-04-2024, via email ..., in which it was stated: “(...) based on the provisions of the Municipal Code, a period of 8 calendar days is granted, for the purpose of proceeding with the cleaning of the vegetation on the properties, and likewise providing constant maintenance in order to guarantee the safety of the neighbors (...)”. (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). i) On August 23, 2024, the Liberia Governing Area forwarded official communication No. MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024 to the Municipality of Liberia, with the objective that the administrative procedure established in Article 84 of the Municipal Code be applied (see in this regard the report rendered under oath and evidence provided). j) On August 23, 2024, the legal representative of the denounced properties informed the Municipality of Liberia that: “(...) regarding the matter of the lots in question, 3 different contractors have been sought in the last 45 days and these have fallen through; we are waiting for another gentleman to go this weekend to coordinate the brush clearing of the same as soon as possible. k) On September 5, 2024, the health regulation team of the Liberia Health Governing Area conducted a follow-up inspection of the reported property (see the sworn report and evidence provided in this regard). l) Technical report MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0362-2024, from the health regulation team of the Liberia Health Governing Area, indicates that: "(…) the land in question at the time of the visit appears cleared (chapeado) and with no accumulated solid waste, therefore concluding that the reported situation was resolved and recommending the respective case file be archived (…)" (see the sworn report and evidence provided in this regard). m) On September 6, 2024, by email, the health regulation team of the Liberia Health Governing Area notified the appellant of the archiving of the complaint because the land subject of the complaint had already received maintenance (see the sworn report and evidence provided in this regard). n) On September 7, 2024, the appellant notified the health regulation team of the Liberia Health Governing Area by email that some lots received maintenance, but the one adjacent to hers did not, and therefore, she requested a new site visit (see the sworn report and evidence provided in this regard). o) The health regulation team of the Liberia Health Governing Area coordinated a meeting with the protected party for Thursday, September 19, 2024, to analyze the site that did not receive maintenance (see the sworn report and evidence provided in this regard). p) On September 19, 2024, during the scheduled inspection, technical report MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0519-2024 was generated, in which it was noted that the lots had already received maintenance and that the protected party expressed satisfaction with the actions taken and agreed with the archiving of the case (see the sworn report and evidence provided in this regard). IV. REGARDING THE SPECIFIC CASE. From the report rendered under oath by the respondent authorities, under the warnings, including criminal ones, set forth in article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, and the documentation provided in the case file, it is deemed accredited that on June 11, 2024, the appellant filed a complaint, via email, before the Liberia Health Governing Area, regarding the inadequate maintenance of some vacant lots in Dirección80 and that on June 17, 2024, the Liberia Health Governing Area informed the appellant, via email, that an on-site inspection was scheduled for June 27, 2024. Likewise, it was verified that on June 27, 2024, the Liberia Health Governing Area informed the appellant via email that the inspection visit was conducted and that the investigations inherent to the case and other administrative proceedings would be carried out; and it consulted the person in charge of Epidemiological Surveillance whether there were confirmed dengue cases at the site of the complaint. Subsequently, it was noted that on July 3, 2024, the Liberia Health Governing Area requested, via email, the head of the Cadastre Department of the Municipality of Liberia for information related to the reported property in order to locate the legal representative of the property, and that on August 21, 2024, it conducted a new inspection of the property with the same result as the June 27, 2024 visit. On the other hand, on August 22, 2024, the Municipality of Liberia notified Ricardo Viales Solórzano—legal representative of the reported properties—of official letter No. INSP-04-2024, via email ... , in which he was told: "(…) based on the provisions of the Código Municipal, you are granted a period of 8 calendar days, in order to proceed with the clearing of vegetation on the properties, and likewise to provide constant maintenance to guarantee the safety of the neighbors (…)"; however, on August 23, 2024, the Liberia Health Governing Area forwarded official letter No. MS-DRRSCH-DARSL-0033-2024 to the Municipality of Liberia, with the objective of applying the administrative procedure established by article 84 of the municipal code. By virtue of the above, on August 23, 2024, the representative of the reported properties informed the Municipality of Liberia that: "(…) regarding the lots in question, 3 different contractors have been sought in the last 45 days and these have fallen through, we are waiting for another gentleman to go this weekend to coordinate the clearing (chapias) of the same as soon as possible. If the contractor makes the visit, the clearing (chapia) would be carried out in the coming days (…)". Finally, it was verified that on September 5, 2024, the health regulation team of the Liberia Health Governing Area conducted a follow-up inspection of the reported property, from which technical report MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0362-2024 was generated, whereby, on September 6, 2024, via email, the health regulation team of the Liberia Health Governing Area notified the appellant of the archiving of the complaint because the land subject of the complaint had already received maintenance. By virtue of the above, on September 7, 2024, the appellant informed the health regulation team of the Liberia Health Governing Area by email that some lots received maintenance, but the one adjacent to hers did not, and therefore, she requested a new site visit. Finally, given the protected party's request, a meeting was coordinated for Thursday, September 19, 2024, from which technical report MS-DRRSCH-DARSL-ER-IT-0519-2024 was generated, and it was noted that the lots had already received maintenance and that the protected party expressed satisfaction with the actions taken, for which she agreed with the archiving of the case. From the foregoing, it is deemed accredited that the above-stated situation violates the fundamental rights of the appellant, as well as those of the other inhabitants adjacent to the vacant lots of Dirección80. This is because, although the respondent authorities addressed the complaint within the scope of their competencies, the truth of the matter is that it was not until the occasion of this amparo that they managed to mitigate the health and safety problem represented by the reported situation. Thus, this Tribunal considers that the alleged infringement exists; however, given that on the occasion of the amparo a series of actions were carried out to eradicate the problem and given the appellant's evident satisfaction with the actions taken, the appropriate course is to declare the remedy with merit, under the terms set forth in the operative part of this Judgment. V.- REGARDING THE AWARD OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Upon better consideration, the majority of the Chamber holds the criterion that the declaration of merit that operates ex lege, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), which provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared with merit (…)" must be without a special award of costs, damages, and prejudices, based on the following considerations. Although there is express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the remedy is declared with merit, it is also true that the same first paragraph of article 52 of the cited law states that the declaration of merit is issued "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." It is underscored that the Law states "if they are applicable," which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Tribunal. In cases like this where an abnormal termination of the proceeding occurs, akin to a withdrawal due to extra-procedural satisfaction, it is the majority criterion that it is not appropriate to impose costs, nor damages and prejudices, because the economic consequences of the judgment are similar to those of an archiving of the case file. Furthermore, the content of the protected person's claim and the respondent authority's conduct in acknowledging it, suggest that such impairments, injuries, or patrimonial alterations have not taken place; at least in this amparo there are no evidentiary elements suggesting otherwise. Nothing prevents the Chamber, in exceptional cases, from considering the applicability of indemnification. When laws present omissions or shortcomings, it is up to judges to rectify those deficiencies; if laws lack clarity in certain aspects, there is no other remedy than to interpret and apply them according to the requirements of procedural logic. To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, when it provides that: "every resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment," refers to a natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of facts that have violated the fundamental rights of the claimant in the proceeding. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. To the above are added factual reasons, which the Chamber cannot ignore, as demonstrated by nearly three decades of the Constitutional Jurisdiction created in 1989, during which an abusive exercise of vicarious action in the amparo remedy has been generated, for purposes of wealth through indemnification, insofar as the alleged victims do not directly participate. Based on the above, it is the majority criterion to resolve this remedy without an award of costs, damages, or prejudices. VI.- NOTE BY MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND DULY ADMINISTERED JUSTICE. I have supported this Tribunal's thesis that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and duly administered justice in the administrative forum, those who should hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Tribunals and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo remedy established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on article 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, save for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which are properly heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons this Tribunal has given (Judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent courts are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VII.- NOTE BY MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. I consider that in environmental matters, if the Public Administration has already intervened, their cognizance and resolution correspond to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50 of the Constitución Política), as is the case here, in which the appellant claims to have reported to the Ministry of Health and the Municipality of Liberia the existence of vacant lots used as garbage dumps, generating the proliferation of pests, which affects the right to enjoy a healthy, ecologically balanced environment and a dignified level of quality of life for the protected party and the residents of the area, but which allegedly had not been resolved. VIII.- PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO, SOLELY WITH RESPECT TO THE NON-IMPOSITION OF COSTS, DAMAGES, AND PREJUDICES ON THE RESPONDENT PARTY. Although I concur with the rest of the Chamber in declaring the remedy with merit, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the respondent party from the payment of costs, damages, and prejudices derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party. The Ley de la Jurisdicción Constitucional, in article 52, provides: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." On the other hand, article 51 ibidem establishes: "...every resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment." This latter norm establishes the general system that regulates matters related to indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated the fundamental rights…". In the majority's criterion, the cited article 51 regulates the cases in which the Chamber has deemed the grievance proven; and, as a consequence, the need for an award of costs, damages, and prejudices arises. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Tribunal verifies an injury to a fundamental right and, therefore, declares the remedy with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of their fundamental rights, once it has knowledge of the amparo—a situation contemplated in the referenced article 52—by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and inescapable consequence is the imposition on the infringer of the indemnification of the damages and prejudices caused and the payment of the costs of the remedy. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of their fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave rise to the upholding of the remedy, a matter regulated in article 50 of the law governing this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has deemed the grievance proven and has addressed the merits of the matter, or whether the violation ceased by decision of the respondent authority itself, once it had knowledge of the processing of the amparo, with restoration of the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of those cases, the imperative need arises for an imposition of costs, damages, and prejudices on the infringer, the basis of which is found in the principles of protection of the rights of individuals and in that the Administration must be held responsible for the damages and prejudices it causes by its unconstitutional action. Thus, the fact that at the time the amparo is heard and declared with merit, the effects of the challenged act may have already ceased, in the terms of the provisions of articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the applicability of the award of costs, damages, and prejudices, since such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects contained in the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Furthermore, it is clear that the aforementioned article 52 applies only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor ruled on, the merits of the claim, has verified the violation of the fundamental rights suffered by the protected party, by virtue of the restoration of the enjoyment of those rights that the Administration has agreed to in their favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an "abnormal termination of the proceeding." The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is in progress, meaning that the Administration has been duly notified of the resolution that gave course to the amparo; and, 2) that there exists an administrative or judicial resolution that provides, in an unequivocal manner, for the revocation, halting, or suspension of the challenged action that violates fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of awarding costs, damages, and prejudices, despite the upholding of the remedy, by providing that, in the cases regulated therein, the remedy shall be declared with merit "solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." As an exception, it must be interpreted restrictively; that is, it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only because of the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of individuals to obtain effective judicial protection against the damages and prejudices suffered due to the injury to their constitutional rights. In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation in costs, damages, and prejudices in response to a violation of fundamental rights, such a condemnation is always applicable, even in the event that the respondent party issues an administrative or judicial resolution that revokes, halts, or suspends the challenged action, unless it is clearly and unequivocally evident that in the specific case no compensable injury was caused. Only and solely in such cases could the respondent Administration be exempted from the payment of those items. As in this case, there is no element whatsoever that disproves the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and prejudices derived from the challenged actions—the specific determination of which does not correspond to this jurisdiction—the upholding of this remedy must necessarily entail the imposition of costs, damages, and prejudices, and I so declare. As an additional reason, it is worth highlighting that the dynamic and very essence of amparo proceedings does not have as its primary objective the analysis of the existence or non-existence of damages and prejudices, but rather, the existence or non-existence of actions or omissions that could generate or produce a breach in the regime of the fundamental rights of individuals. From that perspective, the analysis carried out in this forum concentrates on such verification, however, it does not enter into the weighing of whether those issues have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, establishes that said condemnation (in damages, prejudices, and costs) operates, if applicable, the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceedings, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether, within the legal relationship analyzed in the amparo remedy, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted an adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, articles 179 through 184 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, Law No. 8508, define a special proceeding whose purpose is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of article 179 ejusdem, that proceeding has the following purpose: "ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court is responsible for the execution of judgments issued by the Constitutional Jurisdiction in habeas corpus and amparo proceedings against Public Law subjects, solely with respect to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications." It is clear that this proceeding is directed at the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding a condemnation in the abstract in those respects, since that type of claim would not be admissible within that type of cause when the judgment issued within the amparo proceeding expressly established the non-applicability of damages, prejudices, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement on this matter. That is to say, the special proceeding in the contentious-administrative forum requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in my judgment, pursuant to the aforementioned article 52 of the LJC, the waiver of that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations based on which the inexistence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the analyzed facts, is reasonably estimated. Therefore, it is an exception, which, as such, requires qualified application that is duly justified on a case-by-case basis. The mere circumstance that, during the course of the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that prior to that cessation by the defendant entity's own cause or by an external cause, the accused negligence or reproached disturbance may have caused damages and prejudices. However, such a substantive question, regarding the actual occurrence of the injuries, their quantification, timely claim, etc., are considerations that lie beyond the nature of these proceedings and with respect to which, in accordance with what is regulated by the aforementioned article 52, are characteristic of a condemnation in the abstract that later forms the basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and prejudices, since, it is insisted, that is not their primary object or ratio. Thus, the protected person is not responsible for claiming or demonstrating damages, since what they seek is the safeguarding of their fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused them injuries is an extreme that, as a matter of principle and save for exceptional cases, does not form part of the analysis basis of this type of cause. Note that, in the case regulated by that mandate, the Constitutional Chamber does not conduct a substantive analysis of the situation to be protected, given the termination of the amparo or habeas corpus due to the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not proceed to assess whether or not there is an infringement, and therefore, much less can it be defined whether, based on what was reported by the petitioner, there may or may not be situations of possible civil reparation. In this way, the waiver of condemnation referred to in that norm is of an exceptional, not a principle-based, nature. Therefore, in those cases, the norm imposes condemnation in the abstract, so that its applicability can be analyzed within another plenary proceeding. Otherwise, if that release from damages, prejudices, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the respondent party, could have suffered injuries in their patrimonial sphere would be put at risk, to the detriment of what is established by precept 45 of the Constitución Política, and ignoring the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature that a conduct was adopted that caused the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the individual. That is to say, in order to obtain the safeguarding of those rights, the individual opted for judicial protection, and it was by virtue of that action that the cessation of the reproached disturbance occurred. It is insisted, whether the persistence of the threat or deterioration of their situation, as long as it was not caused to cease by the reasons alluded to in the norm under examination, generated damages and prejudices, is a matter that, save for evidence to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied as a premise by the mere occurrence of the factual situation regulated in the aforementioned article 52 of the LJC. Therefore, with the utmost respect for the majority position, I cast my vote and reiterate that the upholding of this remedy must necessarily entail the condemnation in the abstract in costs, damages, and prejudices. IX.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS WITH RESPECT TO THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the remedy shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are applicable." My interpretation of that norm is the following: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are applicable" refers to the costs. In fact, article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: the costs. Certainly, pursuant to article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo remedy is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: "Every resolution that upholds the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and prejudices caused and to the payment of the costs of the remedy, and its liquidation shall be reserved for the execution of judgment." If the right has been violated and the Chamber so verifies, even if it has been restored, damages and prejudices could have arisen. For that reason, condemnation in the abstract for these is appropriate. If it were not done so, if such condemnation were not imposed, in the event that they had occurred, there would be no title—derived from this proceeding—to claim them, which could violate article 41 of the CP. If despite the condemnation in the abstract, no damages and prejudices have occurred, the judge in the ordinary forum will so declare, since only they are responsible for deeming proven the actual existence and magnitude of the same. With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with the existence of an amparo remedy. It remains to be said that article 52 of the LJC provides for the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may impose costs, even when the right has been restored. By reason of the above, I partially dissent from the vote with respect to the operative part and order the imposition of damages and prejudices, but not the imposition of costs. X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, should they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of thirty working days counted from the notification of this Judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. POR TANTO: The appeal is granted, with no special award of costs, damages, and losses (sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios). Judge Castillo files a note. Judge Salazar Alvarado files a note. Judge Salazar Alvarado partially dissents (salva parcialmente el voto) and orders the award of damages, losses, and costs (condenatoria en daños, perjuicios y costas). Judge Garro Vargas partially dissents (salva parcialmente el voto) and orders the award of damages and losses, but not costs. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Digitally Signed Document -- Verification code -- A9EO0WJMHDG61 EXPEDIENTE N° 24-021152-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters for vulnerable groups: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, streets 19 and 21, Dirección1786 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:28:48. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República