Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que, si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. (...) Adicionalmente, cabe destacar que esta Sala ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo inmobiliario, cuyos fines son comerciales.
English (translation)Repeatedly, this Chamber has held that, while the fundamental right to water and its access on equal terms is recognized, as it is an essential service for life and health, it has also indicated that this right does not imply unrestricted access to water, since the Administration may validly establish general conditions and requirements to access this service. Likewise, it is valid for entities —public or private— that administer the service to reject water requests or water availability letters when the interested party does not meet the requirements or when there are technical or legal reasons that justify it. (...) Additionally, it should be noted that this Chamber has protected claims regarding lack of water supply when the request is for personal residential use, to meet basic needs as part of the human right to life and health, but not when it concerns claims made for the development of an economic activity such as real estate development, whose purposes are commercial.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 06068 - 2025 Fecha de la Resolución: 28 de Febrero del 2025 a las 09:20 Expediente: 24-032250-0007-CO Redactado por: Jorge Araya Garcia Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 24-032250-0007-CO Res. Nº 2025006068 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de febrero de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre56926, cédula de identidad CED28825 y Nombre56927, cédula de identidad CED28826, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:56 horas de 15 de noviembre de 2024, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y manifiestan que cuentan con dos propiedades ubicadas en Dirección3273, donde una pequeña parte de dicha comunidad no cuenta con el servicio de agua potable. Afirman que, desde años anteriores se ha solicitado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se les brinde dicho servicio, lo cual no se ha obtenido y solo se les ha colocado una paja de agua, para trasladar el líquido en recipientes. Exponen que, en reuniones con el recurrido se les ha indicado que si se cuenta con capacidad hídrica en la zona pero que deben realiza una extensión de ramal y se alega que dichas propiedades pertenecen a un Proyecto Urbanístico, lo cual, estiman, no es cierto. Solicitan que se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley. 2.- En resolución de las 17:21 horas de 21 de noviembre de 2024, se le da curso al proceso y se solicita informe al Presidente Ejecutivo y al Director de la Región Huetar Atlántica, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sobre los hechos alegados por el recurrente. 3.- Mediante escrito agregado al expediente digital a las 14:10 horas de 2 de diciembre de 2024, informa bajo juramento José Matarrita Cortés, en su condición de Director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que “(…) PRIMERO: El “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón”, resume los antecedentes de este caso desde el año 2009 al 2015. En el apartado de “Antecedentes y Hechos Relevantes”, punto SEGUNDO, se especifica sobre la Certificación De No Disponibilidad de Servicios DA-POC/2011/0873 y la emisión de Constancia de Capacidad Hídrica DA-POC/2011-874, es en este último documento, se detallaban textualmente las mejoras solicitadas y que debían estar indicadas en los planos constructivos del proyecto inmobiliario, para presentarlos en la ventanilla única del INVU y ante la Municipalidad. El Informe concluye entre otras cosas lo siguiente: • Queda demostrado en los antecedentes y la situación actual, que la solicitud de extensión de ramal presentada por la Sra. Nombre56928, corresponde a un proyecto de fraccionamiento de 33 lotes que no cuenta con disponibilidad de agua. • Asimismo, el desarrollo de 33 lotes presentado originalmente por el señor Nombre56929, no ha cumplido ningún trámite de desarrollo urbanístico. El desarrollador estratégicamente, pretende vender los lotes de forma individual, para que sea el Estado quien asuma la infraestructura necesaria para el desarrollo de esta población. Se estima, que si se realiza un estudio registral de las propiedades descritas en la Tabla N° 1, cabe la posibilidad que los 8 terrenos a nombre de HyH Ingenieros Consultores SA, en unos meses ya pasen a nombre de terceros. • Según se logra apreciar en información del Registro Nacional, Sección Bienes Inmuebles, del fraccionamiento original realizado a la finca madre, quedan alrededor de 12 terrenos segregados, cuyo propietario se desconoce, pero se podría tratar de la misma desarrolladora de proyecto original; por lo que no atenderse de forma adecuada la presente solicitud; se podría estar nuevamente al frente de otro desarrollo ilegal. • De la inspección realizada en el campo, se identifica la construcción de viviendas individuales, las cuáles se encuentran ubicadas en zonas donde no existe disponibilidad de agua potable, sistemas de recolección y disposición adecuada de aguas pluviales y residuales; lo que representa un riesgo para la salud pública y una posible contaminación ambiental. Situación que deberá ser denunciada ante las instancias pertinentes. • La Región Huetar Caribe, mantiene el criterio de que dicho desarrollo debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley Constitutiva de AyA; con el fin de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tanto de la población que reside en dicho proyecto, como la que se encuentra en áreas aledañas. • La estrategia de algunos desarrolladores, se basa en la venta de propiedades de manera individual, lo cual incumple con las normativas vigentes y pretenden recargar los costos de infraestructura al Estado; el problema radica en que dicha práctica puede provocar un crecimiento desmedido y desordenado de la población, ocasionando con ello, serios problemas en la salud pública y contaminación ambiental. De acuerdo con lo señalado, AyA debe mantener una posición firme, en la cual no se obvie el cumplimiento de los requisitos que dispone la normativa en materia urbanística; máxime, considerando que en dicha zona hay una gran cantidad de terreno que permite este tipo de desarrollos que no garantizan calidad de vida a sus habitantes, ni un orden urbano que permita planificar el otorgamiento de servicios públicos. SEGUNDO: En cuanto al recurrente Nombre56927, revisadas las bases de datos de la oficina Cantonal de Pococí, no se registra solicitud de disponibilidad de servicios para el inmueble del cual es propietario y que está inscrito con la matrícula 7-135470-000 y plano catastrado número L-1391623-2009; no obstante, se logra comprobar que dicho inmueble forma parte de las 33 propiedades que en su momento fueron solicitadas por el señor Nombre56929, dentro del desarrollo de un Proyecto de Lotificación referido en el “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón”, Punto 1 (Propiedad 13 Tabla N° 1). TERCERO: En análisis del expediente 2016-015, se emitió el informe técnico No. GSPRHA-2016-00724, en el que se indicó que de acuerdo al Informe Diagnóstico de Producciones y Demanda para el Acueducto Guápiles – La Rita – Roxana de Pococí, No. GSP-RHA-2015-2419, del 26 de octubre de 2015; se concluía que el acueducto estaba en su capacidad máxima para atender la demanda actual del proyecto, por lo que se recomendaba no emitir más disponibilidades para proyectos y extensiones de ramal, hasta tanto no se realizaran las mejoras necesarias para garantizar un adecuado abastecimiento (Ver informe GSP-RHA-2015-02419 y Expediente 2016-015). CUARTO: En el año 2018 ingresó otra solicitud de extensión de ramal por parte del señor Daniel Martínez, la cual se atiende con el informe técnico No. GSP-RA-2019- 02084, donde se vuelve a señalar que la solicitud debe plantearse para todo el desarrollo urbanístico, este informe se le comunicó al interesado junto con la Certificación de No Disponibilidad de Servicios No. GSP-RA-P-2019-00765, recibida por el señor Martínez en fecha 30 de setiembre de 2019. (Ver folios del 0000034 al 0000036 del Expediente 2018-077). QUINTO: Debido a la limitación en la capacidad hídrica del acueducto, detallada en el Informe No.GSP-RHA-2015-2419, el Exp. 2016-015 habría quedado en lista de espera, mismo que también se habría contactado según orden de ingreso de expedientes para retomar su atención, posterior a la implementación de mejoras en el Acueducto que permitieron ampliar la capacidad hídrica. Para esta oportunidad, el 05 de enero de 2021, se emitió el informe técnico No. GSP-RHC-2021-00015, donde nuevamente se le indicaba al señor Daniel Martínez, que la solicitud se trataba de un desarrollo con planos segregados y fincas generadas, ubicados 200 metros sur del Super Blessing en Dirección3274; y que debía presentar la solicitud para cumplir con la normativa estipulada del desarrollo urbanístico que se estaba ejecutando. AyA quedó a la espera de dicha presentación para realizar los estudios correspondientes, sin embargo, no se obtuvo gestión alguna presentada posteriormente. SEXTO: En el caso particular de la señora Nombre56926, ella solicitó una disponibilidad de servicios de AyA, para la propiedad matrícula 7-0135471-000, plano catastrado L-1386589-2009, inscrita a su nombre. Se asignó el número SIGDD2024-00018575-1-1-1 y fue resuelto el 19 de julio de 2024 con una Certificación de No Disponibilidad de Servicios, por cuanto no existe red de tubería de agua potable de AyA, en frente de la propiedad y forma parte de un proyecto urbanístico detallado en el Punto 1 (Propiedad 14 Tabla N° 1), del “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón”. También en la misma Notificación de Resolución del Trámite, se le invitó a presentar la solicitud de disponibilidad de agua para todo el proyecto, para realizar los estudios correspondientes (Ver Disponibilidad SIGDD-2024-18575). SÉTIMO: De lo señalado anteriormente se tiene que, a la fecha, no se ha gestionado ante la oficina Cantonal de Pococí, ni a nivel de Dirección, alguna solicitud realizada por el desarrollador o interesado, que cumpla con los requisitos urbanísticos correspondientes. Solamente se han recibido solicitudes de disponibilidad de servicios de AyA y de extensiones de ramal de manera individual como las descritas en los puntos 3, 4 y 6 del presente informe. OCTAVO: Es sumamente necesario recalcar que dicho proyecto no ha cumplido con el trámite de desarrollo urbanístico, y que en su efecto, el desarrollador ha venido realizando ventas de propiedades a terceros, quienes en menor medida se han apersonado a la oficina Cantonal de Pococí, para gestionar sus trámites de manera individual; inclusive, existen propiedades que han construido viviendas unifamiliares y ya se encuentran habitadas sin previa disponibilidad de servicios por parte de AyA, sin sistemas de recolección y disposición adecuada de aguas pluviales y residuales. Sin perder de vista que la disponibilidad de servicio de agua potable emitida por AyA, es un requisito indispensable para la construcción de edificaciones, lo que genera un alto riesgo a la salud pública y ambiental. NOVENO: Por otro lado, la Ley Constitutiva de AyA, específicamente en su artículo 21, ampara el proceder de AyA respecto a la categoría en la atención que se le ha brindado a este Sector de Cascada 3, como un desarrollo urbanístico; a fin de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para la población. DECIMO: Es importante reiterar, que para el Sector de Cascada 3, existió un fraccionamiento al cual se le entregó en su momento documentos de capacidad hídrica, con la finalidad que pudieran gestionar los diseños de obras que brindarían los servicios públicos esenciales. En el caso de AyA se verifica lo que corresponde a agua potable, hidrantes, saneamiento y lo normativo para la recolección y disposición de aguas pluviales; sin dejar de lado lo requerido por otras instituciones que participan en la revisión de diseños. A la fecha, el desarrollador no ha gestionado estas obras y por contrario, de manera irregular, fraccionó terrenos y propició la construcción y habitación de viviendas sin contar con el equipamiento urbano necesario para la provisión de los servicios. En ese mismo sentido, las autoridades responsables del control urbano deben velar por que las urbanizaciones o fraccionamientos con fines urbanos posean la infraestructura necesaria para que los terrenos segregados tengan asegurada la prestación de servicios. Si bien es cierto, el agua potable es un derecho Constitucional, para otorgar la disponibilidad de servicios de AyA, se debe cumplir con las condiciones técnicas, legales y ambientales necesarias para una correcta prestación de los servicios. Por lo que AyA no ha actuado de manera antojadiza, sino que ha velado dentro de sus competencias, por el cumplimiento de la legislación que rige en materia de Proyectos Urbanísticos y poder garantizar así, el derecho a la salud y a un ambiente sanamente equilibrado, tanto para los beneficiarios del Proyecto, como para la comunidad en general (…)”. Solicita se declare sin lugar el recurso. 4.- Por medio de escrito agregado al expediente digital a las 14:10 horas de 2 de diciembre de 2024, informa bajo juramento Juan Manuel Quesada Espinoza, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en igual sentido del Director de la Región Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Araya García; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. Alegan los recurrentes que cuentan con dos propiedades ubicadas en Dirección3273 en Pococí, donde una pequeña parte de dicha comunidad no cuenta con el servicio de agua potable y las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se niegan a brindarles el servicio de agua potable que solicitaron para sus propiedades, por lo que estiman lesionados sus derechos fundamentales. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) Los recurrentes son propietarios de dos propiedades ubicadas en Dirección3275 en Pococí, Limón (ver informe rendido por las autoridades del ICAA). 2) El proyecto urbanístico Cascadas 3 fue presentado como un proyecto de fraccionamiento de 33 lotes que no cuenta con disponibilidad de agua, debido a que no se cumplió con ningún trámite de desarrollo urbanístico planteado por parte del desarrollador original del proyecto, dado que, estratégicamente empezaron a vender lotes individuales, para que el Estado asuma la infraestructura necesaria para el desarrollo del lugar, por lo que, actualmente, se identifica la construcción de viviendas individuales, las cuales se encuentran ubicadas en zonas donde no existe disponibilidad de agua potable, sistemas de recolección y disposición adecuada de aguas pluviales y residuales; lo que representa un riesgo para la salud pública y una posible contaminación ambiental (ver informe rendido por las autoridades del ICAA y prueba aportada al expediente). 3) Mediante informe técnico No. GSP-RHA-2016-00724, en el que se indicó que de acuerdo al Informe Diagnóstico de Producciones y Demanda para el Acueducto Guápiles – La Rita – Roxana de Pococí, No. GSP-RHA-2015-2419, del 26 de octubre de 2015; se concluía que el acueducto estaba en su capacidad máxima para atender la demanda actual del proyecto, por lo que se recomendaba no emitir más disponibilidades para proyectos y extensiones de ramal, hasta tanto no se realizaran las mejoras necesarias para garantizar un adecuado abastecimiento (ver informe rendido por las autoridades del ICAA y prueba aportada al expediente). 4) En el año 2018 ingresó otra solicitud de extensión de ramal por parte del señor Daniel Martínez, la cual se atiende con el informe técnico No. GSP-RA-2019- 02084, donde se vuelve a señalar que la solicitud debe plantearse para todo el desarrollo urbanístico, este informe se le comunicó al interesado junto con la Certificación de No Disponibilidad de Servicios No. GSP-RA-P-2019-00765, recibida por el señor Martínez en fecha 30 de setiembre de 2019 (ver informe rendido por las autoridades del ICAA y prueba aportada al expediente). 5) El 5 de enero de 2021, se emitió el informe técnico No. GSP-RHC-2021-00015, donde nuevamente se le indicaba al señor Daniel Martínez, que la solicitud se trataba de un desarrollo con planos segregados y fincas generadas, ubicados 200 metros sur del Super Blessing en Dirección3274; y que debía presentar la solicitud para cumplir con la normativa estipulada del desarrollo urbanístico que se estaba ejecutando (ver informe rendido por las autoridades del ICAA y prueba aportada al expediente). 6) En cuanto al recurrente Nombre56927, revisadas las bases de datos de la oficina Cantonal de Pococí, no se registra solicitud de disponibilidad de servicios para el inmueble del cual es propietario y que está inscrito con la matrícula 7-135470-000 y plano catastrado número L-1391623-2009; no obstante, se logra comprobar que dicho inmueble forma parte de las 33 propiedades que en su momento fueron solicitadas por el señor Nombre56929, dentro del desarrollo de un Proyecto de Lotificación referido en el “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón” (ver informe rendido por las autoridades del ICAA y prueba aportada al expediente). 7) En el caso particular de la señora Nombre56926, ella solicitó una disponibilidad de servicios del ICAA, para la propiedad matrícula 7-0135471-000, plano catastrado L-1386589-2009, inscrita a su nombre. Se asignó el número SIGDD-2024-00018575-1-1-1 y fue resuelto el 19 de julio de 2024 con una Certificación de No Disponibilidad de Servicios, por cuanto no existe red de tubería de agua potable de ICAA, en frente de la propiedad y forma parte de un proyecto urbanístico detallado en el Punto 1 (Propiedad 14 Tabla N° 1), del “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón”. También en la misma Notificación de Resolución del Trámite, se le invitó a presentar la solicitud de disponibilidad de agua para todo el proyecto, para realizar los estudios correspondientes (ver informe rendido por las autoridades del ICAA). 8) El 22 de noviembre de 2024, la resolución de curso de este proceso de amparo fue notificada a las autoridades recurridas (ver actas de notificación). 9) A la fecha en que se rindió informes en el recurso, no se había gestionado ante la oficina Cantonal de Pococí, ni a nivel de Dirección, alguna solicitud realizada por el desarrollador o interesado, que cumpla con los requisitos urbanísticos correspondientes (ver informe rendido por las autoridades del ICAA). III.- Sobre el derecho al agua, la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio y los requisitos exigibles. En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sostenido que, si bien se reconoce el derecho fundamental al agua y su acceso en igualdad de condiciones, por cuanto se trata de un servicio esencial para la vida y la salud; también, ha indicado que este derecho no implica un acceso irrestricto al agua, toda vez que, la Administración puede válidamente, establecer condiciones y requisitos generales para acceder a este servicio. Asimismo, resulta válido que las entidades -públicas o privadas- que administren el servicio, puedan rechazar las solicitudes de agua, o bien, de la carta de disponibilidad de agua, cuando el interesado no cumple los requisitos o cuando existen razones técnicas o legales que los justifiquen. Así, por ejemplo, en sentencia número 2016-006027 de las 9:05 horas del 6 de mayo de 2016, esta Sala consideró lo siguiente: “Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”. Adicionalmente, cabe destacar que esta Sala ha tutelado reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando la solicitud es para uso personal habitacional, para suplir necesidades básicas como parte del derecho humano a la vida y la salud, no así, cuando se trata de reclamos efectuados para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo inmobiliario, cuyos fines son comerciales. Así, por ejemplo, en sentencia número 2019-025416 de las 10:45 horas del 20 de diciembre de 2019, este Tribunal consideró lo siguiente: “III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De los autos se tiene que la certificación de disponibilidad de agua que pretende la sociedad amparada, no es para uso domiciliar personal, sino para comercializar el bien inmueble con un desarrollo inmobiliario. Su pretensión es construir 15 viviendas de 2 niveles, una caseta de seguridad y 1 rancho para BBQ. Desde ese punto de vista, lo planteado es para darle al inmueble un uso comercial, aun cuando lo pretendido sea construir viviendas. A partir de lo anterior, debe advertirse que esta jurisdicción entra a conocer reclamos relativos a la falta de dotación de agua, cuando esta es para suplir necesidades básicas y actuales de las personas para su uso personal, por la premura del caso y su oportuna atención. Sin embargo, en el sub examine lo acusado no está en tal supuesto. De ahí que lo reclamado no resulta admisible de ser conocido en esta jurisdicción, tal como se ha sostenido en otros casos similares al de estudio, cuando se pretende el servicio de agua para locales comerciales, precisamente en atención al fin y necesidad del mismo (ver sentencias N° 2014-11815 de las 9:05 horas del 22 de agosto de 2014 y 2019-20381 de las 9:20 horas del 18 de octubre de 2019, entre otras). Aunado a lo anterior, lo pretendido por el recurrente no es la simple prórroga de la disponibilidad de agua en cuestión como indica en el escrito de interposición, sino que la recurrida consigne expresamente que la disposición es para 15 eventuales viviendas y no para un servicio, lo cual fue denegado por esta y cuya discusión, en todo caso, no corresponde a este Tribunal por ser de legalidad. En razón de lo anterior, procede desestimar el amparo” (ver en igual sentido la sentencia número 2020-023808 de las 14:05 horas del 10 de diciembre de 2020). IV.- Sobre el fondo. En el sub lite, los recurrentes alegan que cuentan con dos propiedades ubicadas en Dirección3273 en Pococí, donde una pequeña parte de dicha comunidad no cuenta con el servicio de agua potable y las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se niegan a brindarles el servicio de agua potable que solicitaron para sus propiedades, por lo que estiman lesionados sus derechos fundamentales. Al respecto, esta Sala ha indicado que siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en el incumplimiento de los requisitos válidamente establecidos o en la imposibilidad jurídica o material de brindar el servicio, no nos encontramos frente a una violación a los derechos fundamentales. Adicionalmente, tal y como se señaló en el precedente citado en el considerando anterior, esta jurisdicción tutela las solicitudes de disponibilidad de agua realizadas para uso personal habitacional, pero, no así, cuando se trata de reclamos efectuados para el desarrollo de una actividad económica como es el desarrollo inmobiliario. En este caso particular, este Tribunal pudo constatar del informe rendido bajo fe de juramento por las autoridades del ICAA, que las propiedades de los recurrentes justamente se encuentran dentro de lo que se denomina proyecto urbanístico Cascadas 3 y es por esa razón, que no se ha otorgado las disponibilidades de agua que se han solicitado en estos lotes, dado que, en el caso de la recurrente Nombre56926, si bien ella realizó la solicitud para un lote individual inscrito a su nombre, no menos cierto es que, se comprobó que el lote se encuentra dentro de los lotes que se ubican en el proyecto habitacional en cuestión y que previamente había sido conocido por el ICAA y se les había solicitado a los desarrolladores cumplir con los requisitos que se exigen en la normativa estipulada del desarrollo urbanístico. Aunado a que, no existe red de tubería de agua potable de ICAA, en frente de la propiedad y esto se debe a que dicha infraestructura debía ser dotada por los desarrolladores, y así se les indicó desde las primeras gestiones realizadas para el proyecto desde el año 2018. Asimismo, en el caso del recurrente Nombre56927 ni siquiera consta que haya presentado de manera individual solicitud alguna de disponibilidad de agua potable para su lote; no obstante, sí consta que el lote se encuentra también dentro de los 33 lotes originales que en su momento fueron solicitados dentro del desarrollo de un Proyecto de Lotificación referido en el “Informe Proyecto Habitacional Cascadas 3, La Colonia, Pococí, Limón”. Por esa razón, la propiedad del recurrente Nombre56927 corre la misma suerte de los demás lotes del proyecto, en los cuales debía ser el desarrollador quien presentara todos los requerimientos necesarios para dotar de infraestructura el lugar y que así se les brindara el servicio de agua potable a los lotes, lo cual no consta que haya sucedido a la fecha de presentación de los informes de las autoridades del ICAA en este recurso En este sentido, nótese que, no existe ninguna decisión antojadiza por parte de las autoridades del ICAA, por el contrario, se acreditó que no se trata de simples lotes individuales que requieren el servicio de agua potable, sino que, se trata de lotes parte de un proyecto habitacional que no ha cumplido con los requerimientos que la legislación les solicita para poder optar por el servicio de agua potable. De esta forma, resulta menester indicarle a la parte recurrente que, entrar a determinar cuáles son los requisitos que se deben aportar o cuál extremo de la tramitación se encuentra pendiente, es asunto que excede a las competencias de esta Sala, y corresponde a las autoridades de legalidad ordinaria conocer y resolver lo que en derecho corresponda y no a esta jurisdicción constitucional. Al respecto, debe indicarse que este Tribunal no puede convertirse en un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración, a fin de revisar si la decisión de brindar o no la disponibilidad del servicio de agua a la parte amparada, se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común, administrativa o jurisdiccional, así como tampoco le corresponde determinar si técnicamente existe o no la forma de brindar el servicio aludido. V.- Conclusión. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso. VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- FG5DIXIKMKE61 EXPEDIENTE N° 24-032250-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:28:13. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-eighth of February of two thousand twenty-five. Amparo action filed by Nombre56926, identity card CED28825 and Nombre56927, identity card CED28826, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. Whereas: 1.- By brief filed in the Secretariat of the Chamber at 12:56 hours on November 15, 2024, the petitioners file an amparo action against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and state that they own two properties located at Dirección3273, where a small part of said community lacks potable water service. They affirm that, for previous years, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers has been requested to provide said service, which has not been obtained and only a water standpipe (paja de agua) has been installed, to transport the liquid in containers. They explain that, in meetings with the respondent, they have been told that there is water capacity (capacidad hídrica) in the area but that a branch extension (extensión de ramal) must be carried out and it is alleged that said properties belong to an Urban Development Project (Proyecto Urbanístico), which, they believe, is not true. They request that the action be granted with the legal consequences. 2.- In a resolution at 17:21 hours on November 21, 2024, the proceeding is granted course and a report is requested from the Executive President and the Director of the Huetar Atlántica Region, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, regarding the facts alleged by the petitioner. 3.- By brief added to the digital file at 14:10 hours on December 2, 2024, José Matarrita Cortés reports under oath, in his capacity as Director of the Huetar Caribe Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, that “(…) FIRST: The “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón”, summarizes the background of this case from 2009 to 2015. In the section on “Background and Relevant Facts”, point SECOND, it specifies the Certification of Non-Availability of Services DA-POC/2011/0873 and the issuance of the Certificate of Water Capacity (Constancia de Capacidad Hídrica) DA-POC/2011-874; it is in this latter document that the requested improvements were textually detailed, which were to be indicated in the construction plans of the real estate project, for submission to the single window of the INVU and to the Municipality. The Report concludes, among other things, the following: • It is demonstrated in the background and the current situation, that the branch extension (extensión de ramal) request submitted by Mrs. Nombre56928 corresponds to a subdivision (fraccionamiento) project of 33 lots that does not have water availability (disponibilidad de agua). • Likewise, the development of 33 lots originally presented by Mr. Nombre56929 has not completed any urban development procedure. The developer strategically intends to sell the lots individually, so that the State assumes the necessary infrastructure for the development of this population. It is estimated that if a registry study of the properties described in Table No. 1 is conducted, it is possible that the 8 properties in the name of HyH Ingenieros Consultores SA may pass to the name of third parties within a few months. • According to what can be seen in information from the National Registry, Real Property Section, from the original subdivision (fraccionamiento) carried out on the parent property, approximately 12 segregated properties remain, whose owner is unknown, but they could belong to the same original project developer; therefore, if the present request is not properly addressed, we could once again be facing another illegal development. • From the field inspection carried out, the construction of individual homes is identified, which are located in areas where there is no potable water availability (disponibilidad de agua potable), nor adequate collection and disposal systems for stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales); this represents a risk to public health and possible environmental contamination. This situation must be reported to the pertinent authorities. • The Huetar Caribe Region maintains the criterion that said development must comply with the provisions of Article 21 of the Constitutive Law of AyA; in order to guarantee a healthy and ecologically balanced environment for both the population residing in said project and those in surrounding areas. • The strategy of some developers is based on selling properties individually, which fails to comply with current regulations and seeks to shift the infrastructure costs to the State; the problem is that this practice can cause an excessive and disorderly population growth, thereby causing serious problems in public health and environmental contamination. According to what has been indicated, AyA must maintain a firm position, in which compliance with the requirements established by urban planning regulations is not waived; especially considering that in said area there is a large amount of land that permits this type of development that does not guarantee quality of life for its inhabitants, nor an urban order that allows planning the granting of public services. SECOND: Regarding the petitioner Nombre56927, upon reviewing the databases of the Pococí Cantonal office, no service availability (disponibilidad de servicios) request is registered for the property he owns, which is registered under parcel number 7-135470-000 and cadastral plan number L-1391623-2009; however, it is verified that said property is part of the 33 properties that were at the time requested by Mr. Nombre56929, within the development of a Lotification Project (Proyecto de Lotificación) referred to in the “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón”, Point 1 (Property 13 Table No. 1). THIRD: In analysis of file 2016-015, technical report No. GSPRHA-2016-00724 was issued, in which it was indicated that according to the Diagnostic Report of Productions and Demand for the Guápiles – La Rita – Roxana de Pococí Aqueduct, No. GSP-RHA-2015-2419, dated October 26, 2015; it was concluded that the aqueduct was at its maximum capacity to meet the current demand of the project, so it was recommended not to issue more availabilities for projects and branch extensions (extensiones de ramal), until the necessary improvements were made to guarantee an adequate supply (See report GSP-RHA-2015-02419 and File 2016-015). FOURTH: In 2018, another branch extension request was filed by Mr. Daniel Martínez, which was addressed with technical report No. GSP-RA-2019-02084, where it was again noted that the request must be presented for the entire urban development; this report was communicated to the interested party along with the Certification of Non-Availability of Services No. GSP-RA-P-2019-00765, received by Mr. Martínez on September 30, 2019. (See folios 0000034 to 0000036 of File 2018-077). FIFTH: Due to the limitation in the water capacity (capacidad hídrica) of the aqueduct, detailed in Report No. GSP-RHA-2015-2419, File 2016-015 would have been placed on a waiting list, which would also have been contacted according to the order of file entry to resume its attention, after the implementation of improvements in the Aqueduct that allowed expanding the water capacity (capacidad hídrica). For this opportunity, on January 5, 2021, technical report No. GSP-RHC-2021-00015 was issued, where it was again indicated to Mr. Daniel Martínez, that the request concerned a development with segregated plans and generated properties, located 200 meters south of Super Blessing in Dirección3274; and that he must submit the request to comply with the stipulated regulations for the urban development that was being executed. AyA remained awaiting said submission to carry out the corresponding studies; however, no subsequent action was submitted. SIXTH: In the specific case of Mrs. Nombre56926, she requested a service availability (disponibilidad de servicios) from AyA, for property parcel number 7-0135471-000, cadastral plan L-1386589-2009, registered in her name. Number SIGDD2024-00018575-1-1-1 was assigned and it was resolved on July 19, 2024, with a Certification of Non-Availability of Services, because there is no AyA potable water pipe network in front of the property and it is part of an urban development project detailed in Point 1 (Property 14 Table No. 1), of the “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón”. Also, in the same Notification of Resolution of the Procedure, she was invited to submit the water availability (disponibilidad de agua) request for the entire project, to conduct the corresponding studies (See Availability SIGDD-2024-18575). SEVENTH: From the foregoing, it is understood that, to date, no request has been processed before the Pococí Cantonal office, nor at the Directorate level, made by the developer or interested party, that meets the corresponding urban development requirements. Only individual service availability (disponibilidad de servicios) requests from AyA and branch extensions (extensiones de ramal) have been received, as described in points 3, 4, and 6 of this report. EIGHTH: It is extremely necessary to emphasize that said project has not completed the urban development procedure, and that instead, the developer has been selling properties to third parties, who to a lesser extent have appeared before the Pococí Cantonal office to process their procedures individually; furthermore, there are properties where single-family homes have been built and are already inhabited without prior service availability (disponibilidad de servicios) from AyA, without adequate collection and disposal systems for stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales). Without losing sight that the potable water service availability (disponibilidad) issued by AyA is an indispensable requirement for the construction of buildings, this generates a high risk to public and environmental health. NINTH: On the other hand, the Constitutive Law of AyA, specifically in its Article 21, supports AyA's actions regarding the category of attention provided to this Cascada 3 Sector, as an urban development; in order to guarantee a healthy and ecologically balanced environment for the population. TENTH: It is important to reiterate that for the Cascada 3 Sector, there was a subdivision (fraccionamiento) for which water capacity (capacidad hídrica) documents were delivered at the time, with the purpose that they could manage the designs of works that would provide essential public services. In the case of AyA, what corresponds to potable water, hydrants, sanitation, and regulations for the collection and disposal of stormwater (aguas pluviales) is verified; without neglecting what is required by other institutions that participate in the design review. To date, the developer has not managed these works and on the contrary, irregularly subdivided (fraccionó) land and promoted the construction and occupation of homes without having the necessary urban infrastructure for the provision of services. In that same sense, the authorities responsible for urban control must ensure that developments or subdivisions (fraccionamientos) for urban purposes possess the necessary infrastructure so that the segregated lands have the provision of services assured. While it is true that potable water is a Constitutional right, to grant the service availability (disponibilidad de servicios) from AyA, the technical, legal, and environmental conditions necessary for a correct provision of services must be met. Therefore, AyA has not acted capriciously, but rather has ensured, within its competencies, compliance with the legislation governing Urban Development Projects and thus guarantee the right to health and a sanely balanced environment, both for the beneficiaries of the Project and for the community in general (…)”. He requests that the action be dismissed. 4.- By brief added to the digital file at 14:10 hours on December 2, 2024, Juan Manuel Quesada Espinoza reports under oath, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, in the same sense as the Director of the Huetar Caribe Region of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. 5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Araya García; and, Considering: I.- Purpose of the action. The petitioners allege that they own two properties located at Dirección3273 in Pococí, where a small part of said community lacks potable water service and the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers refuse to provide them the potable water service they requested for their properties, therefore they believe their fundamental rights have been injured. II.- Proven facts. Relevant for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated: 1) The petitioners are owners of two properties located at Dirección3275 in Pococí, Limón (see report rendered by the authorities of ICAA). 2) The Cascadas 3 urban development project was presented as a subdivision (fraccionamiento) project of 33 lots that does not have water availability (disponibilidad de agua), because no urban development procedure presented by the original developer of the project was completed, given that, strategically, they began to sell individual lots, so that the State assumes the necessary infrastructure for the development of the place; therefore, currently, the construction of individual homes is identified, which are located in areas where there is no potable water availability (disponibilidad de agua potable), nor adequate collection and disposal systems for stormwater (aguas pluviales) and wastewater (aguas residuales); this represents a risk to public health and possible environmental contamination (see report rendered by the authorities of ICAA and evidence provided to the file). 3) By means of technical report No. GSP-RHA-2016-00724, in which it was indicated that according to the Diagnostic Report of Productions and Demand for the Guápiles – La Rita – Roxana de Pococí Aqueduct, No. GSP-RHA-2015-2419, dated October 26, 2015; it was concluded that the aqueduct was at its maximum capacity to meet the current demand of the project, so it was recommended not to issue more availabilities for projects and branch extensions (extensiones de ramal), until the necessary improvements were made to guarantee an adequate supply (see report rendered by the authorities of ICAA and evidence provided to the file). 4) In 2018, another branch extension request was filed by Mr. Daniel Martínez, which was addressed with technical report No. GSP-RA-2019-02084, where it was again noted that the request must be presented for the entire urban development; this report was communicated to the interested party along with the Certification of Non-Availability of Services No. GSP-RA-P-2019-00765, received by Mr. Martínez on September 30, 2019 (see report rendered by the authorities of ICAA and evidence provided to the file). 5) On January 5, 2021, technical report No. GSP-RHC-2021-00015 was issued, where it was again indicated to Mr. Daniel Martínez, that the request concerned a development with segregated plans and generated properties, located 200 meters south of Super Blessing in Dirección3274; and that he must submit the request to comply with the stipulated regulations of the urban development that was being executed (see report rendered by the authorities of ICAA and evidence provided to the file). 6) Regarding the petitioner Nombre56927, upon reviewing the databases of the Pococí Cantonal office, no service availability (disponibilidad de servicios) request is registered for the property he owns, which is registered under parcel number 7-135470-000 and cadastral plan number L-1391623-2009; however, it is verified that said property is part of the 33 properties that were at the time requested by Mr. Nombre56929, within the development of a Lotification Project (Proyecto de Lotificación) referred to in the “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón” (see report rendered by the authorities of ICAA and evidence provided to the file). 7) In the specific case of Mrs. Nombre56926, she requested a service availability (disponibilidad de servicios) from ICAA, for property parcel number 7-0135471-000, cadastral plan L-1386589-2009, registered in her name. Number SIGDD-2024-00018575-1-1-1 was assigned and it was resolved on July 19, 2024, with a Certification of Non-Availability of Services, because there is no ICAA potable water pipe network in front of the property and it is part of an urban development project detailed in Point 1 (Property 14 Table No. 1), of the “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón”. Also, in the same Notification of Resolution of the Procedure, she was invited to submit the water availability (disponibilidad de agua) request for the entire project, to conduct the corresponding studies (see report rendered by the authorities of ICAA). 8) On November 22, 2024, the resolution granting course to this amparo proceeding was notified to the respondent authorities (see notification records). 9) As of the date the reports were rendered in this action, no request had been processed before the Pococí Cantonal office, nor at the Directorate level, made by the developer or interested party, that met the corresponding urban development requirements (see report rendered by the authorities of ICAA). III.- On the right to water, the legal or formal impossibility to provide the service, and the applicable requirements. On repeated occasions, this Chamber has held that, while the fundamental right to water and its access under equal conditions is recognized, as it is an essential service for life and health; it has also indicated that this right does not imply unrestricted access to water, given that the Administration can validly establish general conditions and requirements to access this service. Likewise, it is valid for entities – public or private – that administer the service to reject water requests, or the water availability (disponibilidad de agua) letter, when the interested party does not meet the requirements or when technical or legal reasons justify it. Thus, for example, in judgment number 2016-006027 at 9:05 hours on May 6, 2016, this Chamber considered the following: “This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 at 14:05 hours on June 19, 2014, which addressed a question very similar to that raised in this action, ordered: '(...) This Chamber has indicated in repeated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every provider of public services - whether a public subject or a private subject - is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 at eleven hours twenty-five minutes on September twenty-six, two thousand one and judgment 2004-08161 at ten hours fifty-three minutes on July twenty-three, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities responsible for the provision of the public potable water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now then, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases it has been clear that it is not a refusal of access to potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, provided that the lack of provision of potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that AyA has not arbitrarily rejected the request made by the petitioner, but rather due to the lack of compliance with all the technical-legal requirements that exist in the Regulation for the Provision of Services to Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers for approving new services”. Additionally, it should be noted that this Chamber has protected claims related to the lack of water provision when the request is for personal residential use, to meet basic needs as part of the human right to life and health, but not when it concerns claims made for the development of an economic activity such as real estate development, whose purposes are commercial. Thus, for example, in judgment number 2019-025416 at 10:45 hours on December 20, 2019, this Court considered the following: “III.- ON THE SPECIFIC CASE. From the case record, it is understood that the water availability (disponibilidad de agua) certificate sought by the petitioner corporation is not for personal domiciliary use, but to commercialize the real estate property through a real estate development. Its claim is to build 15 two-story homes, a security booth, and 1 BBQ ranch. From that viewpoint, what is proposed is for giving the property a commercial use, even though what is intended is to build homes. Based on the foregoing, it must be noted that this jurisdiction hears claims relating to the lack of water provision when this is to meet basic and current needs of persons for their personal use, due to the urgency of the case and its timely attention. However, in the sub examine, what is accused is not in such a situation. Hence, what is claimed is not admissible to be heard in this jurisdiction, as has been held in other cases similar to the one under study, when water service is sought for commercial premises, precisely in response to its purpose and need (see judgment No. 2014-11815 at 9:05 hours on August 22, 2014 and 2019-20381 at 9:20 hours on October 18, 2019, among others). In addition to the above, what is sought by the petitioner is not the simple extension of the water availability (disponibilidad de agua) in question as indicated in the filing brief, but that the respondent expressly states that the provision is for 15 eventual homes and not for one service, which was denied by the latter and whose discussion, in any case, does not correspond to this Court as it is a matter of legality. By reason of the foregoing, the amparo must be dismissed” (see in the same sense judgment number 2020-023808 at 14:05 hours on December 10, 2020). IV.- On the merits. In the sub lite, the petitioners allege that they own two properties located at Dirección3273 in Pococí, where a small part of said community lacks potable water service and the authorities of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers refuse to provide them the potable water service they requested for their properties, therefore they believe their fundamental rights have been injured. In this regard, this Chamber has indicated that provided that the lack of provision of potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but is justified by non-compliance with validly established requirements or by the legal or material impossibility of providing the service, we are not facing a violation of fundamental rights. Additionally, as noted in the precedent cited in the previous considering, this jurisdiction protects water availability (disponibilidad de agua) requests made for personal residential use, but not when it concerns claims made for the development of an economic activity such as real estate development. In this particular case, this Court was able to verify from the report rendered under oath by the authorities of ICAA, that the petitioners' properties are precisely located within what is called the Cascadas 3 urban development project, and it is for that reason that the water availabilities (disponibilidades de agua) that have been requested for these lots have not been granted, given that, in the case of petitioner Nombre56926, while she did make the request for an individual lot registered in her name, it is no less true that it was proven that the lot is located within the lots that are situated in the housing project in question, and that was previously known to ICAA, and the developers had been requested to comply with the requirements demanded in the stipulated regulations for urban development. Added to this, there is no ICAA potable water pipe network in front of the property, and this is because said infrastructure was to be provided by the developers, as they were informed from the first steps taken for the project since 2018. Likewise, in the case of petitioner Nombre56927, there is not even a record that he individually submitted any potable water availability (disponibilidad de agua potable) request for his lot; however, it is documented that the lot is also among the original 33 lots that were at the time requested within the development of a Lotification Project (Proyecto de Lotificación) referred to in the “Report on the Cascadas 3 Housing Project, La Colonia, Pococí, Limón”. For that reason, the property of petitioner Nombre56927 suffers the same fate as the other lots in the project, in which the developer was required to submit all the necessary requirements to provide infrastructure for the area so that potable water service could be given to the lots, which does not appear to have happened as of the date the reports from the authorities of ICAA were submitted in this action. In this sense, it must be noted that there is no capricious decision on the part of the authorities of ICAA; on the contrary, it was proven that these are not simple individual lots requiring potable water service, but rather, these are lots that are part of a housing project that has not complied with the requirements that the legislation demands of them to be eligible for potable water service. Thus, it is necessary to indicate to the petitioning party that determining what requirements must be submitted or which part of the processing is pending is a matter that exceeds the competencies of this Chamber, and it is for the ordinary legality authorities to hear and resolve what is lawful, and not for this constitutional jurisdiction. In this regard, it must be indicated that this Court cannot become a controller of the legality of the actions or resolutions of the Administration, in order to review whether the decision to grant or not the water service availability (disponibilidad) to the petitioner party conforms to current legal regulations, a task proper to the ordinary, administrative, or jurisdictional channels, nor does it correspond to determine whether there is technically a way to provide the aforementioned service. V.- Conclusion. As a corollary of the foregoing, it is imperative to dismiss the action. VI.- Documentation provided to the file. The parties are warned that, if any paper document has been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of thirty business days, counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Session No. 27-11, of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial No. 19, of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12, held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is dismissed.- Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana María Picado B. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- FG5DIXIKMKE61 EXPEDIENTE N° 24-032250-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, Dirección1786 Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:28:13. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República