Res. 08632-2025 Sala Constitucional — Administrative eviction from forest property — delay in notification the same day as amparoDesalojo administrativo de inmueble forestal — mora en notificación el mismo día del amparo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 08632 - 2025

Fecha de la Resolución: 21 de Marzo del 2025 a las 09:30

Expediente: 24-022953-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-022953-0007-CO

Res. Nº 2025008632

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre1]   , cédula de identidad CED1. , contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Resultando:

 1.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 21 de agosto de 2024, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública. Comenta que es propietaria de una finca en Heredia con folio real no. 186814-000 desde 2003, inmueble sometido al Régimen Forestal bajo contrato de pago de servicios ambientales no. CN-01-22-0086-202, para la protección del bosque y ha enfrentado una invasión de terceros desde principios del año 2024. Narra que estos invasores son familias que han ingresado violentamente, la mayoría de los hombres armados con machetes y motosierras, para talar árboles y causar daños significativos al recurso forestal, sin ningún tipo de autorización. Ante estos hechos, planteó una solicitud de desalojo administrativo al Ministerio de Seguridad Pública el 4 de abril de 2024, denuncia a la cual se le asignó el no. 329-2024, denuncia también llevada a la Delegación Policial de Sarapiquí. Explica que, pese a las inspecciones y los informes realizados por la policía, mediante los cuales se confirmó la invasión, se han identificado a los invasores y se ha constatado el daño ecológico, incluyendo la tala de árboles y la construcción de ranchos y cocinas dentro de la propiedad, y de haber cumplido con todas las prevenciones indicadas por el ministerio, no se ha emitido una resolución de desalojo administrativo tras cuatro meses de espera, en que día a día se tala una cantidad considerable de árboles que están dentro del régimen forestal. Reclama que la falta de acción por parte del Ministerio de Seguridad Pública, a pesar de existir pruebas claras de la invasión y del daño ambiental progresivo, se ha omitido la toma de decisiones necesarias para proteger el recurso forestal bajo el régimen legal establecido y se ha permitido la continua destrucción de un área significativa de la finca, con una afectación documentada de 5.6 hectáreas de un total de 15.2 hectáreas de cobertura boscosa. Acusa que la falta de resolución administrativa ha agravado la situación, permitiendo que los invasores continúen con sus actividades destructivas, lo cual deriva en la violación del derecho constitucional reconocido en el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica, que establece la protección del ambiente como un derecho fundamental. Además, el artículo 36 de la Ley Forestal N.°7575 exige a las autoridades de policía proceder con el desalojo de los invasores de propiedades bajo el régimen forestal a solicitud del titular, lo que no se ha cumplido en este caso. La falta de respuesta y de acción inmediata ante una solicitud legítima y debidamente fundamentada contraviene el mandato legal y constitucional de proteger los recursos naturales. Solicita se ordene al Ministerio de Seguridad Pública y a su Departamento de Asesoría Jurídica resolver la solicitud de desalojo administrativo planteada hace cuatro meses, para evitar un mayor daño mayor al medioambiente.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 15:30 horas del 26 de agosto de 2024, se dio curso al proceso.

3.- Por escrito recibido mediante Gestión en Línea de la Sala el 2 y 3 de setiembre de 2024, informan bajo juramento [Nombre2]  , [Nombre3]    y [Nombre4]   , por su orden ministro, jefa del Sub Proceso de Desalojos Administrativos y director de la Asesoría Jurídica, todos del Ministerio de Seguridad Pública, que “… PRIMERO: Sobre los hechos referidos, informo que efectivamente en el Sub Proceso Desalojos Administrativos, se tramita el expediente 0329-20247, promovido por [Nombre1]   , mayor, casada una vez, Médica Veterinaria, portadora de la cédula de identidad número CED2, vecina de San José en contra de [Nombre5]   , mayor, casado una vez, ganadero, portador de la cédula de identidad número CED3, vecino de Sarapiquí, Puerto Viejo, Cristo Rey, [Dirección1]        , casa a mano derecha y demás ocupantes que se encuentran en Heredia, Sarapiquí, Puerto Viejo, Finca el Topacio, [Dirección2]         , Puerto Viejo, según el plano catastrado H-796199-2002, mediante escrito presentado en la Asesoría Jurídica el 04 de abril de 2024, señalando como causal de ocupación la invasión, e indicando en la respectiva solicitud que: “… El señor [Nombre5]    ha suscrito un contrato de compraventa con la actual propietaria [Nombre6]   de la finca partido de Heredia folio real 193329 derechos 001 y 002; la cual colinda con la propiedad de la suscrita...el denunciado comenzó a finales del año 2023 a ejercer actos sin previo consentimiento de tala y sócala dentro del (sic) mi propiedad con la finalidad de realizar un camino, tal y como se evidencia en las fotografías adjuntas...” (folios 0001 y 0002) Por otro lado, el 08 de abril de 2024, la accionante presentó ante la Delegación Policial de Sarapiquí, solicitud de auxilio policial quien denuncio una invasión en curso en su propiedad el día 06 de abril del 2024 y aporta copia de denuncia realizada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Sarapiquí, bajo el expediente 24-000238-0076-PE. El 15 de abril de 2024, la Delegación Policial de Sarapiquí realiza un criterio operativo en el lugar de los hechos, resultando de dicha inspección que no se encontraron personas dentro de la finca, asimismo, no se pudo identificar con claridad la finca supuestamente afectada debido a la presencia de varias fincas en la zona. Se observaron estructuras rudimentarias construidas con plástico, madera y mecate. SEGUNDO: Mediante escrito presentado en la Asesoría Jurídica el 12 de abril de 2024, la actora amplía su demanda indicando: “…que la finca de mi propiedad…ha sido invadida por terceras personas…que la invasión se está dando específicamente en el sitio del camino y en el lugar donde se dio una tala de árboles ilegales denunciada antes esta Institución en contra del señor [Nombre5]   . En este momento tenemos el problema que hay otros invasores que han ingresado de manera violenta y sin autorización junto con sus familias a construir tipo ranchos dentro de mi propiedad…” (folio 0021) El 18 de abril de 2024, el Licenciado Luis Fernando Vega Morera emite, Asesor Legal Policial de la Región Doceava de la Fuerza Pública, emite criterio legal mediante oficio MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024, el cual recomienda hacer una nueva inspección con la asistencia de un profesional en topografía con el objeto de identificar con precisión la propiedad en cuestión, ya que en el acta de observación del inmueble recién invadido se menciona que se observaron algunos ranchos construidos con plástico, mecate y madera pero no se indica en cuál de los inmuebles es que se ubican, sumado a lo anterior, en el acta de observación se indica que no hay personas en el lugar, lo que hace imposible emitir una orden de lanzamiento de ocupantes ilegítimos pues no habría a quien lanzar. Por último se indica que en la inspección previa, la única persona hallada en la zona fue un hombre de 69 años realizando labores no relacionadas con la invasión denunciada. El día 28 de abril se notifica a la amparada, oficio MSP-DM-DVURFP-DRDC-DPS-UO-1329- 2024, del 27 de abril de 2024, mediante el cual se le informa que, con motivo de la solicitud de auxilio policial por invasión en curso, se realizó criterio operativo y acta de observación, así como criterio legal y se le informa de los requerimientos adicionales derivados del criterio legal. TERCERO: Mediante auto de traslado de las ocho horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, se confirió traslado de la demanda al demandado y demás ocupantes, a efecto de que, previo a resolver como en derecho correspondiere, se refirieran en forma escrita a las diligencias de desalojo interpuestas en su contra. (f 0029). CUARTO: Mediante oficio MSP-DM-SPDA-506-2024 del 24 de abril de 2024, se solicitó a la Delegación Policial de Sarapiquí proceder a notificar al demandado y a los demás ocupantes el auto de traslado de las ocho horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro (f 0030). El 03 de mayo de 2024, la Licenciada Maria José Peralta Salas de el Bufete que tiene a cargo la asesoría legal de la amparada, presentó un documento a la Delegación Policial informando sobre el expediente administrativo 329-2024 que se estaba llevando a cabo en el Subproceso de Desalojos Administrativos. Paralelamente, los funcionarios de la Delegación Policial efectuaron nuevas inspecciones en el sitio con la participación de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial OIJ y del Ministerio de Ambiente y Energía. El 10 de mayo, la Delegación Policial realizó una inspección con personal de FONAFIFO y canal 38, además con dueños de las fincas vecinas a la amparada, de dicha inspección el Subintendente [Nombre7]  , en su condición de Jefe Distrital de Puerto Viejo, dirige informe de 10 de mayo de los corrientes, al Jefe de Puesto de la Delegación Cantonal de Sarapiquí (folio 0035) El 24 de mayo, funcionarios de la Delegación Policial toman declaración a los testigos [Nombre8]   y [Nombre9]  , quienes manifestaron que el acceso de personas a la zona se ha venido produciendo desde aproximadamente dos meses y que una trocha que facilita dicho acceso fue realizada desde finales de diciembre de 2023. El 26 de mayo de 2024 el señor Eladio Cordero Mora, Sub jefe de la Delegación Policial de Sarapiqui, emite el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024 mediante el cual se le comunicó a la amparada el archivo del expediente relacionado con la invasión en curso. En vista de que no se pudo comprobar la presencia de personas dentro de la propiedad en el momento de las inspecciones y que según las entrevistas a los testigos y vecinos cercanos indicaban y daban fe que la invasión a la finca de la amparada había ocurrido hacia más de dos meses y que la trocha de ingreso la hicieron con tractor desde el año pasado, siendo que no cumple con los requisitos establecidos para el trámite de invasión en curso, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ejecutivo N 37262-MSP, que es Reglamento para el Trámite de Desalojos Administrativos presentados ante el Ministerio de Seguridad Pública, el 26 de mayo de 2024 el señor Eladio Cordero Mora, Sub jefe de la Delegación Policial de Sarapiquí, emite el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698- 2024 mediante el cual se le comunicó a la amparada el archivo del expediente relacionado con la invasión en curso. QUINTO: Mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, del 26 de mayo de los corrientes, suscrito por el señor Eladio Cordero Mora, Subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí, se pone en conocimiento al Subproceso de Desalojos Administrativos de las notificaciones realizadas dentro del expediente. (folio 0035) SEXTO: El día 27 de mayo de los corrientes, se recibió en la Asesoría Jurídica, escrito suscrito por el demandado, en contestación al auto de traslado. (f 0042). SETIMO: Mediante oficio MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 del 28 de mayo de 2024, la Asesoría Jurídica solicitó a la Delegación Policial de Sarapiquí aclarar e identificar las personas que fueron ubicadas en cada una de las propiedades objeto de los expedientes 0329- 2024 y 0386-2024, respectivamente, el cual se puso en conocimiento de las partes mediante correo electrónico de las 08:33 horas del 29 de mayo de los corrientes. (folios 0058 y 0063). Se hace mención del expediente administrativo 0386-2024 por cuanto el mismo trata de un inmueble colindante al del expediente 0329-2024 y ambos expedientes se gestionaron al mismo tiempo por parte de su apoderada especial administrativa la licenciada Maria José Peralta Salas. OCTAVO: Mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024, del 29 de mayo de los corrientes, suscrito por el señor Eladio Cordero Mora, Subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí, se recibe contestación al oficio MSP-DM-AJ-SPDA-628- 2024 del 28 de mayo de 2024, el cual se puso en conocimiento de las partes mediante correo electrónico de las 11:35 horas del 04 de junio de los corrientes. (folios 0064 y 0066). NOVENO: Mediante auto de prevención de las ocho horas del cuatro de junio de dos mil veinticuatro, se emitió prevención a la parte demandada, recibiéndose escrito de la parte demandada presentado el 04 de junio de los corrientes. (folios 0067 y 0070) DECIMO: Mediante auto de prevención de las diez horas con treinta minutos del cuatro de junio de dos mil veinticuatro, se confirió audiencia a la parte actora sobre las manifestaciones realizadas por la parte demandada mediante escrito y documentos aportados, visibles a partir del folio cuarenta y dos del expediente, con el fin de que se refiriera a cada uno de los hechos mencionados en dicho escrito, recibiéndose escrito presentado por la parte actora el 17 de junio de los corrientes.(folios 0068 y 0091) DECIMO PRIMERO: Se procedió a hacer un análisis de los documentos aportados al expediente así como de los argumentos expuestos por las partes , teniéndose por acreditado que ni la actora ni el demandado ni los demás ocupantes que fueron ubicados en el inmueble habitan en el terreno propiedad de la actora, y que – con referencia a la causal de invasión alegada – en realidad se estaba ante posibles actos meramente perturbatorios a la posesión de la parte actora sobre su propiedad, aunado a una discrepancia importante que surge de las manifestaciones de las partes en el expediente, en cuanto al derecho de paso sobre la servidumbre que consta en planos, circunstancias que deben ventilarse en la vía judicial, ya que el desalojo administrativo es un proceso sumarísimo y cualquier discusión de fondo compleja y ajena a las causales establecidas por ley, no puede ser resuelta en la vía administrativa, por lo que se recomendó el rechazo de la solicitud y el consecuente archivo del expediente. DECIMO SEGUNDO: El 23 de julio de 2024, la abogada encargada de la instrucción del expediente, Licenciada Maristella Vaccari Gil, somete a consideración de la jefatura un borrador de resolución, el cual es devuelto por la jefatura con observaciones el día 07 de agosto de los corrientes, remitiéndose un nuevo borrador de resolución a la jefatura el día 08 de agosto de los corrientes. DECIMO TERCERO: El 16 de agosto de 2024 el Despacho del Viceministro de Seguridad Pública emite la resolución 2024-0581-DV de las once horas con quince minutos, que en su POR TANTO establece: “Declarar sin lugar las diligencias de desalojo administrativo promovidas por [Nombre1]   , mayor, casada una vez, Médica Veterinaria, portadora de la cédula de identidad número CED2, vecina de San José en contra de [Nombre5]   , mayor, casado una vez, ganadero, portador de la cédula de identidad número CED3, vecino de Sarapiquí. Se ordena el archivo del expediente. Por soportar el inmueble objeto del presente proceso gravámenes o afectaciones establecidas en la Ley Forestal número 7575, póngase en conocimiento de la presente resolución al Ministerio de Ambiente y Energía a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) Podrá interponerse recurso de apelación en la Asesoría Jurídica de este Ministerio dentro del tercer día hábil, después de notificada esta resolución, de conformidad con los artículos 344 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Notifíquese. Expediente 0329-2024.” DECIMO CUARTO: Dicha resolución fue debidamente notificada a las partes el veintisiete de agosto de los corrientes, a las 16:12:36 horas, a la dirección de correo electrónico que fue aportada por las partes en el expediente. EN CUANTO AL FONDO Es importante mencionar que desde la presentación de la solicitud de desalojo, el pasado 04 de abril, el expediente administrativo N° 0329-2024 ha sido gestionado de forma diligente y oportuna. A las solicitudes de información y consulta del expediente se ha brindado respuesta en tiempo, así como el trámite de la resolución final, que si bien, la misma no es conforme a las pretensiones de la parte actora, se encuentra ajustada en un todo al ordenamiento jurídico, habiéndose emitido en un lapso de tiempo menor al promedio. Las solicitudes de auxilio que se han recibido en la Delegación Policial de Sarapiquí han sido atendidas en forma inmediata y oportuna. Tanto de los informes emitidos por las autoridades policiales como de la información que se desprende del expediente administrativo, se concluye que este Ministerio de Seguridad Pública se vuelve incompetente para resolver las pretensiones de la amparada, ante posibles actos meramente perturbatorios a la posesión de la parte actora sobre su propiedad, aunado a una discrepancia importante que surge de las manifestaciones de las partes en el expediente administrativo, referente al derecho de paso sobre la servidumbre que consta en planos, circunstancias que deben ventilarse en la vía judicial, de conformidad con el artículo 106 y concordantes del Código Procesal Civil, no siendo competencia de este Ministerio la situación planteada, sobre todo siendo que el desalojo administrativo es un proceso sumarísimo y cualquier discusión de fondo compleja y ajena a las causales establecidas por ley, no puede ser resuelta en la vía administrativa. En cuanto a la manifestación de la amparada de que el artículo 36 de la Ley Forestal establece que esta institución tiene competencia para actuar en casos de invasión en inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal, se advierte que en caso de invasión de una finca incluyendo - despojo o usurpación,- ya sea por ingreso violento u ocupación ilícita el Subproceso de Desalojos Administrativos no es competente para ordenar dicho desalojo por cuanto estaríamos en la presencia de ilícitos -tipos penales- que no competen a este Ministerio. No omito manifestar, que si bien la Dirección General de la Fuerza Pública, es quien en última instancia debe ejecutar el desalojo, en este supuesto estaríamos ante una orden judicial que debe ser emitida por las instancias judiciales y no por esta sede administrativa. Por todo lo anterior, es que se procedió con el rechazo de la solicitud de la amparada y se ordenó el archivo del correspondiente expediente administrativo de desalojo, así como el expediente por invasión en curso aperturado en la Delegación Policial de Sarapiquí”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

 I.- De previo.  De previo a analizar el fondo del alegato –por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido– debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues, se está ante una solicitud de desalojo presentada por la accionante en la cual acusa que las autoridades recurridas no lo han tramitado, a pesar de que se trata de un tema ambiental y es una solicitud de desalojo de una invasión de un inmueble sometido al régimen forestal.

II.- Objeto del recurso. La recurrente reclama que es propietaria de una finca en Heredia y ha enfrentado invasión de terceros desde principios del año 2024. Precisa que solicitó desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública el 4 de abril de 2024; sin embargo, a la fecha de interpuesto el recurso no se ha resuelto el desalojo, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales. 

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1)   La recurrente es propietaria de la finca en Heredia, folio real no. 186814-000 desde 2003 (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

2)   El 4 de abril de 2024, la accionante interpuso desalojo administrativo por invasión y se tramita ante el Ministerio de Seguridad Pública bajo el expediente no. 0329-20247 (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

3)   En fecha indeterminada, la recurrente interpuso denuncia de la invasión ante el Organismo de Investigación Judicial de Sarapiquí y se tramita bajo el expediente no. 24-000238-0076-PE (ver informe de la autoridad recurrida).

4)   El 12 de abril de 2024, la accionante interpuso una “ampliación solicitud de desalojo administrativo por invasión en curso” ante el Ministerio de Seguridad Pública (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

5)   El 15 de abril de 2024, la Delegación Policial de Sarapiquí realizó un operativo en el lugar de los hechos, resultando de dicha inspección que no se encontraron personas dentro de la finca y no se pudo identificar con claridad la finca supuestamente afectada, debido a la presencia de varias fincas en la zona. Se observaron estructuras rudimentarias construidas con plástico, madera y mecate (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

6)   El asesor legal policial de la Región Doceava de la Fuerza Pública emitió el criterio legal no. MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024 del 18 de abril de 2024, y recomendó hacer una nueva inspección con la asistencia de un profesional en topografía, con el objeto de identificar con precisión la propiedad en cuestión (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

7)   Mediante auto de traslado de las 8:20 horas del 24 de abril de 2024, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública confirió traslado de la demanda al demandado y demás ocupantes (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

8)   En fecha indeterminada, funcionarios de la Delegación Policial efectuaron nuevas inspecciones en el sitio, con la participación de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial OIJ y del Ministerio de Ambiente y Energía (ver informe de las autoridades recurridas).

9)   El 10 de mayo de 2024, la Delegación Policial realizó una inspección con personal de FONAFIFO y canal 38, además con dueños de las fincas vecinas a la amparada (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

10)                       El 24 de mayo de 2024, funcionarios de la Delegación Policial tomaron declaración a los testigos [Nombre8]   y [Nombre9]  , quienes manifestaron que el acceso de personas a la zona se ha venido produciendo desde aproximadamente dos meses y la trocha que facilita el acceso fue realizada desde finales de diciembre de 2023 (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

11)                       El 26 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí emitió el oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, mediante el cual se le comunicó a la amparada el archivo del expediente relacionado con la invasión en curso. Se le notificó ese mismo día (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

12)                       Mediante oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, del 26 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí puso en conocimiento al Subproceso de Desalojos Administrativos de las notificaciones realizadas dentro del expediente (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

13)                       El 27 de mayo de 2024, se recibió en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública la contestación del demandado del auto de traslado (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

14)                       Mediante oficio MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 del 28 de mayo de 2024, la Asesoría Jurídica solicitó a la Delegación Policial de Sarapiquí aclarar e identificar las personas que fueron ubicadas en cada una de las propiedades objeto de los expedientes 0329- 2024 y 0386-2024 -se trata de un inmueble colindante al del expediente 0329-2024- (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

15)                       Por oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024 del 29 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí contestó con la información requerida por la Asesoría Jurídica recurrida (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

16)                       Mediante auto de prevención de las 10:30 horas del 4 de junio de 2024, se confirió audiencia a la parte actora sobre las manifestaciones realizadas por la parte demandada (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

17)                       El 17 de junio de 2024, la parte actora presentó escrito con la contestación del escrito de la parte demandada (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

18)                       El 16 de agosto de 2024 el Despacho del viceministro de Seguridad Pública emitió la resolución 2024-0581-DV de las 11:15 horas, disponiendo lo siguiente: “Declarar sin lugar las diligencias de desalojo administrativo promovidas por [Nombre1]   , mayor, casada una vez, Médica Veterinaria, portadora de la cédula de identidad número CED2, vecina de San José en contra de [Nombre5]   , mayor, casado una vez, ganadero, portador de la cédula de identidad número CED3, vecino de Sarapiquí. Se ordena el archivo del expediente. Por soportar el inmueble objeto del presente proceso gravámenes o afectaciones establecidas en la Ley Forestal número 7575, póngase en conocimiento de la presente resolución al Ministerio de Ambiente y Energía a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) Podrá interponerse recurso de apelación en la Asesoría Jurídica de este Ministerio dentro del tercer día hábil, después de notificada esta resolución, de conformidad con los artículos 344 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Notifíquese. Expediente 0329-2024.” (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

19)                       A las 11:34 horas del 27 de agosto de 2024, se notificó la resolución de curso de este amparo a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (ver actas de notificación).

20)                       La resolución no. 2024-0581-DV de las 11:15 horas del 16 de agosto de 2024, se notificó a la accionante a las 16:12 horas del 27 de agosto de 2024 (ver prueba aportada al expediente e informe rendido bajo juramento).

 IV.- Caso concreto. En el sub lite, la recurrente reclama que es propietaria de una finca en Heredia y ha enfrentado invasión de terceros desde principios del año 2024. Precisa que solicitó desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública el 4 de abril de 2024; sin embargo, a la fecha de interpuesto el recurso no se ha resuelto el desalojo, lo que estima violatorio de sus derechos fundamentales. 

Del informe rendido bajo juramento, así como de las pruebas allegadas a los autos, se tiene por demostrado que la accionante es propietaria de la finca en Heredia folio real no. 186814-000 desde 2003. El 4 de abril de 2024 interpuso desalojo administrativo por invasión y se tramita ante el Ministerio de Seguridad Pública bajo el expediente no. 0329-20247. Asimismo, en fecha indeterminada, la recurrente interpuso denuncia de la invasión ante el Organismo de Investigación Judicial de Sarapiquí y se tramita bajo el expediente no. 24-000238-0076-PE. Por otra parte, el 12 de abril de 2024, la accionante interpuso ante el Ministerio de Seguridad Pública una “ampliación solicitud de desalojo administrativo por invasión en curso”. Debido a lo anterior, El 15 de abril de 2024, la Delegación Policial de Sarapiquí realizó un operativo en el lugar de los hechos, resultando de dicha inspección que no se encontraron personas dentro de la finca y no se pudo identificar con claridad la finca supuestamente afectada, debido a la presencia de varias fincas en la zona. Se observaron estructuras rudimentarias construidas con plástico, madera y mecate. El asesor legal policial de la Región Doceava de la Fuerza Pública emitió el criterio legal no. MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024 del 18 de abril de 2024, donde recomendó hacer una nueva inspección con la asistencia de un profesional en topografía, con el objeto de identificar con precisión la propiedad en cuestión. Aunado a lo anterior, mediante auto de traslado de las 8:20 horas del 24 de abril de 2024, la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública confirió traslado de la demanda al demandado y demás ocupantes. Asimismo, en fecha indeterminada, funcionarios de la Delegación Policial efectuaron nuevas inspecciones en el sitio, con la participación de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial OIJ y del Ministerio de Ambiente y Energía. Y el 10 de mayo de 2024, la Delegación Policial realizó una inspección con personal de FONAFIFO y canal 38, además con dueños de las fincas vecinas a la amparada. El 24 de mayo de 2024, funcionarios de la Delegación Policial tomaron declaración a los testigos [Nombre8]   y [Nombre9]  , quienes manifestaron que el acceso de personas a la zona se ha venido produciendo desde aproximadamente dos meses y la trocha que facilita el acceso fue realizada desde finales de diciembre de 2023. Como consecuencia, el 26 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí emitió el oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, mediante el cual se le comunicó a la amparada el archivo del expediente relacionado con la invasión en curso. Se le notificó ese mismo día. Mediante oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, del 26 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí puso en conocimiento al Subproceso de Desalojos Administrativos de las notificaciones realizadas dentro del expediente. El 27 de mayo de 2024, se recibió en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública la contestación del demandado del auto de traslado. Mediante oficio MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 del 28 de mayo de 2024, la Asesoría Jurídica solicitó a la Delegación Policial de Sarapiquí aclarar e identificar las personas que fueron ubicadas en cada una de las propiedades objeto de los expedientes 0329- 2024 y 0386-2024 -se trata de un inmueble colindante al del expediente 0329-2024-. Por oficio no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024 del 29 de mayo de 2024, el subjefe de la Delegación Policial de Sarapiquí contestó con la información requerida por la Asesoría Jurídica recurrida. Mediante auto de prevención de las 10:30 horas del 4 de junio de 2024, se confirió audiencia a la parte actora sobre las manifestaciones realizadas por la parte demandada. El 17 de junio de 2024, la parte actora presentó escrito con la contestación del escrito de la parte demandada. Por último, el 16 de agosto de 2024 el Despacho del viceministro de Seguridad Pública emitió la resolución 2024-0581-DV de las 11:15 horas, disponiendo lo siguiente: “Declarar sin lugar las diligencias de desalojo administrativo promovidas por [Nombre1]   , mayor, casada una vez, Médica Veterinaria, portadora de la cédula de identidad número CED2, vecina de San José en contra de [Nombre5]   , mayor, casado una vez, ganadero, portador de la cédula de identidad número CED3, vecino de Sarapiquí. Se ordena el archivo del expediente. Por soportar el inmueble objeto del presente proceso gravámenes o afectaciones establecidas en la Ley Forestal número 7575, póngase en conocimiento de la presente resolución al Ministerio de Ambiente y Energía a través del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) Podrá interponerse recurso de apelación en la Asesoría Jurídica de este Ministerio dentro del tercer día hábil, después de notificada esta resolución, de conformidad con los artículos 344 y 346 de la Ley General de la Administración Pública. Notifíquese. Expediente 0329-2024”. Se notificó a la accionante a las 16:12 horas del 27 de agosto de 2024.

En este sentido, se constata que si bien no hubo una dilación en la tramitación y resolución del procedimiento administrativo, fue después de la notificación de la resolución de curso de este amparo que las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública -11:34 horas del 27 de agosto de 2024-, procedieron a notificar a la accionante el resultado del procedimiento administrativo de desalojo -16:12 horas del 27 de agosto de 2024-. En virtud de lo expuesto, lo que procede es declarar con lugar el recurso. No obstante, al constatarse que con ocasión de este proceso la pretensión de la recurrente fue satisfecha, esta declaratoria se dicta sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VI.- Voto salvado parcial del magistrado Salazar Alvarado, únicamente en relación con la no condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

 La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

 Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

 Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

 En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio de los suscritos, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

 Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

 El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

 En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

 Como razón adicional, cabe destacar que la dinámica y esencia misma de los procesos de amparo, no tiene por objeto primario el análisis de la existencia o no de daños y perjuicios, sino, de la existencia o no de acciones u omisiones que puedan generar o producir un quebranto al régimen de los derechos fundamentales de las personas. Desde esa arista, el análisis que realiza esta sede, se concentra en dicha verificación, empero, no ingresa a la ponderación de si esas cuestiones han generado o no lesiones en el ámbito eminentemente patrimonial de las personas amparadas. Si bien el precitado precepto 52, de la LJC, en su ámbito gramatical, estatuye que dicha condena (en daños, perjuicios y costas) opera, de ser procedente, no estimamos los suscritos que dicho examen de pertinencia pueda, a priori, excluirse de manera automática en este tipo de procesos, en la medida en que, es dentro de otro proceso ordinario, que se ha de definir si dentro de la relación jurídica analizada en el recurso de amparo, las conductas u omisiones imputables a la Administración (o sujeto de derecho privado, cuando corresponda), se han constituido como causa adecuada de lesiones de orden patrimonial, que sean jurídicamente indemnizables. A modo de referencia, los numerales 179 al 184, del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508, define un proceso especial que tiene por objeto la definición de los efectos económicos derivados de condenas dictadas en estos procesos. A la luz del canon 179 ejusdem, ese proceso tiene por objeto lo siguiente: 

“ARTÍCULO 179.- Corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ejecución de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Constitucional, en procesos de hábeas corpus y de amparo contra sujetos de Derecho público, únicamente en lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias”.

 Es claro que ese proceso se direcciona al análisis del antecedente necesario emitido por esta Sala en cuanto a una condena en abstracto en esos rubros, pues no procedería ese tipo de pretensiones dentro de ese tipo de causas, cuando la sentencia dictada dentro del proceso de amparo, estableciere, de manera expresa, la improcedencia de daños, perjuicios y/o costas, así como cuando no exista pronunciamiento expreso en cuanto a este particular. Es decir, el proceso especial en sede contencioso administrativa, requiere, a modo de requisito sine qua non, de condena o pronunciamiento expreso por parte de esta Sala Constitucional. En ese orden, a nuestro juicio, al tenor del mencionado ordinal 52, de la LJC, la dispensa en esa condena patrimonial precisa de la acreditación, en cada caso, de situaciones a partir de las cuales, es estime, motivadamente, la inexistencia de lesiones patrimoniales, aún potenciales, derivadas o asociadas a los hechos analizados. Por ende, se trata de una excepción, que, como tal, requiere de aplicación calificada y debidamente fundamentada de manera casuística. La sola circunstancia que, en el curso del trámite, la Administración dicte resolución o se emita sentencia judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, no descarta, per se, que, de previo a esa cesación por causa propia o ajena al ente accionado, la indolencia acusada o perturbación reprochada, haya llegado a ocasionar daños y perjuicios. Sin embargo, tal cuestión de fondo, en lo relativo a la efectividad de las lesiones, su cuantía, reclamo oportuno, etc., son ponderaciones que escapan a la naturaleza de estos procesos y respecto de la cual, en orden a lo regulado por el mandato 52 aludido, son propias de una condena en abstracto que luego constituye base de análisis en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La tutela que se pretende en estos procesos de orden constitucional no precisa de la demostración de daños y perjuicios, pues, se insiste, no es su objeto o ratio primaria. Así, no corresponde a la persona amparada el reclamo o demostración de daños, siendo que lo que busca es el resguardo de sus derechos fundamentales. Luego, si esas conductas administrativas le han producido lesiones, es un extremo que, por tesis de principio y salvo casos excepcionales, no forman parte de la base de análisis de este tipo de causas. Nótese que, en el supuesto regulado en ese mandato, la Sala Constitucional no hace un análisis de fondo de la situación a tutelar, dada la terminación del amparo o habeas corpus por la circunstancia sobrevenida ya citada. Ergo, en estos casos, por imperativo legal, no se ingresa a valorar si hay o no infracción, con lo cual, mucho menos puede definirse si a partir de lo denunciado por el requirente, puede haber o no situaciones de posible reparación civil. De esa manera, la dispensa de condena a que alude esa norma, es de orden excepcional, no de principio. Por tanto, en esos supuestos, la norma impone la condena en abstracto, para que sea dentro de otro proceso plenario, que se analice su procedencia. De otro modo, de aplicarse como regla esa liberación de daños, perjuicios y costas, se estaría poniendo en riesgo la tutela de la situación jurídica de la persona que, pese a esa respuesta sobrevenida de la parte reclamada, pudo haber sufrido lesiones en su esfera patrimonial, en detrimento de lo estatuido por el precepto 45, de la Constitución Política, y desconociendo la potencial responsabilidad de la Administración, tal y como lo impone el artículo 9 ejusdem. Además, no debe dejarse de lado que fue en virtud de una acción de esa índole, que se adoptó una conducta que hace cesar las conductas que, en teoría, amenazan o conculcan los derechos fundamentales de la persona. Es decir, a efectos de obtener el resguardo de esos derechos, la persona optó por la tutela judicial, y fue por esa virtud, que se produce el cese de la perturbación reprochada. Se insiste, si la permanencia de la amenaza o deterioro de su situación en tanto se hizo cesar por las causas aludidas en la norma bajo examen, generó daños y perjuicios, es un tema que, salvo prueba en contrario, debe ser analizado dentro de un proceso ordinario, pero que, se reitera, en modo alguno, debe negarse, como presupuesto, por la sola concreción del supuesto de hecho regulado en el mencionado ordinal 52, de la LJC. Por ende, con el respeto de siempre en cuanto a la postura de mayoría, externo mi voto y reitero que la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en abstracto en costas, daños y perjuicios. 

VII.- Voto salvado de la magistrada Garro Vargas respecto a la parte dispositiva de esta sentencia. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso, con base en lo dispuesto por el artículo 52, párrafo 1º, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. El magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




[Nombre11]  .

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ingrid Hess H.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 LJMWMNVEBQI61

EXPEDIENTE N° 24-022953-0007-CO

 

Teléfonos: [Telf1] /  (). Fax: [Telf2] / [Telf3]. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: ([Dirección3] , [Dirección4] ,  .       ).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:30:34.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine thirty hours on the twenty-first of March, two thousand twenty-five.

*Amparo* appeal filed by [Name1]  , identity card CED1, against the MINISTRY OF PUBLIC SECURITY.

**Whereas:**

**1.-** By writ received via the Chamber's Online Filing System on August 21, 2024, the appellant files an *amparo* appeal against the Ministry of Public Security. She states that she has been the owner of a property in Heredia under real property folio no. 186814-000 since 2003, an immovable property subject to the Forestry Regime (*Régimen Forestal*) under payment for environmental services (*pago de servicios ambientales*) contract no. CN-01-22-0086-202, for forest protection, and has faced an invasion by third parties since early 2024. She recounts that these invaders are families who have entered violently, most of the men armed with machetes and chainsaws, to cut down trees and cause significant damage to the forest resource, without any authorization. In view of these facts, she filed an administrative eviction (*desalojo administrativo*) request with the Ministry of Public Security on April 4, 2024, a complaint assigned no. 329-2024, a complaint also filed with the Sarapiquí Police Station. She explains that, despite the inspections and reports carried out by the police, through which the invasion was confirmed, the invaders were identified, and the ecological damage was verified, including the felling of trees and the construction of shacks and kitchens within the property, and despite having complied with all the warnings indicated by the ministry, an administrative eviction resolution has not been issued after four months of waiting, during which a considerable number of trees within the forestry regime are felled daily. She claims that the lack of action by the Ministry of Public Security, despite clear evidence of the invasion and progressive environmental damage, has omitted the necessary decision-making to protect the forest resource under the established legal regime and has allowed the continued destruction of a significant area of the property, with a documented impact of 5.6 hectares out of a total of 15.2 hectares of forest cover (*cobertura boscosa*). She accuses that the lack of an administrative resolution has aggravated the situation, allowing the invaders to continue their destructive activities, which results in the violation of the constitutional right recognized in Article 50 of the Political Constitution of Costa Rica, which establishes environmental protection as a fundamental right. Furthermore, Article 36 of the Forest Law (*Ley Forestal*) No. 7575 requires police authorities to proceed with the eviction of invaders from properties under the forestry regime at the owner's request, which has not been fulfilled in this case. The lack of response and immediate action to a legitimate and duly substantiated request contravenes the legal and constitutional mandate to protect natural resources. She requests that the Ministry of Public Security and its Legal Advisory Department be ordered to resolve the administrative eviction request filed four months ago, to prevent further greater damage to the environment.

**2.-** By resolution of the Presidency at 15:30 hours on August 26, 2024, the proceeding was admitted.

**3.-** By writs received via the Chamber's Online Filing System on September 2 and 3, 2024, [Name2]  , [Name3]    , and [Name4]  , in their order as minister, head of the Administrative Evictions Sub-Process, and director of Legal Advisory, all of the Ministry of Public Security, report under oath that: "... FIRST: Regarding the referred facts, I report that indeed, in the Administrative Evictions Sub-Process, file 0329-20247 is being processed, promoted by [Name1]  , of legal age, married once, Veterinary Doctor, holder of identity card number CED2, resident of San José, against [Name5]  , of legal age, married once, cattle rancher, holder of identity card number CED3, resident of Sarapiquí, Puerto Viejo, Cristo Rey, [Address1]       , house on the right, and other occupants located in Heredia, Sarapiquí, Puerto Viejo, Finca el Topacio, [Address2]        , Puerto Viejo, according to cadastral map H-796199-2002, via writ filed with Legal Advisory on April 4, 2024, citing invasion as the cause of occupation, and indicating in the respective request that: '... Mr. [Name5]    has entered into a purchase-sale contract with the current owner [Name6]   of the property of the Heredia district real property folio 193329 rights 001 and 002; which borders the property of the undersigned... the accused began at the end of 2023 to carry out acts, without prior consent, of felling and clearing (*sócala*) within my property for the purpose of building a road, as shown in the attached photographs...' (folios 0001 and 0002). On the other hand, on April 8, 2024, the plaintiff filed a request for police assistance with the Sarapiquí Police Station, reporting an ongoing invasion of her property on April 6, 2024, and provided a copy of the complaint filed with the Judicial Investigation Organism (*Organismo de Investigación Judicial*, OIJ) of Sarapiquí, under file 24-000238-0076-PE. On April 15, 2024, the Sarapiquí Police Station conducted an operational assessment at the scene, the result of said inspection being that no persons were found inside the property, and the supposedly affected property could not be clearly identified due to the presence of several properties in the area. Rudimentary structures built with plastic, wood, and rope were observed. SECOND: Via writ filed with Legal Advisory on April 12, 2024, the plaintiff expands her claim by stating: '...that the property I own...has been invaded by third parties...that the invasion is specifically occurring at the road site and where illegal tree felling, previously reported to this Institution against Mr. [Name5]  , took place. Currently, we have the problem that there are other invaders who have entered violently and without authorization with their families to build types of shacks within my property...' (folio 0021). On April 18, 2024, Attorney Luis Fernando Vega Morera, Police Legal Advisor for the Twelfth Region of the Public Force, issued a legal opinion via official letter MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024, which recommends conducting a new inspection with the assistance of a surveying professional to precisely identify the property in question, given that the observation report of the recently invaded property mentions some shacks built with plastic, rope, and wood were observed but does not indicate on which property they are located. Additionally, the observation report indicates there are no persons on the site, making it impossible to issue an order for the removal (*lanzamiento*) of illegitimate occupants since there would be no one to remove. Finally, it notes that in the previous inspection, the only person found in the area was a 69-year-old man performing tasks unrelated to the reported invasion. On April 28, the protected party was notified via official letter MSP-DM-DVURFP-DRDC-DPS-UO-1329- 2024, dated April 27, 2024, informing her that, regarding the request for police assistance for an ongoing invasion, an operational assessment and observation report were completed, as well as a legal opinion, and she was informed of the additional requirements derived from the legal opinion. THIRD: Via a transfer order (*auto de traslado*) at eight hours and twenty minutes on April twenty-fourth, two thousand twenty-four, the claim was transferred to the defendant and other occupants, so that, prior to resolving as legally appropriate, they could respond in writing to the eviction proceedings filed against them. (f 0029). FOURTH: Via official letter MSP-DM-SPDA-506-2024 dated April 24, 2024, the Sarapiquí Police Station was requested to proceed to notify the defendant and other occupants of the transfer order at eight hours and twenty minutes on April twenty-fourth, two thousand twenty-four (f 0030). On May 3, 2024, Attorney Maria José Peralta Salas from the Law Firm in charge of the legal advisory for the protected party, submitted a document to the Police Station providing information about administrative file 329-2024 being processed in the Administrative Evictions Sub-Process. Simultaneously, officials from the Police Station conducted new on-site inspections with the participation of officials from the Judicial Investigation Organism (OIJ) and the Ministry of Environment and Energy. On May 10, the Police Station conducted an inspection with personnel from FONAFIFO and channel 38, as well as with owners of properties neighboring the protected party. From this inspection, Subintendant [Name7]  , in his capacity as District Chief of Puerto Viejo, directed a report dated May 10th instant to the Post Chief of the Sarapiquí Cantonal Station (folio 0035). On May 24, officials from the Police Station took statements from witnesses [Name8]   and [Name9]  , who stated that people's access to the area had been occurring for approximately two months and that a track facilitating said access was built at the end of December 2023. On May 26, 2024, Mr. Eladio Cordero Mora, Deputy Chief of the Sarapiquí Police Station, issued official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, through which the protected party was notified of the closure of the file related to the ongoing invasion. Given that the presence of persons inside the property could not be verified at the time of the inspections, and according to interviews with witnesses and nearby neighbors, they indicated and attested that the invasion of the protected party's property had occurred more than two months prior and that the access track was made with a tractor since last year, it does not meet the requirements established for an ongoing invasion process, pursuant to Article 13 of Executive Decree No. 37262-MSP, which is the Regulation for the Processing of Administrative Evictions Filed Before the Ministry of Public Security. On May 26, 2024, Mr. Eladio Cordero Mora, Deputy Chief of the Sarapiquí Police Station, issued official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, through which the protected party was notified of the closure of the file related to the ongoing invasion. FIFTH: Via official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, dated May 26th instant, signed by Mr. Eladio Cordero Mora, Deputy Chief of the Sarapiquí Police Station, the Administrative Evictions Sub-Process was informed of the notifications made within the file. (folio 0035). SIXTH: On May 27th instant, Legal Advisory received a writ signed by the defendant, in response to the transfer order. (f 0042). SEVENTH: Via official letter MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 dated May 28, 2024, Legal Advisory requested the Sarapiquí Police Station to clarify and identify the persons located on each of the properties subject to files 0329-2024 and 0386-2024, respectively, which was communicated to the parties via email at 08:33 hours on May 29th instant. (folios 0058 and 0063). Administrative file 0386-2024 is mentioned because it concerns a property bordering that of file 0329-2024, and both files were managed simultaneously by her special administrative representative, Attorney Maria José Peralta Salas. EIGHTH: Via official letter MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024, dated May 29th instant, signed by Mr. Eladio Cordero Mora, Deputy Chief of the Sarapiquí Police Station, a response to official letter MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 dated May 28, 2024, was received, which was communicated to the parties via email at 11:35 hours on June 4th instant. (folios 0064 and 0066). NINTH: Via a prevention order (*auto de prevención*) at eight hours on June fourth, two thousand twenty-four, a prevention was issued to the defendant, receiving a writ from the defendant filed on June 4th instant. (folios 0067 and 0070). TENTH: Via a prevention order at ten hours and thirty minutes on June fourth, two thousand twenty-four, a hearing was granted to the plaintiff regarding the statements made by the defendant via the writ and documents provided, visible from folio forty-two of the file, so that she could address each of the facts mentioned in said writ; a writ filed by the plaintiff was received on June 17th instant. (folios 0068 and 0091). ELEVENTH: An analysis was conducted of the documents provided to the file as well as the arguments presented by the parties, establishing that neither the plaintiff, the defendant, nor the other occupants who were located on the property reside on the plaintiff's land, and that – with reference to the alleged cause of invasion – it was actually potential acts merely disruptive (*meramente perturbatorios*) to the plaintiff's possession of her property, coupled with a significant discrepancy arising from the parties' statements in the file regarding the right of way over the easement (*servidumbre*) recorded on maps. These are circumstances that must be addressed through judicial channels, since administrative eviction is a summary proceeding (*proceso sumarísimo*), and any complex substantive discussion beyond the causes established by law cannot be resolved administratively. Therefore, the rejection of the request and the consequent closure of the file was recommended. TWELFTH: On July 23, 2024, the lawyer in charge of the file's proceedings, Attorney Maristella Vaccari Gil, submitted a draft resolution for consideration by the department head, which was returned by the department head with observations on August 7th instant, and a new draft resolution was sent to the department head on August 8th instant. THIRTEENTH: On August 16, 2024, the Office of the Vice Minister of Public Security issued resolution 2024-0581-DV at eleven hours and fifteen minutes, which in its THEREFORE (*Por tanto*) section states: 'Declare without merit the administrative eviction proceedings promoted by [Name1]  , of legal age, married once, Veterinary Doctor, holder of identity card number CED2, resident of San José, against [Name5]  , of legal age, married once, cattle rancher, holder of identity card number CED3, resident of Sarapiquí. The closure of the file is ordered. As the property subject to this proceeding bears encumbrances or restrictions established in the Forest Law number 7575, the Ministry of Environment and Energy is to be informed of this resolution through the National Forestry Financing Fund (FONAFIFO). An appeal may be filed with the Legal Advisory of this Ministry within the third business day after being notified of this resolution, in accordance with Articles 344 and 346 of the General Law of Public Administration. Notify. File 0329-2024.' FOURTEENTH: Said resolution was duly notified to the parties on the twenty-seventh of August instant, at 16:12:36 hours, to the email address provided by the parties in the file. AS TO THE MERITS OF THE MATTER. It is important to mention that since the presentation of the eviction request on April 4, administrative file No. 0329-2024 has been managed diligently and timely. Requests for information and consultation of the file have been responded to on time, as well as the processing of the final resolution, which, although it does not conform to the plaintiff's claims, is fully adjusted to the legal system, having been issued in a period shorter than average. The requests for assistance received by the Sarapiquí Police Station have been addressed immediately and timely. Both from the reports issued by the police authorities and from the information derived from the administrative file, it is concluded that this Ministry of Public Security becomes incompetent to resolve the claims of the protected party, in the face of potential acts merely disruptive to the plaintiff's possession of her property, coupled with a significant discrepancy arising from the parties' statements in the administrative file regarding the right of way over the easement recorded on maps. These are circumstances that must be addressed through judicial channels, in accordance with Article 106 and concordant articles of the Civil Procedure Code. The situation raised is not within this Ministry's competence, especially since administrative eviction is a summary proceeding and any complex substantive discussion beyond the causes established by law cannot be resolved administratively. As for the protected party's statement that Article 36 of the Forest Law establishes that this institution has competence to act in cases of invasion of properties voluntarily subjected to the forestry regime, it is noted that in the event of an invasion of a property – including dispossession or usurpation – whether by violent entry or illegal occupation, the Administrative Evictions Sub-Process is not competent to order such eviction, as we would be in the presence of illicit acts – criminal offenses – that do not fall within this Ministry's competence. I do not omit to state that, although the General Directorate of the Public Force is the entity that ultimately must execute the eviction, in this scenario we would be facing a judicial order that must be issued by judicial instances and not by this administrative office. For all of the foregoing, the rejection of the protected party's request was proceeded with, and the closure of the corresponding administrative eviction file was ordered, as well as the file for ongoing invasion opened at the Sarapiquí Police Station."

**4.-** In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Judge Araya García; and,

**Considering:**

**I.-** Preliminary. Prior to analyzing the merits of the claim – for the alleged violation of the right to a prompt and timely procedure – it must be clarified that, based on judgment No. 2008-02545 at 8:55 hrs. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction – with some exceptions – those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure – initiated ex officio or at the request of a party – or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in the *sub lite* case, an exception scenario is raised, as we are dealing with an eviction request filed by the plaintiff in which she accuses the respondent authorities of not processing it, despite the fact that it is an environmental matter and a request for eviction from an invasion of a property subject to the forestry regime.

**II.-** Purpose of the appeal. The appellant claims she is the owner of a property in Heredia and has faced an invasion by third parties since early 2024. She specifies that she requested an administrative eviction before the Ministry of Public Security on April 4, 2024; however, as of the date the appeal was filed, the eviction has not been resolved, which she considers a violation of her fundamental rights.

**III.-** Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly proven:

1)   The appellant has been the owner of the property in Heredia, real property folio no. 186814-000 since 2003 (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

2)   On April 4, 2024, the plaintiff filed an administrative eviction for invasion, processed before the Ministry of Public Security under file no. 0329-20247 (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

3)   On an unspecified date, the appellant filed a complaint regarding the invasion with the Judicial Investigation Organism of Sarapiquí, processed under file no. 24-000238-0076-PE (see report from the respondent authority).

4)   On April 12, 2024, the plaintiff filed an "expansion of the administrative eviction request for ongoing invasion" before the Ministry of Public Security (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

5)   On April 15, 2024, the Sarapiquí Police Station conducted an operation at the scene, the result of that inspection being that no persons were found inside the property and the supposedly affected property could not be clearly identified due to the presence of several properties in the area. Rudimentary structures built with plastic, wood, and rope were observed (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

6)   The police legal advisor of the Twelfth Region of the Public Force issued legal opinion no. MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024 dated April 18, 2024, and recommended conducting a new inspection with the assistance of a surveying professional to precisely identify the property in question (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

7)   Via transfer order at 8:20 hours on April 24, 2024, Legal Advisory of the Ministry of Public Security transferred the claim to the defendant and other occupants (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

8)   On an unspecified date, officials from the Police Station conducted new on-site inspections with the participation of officials from the Judicial Investigation Organism (OIJ) and the Ministry of Environment and Energy (see report from the respondent authorities).

9)   On May 10, 2024, the Police Station conducted an inspection with personnel from FONAFIFO and channel 38, as well as with owners of properties neighboring the protected party (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

10)                        On May 24, 2024, officials from the Police Station took statements from witnesses [Name8]   and [Name9]  , who stated that people's access to the area had been occurring for approximately two months and the track that facilitates access was built at the end of December 2023 (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

11)                        On May 26, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Station issued official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, through which the protected party was notified of the closure of the file related to the ongoing invasion. She was notified that same day (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

12)                        Via official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, dated May 26, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Station informed the Administrative Evictions Sub-Process of the notifications made within the file (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

13)                        On May 27, 2024, the defendant's response to the transfer order was received by Legal Advisory of the Ministry of Public Security (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

14)                        Via official letter MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 dated May 28, 2024, Legal Advisory requested the Sarapiquí Police Station to clarify and identify the persons located on each of the properties subject to files 0329-2024 and 0386-2024 – this concerns a property bordering that of file 0329-2024 – (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

15)                        By official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024 dated May 29, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Station responded with the information requested by the respondent Legal Advisory (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

16)                        Via a prevention order at 10:30 hours on June 4, 2024, a hearing was granted to the plaintiff regarding the statements made by the defendant (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

17)                        On June 17, 2024, the plaintiff filed a writ responding to the defendant's writ (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

18)                        On August 16, 2024, the Office of the Vice Minister of Public Security issued resolution 2024-0581-DV at 11:15 hours, ordering the following: “Declare without merit the administrative eviction proceedings promoted by [Name1]  , of legal age, married once, Veterinary Doctor, holder of identity card number CED2, resident of San José, against [Name5]  , of legal age, married once, cattle rancher, holder of identity card number CED3, resident of Sarapiquí. The closure of the file is ordered. As the property subject to this proceeding bears encumbrances or restrictions established in the Forest Law number 7575, the Ministry of Environment and Energy is to be informed of this resolution through the National Forestry Financing Fund (FONAFIFO). An appeal may be filed with the Legal Advisory of this Ministry within the third business day after being notified of this resolution, in accordance with Articles 344 and 346 of the General Law of Public Administration. Notify. File 0329-2024.” (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

19)                        At 11:34 hours on August 27, 2024, the resolution admitting this *amparo* was notified to the authorities of the Ministry of Public Security (see notification records).

20)                        Resolution no. 2024-0581-DV at 11:15 hours on August 16, 2024, was notified to the plaintiff at 16:12 hours on August 27, 2024 (see evidence provided to the file and report rendered under oath).

**IV.-** Specific case. In the *sub lite* case, the appellant claims she is the owner of a property in Heredia and has faced an invasion by third parties since early 2024. She specifies that she requested an administrative eviction before the Ministry of Public Security on April 4, 2024; however, as of the date the appeal was filed, the eviction has not been resolved, which she considers a violation of her fundamental rights.

From the report rendered under oath, as well as the evidence added to the case file, it is proven that the plaintiff has been the owner of the property in Heredia, real property folio no. 186814-000, since 2003. On April 4, 2024, she filed an administrative eviction for invasion, processed before the Ministry of Public Security under file no. 0329-20247. Likewise, on an unspecified date, the appellant filed a complaint regarding the invasion with the Judicial Investigation Organism of Sarapiquí, processed under file no. 24-000238-0076-PE. Furthermore, on April 12, 2024, the plaintiff filed an “expansion of the administrative eviction request for ongoing invasion” before the Ministry of Public Security. Consequently, on April 15, 2024, the Sarapiquí Police Station conducted an operation at the scene, the result of that inspection being that no persons were found inside the property and the supposedly affected property could not be clearly identified due to the presence of several properties in the area. Rudimentary structures built with plastic, wood, and rope were observed. The police legal advisor of the Twelfth Region of the Public Force issued legal opinion no. MSP-DMDVURFP-DGFP-DALEP-R12-063-2024 dated April 18, 2024, recommending a new inspection with the assistance of a surveying professional to precisely identify the property in question. Furthermore, via transfer order at 8:20 hours on April 24, 2024, Legal Advisory of the Ministry of Public Security transferred the claim to the defendant and other occupants.

Likewise, on an undetermined date, officials of the Police Delegation conducted new inspections at the site, with the participation of officials of the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) and the Ministry of Environment and Energy. And on May 10, 2024, the Police Delegation conducted an inspection with FONAFIFO personnel and channel 38, in addition to owners of the neighboring properties to the protected one. On May 24, 2024, officials of the Police Delegation took statements from witnesses [Nombre8] and [Nombre9], who stated that access by persons to the area has been occurring for approximately two months and the trail that facilitates access was made starting in late December 2023. As a consequence, on May 26, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Delegation issued official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1698-2024, by which the protected party was informed of the archiving of the file related to the ongoing invasion. She was notified that same day. By official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-UO-1700-2024, of May 26, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Delegation informed the Administrative Evictions Subprocess of the notifications made within the file. On May 27, 2024, the response of the defendant to the transfer order was received by the Legal Advisory Office of the Ministry of Public Security. By official letter MSP-DM-AJ-SPDA-628-2024 of May 28, 2024, the Legal Advisory Office requested the Sarapiquí Police Delegation to clarify and identify the persons who were located on each of the properties that are the subject of files 0329-2024 and 0386-2024—this concerns a property adjacent to the one in file 0329-2024. By official letter no. MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRDC-DPS-SUBJ-081-05-2024 of May 29, 2024, the deputy chief of the Sarapiquí Police Delegation responded with the information requested by the appealed Legal Advisory Office. By means of a prevention order at 10:30 a.m. on June 4, 2024, a hearing was granted to the plaintiff regarding the statements made by the defendant. On June 17, 2024, the plaintiff filed a brief responding to the defendant’s brief. Finally, on August 16, 2024, the Office of the Deputy Minister of Public Security issued resolution 2024-0581-DV at 11:15 a.m., ordering the following: “Declare unfounded the administrative eviction proceedings brought by [Nombre1], of legal age, married once, Veterinarian, holder of identity card number CED2, resident of San José, against [Nombre5], of legal age, married once, cattle rancher, holder of identity card number CED3, resident of Sarapiquí. The archiving of the file is ordered. Because the property that is the subject of this proceeding is subject to encumbrances or affectations established in Forest Law number 7575, let the Ministry of Environment and Energy be informed of this resolution through the National Forest Financing Fund (FONAFIFO). An appeal may be filed with the Legal Advisory Office of this Ministry within the third working day after notification of this resolution, in accordance with articles 344 and 346 of the General Public Administration Law. Notify. File 0329-2024.” The complainant was notified at 4:12 p.m. on August 27, 2024.

In this regard, it is confirmed that although there was no delay in the processing and resolution of the administrative proceeding, it was after the notification of the resolution ordering the course of this amparo that the authorities of the Ministry of Public Security—at 11:34 a.m. on August 27, 2024—proceeded to notify the complainant of the result of the administrative eviction proceeding—at 4:12 p.m. on August 27, 2024. By virtue of the foregoing, what is appropriate is to declare the appeal with merit. However, upon confirming that on the occasion of this proceeding the complainant’s claim was satisfied, this declaration is issued without special condemnation of costs, damages, and losses.

V.- On the condemnation of costs, damages, and losses in accordance with article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, detains, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate”), the grant must be without special condemnation of costs, damages, and losses, based on the following considerations. While there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to state that the appeal is declared with merit, when the grievance is resolved while the amparo is underway, it is no less true that the same paragraph in fine states that the grant is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” It is underlined that the Law states “if they are appropriate,” which means that the appropriateness or inappropriateness of the indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the claim of the protected person and the conduct of the appealed authority in acknowledging it, suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of clearly patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: “any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment,” where the possibility of evaluating whether or not what concerns indemnification and costs is appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law, or, as the case may be, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Public Administration Law and the Contentious-Administrative Procedural Code and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Constitutional Jurisdiction Law—cf. article 14. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite preserves the possibility of resorting, if she deems it appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that she has suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority criterion to resolve this appeal without condemnation of costs, damages, and losses.

VI.- Partial dissenting vote of Judge Salazar Alvarado, solely in relation to the non-condemnation of costs, damages, and losses against the appealed party. While I agree with the rest of the Chamber in declaring the appeal with merit, I separate myself from the majority criterion insofar as it exempts the appealed party from being condemned to pay the costs, damages, and losses derived from the injury caused to the fundamental rights of the protected party.

The Constitutional Jurisdiction Law, in article 52, provides that:

“If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, detains, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”

On the other hand, in article 51 ibidem, it is established that:

“... any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

This latter norm establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the proceeding, where there is a ruling on the merits of the matter and recognition of the facts that have violated fundamental rights…”.

In the majority’s criterion, article 51, cited, regulates the cases in which the Chamber has found the grievance proven; and, as a consequence, the need arises for a condemnation of costs, damages, and losses. However, in the opinion of the undersigned, from the systematic interpretation of both norms, it is concluded that, both in cases where this Constitutional Court verifies an injury to a fundamental right; and, therefore, declares the appeal with merit, and in those where the Administration, by its own decision, restores the aggrieved person to the enjoyment of her fundamental rights, once it has knowledge of the amparo—a situation contemplated in the cited article 52—by mandate of articles 50 and 51 of the cited law, the necessary and unavoidable consequence is the condemnation of the offender to the indemnification of the damages and losses caused and the payment of the costs of the appeal. This rule is nothing more than the recognition, to the party that has suffered a violation of her fundamental rights, of the right to effective judicial protection regarding the reparation of the harmful consequences derived from the actions or omissions of the offending authorities; and, as a dissuasive means, so that the State does not incur again in the actions that gave grounds for the grant of the appeal, a matter regulated in article 50 of the law that governs this jurisdiction. Thus, whether the Chamber has found the grievance proven and has proceeded to hear the merits of the matter, or whether the violation has ceased by decision of the appealed authority itself, once it had knowledge of the processing of the amparo, with restoration to the enjoyment of fundamental rights in favor of the aggrieved party (article 52), always, in any of those situations, the imperative need arises for a condemnation of costs, damages, and losses against the offender, the foundation of which lies in the principles of protection of the rights of persons and in that the Administration must be responsible for the damages and losses it causes through its unconstitutional action.

Thus, the fact that at the time the amparo is heard and resolved with merit, the effects of the challenged act had already ceased, in the terms provided in articles 50 and 52 of the cited law, does not negate the appropriateness of the condemnation of costs, damages, and losses, because such a case forms an integral part of the general system of necessary condemnation in those respects, which the Constitutional Jurisdiction Law contains.

On the other hand, it is clear that article 52, mentioned, is applied only in cases where the Chamber, even though it has not heard, nor has ruled on the merits of the claim, has verified the violation that the protected party has suffered in her fundamental rights, by virtue of the restoration, which, in the enjoyment of those rights, the Administration has agreed to in her favor; a situation that, as the majority of the Chamber affirms, implies an “abnormal termination of the proceeding.”

The legislator established and delimited, in a precise manner, the conditions under which this Chamber can decree that form of abnormal conclusion of the amparo proceeding, as well as its scope, namely: 1) that the amparo is underway, that is, that the Administration has been duly notified of the resolution ordering the course of the amparo; and, 2) that there is an administrative or judicial resolution that orders, in an unmistakable manner, the revocation, detention, or suspension of the challenged action violating fundamental rights. Certainly, the norm in question contemplates an exception to the general system of condemnation of costs, damages, and losses, notwithstanding the grant of the appeal, by providing that, in the cases regulated therein, the appeal shall be declared with merit “solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.” As an exception that it is, it must be interpreted restrictively; that is, that it only applies in the cases strictly contemplated in the norm, not only by the rule that exceptions in law must be interpreted restrictively, but also because the consequences of applying such an exception imply, without a doubt, an impairment of the fundamental right of persons to obtain effective judicial protection against the damages and losses suffered due to the injury to their constitutional rights.

In my criterion, such an exception must be interpreted in the sense that, in accordance with the general system of automatic condemnation of costs, damages, and losses in the face of a violation of fundamental rights, that condemnation is always appropriate, even in the event that the appealed party issues a resolution, administrative or judicial, that revokes, detains, or suspends the challenged action, unless it is shown in an unmistakable and clear manner that in the specific case no damage capable of being compensated was caused. Only and solely in such cases could the appealed Administration be exempted from paying those items. As in this case, there is no element whatsoever to rebut the presumption of the emergence, for the protected party, of economic damages and losses derived from the challenged actions—whose concrete determination is not for this jurisdiction—the grant of this appeal must necessarily imply the condemnation of costs, damages, and losses, and I so declare.

As an additional reason, it should be noted that the dynamics and very essence of amparo proceedings do not have as their primary object the analysis of the existence or not of damages and losses, but rather, of the existence or not of actions or omissions that may generate or produce an impairment to the regime of fundamental rights of persons. From this perspective, the analysis carried out by this venue concentrates on said verification, however, it does not enter into the weighing of whether those questions have generated or not injuries in the eminently patrimonial sphere of the protected persons. Although the aforementioned precept 52 of the LJC, in its grammatical scope, enacts that said condemnation (of damages, losses, and costs) operates, if appropriate, we the undersigned do not consider that said examination of pertinence can, a priori, be automatically excluded in this type of proceeding, to the extent that it is within another ordinary proceeding that it must be defined whether within the legal relationship analyzed in the amparo appeal, the conduct or omissions attributable to the Administration (or private law subject, when applicable), have constituted the adequate cause of patrimonial injuries that are legally compensable. As a reference, numerals 179 through 184 of the Contentious-Administrative Procedural Code, Law No. 8508, define a special proceeding whose object is the definition of the economic effects derived from condemnations issued in these proceedings. In light of canon 179 ejusdem, that proceeding has the following object:

“ARTICLE 179.- The Contentious-Administrative Court corresponds to the execution of the judgments issued by the Constitutional Jurisdiction, in habeas corpus and amparo proceedings against subjects of Public law, solely in relation to the demonstration, liquidation, and fulfillment of pecuniary indemnifications.”

It is clear that this proceeding is directed to the analysis of the necessary antecedent issued by this Chamber regarding an abstract condemnation in those items, since such claims would not be appropriate in that type of case, when the judgment issued within the amparo proceeding expressly establishes the inappropriateness of damages, losses, and/or costs, as well as when there is no express pronouncement regarding this point. That is, the special proceeding in the contentious-administrative venue requires, as a sine qua non requirement, a condemnation or express pronouncement by this Constitutional Chamber. In that order, in our judgment, pursuant to the mentioned ordinal 52 of the LJC, the exemption from that patrimonial condemnation requires the accreditation, in each case, of situations from which it is estimated, with reasoning, the non-existence of patrimonial injuries, even potential ones, derived or associated with the analyzed facts. Therefore, it is about an exception, which, as such, requires qualified and duly grounded application casuistically. The mere circumstance that, during the proceeding, the Administration issues a resolution or a judicial judgment is issued that revokes, detains, or suspends the challenged action, does not rule out, per se, that, prior to that cessation by the defendant entity’s own cause or external cause, the alleged indolence or reproached disturbance may have come to cause damages and losses. However, such a substantive question, regarding the effectiveness of the injuries, their amount, timely claim, etc., are considerations that escape the nature of these proceedings and regarding which, in order to what is regulated by the cited mandate 52, are proper to an abstract condemnation that later constitutes a basis for analysis in the Contentious-Administrative Jurisdiction. The protection sought in these constitutional proceedings does not require the demonstration of damages and losses, because, it is insisted, that is not their object or primary ratio. Thus, it is not for the protected person to claim or demonstrate damages, as what she seeks is the safeguarding of her fundamental rights. Later, whether those administrative conducts have caused her injuries, is a point that, by thesis of principle and save for exceptional cases, does not form part of the basis for analysis in this type of case. Note that, in the situation regulated in that mandate, the Constitutional Chamber does not make a substantive analysis of the situation to be safeguarded, given the termination of the amparo or habeas corpus by the supervening circumstance already cited. Ergo, in these cases, by legal imperative, it does not enter into evaluating whether or not there is an infraction, with which, much less can it be defined whether from what was denounced by the requester, there may be or not situations of possible civil reparation. In this way, the exemption from condemnation to which that norm alludes is of an exceptional, not a principled, nature. Therefore, in such cases, the norm imposes abstract condemnation, so that it is within another plenary proceeding that its appropriateness is analyzed. Otherwise, if that exemption from damages, losses, and costs were applied as a rule, the protection of the legal situation of the person who, despite that supervening response from the appealed party, may have suffered injuries in her patrimonial sphere would be placed at risk, to the detriment of what is enacted by precept 45 of the Political Constitution, and disregarding the potential liability of the Administration, as imposed by article 9 ejusdem. Furthermore, it must not be overlooked that it was by virtue of an action of that nature, that a conduct was adopted that causes the cessation of the conducts that, in theory, threaten or violate the fundamental rights of the person. That is, for the purpose of obtaining the safeguarding of those rights, the person opted for judicial protection, and it was by that virtue, that the cessation of the reproached disturbance occurs. It is insisted, whether the permanence of the threat or deterioration of her situation insofar as it was made to cease by the causes alluded to in the norm under examination, generated damages and losses, is a matter that, save proof to the contrary, must be analyzed within an ordinary proceeding, but which, it is reiterated, must in no way be denied, as a presupposition, by the mere concretion of the de facto situation regulated in the mentioned ordinal 52 of the LJC. Therefore, with the respect always due regarding the majority’s posture, I cast my vote and reiterate that the grant of this appeal must necessarily imply the abstract condemnation of costs, damages, and losses.

VII.- Dissenting vote of Judge Garro Vargas regarding the operative part of this judgment. Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (LJC) states: “If, while the amparo is underway, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, detains, or suspends the challenged action, the appeal shall be declared with merit solely for purposes of indemnification and costs, if they are appropriate.”

My interpretation of that norm is the following: That “resolution” is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase “if they are appropriate” refers to costs. Moreover, article 197 of the Contentious-Administrative Procedural Code, cited by the majority, based on article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, pursuant to article 48 of the Political Constitution (CP), the essential content of the right to the amparo appeal is not compensatory but restitutive; however, article 51 of the LJC states: “Any resolution that grants the appeal shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the appeal, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment.”

If the right has been violated and the Chamber so confirms, even in the event that it has been restored, damages and losses may have arisen. For that reason, the abstract condemnation thereof is appropriate. If it were not done this way, if such condemnation were not given, in the event that they had indeed occurred, there would be no basis—derived from this proceeding—to claim them, thereby potentially violating article 41 of the CP. If despite there being an abstract condemnation, no damages and losses have occurred, the judge in the ordinary proceeding will so declare, since only he is responsible for finding proven the real existence and the magnitude thereof.

With the thesis defended by the majority, I consider that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only in the presence of an amparo appeal. It remains to say that article 52 of the LJC foresees the possibility that, if it is deemed just, the Chamber may condemn in costs, even though the right has been restored.

By reason of the foregoing, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation of damages and losses, but not of costs.

VIII.- Documentation provided to the file. The parties are warned that if they have provided any document in paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all that material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared with merit, based on the provisions of article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law, without special condemnation of costs, damages, and losses. Judge Salazar Alvarado partially dissents and orders condemnation of damages, losses, and costs. Judge Garro Vargas partially dissents and orders condemnation of damages and losses, but not of costs. Notify.-

Fernando Castillo V.
Presidente

[Nombre11] .

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

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