Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se le aclara a la parte accionante que desde larga data la Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. [...] De tal manera, considera la Sala que las razones por las que el ICAA le ha denegado el servicio de agua potable a la parte recurrente -en tesis de principio- no es arbitraria, sino que se debe a la existencia de varias imposibilidades técnicas y legales para brindar tal servicio. [...] El magistrado Rueda Leal da razones diferentes: sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. [...] la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental.
English (translation)The appellant is advised that this Chamber has long held that, while there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, as there is no obligation on the entities providing that service to supply it under any conditions or at any time. [...] The Chamber therefore finds that the reasons why the ICAA denied the water service to the appellant are, in principle, not arbitrary but stem from various technical and legal impossibilities to provide such service. [...] Justice Rueda Leal provides separate reasoning: I maintain that this matter must be dismissed outright because the appellant is bringing the amparo action on behalf of a legal entity. [...] the reading of the Constitutional Jurisdiction Law mandates the same ratio of the aforementioned conventional hermeneutics with respect to all fundamental rights. Thus, in a constitutional proceeding brought on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity claiming to be affected by a violation of the constitutional order and the natural person who, as a result of that violation, sees their fundamental rights impaired, in a reflective but direct manner.
Dismissed outright
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 09278 - 2025 Fecha de la Resolución: 25 de Marzo del 2025 a las 11:15 Expediente: 25-007828-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-007828-0007-CO Res. Nº 2025009278 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas quince minutos del veinticinco de marzo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-007828-0007-CO, interpuesto por Nombre133640, cédula de identidad No. CED76904, en su condición de representante de TERRAZAS ÁVILA S.R.L contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 18 de marzo de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS y manifiesta que: “PRIMERO: Que mediante la solicitud número 2025-00005359-1, cumpliendo los requisitos de ley, el suscito solicita al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el acceso al Agua Potable, para la propiedad de la provincia de Guanacaste, matricula Folio Real número 5- 175171-000 localizada en Dirección11004, Dirección8119, que actualmente es propiedad de la sociedad que represento, TERRAZAS AVILA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SEGUNDO: Que mediante la Notificación de Resolución del Trámite, de fecha 14 de marzo de 2025, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, me comunica la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00005359-1-1-1, la cual establece: Con base en el informe técnico GSP-RCHO-2018-00923 y a la imposibilidad de realizar un correcto balance hídrico debido al déficit y a la mínima producción del único pozo disponible para abastecer el acueducto de Dirección11005 y Terciopelo, tomando en cuenta el razonamiento existente en el servicio de agua potable y la necesidad de abastecimiento con camiones con tanques cisterna en las comunidades de Maquenco, Cuesta Grande y Terciopelo, conforme al Reglamento de Prestación de Servicios de AYA, es posible concluir que no existe capacidad hídrica suficiente en el acueducto por lo tanto tampoco capacidad técnica para brindar nuevos servicios hasta que se equipe e interconecte una nueva fuente con producción suficiente. Por lo anterior se solicita comunicar a los interesados de nuevos servicios las condiciones técnicas del acueducto señaladas anteriormente. TERCERO: Que la resolución negativa se fundamenta en el informe técnico GSP-RCHO-2018- 00923, el cual data del año 2018, (tal como se observa en la Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado SIGDD-2025-00005359-1-1-1) FUNDAMENTOS DE DERECHO Fundamento todo lo anterior en los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17 y 25 siguientes y concordantes de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los artículos 27, 28, 29, 33, 39,41, 48 y 50 siguientes y concordantes de la Constitución Política de la República de Costa Rica. La resolución número SIGDD-2025-00005359-1-1-1, y las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, violan y se oponen a los derechos y principios constitucionales, así como a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, La Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; todos instrumentos suscritos y ratificados por Costa Rica, por lo que el objeto de esta acción es asegurar el cumplimiento del derecho fundamental del acceso al agua potable, así como los derechos conexos a este. En cuanto a las actuaciones y resolución emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se puede concluir lo siguiente: • Primero: Que existe infraestructura para la distribución del agua, evidente en la existencia de un pozo, el cual permite que se brinde el servicio en la zona. • Segundo: Que es responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados suministrar del recurso hídrico en la zona. • Tercero: Que la resolución denegatoria se basa en un informe realizado en el año 2018, no contando así con un criterio técnico actual. • Cuarto: Que desde el año 2018, mediante el informe técnico GSP-RCHO-2018-00923 se reconoce la necesidad de incrementar la capacidad hídrica en la zona para asegurar un acceso democrático a dicho recurso, pese a ello el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, no ha realizado las labores necesarias para asegurar el acceso al agua potable, afectando de esta manera los derechos a la salud, vivienda y una vida digna. • Quinto: Que existe el recurso hídrico necesario en la zona, siendo responsabilidad del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la labor de equipar e interconectar el recurso para su distribución. Con respecto a lo anterior se debe tomar en cuenta que la normativa, es clara al indicar que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tiene la obligación de suministrar agua a todos los habitantes del país: ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…) (Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados). Aunado a lo anterior, la Carta Magna costarricense, ha incorporado el acceso al agua potable, como un derecho fundamental de todos los habitantes del país, y como un derecho irrenunciable, por lo cual el Estado costarricense y sus instituciones debe procurar el cumplimiento del mismo: ARTÍCULO 50(…) Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones. (Constitución Política de la República de Costa Rica)- Es importante señalar, que el acceso al agua potable, se encuentra estrechamente relacionada con el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como lo son el acceso a la vivienda, a la salud y una vida digna. Es claro que la actuación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, provoca que los propietarios de la zona, no puedan construir en dichos terrenos, o mantenerse viviendo en el mismo de manera digna. En este sentido, es importante observar el criterio de la Sala Constitucional, la cual ha reafirmando el derecho al acceso al agua potable, como un derecho humano, y la obligación de las instituciones nacionales a garantizar este derecho para todos los costarricenses: 1.- Por escrito agregado a este expediente el Sala el 14 de abril de 2020 (…) Considera lesionados el derecho a la vida y el derecho a la salud. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados dotar de agua potable a la población de Gavilán de forma definitiva con un acueducto. De forma provisional, solicita que, mientras se construye el acueducto, se suministre el líquido con camiones cisterna. Solicita también que se condene al pago de costas, daños y perjuicios (…) POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Yamileth Astorga Espeleta, en su condición de Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se concluyan los estudios de factibilidad y se determine el diseño y el modo de operación idóneos para un acueducto que suministre agua potable a la comunidad de Gavilán. (Sala Constitucional, Resolución Nº 08580 – 2020, del 08 de Mayo del 2020 a las 09:20) (la negrita no constituye parte del original) Por su parte en la sentencia número 2014006069 de las 9:05 horas del 9 de mayo de 2014, establece la Sala Constitucional: “Sobre el derecho al agua potable. Este Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales cuyo goce exige el acceso al agua potable. Para que el ser humano disfrute de salud requiere que se le garanticen un conjunto de condiciones mínimas necesarias para alcanzar un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, así como para impedir el surgimiento de disfunciones que alteren su pleno crecimiento y desarrollo. Una de esas condiciones es precisamente el suministro de agua apta para el consumo humano. De allí el deber del Estado costarricense, en general, y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en particular (véanse los artículos 1 y 2 de la Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961), de garantizar a toda persona, de forma progresiva y sin discriminación, el acceso al agua potable, para satisfacer sus necesidades básicas.” (Sala Constitucional, Resolución número 2014006069 de las 9:05 horas del 9 de mayo de 2014) (la negrita no constituye parte del original). De la jurisprudencia cita supra, se puede establecer que el derecho al agua potable, contribuye al cumplimiento de otros derechos fundamentales, como lo son el derecho a la vida, salud, vivienda y vida digna, por lo que negar este derecho constituye un deterior en la calidad de vida, y obstaculiza el disfrute de los derechos por parte de los habitantes del país. Derecho Internacional: Es importante indicar que las actuaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, también lesiona lo establecido en el derecho internacional, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, celebrada en San José Costa Rica, y firmada en el año 1969, y de la cual nuestro país es parte a la fecha: ARTÍCULO 11: Derecho a un Medio Ambiente Sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Lo anterior, debe ser concordado con lo establecido en el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificado en fecha 29 de Setiembre de 1999, el cual indica en su artículo primero: ARTÍCULO 1. Obligación de Adoptar Medidas: Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo. Por lo que el Estado costarricense, mediante la normativa nacional e internacional, se ha comprometido a asegurar a todos los habitantes del país el acceso a los servicios públicos; asumiendo además el compromiso, de emplear sus recursos, para lograr esto. En este mismo sentido debe observarse lo indicado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada por Costa Rica en 1969, el cual establece en su artículo 25: ARTICULO 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. En vista de lo indicado supra, se puede establecer que el agua es un recurso natural, así como un derecho fundamental, que permite una vida digna, por lo que con fundamento en ello, se han establecido por la Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ratificados por el país en el 2016, y según los cuales se adquieren los siguientes compromisos respecto al acceso al agua potable: 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos (…) Por lo que según la convenciones internacional citada supra, Costa Rica, ha reconocido el acceso al agua como un derecho humano, y se ha comprometido a invertir sus recursos, para promulgar la normativa, y diseñar la infraestructura necesaria, para asegurar este derecho a todos los habitantes del país, sin distinción alguna” (sic). Por lo anteriormente expuesto, la parte accionante solicita que se declare con lugar el presente recurso y que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgar la disponibilidad de agua en la propiedad supra citada. Asimismo, pide que se le ordene a la autoridad recurrida a realizar las gestiones necesarias para abastecer de agua potable a la propiedad indicada, en cumplimiento del derecho humano fundamental al acceso al agua. 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. En el escrito de interposición, la parte accionante solicita que se declare con lugar el presente recurso y que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados otorgar la disponibilidad de agua en la propiedad supra citada. Asimismo, pide que se le ordene a la autoridad recurrida a realizar las gestiones necesarias para abastecer de agua potable a la propiedad indicada, en cumplimiento del derecho humano fundamental al acceso al agua. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De una revisión de la prueba documental, se denota que mediante oficio No. SIGDD-2025-00005359-1-1-1 de 14 de marzo de 2025, la Agencia de Nicoya del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados resolvió una solicitud de disponibilidad de agua. Dicho requerimiento fue denegado, en los siguientes términos: “En atención a la solicitud de disponibilidad, me permito hacerle llegar adjunto el Certificado de Disponibilidad Negativo N° 2025-00005359-1, el cuál en resumen señala lo siguiente: Con base en el informe técnico GSP-RCHO-2018-00923 y a la imposibilidad de realizar un correcto balance hídrico debido al déficit y a la mínima producción del único pozo disponible para abastecer el acueducto de Maquenco, Cuesta Grande y Terciopelo, tomando en cuenta el razonamiento existente en el servicio de agua potable y la necesidad de abastecimiento con camiones con tanques cisterna en las comunidades de Maquenco, Cuesta Grande y Terciopelo, conforme al Reglamento de Prestación de Servicios de AYA, es posible concluir que no existe capacidad hídrica suficiente en el acueducto por lo tanto tampoco capacidad técnica para brindar nuevos servicios hasta que se equipe e interconecte una nueva fuente con producción suficiente. Por lo anterior se solicita comunicar a los interesados de nuevos servicios las condiciones técnicas del acueducto señaladas anteriormente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 29, 36, 37 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, artículo 5, 9, 10, 12, 19, 25, 26 del Reglamento Técnico para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario e Hidrantes de ARESEP y los artículos 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 y 349 de la Ley General de la Administración Pública. Contra la presente tiene a su haber los Recursos de Revocatoria y/o Apelación en Subsidio ante esta misma oficina, dentro del plazo legal e improrrogable de tres(3) días hábiles” (El . Se le aclara a la parte accionante que desde larga data la Sala ha considerado que, si bien existe un derecho fundamental al agua potable, su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Así, por ejemplo, esta Sala en la sentencia n.º 2018-12838 de las 09:30 horas del 10 de agosto de 2018 se estableció lo siguiente: “ IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente estima lesionado su derecho fundamental de acceso al agua potable. Indica que es propietaria, junto con su esposo, del inmueble matrícula folio real N° 672411 del Partido de San José, plano catastrado N° SJ-1843630-2015. Señala que mediante gestión realizada por su esposo ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se solicitó la disponibilidad de agua para el terreno citado; empero, por medio del oficio N° UNDGAM-0583-2018-1803 del 21 de febrero de 2018, el instituto recurrido denegó la petición, bajo el argumento que no existe disponibilidad (…) En el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La producción de agua potable que existe actualmente y abastece la infraestructura que se ubica frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. La población en la zona ha ido aumentando y ello ha generado mucha demanda que ha provocado que, en la actualidad, el sistema que abastece el sector sea insuficiente. La situación se ve agravada por la elevación topográfica de la zona, las limitadas fuentes de captación en el sector y la falta de control catastral en la zona por parte de la municipalidad competente. Así las cosas, lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso de amparo. Este Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase Sentencia N° 2001-09676 y N° 2004-08161). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una red de distribución de aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En la especie, la autoridad recurrida es clara en indicar que la recurrente debe cumplir con lo estipulado en la Ley de Planificación Urbana y Plan Regulador. Además, a la amparada se le explicó que no existe disponibilidad asociada para el fraccionamiento de la propiedad madre de la que se generó la propiedad en análisis ni tampoco existe capacidad de abastecimiento en el sector. Por último, el recurrido señala que en el sector indicado por la recurrente, la infraestructura de agua potable existente frente a la propiedad no tiene capacidad suficiente para abastecer el inmueble. De manera tal, que existe una imposibilidad tanto jurídica como formal o técnica, ya que el fraccionamiento del terreno se realizó sin que previamente se haya obtenido la disponibilidad y, además, porque en el sector donde se encuentra la propiedad no existe capacidad suficiente para brindar el servicio públicos. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que se debe desestimar el recurso de amparo, ya que de conformidad con la línea jurisprudencial esgrimida por este Tribunal en casos similares, es posible denegar el suministro de agua potable cuando se determina la existente de una imposibilidad jurídica y/o formal técnica, como ocurre en la especie, de modo que no se estarían infringiendo los derechos fundamentales de la parte promovente. Si la recurrente lo que se encuentra es disconforme con la negatoria en sí, y con los motivos que la sustentan, ello corresponde a un extremo de legalidad que no puede ser ventilado en esta vía . Además, la Sala constata que a la amparada sí se le indicaron expresamente los motivos por los cuales no procedía la autorización del servicio, de ahí que tampoco en ese aspecto se hayan conculcado sus derechos fundamentales” (resaltado no es del original) . En virtud de lo expuesto, se ha reconocido que las entidades prestatarias pueden denegar la prestación del servicio de agua potable si existen razones técnicas que así lo justifiquen. De tal manera, considera la Sala que las razones por las que el ICAA le ha denegado el servicio de agua potable a la parte recurrente -en tesis de principio- no es arbitraria, sino que se debe a la existencia de varias imposibilidades técnicas y legales para brindar tal servicio. En virtud de lo expuesto, si los motivos de la denegatoria no son ciertos o no conformes con los criterios técnicos y/o legales, ello es un diferendo que debe ser dirimido en las vías infra constitucionales. Así las cosas, y de conformidad con los reiterados precedentes de esta Sala, lo correspondiente es rechazar el amparo, sin demérito que la parte interesada presente sus reclamos en la vía ordinaria. III. RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. Sostengo que este asunto se debe rechazar de plano, por cuanto la parte accionante plantea el recurso de amparo a favor de una persona jurídica. De importancia para el sub examine, en el voto salvado que consigné en la sentencia n. º 2019-2355 de las 9:30 horas de 12 de febrero de 2019 sostuve: “en la Opinión Consultiva 22-16 del 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que si bien algunos Estados reconocen el derecho de petición a personas jurídicas con condiciones especiales, como lo son los sindicatos, partidos políticos o representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes o grupos específicos, lo cierto es que “El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado”. Por otro lado, en la misma opinión consultiva, la Corte Interamericana dispuso que, en ciertos contextos particulares, las personas físicas pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas jurídicas (verbigracia, a través de un medio de comunicación, como acaeció en el caso Nombre32579 y otros contra Venezuela); empero, a efectos de que ello sea tutelable ante el sistema interamericano, “el ejercicio del derecho a través de una persona jurídica debe involucrar una relación esencial y directa entre la persona natural que requiere protección por parte del sistema interamericano y la persona jurídica a través de la cual se produjo la violación, por cuanto no es suficiente con un simple vínculo entre ambas personas para concluir que efectivamente se están protegiendo los derechos de personas físicas y no de las personas jurídicas. En efecto, se debe probar más allá de la simple participación de la persona natural en las actividades propias de la persona jurídica, de forma que dicha participación se relacione de manera sustancial con los derechos alegados como vulnerados.” (énfasis agregado) (OC. 22/16)”. En mi criterio, la lectura de la Ley de la Jurisdicción Constitucional obliga a la misma ratio de la hermenéutica convencional supracitada respecto a todo derecho fundamental. Así, en un proceso de constitucionalidad formulado a favor de una persona jurídica, su admisión para estudio exige una relación esencial y directa entre la persona jurídica que aduce verse afectada por alguna vulneración al orden constitucional y la persona natural que por tal lesión viene a ver menoscabado, de forma refleja pero directa, algún derecho fundamental. Ahora, para tales efectos es insuficiente la mera referencia a una conexión o vínculo entre la persona jurídica y la natural para poder colegir que, precisamente, por medio del proceso de constitucionalidad se esté procurando el resguardo de los derechos fundamentales de la última, no meramente los de la primera. El requerimiento antedicho deviene entonces un presupuesto sine qua non para la procedencia del control de constitucionalidad por parte de esta jurisdicción. A partir de lo expuesto, coligo que esta debe ser la pauta con que se debe interpretar la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de manera que en el sub iudice deviene improcedente la aplicación del control jurisdiccional de constitucionalidad, puesto que, con base en la prueba que consta en autos, no se ha demostrado el vínculo esencial entre la persona jurídica amparada y alguna natural, de modo específico, en relación con el presunto derecho agraviado. IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- VTYQLUJXOUQ61 EXPEDIENTE N° 25-007828-0007-CO Teléfonos: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:31:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Grande Normal Pequeña Constitutional Chamber Resolution No. 09278 - 2025 Date of Resolution: March 25, 2025 at 11:15 a.m. Case File: 25-007828-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of Case: Amparo Action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-007828-0007-CO Res. No. 2025009278 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eleven hours fifteen minutes on the twenty-fifth of March two thousand twenty-five. Amparo action processed in case file number 25-007828-0007-CO, filed by Nombre133640, identity card No. CED76904, in their capacity as representative of TERRAZAS ÁVILA S.R.L, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. WHEREAS 1. By written submission received in the Secretariat of the Chamber on March 18, 2025, the petitioner files an amparo action against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS and states that: “FIRST: That by means of request number 2025-00005359-1, complying with the legal requirements, the undersigned requests from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, access to Potable Water, for the property in the province of Guanacaste, registered under Folio Real number 5- 175171-000 located at Dirección11004, Dirección8119, which is currently owned by the corporation I represent, TERRAZAS AVILA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. SECOND: That through the Notification of Resolution of the Procedure, dated March 14, 2025, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados notifies me of the Certificate of Non-Availability for Aqueduct and Sewerage Services (Constancia de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado) SIGDD-2025-00005359-1-1-1, which establishes: Based on the technical report GSP-RCHO-2018-00923 and the impossibility of carrying out a correct water balance (balance hídrico) due to the deficit and the minimal production of the only well available to supply the aqueduct of Dirección11005 and Terciopelo, taking into account the existing reasoning in the potable water service and the need for supply using tanker trucks in the communities of Maquenco, Cuesta Grande and Terciopelo, in accordance with the Reglamento de Prestación de Servicios de AYA, it is possible to conclude that there is insufficient water capacity in the aqueduct, therefore there is also no technical capacity to provide new services until a new source with sufficient production is equipped and interconnected. Therefore, it is requested that the technical conditions of the aqueduct indicated above be communicated to interested parties for new services. THIRD: That the negative resolution is based on technical report GSP-RCHO-2018- 00923, which dates from the year 2018, (as observed in the Certificate of Non-Availability for Aqueduct and Sewerage Services SIGDD-2025-00005359-1-1-1) LEGAL GROUNDS I base all the foregoing on Articles 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17 and 25 and subsequent and concordant articles of The Universal Declaration of Human Rights. Articles 27, 28, 29, 33, 39, 41, 48 and 50 and subsequent and concordant articles of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica. Resolution number SIGDD-2025-00005359-1-1-1, and the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, violate and oppose constitutional rights and principles, as well as what is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, and the Sustainable Development Goals; all instruments signed and ratified by Costa Rica, therefore the purpose of this action is to ensure compliance with the fundamental right of access to potable water, as well as the rights connected thereto. Regarding the actions and resolution issued by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the following can be concluded: • First: That infrastructure exists for the distribution of water, evident in the existence of a well, which allows the service to be provided in the area. • Second: That it is the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to supply the water resource in the area. • Third: That the denial resolution is based on a report prepared in 2018, thus lacking a current technical criterion. • Fourth: That since 2018, through the technical report GSP-RCHO-2018-00923, the need to increase water capacity in the area has been recognized to ensure democratic access to said resource, despite which the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has not carried out the necessary work to ensure access to potable water, thereby affecting the rights to health, housing, and a dignified life. • Fifth: That the necessary water resource exists in the area, it being the responsibility of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to carry out the work of equipping and interconnecting the resource for its distribution. Regarding the above, it must be taken into account that the regulations are clear in indicating that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados has the obligation to supply water to all inhabitants of the country: ARTICLE 2º.- The Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is responsible for: a) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of black water and liquid industrial waste and stormwater in urban areas (…) (Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados). In addition to the above, the Costa Rican Magna Carta has incorporated access to potable water as a fundamental right of all inhabitants of the country and as an inalienable right, for which the Costa Rican State and its institutions must ensure its fulfillment: ARTICLE 50 (…) Every person has the human, basic, and inalienable right of access to potable water, as an essential good for life. Water is a national good, indispensable to protect such human right. Its use, protection, sustainability, conservation, and exploitation shall be governed by what is established by the law to be created for these purposes, and the supply of potable water for the consumption of persons and populations shall have priority. (Political Constitution of the Republic of Costa Rica)- It is important to note that access to potable water is closely related to the fulfillment of other fundamental rights, such as access to housing, health, and a dignified life. It is clear that the action of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados prevents the property owners in the area from building on said lands or from continuing to live there with dignity. In this regard, it is important to note the criterion of the Constitutional Chamber, which has reaffirmed the right of access to potable water as a human right and the obligation of national institutions to guarantee this right for all Costa Ricans: 1.- By written submission added to this case file, the Chamber on April 14, 2020 (…) Considers the right to life and the right to health to have been harmed. Requests that the appeal be granted and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be ordered to definitively provide potable water to the population of Gavilán with an aqueduct. Provisionally, requests that, while the aqueduct is being built, the liquid be supplied with tanker trucks. Also requests condemnation to the payment of costs, damages, and losses (…) THEREFORE: The appeal is granted. Consequently, Yamileth Astorga Espeleta, in her capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds that office, is ordered to carry out the necessary actions so that, within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the feasibility studies are completed and the design and the ideal mode of operation for an aqueduct that supplies potable water to the community of Gavilán are determined. (Constitutional Chamber, Resolution No. 08580 – 2020, of May 8, 2020 at 09:20) (the bold does not constitute part of the original) Furthermore, in judgment number 2014006069 of 9:05 a.m. on May 9, 2014, the Constitutional Chamber establishes: “On the right to potable water. This Constitutional Court has recognized in its jurisprudence that the right to life and to health are fundamental rights, the enjoyment of which requires access to potable water. For a human being to enjoy health, they require that a set of minimum conditions necessary to achieve an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance be guaranteed, as well as to prevent the emergence of dysfunctions that alter their full growth and development. One of those conditions is precisely the supply of water suitable for human consumption. Hence the duty of the Costa Rican State, in general, and of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in particular (see Articles 1 and 2 of Law No. 2726 of April 14, 1961), to guarantee to all persons, progressively and without discrimination, access to potable water, to meet their basic needs.” (Constitutional Chamber, Resolution number 2014006069 of 9:05 a.m. on May 9, 2014) (the bold does not constitute part of the original). From the jurisprudence cited above, it can be established that the right to potable water contributes to the fulfillment of other fundamental rights, such as the right to life, health, housing, and a dignified life, so denying this right constitutes a deterioration in the quality of life and hinders the enjoyment of rights by the inhabitants of the country. International Law: It is important to indicate that the actions of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados also harm what is established in international law, specifically the American Convention on Human Rights, concluded in San José, Costa Rica, and signed in 1969, to which our country is a party to date: ARTICLE 11: Right to a Healthy Environment. 1. Everyone has the right to live in a healthy environment and to have basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment. The foregoing must be read in conjunction with what is established in the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, ratified on September 29, 1999, which indicates in its first article: ARTICLE 1. Obligation to Adopt Measures: The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both internally and through cooperation among the States, especially economic and technical, to the maximum extent of available resources and taking into account their degree of development, in order to progressively achieve, and in accordance with domestic legislation, the full effectiveness of the rights recognized in this Protocol. Therefore, the Costa Rican State, through national and international regulations, has committed to ensuring access to public services for all inhabitants of the country; also assuming the commitment to use its resources to achieve this. In this same sense, attention must be paid to what is indicated in the Universal Declaration of Human Rights, signed by Costa Rica in 1969, which establishes in its Article 25: ARTICLE 25: 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. In view of the foregoing, it can be established that water is a natural resource, as well as a fundamental right, which enables a dignified life, for which reason the United Nations has established the Sustainable Development Goals, ratified by the country in 2016, and according to which the following commitments are acquired regarding access to potable water: 6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all. 6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations. 6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally. 6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity. 6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate. 6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes (…) Therefore, according to the international conventions cited above, Costa Rica has recognized access to water as a human right and has committed to investing its resources to enact regulations and design the necessary infrastructure to ensure this right for all inhabitants of the country, without any distinction” (sic). For the foregoing reasons, the petitioner requests that this appeal be granted and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be ordered to grant water availability for the above-cited property. Likewise, it requests that the respondent authority be ordered to carry out the necessary actions to supply potable water to the indicated property, in compliance with the fundamental human right of access to water. 2. Article 9 of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its submission, any petition brought to its attention that is manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected. Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and, WHEREUPON I. PURPOSE OF THE APPEAL. In the filing petition, the petitioner requests that this appeal be granted and that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados be ordered to grant water availability in the above-cited property. Likewise, it requests that the respondent authority be ordered to carry out the necessary actions to supply potable water to the indicated property, in compliance with the fundamental human right of access to water. II. INADMISSIBILITY OF THE APPEAL. From a review of the documentary evidence, it is noted that by official letter No. SIGDD-2025-00005359-1-1-1 of March 14, 2025, the Nicoya Agency of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados resolved a request for water availability. Said request was denied in the following terms: “In response to the availability request, I hereby send you the attached Negative Availability Certificate No. 2025-00005359-1, which in summary indicates the following: Based on the technical report GSP-RCHO-2018-00923 and the impossibility of carrying out a correct water balance (balance hídrico) due to the deficit and the minimal production of the only well available to supply the aqueduct of Maquenco, Cuesta Grande and Terciopelo, taking into account the existing reasoning in the potable water service and the need for supply using tanker trucks in the communities of Maquenco, Cuesta Grande and Terciopelo, in accordance with the Reglamento de Prestación de Servicios de AYA, it is possible to conclude that there is insufficient water capacity in the aqueduct, therefore there is also no technical capacity to provide new services until a new source with sufficient production is equipped and interconnected. Therefore, it is requested that the technical conditions of the aqueduct indicated above be communicated to interested parties for new services. The foregoing, in accordance with Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 29, 36, 37 of the Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, Articles 5, 9, 10, 12, 19, 25, 26 of the Technical Regulation for the Provision of Drinking Water, Sanitary Sewerage and Hydrant Services of ARESEP and Articles 11, 16, 239, 240, 245, 269.1, 291.1, 342, 343, 344.1, 346.1, 347 and 349 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Against this resolution, you have at your disposal the Remedies of Revocation and/or Appeal in Subsidy before this same office, within the legal and non-extendable period of three (3) business days” (El . The petitioner is advised that for a long time this Chamber has considered that, although there is a fundamental right to potable water, its exercise is not indiscriminate, as there is no obligation on the entities that provide that service to provide it under any conditions or at any time. Thus, for example, this Chamber in judgment No. 2018-12838 of 09:30 hours on August 10, 2018, established the following: “IV.- Regarding the specific case. In the sub lite, the appellant considers her fundamental right of access to potable water to have been harmed. She indicates that she is the owner, along with her husband, of the property registered under folio real No. 672411 of the San José Registry, cadastral map No. SJ-1843630-2015. She states that through a procedure carried out by her husband before the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, water availability was requested for the cited property; however, by means of official letter No. UNDGAM-0583-2018-1803 of February 21, 2018, the respondent institute denied the request, on the grounds that there is no availability (…) In the sector indicated by the appellant, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The current potable water production that supplies the infrastructure located in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. The population in the area has been increasing, and this has generated high demand leading to the current situation where the system supplying the sector is insufficient. The situation is aggravated by the topographical elevation of the area, the limited collection sources in the sector, and the lack of cadastral control in the area by the competent municipality. Such being the case, the appropriate action is to dismiss the amparo action. This Constitutional Court has indicated in reiterated judgments on this topic that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and as such, any provider of public services—whether a public or private entity—is obliged to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see Judgment No. 2001-09676 and No. 2004-08161). It is then clear to conclude that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public service of potable water, is also obliged to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, the jurisprudence of this Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the failure to comply with requirements established in the respective regulations) or formal impossibility (which is the lack of a water distribution network), it is reasonable not to attend to service requests or to ask the interested party to assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is necessary. Thus, in these cases, it has been clearly understood that this is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. In other words, whenever the failure to provide the potable water service is not a capricious, arbitrary, or unfounded action, but rather is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the present case, the respondent authority is clear in indicating that the appellant must comply with the provisions of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and the Regulatory Plan (Plan Regulador). Furthermore, the protected party was informed that there is no associated availability for the subdivision (fraccionamiento) of the parent property from which the property under analysis was generated, nor is there sufficient supply capacity in the sector. Finally, the respondent points out that in the sector indicated by the appellant, the existing potable water infrastructure in front of the property does not have sufficient capacity to supply the property. Therefore, there is both a legal and a formal or technical impossibility, since the subdivision (fraccionamiento) of the land was carried out without previously having obtained availability, and also because in the sector where the property is located, there is not enough capacity to provide the public service. As a corollary of the above, the Chamber considers that the amparo action should be dismissed, since in accordance with the jurisprudential line set forth by this Court in similar cases, it is possible to deny the supply of potable water when the existence of a legal and/or formal-technical impossibility is determined, as occurs in this case, so the fundamental rights of the petitioner would not be infringed. If the appellant finds herself merely in disagreement with the denial itself and the reasons supporting it, this corresponds to a legality issue that cannot be ventilated in this venue. Moreover, the Chamber notes that the protected party was expressly informed of the reasons why the authorization of the service did not proceed, hence her fundamental rights were not violated in that respect either” (highlighting is not from the original). By virtue of the above, it has been recognized that the service-providing entities may deny the provision of the potable water service if there are technical reasons that justify it. As such, the Chamber considers that the reasons for which the ICAA has denied the potable water service to the petitioner—in principle—are not arbitrary but are due to the existence of various technical and legal impossibilities for providing such service. By virtue of the above, if the reasons for the denial are untrue or do not conform to the technical and/or legal criteria, this is a dispute that must be resolved in the infra-constitutional venues. This being the case, and in accordance with the reiterated precedents of this Chamber, the appropriate action is to reject the amparo, without prejudice to the interested party presenting their claims through the ordinary venue. III. DIFFERENT REASONS OF MAGISTRATE RUEDA LEAL. I maintain that this matter should be rejected outright, because the petitioner files the amparo action on behalf of a legal entity. Of importance for the sub examine, in the dissenting vote I set forth in judgment No. 2019-2355 of 9:30 a.m. on February 12, 2019, I held: “in Advisory Opinion 22-16 of February 26, 2016, the Inter-American Court of Human Rights indicated that although some States recognize the right of petition for legal entities under special conditions, such as unions, political parties, or representatives of indigenous peoples, Afro-descendant communities, or specific groups, the fact is that “Article 1.2 of the American Convention only enshrines rights in favor of natural persons, so legal entities are not holders of the rights enshrined in said treaty.” On the other hand, in the same advisory opinion, the Inter-American Court established that, in certain specific contexts, natural persons may exercise their rights through legal entities (for example, through a media outlet, as occurred in the case Nombre32579 and others v. Venezuela); however, in order for this to be subject to protection before the inter-American system, “the exercise of the right through a legal entity must involve an essential and direct relationship between the natural person requiring protection from the inter-American system and the legal entity through which the violation occurred, as a simple link between both persons is not sufficient to conclude that the rights of natural persons, and not those of the legal entities, are indeed being protected. Indeed, it must be proven beyond the mere participation of the natural person in the activities proper to the legal entity, so that such participation is substantially related to the rights alleged to have been violated.” (emphasis added) (OC. 22/16)”. In my opinion, the reading of the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) compels the same ratio as the aforementioned conventional hermeneutics with respect to every fundamental right. Thus, in a constitutionality proceeding filed on behalf of a legal entity, its admission for study requires an essential and direct relationship between the legal entity that claims to be affected by some violation of the constitutional order and the natural person who, by such injury, comes to have a fundamental right diminished, in a reflexive but direct manner. Now, for these purposes, the mere reference to a connection or link between the legal entity and the natural person is insufficient to deduce that, precisely, through the constitutionality proceeding, the protection of the fundamental rights of the latter is being sought, not merely those of the former. The aforementioned requirement thus becomes a sine qua non prerequisite for the admissibility of constitutional review by this jurisdiction. Based on the above, I conclude that this must be the standard with which the Law on Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) must be interpreted, so that in the sub iudice the application of jurisdictional constitutional review becomes inadmissible, since, based on the evidence in the file, the essential link between the protected legal entity and any natural person has not been demonstrated, in a specific manner, in relation to the alleged aggrieved right. IV. DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. This Chamber must warn the parties that if any paper documents, objects, or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies have been provided, these must be withdrawn from the office within a period of 30 business days after receiving notification of this judgment; otherwise, all of this will be destroyed in accordance with the provisions of the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch” (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial) in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. THEREFORE: The appeal is rejected outright. Magistrate Rueda Leal provides different reasons. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Digitally Signed Document -- Verification code -- VTYQLUJXOUQ61 CASE FILE No. 25-007828-0007-CO Telephones: Telf7268/ (Telf10). Fax: Telf07 / Telf08. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección09, Dirección05, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:31:45. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República