Res. 16286-2025 Sala Constitucional — Water availability in Miravalles ASADA — technical impossibilityDisponibilidad de agua en ASADA de Miravalles — imposibilidad técnica

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Sala Constitucional

Resolución Nº 16286 - 2025

Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-012451-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-012451-0007-CO

Res. Nº 2025016286

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, contra la ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE MIRAVALLES DE SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN.  

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 5 de mayo de 2025, la parte recurrente interpuso recurso de amparo y manifiesta que, en el 2024 adquirió una propiedad ubicada en Miravalles de Pérez Zeledón, la cual se segregó de la finca número Dirección01. En marzo de 2024, la ASADA de Miravalles entregó una carta con sello y firma oficial, donde se hace constar que existe disponibilidad de agua potable frente a la propiedad para efectos de visado ante la Municipalidad, a fin de viabilizar el proceso de segregación de la finca y continuar con el negocio jurídico. La constancia emitida en marzo de 2024, no contenía ninguna advertencia individualizada sobre la falta de disponibilidad de agua potable. Si bien incluía una mención general sobre los requisitos legales y la ausencia de alcantarillado sanitario, dicha afirmación no guarda relación con el objeto principal de la solicitud, que fue resuelta afirmativamente. Esta actuación le generó una legítima confianza de que podía avanzar con los trámites municipales y la futura construcción. Es importante señalar además que dicha constancia fue emitida posteriormente al informe técnico GSD-UEN-GAR-2023-03043 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual recomendaba no aprobar nuevas extensiones de ramal ni proyectos de fraccionamiento. A pesar de ello, la ASADA le otorgó el documento con firma y sello oficial, sin restricciones ni advertencias específicas sobre disponibilidad de agua potable. Esta actuación administrativa -aparentemente en contradicción con la recomendación técnica del ICAA-, no puede ser atribuida como error al administrado, quien actuó conforme a derecho y con base en los actos oficiales emitidos por la autoridad local competente. Posteriormente, realizó formalmente la solicitud de disponibilidad de agua para construcción de vivienda unifamiliar, misma que fue aprobada mediante una constancia de enero de 2025, también debidamente firmada y sellada. Esta solicitud se presentó claramente para ese uso, conforme al formulario original. Sin embargo, la constancia fue emitida únicamente con mención a visado municipal. En febrero de 2025, se le notificó de forma informal a través de WhatsApp que no había disponibilidad, mediante un documento carente de fundamento técnico o legal. Ante esta situación, planteó una solicitud formal de aclaración y revisión a la ASADA para corregir el alcance de la constancia conforme a lo solicitado. Esta fue contestada en abril de 2025, por medio del oficio AM-042025-0256, en el cual la ASADA desconoce la validez de la constancia emitida en enero, alegando que fue "solo para visado", lo cual contradice el formulario presentado y el objetivo real de la gestión. Además, fundamentan su rechazo en un estudio técnico del año 2019 (actualizado en 2023), así como en el oficio SG-GSD-2022-01424 y el informe GSDUEN-GAR-2023-03043. Se le aplicó una denegatoria generalizada sin un análisis técnico individualizado y sin considerar las gestiones concretas realizadas. Aun cuando, la ASADA reconoció previamente disponibilidad frente a mi lote, se fundamentan en documentos que hablan de restricciones únicamente para desarrollos urbanísticos, sin establecer una prohibición expresa para disponibilidades solicitadas para viviendas unifamiliares, como es su caso. Agrega que "9. Las acciones de la ASADA han generado una afectación directa a mi derecho a acceder al servicio de agua potable para mi vivienda, además de una incertidumbre jurídica y administrativa, ya que existen versiones contradictorias, documentos oficiales emitidos a mi favor, y luego revocados sin justificación razonada hasta que solicité de mi parte una aclaración. 10. Como consecuencia de esta contradicción, la Municipalidad rechazó mi solicitud de permisos de construcción, ya que la carta entregada por la ASADA en enero de 2025, si bien indicaba la existencia de disponibilidad de agua potable, no especificaba que era para construcción de vivienda unifamiliar, a pesar de que el formulario presentado sí lo indicaba expresamente y la solicitud fue tramitada con ese propósito. 11. Por ello, solicité formalmente a la ASADA una corrección de la constancia. No obstante, en lugar de corregir o ajustar la constancia para que cumpliera con el uso solicitado, la ASADA emitió una denegatoria total, fundamentada en criterios técnicos generales, sin atender a la situación particular ni aplicar un enfoque proporcional. 12. Cabe destacar que la constancia de disponibilidad emitida en enero de 2025 fue gestionada mediante un formulario que indicaba expresamente su propósito: construcción de vivienda unifamiliar. A pesar de ello, la carta fue emitida únicamente para efectos de visado. Al solicitar su corrección, la ASADA respondió negando la disponibilidad para construcción, aduciendo una falta general de recurso hídrico. Esto evidencia una incongruencia administrativa, ya que ante una misma solicitud se emitieron dos actos jurídicos incompatibles, sin análisis técnico individualizado ni explicación sobre el cambio de criterio. 13. Por otro lado, a manera de aclaración actualmente existen previstas de agua potable instaladas frente y al costado este de la finca, las cuales brindan servicio a propiedades colindantes. Este hecho evidencia que el lote cuenta con acceso directo a infraestructura hídrica operativa, por lo que no se justifica plenamente una denegatoria basada en "inexistencia técnica del servicio" de forma absoluta. 14. Por último, en conversaciones sostenidas con la ASADA así como en la última respuesta por parte de la misma, se ha mencionado que se está tramitando la perforación de un nuevo pozo para solventar el déficit hídrico del acueducto. Sin embargo, no se ha proporcionado información oficial o cronograma alguno sobre su ejecución, ni se ha indicado si los vecinos que ya cuentan con constancias emitidas podrán ser beneficiados una vez se restablezca la capacidad. Esta falta de información concreta genera incertidumbre y priva de previsibilidad a los administrados".

2.- Mediante resolución de las 10:22 horas del 9 de mayo de 2025, se dio curso al presente recurso.

3.- Manifiesta Oscar Leiva Valverde, presidente de la ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE MIRAVALLES DE SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN, que la carta de disponibilidad emitida en el año 2024 fue solicitada para visado municipal, lo cual fue notificado al anterior dueño, existe un tramite específico para la solicitud de disponibilidad de agua.  La nota del año 2025 fue emitida para visado y se le explicó al representante del recurrente que no era posible emitir una constancia positiva, consta en el acta 483 del 22 de enero de 2025, que indicó que no era necesario tener agua, solamente una nota para solicitar préstamo bancario. En el estudio técnico del acueducto realizado en el 2019, y con la última subsanación presentada ante la oficina regional de Acueductos Comunales el 19 de mayo de 2023, se hizo referencia al faltante actual de 2.19 l/s y a futuro 14.96l/s. Existe un faltante para otorgar servicios de agua, ya sea para urbanización o vivienda, por lo que la ASADA recurrida decidió acatar la solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el oficio SG-GSD-2022-01424 de fecha 30 de agosto de 2022, de no emitir mas disponibilidades de agua, por esta razón en julio de 2024, se inició con los tramites para realizar un estudio satelital y optar por la perforación de un pozo y así solventar el tema del faltante actual. No se ha realizado un nuevo estudio de actualización por que primero se debe realizar el estudio ambiental el cual indique si la perforación del pozo y sus análisis arrojan la calidad del agua, sea si es potable o no. El acceso a las cartas de disponibilidad se han otorgado de forma equitativa, si los vecinos poseen el servicio es por que muchas veces existe capacidad hidráulica e hídrica para los más antiguos. El rechazo de la carta de disponibilidad solicitada por el recurrente es por razones de caracter técnico y por falta de disponibilidad del recurso lo cual se fundamenta en el criterio técnico GSD-UEN-GAR-2023-0343.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Tratándose de acciones de amparo dirigidas contra sujetos privados, como es aquí el caso, la Sala ha sido clara al decir: "Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por examinar si, en la especie, estamos o no ante alguno de los supuestos que lo hacen admisible, para –posteriormente y en caso afirmativo– dilucidar si es estimable o no" (Sentencia N° 151-97). Establece el artículo 57, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que esta clase de demandas se conceden contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de la misma Ley. En el sub judice, considera la Sala que la Asociación recurrida está actuando en ejercicio de una función pública por lo que resulta procedente el amparo (ver Sentencia N° 2010-005400 de las 10:15 horas del 19 de marzo de 2010).

II.- OBJETO DEL RECURSO. Señala la parte recurrente que, en el 2024, adquirió una propiedad ubicada en Miravalles de Pérez Zeledón, la cual se segregó de la finca número Dirección01. En marzo de 2024, la ASADA de Miravalles entregó una carta con sello y firma oficial, donde se hace constar que existe disponibilidad de agua potable frente a la propiedad para efectos de visado ante la Municipalidad, a fin de viabilizar el proceso de segregación de la finca y continuar con el negocio jurídico. La constancia emitida en marzo de 2024, no contenía ninguna advertencia individualizada sobre la falta de disponibilidad de agua potable, dicha constancia fue emitida posteriormente al informe técnico GSD-UEN-GAR-2023-03043 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual recomendaba no aprobar nuevas extensiones de ramal ni proyectos de fraccionamiento. A pesar de ello, la ASADA le otorgó el documento con firma y sello oficial, sin restricciones ni advertencias específicas sobre disponibilidad de agua potable. Posteriormente, realizó formalmente la solicitud de disponibilidad de agua para construcción de vivienda unifamiliar, misma que fue aprobada mediante una constancia de enero de 2025, también debidamente firmada y sellada. En febrero de 2025, se le notificó de forma informal a través de WhatsApp que no había disponibilidad, mediante un documento carente de fundamento técnico o legal. Ante esta situación, planteó una solicitud formal de aclaración y revisión a la ASADA para corregir el alcance de la constancia conforme a lo solicitado. Esta fue contestada en abril de 2025, por medio del oficio AM-042025-0256, en el cual la ASADA desconoce la validez de la constancia emitida en enero, alegando que fue "solo para visado", lo cual contradice el formulario presentado y el objetivo real de la gestión. Actualmente existen previstas de agua potable instaladas frente y al costado este de la finca, las cuales brindan servicio a propiedades colindantes. Este hecho evidencia que el lote cuenta con acceso directo a infraestructura hídrica operativa, por lo que no se justifica plenamente una denegatoria basada en "inexistencia técnica del servicio" de forma absoluta.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1.    La asociación recurrida emitió una carta de disponibilidad de agua el 27 de marzo de 2024, con la indicación: “El acueducto Rural de Miravalles hace constar que frente a la propiedad con numero de finca Dirección02 con numero de presentación ante catastro nacional 2024-20016-C “(…) cuenta con disponibilidad de servicio de agua potable. Se previene a las autoridades competentes, que este sello no implica que se pueda brindar el servicio” (ver registro electrónico).

2.    La asociación recurrida emitió al recurrente nota de fecha 24 de enero de 2025 para visado ante la municipalidad e indicó: “Se previene a las autoridades competentes, que este sello no implica que se pueda brindar el servicio” (ver registro electrónico).

3.    La asociación recurrida cuenta con estudio técnico del acueducto realizado en el 2019, y con la última subsanación presentada ante la oficina regional de Acueductos Comunales el 19 de mayo de 2023, se hizo referencia al faltante actual de 2.19 l/s y a futuro 14.96l/s. Existe un faltante para otorgar servicios de agua, ya sea para urbanización o vivienda, por lo que la ASADA recurrida decidió acatar la solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el oficio SG-GSD-2022-01424 de fecha 30 de agosto de 2022, de no emitir más disponibilidades de agua, por esta razón en julio de 2024, se inició con los trámites para realizar un estudio satelital y optar por la perforación de un pozo y así solventar el tema del faltante actual (ver registro electrónico).

4.    No se ha realizado un nuevo estudio de actualización por que primero se debe realizar el estudio ambiental el cual indique si la perforación del pozo y sus análisis arrojan la calidad del agua, sea si es potable o no, algunos vecinos cuentan con el recurso debido a la capacidad hidráulica e hídrica para los más antiguos (ver registro electrónico).

5.    El rechazo de la carta de disponibilidad solicitada por el recurrente se dio por razones de carácter técnico y por falta de disponibilidad del recurso lo cual se fundamenta en el criterio técnico GSD-UEN-GAR-2023-0343 (ver registro electrónico).

IV.- ANTECEDENTE. Este Tribunal ha considerado, que si bien existe un derecho fundamental al agua potable su ejercicio no es indiscriminado, ya que no hay una obligación de los entes que prestan ese servicio de brindarlo en cualesquiera condiciones y oportunidad. Así, esta Sala en la Sentencia N° 2010-1516 de las 18:36 horas del 26 de enero de 2010 se refirió a las imposibilidades técnicas o legales para brindar el servicio de agua potable. En esa oportunidad estableció lo siguiente: “IV.- Sobre como la imposibilidad jurídica o formal para dotar del servicio de agua potable no es violatorio de derechos fundamentales.- Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha indicado que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos –sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). En este sentido, resulta claro concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargado de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, a pesar de todo lo que se acaba de establecer, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. Por supuesto, el AyA como un ente estatal encargado mayormente de la prestación del servicio de agua potable, tiene la obligación de ir expandiendo su infraestructura para que tengan acceso a este preciado líquido cada vez más y más personas, pero mientras queden vacíos resulta indispensable la colaboración de los interesados (véase las resoluciones N.º 2006-014218 de las quince horas y cuatro minutos del veintiséis de septiembre del dos mil seis y Nº 2007-11190 de las catorce horas y treinta y seis minutos del siete de agosto del dos mil siete). En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales".

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Vistos los alegatos formulados por la parte recurrente, en relación con la solicitud de agua potable, se constató que en efecto la asociación recurrida emitió una carta de disponibilidad de agua emitida en el 27 de marzo de 2024, con la indicación: “El acueducto Rural de Miravalles hace constar que frente a la propiedad con numero de finca Dirección02 con numero de presentación ante catastro nacional 2024-20016-C “(…) cuenta con disponibilidad de servicio de agua potable. Se previene a las autoridades competentes, que este sello no implica que se pueda brindar el servicio”. La asociación recurrida emitió al recurrente nota de fecha 24 de enero de 2025 para visado ante la municipalidad e indicó: “Se previene a las autoridades competentes, que este sello no implica que se pueda brindar el servicio”. La asociación recurrida cuenta con estudio técnico del acueducto realizado en el 2019, y con la última subsanación presentada ante la oficina regional de Acueductos Comunales el 19 de mayo de 2023, se hizo referencia al faltante actual de 2.19 l/s y a futuro 14.96l/s. Existe un faltante para otorgar servicios de agua, ya sea para urbanización o vivienda, por lo que la ASADA recurrida decidió acatar la solicitud realizada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el oficio SG-GSD-2022-01424 de fecha 30 de agosto de 2022, de no emitir más disponibilidades de agua, por esta razón en julio de 2024, se inició con los trámites para realizar un estudio satelital y optar por la perforación de un pozo y así solventar el tema del faltante actual. No se ha realizado un nuevo estudio de actualización por que primero se debe realizar el estudio ambiental el cual indique si la perforación del pozo y sus análisis arrojan la calidad del agua, sea si es potable o no, algunos vecinos cuentan con el recurso debido a la capacidad hidráulica e hídrica para los más antiguos. Acota la asociación recurrida que el rechazo de la carta de disponibilidad solicitada por el recurrente se dio por razones de carácter técnico y por falta de disponibilidad del recurso lo cual se fundamentó en el criterio técnico GSD-UEN-GAR-2023-0343. Así las cosas, se colige que la disponibilidad de agua fue denegada al recurrente por existir una imposibilidad técnica, en consecuencia, no se acredita que hubiera obedecido a una decisión antojadiza o arbitraria de la ASADA accionada. Al respecto, se recuerda al recurrente que no le corresponde a la Sala Constitucional determinar si se le debe otorgar o no la disponibilidad que reclama, lo anterior excede tanto la naturaleza sumaria del recurso de amparo, como la competencia de este Tribunal. Ahora, cualquier discusión al respecto debe ser expuesta y resuelta ante la ASADA, el ICAA o bien, en la sede jurisdiccional de legalidad ordinaria correspondiente.

 VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

 Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 UV29KW8CZSO61

EXPEDIENTE N° 25-012451-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:31:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Constitutional Chamber

Resolution No. 16286 - 2025

Resolution Date: May 30, 2025, at 09:20

Expediente: 25-012451-0007-CO

Drafted by: Fernando Cruz Castro

Type of matter: Recurso de amparo

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

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Exp: 25-012451-0007-CO

Res. No. 2025016286

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on May thirtieth, two thousand twenty-five.

Recurso de amparo filed by Nombre01, against the ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE MIRAVALLES DE SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN.

Resultando:

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on May 5, 2025, the petitioner filed a recurso de amparo and states that, in 2024, they acquired a property located in Miravalles de Pérez Zeledón, which was segregated from property number Dirección01. In March 2024, the ASADA de Miravalles delivered a letter bearing an official seal and signature, which certifies that there is drinking water availability in front of the property for the purposes of visado (visado) before the Municipality, in order to make the property segregation (segregación) process viable and continue with the legal business. The certificate (constancia) issued in March 2024 did not contain any individualized warning about the lack of drinking water availability. While it did include a general mention of legal requirements and the absence of a sanitary sewer system, that statement bears no relation to the main purpose of the request, which was resolved affirmatively. This action generated a legitimate expectation (legítima confianza) that they could proceed with municipal procedures and future construction. It is also important to note that this certificate was issued after technical report GSD-UEN-GAR-2023-03043 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which recommended against approving new branch extensions or subdivision (fraccionamiento) projects. Despite this, the ASADA issued the document with an official signature and seal, without specific restrictions or warnings about drinking water availability. This administrative action—apparently contradicting the technical recommendation of the ICAA—cannot be attributed to the petitioner as an error, as they acted in accordance with the law and based on official acts issued by the competent local authority. Subsequently, they formally submitted the request for water availability for single-family home construction, which was approved via a certificate of January 2025, also duly signed and sealed. This request was clearly submitted for that use, according to the original form. However, the certificate was issued only mentioning municipal visado. In February 2025, they were informally notified via WhatsApp that there was no availability, through a document lacking any technical or legal basis. Faced with this situation, they filed a formal request for clarification and review with the ASADA to correct the scope of the certificate according to what was requested. This was answered in April 2025, through official letter AM-042025-0256, in which the ASADA disavows the validity of the certificate issued in January, claiming it was "only for visado," which contradicts the form submitted and the actual objective of the process. Furthermore, they base their rejection on a technical study from 2019 (updated in 2023), as well as on official letter SG-GSD-2022-01424 and report GSDUEN-GAR-2023-03043. A generalized denial was applied without an individualized technical analysis and without considering the specific steps taken. Even though the ASADA previously acknowledged availability in front of my lot, they rely on documents that speak of restrictions only for urban development, without establishing an express prohibition for availability requested for single-family homes, as is my case. They add that "9. The actions of the ASADA have generated a direct impact on my right to access drinking water service for my home, in addition to legal and administrative uncertainty, as there are contradictory versions, official documents issued in my favor, and then revoked without reasoned justification until I requested clarification on my part. 10. As a consequence of this contradiction, the Municipality rejected my application for construction permits, since the letter delivered by the ASADA in January 2025, although it indicated the existence of drinking water availability, did not specify that it was for single-family home construction, despite the fact that the submitted form expressly stated so and the request was processed for that purpose. 11. Therefore, I formally requested a correction of the certificate from the ASADA. However, instead of correcting or adjusting the certificate to meet the requested use, the ASADA issued a total denial, based on general technical criteria, without addressing the particular situation or applying a proportional approach. 12. It should be noted that the availability certificate issued in January 2025 was processed using a form that expressly indicated its purpose: single-family home construction. Despite this, the letter was issued solely for visado purposes. Upon requesting its correction, the ASADA responded by denying availability for construction, citing a general lack of water resources. This demonstrates an administrative inconsistency, as two incompatible legal acts were issued for the same request, without an individualized technical analysis or explanation for the change in criteria. 13. On the other hand, as a clarification, there are currently drinking water connections installed in front of and on the east side of the property, which provide service to neighboring properties. This fact shows that the lot has direct access to operational water infrastructure, so a denial based on an absolute 'technical nonexistence of the service' is not fully justified. 14. Finally, in conversations held with the ASADA as well as in the latest response from the same, it has been mentioned that the drilling of a new well is being processed to address the water deficit of the aqueduct. However, no official information or schedule regarding its execution has been provided, nor has it been indicated whether neighbors who already have issued certificates can benefit once capacity is restored. This lack of concrete information generates uncertainty and deprives the petitioners of predictability."

2.- By resolution at 10:22 on May 9, 2025, the present recurso was admitted for processing.

3.- Oscar Leiva Valverde, president of the ASOCIACIÓN ESPECÍFICA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO RURAL DE MIRAVALLES DE SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN, states that the availability letter issued in 2024 was requested for municipal visado, which was notified to the previous owner; there is a specific procedure for requesting water availability. The note from 2025 was issued for visado and it was explained to the petitioner's representative that it was not possible to issue a positive certificate; it is recorded in act 483 of January 22, 2025, which indicated that water wasn't needed, just a note to apply for a bank loan. In the technical study of the aqueduct carried out in 2019, and with the latest rectification presented before the regional office of Acueductos Comunales on May 19, 2023, reference was made to the current shortfall of 2.19 l/s and a future one of 14.96 l/s. There is a shortfall for granting water services, whether for urbanization or housing, so the defendant ASADA decided to comply with the request made by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in official letter SG-GSD-2022-01424 dated August 30, 2022, to not issue more water availability permits; for this reason, in July 2024, procedures were started to conduct a satellite study and opt for the drilling of a well to thus address the issue of the current shortfall. A new updated study has not been carried out because the environmental study must first be conducted, which indicates whether the well drilling and its analyses yield water quality, that is, whether it is potable or not. Access to availability letters has been granted equitably; if neighbors have the service, it is often because there is hydraulic and water resource capacity for the longest-standing ones. The rejection of the availability letter requested by the petitioner is for technical reasons and due to lack of resource availability, which is based on technical criterion GSD-UEN-GAR-2023-0343.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Cruz Castro; and,

Considerando:

I.- ADMISSIBILITY OF THE RECURSO. In the case of acciones de amparo brought against private subjects, as is the case here, the Chamber has been clear in stating: "Due to its exceptional nature, the ordinary processing of recursos de amparo against subjects of private law requires first examining whether, in the specific case, we are or are not facing one of the circumstances that make it admissible, in order to—subsequently and if affirmative—elucidate whether it is estimable or not" (Judgment No. 151-97). Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that this class of claims is granted against the actions or omissions of subjects of private law when these act or must act in the exercise of public functions or powers, or find themselves, de jure or de facto, in a position of power against which common jurisdictional remedies are clearly insufficient or tardy to guarantee the fundamental rights or freedoms referred to in article 2, subsection a), of the same Law. In the sub judice, the Chamber considers that the defendant Association is acting in the exercise of a public function, making the amparo admissible (see Judgment No. 2010-005400 of 10:15 a.m. on March 19, 2010).

II.- PURPOSE OF THE RECURSO. The petitioner states that, in 2024, they acquired a property located in Miravalles de Pérez Zeledón, which was segregated from property number Dirección01. In March 2024, the ASADA de Miravalles delivered a letter with an official seal and signature, certifying that there is drinking water availability in front of the property for visado purposes before the Municipality, to make the property segregation process viable and continue with the legal business. The certificate issued in March 2024 did not contain any individualized warning about the lack of drinking water availability; said certificate was issued after technical report GSD-UEN-GAR-2023-03043 from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, which recommended against approving new branch extensions or subdivision projects. Despite this, the ASADA granted the document with an official signature and seal, without specific restrictions or warnings regarding drinking water availability. Subsequently, they formally submitted the request for water availability for single-family home construction, which was approved by a certificate issued in January 2025, also duly signed and sealed. In February 2025, they were informally notified via WhatsApp that there was no availability, through a document lacking any technical or legal basis. Faced with this situation, they filed a formal request for clarification and review with the ASADA to correct the scope of the certificate according to what was requested. This was answered in April 2025, through official letter AM-042025-0256, in which the ASADA disavows the validity of the certificate issued in January, claiming it was "only for visado," which contradicts the form submitted and the actual objective of the process. There are currently drinking water connections installed in front of and on the east side of the property, which provide service to neighboring properties. This fact shows that the lot has direct access to operational water infrastructure, so a denial based on an absolute 'technical nonexistence of the service' is not fully justified.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has failed to refer to them as provided in the initial order:

1.    The defendant association issued a water availability letter on March 27, 2024, with the indication: “El acueducto Rural de Miravalles certifies that in front of the property with property number Dirección02 with presentation number before the national cadastre 2024-20016-C “(…) has drinking water service availability. Competent authorities are warned that this seal does not imply that the service can be provided” (see electronic record).

2.    The defendant association issued a note to the petitioner dated January 24, 2025, for visado before the municipality and indicated: “Competent authorities are warned that this seal does not imply that the service can be provided” (see electronic record).

3.    The defendant association has a technical study of the aqueduct carried out in 2019, and with the latest rectification presented before the regional office of Acueductos Comunales on May 19, 2023, reference was made to the current shortfall of 2.19 l/s and a future one of 14.96 l/s. There is a shortfall for granting water services, whether for urbanization or housing, so the defendant ASADA decided to comply with the request made by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in official letter SG-GSD-2022-01424 dated August 30, 2022, to not issue more water availability permits; for this reason, in July 2024, procedures were started to conduct a satellite study and opt for the drilling of a well to thus address the issue of the current shortfall (see electronic record).

4.    A new updated study has not been carried out because the environmental study must first be conducted, which indicates whether the well drilling and its analyses yield water quality, that is, whether it is potable or not; some neighbors have the resource due to the hydraulic and water resource capacity for the longest-standing ones (see electronic record).

5.    The rejection of the availability letter requested by the petitioner was due to technical reasons and the lack of resource availability, which is based on the technical criterion GSD-UEN-GAR-2023-0343 (see electronic record).

IV.- PRECEDENT. This Tribunal has considered that, while a fundamental right to drinking water exists, its exercise is not indiscriminate, as there is no obligation for the entities providing that service to provide it under any conditions and at any time. Thus, this Chamber in Judgment No. 2010-1516 of 6:36 p.m. on January 26, 2010, referred to the technical or legal impossibilities for providing drinking water service. On that occasion it established the following: “IV.- On how the legal or formal impossibility of providing drinking water service does not violate fundamental rights.- Repeated jurisprudence of this Chamber has indicated that the supply of drinking water is considered, within the Costa Rican legal system, a public service, and that as such, every public service provider—whether a public subject or a private subject—is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 of eleven hours twenty-five minutes of September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 of ten hours fifty-three minutes of July twenty-third, two thousand four). In this sense, it is clearly concluded that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, being one of the state entities responsible for providing the public drinking water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. However, despite everything just established, the jurisprudence of this Constitutional Tribunal has also indicated that, faced with a legal impossibility (which is the failure to meet requirements established in the respective regulations) or faced with a formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no drinking water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a matter of a denial of access to drinking water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, which is the lack of infrastructure. Of course, AyA, as a state entity primarily responsible for providing the public drinking water service, has the obligation to keep expanding its infrastructure so that more and more people have access to this precious liquid, but while gaps remain, the collaboration of the interested parties is indispensable (see resolutions No. 2006-014218 of fifteen hours and four minutes on September twenty-sixth, two thousand six, and No. 2007-11190 of fourteen hours and thirty-six minutes on August seventh, two thousand seven). In other words, provided that the failure to provide drinking water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights.”

V.- ON THE SPECIFIC CASE. Reviewing the arguments made by the petitioner in relation to the request for drinking water, it was verified that the defendant association did indeed issue a water availability letter issued on March 27, 2024, with the indication: “El acueducto Rural de Miravalles certifies that in front of the property with property number Dirección02 with presentation number before the national cadastre 2024-20016-C “(…) has drinking water service availability. Competent authorities are warned that this seal does not imply that the service can be provided.” The defendant association issued a note to the petitioner dated January 24, 2025, for visado before the municipality and indicated: “Competent authorities are warned that this seal does not imply that the service can be provided.” The defendant association has a technical study of the aqueduct carried out in 2019, and with the latest rectification presented before the regional office of Acueductos Comunales on May 19, 2023, reference was made to the current shortfall of 2.19 l/s and a future one of 14.96 l/s. There is a shortfall for granting water services, whether for urbanization or housing, so the defendant ASADA decided to comply with the request made by the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in official letter SG-GSD-2022-01424 dated August 30, 2022, to not issue more water availability permits; for this reason, in July 2024, procedures were started to conduct a satellite study and opt for the drilling of a well to thus address the issue of the current shortfall. A new updated study has not been carried out because the environmental study must first be conducted, which indicates whether the well drilling and its analyses yield water quality, that is, whether it is potable or not; some neighbors have the resource due to the hydraulic and water resource capacity for the longest-standing ones. The defendant association notes that the rejection of the availability letter requested by the petitioner was due to technical reasons and the lack of resource availability, which was based on technical criterion GSD-UEN-GAR-2023-0343. As things stand, it is inferred that water availability was denied to the petitioner due to a technical impossibility; consequently, it is not proven that it stemmed from a whimsical or arbitrary decision by the sued ASADA. In this regard, the petitioner is reminded that it is not for this Constitutional Chamber to determine whether or not the availability they claim should be granted; the foregoing exceeds both the summary nature of the recurso de amparo and the competence of this Tribunal. Now, any discussion on the matter must be raised and resolved before the ASADA, the ICAA, or in the corresponding ordinary administrative and judicial venue.

VI.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. The petitioner is hereby warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, they must withdraw them from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in the Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The recurso is declared without merit.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

Jose Roberto Garita N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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UV29KW8CZSO61

EXPEDIENTE No. 25-012451-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:31:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República