Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Aunado a lo anterior tal y como se indicó mediante sentencia número el procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol en las que se acusa de peligrosidad, es a través de la vía sumaria de derribo ante sede jurisdiccional. No es competencia municipal otorgar permisos de corta o poda de árboles que se consideren ser un peligro para los transeúntes, una amenaza a los derechos del poseedor o sus colindantes, o bien pueda perjudicar bienes públicos, pues ello se tramita en sede jurisdiccional a través del proceso especialmente establecido para casos como el presente. Así está regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil...
De manera que, será mediante este proceso sumario de derribo, aún contra persona indeterminada (por desconocerse quien es el propietario o estar en zona pública), donde se ejercerá de forma amplia el principio del contradictorio para decidir con apoyo pericial forestal y valorando el contexto cultural a la luz de los “hechos técnicos” si es procedente la tala del árbol, o bien si lo que es pertinente son podas parciales periódicas (ver en similar sentido sentencia número 2024-017568...). Así las cosas se declara sin lugar el recurso como en efecto se dispone.
English (translation)Furthermore, as indicated by ruling number [previous case], the correct procedure to determine whether or not the cutting of a tree alleged to be dangerous is appropriate is through the summary derribo proceeding before the courts. Municipalities lack jurisdiction to grant cutting or pruning permits for trees deemed dangerous to passers-by, threatening the rights of the possessor or neighbors, or likely to damage public property; such matters are handled in court through the specially established procedure. This is regulated in Article 108 of the Civil Procedure Code...
Thus, it is through this summary derribo proceeding, even against an unknown party (because the owner is unknown or the tree is on public land), that the adversarial principle will be fully exercised to decide, with forestry expert support and evaluating the cultural context in light of the “technical facts,” whether felling the tree is appropriate, or if periodic partial pruning is sufficient (see similar holding in ruling 2024-017568...). Accordingly, the amparo is denied as decreed.
Denied
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 16298 - 2025 Fecha de la Resolución: 30 de Mayo del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-012553-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-012553-0007-CO Res. Nº 2025016298 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veinticinco . Recurso de amparo presentado por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA. Resultando: 1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 15:47 horas del 06 de mayo de 2025 la recurrente presenta recurso de amparo contra la Municipalidad de Alajuelita. Manifiesta que es propietaria de una vivienda ubicada en Alajuelita, Dirección01, de la entrada principal 150 metros al este, 50 metros al sur por calle de lastre y, 25 metros al este. Detalla que contiguo a su propiedad se encuentra un terreno que, según consta, es propiedad de la Municipalidad de Alajuelita. En dicho terreno hay un árbol de grandes dimensiones, que se encuentra visiblemente inclinado hacia su propiedad, lo que pone en peligro a los habitantes de la casa. Expone que "En la casa vivimos cuatro adultos y una niña de cinco años, quien sufre de asma, condición que se ha agravado por la humedad generada por dicho árbol, ya que bloquea la luz solar e Incrementa la humedad dentro de la vivienda. Además, dos adultos presentan rinitis crónica, situación que también se ve perjudicada por estas condiciones. El árbol genera una constante caída de ramas y hojas, lo que bloquea las canoas y provoca inundaciones dentro de la casa cuando llueve. Las ramas golpean el techo durante los vientos, acumulando hojas entre los traslapes de las láminas, lo que ha provocado goteras y filtraciones. Adicionalmente, el árbol ha permitido que ratas se desplacen por su estructura y lleguen el techo de la casa, desde donde han ingresado a la vivienda, representando un riesgo grave a la salud pública. Esta situación ya fue comunicada previamente a la Municipalidad de Alajuelita -ver autos- mediante una carta, sin embargo, no hemos recibido respuesta ni se ha realizado acción alguna para resolver el problema, a pesar de que se trata de una situación urgente". Con base en la situación expuesta, estima que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Pide se declare con lugar el recurso. 2.- Por resolución de las 11:00 horas del 08 de mayo de 2025 se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al alcalde y al presidente del Concejo Municipal, ambos de Alajuelita (ver registro electrónico). 3.- Informa bajo juramento MARÍA DEL ROSARIO SILES FERNÁNDEZ cc. MARÍA DEL ROCÍO SILES FERNÁNDEZ, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita (ver registro electrónico) en los siguientes términos: “Primero: de conformidad al oficio MA-AM-GAMB-031-2025 de fecha 15 de mayo 2025, la Gestor ambiental le había indicado a la recurrente que el árbol no se podía cortar debido a que se encuentra dentro del área de protección de una naciente, con las consecuentes limitaciones legales. Segundo: según indica el oficio supra, este criterio se dio basado en los dictámenes DAUHTPCOSJ-0944-2018 y DA-UHTPCOSJ-0993-2018 emitidos por la dirección de Aguas y el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575. El citado artículo dispone: “Artículo 33.- Áreas de protección. Se declaran áreas de protección las siguientes: 1. Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. 2. Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. 3. Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 4. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley” Tercero: la ley Forestal N°7575 es clara al establecer que las zonas de protección son áreas donde no se permite el aprovechamiento forestal de ningún tipo de intervención que afecta su cobertura boscosa. Por su parte, el Reglamento a la Ley Forestal (decreto ejecutivo N° 25721-MINAE), define con más detalle las actividades permitidas o restringidas en las zonas de protección y reafirma que no se pueden cortar árboles sin una evaluación técnica y aprobación expresa del SINAC, ya que estas zonas tiene una función ecológica resguardada por el artículo 50 constitucional, por lo cual, cortarlos sin autorización puede conllevar sanciones administrativas y penales. La Ley de aguas, establece que, en zona rural, debe dejarse una franja de 15 metros a ambos lados de ríos y quebradas como zona de protección. Esta restricción se aplica a las actividades económicas y uso residencial. En zonas urbanas, la franja de protección es de 10 metros. Si el terreno es quebrado, la zona de protección aumenta a 50 metros. La franja de 15 metros (o 10 metros en zonas urbanas) debe ser horizontal a ambos lados del río o quebrada y el área dentro de la franja debe tener un uso compatible con su capacidad de uso, manteniendo los árboles existentes, restringiendo el uso de agroquímicos y aplicando técnicas de conservación de suelos”. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 4.- Según constancia de fecha 20 de mayo del 2025 suscrita por la Técnica Judicial y la Secretaria a.i. del Despacho no apareció que del 08 al 19 de mayo de 2025, el presidente del Concejo Municipal de Alajuelita haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las 11:00 horas del 8 de mayo de 2025 (ver registro electrónico). 5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- DE PREVIO. Antes de analizar el fondo del asunto debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia de un árbol que según afirma la recurrente pone en riesgo su propiedad y no ha sido resuelta, por lo que, atendiendo a esta materia, la Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de este tipo de solicitudes. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente alega que contiguo a su propiedad se encuentra un terreno que, según consta, es propiedad de la Municipalidad de Alajuelita. En dicho terreno hay un árbol de grandes dimensiones, que se encuentra visiblemente inclinado hacia su propiedad, lo que pone en peligro a los habitantes de la casa. Expone que "En la casa vivimos cuatro adultos y una niña de cinco años, quien sufre de asma, condición que se ha agravado por la humedad generada por dicho árbol, ya que bloquea la luz solar e Incrementa la humedad dentro de la vivienda. Además, dos adultos presentan rinitis crónica, situación que también se ve perjudicada por estas condiciones. El árbol genera una constante caída de ramas y hojas, lo que bloquea las canoas y provoca inundaciones dentro de la casa cuando llueve. Las ramas golpean el techo durante los vientos, acumulando hojas entre los traslapes de las láminas, lo que ha provocado goteras y filtraciones. Adicionalmente, el árbol ha permitido que ratas se desplacen por su estructura y lleguen el techo de la casa, desde donde han ingresado a la vivienda, representando un riesgo grave a la salud pública. Esta situación ya fue comunicada previamente a la Municipalidad de Alajuelita -ver autos- mediante una carta, sin embargo, no hemos recibido respuesta ni se ha realizado acción alguna para resolver el problema, a pesar de que se trata de una situación urgente". Con base en la situación expuesta, estima que se están vulnerando sus derechos fundamentales. III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos: a) Que la recurrente denunció ante el gobierno local recurrido la problemática que enfrenta su inmueble por el tamaño y cercanía de un árbol ubicado contiguo a su vivienda (ver informe de la autoridad recurrida). b) Que mediante oficio MA-AM-GAMB-031-2025 de fecha 15 de mayo 2025, la Gestor ambiental del gobierno local le indicó a la recurrente que el árbol no se podía cortar debido a que se encuentra dentro del área de protección de una naciente (ver informe de la autoridad recurrida). c) Que el criterio municipal se encuentra respaldado en los dictámenes DAUHTPCOSJ-0944-2018 y DA-UHTPCOSJ-0993-2018 emitidos por la dirección de Aguas y el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575 (ver informe de la autoridad recurrida). IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la recurrente denunció ante el gobierno local recurrido la problemática que enfrenta su inmueble por el tamaño y cercanía de un árbol ubicado contiguo a su vivienda. Se acreditó que mediante oficio MA-AM-GAMB-031-2025 de fecha 15 de mayo 2025, la Gestor ambiental del gobierno local le indicó a la recurrente que el árbol no se podía cortar debido a que se encuentra dentro del área de protección de una naciente. Se demostró que el criterio municipal se encuentra respaldado en los dictámenes DAUHTPCOSJ-0944-2018 y DA-UHTPCOSJ-0993-2018 emitidos por la dirección de Aguas y el artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575. En conclusión, es cierto que el gobierno local tiene conocimiento de la situación denunciada por la recurrente; lo que no es cierto es que no haya recibido respuesta a su gestión. Tal y como se logró demostrar mediante oficio MA-AM-GAMB-031-2025 de fecha 15 de mayo 2025, la Gestor ambiental del gobierno local le indicó a la recurrente que el árbol no se podía cortar debido a que se encuentra dentro del área de protección de una naciente. Aunado a lo anterior tal y como se indicó mediante sentencia número el procedimiento correcto para determinar si procede o no la corta de un árbol en las que se acusa de peligrosidad, es a través de la vía sumaria de derribo ante sede jurisdiccional. No es competencia municipal otorgar permisos de corta o poda de árboles que se consideren ser un peligro para los transeúntes, una amenaza a los derechos del poseedor o sus colindantes, o bien pueda perjudicar bienes públicos, pues ello se tramita en sede jurisdiccional a través del proceso especialmente establecido para casos como el presente. Así está regulado en el artículo 108 del Código Procesal Civil que señala: ARTÍCULO 108.- Sumario de derribo 108.1 Procedencia y legitimación. El proceso sumario de derribo procederá cuando el mal estado de un edificio, construcción, árbol o inmueble constituya una amenaza para los derechos del poseedor o los transeúntes, o pueda perjudicar bienes públicos. La demanda puede ser establecida por cualquiera que tenga interés. 108.2 Adopción de medidas de seguridad. Presentada la demanda, el tribunal hará un reconocimiento del lugar, con auxilio de peritos si lo estimara conveniente, y dictará las medidas de seguridad que sean necesarias. Los gastos que ocasione la ejecución de las medidas de seguridad estarán a cargo del dueño del bien ruinoso. En su defecto, suplirá los gastos el actor, quien tendrá derecho al reembolso correspondiente, si el demandado fuera condenado al pago de las costas. 108.3 Sentencia estimatoria. En la sentencia estimatoria se ordenará el derribo o la adopción de medidas de seguridad de carácter permanente. Si se ordenara el derribo, aunque fuera recurrida, se podrá practicar inmediatamente la destrucción total o parcial, cuando no sea posible demorar la ejecución sin grave ni inminente riesgo. También se podrán ordenar y ejecutar medidas de seguridad, cuando no se hubieran dispuesto o ejecutado antes. Además, se condenará al demandado al pago de los daños y perjuicios. De manera que, será mediante este proceso sumario de derribo, aún contra persona indeterminada (por desconocerse quien es el propietario o estar en zona pública), donde se ejercerá de forma amplia el principio del contradictorio para decidir con apoyo pericial forestal y valorando el contexto cultural a la luz de los “hechos técnicos” si es procedente la tala del árbol, o bien si lo que es pertinente son podas parciales periódicas (ver en similar sentido sentencia número 2024-017568 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil veinticuatro). Así las cosas se declara sin lugar el recurso como en efecto se dispone. V.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Jose Roberto Garita N. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- UM2BD99CU4Q61 EXPEDIENTE N° 25-012553-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:31:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 16298 - 2025 Date of Resolution: May 30, 2025 at 09:20 Case File: 25-012553-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of Matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-012553-0007-CO Res. No. 2025016298 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on the thirtieth of May of two thousand twenty-five. Amparo action filed by Nombre01, identity card number CED01, against the MUNICIPALITY OF ALAJUELITA. Whereas: 1.- By means of a written submission filed with the Secretariat of this Chamber at 15:47 hours on May 6, 2025, the petitioner files an amparo action against the Municipality of Alajuelita. She states that she is the owner of a dwelling located in Alajuelita, Dirección01, from the main entrance 150 meters east, 50 meters south along a gravel road and, 25 meters east. She details that adjacent to her property is a lot that, according to the record, is owned by the Municipality of Alajuelita. On said lot there is a very large tree, which is visibly leaning towards her property, endangering the inhabitants of the house. She states that, "Four adults and a five-year-old girl live in the house, who suffers from asthma, a condition that has worsened due to the humidity generated by said tree, as it blocks sunlight and increases humidity inside the dwelling. In addition, two adults suffer from chronic rhinitis, a situation that is also harmed by these conditions. The tree causes a constant fall of branches and leaves, which block the gutters and cause flooding inside the house when it rains. The branches strike the roof during winds, accumulating leaves between the overlaps of the roofing sheets, which has caused leaks and filtrations. Additionally, the tree has allowed rats to move along its structure and reach the roof of the house, from where they have entered the dwelling, posing a serious risk to public health. This situation was already previously communicated to the Municipality of Alajuelita -see case file- through a letter; however, we have not received a response nor has any action been taken to resolve the problem, despite it being an urgent situation." Based on the stated situation, she believes her fundamental rights are being violated. She requests that the action be granted. 2.- By resolution at 11:00 hours on May 8, 2025, this amparo action was admitted and an report was requested from the mayor and the president of the Municipal Council, both of Alajuelita (see electronic record). 3.- MARÍA DEL ROSARIO SILES FERNÁNDEZ cc. MARÍA DEL ROCÍO SILES FERNÁNDEZ, in her capacity as Mayor of the Municipality of Alajuelita, reports under oath (see electronic record) in the following terms: "First: in accordance with official communication MA-AM-GAMB-031-2025 dated May 15, 2025, the Environmental Manager had indicated to the petitioner that the tree could not be cut down because it is located within the protection area of a spring (naciente), with the consequent legal limitations. Second: as indicated by the aforementioned official communication, this criterion was given based on rulings DAUHTPCOSJ-0944-2018 and DA-UHTPCOSJ-0993-2018 issued by the Water Directorate and Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575. The cited article provides: 'Article 33.- Protection areas. The following are declared protection areas: 1. Areas bordering permanent springs (nacientes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. 2. A strip of fifteen meters in rural zones and ten meters in urban zones, measured horizontally on both sides, on the banks of rivers, streams, or creeks, if the land is flat, and fifty horizontal meters, if the land is broken terrain. 3. A zone of fifty meters measured horizontally on the banks of natural lakes and reservoirs and on artificial lakes or reservoirs built by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. 4. Recharge areas and aquifers of springs, whose limits shall be determined by the competent bodies established in the regulation of this law.' Third: Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 is clear in establishing that protection areas are areas where no forest use of any type of intervention that affects its forest cover (cobertura boscosa) is permitted. For its part, the Regulation to the Forestry Law (Reglamento a la Ley Forestal) (Executive Decree No. 25721-MINAE), defines in more detail the activities permitted or restricted in protection zones and reaffirms that trees cannot be cut down without a technical evaluation and express approval from SINAC, since these zones have an ecological function protected by Article 50 of the Constitution, and therefore, cutting them down without authorization can lead to administrative and criminal sanctions. The Water Law establishes that, in rural zones, a 15-meter strip must be left on both sides of rivers and streams as a protection zone. This restriction applies to economic activities and residential use. In urban zones, the protection strip is 10 meters. If the land is broken terrain, the protection zone increases to 50 meters. The 15-meter strip (or 10 meters in urban zones) must be horizontal on both sides of the river or stream, and the area within the strip must have a use compatible with its use capacity, maintaining existing trees, restricting the use of agrochemicals, and applying soil conservation techniques." She requests that the action be dismissed. 4.- According to a certification dated May 20, 2025, signed by the Judicial Technician and the Acting Secretary of the Office, it did not appear that from May 8 to 19, 2025, the president of the Municipal Council of Alajuelita filed any written submission or document whatsoever, in order to render the report requested from him in the resolution issued at 11:00 hours on May 8, 2025 (see electronic record). 5.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed. Drafted by Magistrate Cruz Castro; and, Considering: I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter, it must be clarified that, from Judgment No. 2008-02545, of 08:55 hours on February 22, 2008, this Chamber has remitted to the administrative litigation jurisdiction -with some exceptions- those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines established by the General Law on Public Administration (Articles 261 and 325) or sectorial laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear admissible administrative appeals. Precisely, in the sub lite case, an exception scenario is presented, as it involves a complaint about a tree that the petitioner claims puts her property at risk and has not been resolved; therefore, attending to this matter, the Chamber assesses possible delays in the resolution of this type of request. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo action. II.- PURPOSE OF THE ACTION: The petitioner alleges that adjacent to her property is a lot that, according to the record, is owned by the Municipality of Alajuelita. On said lot there is a very large tree, which is visibly leaning towards her property, endangering the inhabitants of the house. She states that, "Four adults and a five-year-old girl live in the house, who suffers from asthma, a condition that has worsened due to the humidity generated by said tree, as it blocks sunlight and increases humidity inside the dwelling. In addition, two adults suffer from chronic rhinitis, a situation that is also harmed by these conditions. The tree causes a constant fall of branches and leaves, which block the gutters and cause flooding inside the house when it rains. The branches strike the roof during winds, accumulating leaves between the overlaps of the roofing sheets, which has caused leaks and filtrations. Additionally, the tree has allowed rats to move along its structure and reach the roof of the house, from where they have entered the dwelling, posing a serious risk to public health. This situation was already previously communicated to the Municipality of Alajuelita -see case file- through a letter; however, we have not received a response nor has any action been taken to resolve the problem, despite it being an urgent situation." Based on the stated situation, she believes her fundamental rights are being violated. III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has omitted to refer to them: a) That the petitioner reported to the respondent local government the problems faced by her property due to the size and proximity of a tree located adjacent to her dwelling (see report from the respondent authority). b) That by means of official communication MA-AM-GAMB-031-2025 dated May 15, 2025, the Environmental Manager of the local government indicated to the petitioner that the tree could not be cut down because it is located within the protection area of a spring (naciente) (see report from the respondent authority). c) That the municipal criterion is supported by rulings DAUHTPCOSJ-0944-2018 and DA-UHTPCOSJ-0993-2018 issued by the Water Directorate and Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575 (see report from the respondent authority). IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE: From the report rendered by the respondent authority, which is given under the solemnity of oath with the legal consequences that this entails, it follows that the petitioner reported to the respondent local government the problems faced by her property due to the size and proximity of a tree located adjacent to her dwelling. It was accredited that by means of official communication MA-AM-GAMB-031-2025 dated May 15, 2025, the Environmental Manager of the local government indicated to the petitioner that the tree could not be cut down because it is located within the protection area of a spring (naciente). It was demonstrated that the municipal criterion is supported by rulings DAUHTPCOSJ-0944-2018 and DA-UHTPCOSJ-0993-2018 issued by the Water Directorate and Article 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) No. 7575. In conclusion, it is true that the local government is aware of the situation reported by the petitioner; what is not true is that she has not received a response to her petition. As was proven by means of official communication MA-AM-GAMB-031-2025 dated May 15, 2025, the Environmental Manager of the local government indicated to the petitioner that the tree could not be cut down because it is located within the protection area of a spring (naciente). In addition to the foregoing, as indicated by judgment number [sic], the correct procedure to determine whether the felling of a tree accused of being dangerous is appropriate or not is through the summary demolition proceeding (vía sumaria de derribo) before the jurisdictional court. It is not municipal jurisdiction to grant permits for felling or pruning trees that are considered to be a danger to passers-by, a threat to the rights of the possessor or adjoining landowners, or may harm public property, as this is processed in the jurisdictional court through the procedure specifically established for cases like the present one. Thus, it is regulated in Article 108 of the Civil Procedure Code which states: ARTICLE 108.- Summary demolition proceeding (Sumario de derribo) 108.1 Applicability and standing. The summary demolition proceeding (proceso sumario de derribo) shall apply when the poor condition of a building, construction, tree, or property constitutes a threat to the rights of the possessor or passers-by, or may harm public property. The claim may be filed by anyone having an interest. 108.2 Adoption of security measures. Once the claim is filed, the court shall conduct an inspection of the site, with the assistance of experts if it deems appropriate, and shall order the security measures that are necessary. The costs arising from the execution of the security measures shall be borne by the owner of the dilapidated property. In the absence thereof, the plaintiff shall cover the costs, who shall have the right to the corresponding reimbursement, if the defendant is ordered to pay costs. 108.3 Granting judgment. In the granting judgment, the demolition or the adoption of permanent security measures shall be ordered. If demolition is ordered, even if it is appealed, the total or partial destruction may be carried out immediately, when it is not possible to delay the execution without serious and imminent risk. Security measures may also be ordered and executed, when they had not been previously ordered or executed. Furthermore, the defendant shall be ordered to pay damages. Therefore, it will be through this summary demolition proceeding (proceso sumario de derribo), even against an undetermined person (since the owner is unknown or it is in a public zone), where the adversarial principle will be exercised broadly to decide, with forestry expert support and evaluating the cultural context in light of the "technical facts," whether the felling of the tree is appropriate, or whether what is pertinent are periodic partial prunings (see in a similar sense judgment number 2024-017568 of nine hours forty-five minutes on June twenty-fifth, two thousand twenty-four). Thus, the action is dismissed as is hereby ordered. V.- Note by Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal dispute are the Administrative Litigation Courts and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this very Chamber as exception scenarios, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons given by this Court (Judgment No. 2008-02545 of 08:55 hours on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the administrative litigation jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Constitution's Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are forewarned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained on any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The action is dismissed. Magistrate Castillo Víquez enters a note. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Jose Roberto Garita N. Digitally Signed Document -- Verification Code -- UM2BD99CU4Q61 CASE FILE No. 25-012553-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:31:49. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República