Res. 17061-2025 Sala Constitucional — Disobedience to ruling 2024018803 on illegal dump in Río Segundo protection zoneDesobediencia al voto 2024018803 sobre basurero clandestino en zona de protección del Río Segundo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17061 - 2025

Fecha de la Resolución: 06 de Junio del 2025 a las 10:15

Expediente: 24-010364-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 24-010364-0007-CO

Res. Nº 2025017061

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco .

 Gestión de desobediencia promovida por ADOLFO FERNÁNDEZ LOAIZA, contra EL MINISTERIO DE SALUD, LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, EL TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Y EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA.               

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 16:29 horas del 28 de abril de 2025, el señor Adolfo Fernández Loaiza en calidad de coadyuvante activo, aduce que las partes recurridas no han cumplido lo ordenado en la sentencia No. 2024018803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024, ya que “(…) el problema de contaminación ambiental por depósito ilegal de residuos sólidos, o basurero clandestino, quema y peligro de la zona de protección del río Segundo, continúan hasta el día de hoy (…)”. Acusa que esto demuestra que las autoridades recurridas no han tomado todas las acciones a su cargo para corregir la citada problemática, tal y como se ordenó en dicha sentencia.

 2.- Por resolución de las 7:40 horas del 2 de mayo de 2025, se le dio traslado a la gestión de desobediencia y se le concedió audiencia a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud; a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde, a Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y a Yamileth Oses Villalobos, en su condición de Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, todos de la Municipalidad de Alajuela, así como a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes respectivamente ocupen dichos cargos, para que se refirieran y aportaran las pruebas correspondientes respecto a los hechos y omisiones que se les atribuyen.

3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala e incorporado al expediente digital a las 9:56 horas del 7 de mayo de 2025, informa bajo juramento Maureen Solís Retana, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo. Manifiesta lo siguiente: “I. Que mediante resolución N° 136-2025-TAA de las once horas con treinta y cinco minutos del día trece de febrero del dos mil veinticinco, se acuerda: PRIMERO: QUE MEDIANTE ESCRITO DEL SEÑOR MARIO JIMÉNEZ VEGA SE INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 806-2024-TAA: Que mediante la presente resolución No. 1296-2024-TAA de las once horas con cinco minutos del día doce de noviembre del año 2024, se previno al señor Nombre01 acreditar su legitimación y que debe aportar documento debidamente firmado, ya sea con firma digital o adjunte copia de su cédula de identidad, resolución que le fue notificada el día 13 de noviembre del año 2024, según consta en la cédula de notificación visible al folio 459 del expediente administrativo, sin que a la fecha se haya presentado la documentación solicitada, por lo cual no se entra a conocer dicho documento, más se tiene el mismo incorporado en el expediente administrativo como prueba a evacuar en la audiencia oral y pública. SEGUNDO: ESCRITO DE LAS SEÑORAS GÉNESIS PAOLA JIMÉNEZ SOTO, THAYMI MARÍA JIMÉNEZ SOTO Y PARÍS JAZMÍN JIMENEZ SOTO: Que en la presente resolución corresponde dar respuesta al escrito presentado por las señoras supra citadas el día siete de noviembre del año 2024, mediante el cual rechazan los hechos imputados en la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo No. 806-2024TAA, por lo que una vez analizado el mismo se determina que se tiene por acreditada su legitimación bajo el expediente administrativo número 008-024-02-TAA. En dicho documento se establece la posición de las suscritas en relación a los hechos trasladados, explicando del punto titulado “primero al noveno” sus alegatos de defensa y aportan prueba para acreditar lo indicado, sin embargo del análisis del mismo se puede determinar que los hechos a los que hacer referencia son aspectos de fondos que deben ser resueltos mediante resolución final, por lo que se tiene por incorporadas las manifestaciones indicadas, las cuales serán analizadas en el  momento procesal oportuno. TERCERO: ESCRITO DE LAS SEÑORAS VITALIA JIMÉNEZ ÁVILA, ADILIA JOSEFA JIMÉNEZ ÁVILA Y YADIRA FUENTES JIMENEZ: Que en la presente resolución corresponde dar respuesta al escrito presentado por las señoras supra citadas, el día catorce de noviembre del año 2024, mediante el cual rechazan los hechos imputados en la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo No. 806-2024TAA, y solicitan que los mismo sean resueltos en sede judicial, por lo que una vez analizado el mismo se determina que se tiene por acreditada su legitimación bajo el expediente administrativo número 008-024-02-TAA. En dicho documento se establece la posición de las suscritas, se aporta copia del expediente judicial No. 19-000024-1626-CI, sin embargo una vez analizados los alegatos planteados en dicho escrito, se puede determinar que los hechos a los que hacer referencia son aspectos de fondos que deben ser resueltos mediante resolución final, por lo que se tiene por incorporadas las manifestaciones indicadas, las cuales serán analizadas en el momento procesal oportuno y se reserva para la resolución de fondo el referirse a lo allí señalado. CUARTO: Que siendo que a la fecha, y tal y como se indica en las cédulas de Notificación visibles a los folios 399 al 406 del expediente administrativo, no ha sido posible notificar a la señora María del Carmen Jiménez Ávila, portadora de la cédula de identidad CED01, al señor Claudio Vázquez Córdoba, portador de la cédula de identidad número CED02, a la señora Katherine Dayana Chaves Jiménez, portadora de la cédula de identidad CED03, la señora María Isabel Jiménez Salas, portadora de la cédula de identidad número CED04, a la señora María de las Mercedes Jiménez Ávila, portadora de la cédula de identidad número CED05, el señor Marco Vinicio Jiménez Salas, portador de la cédula de identidad número CED06, el señor Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, portador de la cédula de identidad número CED07 y el señor Kevin Ernesto Delgado Jiménez, portador de la cédula de identidad número CED08, a efectos de no causar indefensión a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, este Tribunal considera pertinente suspender la audiencia establecida para el día 18 de febrero de 2025 a las 8:30 horas y reprogramar la diligencia para el día 17 del mes de junio del año 2025 a las 8:30 horas en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo.  1. Que el día 19 de febrero del año 2025 se recibe escrito del señor Carlos Luis Rodríguez madrigal, mediante el cual presenta escrito solicitando que se corrobore por este Tribunal que ya no existe infraestructura alguna construida dentro del área de protección del Río Segundo. Ver folios 533 y 534 del expediente administrativo. 2. Que mediante resolución N° 434-2025-TAA de las once horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de mayo del año dos mil veinticinco, se acuerda PRIMERO: QUE MEDIANTE ESCRITO DEL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ MADRIGAL se establece “(…) Considero que el suscrito está en un proceso sin ser acreedor de los hechos denunciados, al ser lo construido por mí, detectado de casualidad en una inspección realizada por otros motivos, ya que yo no recibo ni acopio materiales y mucho menos hacer quemas en el lugar, todo porque utilizo dicho terreno como una especie de camping para asar los fines de semana retirado del bullicio y hallar un poco de paz después de muchos años de trabajo. Siendo que hasta allí consta mi participación en este complejo asunto, solicito conciliar de ser posible a fin de ser excluido del mismo por las razones explicadas, y demostrar que lo construido dentro del área de protección del río, ya no existe. (…)”, este Tribunal considera que lo aquí indicado debe ser analizado en la audiencia oral y pública ya que es parte de lo aquí imputado, por lo que al ser de fondo se debe rechazar la solicitud realizada por el señor Rodríguez Madrigal ára que se le excluya del presente procedimiento; es importante mencionar que los documentos aportados se tienen como prueba de descargo ofrecida y serán evaluados en el momento procesal oportuno. SEGUNDO: Que siendo que a la fecha, no ha sido posible notificar a todas las partes a efectos de no causar indefensión a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, este Tribunal considera pertinente suspender la audiencia establecida para el día 17 de junio de 2025 a las 8:30 horas y reprogramar la diligencia para el día 1 del mes de setiembre del año 2025 a las 8:30 horas en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. Es de suma importancia señalar que a la fecha nos encontramos realizando las acciones correspondientes para lograr notificar de la apertura del procedimiento ordinario administrativo a todos los denunciados y así poder realizar la audiencia oral y pública señalada, estas notificaciones serán realizadas en las direcciones que a lo largo de la investigación se han determinado y se hará la delegación correspondiente para lograr dicha diligencia”.

4.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 15:45 horas del 8 de mayo de 2025, informa bajo juramento Víctor González Jiménez, en su condición de Director a.i. del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud. Manifiesta lo siguiente: “PRIMERO: Para una mejor comprensión de la Sala Constitucional, en virtud de la solicitud presentada por el gestionante Adolfo Fernández Loaiza bajo el deber de probidad con el cual debe actuar la Administración Pública y el objetivo de satisfacer el interés público en conjunto con el resguardo de la salud, esta área rectora, adicionalmente a las actuaciones realizadas previas a la presente solicitud de informe, se ha realizado una visita de inspección el día 07 de mayo del 2025, para corroborar la correcta aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud, así como la normativa conexa y verificación en el sitio del cumplimiento de las normas arriba citadas, además de lo ordenado por esta honorable Sala a través de la resolución 2024018803 de las nueve horas treinta minutos del cinco de julio del dos mil veinticuatro. SEGUNDO: Que específicamente sobre lo expresado por el gestionante se han presentado las siguientes actuaciones posteriores a la resolución 2024018803 ya citada: 1. El 24 de julio del 2024 el Tribunal Ambiental Administrativo notifica a esta Área Rectora de Salud la resolución No. 806-2024-TAA para asistir a una audiencia oral y pública el día 15 de noviembre del año 2024 en calidad de testigo-perito. 2. El 02 de setiembre del 2024 se logró notificar de manera personal al señor Claudio Vásquez Córdoba el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 y la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024, finca No. 381576, ya que se había notificado por correo electrónico y no se confirmó el recibido. 3. Según el acta ocular No. MS-DRRSCN-DARSA2-2746-2024, el 22 de octubre del 2024 se visitó la casa de habitación de la señora Nombre01, denunciada, para notificarle de manera personal el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 y la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024, Dirección01, ya que dichos documentos fueron notificados por correo electrónico y no confirmaron el recibido, se procedió a llamar por varios minutos y no salió nadie de la vivienda, al sitio se hizo presente el señor Mario Antonio Jiménez Vega (hermano y denunciado), el señor Nombre01 no quiso recibir los documentos alegando que no quiere problemas con la hermana por recibir dichos documentos. 4. Según el acta ocular No. MS-DRRSCN-DARSA2-2745-2024, el 22 de octubre del 2024 se visitó la casa de habitación del señor Mario Antonio Jiménez Vega (denunciado) para notificarle de manera personal el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 y la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 ya que dichas órdenes fueron notificadas por correo electrónico y no confirmaron el recibido, en el sitio el señor Nombre01 admitió que si le llegó el correo electrónico con dichos documentos y no dio el recibido de los mismos, se procedió a notificarle dichos documentos en físico y el señor Mario Antonio Jiménez Vega no los quiso recibir ni tampoco quiso firmar el acta ocular y nos solicitó que abandonáramos inmediatamente su propiedad ya que es propiedad privada. 5. Según el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-2836-2024, el 28 de octubre del 2024, el funcionario Danilo Arrieta Alfaro, realizó una inspección en compañía del señor Nombre01, denunciado, y en la inspección no se evidenció que se hayan vuelto a realizar quemas en el sitio, por lo que este punto si se cumplió, no obstante al día de hoy esta Área Rectora de Salud no ha recibido evidencias documentales donde indique que los residuos sólidos existentes en su momento en el sitio y que se quemaron, fueron dispuestos mediante un gestor autorizado de residuos. Cabe recalcar que a este punto no se observaba más acumulación de basura ni tampoco se habían realizado más quemas de basura en el sitio. 6. El 31 de octubre del 2024 el Tribunal Ambiental Administrativo notificó a esta Área Rectora de Salud la resolución No. 1195-2024-TAA para suspender la audiencia oral y pública para el día 15 de noviembre del año 2024 y reprogramar la diligencia para el 18 de febrero del 2025, lo anterior debido a la gran imposibilidad de notificar a todas las partes involucradas. 7. Según consta en el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-3223-2024, el 13 de diciembre del 2024 se visitó la zona y no había ninguna persona que atendiera por lo que no se pudo acceder a la propiedad, sin embargo se recorrió el sitio y desde una servidumbre en su parte final, se llegó a un portón con cadena, este portón se encuentra a más o menos 70 m de la propiedad denunciada, desde ese lugar se pudo observar que al momento de la inspección no había quemas de residuos, pero se evidenció la existencia de tarimas de madera, pasto alto, madera, cúmulos de tierra, hojas y ramas de árboles en el sitio (presencia de residuos orgánicos). 8. El 13 de febrero del 2025 el Tribunal Ambiental Administrativo notificó a esta Área Rectora de Salud la resolución No. 136-2025-TAA para suspender la audiencia oral y publica para el día 18 de febrero del 2025 y reprogramar la diligencia para el 17 de junio del 2025, lo anterior debido a la gran imposibilidad de notificar a todas las partes involucradas. 9. El 04 de marzo del 2025, según consta en el acta ocular No. MS-DRRSCN-DARSA2-603-2024, se visitó el sector de Belén de Heredia, específicamente por la tienda Pekiss para ubicar al señor Carlos Luis Rodríguez Madrigal, denunciado, para notificarle de manera personal el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 y la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024 ya que dichas ordenes fueron notificadas por correo electrónico y no confirmaron el recibido, pero no fue posible poder ubicar al señor Rodríguez Madrigal. 10. Según el informe No. CARTA-MS-DRRSCN-URS-338-2025 realizado por funcionarios de la Región Central Norte, con fecha del 28 de abril del 2025, se realizó una visita de monitoreo al botadero clandestino, dentro de los resultados de la inspección se pudo constatar que debido a que existe poca anuencia de los propietarios de los terrenos para autorizar el ingreso a los funcionarios del Ministerio de Salud y otras instituciones, se procedió a solo realizar un sobrevuelo con un dron en la zona para valorar las condiciones actuales del sitio y donde se evidenció que de acuerdo a las imágenes recopiladas con el dron en visita realizada el 3 de marzo del 2025, se observa que dentro de la propiedad denunciada se sigue realizando la actividad de acopio no autorizado de residuos. Las imágenes aéreas muestran el acopio de diferentes tipos de residuos entre los que se pueden mencionar: escombros, láminas de zinc, estañones metálicos, madera, muebles en desuso, residuos de material orgánico de jardín, bolsas plásticas y sacos con contenido desconocido. Se observa además el zacate alto dentro de la propiedad evaluada. 11. Según el informe No. MS-DRRSCN-DARSA2-1164-2025, con fecha del 07 de mayo del 2025, se realizó una nueva visita de inspección para verificar el cumplimiento de las ordenes sanitarias No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 y No. MS-DRRSCNDARSA2-OS-091-2024 giradas contra los denunciados que han sido notificados de manera personal y se evidenció que no se han realizado más quemas en el sitio, no obstante, sí se evidenció que de la última visita realizada (3 de marzo del 2025) al día 07 de mayo del 2025, sí se han acumulado más desechos en el sitio por lo que no se ha cumplido con lo solicitado en las ordenes sanitarias. 12. Este caso es complejo ya que las fincas en cuestión están segregadas en varios co propietarios por lo que ha sido muy difícil poder notificar de manera personal a todas las partes, así mismo se lleva un proceso en simultaneo para realizar una audiencia oral y pública en el Tribunal Ambiental Administrativo, expediente No. 008-24-02-TAA, el cual se ha tenido que aplazar en dos ocasiones por el mismo motivo (dificultad del tribunal para notificar). 13. En la visita de inspección en fecha 07 de mayo del 2025, se evidenció el incumplimiento de la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024, por lo tanto, se procederá como acción a seguir a imponer una multa de un salario base en cumplimiento de lo señalado en el artículo 378 de la Ley General de Salud y se procederá a presentar una denuncia a la Fiscalía por desobediencia a la autoridad en concordancia con lo expuesto en el artículo 314 del Código Penal en contra del señor Nombre01 y la señora Luz Marina Vega Hernández.(Co propietarios y denunciados, Dirección01.). TERCERO: Que este Ministerio y la Dirección de Área Rectora de Salud ALAJUELA 2 ha actuado de forma diligente en gestionar de forma oportuna y según el trámite interno administrativo correspondiente en esta Unidad Organizativa, con el objetivo de resguardar la salud, para corroborar el cumplimiento de Ley Orgánica del Ministerio de Salud y la Ley General de Salud y lo ordenado por esta Sala en la resolución 2024018803 ya citada, por lo cual se evidencia un abordaje oportuno y célere sin demostrarse una duración excesiva e injustificada u omisa, respetuosos de la orden emitida por la Sala Constitucional. Por todo lo señalado, esta Dirección de Área Rectora de Salud, no ha desobedecido la orden emitida y ha realizado las acciones procedentes para hacer cumplir la normativa correspondiente y ejecutar controles de cumplimiento”.

5.- Por escrito recibido mediante el correo electrónico de la Sala a las 19:19 horas del 8 de mayo de 2025, informa bajo juramento Franz Tattenbach Capra, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía. Manifiesta lo siguiente: “PRIMERO: Hechos alegados por los recurrentes: De acuerdo con la resolución de desobediencia, se da audiencia para que proceda a rendir informe la Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, respeto a los hechos alegados por el recurrente que, se trascribe a continuación: “el cual acusa la desobediencia a lo ordenado por esta Sala mediante resolución No. 20240108803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024, toda vez que en esa sentencia se dispuso lo siguiente: “Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a los agravios formulados en contra del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Alajuela y del Tribunal Ambiental Administrativo. En consecuencia, se le ordena a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud; a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde, a Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y a Yamileth Oses Villalobos, en su condición de Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, todos de la Municipalidad de Alajuela, así como a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes respectivamente ocupen dichos cargos, que, de forma inmediata a la notificación de la presente sentencia, coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, en aras de que el problema ambiental acreditado en este proceso de amparo se solvente, de forma definitiva, en el plazo máximo de tres meses (contado también a partir de la notificación de esta sentencia). Asimismo, se le ordena a la referida Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que, una vez que dicho órgano se encuentre debidamente integrado, se emita, dentro del plazo máximo de dos meses, la resolución final del procedimiento tramitado conforme el expediente No. 008-24-02-TAA y se les notifique a los interesados (…)”. Según lo manifestado por el gestionante, a la fecha continua el problema de contaminación ambiental por el depósito ilegal de residuos sólidos o basurero clandestino, quema y peligro de la zona de protección del Río Segundo. Indica que las autoridades recurridas no han tomado las acciones correspondientes para corregir el problema”. SEGUNDO: Consideraciones Jurídicas: El recurso de amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales 10 y 48 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo artículo 50 y deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89 La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes “erga omnes” salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares. TERCERO: De la argumentación del Recurso de Amparo. En relación con lo alegado por los recurrentes se procede a rendir informe en los siguientes términos: Es importante informar a esta honorable Cámara Constitucional que el Tribunal Ambiental Administrativo cumple con lo ordenado en sentencia No. 2024018803 de las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil veinticuatro, mediante oficio O-143-2025-TAA, comunica a esta Sala las acciones realizadas para atender lo establecido en sentencia. Oficio que consta dentro del expediente judicial página 3. En razón de lo anterior, este Ministerio, en aras de cumplir con lo ordenado en sentencia No. 2024018803 de las nueve horas treinta minutos del cinco de julio de dos mil veinticuatro, procede a solicitar al Tribunal Ambiental Administrativo informe detallado del estado del procedimiento tramitado conforme el expediente No. 008-24-02-TAA. De conformidad con lo anterior, mediante oficio 310-2025-TAA de fecha 06 de mayo de 2025, la señora Licda. Maureen Solís Retana en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo así nombrada mediante acuerdo 001-2024, de la sesión No. 01-2024 de fecha 10 de octubre del 2024 rinde lo solicitado señalando lo siguiente: 1. Este Tribunal tiene conocimiento de los hechos el día diez de enero del año 2024 al recibir el Oficio No. MA-SGA.914-2023 de fecha 21 de diciembre del año 2023 del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, suscrito por la señora Karen Bermúdez Fallas en su condición de Coordinadora, mediante la cual interpone formal denuncia de carácter ambiental por la supuesta afectación producto del depósito de residuos así como la afectación del área de protección del Río Segundo, específicamente en las fincas inscritas en la Provincia de Alajuela bajo matrícula de folio real  y . Adjuntan a la denuncia los siguientes documentos: Oficio No. MA-SGA-285-2017 de fecha 10 de julio del año 2017 del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, escrito de dos folios del señor Roberto Rodríguez González dirigido al Subproceso de Gestión Ambiental, Oficio No. MA-SGA-492-2018 de fecha 18 de setiembre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-493-2018 de fecha 18 de setiembre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela denominado Denuncia Recepción de Tierra y Otros residuos sin autorización en San Rafael de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-496-2018 de fecha 18 de setiembre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Acta de Notificación para depósito de tierras ilegales Número 0122 año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio N° MASGA-556-2018 de fecha 9 de octubre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA- 560-2018 de fecha 11 de octubre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MAPCFU-1413-2018 de fecha 8 de noviembre del año 2018, Oficio MA-A-4771-2018 de fecha 19 de noviembre del año 2018 de la Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Alajuela, escrito denominado reclamo administrativo de Nombre02 y otros por daños a la finca de la provincia de Alajuela No. 42163-12-13-14-15-16-17-18-22-23, Oficio No. MASGA-643-2018 de fecha 20 de noviembre del año 2018 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-045-2019 de fecha 31 de enero del año 2019 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-064-2019 de fecha 8 de febrero del año 2019 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-135-2021 de fecha 24 de febrero del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-136-2021 de fecha 24 de febrero del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-139-2021 de fecha 24 de febrero del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio N° MASGA-137-2021 de fecha 24 de febrero del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-140-2021 de fecha 24 de febrero del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MASGA-166-2021 de fecha 5 de marzo del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Informe de Inspección por denuncia de quemas realizadas en finca de San Rafael de Alajuela de fecha 15 de marzo del año 2021 de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Alajuela de la Dirección de Desarrollo Central Occidental del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficio SINAC-ACC-OA-of-674-2021 de fecha 6 de mayo del año 2021 de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Informe de Gira SINAC-ACC-OA-inf-535-2021 de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Oficio No. MA-SGA-336-2021 de fecha 14 de mayo del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-378-2021 de fecha 1 de junio del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-406-2021 de fecha 10 de junio del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-412-2021 de fecha 14 de junio del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio No. MA-SGA-558-2021 de fecha 20 de agosto del año 2021 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, Oficio MA-PCFU-1592-2021 de fecha 22 de setiembre del año 2021 de Control Fiscal y Urbano de la Municipalidad de Alajuela y Oficio ASOC.ADM-026-2023 de fecha 18 de diciembre del año 2023 de la Asociación Nacional de Organizaciones Agropecuarias. 2. Que visible a los folios 104 al 108 del expediente administrativo consta el Oficio TAADT-037-2024 de fecha 6 de febrero del año 2024 suscrito por la M.sc. Gabriela Nájera Ocampo en su condición de funcionaria del Subproceso Técnico del Tribunal Ambiental Administrativo mediante el cual realiza el análisis técnico de la denuncia. 3. Que mediante resolución No. 214-2024-TAA de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de febrero del año 2024, se acuerda realizar una inspección ocular “in situ” el día 10 de abril del año 2024, en forma conjunta con funcionarios del Departamento Técnico del Tribunal, para lo cual se convoca a las siguientes personas a razón de considerarse necesario: 1-) La señora Karen Bermúdez Fallas Coordinadora del Proceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela o a la persona que designe para la atención de dicha diligencia, en su condición de denunciante, 2-) El señor Minor González Guzmán en su condición de Jefe de la Ofician de Alajuela del Área de Conservación Central del SINAC o la persona que designe para dicha diligencia y 3-) El señor Ronald Enrique Mora Castro en su condición de Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 Ministerio de Salud o la persona que se designa para dicha diligencia. 4. Que visible a los folios 117 al 123 del expediente administrativo consta el Oficio TAADT-108-204 de fecha 11 de abril del año 2024 del Departamento Técnico del Tribunal Administrativo correspondiente al informe de inspección realizado al lugar de los hechos denunciados. 5. Que el día 18 de abril del año 2024 se recibe el oficio MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 de fecha 12 de abril del año 2024 de la Dirección de Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud suscrito por el Ing. Ivan Gerardo Arias Chavarría correspondiente al Informe de Inspección realizado en fecha 10 de abril del año 2024. Ver folios 124 al 126 del expediente administrativo. 6. Que el día 19 de abril del año 2024 se recibe el oficio No. MA-SGA-246-2024 de fecha 19 de abril del año 2024 del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela mediante el cual remiten el Informe de Inspección de la diligencia realizada en conjunto con los personeros del Tribunal Ambiental administrativo y el Ministerio de Salud. Ver folios 127 al 133 del expediente administrativo. 7. Que mediante resolución No. 482-2024-TAA de las siete horas del treinta de abril del año 2024 se acuerda “(…) Que vista la denuncia de carácter ambiental interpuesta mediante Oficio No. MA-SGA.914-2023 de fecha 21 de diciembre del año 2023 del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, suscrito por la señora Karen Bermúdez Fallas en su condición de Coordinadora, mediante la cual interpone formal denuncia de carácter ambiental por la supuesta afectación producto del depósito de residuos así como la afectación del área de protección del Río Segundo, así como lo indicado en el oficio TAA-DT-108-2024 del 11 de abril del año 2024 del Departamento Técnico del Tribunal Ambiental Administrativo suscrito por la Msc Gabriela Nájera Ocampo mediante el cual indica “(…) Solicitar al Sinac la valoración del sitio por la posible afectación del área de protección de Río Segundo (…)” es necesario solicitar al señor Minor González Guzmán en su condición de Jefe de la Ofician de Alajuela del Área de Conservación Central del SINAC o quien ocupe su cargo, que indique a este Tribunal si existe afectación al área de protección y de ser el caso remitir la Valoración Económica de Daño Ambiental así como las medidas de mitigación aplicables al caso (…)”. Ver folios 138 y 139 del expediente administrativo. 8. Que mediante resolución No. 646-2024-TAA de las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día siete de junio del año 2024, se acuerda solicitar por segunda ocasión al señor Minor González Guzmán en su condición de Jefe de la Ofician de Alajuela del Área de Conservación Central del SINAC o quien ocupe su cargo, que indique a este Tribunal si existe afectación al área de protección y de ser el caso remitir la Valoración Económica de Daño Ambiental así como las medidas de mitigación aplicables al caso. Ver folios 150 y 151 del expediente administrativo. 9. Que el día 21 de junio del año 2024 se recibe el Oficio SINAC-ACC-OA-of-0788-2024 de fecha 21 de junio del año 2024 de la Oficina de Alajuela del Área de Conservación Central mediante el cual se refiere a la Valoración Económica de Daño Ambiental solicitada. Ver folios 168 al 173 del expediente administrativo. 10. Que mediante Resolución No. 806-2024-TAA de las nueve horas con veinticinco minutos del dos de julio del año 2024, se dicta el auto de apertura del procedimiento ordinario administrativo en los siguientes términos: “(…) Se declara formalmente la apertura de un proceso ordinario administrativo y se imputa a los propietarios de la finca inscrita bajo matrícula de folio real No. 2-41163 plano catastrado  quienes son: 1-) Nombre01 portadora de la cédula de identidad número CED09 en su condición de propietaria de los derechos 003, 006, 2-) Nombre03 portadora de la cédula de identidad CED10 en su condición de propietario de los derechos 004, 007, 036, 3-) Nombre04 portadora de la cédula de identidad CED11 en su condición de propietaria de los derechos 010, 039, 4-) Josefa Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad número CED12 en su condición de propietaria del derecho ED36,, 5-) Nombre02 portadora de la cédula de identidad número CED13 en su condición de propietaria del derecho ED37,, 6-) María de las Mercedes Jiménez Ávila portadora de la cédula número 2-CED14 en su condición de propietaria del derecho ED38,, 7-) María del Carmen Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad número 2-CED15 en su condición de propietaria del derecho ED39,, 8-) Vitalia Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad número 2-ED40--0067 en su condición de propietaria del derecho 017, 9-) Nombre05 portadora de la cédula de identidad número 2-CED16 en su condición de propietaria del derecho ED41,, 10-) Nombre01 portador de la cédula de identidad número 2-CED17 en su condición de propietario de los derechos 019, 033, 024 y 035, 11-) Fernando Gerardo Fuentes Jiménez portador de la cédula de identidad número 2-CED18 en su condición de propietario del derecho ED42,, 12-) Yadira María Fuentes Jiménez portadora de la cédula de identidad número 2-CED19 en su condición de propietaria del derecho ED43,, 13-) Génesis Paola Jiménez Soto portador de la cédula de identidad número 1-CED20 en su condición de propietaria de los derechos 024, 029, 030, 14-) Thaymi María Jiménez Soto portadora de la cédula de identidad número 1-CED21 en su condición de propietaria de los derechos 025, 028 y 031, 15-) Paris Jazmine Jiménez Soto portadora de la cédula de identidad número 1-CED22 en su condición de propietaria de los derechos 026, 027 y 032, 16-) Luz María Vega Hernández portadora de la cédula de identidad número 2-CED23 en su condición de propietaria del derecho ED44,, 17-) Mario Antonio Jiménez Vega portador de la cédula de identidad número 2-CED24 en su condición de propietario del derecho 040, 18-) Francisco Jiménez Vargas portador de la cédula de identidad número 2-CED25 en su condición de propietario del derecho ED45,, 19-) Marco Vinicio Jiménez Salas portador de la cédula de identidad número 2-CED26 en su condición de propietario del derecho ED46,, 20-) María Isabel Jiménez Salas portadora de la cédula de identidad número 2-CED27 en su condición de propietaria del derecho ED47,, 21-) Kevin Ernesto Delgado Jiménez portador de la cédula de identidad número 2-CED28 en su condición de propietario del derecho ED48,, 22-) Katherine Dayana Chaves Jiménez portadora de la cédula de identidad número 2-CED29 en su condición de propietaria del derecho ED49,, 23-) Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez portador de la cédula de identidad número 2-CED30 en su condición de propietario del derechos ED50  y 24-) Lizanias Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad número 2-CED31 en su condición de propietaria del derecho ED51,, así como a las propietarios de la Finca Inscrita bajo matrícula de folio real 2-381576 plano Catastrado A-0838188-2003 a nombre de: 25-) Carlos Luis Rodríguez Madrigal portador de la cédula de identidad número 4-CED32 en su condición de propietario de los derechos 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008 y 26-) Claudio Vásquez Córdoba portador de la cédula de identidad número 2-CED33 en su condición de propietario del derecho ED52,, en virtud de la denuncia interpuesta por la señora Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela. Se cita a celebración de AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo a las 08 HORAS 30 MINUTOS DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. (…) Los presuntos hechos imputados mediante la presente resolución ocurrieron en la Provincia de Alajuela, Cantón Alajuela, Distrito San Rafael, contiguo al Cementerio de San Rafael, coordenadas N 1103496.6221 E 476489.8915. y consiste en el haber realizado y/o no haber impedido: En la finca inscrita bajo matrícula de folio real No.  plano catastrado , lo siguiente: 1-) Afectación ambiental producto del relleno y recepción de residuos sólidos como escombros, restos de madera y otros los cuales son acumulados en la propiedad. 2-) Afectación ambiental y a la salud pública por la quema de residuos sólidos como: restos de escombros ramas, troncos de árboles, estañones y recipientes metálicos sin que se conozca la procedencia ni el contenido de los mismos, los cuales generan humo y hollín, En la Finca Inscrita bajo matrícula de folio real  plano Catastrado , lo siguiente: 1-) Acumulación de residuos sólidos y quema de los mismos, entre los cuales se evidenciaron ramas, troncos, estañones y otros materiales de desecho, se encontró un contenedor con restos de cables, así como la estructura y cajón de vehículo en abandono. 2- ) Infraestructura en área de protección del Rio Segundo la cual se compone de cuatro cubículos o espacios tipos baños construidos con materiales de Zinc, Gypson, Perling, puestas de aluminio con losa de cerámica; dicha obra se encuentra en su totalidad dentro del área de protección para un total de 19,32 metros cuadrados y se encuentra a 1,75 metros del cuerpo de agua. 3-) Construcción de un rancho rústico a una distancia de 5.1 metros del cuerpo de agua, ocupando 35 metros cuadrados del área de protección, el cual está construido de lona de plástico, sarán, madera y bambú. 11. Que el día primero de octubre del año 2024 se recibe correo del señor Mario Jiménez Vega mediante el cual interpone recurso de revocatoria de la resolución de apertura del procedimiento y solicita que se incorpore unas fotografías al expediente. Ver folios 369 al 381 del expediente administrativo. 12. Que mediante resolución No. 1195-2024-TAA de las diez horas con cinco minutos del 24 de octubre del año 2024 se acuerda: ÚNICO: Que siendo que a la fecha, y tal y como se indica en las cédulas de Notificación visibles a los folios 399 al 406 del expediente administrativo, no ha sido posible notificar a la señora María del Carmen Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad CED01, al señor Claudio Vázquez Córdoba portador de la cédula de identidad número CED02, a la señora Katherine Dayana Chaves Jiménez portadora de la cédula de  identidad CED03, la señora María Isabel Jiménez Salas portadora de la cédula de identidad número CED04, a la señora María de las Mercedes Jiménez Ávila portadora de la cédula de identidad número CED05, el señor Marco Vinicio Jiménez Salas portador de la cédula de identidad número CED06, el señor Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez portador de la cédula de identidad número CED07 y el señor Kevin Ernesto Delgado Jiménez portador de la cédula de identidad número CED08, a efectos de no causar indefensión a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, este Tribunal considera pertinente suspender la audiencia establecida para el día 15 de noviembre de 2024 a las 8:30 horas y reprogramar la diligencia para el día 18 del mes de febrero del año 2025 a las 8:30 horas en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. Ver folios 407 al 410 del expediente administrativo. 13. Que el día siete de noviembre del año 2024 se recibe escrito de las señoras Génesis Paola Jiménez Soto, Thaymi María Jiménez Soto y París Jazmine Jiménez Soto mediante el cual mediante el cual rechazan los hechos imputados mediante la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo. Ver folios 446 al 454 del expediente administrativo. 14. Que mediante resolución No. 1296-2024-TAA de las once horas con cinco minutos del día doce de noviembre del año 2024, se acuerda que de conformidad con la Ley General de la Administración Pública señala “Artículo 275.-Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de la Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por el acto final. El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, religioso, económico o de cualquier otra naturaleza”, y la Procuraduría General de la República señala en C-035-2011 de fecha 22 de febrero del 2011 “(…) Debemos advertir que con la reforma introducida por el artículo 200.9 de la Ley No. 8508 (Código Procesal Contencioso-Administrativo, al numeral 275 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), operó un cambio sustancial en cuanto al concepto de parte en el procedimiento administrativo, pues ahora en tutela de posiciones subjetivas, la condición de parte involucrada no es exclusiva del titular de un derecho subjetivo típico o perfecto, pues dicha condición se extiende más allá incluso a los titulares de intereses jurídicamente relevantes (…)”, y una vez el artículo 282 del mismo cuerpo lega indica “(…) 1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del procedimiento administrativo se regirá por el derecho común; la de la Administración de conformidad con las normas de derecho público (…)”, por lo que analizado el correo remitido a este Tribunal el día primero de octubre del año 2024 por el señor Mario Jiménez Vega mediante el cual interpone recurso de revocatoria en contra de la resolución No. 806-2024-TAA, previo a entrar a conocer el mismo se debe PREVENIR al señor Nombre01 que acredite su legitimación y que aporte documento debidamente firmado, ya sea con firma digital o adjunte copia de su cédula de identidad. Lo anterior en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la presente resolución. Ver folios 455 y 456 del expediente administrativo. 15. Que el día catorce de noviembre del año 2024 se recibe escrito de las señoras Vitalia Jiménez Ávila, Adilia Josefa Jiménez Ávila y Yadira Fuentes Jiménez mediante el cual rechazan lo establecido en de la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo y solicitan desestimar y archivar la denuncia. Ver folios 461 al 477 del expediente administrativo. 16. Que mediante resolución No. 136-2025-TAA de las once horas con treinta y cinco minutos del día trece de febrero del dos mil veinticinco, se acuerda: PRIMERO: QUE MEDIANTE ESCRITO DEL SEÑOR MARIO JIMÉNEZ VEGA SE INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN No. 806-2024-TAA: Que mediante la presente resolución No. 1296-2024-TAA de las once horas con cinco minutos del día doce de noviembre del año 2024, se previno al señor Nombre01 acreditar su legitimación y que debe aportar documento debidamente firmado, ya sea con firma digital o adjunte copia de su cédula de identidad, resolución que le fue notificada el día 13 de noviembre del año 2024, según consta en la cédula de notificación visible al folio 459 del expediente administrativo, sin que a la fecha se haya presentado la documentación solicitada, por lo cual no se entra a conocer dicho documento, más se tiene el mismo incorporado en el expediente administrativo como prueba a evacuar en la audiencia oral y pública. SEGUNDO: ESCRITO DE LAS SEÑORAS GÉNESIS PAOLA JIMÉNEZ SOTO, THAYMI MARÍA JIMÉNEZ SOTO Y PARÍS JAZMÍN JIMENEZ SOTO: Que en la presente resolución corresponde dar respuesta al escrito presentado por las señoras supra citadas el día siete de noviembre del año 2024, mediante el cual rechazan los hechos imputados en la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo No. 806-2024TAA, por lo que una vez analizado el mismo se determina que se tiene por acreditada su legitimación bajo el expediente administrativo número 008-024-02-TAA. En dicho documento se establece la posición de las suscritas en relación a los hechos trasladados, explicando del punto titulado “primero al noveno” sus alegatos de defensa y aportan prueba para acreditar lo indicado, sin embargo del análisis del mismo se puede determinar que los hechos a los que hacer referencia son aspectos de fondos que deben ser resueltos mediante resolución final, por lo que se tiene por incorporadas las manifestaciones indicadas, las cuales serán analizadas en el momento procesal oportuno. TERCERO: ESCRITO DE LAS SEÑORAS VITALIA JIMÉNEZ ÁVILA, ADILIA JOSEFA JIMÉNEZ ÁVILA Y YADIRA FUENTES JIMENEZ: Que en la presente resolución corresponde dar respuesta al escrito presentado por las señoras supra citadas, el día catorce de noviembre del año 2024, mediante el cual rechazan los hechos imputados en la resolución de apertura del procedimiento ordinario administrativo No. 806-2024TAA, y solicitan que los mismo sean resueltos en sede judicial, por lo que una vez analizado el mismo se determina que se tiene por acreditada su legitimación bajo el expediente administrativo número 008-024-02-TAA. En dicho documento se establece la posición de las suscritas, se aporta copia del expediente judicial No. 19-000024-1626-CI, sin embargo una vez analizados los alegatos planteados en dicho escrito, se puede determinar que los hechos a los que hacer referencia son aspectos de fondos que deben ser resueltos mediante resolución final, por lo que se tiene por incorporadas las manifestaciones indicadas, las cuales serán analizadas en el momento procesal oportuno y se reserva para la resolución de fondo el referirse a lo allí señalado. CUARTO: Que siendo que a la fecha, y tal y como se indica en las cédulas de Notificación visibles a los folios 399 al 406 del expediente administrativo, no ha sido posible notificar a la señora María del Carmen Jiménez Ávila, portadora de la cédula de identidad CED01, al señor Claudio Vázquez Córdoba, portador de la cédula de identidad número 2-CED34, a la señora Katherine Dayana Chaves Jiménez, portadora de la cédula de identidad 2-CED29, la señora María Isabel Jiménez Salas, portadora de la cédula de identidad número 2-CED27, a la señora María de las Mercedes Jiménez Ávila, portadora de la cédula de identidad número CED05, el señor Marco Vinicio Jiménez Salas, portador de la cédula de identidad número 2-CED35, el señor Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, portador de la cédula de identidad número 2-CED30 y el señor Kevin Ernesto Delgado Jiménez, portador de la cédula de identidad número 2-0675-0675, a efectos de no causar indefensión a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, este Tribunal considera pertinente suspender la audiencia establecida para el día 18 de febrero de 2025 a las 8:30 horas y reprogramar la diligencia para el día 17 del mes de junio del año 2025 a las 8:30 horas en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. Ver folios 483 al 492 del expediente administrativo. 17. Que el día 19 de febrero del año 2025, se recibe escrito del señor Carlos Luis Rodríguez Madrigal, mediante el cual presenta escrito solicitando que se corrobore por este Tribunal que ya no existe infraestructura alguna construida dentro del área de protección del Río Segundo. Ver folios 533 y 534 del expediente administrativo. 18. Que mediante resolución N° 434-2025-TAA de las once horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de mayo del año dos mil veinticinco, se acuerda PRIMERO: QUE MEDIANTE ESCRITO DEL SEÑOR CARLOS LUIS RODRÍGUEZ MADRIGAL se establece “(…) Considero que el suscrito está en un proceso sin ser acreedor de los hechos denunciados, al ser lo construido por mí, detectado de casualidad en una inspección realizada por otros motivos, ya que yo no recibo ni acopio materiales y mucho menos hacer quemas en el lugar, todo porque utilizo dicho terreno como una especie de camping para asar los fines de semana retirado del bullicio y hallar un poco de paz después de muchos años de trabajo. Siendo que hasta allí consta mi participación en este complejo asunto, solicito conciliar de ser posible a fin de ser excluido del mismo por las razones explicadas, y demostrar que lo construido dentro del área de protección del río, ya no existe. (…)”, este Tribunal considera que lo aquí indicado debe ser analizado en la audiencia oral y pública ya que es parte de lo aquí imputado, por lo que al ser de fondo se debe rechazar la solicitud realizada por el señor Rodríguez Madrigal ára que se le excluya del presente procedimiento; es importante mencionar que los documentos aportados se tienen como prueba de descargo ofrecida y serán evaluados en el momento procesal oportuno. SEGUNDO: Que siendo que a la fecha, no ha sido posible notificar a todas las partes a efectos de no causar indefensión a las partes de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política, este Tribunal considera pertinente suspender la audiencia establecida para el día 17 de junio de 2025 a las 8:30 horas y reprogramar la diligencia para el día 01 del mes de setiembre del año 2025 a las 8:30 horas, en la sede del Tribunal Ambiental Administrativo. Por lo tanto, el Tribunal Ambiental Administrativo realiza las acciones correspondientes para lograr la notificación de la apertura del procedimiento ordinario administrativo a todas las partes a efectos de no causar indefensión de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política y poder llevar a cabo la audiencia oral y pública señalada en la resolución N°434-2025-TAA de once horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de mayo del año dos mil veinticinco”.

6.- Mediante constancia suscrita el 13 de mayo de 2025, por el Técnico Judicial 3 a.i. tramitador de este expediente, así como por la Secretaria a.i. de la Sala, se hizo saber que no aparece que del 2 al 13 de mayo de 2025, el Alcalde, la Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y la Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos todos de la Municipalidad de Alajuela, hayan presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe solicitado en este asunto.

7.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

 Considerando:

I.- Sobre lo dispuesto por esta Sala. Mediante la sentencia No. 2024018803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024, este Tribunal dispuso lo siguiente:

“POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a los agravios formulados en contra del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de Alajuela y del Tribunal Ambiental Administrativo. En consecuencia, se le ordena a Ronald Enrique Mora Solano, en su condición de Director del Área Rectora de Salud de Alajuela 2 del Ministerio de Salud; a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde, a Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y a Yamileth Oses Villalobos, en su condición de Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, todos de la Municipalidad de Alajuela, así como a Adriana Bejarano Alfaro, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quienes respectivamente ocupen dichos cargos, que, de forma inmediata a la notificación de la presente sentencia, coordinen lo necesario, giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, en aras de que el problema ambiental acreditado en este proceso de amparo se solvente, de forma definitiva, en el plazo máximo de tres meses (contado también a partir de la notificación de esta sentencia). Asimismo, se le ordena a la referida Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, que, una vez que dicho órgano se encuentre debidadamente integrado, se emita, dentro del plazo máximo de dos meses, la resolución final del procedimiento tramitado conforme el expediente No. Telf01 y se le notifique a los interesados. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela, al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a los alegatos formulados en contra del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se declara sin lugar el amparo. Tome nota el Ministro de Ambiente y Energía de lo dispuesto en el considerando VII de la presente sentencia. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota”.

 

La anterior sentencia le fue notificada a las autoridades recurridas el 9 de julio de 2024.

II.- En cuanto a la gestión de desobediencia planteada. El señor Adolfo Fernández Loaiza, en calidad de coadyuvante activo, aduce que las partes recurridas no han cumplido lo ordenado en la sentencia No. 2024018803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024, ya que “(…) el problema de contaminación ambiental por depósito ilegal de residuos sólidos, o basurero clandestino, quema y peligro de la zona de protección del río Segundo, continúan hasta el día de hoy (…)”. Acusa que esto demuestra que las autoridades recurridas no han tomado todas las acciones a su cargo para corregir la citada problemática, tal y como se ordenó en dicha sentencia.

 En virtud de lo anterior, se solicitó informe a las partes recurridas.

La Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativa, en su informe, hizo referencia a varias gestiones realizadas en virtud de la denuncia que conocen y que se tramita en expediente No. 008-24-02-TAA y aclaró que no ha sido posible, a la fecha, notificar de la apertura del procedimiento ordinario administrativo a todos los denunciados, para, a su vez, llevar a cabo la audiencia oral y pública. Asimismo, sostuvo que, en virtud de esa situación, la audiencia que originalmente estaba establecida para el 17 de junio de 2025, fue reprogramada para el 1° de septiembre de 2025. Por ende, es claro que no se ha podido emitir resolución final en dicho procedimiento.

Por su parte, el Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, informó también sobre las gestiones que han realizado para atender la orden girada por la Sala. Sin embargo, igualmente se indicó que, en inspección realizada recientemente (7 de mayo de 2025), se logró evidenciar el incumplimiento a lo dispuesto en la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 girada con el fin que se suspendiera la quema de residuos en el sitio y se dejaran de depositar residuos. 

Finalmente, las autoridades recurridas de la Municipalidad de Alajuela no rindieron el informe requerido, por lo que, en atención a lo dispuesto en ordinal 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los hechos que se les endilgan.

Visto lo anterior, resulta claro para esta Sala Constitucional que, a la fecha, luego de superados sobradamente los plazos establecidos, lo dispuesto en el voto No. 2024018803 no ha sido cumplido. En consecuencia, se procede a reiterar a las autoridades recurridas dar cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2024018803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024.

III.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se acoge la gestión de desobediencia. Se reitera a Víctor González Jiménez, en su condición de Director del Área Rectora de Salud Alajuela 2 del Ministerio de Salud, a Maureen Solís Retana, en su condición de Jueza Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo, a Franz Tattenbach Capra, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, así como a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su condición de Alcalde, a Karen Bermúdez Fallas, en su condición de Coordinadora de la Actividad de Gestión Ambiental y a Yamileth Oses Villalobos, en su condición de Coordinadora de Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen los cargos, que procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia No. 2024018803 de las 9:30 horas del 5 de julio de 2024. Lo anterior, bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, ordenar testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia (artículos 53 y 71 de la ley de la jurisdicción constitucional). Notifíquese.-

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 DSRNJ1V24QQ61

EXPEDIENTE N° 24-010364-0007-CO

 

Teléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:32:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Court Size
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Constitutional Chamber

Resolution No. 17061 - 2025

Date of Resolution: June 6, 2025 at 10:15 a.m.

Case File: 24-010364-0007-CO

Drafted by: Jorge Araya Garcia

Type of matter: Amparo appeal

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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Exp: 24-010364-0007-CO

Res. No. 2025017061

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours fifteen minutes on June sixth, two thousand twenty-five.

Disobedience proceeding brought by ADOLFO FERNÁNDEZ LOAIZA, against THE MINISTRY OF HEALTH, THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA, THE ADMINISTRATIVE ENVIRONMENTAL TRIBUNAL, AND THE BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA.

Whereas:

1.- Through a document received in the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 4:29 p.m. on April 28, 2025, Mr. Adolfo Fernández Loaiza, in his capacity as active coadjuvant, alleges that the respondent parties have not complied with what was ordered in judgment No. 2024018803 of 9:30 a.m. on July 5, 2024, since "(...) the problem of environmental contamination by illegal deposit of solid waste, or clandestine dump, burning, and danger to the protection zone of the Río Segundo continues to this day (...)". He claims that this demonstrates that the respondent authorities have not taken all the actions within their charge to correct the aforementioned problem, as was ordered in said judgment.

2.- By resolution of 7:40 a.m. on May 2, 2025, the disobedience proceeding was forwarded and an audience was granted to Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 of the Ministry of Health; to Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, to Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of the Environmental Management Activity, and to Yamileth Oses Villalobos, in her capacity as Coordinator of the Comprehensive Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, as well as to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, or to whoever respectively holds said positions, so that they could comment on and provide the corresponding evidence regarding the facts and omissions attributed to them.

3.- Through a document received in the Secretariat of the Chamber and incorporated into the digital case file at 9:56 a.m. on May 7, 2025, Maureen Solís Retana, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, reports under oath. She states the following: "I. That through resolution No. 136-2025-TAA of eleven hours thirty-five minutes on February thirteenth, two thousand twenty-five, it was agreed: FIRST: THAT THROUGH THE DOCUMENT OF MR. MARIO JIMÉNEZ VEGA, A REVOCATION APPEAL IS FILED AGAINST RESOLUTION No. 806-2024-TAA: That through this resolution No. 1296-2024-TAA of eleven hours five minutes on November twelfth, 2024, Mr. Nombre01 was warned to prove his standing and that he must provide a duly signed document, either with a digital signature or attach a copy of his identity card, a resolution that was notified to him on November 13, 2024, as stated in the notification certificate visible on folio 459 of the administrative file, without the requested documentation having been presented to date, therefore said document is not considered, but it is incorporated into the administrative file as evidence to be evaluated in the oral and public hearing. SECOND: DOCUMENT FROM MRS. GÉNESIS PAOLA JIMÉNEZ SOTO, THAYMI MARÍA JIMÉNEZ SOTO, AND PARÍS JAZMÍN JIMENEZ SOTO: That in this resolution, the document presented by the aforementioned ladies on November 7, 2024 must be answered, through which they reject the facts alleged in the resolution opening the ordinary administrative proceeding No. 806-2024TAA, so that once it is analyzed, it is determined that their standing is accredited under administrative file number 008-024-02-TAA. In said document, the position of the undersigned is established in relation to the transferred facts, explaining from the point entitled "first to ninth" their defense arguments and providing evidence to prove what is indicated, however, from its analysis, it can be determined that the facts to which they refer are substantive aspects that must be resolved by final resolution, therefore the indicated statements are incorporated, which will be analyzed at the appropriate procedural moment. THIRD: DOCUMENT FROM MRS. VITALIA JIMÉNEZ ÁVILA, ADILIA JOSEFA JIMÉNEZ ÁVILA, AND YADIRA FUENTES JIMENEZ: That in this resolution, the document presented by the aforementioned ladies on November 14, 2024 must be answered, through which they reject the facts alleged in the resolution opening the ordinary administrative proceeding No. 806-2024TAA, and request that they be resolved in court, so that once it is analyzed, it is determined that their standing is accredited under administrative file number 008-024-02-TAA. In said document, the position of the undersigned is established, a copy of judicial file No. 19-000024-1626-CI is provided, however, once the arguments raised in said document are analyzed, it can be determined that the facts to which they refer are substantive aspects that must be resolved by final resolution, therefore the indicated statements are incorporated, which will be analyzed at the appropriate procedural moment, and the resolution on the merits will address what is indicated therein. FOURTH: Given that to date, and as indicated in the Notification certificates visible on folios 399 to 406 of the administrative file, it has not been possible to notify Mrs. María del Carmen Jiménez Ávila, holder of identity card CED01, Mr. Claudio Vázquez Córdoba, holder of identity card number CED02, Mrs. Katherine Dayana Chaves Jiménez, holder of identity card CED03, Mrs. María Isabel Jiménez Salas, holder of identity card number CED04, Mrs. María de las Mercedes Jiménez Ávila, holder of identity card number CED05, Mr. Marco Vinicio Jiménez Salas, holder of identity card number CED06, Mr. Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, holder of identity card number CED07, and Mr. Kevin Ernesto Delgado Jiménez, holder of identity card number CED08, in order not to cause defenselessness to the parties in accordance with the provisions of Article 41 of the Constitution, this Tribunal deems it pertinent to suspend the hearing scheduled for February 18, 2025 at 8:30 a.m. and reschedule the proceeding for June 17, 2025 at 8:30 a.m. at the seat of the Administrative Environmental Tribunal. 1. That on February 19, 2025, a document was received from Mr. Carlos Luis Rodríguez Madrigal, through which he presents a document requesting that this Tribunal verify that there is no longer any infrastructure built within the protection zone of the Río Segundo. See folios 533 and 534 of the administrative file. 2. That through resolution No. 434-2025-TAA of eleven hours forty-five minutes on May sixth, two thousand twenty-five, it is agreed: FIRST: THAT THROUGH THE DOCUMENT OF MR. CARLOS LUIS RODRÍGUEZ MADRIGAL, it is established "(...) I consider that the undersigned is in a process without being liable for the reported facts, since what was built by me was detected by chance during an inspection carried out for other reasons, as I do not receive or stockpile materials, much less carry out burning at the site, all because I use said land as a kind of campsite to roast on weekends away from the bustle and to find a little peace after many years of work. As my participation in this complex matter goes only so far, I request to conciliate if possible in order to be excluded from the same for the reasons explained, and to demonstrate that what was built within the river protection zone no longer exists. (...)", this Tribunal considers that what is indicated here must be analyzed in the oral and public hearing since it is part of what is alleged here, therefore, as it is a substantive matter, the request made by Mr. Rodríguez Madrigal to be excluded from this proceeding must be rejected; it is important to mention that the documents provided are considered as exculpatory evidence offered and will be evaluated at the appropriate procedural moment. SECOND: Given that to date, it has not been possible to notify all the parties, in order not to cause defenselessness to the parties in accordance with the provisions of Article 41 of the Constitution, this Tribunal deems it pertinent to suspend the hearing scheduled for June 17, 2025 at 8:30 a.m. and reschedule the proceeding for September 1, 2025 at 8:30 a.m. at the seat of the Administrative Environmental Tribunal. It is of utmost importance to point out that to date we are carrying out the corresponding actions to manage to notify all the accused of the opening of the ordinary administrative proceeding and thus be able to hold the scheduled oral and public hearing; these notifications will be made at the addresses that have been determined throughout the investigation and the corresponding delegation will be made to achieve said proceeding".

4.- Through a document received via the Chamber's email at 3:45 p.m. on May 8, 2025, Víctor González Jiménez, in his capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud Alajuela 2 of the Ministry of Health, reports under oath. He states the following: "FIRST: For a better understanding of the Constitutional Chamber, by virtue of the request presented by the petitioner Adolfo Fernández Loaiza, under the duty of probity with which the Public Administration must act and the objective of satisfying the public interest in conjunction with the safeguarding of health, this área rectora, in addition to the actions carried out prior to this present request for a report, has carried out an inspection visit on May 7, 2025, to verify the correct application of the Ley Orgánica del Ministerio de Salud and the Ley General de Salud, as well as related regulations and on-site verification of compliance with the aforementioned regulations, in addition to what was ordered by this honorable Chamber through resolution 2024018803 of nine hours thirty minutes on July fifth, two thousand twenty-four. SECOND: That specifically regarding what was expressed by the petitioner, the following actions have occurred subsequent to the already cited resolution 2024018803: 1. On July 24, 2024, the Administrative Environmental Tribunal notified this Área Rectora de Salud of resolution No. 806-2024-TAA to attend an oral and public hearing on November 15, 2024, in the capacity of witness-expert. 2. On September 2, 2024, it was possible to personally notify Mr. Claudio Vásquez Córdoba of report No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 and sanitary order (orden sanitaria) No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024, property No. 381576, since it had been notified by email and receipt was not confirmed. 3. According to ocular record (acta ocular) No. MS-DRRSCN-DARSA2-2746-2024, on October 22, 2024, the residence of Mrs. Nombre01, accused, was visited to personally notify her of report No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 and sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024, Dirección01, since said documents were notified by email and receipt was not confirmed; we proceeded to call for several minutes and no one came out of the dwelling; Mr. Mario Antonio Jiménez Vega (brother and co-accused) appeared at the site; Mr. Nombre01 did not want to receive the documents alleging that he does not want problems with his sister for receiving said documents. 4. According to ocular record No. MS-DRRSCN-DARSA2-2745-2024, on October 22, 2024, the residence of Mr. Mario Antonio Jiménez Vega (accused) was visited to personally notify him of report No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 and sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024, since said orders were notified by email and receipt was not confirmed; at the site, Mr. Nombre01 admitted that he did receive the email with said documents and did not acknowledge receipt thereof; we proceeded to notify him of said documents in physical form and Mr. Mario Antonio Jiménez Vega did not want to receive them nor did he want to sign the ocular record and asked us to leave his property immediately as it is private property. 5. According to report No. MS-DRRSCN-DARSA2-2836-2024, on October 28, 2024, the official Danilo Arrieta Alfaro carried out an inspection accompanied by Mr. Nombre01, accused, and during the inspection, no evidence was found that burning had been carried out again at the site, so this point was indeed complied with; however, to date this Área Rectora de Salud has not received documentary evidence indicating that the solid waste existing at that time at the site, and which was burned, was disposed of through an authorized waste manager. It should be noted that at this point, no further accumulation of garbage was observed, nor had more garbage burning occurred at the site. 6. On October 31, 2024, the Administrative Environmental Tribunal notified this Área Rectora de Salud of resolution No. 1195-2024-TAA to suspend the oral and public hearing for November 15, 2024, and reschedule the proceeding for February 18, 2025, due to the great difficulty of notifying all the parties involved. 7. As stated in report No. MS-DRRSCN-DARSA2-3223-2024, on December 13, 2024, the area was visited and there was no person available, so access to the property was not possible; however, the site was toured, and from an easement (servidumbre) at its end, we arrived at a gate with a chain; this gate is approximately 70 m from the reported property; from that location, it was observed that at the time of the inspection there was no waste burning, but the existence of wooden pallets, tall grass, wood, piles of earth, leaves, and tree branches was evident at the site (presence of organic waste). 8. On February 13, 2025, the Administrative Environmental Tribunal notified this Área Rectora de Salud of resolution No. 136-2025-TAA to suspend the oral and public hearing for February 18, 2025, and reschedule the proceeding for June 17, 2025, due to the great difficulty of notifying all the parties involved. 9. On March 4, 2025, as stated in ocular record No. MS-DRRSCN-DARSA2-603-2024, the Belén de Heredia sector was visited, specifically near the Pekiss store, to locate Mr. Carlos Luis Rodríguez Madrigal, accused, to personally notify him of report No. MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 and sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-091-2024, since said orders were notified by email and receipt was not confirmed, but it was not possible to locate Mr. Rodríguez Madrigal. 10. According to report No. CARTA-MS-DRRSCN-URS-338-2025, prepared by officials of the Región Central Norte, dated April 28, 2025, a monitoring visit was made to the clandestine dump; within the inspection results, it was possible to confirm that because there is little willingness from the property owners to authorize entry to Ministry of Health officials and other institutions, we proceeded only to carry out a drone overflight of the area to assess the current conditions of the site, and it was evidenced that according to the images collected with the drone during a visit made on March 3, 2025, it is observed that within the reported property, the activity of unauthorized waste stockpiling continues to be carried out. The aerial images show the stockpiling of different types of waste, among which can be mentioned: rubble, zinc sheets, metal barrels, wood, disused furniture, organic garden material waste, plastic bags, and sacks with unknown contents. Tall grass is also observed within the evaluated property. 11. According to report No. MS-DRRSCN-DARSA2-1164-2025, dated May 7, 2025, a new inspection visit was carried out to verify compliance with sanitary orders No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 and No. MS-DRRSCNDARSA2-OS-091-2024 issued against the accused who have been personally notified, and it was evidenced that no further burning has occurred at the site; however, it was evidenced that from the last visit made (March 3, 2025) to May 7, 2025, more waste has indeed accumulated at the site, so what was requested in the sanitary orders has not been complied with. 12. This case is complex because the properties in question are segregated among several co-owners, making it very difficult to personally notify all parties; likewise, a simultaneous process is being carried out to hold an oral and public hearing at the Administrative Environmental Tribunal, file No. 008-24-02-TAA, which has had to be postponed on two occasions for the same reason (the tribunal's difficulty in notifying). 13. During the inspection visit on May 7, 2025, non-compliance with sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 was evidenced; therefore, as a follow-up action, a fine of one base salary will be imposed in compliance with the provisions of Article 378 of the Ley General de Salud, and a complaint will be filed with the Prosecutor's Office for disobedience to authority in accordance with the provisions of Article 314 of the Penal Code against Mr. Nombre01 and Mrs. Luz Marina Vega Hernández (Co-owners and accused, Dirección01.). THIRD: That this Ministry and the Dirección de Área Rectora de Salud ALAJUELA 2 have acted diligently in managing in a timely manner and according to the corresponding internal administrative procedure in this Organizational Unit, with the objective of safeguarding health, to verify compliance with the Ley Orgánica del Ministerio de Salud and the Ley General de Salud and what was ordered by this Chamber in resolution 2024018803 already cited, therefore, a timely and swift approach is evidenced without demonstrating an excessive and unjustified or negligent duration, respecting the order issued by the Constitutional Chamber. For all that has been stated, this Dirección de Área Rectora de Salud has not disobeyed the issued order and has carried out the appropriate actions to enforce the corresponding regulations and execute compliance controls".

5.- Through a document received via the Chamber's email at 7:19 p.m. on May 8, 2025, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, reports under oath. He states the following: "FIRST: Facts alleged by the appellants: In accordance with the disobedience resolution, an audience is granted for the Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal to proceed to render a report regarding the facts alleged by the appellant, which are transcribed below: "which accuses the disobedience to what was ordered by this Chamber through resolution No. 20240108803 of 9:30 a.m. on July 5, 2024, since in that judgment the following was ordered: 'The appeal is partially granted, solely, regarding the grievances filed against the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, and the Administrative Environmental Tribunal. Consequently, it is ordered to Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Área Rectora de Salud de Alajuela 2 of the Ministry of Health; to Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, to Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of the Environmental Management Activity, and to Yamileth Oses Villalobos, in her capacity as Coordinator of the Comprehensive Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, as well as to Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, or to whoever respectively holds said positions, that, immediately upon notification of this judgment, they coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all the actions that are within the scope of their competencies, in order to resolve the environmental problem accredited in this amparo proceeding, definitively, within a maximum period of three months (counted also from the notification of this judgment). Likewise, it is ordered to the aforementioned President of the Administrative Environmental Tribunal that, once said body is duly integrated, it issues, within a maximum period of two months, the final resolution of the proceeding processed under file No. 008-24-02-TAA and notifies the interested parties (...)'. According to what was stated by the petitioner, the problem of environmental contamination from the illegal deposit of solid waste or clandestine dump, burning, and danger to the protection zone of the Río Segundo continues to date. He indicates that the respondent authorities have not taken the corresponding actions to correct the problem". SECOND: Legal Considerations: The amparo appeal is a judicial proceeding processed in the Constitutional Chamber and which constitutes the so-called constitutional jurisdiction of liberty; its existence guarantees the validity of the fundamental rights established in the Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. The Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes in its numeral 29 that the amparo appeal guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in this law, except those protected by habeas corpus; it also establishes that it proceeds against any provision, agreement, or resolution and, in general, against any action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. Not only does it proceed against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. In the Costa Rican legal system, the Amparo Appeal stems from constitutional norms 10 and 48 of the Constitution, which establishes that every person has the right to the amparo appeal to maintain or restore the enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international instruments on human rights applicable in the Republic. There is an entire title within this normative body where a series of individual rights and guarantees are established, such as the right to life in Article 21, the right to intimacy, freedom, and secrecy of communications in Article 24, the right to equality enshrined in Article 33, the right of consumers and users (of public services) to the protection of the environment in Article 46, and many others established within social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative state duty to protect it Article 50, and the state duty to protect natural beauties, which implies at least indirect protection of the environment or partial protection thereof, as it points to an aspect that integrates it: natural landscapes, in Article 89. The Constitutional Chamber is only subject to the Constitution, the Law, and its jurisprudence and precedents are binding "erga omnes" except for itself. This provision is important given that what is resolved by the Chamber is binding for other public bodies, both administrative and judicial, as well as for all individuals. THIRD: On the argumentation of the Amparo Appeal. In relation to what was alleged by the appellants, a report is hereby rendered in the following terms: It is important to inform this honorable Constitutional Chamber that the Administrative Environmental Tribunal complies with what was ordered in judgment No. 2024018803 of nine hours thirty minutes on July fifth, two thousand twenty-four, through official letter O-143-2025-TAA, it communicates to this Chamber the actions carried out to address what was established in the judgment. An official letter that appears within the judicial file on page 3. By reason of the foregoing, this Ministry, in order to comply with what was ordered in judgment No. 2024018803 of nine hours thirty minutes on July fifth, two thousand twenty-four, proceeds to request from the Administrative Environmental Tribunal a detailed report on the status of the proceeding processed under file No. 008-24-02-TAA. In accordance with the foregoing, through official letter 310-2025-TAA dated May 6, 2025, Mrs. Maureen Solís Retana, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, so appointed by agreement 001-2024, of session No. 01-2024 dated October 10, 2024, renders what was requested, stating the following: 1. This Tribunal became aware of the facts on January 10, 2024, upon receiving Official Letter No. MA-SGA.914-2023 dated December 21, 2023, from the Department of Environmental Management of the Municipality of Alajuela, signed by Mrs. Karen Bermúdez Fallas in her capacity as Coordinator, through which she files a formal environmental complaint for the alleged impact resulting from waste deposit as well as the impact on the protection zone of the Río Segundo, specifically on the properties registered in the Province of Alajuela under real folio registration numbers and . The following documents are attached to the complaint: Official Letter No. MA-SGA-285-2017 dated July 10, 2017, from the Department of Environmental Management of the Municipality of Alajuela; a two-page document from Mr. Roberto Rodríguez González addressed to the Subproceso de Gestión Ambiental; Official Letter No. MA-SGA-492-2018 dated September 18, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MA-SGA-493-2018 dated September 18, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela, called Complaint Receipt of Soil and Other Waste without Authorization in San Rafael de Alajuela; Official Letter No. MA-SGA-496-2018 dated September 18, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Notification Record for illegal soil deposits Number 0122 year 2018 of the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-556-2018 dated October 9, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA- 560-2018 dated October 11, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MAPCFU-1413-2018 dated November 8, 2018; Official Letter MA-A-4771-2018 dated November 19, 2018, from the Municipal Mayor's Office of the Municipality of Alajuela; document called administrative claim by Nombre02 and others for damages to property in the province of Alajuela No. 42163-12-13-14-15-16-17-18-22-23; Official Letter No. MASGA-643-2018 dated November 20, 2018, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-045-2019 dated January 31, 2019, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-064-2019 dated February 8, 2019, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-135-2021 dated February 24, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-136-2021 dated February 24, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MA-SGA-139-2021 dated February 24, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-137-2021 dated February 24, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-140-2021 dated February 24, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Official Letter No. MASGA-166-2021 dated March 5, 2021, from the Subproceso de Gestión Ambiental of the Municipality of Alajuela; Inspection Report for complaint of burning carried out on a property in San Rafael de Alajuela dated March 15, 2021, from the Agricultural Extension Agency of Alajuela of the Dirección de Desarrollo Central Occidental of the Ministerio de Agricultura y Ganadería; Official Letter SINAC-ACC-OA-of-674-2021 dated May 6, 2021, from the Alajuela Office of the Área de Conservación Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Tour Report SINAC-ACC-OA-inf-535-2021 from the Alajuela Office of the Área de Conservación Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación; Official Letter No.

MA-SGA-336-2021 dated May 14, 2021, from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, Official Letter No. MA-SGA-378-2021 dated June 1, 2021, from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, Official Letter No. MA-SGA-406-2021 dated June 10, 2021, from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, Official Letter No. MA-SGA-412-2021 dated June 14, 2021, from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, Official Letter No. MA-SGA-558-2021 dated August 20, 2021, from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, Official Letter MA-PCFU-1592-2021 dated September 22, 2021, from the Fiscal and Urban Control division of the Municipality of Alajuela, and Official Letter ASOC.ADM-026-2023 dated December 18, 2023, from the Asociación Nacional de Organizaciones Agropecuarias. 2. That, as visible on folios 104 to 108 of the administrative file, Official Letter TAADT-037-2024 dated February 6, 2024, signed by M.Sc. Gabriela Nájera Ocampo, in her capacity as an official of the Technical Subprocess of the Administrative Environmental Tribunal, is on record, by which she performs the technical analysis of the complaint. 3. That by resolution No. 214-2024-TAA at nine forty-five hours on February 29, 2024, it was agreed to conduct an on-site ocular inspection ("in situ") on April 10, 2024, jointly with officials from the Tribunal's Technical Department, for which the following persons are summoned as deemed necessary: 1-) Mrs. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Process of the Municipality of Alajuela, or the person designated by her to attend said proceeding, in her capacity as complainant, 2-) Mr. Minor González Guzmán, in his capacity as Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area of SINAC, or the person designated for said proceeding, and 3-) Mr. Ronald Enrique Mora Castro, in his capacity as Director of the Health Governing Area of Alajuela 2, Ministry of Health, or the person designated for said proceeding. 4. That, as visible at folios 117 to 123 of the administrative file, Official Letter TAADT-108-204 dated April 11, 2024, from the Technical Department of the Administrative Tribunal, is on record, corresponding to the inspection report conducted at the site of the reported facts. 5. That on April 18, 2024, official letter MS-DRRSCN-DARSA2-0780-2024 dated April 12, 2024, was received from the Directorate of the Health Governing Area of Alajuela 2 of the Ministry of Health, signed by Eng. Ivan Gerardo Arias Chavarría, corresponding to the Inspection Report conducted on April 10, 2024. See folios 124 to 126 of the administrative file. 6. That on April 19, 2024, official letter No. MA-SGA-246-2024 dated April 19, 2024, was received from the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, by which they send the Inspection Report of the proceeding carried out jointly with the representatives of the Administrative Environmental Tribunal and the Ministry of Health. See folios 127 to 133 of the administrative file. 7. That by resolution No. 482-2024-TAA at seven hours on April 30, 2024, it was agreed "(...) Given the environmental complaint filed through Official Letter No. MA-SGA.914-2023 dated December 21, 2023, from the Environmental Management Department of the Municipality of Alajuela, signed by Mrs. Karen Bermúdez Fallas in her capacity as Coordinator, by which she files a formal environmental complaint for the alleged impact resulting from the deposit of waste as well as the impact on the protection area of Río Segundo, as well as what is indicated in official letter TAA-DT-108-2024 of April 11, 2024, from the Technical Department of the Administrative Environmental Tribunal signed by M.Sc Gabriela Nájera Ocampo by which she indicates "(...) Request SINAC to assess the site for the possible impact on the protection area of Río Segundo (…)," it is necessary to request Mr. Minor González Guzmán, in his capacity as Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area of SINAC, or whoever holds his position, to indicate to this Tribunal whether there is an impact on the protection area and, if so, to send the Economic Valuation of Environmental Damage (Valoración Económica de Daño Ambiental) as well as the applicable mitigation measures for the case (…)”. See folios 138 and 139 of the administrative file. 8. That by resolution No. 646-2024-TAA at twelve forty-five hours on June 7, 2024, it was agreed to request for a second time from Mr. Minor González Guzmán, in his capacity as Head of the Alajuela Office of the Central Conservation Area of SINAC, or whoever holds his position, to indicate to this Tribunal whether there is an impact on the protection area and, if so, to send the Economic Valuation of Environmental Damage (Valoración Económica de Daño Ambiental) as well as the applicable mitigation measures for the case. See folios 150 and 151 of the administrative file. 9. That on June 21, 2024, Official Letter SINAC-ACC-OA-of-0788-2024 dated June 21, 2024, was received from the Alajuela Office of the Central Conservation Area, by which they refer to the requested Economic Valuation of Environmental Damage (Valoración Económica de Daño Ambiental). See folios 168 to 173 of the administrative file. 10. That by Resolution No. 806-2024-TAA at nine twenty-five hours on July 2, 2024, the order to open the ordinary administrative proceeding was issued in the following terms: "(...) The opening of a formal ordinary administrative proceeding is declared and the owners of the property registered under real folio registration No. 2-41163, cadastral map , are charged, who are: 1-) Nombre01, holder of identity card number CED09, in her capacity as owner of rights 003, 006, 2-) Nombre03, holder of identity card CED10, in his capacity as owner of rights 004, 007, 036, 3-) Nombre04, holder of identity card CED11, in her capacity as owner of rights 010, 039, 4-) Josefa Jiménez Ávila, holder of identity card number CED12, in her capacity as owner of right ED36, 5-) Nombre02, holder of identity card number CED13, in her capacity as owner of right ED37, 6-) María de las Mercedes Jiménez Ávila, holder of identity card number 2-CED14, in her capacity as owner of right ED38, 7-) María del Carmen Jiménez Ávila, holder of identity card number 2-CED15, in her capacity as owner of right ED39, 8-) Vitalia Jiménez Ávila, holder of identity card number 2-ED40--0067, in her capacity as owner of right 017, 9-) Nombre05, holder of identity card number 2-CED16, in her capacity as owner of right ED41, 10-) Nombre01, holder of identity card number 2-CED17, in his capacity as owner of rights 019, 033, 024 and 035, 11-) Fernando Gerardo Fuentes Jiménez, holder of identity card number 2-CED18, in his capacity as owner of right ED42, 12-) Yadira María Fuentes Jiménez, holder of identity card number 2-CED19, in her capacity as owner of right ED43, 13-) Génesis Paola Jiménez Soto, holder of identity card number 1-CED20, in her capacity as owner of rights 024, 029, 030, 14-) Thaymi María Jiménez Soto, holder of identity card number 1-CED21, in her capacity as owner of rights 025, 028 and 031, 15-) Paris Jazmine Jiménez Soto, holder of identity card number 1-CED22, in her capacity as owner of rights 026, 027 and 032, 16-) Luz María Vega Hernández, holder of identity card number 2-CED23, in her capacity as owner of right ED44, 17-) Mario Antonio Jiménez Vega, holder of identity card number 2-CED24, in his capacity as owner of right 040, 18-) Francisco Jiménez Vargas, holder of identity card number 2-CED25, in his capacity as owner of right ED45, 19-) Marco Vinicio Jiménez Salas, holder of identity card number 2-CED26, in his capacity as owner of right ED46, 20-) María Isabel Jiménez Salas, holder of identity card number 2-CED27, in her capacity as owner of right ED47, 21-) Kevin Ernesto Delgado Jiménez, holder of identity card number 2-CED28, in his capacity as owner of right ED48, 22-) Katherine Dayana Chaves Jiménez, holder of identity card number 2-CED29, in her capacity as owner of right ED49, 23-) Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, holder of identity card number 2-CED30, in his capacity as owner of right ED50 and 24-) Lizanias Jiménez Ávila, holder of identity card number 2-CED31, in her capacity as owner of right ED51, as well as the owners of the Property Registered under real folio registration 2-381576, Cadastral Map A-0838188-2003 in the name of: 25-) Carlos Luis Rodríguez Madrigal, holder of identity card number 4-CED32, in his capacity as owner of rights 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008 and 26-) Claudio Vásquez Córdoba, holder of identity card number 2-CED33, in his capacity as owner of right ED52, by virtue of the complaint filed by Mrs. Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela. A hearing is scheduled for an ORAL AND PUBLIC HEARING at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal at 08 HOURS 30 MINUTES ON NOVEMBER 15, 2024. (...) The alleged facts charged by this resolution occurred in the Province of Alajuela, Alajuela Canton, San Rafael District, adjacent to the San Rafael Cemetery, coordinates N 1103496.6221 E 476489.8915, and consist of having carried out and/or not having prevented: On the property registered under real folio registration No. , cadastral map , the following: 1-) Environmental impact resulting from the filling (relleno) and reception of solid waste such as debris (escombros), wood remains, and others, which are accumulated on the property. 2-) Environmental and public health impact from the burning of solid waste such as: debris remains, branches, tree trunks, steel drums (estañones), and metal containers without knowing their origin or their contents, which generate smoke and soot. On the Property Registered under real folio registration , Cadastral Map , the following: 1-) Accumulation of solid waste and its burning, among which branches, trunks, steel drums (estañones), and other waste materials were evident; a container with cable remains was found, as well as the structure and body of an abandoned vehicle. 2-) Infrastructure in the protection area (área de protección) of Río Segundo, which consists of four cubicles or bathroom-type spaces built with Zinc, Gypsum (Gypson), Perling materials, aluminum doors with ceramic slab flooring; said construction is entirely within the protection area for a total of 19.32 square meters and is located 1.75 meters from the body of water. 3-) Construction of a rustic ranch (rancho rústico) at a distance of 5.1 meters from the body of water, occupying 35 square meters of the protection area, which is built of plastic tarpaulin (lona de plástico), saran (sarán), wood, and bamboo.

11. That on October 1, 2024, an email was received from Mr. Mario Jiménez Vega, by which he files an appeal for revocation (recurso de revocatoria) of the resolution opening the proceeding and requests that some photographs be incorporated into the file. See folios 369 to 381 of the administrative file. 12. That by resolution No. 1195-2024-TAA at ten hours five minutes on October 24, 2024, it was agreed: SOLE: That since to date, and as indicated in the Notification forms visible at folios 399 to 406 of the administrative file, it has not been possible to notify Mrs. María del Carmen Jiménez Ávila, holder of identity card CED01, Mr. Claudio Vázquez Córdoba, holder of identity card number CED02, Mrs. Katherine Dayana Chaves Jiménez, holder of identity card CED03, Mrs. María Isabel Jiménez Salas, holder of identity card number CED04, Mrs. María de las Mercedes Jiménez Ávila, holder of identity card number CED05, Mr. Marco Vinicio Jiménez Salas, holder of identity card number CED06, Mr. Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, holder of identity card number CED07, and Mr. Kevin Ernesto Delgado Jiménez, holder of identity card number CED08, in order not to cause defenselessness (indefensión) to the parties in accordance with the provisions of Article 41 of the Political Constitution, this Tribunal deems it pertinent to suspend the hearing scheduled for November 15, 2024, at 8:30 hours and reschedule the proceeding for February 18, 2025, at 8:30 hours at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal. See folios 407 to 410 of the administrative file. 13. That on November 7, 2024, a written submission was received from Mrs. Génesis Paola Jiménez Soto, Thaymi María Jiménez Soto, and París Jazmine Jiménez Soto, by which they reject the facts charged in the resolution opening the ordinary administrative proceeding. See folios 446 to 454 of the administrative file. 14. That by resolution No. 1296-2024-TAA at eleven hours five minutes on November 12, 2024, it is agreed that in accordance with the General Law of the Public Administration which states, "Article 275.- Any person who has a legitimate interest or subjective right that may be affected, harmed, or satisfied wholly or partially by the final act may be a party in the administrative proceeding, in addition to the Administration. The interest of the party must be legitimate and may be moral, scientific, religious, economic, or of any other nature," and the Office of the Attorney General of the Republic states in C-035-2011 dated February 22, 2011, "(...) We must warn that with the reform introduced by Article 200.9 of Law No. 8508 (Contentious-Administrative Procedural Code) to numeral 275 of the General Law of the Public Administration (LGAP), a substantial change operated regarding the concept of party in the administrative proceeding, since now in the protection of subjective positions, the condition of involved party is not exclusive to the holder of a typical or perfect subjective right, as said condition extends furthermore even to the holders of legally relevant interests (…)", and given that Article 282 of the same legal body indicates "(...) 1. The capacity of the administered party to be a party and to act within the administrative proceeding shall be governed by common law; that of the Administration in accordance with the rules of public law (…)", therefore, having analyzed the email sent to this Tribunal on October 1, 2024, by Mr. Mario Jiménez Vega, by which he files an appeal for revocation (recurso de revocatoria) against resolution No. 806-2024-TAA, prior to hearing the same, Mr. Nombre01 must be PREVENTIVELY ORDERED (PREVENIR) to prove his legal standing (legitimación) and to provide a duly signed document, either with a digital signature or attach a copy of his identity card. The foregoing within a period of three business days counted from the business day following the notification of this resolution. See folios 455 and 456 of the administrative file. 15. That on November 14, 2024, a written submission was received from Mrs. Vitalia Jiménez Ávila, Adilia Josefa Jiménez Ávila, and Yadira Fuentes Jiménez, by which they reject what is established in the resolution opening the ordinary administrative proceeding and request that the complaint be dismissed and archived. See folios 461 to 477 of the administrative file. 16. That by resolution No. 136-2025-TAA at eleven thirty-five hours on February 13, two thousand twenty-five, it was agreed: FIRST: THAT THROUGH THE WRITTEN SUBMISSION OF MR. MARIO JIMÉNEZ VEGA, AN APPEAL FOR REVOCATION (RECURSO DE REVOCATORIA) IS FILED AGAINST RESOLUTION NO. 806-2024-TAA: That through this resolution No. 1296-2024-TAA at eleven hours five minutes on November 12, 2024, Mr. Nombre01 was preventively ordered (previno) to prove his legal standing (legitimación) and that he must provide a duly signed document, either with a digital signature or attach a copy of his identity card, a resolution that was notified to him on November 13, 2024, as recorded in the notification form visible at folio 459 of the administrative file, without the requested documentation having been submitted to date, for which reason said document is not heard, but it is kept incorporated in the administrative file as evidence to be evaluated at the oral and public hearing. SECOND: WRITTEN SUBMISSION OF MRS. GÉNESIS PAOLA JIMÉNEZ SOTO, THAYMI MARÍA JIMÉNEZ SOTO, AND PARÍS JAZMÍN JIMENEZ SOTO: That in this resolution, it is appropriate to respond to the written submission presented by the aforementioned ladies on November 7, 2024, by which they reject the facts charged in resolution No. 806-2024-TAA opening the ordinary administrative proceeding, and therefore, having analyzed the same, it is determined that their legal standing (legitimación) under administrative file number 008-024-02-TAA is accredited. In said document, the position of the subscribers is established in relation to the transferred facts, explaining from the point titled "first to ninth" their defense arguments and providing evidence to prove what is stated; however, from the analysis of the same, it can be determined that the facts to which they refer are substantive aspects that must be resolved through a final resolution, and therefore, the indicated statements are deemed incorporated, which will be analyzed at the opportune procedural moment. THIRD: WRITTEN SUBMISSION OF MRS. VITALIA JIMÉNEZ ÁVILA, ADILIA JOSEFA JIMÉNEZ ÁVILA, AND YADIRA FUENTES JIMENEZ: That in this resolution, it is appropriate to respond to the written submission presented by the aforementioned ladies on November 14, 2024, by which they reject the facts charged in resolution No. 806-2024-TAA opening the ordinary administrative proceeding, and request that these be resolved in court, and therefore, having analyzed the same, it is determined that their legal standing (legitimación) under administrative file number 008-024-02-TAA is accredited. In said document, the position of the subscribers is established, and a copy of judicial file No. 19-000024-1626-CI is provided; however, having analyzed the arguments presented in said writing, it can be determined that the facts to which they refer are substantive aspects that must be resolved through a final resolution, and therefore, the indicated statements are deemed incorporated, which will be analyzed at the opportune procedural moment, and referring to what is indicated therein is reserved for the final resolution on the merits. FOURTH: That since to date, and as indicated in the Notification forms visible at folios 399 to 406 of the administrative file, it has not been possible to notify Mrs. María del Carmen Jiménez Ávila, holder of identity card CED01, Mr. Claudio Vázquez Córdoba, holder of identity card number 2-CED34, Mrs. Katherine Dayana Chaves Jiménez, holder of identity card 2-CED29, Mrs. María Isabel Jiménez Salas, holder of identity card number 2-CED27, Mrs. María de las Mercedes Jiménez Ávila, holder of identity card number CED05, Mr. Marco Vinicio Jiménez Salas, holder of identity card number 2-CED35, Mr. Keylor Esteban Gutiérrez Jiménez, holder of identity card number 2-CED30, and Mr. Kevin Ernesto Delgado Jiménez, holder of identity card number 2-0675-0675, in order not to cause defenselessness (indefensión) to the parties in accordance with the provisions of Article 41 of the Political Constitution, this Tribunal deems it pertinent to suspend the hearing scheduled for February 18, 2025, at 8:30 hours and reschedule the proceeding for June 17, 2025, at 8:30 hours at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal. See folios 483 to 492 of the administrative file. 17. That on February 19, 2025, a written submission was received from Mr. Carlos Luis Rodríguez Madrigal, by which he presents a document requesting that this Tribunal verify that there is no longer any infrastructure built within the protection area (área de protección) of Río Segundo. See folios 533 and 534 of the administrative file. 18. That by resolution No. 434-2025-TAA at eleven forty-five hours on May 6, two thousand twenty-five, it was agreed: FIRST: THAT THROUGH THE WRITTEN SUBMISSION OF MR. CARLOS LUIS RODRÍGUEZ MADRIGAL, it is established "(...) I consider that the undersigned is in a proceeding without being deserving of the reported facts, as what was built by me was detected by chance during an inspection carried out for other reasons, since I do not receive or stockpile materials, much less conduct burning at the site, all because I use said land as a kind of campsite for barbecuing on weekends, away from the hustle and bustle, and to find a little peace after many years of work. Given that my involvement in this complex matter goes only so far, I request to conciliate if possible in order to be excluded from the same for the reasons explained, and to demonstrate that what was built within the protection area of the river no longer exists. (…)", this Tribunal considers that what is indicated here must be analyzed at the oral and public hearing since it is part of what is charged here, and therefore, being a matter of substance, the request made by Mr. Rodríguez Madrigal to be excluded from the present proceeding must be rejected; it is important to mention that the documents provided are accepted as offered exculpatory evidence (prueba de descargo) and will be evaluated at the opportune procedural moment. SECOND: That since to date, it has not been possible to notify all the parties, in order not to cause defenselessness (indefensión) to the parties in accordance with the provisions of Article 41 of the Political Constitution, this Tribunal deems it pertinent to suspend the hearing scheduled for June 17, 2025, at 8:30 hours and reschedule the proceeding for September 1, 2025, at 8:30 hours, at the headquarters of the Administrative Environmental Tribunal. Therefore, the Administrative Environmental Tribunal carries out the corresponding actions to achieve notification of the opening of the ordinary administrative proceeding to all parties in order not to cause defenselessness (indefensión) in accordance with the provisions of Article 41 of the Political Constitution and to be able to hold the oral and public hearing set forth in resolution No. 434-2025-TAA at eleven forty-five hours on May 6, two thousand twenty-five."

6.- By means of a certificate signed on May 13, 2025, by the Acting Judicial Technician 3 processing this file, as well as by the Acting Secretary of the Chamber, it was made known that it does not appear that from May 2 to 13, 2025, the Mayor, the Coordinator of the Environmental Management Activity, and the Coordinator of the Integrated Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, have presented any writing or document whatsoever, in order to render the report requested in this matter.

7.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Araya García writes; and,

Considering:

I.- Regarding the order of this Chamber. Through judgment No. 2024018803 at 9:30 hours on July 5, 2024, this Tribunal ordered the following:

"POR TANTO:

The appeal is partially granted, solely regarding the grievances filed against the Ministry of Health, the Municipality of Alajuela, and the Administrative Environmental Tribunal. Consequently, Ronald Enrique Mora Solano, in his capacity as Director of the Health Governing Area of Alajuela 2 of the Ministry of Health; Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of the Environmental Management Activity, and Yamileth Oses Villalobos, in her capacity as Coordinator of the Integrated Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, as well as Adriana Bejarano Alfaro, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, or whoever respectively holds said positions, are ordered to, immediately upon notification of this judgment, coordinate what is necessary, issue the pertinent orders, and carry out all actions within the scope of their competencies, to ensure that the environmental problem proven in this amparo proceeding is resolved definitively, within a maximum period of three months (counted also from the notification of this judgment). Likewise, the aforementioned Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal is ordered to, once said body is duly constituted, issue, within a maximum period of two months, the final resolution of the proceeding processed under file No. Telf01 and notify the interested parties. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must comply with or enforce, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Alajuela are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be settled in the execution of the contentious-administrative judgment. Regarding the allegations made against the Costa Rica Fire Department (Cuerpo de Bomberos de Costa Rica), the amparo is declared without merit. Let the Minister of Environment and Energy take note of what is ordered in considering VII of this judgment. Magistrate Castillo Víquez adds a note."

The previous judgment was notified to the respondent authorities on July 9, 2024.

II.- Regarding the claim of disobedience filed. Mr. Adolfo Fernández Loaiza, in his capacity as active coadjuvant, argues that the respondent parties have not complied with what was ordered in judgment No. 2024018803 at 9:30 hours on July 5, 2024, given that "(...) the environmental contamination problem from the illegal deposit of solid waste, or clandestine dump, burning, and the danger to the protection zone (zona de protección) of Río Segundo, continue to this day (…)". He claims that this demonstrates that the respondent authorities have not taken all the actions under their responsibility to correct the aforementioned problem, as ordered in said judgment.

By virtue of the foregoing, a report was requested from the respondent parties.

The President of the Administrative Environmental Tribunal, in her report, referred to various proceedings carried out by virtue of the complaint they are hearing and which is processed in file No. 008-24-02-TAA, and clarified that it has not been possible, to date, to notify all the defendants of the opening of the ordinary administrative proceeding, in order to, in turn, hold the oral and public hearing. She also maintained that, by virtue of that situation, the hearing originally scheduled for June 17, 2025, was rescheduled for September 1, 2025. Therefore, it is clear that a final resolution in said proceeding could not have been issued.

For his part, the Director of the Health Governing Area of Alajuela 2 of the Ministry of Health also reported on the actions they have taken to address the order issued by the Chamber. However, it was also indicated that, in an inspection recently conducted (May 7, 2025), non-compliance with the provisions of sanitary order No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-090-2024 was evident, which was issued so that the burning of waste at the site would be suspended and the depositing of waste would cease.

Finally, the respondent authorities of the Municipality of Alajuela did not render the required report, and therefore, in accordance with the provisions of numeral 45 of the Law of Constitutional Jurisdiction, the facts attributed to them are taken as true.

In view of the foregoing, it is clear to this Constitutional Chamber that, to date, long after the established deadlines have been exceeded, the provisions of vote No. 2024018803 have not been complied with. Consequently, the respondent authorities are hereby reiterated to comply with the provisions of this Chamber in judgment No. 2024018803 at 9:30 hours on July 5, 2024.

III.- Documentation provided to the file. The parties are advised that if any documents on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies have been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session No.

27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The claim of disobedience is granted. Víctor González Jiménez, in his capacity as Director of the Alajuela 2 Health Governing Area of the Ministry of Health, Maureen Solís Retana, in her capacity as Presiding Judge of the Administrative Environmental Tribunal, Franz Tattenbach Capra, in his capacity as Minister of Environment and Energy, as well as Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as Coordinator of the Environmental Management Activity, and Yamileth Oses Villalobos, in her capacity as Coordinator of the Integrated Solid Waste Management Activity, all of the Municipality of Alajuela, or whoever holds those positions, are reiterated to proceed to comply with the provisions of this Chamber in judgment No. 2024018803 of 9:30 a.m. on July 5, 2024. The foregoing, under the warning that, if disobedience is proven, the opening of an administrative procedure against the official remiss in complying with the resolution of this Chamber may be ordered, and furthermore, to order pieces to be certified to the Public Prosecutor's Office for the possible commission of the crime of disobedience (articles 53 and 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction). Notify.-

 

 

	

Fernando Cruz C.

Acting President

	

 





Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

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 DSRNJ1V24QQ61

CASE FILE N° 24-010364-0007-CO

 

Telephones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

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