Res. 17074-2025 Sala Constitucional — Malecu Indigenous Fishing with Gillnets in Caño Negro and Failure of Prior ConsultationPesca indígena Malecu con trasmallos en Caño Negro y omisión de consulta previa

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17074 - 2025

Fecha de la Resolución: 06 de Junio del 2025 a las 10:15

Expediente: 25-003761-0007-CO

Redactado por: Alejandro Delgado Faith

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-003761-0007-CO

Res. Nº 2025017074

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-003761-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

Resultando:

 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:17 horas del 10 de febrero de 2025, el recurrente presenta recurso de amparo, contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) y manifiesta que, es una persona indígena del Territorio Maleku. Que esa comunidad indígena es una de las tres comunidades indígenas del país que aún mantiene sus costumbres y tradiciones ancestralmente. Así han sobrevivido de la caza y pesca como fuente principal de su dieta y alimentación. Que nunca han tenido ningún tipo de restricciones en su forma de vida cultural, sin embargo, con la llegada de la civilización a su población se han visto sometidos y obligados a adaptarse a leyes en muchos ámbitos. Que durante más de 25 años han asistido al Refugio de Vida Silvestre Caño Negro para practicar, fortalecer y subsistir de sus prácticas ancestrales, como la caza y la pesca con redes y otros equipos necesarios, según se practicaba por muchas generaciones atrás. Que si bien el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro no está dentro del territorio -según los límites de la reserva-, es uno de los lugares sagrados (Toro Jami) del cual la cultura Nombre02 siempre ha accesado sin ninguna restricción, asi como a otros lugares como lago Cote (coteriliaca), Rio Celeste (Piuri), que igualmente no están dentro de los límites, pero forma parte de los espacios de aprovechamiento que han mantenido ancestralmente. Agrega que "el territorio Nombre03 en conjunto con el Sinac han trabajado para respetar las tradiciones Indígenas con el fin de acatar las leyes que nos rigen y misma queda y esta plasmada en la colaboración de SINAC para realizar practicas (sic) ancestrales en Refugio de vida Silvestre Caño Negro, especialmente caza y pesca, con redes y/o trasmayos (sic) en el caso de pesca que es con el equipo que siempre se hace dicha practica (sic).". Pero reclama que mediante oficio SINAC-ACAHN-04-2024 del 19 Febrero del 2024 -en la conclusiones- se les prohíbe la práctica de pesca con trasmallos o redes en Caño Negro, ello a pesar de que tienen pleno conocimiento que es una forma ancestral para obtener sus alimentos, lo anterior con fundamento en la ley de conservación vigente y ley forestal, que son basadas en la legislación nacional y no propiamente en leyes que rigen a las comunidades indígenas de Costa Rica como lo es la Ley Indígena 6172 y el convenio Internacional 6172 de la OIT. Esto ha afectado a la población Indígena de manera grave no solo a nivel "moral, emocional, culturalmente a nuestra población", sino especialmente en la obtención de sus alimentos.

2.- Por resolución de Presidencia de las 08:14 horas del 19 de febrero de 2025, se le dio curso al presente recurso de amparo y se solicitó informe al DIRECTOR EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) (ver registro electrónico).

 3.- Informa bajo juramento DAVID CHAVARRÍA MORALES, en condición de Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que, “(…) SEGUNDO: En cumplimiento a lo ordenado se enumeran las acciones que el SINAC a través del Área de Conservación Arenal Huetar Norte por medio de oficio SINAC-ACAHN-DR-061-2024, de fecha 25 de febrero de 2025, en relación con los hechos trasladados por parte del recurrente ha informado lo siguiente: El Área de Conservación Arenal Huetar Norte, ha respetado y valorado las costumbres tradicionales del pueblo indígena Malecu, reconociendo la importancia de sus prácticas ancestrales en la preservación de su identidad cultural. En este sentido, por muchos años se han otorgado las autorizaciones necesarias para la pesca cultural, permitiendo que esta actividad continúe realizándose de acuerdo con sus tradiciones, siempre buscando la armonía con la conservación de los recursos naturales y el respeto a la biodiversidad del sitio. No obstante, a partir de la emisión del Dictamen PGR-C-153-2023 de fecha 07 de agosto de 2023; la Procuraduría General de la República se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas y las actividades permitidas dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, concluyendo que: “las áreas silvestres protegidas forman parte del patrimonio natural del Estado, y, en esa condición, en ellas no pueden autorizarse otras actividades distintas a las señaladas en el artículo 18 de la Ley Forestal. De ahí que, en esos espacios no podrían autorizarse actividades tradicionales indígenas que sean distintas a las señaladas en esa disposición. La autorización de actividades indígenas tradicionales distintas a las permitidas por el régimen actual, requeriría la emisión de una disposición legal que así lo disponga y que, en atención a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y proporcionalidad, cuente con la justificación técnica adecuada que acredite la necesidad de adoptar ese tipo de medidas.” (el resaltado es nuestro). A partir de la emisión del Dictamen PGR-C-153-2023, el ACAHN en coordinación con el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del SINAC, unieron sus esfuerzos con el fin de buscar una solución para esta comunidad indígena y procurar que sus actividades siguieran realizándose en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro (RNVSMCN), de forma que no afectara a su población. El oficio SINAC-ACAHN-04-2024 (Léase correctamente SINAC-ACAHN-AJ-04-2024), emitido por la asesoría legal del ACAHN, fue solicitado por parte del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza del SINAC, con el propósito de que se expusiera un análisis legal de la actividad de pesca dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y la actividad de pesca indígena Nombre03 dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, tomando en consideración lo indicado en el Dictamen PGR-C-153-2023. En el oficio SINAC-ACAHN-04-2024, la asesoría legal del ACAHN realiza un análisis, tomando en consideración el principio de legalidad, las actividades permitidas dentro del Patrimonio Natural del Estado de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal y su reglamento, la autorización de la pesca dentro de Refugios Nacionales de Vida Silvestre y sus restricciones, con base en la normativa actual vigente. En dicho oficio la asesoría concluye que: 1. La actividad de pesca es una actividad permitida dentro de las Áreas Silvestres Protegidas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado en la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 32633. 2. La normativa que regula la pesca continental, insular y dentro de ASP, es la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el Decreto Ejecutivo 32633. 3. Las regulaciones que permiten la pesca en ASP limitan esta actividad en la utilización de los métodos de pesca, permitiendo únicamente la pesca con cuerda, carrete y línea de mano. 4. La Ley de Conservación de Vida Silvestre, prohíbe expresamente la utilización de métodos de pesca tales como explosivos, pólvora, pirotecnia, venenos, cal, arbaletas, atarrayas, trasmallos, chinchorros, líneas múltiples de pesca. 5. No existe norma habilitante para la utilización de métodos de pesca no autorizados para las actividades culturales indígenas. 6. El SINAC puede autorizar la pesca cultural e incluso la exoneración de licencia de pesca a la comunidad indígena Maleku, siempre y cuando se respeten los métodos de pesca autorizados por la normativa. Además, se tomó en cuenta que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N 7317, establece en su artículo primero que: “Esta ley no se aplicará a la conservación, el manejo sostenible, la protección y la adecuada administración de la vida silvestre, que resulten de prácticas, usos y costumbres tradicionales sin fines de lucro de los pueblos indígenas dentro de sus territorios.” (el resaltado es nuestro). Sobre el punto particular que indica esta ley, al establecer que no se aplica “dentro de sus territorios”, la misma Procuraduría se ha referido en el Dictamen PGR-C-253-2021 de 6 de setiembre de 2021, reiterando nuevamente en el Dictamen PGR-C-153-2023: “Según la apreciación de la Sala Constitucional, en nuestra legislación interna se ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a ocupar los terrenos que tradicionalmente han poseído, pues se reservaron importantes porciones de su territorio, tratando de evitar que se inscribieran como propiedad privada de otros y se les permitió explotar los recursos naturales dentro de sus territorios. Ahora bien, como se dijo,                a utilizar otras tierras, aparte de las que ocupan tradicionalmente, para el desarrollo de sus actividades tradicionales o de subsistencia. Y, en consecuencia, tampoco existe un desarrollo normativo sobre cuáles pueden ser esas medidas ni la forma en la que deben adoptarse.” (…) “Esa disposición es acorde con la diferencia existente en la naturaleza jurídica de las reservas indígenas y de las áreas silvestres protegidas y, en general, del patrimonio natural del Estado. Jurídicamente, el régimen del patrimonio natural del Estado y el de los territorios indígenas es incompatible. El patrimonio natural del Estado es de dominio público, y, por tanto, contrapuesto al régimen de las reservas indígenas, que constituyen un régimen de propiedad privada colectiva, exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral que las representan. (Véase el dictamen no. PGR-C-253-2021 de 6 de setiembre de 2021).” Debe aclararse que la emisión del oficio SINAC-ACAHN-04-2024, se realiza ante la necesidad de tener claridad sobre las limitaciones que se tiene en cuanto a las actividades culturales de pesca Nombre03 dentro del RNVSMCN, particularmente desde la emisión del Dictamen PGR-C-153-2023. El oficio SINAC-ACAHN-04-2024, no corresponde un criterio institucional vinculante, razón por la cual se elevó la consulta y el oficio referido a la Asesoría Jurídica del MINAE. Esta última asesoría jurídica emitió el oficio DAJ-MINAE-0188-2024, en el cual se indicó: “Por lo tanto, se procede al análisis del dictamen vertido por la Asesoría Jurídica de SINAC-ACAHN y se considera que esa es la línea que corresponde en la búsqueda de una solución temporal para se autorice la pesca de la comunicada Nombre02 dentro del RNVSMCN. No se omite manifestar que se deberá elevar la consulta a la Procuraduría General de la República para tener claridad en la normativa a nivel internacional, que no se contempló, ya que, la Constitución Política es la norma suprema del país y establece el marco legal para la organización y funcionamiento del Estado. Nuestra Carta Magna reconoce la diversidad cultural y étnica del país, así como los derechos de los pueblos indígenas. Además, establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Costa Rica tienen jerarquía constitucional.” A partir de los criterios jurídicos realizados mediante oficio SINAC-ACAHN-04-2024, DAJ-MINAE-0188-2024 y el Dictamen PGR-C-153-2023, esta Dirección en estricto a apego a la legalidad, ha procurado abstenerse de otorgar los permisos de pesca con artes no autorizadas dentro del RNVSMCN a la comunidad indígena Malecu, hasta tanto existauna autorización legal que permita la utilización de otros métodos para esta población. Por otro lado, en atención a la recomendación indicada en el oficio DAJ-MINAE-0188-2024 y como parte del compromiso del ACAHN con el reconocimiento y respeto de las costumbres y tradiciones del pueblo indígena Malecu, se gestionó en coordinación con la Dirección Jurídica de MINAE, emitir una segunda consulta a la Procuraduría General de la República, dirigida específicamente sobre la utilización de las artes de pesca en la actividad que realiza esta comunidad indígena dentro de los límites del RNVSMCN. En noviembre del 2024, mediante oficio DM-1116-2024 y DAJ-MINAE-1637-2024, se remite consulta a la PGR sobre este particular, misma que a la fecha, no ha sido resuelta. Por lo anterior referido, se concluye que la limitación de la utilización de artes no permitidas en la actividad cultural de pesca de la comunidad Malecu, no se ha fundamentado únicamente en el oficio SINAC-ACAHN-04-2024, ya que existen otros criterios de rango superior que han establecido esta prohibición, por lo que se ha procurado continuar limitando los usos de esas artes de pesca, hasta tanto exista un criterio distinto o una norma legal expresa que así lo autorice. HONORABLES SEÑORAS (ES) MAGISTRADAS (OS) Del Informe rendido bajo juramento, así como de las pruebas que se adjuntan, se desprende que de parte del SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC) y funcionarios, de ninguna manera se han lesionado o violentado los derechos fundamentales del recurrente o la población indígena afectada, por la prohibición a la de la práctica de pesca con trasmayos y/o redes en Caño Negro, por medio de oficio SINAC-ACAHN-04-2024 de fecha 19 de febrero de 2024, como alega el recurrente, por cuanto como se expone ampliamente en el informe rendido en el oficio SINAC-ACAHN-DR-061-2024, suscrito por la Directora regional ACAHN Mariana Jiménez Arce, por medio de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, prohíbe expresamente la utilización de métodos de pesca tales como explosivos, pólvora, pirotecnia, venenos, cal, arbaletas, atarrayas, trasmallos, chinchorros, líneas múltiples de pesca, encontrándonos por tal contexto subordinados al principio de legalidad contemplado en el articulo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que restringe el actuar de la administración pública a aquellos actos expresamente autorizados por ley, por lo cual al contar con una norma que expresamente prohíbe esta práctica, no se puede actuar de otra forma que como se señaló en el oficio SINAC-ACAHN-04-2024, además de que se esta a la espera de la respuesta solicitada a la Procuraduría General de la Republica dirigida específicamente sobre la utilización de las artes de pesca en la actividad que realiza esta comunidad indígena dentro de los límites del RNVSMCN, como se indico anteriormente, por lo cual al no existir una norma habilitante de esta práctica, no se podría actuar por parte de la administración de otra manera. (…)”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 4.-  Mediante resolución de las diecisiete horas veintitrés minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, se tuvieron por ampliadas las partes y se le solicitó informe al Presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

 5.- Informa bajo juramento RUBILIA AURORA STUART LEIVA, en condición de Presidenta con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas que, “Primeramente; es fundamental aclarar que la CONAI no ha participado en reuniones, emitido criterio o realizado alguna acción o asesoría previa a este informe, al no haber existido alguna solicitud por parte del territorio indígena Nombre03 ni del Sistema de Áreas de Conservación, en adelante SINAC. En razón de ello, no contamos con información oficial sobre las actuaciones realizadas. Sin embargo, se realiza el presente informe con el fin de aportar consideraciones sobre el marco normativo relevante para el estudio del Recurso de Amparo interpuesto por el ciudadano Nombre01, indígena Malecu: Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural, reconocido así en el año 2015 por medio a la reforma del artículo 1 de la Constitución Política el cual se estableció: “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”, lo cual implico el reconocimiento de diversidad del país. Nuestro país cuenta con 8 pueblos indígenas, distribuidos en 24 territorios indígenas alrededor de todo el país, reconocidos legalmente por medio de Decretos Ejecutivo con una mayor concentración en la Zona Caribe y la Zona Sur. Cada uno de esos territorios, tiene particularidades y debe ser tratado en su independencia. No obstante; existen temas en común que no han sido resueltas por el Estado, como lo es la importancia que tiene para los pueblos indígenas el medio ambiente y su relación con esta. Una de los principales conflictos derivados de realizar las delimitaciones de los territorios indígenas, es que se dejaron diversos sitios sagrados y de importancia cultural fuera de los límites territoriales, esto a raíz de que los procesos no se llevaron con el debido respeto a la cosmovisión, vulnerando los derechos territoriales y culturales. En el caso específico del pueblo Nombre03, desde tiempos precolombinos, han tenido un vínculo histórico, cultural y espiritual con la zona de Caño Negro y sus alrededores. Rasgo de ello es como se realiza una identificación del lugar por medio del nombre en idioma Nombre03, y no en idioma español, en el planteamiento del recurrente. Sin embargo, a pesar de ellos, e incluso de que el SINAC en su página electrónica sobre Caño Negro indica que “(…) Forma parte de la Llanura de los Guatusos, cuyo nombre proviene de las poblaciones indígenas Nombre02 que han habitado ahí durante casi 4 mil años. Actualmente, se les encuentran en la Reserva Indígena Maleku, y habitan en 3 palenques o asentamientos: Margarita, Tonjibe y El Sol. Ellos conservan aún gran parte de su cultura y tradiciones como su lengua Nombre02. Además, buscan darla a conocer a otras personas, por lo que turistas nacionales e internacionales pueden visitar esta Reserva para vivir en sus hogares, comer sus platillos tradicionales y conocer su estilo de vida. Los Nombre02 son también conocidos como Guatusos, de ahí el nombre de la llanura.” 1 (la negrita no es del original). Como se observa es conocido que los Nombre03 han estado incluso previo a la colonización y aun más la importancia para su cosmovisión de esta zona. La creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, limitó al pueblo Nombre03 en su relación con el territorio y las practicas ancestrales como la pesca ancestral, la recolección de plantas medicinales y el acceso a lugares sagrados, irrespetando su cosmovisión y modo de vida. Adicionalmente, el Plan de Manejo Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro Alajuela, Costa Rica 2012-2020 menciona varias situaciones referentes a la pérdida cultural que ha vivido el territorio indígena de Nombre03 y parte de las acciones para el fortalecimiento de la misma: “La Cultura Indígena Nombre03 no aparece en el siguiente cuadro, ya que el objetivo es calificar aspectos biológicos y no culturales. Sin embargo, se debe resaltar la importancia que tiene esta cultura a nivel regional ya que estuvieron mucho tiempo antes de la creación del Refugio Caño Negro. (…) También see identifico que se esta perdiendo la cultura malecu. (…) Refugio Caño Negro se realizaron seis talleres de trabajo del 26 al 29 de octubre del 2010, cuatro talleres con las comunidades y actores locales. Durante los meses de agosto y septiembre del 2011 se realizaron dos talleres para validar la propuesta de zonificación, con la participación de propietarios de terrenos privados dentro del Refugio y la comunidad indígena Malecu. (…) Posteriormente, como parte de una segunda etapa de revisión para incorporar correcciones al documento Plan de Manejo del Refugio Mixto Caño Negro, solicitado tanto por algunos grupos organizados, Gobierno Local, Municipalidad de Los Chiles, se toma en consideración las recomendaciones emanas de las autoridades de Gobierno y Ministerio de Ambiente y Energía. Para lo cual, se lleva a cabo cuatro talleres distribuidos en el mes de setiembre y finalizando en noviembre del año 2012.” Por lo que SINAC conoce la situación y los usos culturales y ancestrales que tiene el pueblo indígena Nombre03 en esa zona. El Plan de Manejo hace referencia a diferentes acercamientos que se tuvieron con la el pueblo indígena de Malecu, sin embargo estos talleres no pueden ser considerados como la consulta previa, libre e informada, respetando los estándares internacionales y la normativa internacional y nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. El SINAC no ha permitido el desarrollo pleno de la cultura Nombre03 e incluso de otras culturas indígenas de nuestro país, ponderando únicamente el Derecho al Ambiente, que si bien se reconoce y respeta como Derecho Humano, no se puede con ello desconocer la cosmovisión y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por lo anterior, es importante hacer referencia a lo que indico la Procuraduría General de la Republica, en adelante PGR, en su criterio PGR-C-153-2023 de fecha 7 de agosto del 2023, el cual con una visión reducida y limitada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el acceso a tierras tradicionales utilizadas para actividades culturas y de subsistencia. El criterio establece que: “Ahora bien, en cuanto a la segunda disposición del artículo 14.1 del Convenio 169, ésta no establece un deber directo para los Estados signatarios, pues deja a criterio de cada Estado la determinación de cuáles son aquellos casos apropiados en los que sea necesario adoptar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Por la redacción de la norma, se entiende que cada Estado debe valorar y determinar si existen casos o supuestos en los que se presente la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar otras tierras, además de las que ocupan tradicionalmente, para el desarrollo de actividades tradicionales y de subsistencia. Y, en caso de que se constate que, efectivamente, existen pueblos indígenas que, para el desarrollo de sus actividades utilizan otras tierras aparte de las que ocupan, deben adoptarse las medidas pertinentes para proteger su derecho a continuar utilizándolas. Contrario a lo que sucede con la primera disposición del artículo 14.1 del Convenio, sobre este segundo punto no se contempla ninguna regulación específica en la Ley Indígena, es decir, no existe un desarrollo normativo que haga suponer que el Estado ha determinado que existen casos apropiados en los que es necesario adoptar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar otras tierras, aparte de las que ocupan tradicionalmente, para el desarrollo de sus actividades tradicionales o de subsistencia. En consecuencia, tampoco existe un desarrollo normativo sobre cuáles pueden ser esas medidas ni la forma en la que deben adoptarse.” (La negrita no es del original) Este análisis no considera el Derecho Consuetudinario indígena y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, los cuales establecen obligaciones claras para el Estado en cuento a la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La PGR desconoce que no existe norma nacional que haya sido consultada bajo los parámetros internacionales de una consulta indígena libre, previa e informada, la cual se debe construir en conjunto con los 24 territorios indígenas, conforme los estándares internacionales de la consulta previa, libre e informada, establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto el Estado no pude señalar que no consta una normativa interna del Estado que regule la posibilidad de que existan arraigo cultura con zonas que se encuentran fuera de las delimitaciones de los territorios, mucho menos indicar que se ha determinado que no existen estos casos. Por lo que sería de importancia saber en qué estudios se amparó la PGR para dar tal afirmación. Ejemplo de lo anterior, el territorio indígena de Boruca con la recolección de tintas en la zona de Playa Piñuelas ubicada en el Parque Nacional Marino Ballena, en las que se han forzado a adaptar dicha actividad por las restricciones del Parque Nacional o los territorio indígenas a los cuales se les ha negado su ingreso a zonas que son territorio y que traslapan con Parques Nacionales o Áreas Silvestres Protegidas, sin realizar por parte del Estado la debida Consulta afectando su cosmovisión. Continúa exponiendo el criterio de la PGR: “Retomando lo expuesto en el primer apartado, resulta claro que la segunda disposición del artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT no establece un mandato directo a los Estados signatarios a adoptar medidas específicas. Sino que, de esa disposición, se entiende que cada Estado debe valorar y determinar si existen casos o supuestos en los que se presente la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar el derecho de los adquiridos por las poblaciones indígenas o campesinas y otras personas físicas o jurídicas, subyacentes o adyacentes a ella, eso no hace suponer que, una vez constituida, deban permitirse actividades indígenas contrarias a las permitidas por el régimen aplicable a las áreas silvestres protegidas antes expuesto.” (La negrita no es del original). Nuevamente el análisis realizado sobre las actividades y acciones del pueblo indígena costarricense se fundamenta en un desconocimiento de la realidad, dado que el Estado costarricense no ha realizado estudios o acercamientos con los pueblos indígenas para determinar su afectación a los límites que les imponen a sus territorios y las formas en que el Estado establece proteger el medio ambiente por parte del Estado, dejando de fomentar e irrespetando el arraigo cultural con otras zonas fuera de su territorio, al omitir realizar en ellas la consulta previa. Esos acercamientos por medio de la consulta son necesarios para las valoraciones e información sobre las formas en las que se podrá llevar acabo las actividades culturas en zonas que han sido protegidas por normativa ambiental, no se valoraron las actividades y relación la cultural para los pueblos indígenas. Esta misma línea de desconocimiento y de no realidad de nuestro país, la sigue el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en su oficio SINAC-ACAHN-04-2024 de fecha 19 de febrero 2024; Primeramente, se indica que se basa en el criterio que se esbozó supra de la PGR y segundo indica que: “Antes de entrar a conocer la normativa ateniente al tema específico, es importante hacer referencia al principio de legalidad. La administración pública, está sometida al principio de legalidad, el cual es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la legislación vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas, así establecido el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública: 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. De acuerdo al principio de legalidad referido, la administración pública, por medio de sus instituciones, solo puede realizar y/o permitir todo aquello se encuentre regulado expresamente en la normativa actual vigente. ” (La negrita no es del original)”La interpretación del SINAC, subyace en un grave error que es contrario incluso a la Constitución Política de Costa Rica, puesto que el Principio de Legalidad no es únicamente un principio dado por la Ley General de Administración Pública, sino incluso un Principio Constitucional, como explicaremos a continuación: El artículo 11 de la Constitución Política indica que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”. En concordancia con el artículo 7 de la misma norma el cual indica: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente, convocada al efecto.”. Por lo anterior, es claro que todo funcionario público no está únicamente obligado a cumplir lo que se ha establecido en normativa nacional, sino que debe acatar los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado costarricense. Por lo que al realizar un análisis de los compromisos internacionales del país, existe una obligación supra constitucional de resguardar el medio ambiente, pero también de proteger la cultura indígena del país, como desarrollaremos más adelante. La Sala Constitucional en la resolución 2313-95 de fecha 9 de mayo de 1995 expreso que los instrumentos internacionales “tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”. Es evidente la inconformidad de los pueblos indígenas respecto a ser excluidos en lo concerniente a la protección del medio ambiente. Medular para el análisis de esta situación considerar lo dispuesto en la Convención de Viene, la cual fue aprobada bajo la ley 7615 de fecha 24 de julio de 1996 en el artículo 27. “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”. Es relevante que el Estado y sus funcionarios públicos, no pueden alegar que no existe normativa interna que respalde el vínculo de los pueblos indígenas con el medio ambiente. A pesar de que existen múltiples acuerdos, convenios, declaraciones firmadas a favor de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado si tiene la responsabilidad de cumplimiento y protección de estos derechos, por lo que el Estado debe realizar los estudios de la vinculación del pueblo indígena y el medio ambiente, y con ellos alinear la normativa interna sobre la protección al medio ambiente, incluyendo leyes, reglamentos, decretos que no han sido debidamente consultados conforme a los estándares internacionales de la consulta previa, libre e informada. En consecuencia, es necesario que se revisen y revaloricen los criterios de la PGR y del SINAC, y se tome en cuenta por medio de la consulta a los pueblos indígenas, en la ponderación de la cantidad de regulación establecida sin haber valorado las cosmovisiones indígenas de los 24 territorios del país, las cuales constituyen conocimientos ancestrales para la preservación y sostenibilidad del medio ambiente, alineados con los principios de respeto a la naturaleza que los pueblos indígenas han mantenido por generaciones. El Territorio Indígena de Nombre03 debe ser considerado un ejemplo vivo de que se debe realizar por parte de SINAC y la PGR un estudio participativo e intercultural realizado conjuntamente con toda la comunidad. Con el objetivo de revisar y ajustar la normativa interna para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, en cumplimiento con la consulta previa, libre e informada. Garantizando que las políticas y normativa relacionada con el medio ambiente, respete los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para logar una verdadera sostenibilidad ambiental basaba en justicia social y equidad, en aquellos pueblos históricamente marginados y excluidos de toma de decisiones. La implementación de las recomendaciones del Relator, es un inicio en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del país, y con ello se garantiza que los pueblos indígenas puedan ejerceré sus derechos en armonio con la conservación del medio ambiente de manera sostenible y respetuosa con su cosmovisión. En conclusión, los Nombre03 fueron expulsados culturalmente con la creación de la Refugio Caño Negro, con la vulneración de sus derechos colectivos, limitando sus prácticas ancestrales, subsistencia y de conexión espiritual, causando una pérdida de su capacidad para llevar a cabo actividades esenciales para su bienestar y continuidad como pueblo indígena.”. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Delgado Faith; y,

Considerando:

 I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente señala que, es una persona indígena del Territorio Maleku. Que esa comunidad indígena es una de las tres comunidades indígenas del país que aún mantiene sus costumbres y tradiciones ancestralmente. Así han sobrevivido de la caza y pesca como fuente principal de su dieta y alimentación. Que durante más de 25 años han asistido al Refugio de Vida Silvestre Caño Negro para practicar, fortalecer y subsistir de sus prácticas ancestrales, como la caza y la pesca con redes y otros equipos necesarios, según se practicaba por muchas generaciones atrás. Agrega que "el territorio Nombre03 en conjunto con el Sinac han trabajado para respetar las tradiciones Indígenas con el fin de acatar las leyes que nos rigen y misma queda y esta plasmada en la colaboración de SINAC para realizar practicas (sic) ancestrales en Refugio de vida Silvestre Caño Negro, especialmente caza y pesca, con redes y/o trasmayos (sic) en el caso de pesca que es con el equipo que siempre se hace dicha practica (sic).". Pero reclama que mediante oficio SINAC-ACAHN-04-2024 del 19 Febrero del 2024 -en la conclusiones- se les prohíbe la práctica de pesca con trasmallos o redes en Caño Negro, ello a pesar de que tienen pleno conocimiento que es una forma ancestral para obtener sus alimentos, lo anterior con fundamento en la ley de conservación vigente y ley forestal, que son basadas en la legislación nacional y no propiamente en leyes que rigen a las comunidades indígenas de Costa Rica como lo es la Ley Indígena 6172.

II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para dirimir el presente recurso de amparo, se tienen por acreditados los siguientes:

El pueblo Malecu, desde tiempos precolombinos, han tenido un vínculo histórico, cultural y espiritual con la zona de Caño Negro y sus alrededores (ver informe rendido bajo fe de juramento);

Mediante Oficio DM-0014-03-2013 del 7 de agosto de 2023, la Procuradoria General de la República indico: “IV. CONCLUSIÓN. Con base en todo lo expuesto, la Procuraduría concluye que las áreas silvestres protegidas forman parte del patrimonio natural del Estado, y, en esa condición, en ellas no pueden autorizarse otras actividades distintas a las señaladas en el artículo 18 de la Ley Forestal. De ahí que, en esos espacios no podrían autorizarse actividades tradicionales indígenas que sean distintas a las señaladas en esa disposición. La autorización de actividades indígenas tradicionales distintas a las permitidas por el régimen actual, requeriría la emisión de una disposición legal que así lo disponga y que, en atención a los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y proporcionalidad, cuente con la justificación técnica adecuada que acredite la necesidad de adoptar ese tipo de medidas.” (ver documentación aportada);

Mediante oficio SINAC-ACAHN-04-2024 del 19 de febrero de 2024, el Sistema Nacional del Áreas de Conservación, realizó un análisis sobre normativa sobre pesca Nombre02 en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, indicando: “Conclusiones: 1. La actividad de pesca, es una actividad permitida dentro de las Áreas Silvestres Protegidas que formen parte del Patrimonio Natural del Estado, regulado en la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 35868, Ley de Conservación de Vida Silvestre y Decreto Ejecutivo 32633. 2. La normativa que regula la pesca continental, insular y dentro de ASP, es la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el Decreto Ejecutivo 32633. 3. Las regulaciones que permiten la pesca en ASP, limitan esta actividad en la utilización de los métodos de pesca, permitiendo únicamente la pesca con cuerda, carrete y línea de mano. 4. La Ley de Conservación de Vida Silvestre, prohíbe expresamente la utilización de métodos de pesca tales como explosivos, pólvora, pirotecnia, venenos, cal, arbaletas, atarrayas, trasmayos, chinchorros, líneas múltiples de pesca. 5. No existe norma habilitante para la utilización de métodos de pesca no autorizados para las actividades culturales indígenas. 6. El SINAC puede autorizar la pesca cultural e incluso la exoneración de licencia de pesca a la comunidad indígena Maleku, siempre y cuando se respeten los métodos de pesca autorizados por la normativa.” (ver documentación aportada).

 III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Esta Sala en la resolución número 2017-009565 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, entre otras, dispuso lo siguiente:

 “IV. - Sobre el Derecho Fundamental a un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. En reiteradas ocasiones este Tribunal ha desarrollado el contenido de este derecho, contemplado en el artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano. El Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. En este sentido, el control y fiscalización de la materia y actividad ambiental se constituye en una función esencial del Estado, por lo que tratándose de la protección ambiental, las funciones de rectoría, control y fiscalización de la materia ambiental, corresponden al Estado, a cargo de las diversas dependencias administrativas.".

 IV.- SOBRE EL FONDO. De la documentación y el informe rendido bajo fe de juramento, esta Sala se tiene que el conflicto planteado por el recurrente, integrante del pueblo indígena Maleku, se enmarca dentro de una tensión normativa y cultural entre el régimen jurídico de protección ambiental de las Áreas Silvestres Protegidas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo al uso consuetudinario de tierras y recursos naturales para actividades de subsistencia y prácticas culturales ancestrales.

En primer término, debe reiterarse que, conforme a lo expuesto por el recurrente y corroborado por la CONAI, el pueblo Nombre02 mantiene un vínculo histórico, espiritual, alimentario y cultural con la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, la cual, aunque no forma parte formalmente del territorio indígena delimitado por decreto, ha constituido tradicionalmente uno de sus espacios de tránsito, aprovechamiento y significación cultural. Este tipo de relación territorial es reconocido expresamente por el artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a adoptar medidas especiales para salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a utilizar otras tierras, además de las que ocupan tradicionalmente, siempre que hayan tenido acceso a ellas con fines tradicionales o de subsistencia.

Tal como lo indicó la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas en su informe, este mandato internacional vinculante no ha sido debidamente desarrollado ni normativamente implementado en el derecho costarricense, a pesar de que, conforme al artículo 7 de la Constitución Política y la jurisprudencia reiterada de esta Sala (véase resolución 2313-95), los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Costa Rica gozan de rango constitucional o supraconstitucional, y prevalecen sobre las normas legales ordinarias. Por consiguiente, no es jurídicamente correcto alegar la inexistencia de una norma interna habilitante para negar derechos ya reconocidos en tratados internacionales ratificados, como lo sostiene el Dictamen PGR-C-153-2023. A la luz del principio de jerarquía normativa y del deber de interpretación conforme, puesto que el Estado Costarricense no puede sustraerse de sus obligaciones internacionales invocando la ausencia de desarrollo legislativo, máxime cuando tal omisión normativa ha sido persistente y estructural, y ha generado efectos adversos en comunidades históricamente excluidas.

En segundo lugar, se constata que el oficio SINAC-ACAHN-04-2024, si bien establece una prohibición específica respecto a ciertos métodos de pesca —entre ellos los trasmallos y chinchorros—, no constituye una prohibición absoluta de las actividades de pesca cultural del pueblo Maleku. Por el contrario, se reconoce expresamente que el SINAC puede autorizar la pesca cultural e incluso exonerar del requisito de licencia, siempre que se respeten los métodos compatibles con la normativa ambiental vigente (cuerda, carrete y línea de mano). Además, deja constancia de que se ha remitido una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la viabilidad de admitir excepciones específicas a favor del pueblo Maleku, con base en sus derechos culturales y ancestrales. Así, si bien el oficio impugnado en el recurso genera una afectación parcial respecto al uso de ciertos métodos ancestrales específicos —que efectivamente pueden formar parte de la identidad y subsistencia cultural del pueblo recurrente—, lo cierto es que no se ha acreditado una supresión total, absoluta o arbitraria de las actividades de pesca cultural en el Refugio, ni una negativa terminante a reconocer la especificidad del pueblo Nombre02 en ese espacio.

 No obstante, esta Sala advierte sobre la omisión del Estado costarricense de consultar, desarrollar e implementar mecanismos participativos eficaces que permitan ponderar los intereses ambientales y los derechos culturales de los pueblos indígenas, como exige el Convenio 169 de la OIT, especialmente en lo referido a tierras tradicionalmente utilizadas, aunque estén fuera de los límites territoriales formalmente reconocidos. A juicio de este Tribunal, la creación de un área protegida no puede operar como causa de exclusión absoluta y tajante del acceso de la comunidad indígena, sin que previamente se haya realizado una consulta libre, previa e informada conforme a los estándares internacionales, ni valorado adecuadamente la continuidad cultural de dichos pueblos en relación con el entorno natural que los rodea. Así, este vacío estructural en el diseño y ejecución de la política ambiental ha sido documentado tanto por la CONAI como por los informes que acompañan el expediente, y que pone de relieve la necesidad urgente de armonizar las normas ambientales con los estándares internacionales de derechos humanos, bajo un enfoque intercultural que reconozca la experiencia histórica y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas como actores legítimos en la protección ambiental.

 En el sub lite, no se advierte una actuación desproporcionada o ilegítima por parte de las autoridades del SINAC, ya que el oficio impugnado no ha anulado el ejercicio de las prácticas culturales de pesca en su totalidad y, por el contrario, ha contemplado vías para autorizar formas compatibles con la normativa vigente, al tiempo que se mantiene abierta una consulta jurídica de mayor alcance ante la Procuraduría General de la República. Consecuentemente, al verificarse que las autoridades accionadas han actuado conforme con los compromisos internacional suscritos por el estado costarricense, así como lo dispuesto en el ordenamiento jurídico local, se propone la desestimatoria del presente proceso tal como se indica en la parte dispositiva de esta sentencia.

 V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara SIN LUGAR el recurso.

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 0BGJZIPQ6KM61

EXPEDIENTE N° 25-003761-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:32:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at ten hours and fifteen minutes on June sixth, two thousand twenty-five.

An amparo action being processed in case file number 25-003761-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

**Whereas:**

1.- By document received at the Secretariat of the Chamber at 11:17 a.m. on February 10, 2025, the petitioner files an amparo action against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) and states that he is an indigenous person of the Maleku Territory. That this indigenous community is one of the three indigenous communities in the country that still maintains its ancestral customs and traditions. They have thus survived by hunting and fishing as the primary source of their diet and food. That they have never had any type of restrictions on their cultural way of life; however, with the arrival of civilization to their population, they have been subjected to and forced to adapt to laws in many areas. That for more than 25 years they have attended the Refugio de Vida Silvestre Caño Negro to practice, strengthen, and subsist from their ancestral practices, such as hunting and fishing with nets and other necessary equipment, as was practiced for many generations prior. That although the Refugio de Vida Silvestre Caño Negro is not within the territory—according to the limits of the reserve—it is one of the sacred places (Toro Jami) to which the Nombre02 culture has always had access without any restriction, as well as to other places like Lake Cote (coteriliaca), Rio Celeste (Piuri), which are likewise not within the boundaries, but form part of the use areas they have ancestrally maintained. He adds that "the Nombre03 territory together with SINAC have worked to respect Indigenous traditions in order to comply with the laws that govern us and this is reflected and embodied in SINAC's collaboration to carry out ancestral practices in the Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, especially hunting and fishing, with nets and/or gillnets (trasmallos) in the case of fishing, which is the equipment with which this practice is always done." But he claims that through official communication SINAC-ACAHN-04-2024 of February 19, 2024—in the conclusions—they are prohibited from the practice of fishing with gillnets (trasmallos) or nets in Caño Negro, despite the fact that they are fully aware that this is an ancestral way to obtain their food, based on the current conservation law and the Forest Law (Ley Forestal), which are based on national legislation and not properly on laws governing the indigenous communities of Costa Rica, such as the Indigenous Law 6172 and the International Convention 169 of the ILO. This has severely affected the Indigenous population, not only on a "moral, emotional, cultural level to our population," but especially in obtaining their food.

2.- By ruling of the Presidency at 08:14 a.m. on February 19, 2025, this amparo action was admitted and a report was requested from the EXECUTIVE DIRECTOR OF THE SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) (see electronic record).

3.- DAVID CHAVARRÍA MORALES, in his capacity as Acting Executive Director of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), reports under oath that, "(...) SECOND: In compliance with what was ordered, the actions that SINAC, through the Área de Conservación Arenal Huetar Norte, has taken are listed, by means of official communication SINAC-ACAHN-DR-061-2024, dated February 25, 2025, in relation to the facts conveyed by the petitioner, it has reported the following: The Área de Conservación Arenal Huetar Norte has respected and valued the traditional customs of the Malecu indigenous people, recognizing the importance of their ancestral practices in the preservation of their cultural identity. In this regard, for many years, the necessary authorizations for cultural fishing have been granted, allowing this activity to continue to be carried out according to their traditions, always seeking harmony with the conservation of natural resources and respect for the biodiversity of the site. However, following the issuance of Legal Opinion PGR-C-153-2023 dated August 7, 2023; the Procuraduría General de la República has ruled on the incompatibility of the traditional activities of indigenous peoples and the activities permitted within Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), concluding that: "protected wild areas form part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), and, in that condition, activities other than those indicated in Article 18 of the Forest Law (Ley Forestal) cannot be authorized within them. Hence, traditional indigenous activities that differ from those indicated in that provision could not be authorized in these spaces. The authorization of traditional indigenous activities other than those permitted by the current regime would require the issuance of a legal provision that so orders and that, in accordance with the principles of the objectivization of environmental protection, reasonableness, and proportionality, has adequate technical justification to demonstrate the need to adopt such measures." (emphasis ours). Following the issuance of Legal Opinion PGR-C-153-2023, the ACAHN, in coordination with the Department of Citizen Participation and Governance of SINAC, joined efforts to find a solution for this indigenous community and to ensure that their activities could continue to be carried out in the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro (RNVSMCN), in a way that would not affect its population. Official communication SINAC-ACAHN-04-2024 (Read correctly SINAC-ACAHN-AJ-04-2024), issued by the legal advisory office of the ACAHN, was requested by the Department of Citizen Participation and Governance of SINAC, with the purpose of presenting a legal analysis of the fishing activity within the Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and the Nombre03 indigenous fishing activity within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, taking into consideration what was indicated in Legal Opinion PGR-C-153-2023. In official communication SINAC-ACAHN-04-2024, the legal advisory office of the ACAHN performs an analysis, taking into consideration the principle of legality, the activities permitted within the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) in accordance with the provisions of the Forest Law (Ley Forestal) and its regulations, and the authorization of fishing within National Wildlife Refuges and its restrictions, based on current regulations in force. In said communication, the legal advisory office concludes that: 1. Fishing activity is an activity permitted within Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) that form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), regulated in the Forest Law (Ley Forestal), Executive Decree 32633. 2. The regulations governing continental and insular fishing, and fishing within ASPs, are the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and Executive Decree 32633. 3. The regulations that permit fishing in ASPs limit this activity in the use of fishing methods, only allowing fishing with line, reel, and handline. 4. The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) expressly prohibits the use of fishing methods such as explosives, gunpowder, pyrotechnics, poisons, lime, spearguns, cast nets (atarrayas), gillnets (trasmallos), seine nets (chinchorros), and multiple fishing lines. 5. There is no enabling rule for the use of unauthorized fishing methods for indigenous cultural activities. 6. SINAC can authorize cultural fishing and even the exemption from a fishing license for the Maleku indigenous community, provided that the fishing methods authorized by the regulations are respected. Furthermore, it was taken into account that the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) No. 7317 establishes in its first article that: "This law shall not apply to the conservation, sustainable management, protection, and adequate administration of wildlife that result from traditional practices, uses, and non-profit customs of indigenous peoples within their territories." (emphasis ours). On the specific point indicated by this law, when it establishes that it does not apply "within their territories," the Procuraduría itself referred to this in Legal Opinion PGR-C-253-2021 of September 6, 2021, reiterating again in Legal Opinion PGR-C-153-2023: "According to the assessment of the Constitutional Chamber, our domestic legislation has recognized the right of indigenous peoples to occupy the lands they have traditionally possessed, as significant portions of their territory were reserved, trying to prevent them from being registered as private property of others, and they were allowed to exploit natural resources within their territories. Now then, as stated, to use other lands, apart from those they traditionally occupy, for the development of their traditional or subsistence activities. And, consequently, there is also no regulatory development regarding what these measures may be or the manner in which they should be adopted." (...) "That provision is in accordance with the existing difference in the legal nature of indigenous reserves and protected wild areas and, in general, of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado). Legally, the regime of the natural heritage of the State and that of the indigenous territories is incompatible. The natural heritage of the State is of public domain, and, therefore, opposed to the regime of indigenous reserves, which constitute a regime of collective private property, exclusive to the indigenous communities that inhabit them, registered in the Public Registry of Real Property in the name of the Integral Development Association that represents them. (See legal opinion No. PGR-C-253-2021 of September 6, 2021)." It should be clarified that the issuance of official communication SINAC-ACAHN-04-2024 was made due to the need for clarity on the limitations regarding Nombre03 cultural fishing activities within the RNVSMCN, particularly since the issuance of Legal Opinion PGR-C-153-2023. Official communication SINAC-ACAHN-04-2024 does not constitute a binding institutional criterion, which is why the consultation and the referenced communication were elevated to the Legal Advisory Office of MINAE. This latter legal advisory office issued official communication DAJ-MINAE-0188-2024, in which it was stated: "Therefore, we proceed to the analysis of the opinion issued by the Legal Advisory Office of SINAC-ACAHN and we consider that this is the appropriate course in the search for a temporary solution so that fishing by the Nombre02 community is authorized within the RNVSMCN. We do not fail to state that the consultation should be elevated to the Procuraduría General de la República to have clarity on international regulations, which were not contemplated, since the Political Constitution is the supreme norm of the country and establishes the legal framework for the organization and functioning of the State. Our Magna Carta recognizes the cultural and ethnic diversity of the country, as well as the rights of indigenous peoples. Furthermore, it establishes that international human rights treaties ratified by Costa Rica have constitutional hierarchy." Based on the legal criteria provided through official communications SINAC-ACAHN-04-2024, DAJ-MINAE-0188-2024, and Legal Opinion PGR-C-153-2023, this Directorate, in strict adherence to legality, has sought to refrain from granting fishing permits with unauthorized gear within the RNVSMCN to the Malecu indigenous community, until such time as there is a legal authorization that permits the use of other methods for this population. On the other hand, in response to the recommendation indicated in official communication DAJ-MINAE-0188-2024 and as part of ACAHN's commitment to the recognition and respect of the customs and traditions of the Malecu indigenous people, a second consultation was coordinated with the Legal Directorate of MINAE and submitted to the Procuraduría General de la República, specifically addressing the use of fishing gear in the activity this indigenous community carries out within the limits of the RNVSMCN. In November 2024, through official communications DM-1116-2024 and DAJ-MINAE-1637-2024, a consultation was sent to the PGR on this particular matter, which to date has not been resolved. Based on the foregoing, it is concluded that the limitation on the use of unauthorized gear in the cultural fishing activity of the Malecu community has not been based solely on official communication SINAC-ACAHN-04-2024, as there are other higher-ranking criteria that have established this prohibition. Therefore, efforts have been made to continue limiting the uses of these fishing gears, until a different criterion exists or an express legal norm authorizes it. HONORABLE MAGISTRATES: From the Report rendered under oath, as well as from the attached evidence, it is clear that the SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC) and its officials have in no way harmed or violated the fundamental rights of the petitioner or the affected indigenous population through the prohibition of the practice of fishing with gillnets (trasmallos) and/or nets in Caño Negro, via official communication SINAC-ACAHN-04-2024 dated February 19, 2024, as the petitioner claims. This is because, as extensively set forth in the report rendered in official communication SINAC-ACAHN-DR-061-2024, signed by the ACAHN Regional Director Mariana Jiménez Arce, the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) expressly prohibits the use of fishing methods such as explosives, gunpowder, pyrotechnics, poisons, lime, spearguns, cast nets (atarrayas), gillnets (trasmallos), seine nets (chinchorros), and multiple fishing lines. We find ourselves in this context subordinated to the principle of legality established in Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, which restricts the actions of the public administration to those acts expressly authorized by law. Therefore, having a norm that expressly prohibits this practice, we cannot act in any other way than as indicated in official communication SINAC-ACAHN-04-2024. Moreover, a response is awaited from the request made to the Procuraduría General de la República specifically regarding the use of fishing gear in the activity this indigenous community carries out within the limits of the RNVSMCN, as previously indicated. Consequently, as there is no enabling norm for this practice, the administration could not act otherwise. (...)" He requests that the appeal be dismissed.

4.- By ruling at five twenty-three in the afternoon on March eighteenth, two thousand twenty-five, the parties were expanded and a report was requested from the President of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas.

5.- RUBILIA AURORA STUART LEIVA, in her capacity as President with powers of General Attorney-in-Fact without limit of sum of the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, reports under oath that, "First; it is essential to clarify that CONAI has not participated in meetings, issued criteria, or performed any action or advice prior to this report, as there has been no request from the Nombre03 indigenous territory or from the Sistema de Áreas de Conservación, hereinafter SINAC. Consequently, we do not have official information on the actions taken. However, this report is rendered to provide considerations on the relevant regulatory framework for the study of the amparo action filed by the citizen Nombre01, Malecu indigenous: Costa Rica is a multiethnic and pluricultural country, recognized as such in 2015 through the reform of Article 1 of the Political Constitution, which established: "Costa Rica is a democratic, free, independent, multiethnic and pluricultural Republic," which implied the recognition of the country's diversity. Our country has 8 indigenous peoples, distributed in 24 indigenous territories throughout the country, legally recognized by Executive Decrees, with a greater concentration in the Caribbean Zone and the Southern Zone. Each of these territories has particularities and must be treated independently. However, there are common issues that have not been resolved by the State, such as the importance of the environment for indigenous peoples and their relationship with it. One of the main conflicts arising from the delimitations of indigenous territories is that various sacred sites and sites of cultural importance were left outside the territorial limits, because the processes were not carried out with due respect for the worldview, violating territorial and cultural rights. In the specific case of the Nombre03 people, since pre-Columbian times, they have had a historical, cultural, and spiritual link with the Caño Negro area and its surroundings. Evidence of this is how the place is identified by its name in the Nombre03 language, and not in Spanish, in the petitioner's submission. However, despite this, and even though SINAC on its website about Caño Negro indicates that "(...) It forms part of the Llanura de los Guatusos, whose name comes from the Nombre02 indigenous populations that have inhabited there for almost 4 thousand years. Currently, they are found in the Maleku Indigenous Reserve, and they inhabit 3 palenques or settlements: Margarita, Tonjibe and El Sol. They still preserve a large part of their culture and traditions, such as their Nombre02 language. Moreover, they seek to make it known to other people, so national and international tourists can visit this Reserve to live in their homes, eat their traditional dishes, and learn about their lifestyle. The Nombre02 are also known as Guatusos, hence the name of the plain." 1 (bold not in original). As observed, it is known that the Nombre03 have been present even prior to colonization and even more so the importance of this area for their worldview. The creation of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro limited the Nombre03 people in their relationship with the territory and ancestral practices such as ancestral fishing, the collection of medicinal plants, and access to sacred places, disrespecting their worldview and way of life. Additionally, the Management Plan for the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, Alajuela, Costa Rica 2012-2020 mentions several situations regarding the cultural loss experienced by the Nombre03 indigenous territory and some of the actions for its strengthening: "The Nombre03 Indigenous Culture does not appear in the following table, since the objective is to qualify biological and not cultural aspects. However, the importance of this culture at a regional level must be highlighted, as they were present long before the creation of the Refugio Caño Negro. (...) It was also identified that the Malecu culture is being lost. (...) Six work workshops were held at Refugio Caño Negro from October 26 to 29, 2010, four workshops with the communities and local actors. During the months of August and September 2011, two workshops were held to validate the zoning proposal, with the participation of private landowners within the Refuge and the Malecu indigenous community. (...) Subsequently, as part of a second review stage to incorporate corrections to the Management Plan document for the Refugio Mixto Caño Negro, requested by some organized groups, the Local Government, and the Municipality of Los Chiles, the recommendations emanating from Government authorities and the Ministry of Environment and Energy are taken into consideration. For this purpose, four workshops were held during the month of September and ending in November of the year 2012." Therefore, SINAC is aware of the situation and the cultural and ancestral uses that the Nombre03 indigenous people have in that area. The Management Plan refers to different approaches taken with the Malecu indigenous people; however, these workshops cannot be considered as prior, free, and informed consultation, respecting international standards and international and national regulations on the rights of indigenous peoples. SINAC has not permitted the full development of the Nombre03 culture, and even of other indigenous cultures in our country, weighing only the Right to the Environment, which, while recognized and respected as a Human Right, cannot thereby disregard the worldview and fundamental rights of indigenous peoples. Therefore, it is important to refer to what the Procuraduría General de la República, hereinafter PGR, indicated in its opinion PGR-C-153-2023 dated August 7, 2023, which has a reduced and limited view of the territorial rights of indigenous peoples and access to traditional lands used for cultural and subsistence activities. The opinion establishes that: "Now then, regarding the second provision of Article 14.1 of Convention 169, it does not establish a direct duty for signatory States, as it leaves it to the discretion of each State to determine which are those appropriate cases in which it is necessary to adopt measures to safeguard the right of the peoples concerned to use lands that are not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their traditional and subsistence activities. From the wording of the norm, it is understood that each State must assess and determine whether there are cases or situations where the need arises to adopt measures aimed at guaranteeing the right of indigenous peoples to use other lands, in addition to those they traditionally occupy, for the development of traditional and subsistence activities. And, if it is verified that there are, indeed, indigenous peoples who, for the development of their activities, use other lands apart from those they occupy, the pertinent measures must be adopted to protect their right to continue using them. Contrary to what occurs with the first provision of Article 14.1 of the Convention, there is no specific regulation on this second point in the Indigenous Law (Ley Indígena), meaning there is no regulatory development that suggests the State has determined that appropriate cases exist where it is necessary to adopt measures to safeguard the right of indigenous peoples to use other lands, apart from those they traditionally occupy, for the development of their traditional or subsistence activities. Consequently, there is also no regulatory development regarding what these measures may be or the manner in which they should be adopted." (Bold not in original) This analysis does not consider Indigenous Customary Law and the International Treaties ratified by our country, which establish clear obligations for the State regarding the protection of the territorial rights of indigenous peoples. The PGR disregards that there is no national norm that has been consulted under the international parameters of a free, prior, and informed indigenous consultation (consulta indígena libre, previa e informada), which must be built jointly with the 24 indigenous territories, in accordance with the international standards of prior, free, and informed consultation established in Convention 169 of the ILO. Therefore, the State cannot claim that there is no internal State regulation governing the possibility of cultural roots existing with areas located outside the delimitations of the territories, much less indicate that it has been determined that these cases do not exist. Thus, it would be important to know what studies the PGR relied on to make such a statement. An example of the foregoing is the indigenous territory of Boruca with the collection of dyes in the Playa Piñuelas area located in the Parque Nacional Marino Ballena, where they have been forced to adapt this activity due to the restrictions of the National Park, or indigenous territories that have been denied entry to areas that are their territory and that overlap with National Parks or Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas), without the State carrying out the due Consultation, affecting their worldview. The PGR's opinion continues, stating: "Returning to what was stated in the first section, it is clear that the second provision of Article 14.1 of Convention 169 of the ILO does not establish a direct mandate for signatory States to adopt specific measures. Rather, from that provision, it is understood that each State must assess and determine whether there are cases or situations where the need arises to adopt measures aimed at guaranteeing the right of the acquired by indigenous or peasant populations and other natural or legal persons, underlying or adjacent to it, does not imply that, once constituted, indigenous activities contrary to those permitted by the regime applicable to protected wild areas, as previously set forth, must be allowed." (Bold not in original). Again, the analysis carried out on the activities and actions of the Costa Rican indigenous people is based on a lack of knowledge of reality, given that the Costa Rican State has not conducted studies or established contacts with indigenous peoples to determine how they are affected by the boundaries imposed on their territories and the ways in which the State establishes environmental protection, thereby failing to promote and disrespecting the cultural roots with other areas outside their territory by omitting to carry out prior consultation there. These contacts through consultation are necessary for the assessments and information on the ways in which cultural activities can be carried out in areas that have been protected by environmental regulations; the activities and relationship of the indigenous peoples' culture were not assessed. This same line of ignorance and non-reality of our country is followed by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación in its official communication SINAC-ACAHN-04-2024 dated February 19, 2024; Firstly, it is indicated that it is based on the criterion outlined above by the PGR, and secondly, it indicates that: "Before examining the regulations pertaining to the specific issue, it is important to refer to the principle of legality. The public administration is subject to the principle of legality, which is a fundamental principle according to which any exercise of public power must be carried out in accordance with the legislation in force and its jurisdiction, not the will of individuals, as established in Article 11 of the General Law of Public Administration: 1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services authorized by said system, according to the hierarchical scale of its sources. 2. An act shall be considered authorized if it is expressly regulated by written norm, at least regarding motive or content, even if in an imprecise manner. According to the aforementioned principle of legality, the public administration, through its institutions, can only carry out and/or permit everything that is expressly regulated in the current regulations in force." (Bold not in original) SINAC's interpretation underlies a serious error that is contrary even to the Political Constitution of Costa Rica, since the Principle of Legality is not merely a principle given by the General Law of Public Administration, but also a Constitutional Principle, as we will explain below: Article 11 of the Political Constitution states: "Public officials are mere depositaries of authority. They are obliged to fulfill the duties imposed upon them by law and cannot arrogate powers not granted therein. They must take an oath to observe and comply with this Constitution and the laws. The action to demand criminal liability for their acts is public. The Public Administration, in a broad sense, shall be subject to a procedure for the evaluation of results and accountability, with the consequent personal responsibility for officials in the performance of their duties. The law shall indicate the means for this control of results and accountability to operate as a system covering all public institutions." In accordance with Article 7 of the same norm, which states: "Public treaties, international conventions, and concordats, duly approved by the Legislative Assembly, shall have, from their enactment or from the day they designate, authority superior to the laws.

Public treaties and international conventions concerning the territorial integrity or the political organization of the country shall require the approval of the Legislative Assembly, by a vote of no less than three-quarters of its total members, and that of two-thirds of the members of a Constituent Assembly, convened for that purpose.” Based on the foregoing, it is clear that every public official is not only obligated to comply with what has been established in national regulations, but must also observe the International Conventions ratified by Costa Rica and the international commitments undertaken by the Costa Rican State. Therefore, when carrying out an analysis of the country's international commitments, there is a supra-constitutional obligation to safeguard the environment, but also to protect the country's indigenous culture, as we will develop further below. The Constitutional Chamber in resolution 2313-95 dated May 9, 1995, stated that international instruments “not only have a value similar to the Political Constitution, but to the extent that they grant greater rights or guarantees to individuals, they prevail over the Constitution.” The disagreement of the indigenous peoples regarding being excluded from matters concerning environmental protection is evident. Central to the analysis of this situation is considering the provisions of the Vienna Convention, which was approved under law 7615 dated July 24, 1996, in Article 27. “Internal law and observance of treaties. A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” It is relevant that the State and its public officials cannot claim that there is no internal regulation that supports the link between indigenous peoples and the environment. Despite the existence of multiple agreements, conventions, and declarations signed in favor of the rights of indigenous peoples, the State does have the responsibility to fulfill and protect these rights; therefore, the State must carry out studies of the linkage between the indigenous people and the environment, and with them, align internal regulations on environmental protection, including laws, regulations, and decrees that have not been duly consulted in accordance with the international standards of prior, free, and informed consultation. Consequently, it is necessary to review and reassess the criteria of the PGR and SINAC, and to take into account, through consultation with indigenous peoples, the weighing of the amount of regulation established without having assessed the indigenous worldviews of the country's 24 territories, which constitute ancestral knowledge for the preservation and sustainability of the environment, aligned with the principles of respect for nature that indigenous peoples have maintained for generations. The Indigenous Territory of Nombre03 must be considered a living example that a participatory and intercultural study should be carried out by SINAC and the PGR jointly with the entire community. With the objective of reviewing and adjusting internal regulations to ensure compliance with the Human Rights of indigenous peoples, in fulfillment of prior, free, and informed consultation. Ensuring that policies and regulations related to the environment respect the collective rights of indigenous peoples, to achieve true environmental sustainability based on social justice and equity, in those peoples historically marginalized and excluded from decision-making. The implementation of the Rapporteur's recommendations is a start in fulfilling the country's international obligations, and thereby guarantees that indigenous peoples can exercise their rights in harmony with environmental conservation in a sustainable manner and respectful of their worldview. In conclusion, the Nombre03 were culturally expelled with the creation of the Refugio Caño Negro, with the violation of their collective rights, limiting their ancestral practices, subsistence, and spiritual connection, causing a loss of their capacity to carry out activities essential for their well-being and continuity as an indigenous people.” Requests that the appeal be dismissed.

 6.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 Drafted by Judge Delgado Faith; and,

Considering:

 I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that he is an indigenous person from the Maleku Territory. That this indigenous community is one of the three indigenous communities in the country that still maintains its ancestral customs and traditions. Thus, they have survived on hunting and fishing as the main source of their diet and nourishment. That for more than 25 years they have attended the Caño Negro Mixed National Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Caño Negro) to practice, strengthen, and subsist from their ancestral practices, such as hunting and fishing with nets and other necessary equipment, as practiced for many generations back. He adds that "the Nombre03 territory together with Sinac have worked to respect Indigenous traditions in order to comply with the laws that govern us and the same remains and is embodied in the collaboration of SINAC to carry out ancestral practices (sic) in the Caño Negro Wildlife Refuge, especially hunting and fishing, with nets and/or trammel nets (trasmayos) (sic) in the case of fishing which is the equipment with which said practice (sic) is always done." But he claims that through official communication SINAC-ACAHN-04-2024 of February 19, 2024 - in the conclusions - they are prohibited from practicing fishing with trammel nets or nets in Caño Negro, despite the fact that they have full knowledge that it is an ancestral way of obtaining their food, the foregoing based on the current conservation law (ley de conservación vigente) and forest law (ley forestal), which are based on national legislation and not properly on laws that govern the indigenous communities of Costa Rica such as the Indigenous Law 6172 (Ley Indígena 6172).

 II.- PROVEN FACTS. Of relevance for resolving this amparo appeal, the following are considered accredited:

 The Malecu people, since pre-Columbian times, have had a historical, cultural, and spiritual link with the Caño Negro area and its surroundings (see report rendered under oath);

 Through Official Communication DM-0014-03-2013 of August 7, 2023, the Office of the Attorney General of the Republic (Procuradoria General de la República) indicated: “IV. CONCLUSION. Based on all of the foregoing, the Attorney General's Office concludes that protected wild areas (áreas silvestres protegidas) form part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), and, in that condition, no activities other than those indicated in Article 18 of the Forest Law (Ley Forestal) may be authorized in them. Hence, in those spaces, indigenous traditional activities that are different from those indicated in that provision could not be authorized. The authorization of indigenous traditional activities different from those permitted by the current regime would require the issuance of a legal provision that so provides and that, in accordance with the principles of objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), reasonableness, and proportionality, has the adequate technical justification to prove the need to adopt such measures.” (see documentation provided);

 Through official communication SINAC-ACAHN-04-2024 of February 19, 2024, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional del Áreas de Conservación) carried out an analysis of fishing regulations Nombre02 in the Caño Negro Mixed National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro), indicating: “Conclusions: 1. The activity of fishing is a permitted activity within the Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) that form part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), regulated in the Forest Law (Ley Forestal), Executive Decree 35868 (Decreto Ejecutivo 35868), Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), and Executive Decree 32633 (Decreto Ejecutivo 32633). 2. The regulations governing continental and island fishing and fishing within ASP (Áreas Silvestres Protegidas) are the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and Executive Decree 32633 (Decreto Ejecutivo 32633). 3. The regulations that allow fishing in ASP limit this activity in the use of fishing methods, allowing only fishing with cord, reel, and hand line. 4. The Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) expressly prohibits the use of fishing methods such as explosives, gunpowder, pyrotechnics, poisons, lime, spearguns, cast nets (atarrayas), trammel nets (trasmayos), beach seines (chinchorros), and multiple fishing lines. 5. There is no enabling norm for the use of unauthorized fishing methods for indigenous cultural activities. 6. SINAC may authorize cultural fishing and even the exoneration of the fishing license for the Maleku indigenous community, provided that the fishing methods authorized by the regulations are respected.” (see documentation provided).

 III.- ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. This Chamber, in resolution number 2017-009565 at nine forty-five on June twenty-third, two thousand seventeen, among others, provided the following:

 “IV. - On the Fundamental Right to a Healthy and Ecologically Balanced Environment. On repeated occasions, this Court has developed the content of this right, contemplated in Article 50 of the Political Constitution. Environmental protection is an adequate mechanism to safeguard and improve the quality of life for all, which makes necessary the intervention of the Public Powers over the factors that may alter its balance and hinder the individual from developing and unfolding in a healthy environment. The State constitutes the guarantor in the protection and safeguarding of the environment and natural resources. In this sense, the control and oversight of environmental matters and activities constitute an essential function of the State, whereby, in matters of environmental protection, the functions of governance, control, and oversight of environmental matters correspond to the State, in charge of the various administrative agencies.”

 IV.- ON THE MERITS. From the documentation and the report rendered under oath, this Chamber finds that the conflict raised by the appellant, a member of the Maleku indigenous people, falls within a normative and cultural tension between the legal regime for the environmental protection of Protected Wild Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and the collective rights of indigenous peoples, particularly regarding the customary use of lands and natural resources for subsistence activities and ancestral cultural practices.

 In the first place, it must be reiterated that, according to what was stated by the appellant and corroborated by CONAI, the Nombre02 people maintain a historical, spiritual, food-related, and cultural link with the area of the Caño Negro Mixed National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro), which, although it does not formally form part of the indigenous territory delimited by decree, has traditionally constituted one of their spaces for transit, use, and cultural significance. This type of territorial relationship is expressly recognized by Article 14.1 of ILO Convention 169, which obliges the State to adopt special measures to safeguard the right of indigenous peoples to use other lands, in addition to those they traditionally occupy, provided they have had access to them for traditional or subsistence purposes.

 As indicated by the National Commission for Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) in its report, this binding international mandate has not been duly developed or normatively implemented in Costa Rican law, despite the fact that, in accordance with Article 7 of the Political Constitution and the reiterated jurisprudence of this Chamber (see resolution 2313-95), international treaties on human rights ratified by Costa Rica enjoy constitutional or supra-constitutional rank and prevail over ordinary legal norms. Consequently, it is not legally correct to allege the nonexistence of an enabling internal norm to deny rights already recognized in ratified international treaties, as sustained in Attorney General’s Opinion PGR-C-153-2023 (Dictamen PGR-C-153-2023). In light of the principle of normative hierarchy and the duty of consistent interpretation, since the Costa Rican State cannot evade its international obligations by invoking the absence of legislative development, especially when such normative omission has been persistent and structural, and has generated adverse effects in historically excluded communities.

 In the second place, it is verified that official communication SINAC-ACAHN-04-2024, although it establishes a specific prohibition regarding certain fishing methods — among them trammel nets (trasmallos) and beach seines (chinchorros) —, does not constitute an absolute prohibition of the cultural fishing activities of the Maleku people. On the contrary, it is expressly recognized that SINAC can authorize cultural fishing and even exonerate the license requirement, provided that methods compatible with current environmental regulations are respected (cord, reel, and hand line). Furthermore, it records that a consultation has been submitted to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) on the feasibility of admitting specific exceptions in favor of the Maleku people, based on their cultural and ancestral rights. Thus, while the official communication challenged in the appeal generates a partial effect regarding the use of certain specific ancestral methods — which can indeed form part of the identity and cultural subsistence of the appellant people —, the fact is that a total, absolute, or arbitrary suppression of cultural fishing activities in the Refuge has not been proven, nor a definitive refusal to recognize the specificity of the Nombre02 people in that space.

 However, this Chamber warns of the omission by the Costa Rican State to consult, develop, and implement effective participatory mechanisms that allow for weighing environmental interests and the cultural rights of indigenous peoples, as required by ILO Convention 169, especially regarding lands traditionally used, even if they are outside the formally recognized territorial limits. In the judgment of this Court, the creation of a protected area cannot operate as a cause for the absolute and categorical exclusion of the indigenous community's access, without having previously carried out a free, prior, and informed consultation in accordance with international standards, nor having adequately assessed the cultural continuity of said peoples in relation to the natural environment that surrounds them. Thus, this structural void in the design and execution of environmental policy has been documented by both CONAI and the reports accompanying the case file, and highlights the urgent need to harmonize environmental norms with international human rights standards, under an intercultural approach that recognizes the historical experience and traditional knowledge of indigenous peoples as legitimate actors in environmental protection.

 In the present case (sub lite), a disproportionate or illegitimate action by the authorities of SINAC is not observed, since the challenged official communication has not annulled the exercise of cultural fishing practices in their entirety and, on the contrary, has contemplated avenues to authorize forms compatible with current regulations, while a broader legal consultation remains open before the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República). Consequently, upon verifying that the respondent authorities have acted in accordance with the international commitments subscribed to by the Costa Rican state, as well as the provisions of the local legal system, the dismissal of the present process is proposed as indicated in the operative part of this judgment.

 V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material that is not removed within this period will be destroyed, according to the provisions of the "Regulation on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in session number 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session number 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

THEREFORE:

The appeal is declared WITHOUT MERITS.

  

  

  

	

Fernando Cruz C.

Interim President

	

  





Paul Rueda L.

	

  

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

  

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

  

	

Alejandro Delgado F.

  

  

Digitally Signed Document

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EXPEDIENTE N° 25-003761-0007-CO

  

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

  

  

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:32:41.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República