Res. 17098-2025 Sala Constitucional — Amparo for water body contamination and sewer obstruction in AlajuelaAmparo por contaminación de cuerpo de agua y obstrucción de alcantarilla en Alajuela

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Sala Constitucional

Resolución Nº 17098 - 2025

Fecha de la Resolución: 06 de Junio del 2025 a las 10:15

Expediente: 25-008467-0007-CO

Redactado por: Ronald Salazar Murillo

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-008467-0007-CO

Res. Nº 2025017098

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco .

  Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-008467-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED04, y Nombre02, cédula de identidad CED05, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE), el MINISTERIO DE SALUD (MINSA) y la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA.-  

Resultando:

 1.- Por escrito recibido a las 13:00 horas del 25 de marzo de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, y manifiestan lo siguiente, en resumen: que en el distrito de Sabanilla de Alajuela —400 metros al este de la Cruz Roja— se ubica un cauce natural o cuerpo de agua que recibe gran parte de las aguas pluviales del distrito. Ese cauce, alegan los accionantes, bordea una parte de los límites de su propiedad, a saber, el inmueble matrícula de folio real  y, en sus palabras, “… ha sufrido a lo largo de los años variabilidad y cambios drásticos en su naturaleza, producto de las acciones del hombre, pasando con el tiempo de ser una quebrada intermitente a ser considerado (sic) actualmente con otras características; sin que por ello —claro está— haya dejado de ser un cuerpo de agua. Recientemente la Dirección de Aguas del MINAE dictaminó dicho cuerpo de agua mediante informe DA-UHTPCOSJ-0746-2025 Ref: SIPECO-41969-DI como: una ‘depresión natural, cuerpo de agua que no corresponde al dominio público, que es un afluente del río Tambor, perteneciente a la cuenca del Río Grande de Tárcoles.’ (…) Para llevar a cabo el dictamen antes indicado, el ingeniero César Arturo Sánchez Vega de la oficina regional de San José de la Dirección de Aguas, se hizo presente al lugar para realizar una inspección de campo y pudo constatar por sí mismo entre otros asuntos, la problemática de contaminación en el cuerpo de agua, para lo cual tomó una serie de fotografías que manifestó verbalmente se incorporarían al expediente administrativo. (…)”. Reclaman que, el 06 de enero de 2025, interpusieron ante los Departamentos de Alcantarillado Pluvial, Gestión Ambiental y Construcción de Infraestructura, todos de la Municipalidad de Alajuela, con copia al señor alcalde, una denuncia formal por invasión de obra pública —alcantarilla— y contaminación de cauce de aguas pluviales en el distrito de Sabanilla de Alajuela, específicamente, en el cuerpo de agua antes dicho. En tal sentido, afirman que, en la denuncia planteada ante la Corporación Local, se expuso la problemática de contaminación de ese cuerpo de agua por la disposición ilegal y recurrente de residuos sólidos de diversa índole en él. Asimismo, se denunció la invasión de la alcantarilla pluvial construida por dicha Corporación Local en el año 2021, la cual ha sido invadida por un particular y alterada por completo —debido al lanzamiento de todo tipo de residuos y tierra en ella, con el fin de crear una especie de “relleno”—. Igualmente, indican que entre “…los principales argumentos señalados en la denuncia interpuesta ante la Municipalidad, se encuentran los siguientes: 1. Se han lanzado llantas, carrocerías de vehículos, techos de viviendas, escombros, electrodomésticos; entre otros, aprovechando la profundidad que tiene el cauce. 2. Sobre la alcantarilla pluvial construida en el cuerpo de agua por parte de la Municipalidad, un particular mediante actos de invasión realizó una especie de ‘relleno’ improvisado con residuos sólidos y tierra, con el fin de construir sobre la misma una llantera que opera sin permisos de ningún tipo y que genera residuos propios de la actividad (llantas), los cuales son lanzados directamente al cauce y salida de agua de la alcantarilla. 3. Se señaló la necesidad de que la Municipalidad actúe ejerciendo la defensa de ese espacio y asegurando el respeto a los retiros establecidos en la normativa urbanística, especialmente la obra pública correspondiente a la alcantarilla, para que se puedan llevar a cabo las acciones rutinarias de limpieza, inspección, mantenimiento y reparaciones que la obra pública (alcantarilla) requiera para su correcto funcionamiento. (…)”. Agregan que las acciones de contaminación han provocado que la alcantarilla pluvial se encuentre totalmente obstruida y no pueda enfrentar la época lluviosa venidera, puesto que no tiene libre la salida del agua (está enterrada por completo), todo lo cual genera el riesgo de inundaciones, deslizamientos y erosiones a las propiedades que se encuentran alrededor de dicho cuerpo de agua. Mencionan que, por otra parte, el río Tambor está recibiendo gran cantidad de residuos provenientes de los depósitos constantes de desechos que múltiples vagonetas —traídas por el particular que invadió el cuerpo de agua y alcantarilla— arrojan en el cuerpo de agua, así como por los desperdicios que genera la actividad comercial realizada por dicha persona, la cual carece de todo tipo de permisos municipales y sanitarios. Por consiguiente, el 3 de febrero de 2025, los recurrentes Nombre01 y Nombre02 sostuvieron una reunión con el señor Roberto Thompson, alcalde, y su jefe de despacho, el señor Claudio Aguilar, en la cual le explicaron verbalmente la problemática aludida y le entregaron una serie de fotografías que evidenciaban una parte de la contaminación que se había depositado en el sitio. Los funcionarios públicos manifestaron que le darían seguimiento al tema con el propósito de encontrar una solución oportuna para él. Sin embargo, mediante oficios MA-SGA-013-2025 y MA-SGA-188-2025, la señora Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, concluyó, entre otras inexactitudes, lo siguiente: “El tema particular se encuentra fuera de las competencias de esta dependencia, por lo que el caso se trasladó al Ing. Lawrence Chacón coordinador de la actividad de alcantarillado pluvial a través del oficio No. MA-SGA-011-2025”. Adicionalmente, acusan los reclamantes que, luego de realizar la consulta ante la Dirección de Aguas del MINAE, se indicó que “…en dicho sector lo que se registra es un canal recolector de aguas pluviales, señalando que se trata de un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público… por lo que no tiene amparo legal de la Ley de Aguas y Ley Forestal en cuanto a protección de zonas de protección”. Estiman que la encargada de gestión ambiental del cantón hizo caso omiso de la seria problemática de contaminación de un cuerpo de agua, mismo que, indistintamente de su caracterización, es un afluente de un río (río Tambor) que, por si fuera poco, llevará todo su contenido a los mares. Acusan que el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela no ofreció tampoco ninguna justificación legal, ni técnica, para concluir que un asunto de contaminación ambiental escapaba de sus competencias y, en su lugar, solamente se limitó a trasladar el asunto a otro departamento. Por su parte, el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, mediante oficio N° MA-AAP-0085-2025, notificado a los denunciantes el 10 de marzo de 2025 (dos meses después de interpuesta la denuncia), se limitó a responder a los denunciantes, sin hacer referencia a una visita previa o inspección en el sitio y, sin fundamentar su criterio, lo siguiente: “…debo indicar que en el sitio no se tiene registro por un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial, y considerando lo atípico de la estación lluviosa, habiéndose presentado lluvias en los meses de diciembre y enero, se puede inferir que el desagüe que nos describe funciona adecuadamente. Asimismo, debo señalar que el desagüe pluvial que usted apunta no corresponde a un cauce natural… por parte de nuestro departamento no se encuentra motivo para generar alguna notificación”. Estiman los recurrentes que esta es una “repuesta ligera y desinteresada” para la cual ni siquiera se tuvo el cuidado de efectuar una inspección previa. Añaden que, mientras tanto, ante la inacción de los funcionarios municipales responsables, al sitio no han dejado de acudir hasta la fecha decenas de vagonetas a desechar residuos contaminantes y tierra, lo que agrava la situación ambiental y el estado [no] óptimo de la obra pública. Así, ante las respuestas carentes de fundamento legal y de aportes técnicos por parte de los departamentos de Gestión Ambiental y Alcantarillado Pluvial, los petentes plantearon los escritos consignados con los números de trámites: N° 0024331-2025 y N° 0017709-2025, en los cuales se les solicitó a dichos funcionarios atender y dar respuesta de manera completa a todos los hechos denunciados y responder cuestiones relacionadas a sus oficios. No obstante, a la fecha no se ha recibido ninguna contestación al respecto, así como tampoco se ha llevado a cabo una intervención o abordaje en el sitio por parte de estos funcionarios o cualquiera otra dependencia municipal para resolver, al fin, el problema de contaminación y obstrucción de la alcantarilla pluvial. Agregan que “(…) a lo interno de la Municipalidad se puso en conocimiento al departamento de deberes de los munícipes sobre la denuncia interpuesta, asunto tramitado directamente por el despacho del alcalde; no obstante, dicho departamento al igual que los otros, termina evadiendo las responsabilidades emitiendo un informe sumamente escueto, que no verifica el sitio de la contaminación ni la alcantarilla, sino que se limita a la toma de unas fotografías a la vía pública (lugar donde no ocurre la problemática denunciada), para concluir diciendo que el poseedor ‘no incumple el reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el cantón de Alajuela.’(oficio No. MA-ADM-190-2025) A pesar de que dicho departamento fue involucrado por instancias internas de la propia Municipalidad, queda en evidencia el poco interés y la falta de coordinación institucional para buscar soluciones ágiles y efectivas a los problemas de contaminación ambiental. Pasar de ‘mano en mano’ los temas sólo genera (sic) una afectación mayor a los derechos constitucionales y fundamentales. (…)”. Por ello, ante el informe tan básico emitido por el Departamento de Deberes de los Munícipes, presentaron un escrito —bajo el número de trámite N° 0023631-2025— en el cual plantearon una serie de interrogantes. Sin embargo, por medio de una respuesta dada por dicho funcionario en el oficio N° MA-ADM276-2025, éste señaló que “…realizada la inspección se verificó en el sitio que la propiedad no incumple con los incisos que competen a la actividad de deberes de los munícipes frente a calle pública…”, así que estiman que no se les dio una respuesta (solución) a las interrogantes planteadas. Agregan que la problemática de contaminación aludida también fue denunciada ante la Contraloría Ambiental del MINAE, el día 14 de enero de 2025, sin que hasta la fecha se haya puesto en conocimiento a la parte denunciante sobre las acciones emprendidas por dicha autoridad. De esta suerte, a la fecha de interposición del recurso no se tenía conocimiento de que estuviera tomando cartas concretas en el asunto y, mucho menos, emprendiendo acciones específicas tendentes a resolver el problema de fondo. La denuncia presentada se hizo bajo el número asignado por el sistema de interfaz pública: Denuncia N° 52049-2025. Además, el 26 de febrero de 2025 plantearon denuncia sanitaria ante el Ministerio de Salud, Área Rectora de Alajuela, en la cual, además de señalar algunos asuntos relativos a la actividad comercial irregular que se lleva a cabo en el área de la alcantarilla invadida, en la que se realizó una especie de relleno improvisado con gran parte de residuos y tierra depositados en el sitio, se indicó y explicó en el punto número tres de actividad denunciada la situación de “...contaminación ambiental y asuntos relacionados con el control de vectores por mal manejo de residuos sólidos, producto de la actividad desarrollada y de actividades particulares del denunciado”. Posteriormente, por medio del oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, la ingeniera Ariel Alfaro Marchena, de Regulación de la Salud, no se refirió sobre la problemática de contaminación al cuerpo de agua, por lo que se le remitió una misiva el 03 de marzo de 2025 bajo el número NT:9639-2025 en la que se le solicitaron aclaraciones, se le brindaron mayores pruebas y se le pidió tomar las acciones específicas basadas en la legislación para evitar una mayor afectación a la salud y el medioambiente. A raíz de los cuestionamientos planteados a la Ing. Alfaro, ésta realizó una nueva visita el día 14 de marzo de 2025 y pudo apreciar personalmente desde la propiedad de los recurrentes la problemática de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla pluvial. No obstante, a la fecha de interposición del recurso no se conocían acciones concretas tendientes a resolver la problemática de contaminación en el cuerpo de agua y alcantarilla indicados. Solicitan que se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

 2.- Informa bajo gravedad de juramento Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental (MINAE), en lo conducente, lo siguiente: “... mediante el oficio del día 15 de enero del 2025, de esta Contraloría N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049, el cual se adjunta como prueba, se remitió a la Municipalidad de Alajuela el caso, para su correcta atención, no obstante, esta Contraloría señala que, a la fecha de emisión de este Informe, en el sistema en seguimiento de denuncia no figura un oficio de respuesta de la municipalidad ante la solicitud de la Contraloría ambiental …”. Solicita que se declare sin lugar el recurso planteado.

 3.- Informa bajo gravedad de juramento la Dra. Mary Denisse Munive Angermüller, en su calidad de ministra de Salud, lo siguiente: “... En fecha 30 de enero de 2025, ingresó la denuncia sanitaria, consecutivo N°8930-2025, contra el señor Nombre03, cuyo domicilio es en Alajuela, Sabanilla, 350 metros este de la Cruz Roja, quien figura como dueño del establecimiento comercial denominado 'Llantera Chucky'. Con Informe Técnico N°CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0186-2025, emitido el 26 de febrero de 2025, suscrito por la Ing. Ariel Alfaro Marchena, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Alajuela 1, informó que se realizó una inspección en el sitio el 14 de febrero de 2025, en la cual se evidenció que el establecimiento comercial denunciado, está tramitando los permisos municipales para el uso de suelo, que es requisito para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento, por lo que se le indicó al señor Nombre03, que no realizar la actividad de taller, hasta no tener dicho permiso sanitario de funcionamiento. Por otro lado, se constató que los residuos de marras están bajo techo, sin acumulación de agua, tampoco se encontró residuos dentro de la propiedad, que las aguas residuales de la misma cuentan con un tratamiento adecuado (drenaje) y que la acumulación de agua del inmueble es producto de las propiedades colindantes. Asimismo, luego de varias diligencias administrativas, en seguimiento al caso que aquí nos ocupa, el día 14 de marzo de 2025, a las 11:43 horas, se notificó al señor Nombre03, la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, con plazo de cumplimiento de 05 días hábiles a partir de la notificación del acto administrativo (los cuales vencieron el 21 de marzo de 2025), por no contar con permiso sanitario de funcionamiento, para la actividad comercial de 'llantera'. Con oficio, N°CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, de fecha 21 de marzo de 2025, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director a.i. y la Ing. Ariel Alfaro Marchena, del Equipo de Regulación de la Salud, ambos del Área Rectora de Salud Alajuela 1, se solicitó el apoyo correspondiente, para dar seguimiento a la denuncia de marras, por contaminación del alcantarillado pluvial por residuos sólidos, toda vez que la autoridad sanitaria observó acumulación de residuos alrededor del alcantarillado antes mencionado. En fecha 27 de marzo de 2025, según el Acta de Clausura N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0069-2025, se procedió a clausurar el establecimiento comercial de marras, por incumplimiento a la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, de fecha 14 de marzo de 2025. Así mismo, hago de su conocimiento que la cuenta electrónica ...01, se encuentra habilitada y es un medio oficial para recibir las diferentes gestiones de las personas usuarias ante el Área Rectora de Salud Alajuela 1 …” Solicita que se desestime el recurso planteado.

 4.- Informan bajo juramento Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, lo siguiente: “… Mediante el oficio N° MA-PPCI-0271-2025 de fecha 03 de abril de 2025, suscrito por el Director, Coordinador de Planeamiento y Construcción de infraestructura, el Ing. Roy Delgado Alpízar, el mismo indicó: ‘(…) En dicho oficio N.º MA-PSJ-0606-2025, solicita que, dentro del ámbito de sus competencias, y con base a los hechos y pretensiones, y demás consideraciones que constan en el escrito de interposición, se le solicita entregar el informe respectivo. De acuerdo con lo anterior le detallo lo siguiente: Se recibió el trámite N°0112-2025 y el oficio N°MA-A-0259-2025, donde se denuncia invasión de obra pública (alcantarilla) y contaminación de cauce de aguas pluviales, esto en Sabanilla, 400m este de la Cruz Roja, calle que va camino a Tacacorí. Para dar respuesta a dicho trámite y un mejor resolver se envía el oficio MA-PPCI-0117- 2025 a la Actividad de Alcantarillado Pluvial, en el cual se le solicita al Ing. Lawrence Chacón Soto que se le agradece coordinar una inspección al sitio y brindar un informe de respuesta a las solicitudes de los vecinos, con copia a la Alcaldía y a esta Dirección. Además, con el oficio N° MA-ADM-350-2025 de fecha 03 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Andres E. Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Municipes, se manifestó que: ‘Con relación al oficio MA-PSJ-607-2025, referente al RECURSO DE AMPARO bajo el expediente N° 25-0084671-0007-CO interpuesto por Nombre01 cédula CED01 y Nombre02 cédula CED02, referente a invasión de obra pública (alcantarilla) y contaminación de cauce de aguas pluviales en el distrito de Sabanilla de Alajuela, específicamente en el cuerpo de agua antes dicho, se informa: 1. Mediante oficio MA-A-536-2025 emitido por la Alcaldía Municipal, se remitió copia de oficio MA-SGA-94-2025 de Gestión Ambiental referente al trámite 121-2025 presentada por el señor Nombre01 denuncia: Invasión de Obra Pública (alcantarilla) y contaminación de cauce de aguas pluviales, Sabanilla,Dirección01, Calle que va a Tacacorí; mediante el cual la Licda. Karen Bermudez (sic) Fallas indica ‘…valorarse la aplicación de los establecido en el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el cantón Alajuela.’ 2. Nombre04 (sic) oficio MA-ADM-190-2025 en respuesta al oficio MA-A-536-2025 denuncia 121-2025 y MA-ADM-275-2025 en respuesta de trámite 23631-2025, emitidos por la Actividad de Deberes de los Municipes (sic), con conocimiento a la Alcaldía Municipal, Gestion (sic) Ambiental y Servicios Ambientales, se informó al denunciante que el día 24 de febrero del 2025 se procedió a realizar inspección al sitio, para verificar el cumplimiento del artículo 84 del Código Municipal y Reglamento en mención frente calle pública, debido a que los funcionarios de Deberes de los Municipes (sic), no pueden ingresar a propiedades privadas, aunque así lo soliciten los propietarios o denunciantes, incisos a saber:

Limpiar la vegetación a orilla de vía pública y recortar la que perjudica el paso.




Cercar y limpiar lotes baldíos o con viviendas deshabitadas.




Separar residuos pra el transporte y disposición final (según tipo de residuo y horario establecido.




Mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras.




Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras.




Instalar bajantes y canoas (colindancia con la vía pública).




Ejecutar obras de conservación en fachadas de interés.




Garantizar la seguridad, limpieza y mantenimiento de las propiedades.




Contar con un sistgema de gestión de residuos (separación, transporte y disposición) aprobado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos cuando el servicio público es insuficiente o no es aceptable.

3. Se verifico (sic) que a la fecha de la inspección y según informe de labores DH24022025(9-11) la propiedad en información posesoria 0000000 plano catastrado A-2324047-2021 frente a calle pública no incumple los incisos que competen la Actividad de Deberes de los Municipes y el tema denunciado no le corresponde a esta actividad. *El subrayado y la negrita no corresponde al texto original. Por otro lado, se realizó la consulta al Subproceso de Gestión Ambiental, y mediante el oficio N° MA-SGA-295-2025 de fecha 04 de abril de 2025, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de dicha dependencia, indicó lo siguiente: ‘En atención a la solicitud de informe referente al recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 bajo el expediente 25-008467-0007-CO contra la Municipalidad de Alajuela, me permito indicar: ▪ La primera visita registrada por parte del Subproceso de Gestión Ambiental al lugar corresponde a la atención de la denuncia N° 14121-2019-SITADA proveniente de la Contraloría Ambiental (SITADA) brindando respuesta a través del oficio N° MA-SGA-219-2019. ▪ En dicho momento, se trasladó el caso al ACC del SINAC Alajuela mediante oficio N° MASGA-217-2019 a fin de determinar si existía algún tipo de invasión y/o afectación a la zona de protección del cuerpo de agua y se remitió también al Proceso de Control Fiscal y Urbano mediante oficio N° MA-SGA-218-2019 para la atención del tema de posible invasión de un área municipal (alcantarilla) con la colocación de materiales y la construcción de la vivienda existente. ▪ El SINAC señaló que al momento de la visita no se identificó ningún cuerpo de agua natural que discurra por ese sector (oficio N° OA-540-2019) y por su parte el Proceso de Control Fiscal y Urbano señaló que, según informe técnico del Ing. Alfonso Miranda del Subproceso de Obras de Inversión Pública, no se podía establecer si existía o no invasión de una zona de protección (oficio N° MA-PCFU-509-2018 y N° MA-PCFU-1639-2020). ▪ La segunda visita registrada por parte del Subproceso de Gestión Ambiental al lugar corresponde a la atención de la denuncia N° 21008-2020-SITADA proveniente de la Contraloría Ambiental (SITADA) brindando respuesta a través del oficio N° MA-SGA-327-2020. En dicho momento, se reiteró la información obtenida en la atención de la denuncia N° 14121-2019-SITADA y adicionalmente, se indicó que ambas quejas se habían direccionado a la Actividad de Alcantarillado Pluvial (oficio N° MA-SGA-229- 2020 y vía SITADA) ▪ Mediante oficio MA-AAP-660-2020 la Actividad de Alcantarillado Pluvial señaló que no se registra ninguna problemática por la interrupción de la salida de aguas pluviales, entre otros aspectos. Indicó, que se realizó la solicitud ante la Dirección de Aguas del MINAE a finde que se pronunciara sobre la naturaleza del cauce. ▪ En atención al trámite #11526-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-329-2020 y también se remitió un informe a la Alcaldía Municipal sobre las gestiones realizadas por esta dependencia ante la denuncia en particular, esto mediante el oficio Nº MA-SGA-341-2020 ▪ En atención al trámite #13208-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través de los oficios Nº MA-SGA-362-2020 y N° MA-SGA-365-2020 sobre el recurso de revocatoria interpuesto en contra del oficio MA-SGA-329-2020, emitido por este subproceso. ▪ En atención al trámite #13216-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-367-2020 facilitando copia de los expedientes solicitados en dicha gestión. ▪ En atención al oficio N° MA-AAP-0623-2020 se procedió con la devolución del trámite original #13209-2020-SISC a la Alcaldía Municipal para que se procediera con la atención del recurso de apelación. Esto mediante oficio MA-SGA-379-2020. ▪ En atención a lo solicitado por la Alcaldía Municipal a través del oficio N° MA-A-2631- 2020 se procedió a trasladar el expediente del caso para la revisión del recurso de apelación interpuesto por los administrados (oficio N° MA-SGA-380-2020) ▪ En atención al trámite #13215-SISC-2020 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta oportuna a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-591- 2020. ▪ El recurso de apelación interpuesto en contra del oficio MA-SGA-329-2020, fue declarado sin lugar conforme a lo que se indicó en el oficio N° MA-PSJ-403-2021 del Proceso de Servicios Jurídicos. ▪ Durante el período 2025 ingresa nuevamente la denuncia a esta dependencia a través del trámite #114-SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente, brindando respuesta al administrado N° MA-SGA-013-2025. Adicionalmente, al ser un tema que se encuentra fuera de las competencias de este subproceso, se trasladó el caso a la Actividad de Alcantarillado Pluvial a través del oficio N° MA-SGA-011-2025, la tratarse de obras del alcantarillado. ▪ Mediante el oficio N° MA-SGA-094-2025 y en atención al oficio N° MA-A-259-2025 de la Alcaldía Municipal se brindó un informe detallado de lo actuado por esta dependencia con relación al caso, indicando lo siguiente: o La denuncia ingresó directamente a esta dependencia a través del trámite #114- SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente el día 06/01/2025. Se brindó respuesta oportuna al administrado el día 13/01/2025 a través del oficio N° MA-SGA-013-2025. o Dado que el tema particular se encuentra fuera de las competencias de este subproceso, se trasladó el caso al Ing. Lawrence Chacón coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial a través del oficio N° MA-SGA-011-2025, esto informando al administrado sobre el rumbo que había tomado su gestión. o Es importante mencionar que esta dependencia realizó adicionalmente una consulta al sitio web https://mapas.da.go.cr/mapnew.php del Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Agua del MINAE y en dicho sector lo que se registra es un canal recolector de aguas pluviales, señalando que se trata de cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020), por lo que no tiene le amparo legal de la Ley de Aguas y Ley Forestal en cuanto protección de zonas de protección. o En cuanto al tema de recepción y/o acopio ilegal de residuos de todo tipo, podría valorarse la aplicación de lo establecido en el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela, o bien, de la implementación del Reglamento municipal para la aplicación de las infracciones y sanciones administrativas de la Ley N° 8839 y sus Reformas (Diario Oficial La Gaceta N° 111 del día 21/06/2023), esto en respecto a las competencias institucionales. o Durante una visita de seguimiento efectuada el día 31/01/2025 fue posible apreciar que en el sitio se ha llevado a cabo la recepción de tierra, por lo que, como parte de nuestra injerencia, se procederá con el apercibimiento de los propietarios registrales del inmueble plano de catastro N° A-2324047-2021 bajo la figura de información posesoria, esto a través del Acta para depósitos ilegales de tierra N° 448-2025, indicándoles que no es permitido depositar más material en dicho lugar. Lo anterior, de acuerdo con la disponibilidad de personal, sistemas de información para ubicación de propietarios y transporte con el que se cuente para ello, lo anterior sin dejar de lado la importancia que nuestra colaboración tiene para la comunidad.▪ Este acto genero (sic) la emisión de los oficios de la Alcaldía Municipal N° MA-A-536-2025 para el Subproceso de Servicios Ambientales y para la Actividad de Deberes de los Munícipes y del oficio N° MA-A-885-2025 (recordatorio a la Actividad de Deberes de los Munícipes). ▪ La actividad de Deberes de los Munícipes dio respuesta mediante el oficio N° MA-ADM-276-2025 y el Subproceso de Servicios Ambientales dio través del oficio N° MA-SSA-005-2025, indicando que al momento de la inspección ni se evidencia la disposición de residuos sólidos ordinarios en el sitio. ▪ Mediante inspección se constató que en el sitio también se ha llevado a cabo la recepción de tierra vegetal. Por tal motivo, y en el marco de las competencias del Subproceso de Gestión Ambiental, correspondería la emisión del acta de apercibimiento por depósitos ilegales de tierra N.º 448-2025. Sin embargo, dicha medida no puede ser ejecutada, ya que el predio no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo que no es posible identificar a los propietarios registrales que deberían ser notificados por la municipalidad. ▪ En atención a lo indicado en la denuncia N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 de la Contraloría Ambiental (SITADA), se emite el oficio N° MA-SGA-163-2025. ▪ En atención al trámite #17709-SISC-2025 del Sistema Integrado de Servicio al Cliente se brindó respuesta a los administrados a través del oficio Nº MA-SGA-188-2025. ▪ El día 01/04/2025 se recibe el oficio N° MA-A-1395-2025 de la Alcaldía Municipal, mismo que se encuentra en gestión al momento de la elaboración de este informe. Este documento incluye una denuncia recibida vía correo electrónico (misma que a su vez también fue direccionada al Área Rectora de Salud Alajuela 1 bajo el oficio N° MA-A-1396-2025). En este contexto, este subproceso ha actuado con diligencia, en cumplimiento de nuestras competencias institucionales. Cada denuncia recibida ha sido debidamente atendida y canalizada de manera oportuna, ya sea a la oficina municipal correspondiente o a las entidades gubernamentales competentes, conforme al marco legal vigente’. Mediante el oficio N° MA-AAP-0403-2025, de fecha 03 de abril de 2025, suscrito por el Ing. Lawrence Chacón Soto, en su condición de Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, el mismo manifestó que: ‘Con relación a la resolución de las once horas treinta y cuatro minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, mediante la cual la Sala Constitucional solicita brindar informe respecto al Recurso de Amparo interpuesto por el señor Nombre01, cédula de identidad CED03 y Nombre02, cédula de identidad CED06° Telf01, tramitado bajo el expediente N° 25-008467-0007-CO, considerando las competencias y labores atinentes a la Actividad Alcantarillado Pluvial, me permito indicar: 1. Que, efectivamente se registra el trámite N° 117-2025 del 06 de enero de 2025 a nombre del señor Nombre01 y la señora Nombre02, mismo que al cual se le brindó respuesta mediante el oficio N° MA-AAP-0085- 2025. Este trámite se notificó de forma errónea el 29 de enero de 2025 al correo electrónico ...02, siendo la dirección correcta (señalada por el usuario) ...03, se procedió a notificarle correctamente la respuesta a la gestión planteada. (Ver imagen 1 y 2). 2. Que, en el trámite los recurrentes exponía la situación sobre el relleno que llevaba a cabo su vecino en la colindancia noroeste, señalando que la alcantarilla que desagua por medio de la propiedad contigua se ponía en riesgo debido al relleno que efectuaba su vecino. (…) 3. En dicha gestión (trámite N° 117-2025), por medio del oficio N° MA-AAP-0085- 2025 se le indicó a los interesados que ‘en el sitio no se tiene registro por un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial, y considerando lo atípico de la estación lluviosa, habiéndose presentado lluvias en los meses de diciembre y enero, se puede inferir que el desagüe que nos describe funciona adecuadamente. Así mismo, debo señalar que el desagüe pluvial que usted apunta no corresponde a un cauce natural. Además, en tanto se mantenga en funcionamiento el desagüe, se conserve activo este sistema y no se violente el servicio de alcantarillado pluvial, por parte de nuestro departamento no se encuentra motivo para generar alguna notificación’. 4. Esta respuesta se efectuó conforme a lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos, el cual establece: Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener estos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión ó desviar el desagüe natural de los campos. (El resaltado no corresponde al texto original). Dado lo anterior, se genera una obligación del propietario a mantener habilitado y en buen funcionamiento el desagüe que se ubica en la finca que colinda con la propiedad de los recurrentes y para el caso en cuestión, el mismo cumple con lo establecido en la Ley General de Caminos Públicos. Además, se debe tener en consideración lo establecido en el oficio N° DAUHTPCOSJ-2286-2020 (se adjunta) y el oficio N° DA-UHTPCOSJ-0389-2025 y DA-UHTPCOSJ-0389-2025 (consignados por el recurrente) donde se indica que el cuerpo de agua no corresponde al dominio público, lo cual denota que la tubería se ubica en un desagüe de la carretera, cumpliendo con lo establecido en la normativa correspondiente. Dado lo anterior y considerando que a la fecha no se ha presentado registro de obstrucción o mal funcionamiento del alcantarillado que mencionan los recurrentes en su escrito, no se tienen acciones por efectuar en materia de aguas pluviales’. *El subrayado y la negrita no corresponden al texto original. Por último, la Alcaldia, mediante el oficio N° MA-A-1459-2025 de fecha 04 de abril de 2025, plasmó que: ‘Con instrucciones del señor Alcalde, me refiero al Oficio N° MA-PSJ-0603-2025, mediante el cual comunica el recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 y la Sra. Nombre02 (Exp. N° 25-008467-0007-CO), en los siguientes términos: En enero del presente año, esta Alcaldía recibió copia del Trámite N° 00121-2025, suscrito por señor Nombre01 entre otros, referente a la supuesta invasión de una obra pública (alcantarilla) y eventual contaminación de cauce de aguas pluviales en Sabanilla, exactamente 400 metros este de la Cruz Roja, conocida como ‘Dirección02’. Esto motivó que la confección del oficio N° MA-A-259-2025, mediante el cual este servidor solicitó al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura un informe acerca de la situación (folios 01 al 11 del expediente conformado con ocasión del presente recurso de amparo). Como respuesta se recibió el oficio N° MA-AAP-0088-2025 con fecha 30 de enero del 2025, el cual el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial, indicó que dio respuesta al interesado por medio del oficio N° MA-AAP-0085-2025, el cual fue notificado por medio del Sistema de Resolución de Trámites (ver folios 12 y 13 del expediente). Con posterioridad, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, remitió su respuesta a esta Alcaldía por medio del oficio N° MA-SGA-094-2025, en el cual aclaró que la denuncia del Sr. Nombre01 había ingresado por medio del Sistema Integrado de Servicio al Cliente y que ya había sido atendida, según el oficio N° MA-SGA-013-2025. Adicionalmente, aclaró que según el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Aguas del MINAE, se registra que el canal recolector de aguas pluviales señalado, constituye un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020); por lo que no tiene amparo legal de la Ley de Aguas y la Ley Forestal en cuanto a retiros de las zonas de protección. Adicionalmente, recomendó valorar la situación de eventual acopio ilegal de residuos; por lo que procedimos a confeccionar el oficio N° MA-A-536-2025 con fecha 10 de febrero del 2025, el cual fue enviado a los funcionarios Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador Subproceso de Servicios Ambientales, e Ing. Andrés Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para su atención conforme a la normativa vigente. Ahora bien, en cuanto al depósito ilegal de tierra, la Licda. Bermúdez Fajas informó que de procedería con el apercibimiento a los propietarios de la finca por medio del Acta N° 448-2025 (ver folios 16 a 25 del expediente). Adicionalmente, recibimos los oficios N° MA-SSA-005-2025, en el cual el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Servicios Ambientales, informó que no se evidenciaba la disposición de residuos ordinarios en el sitio y adjuntó la correspondiente fotografía. Por su parte, la Licda. Bermúdez Fallas confeccionó el oficio N° MA-SGA-163-2025 en el cual reiteró lo anotado en el párrafo anterior. Ambos documentos fueron enviados al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de Alcantarillado Pluvial, por medio del oficio N° MA-A-884-2025 para su valoración (ver folios 26 a 28 vuelto del expediente). Conviene anotar que por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 con fecha 19 de marzo del presente año, se procedió a remitir al Sr. Nombre01 copia de los oficios N° MA-AAP-324-2025 por parte del Ing. Chacón Soto y N° MA-SGA-163-2025 por parte de la Licda. Bermúdez Fallas. Al respecto interesa destacar que el Ing. Chacón Soto reiteró que el cauce señalado no corresponde al dominio público y que tampoco hay ninguna afectación al servicio pluvial en la zona ni al desagüe, información que fue corroborada por la Licda. Bermúdez Fallas en el oficio N° MA-SGA-163-2025, ya citado (ver folios ___ del expediente). Adicionalmente, recibimos copia del oficio N° MA-ADM-312-2025 con fecha 25 de marzo del 2025, mediante el cual el Ing. Andrés E. Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, remitió sus respuestas al Sr. Nombre01, con respecto a las inspecciones realizadas y su resultado. Esto, por medio de los Oficios N° MA-ADM-190-2025, correspondiente al Trámite N° 121-2025, y N° MA-ADM-276-2025 como respuesta al Trámite N° 23631-2025 (ver folios 48 a 55 del expediente). Por otra parte, conviene indicar que la Sra. Nombre02, remitió un correo electrónico con fecha 25 de marzo del presente año, en el cual manifestó su disconformidad con lo actuado y las respuestas recibidas por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 e indicó que procedería a interponer la correspondiente denuncia ante la Contraloría General de la República. Ante tal situación, se dio el correspondiente acuse de recibido por medio de nuestro oficio N° MA-A-1354-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 56 a 61 del expediente). Adicionalmente, constan las siguientes actuaciones por parte de esta Alcaldía: Remisión del oficio N° MA-A-1355-2025 al Sr. Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, en respuesta al oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (ver folios 62 a 64 vuelto del expediente).  Envío al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, del oficio N° MA-A-1356-2025, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, atendiendo la recomendación en el sentido de que procedan conforme a la Ley General de Salud (ver folios 65 a 69 vuelto del expediente). También, se requirió un informe al Ing. Emerson Bone Moya con respecto a la llantera mencionada por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, por medio del oficio N° MA-A-1357-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 70 a 72 vuelto del expediente). Finalmente, el pasado 27 de marzo del presente año, la Sra. Nombre02 envió un nuevo correo electrónico en el cual denunció que los depósitos de residuos continúan, pese a la notificación mencionada en el oficio N° MA-SGA-163-2025. Por tal razón, esta Alcaldía envió el oficio N° MA-A-1395-2025 a la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental para su atención de acuerdo con el marco legal respectivo (ver folios 73 del expediente) y al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, por medio del oficio N° MA-A-1396-2025 con fecha 01 de abril, 2025. De lo anterior se concluye que los recurrentes han sido informados debida y oportunamente en cuanto a todas las actuaciones, inspecciones y criterios técnicos por parte de las dependencias municipales competentes. Sin embargo, lo que se evidencia es una disconformidad con lo resuelto, lo cual consideramos que la vía constitucional no es la sede para discutir este tipo de conflictos. Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 82 folios’. Se demuestra que la Administración, la Actividad de Alcantarillado Pluvial, el Subproceso de Gestión Ambiental y la Actividad de Deberes de los Munícipes, atendieron la gestión de los interesados, como en derecho corresponde, generando respuestas respectivas. Incluso, la misma administración al percatarse de un error en el correo electrónico ...02 en ves (sic) de ...03 procedió a realizar nuevamente la notificación respectiva desde el 10 de marzo del año en curso. De igual forma se comprueba que el trámite N° 117-2025 fue debidamente atendido con el oficio N° MA-AAP-0085-2025 (ver imagen adjunta) (…) En virtud de lo anterior, es de suma importancia mencionar que, se ha cumplido a cabalidad con la tramitación de las gestiones realizadas y planteadas por ambos recurrentes, incluso, quedo más que evidenciado que, se les informo a ellos, al medio señalado por ellos mismos, para tales efectos (correo electrónico). Incluso se constata que, previo a la interposición de este amparo, notificado a este Municipio en fecha 02 de abril de 2025, ya se le habían atendido y contestado dichos trámites desde el mes de marzo del año en curso, incluidos el trámite N° 00112-2025 y el trámite N° 0117-2025, que como puede constatarse de la prueba aportada, son el mismo trámite sólo que tienen un numero de gestión distinta (ver prueba adjunta)…” Solicitan que se declare sin lugar el recurso planteado.

 5.- Informa adicionalmente, bajo gravedad de juramento, Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Alajuela, lo siguiente: “... Con respecto a lo solicitado por la Sala Constitucional, en el entendido de que: ‘(…) Además, la autoridad recurrida deberá informar si el correo electrónico al cual la parte recurrente remitió la gestión o denuncia está previsto como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios (…)’, es de importancia mencionar que, los correos electrónicos no son un mecanismo oficial para la recepción de gestiones de usuarios, en razón de que, no es el medio oficial que tiene la municipalidad para recibir este tipo de solicitudes o inquietudes. Pues en primera instancia, la Municipalidad cuenta con el Subproceso de Sistema Integrado de Servicio al Cliente, que es la dependencia encargada de recibir toda la documentación institucional, y distribuirla a las dependencias respectivas, o, en caso de querer realizar su trámite desde su casa de habitación, se cuenta con un portal web institucional oficial, donde cada uno de los usuarios debe de registrarse en el portal municipal y plantear la solicitud o el trámite que requieran, todo ello, no sólo para mejorar el servicio que presta la institución, sino ante la pandemia COVID desatada desde años anteriores. En ese sitio oficial, los usuarios pueden canalizar sus solicitudes al departamento correspondiente, para evitar atrasos en las respuestas, y que sus consultas se direccionen a las dependencias debidas y a los correos oficiales. Así mismo, le otorga un número de trámite a la gestión que permite darle trazabilidad de su estado. Remitimos respetuosamente al portal www.munialajuela.go.cr donde puede encontrarse la información referida. Y es que, en el año del 2019 y 2020, se eliminó de la página de la Municipalidad el correo de la Alcaldía por que éste se saturaba y no se brindaba un servicio rápido y eficaz al munícipe, y es por ello, que, en este momento, todas las quejas o inquietudes deben de ser dirigidas a dicho portal de tramites cuando se tramiten de manera virtual. Aunado a ello, se cuenta también con la Contraloría de Servicios para que se tramiten de forma correcta y conforme a derecho. Los correos institucionales son utilizados para remitir o recibir información de forma interna en la Institución, pues como ya se indicó, para los contribuyentes, se ha facilitado de forma expedita los mecanismos de remisión de documentos, quejas o solicitudes por medio del sitio web…”.

 6.- Manifiesta Nombre02, lo siguiente: ““... De la lectura del informe y el aporte de prueba presentado por el Ministerio de Salud, queda demostrado que: Respecto a la denuncia por disposición ilegal de residuos en el lugar (cuerpo de agua y alcantarilla pluvial), dicho Ministerio tan sólo envió una carta al Alcalde de Alajuela para solicitar una visita conjunta, luego de constatar que en el sitio efectivamente hay contaminación con residuos sólidos; pero no han emprendido acciones concretas con el fin de proteger el sitio de nuevas contaminaciones y el restablecimiento del estado original del cuerpo de agua y alcantarilla pluvial; mucho menos se han diligenciado las acciones legales procedentes de conformidad con la Ley para la Gestión Integral de Residuos vigente. El propio Ministerio indica que aún no ha recibido respuesta por parte de la Municipalidad. Por otro lado, efectivamente dicho Ministerio ha emitido una orden sanitaria y su consecuente clausura al establecimiento por no contar con el permiso sanitario respectivo, pero este es tan sólo uno de los hechos denunciados. El hecho más relevante que aún no ha sido resuelto es el referente a la contaminación con residuos sólidos. De la prueba aportada por esta entidad, se corrobora principalmente que: Mediante informe técnico contenido en el oficio MS-DRR-SCN-DARSA1-IT-0269-2025, elaborado por la Ing. Ariel Alfaro Marchena, mismo que se ubica en el folio 0033 del expediente administrativo (página 33 del documento aportado al expediente judicial el 01/04/25 a las 17:36: 15 horas) se concluyó entre otros que: 'conclusiones: se evidencia desde la propiedad de la denunciante que hay residuos solidos (sic) (latas, llantas, plásticos, escombros) alrededor de la alcantarilla de aguas pluviales y aparente cuerpo de agua, provenientes de la propiedad del señor Nombre03…' (...) Este informe comprueba que sí existe contaminación con residuos de diversa índole sobre el cuerpo de agua y alcantarilla municipal. 2. Informe y prueba del Ministerio de Ambiente y Energía: Dicho Ministerio se limita a indicar en su informe que le trasladó la denuncia a la Municipalidad de Alajuela el 15 de enero de 2025 y le solicitó investigar y proceder de conformidad con la legislación vigente. Indica el informe lo siguiente: ‘Sobre este hecho manifiesta esta Contraloría Ambiental, que mediante el oficio del día 15 de enero del 2025, de esta Contraloría N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049, el cual se adjunta como prueba, se remitió a la Municipalidad de Alajuela el caso, para su correcta atención, no obstante, esta Contraloría señala que, a la fecha de emisión de este Informe, en el sistema en seguimiento de denuncia no figura un oficio de respuesta de la municipalidad ante la solicitud de la Contraloría ambiental.’ (CA-URID-2025-002-SITADA-52049). (…) Cabe recalcar que a la fecha se han cumplido 59 días hábiles sin que la Municipalidad haya emitido el informe que le ha solicitado dicho Ministerio, pero tampoco consta que éste haya realizado alguna gestión administrativa por su cuenta para verificar los hechos denunciados y entablar las acciones legales correspondientes, como ente rector en la materia de conformidad con las competencias que su ley orgánica y la Ley General de la Administración Pública le confieren. 3. Informe y prueba de la Municipalidad de Alajuela: Del informe y la documentación aportada por la Municipalidad de Alajuela, queda documentado un acopio de oficios internos sin contenido relevante ni fundamentación técnica y jurídica, los cuales circulan de un departamento a otro, pero que no abordan ni resuelven la problemática de contaminación e invasión a obra pública (alcantarilla) y cuerpo de agua. La propia Municipalidad demuestra en sus atestados que tiene conocimiento de la problemática desde hace 5 años atrás, cuando inició un aumento de la contaminación en el sitio. Queda demostrado también que tienen sobreabundancia de departamentos y funcionarios, pero carecen de capacidad para resolver la problemática denunciada, en detrimento de los derechos fundamentales de los administrados. De la prueba aportada por la Municipalidad, resalta principalmente la siguiente: Oficio MA-SOIP-251-2019 del 21 de mayo de 2019, elaborado por el Ing. Alfonso Miranda Pérez (rola en las páginas 183-185 del documento electrónico aportado al expediente judicial el 07/04/2025, de las 13:34:21 horas): En dicho informe el funcionario de la Municipalidad reconoce que ‘… de acuerdo con la inspección realizada en el distrito de Sabanilla …, se determinó lo siguiente: En dicho lugar se observó una especie de rivera sin embargo en el momento de la inspección se encontraba seca. Dicho cauce se nota que está siendo rellenado con tierra y escombro, pero no se puede determinar quién o quiénes realizan esta actividad’. Se adjuntaron fotografías. (…) Es importante este informe, pues es de los de mayor data en el que se reconoce la existencia de un cuerpo de agua por parte de un funcionario municipal y advierte que está siendo contaminado. Desde entonces la Municipalidad no hizo nada; no obstante, para el año 2021 (dos años después de emitido ese informe de inspección) la Municipalidad construyó en el sitio una alcantarilla pluvial, hoy invadida, contaminada y obstruida por la llantera; pero curiosamente los funcionarios municipales parece que han olvidado los antecedentes de la problemática denunciada y tampoco verifican el estado actual de dicha alcantarilla, construida con recursos públicos sobre el cuerpo de agua para encausar las aguas pluviales de la comunidad. Resalta también el oficio MASGA-011-2025, del 13 de enero de 2025, el cual se ubica en la página 190 del documento electrónico aportado al expediente judicial el 07/04/2025, de las 13:34:21 horas. Este oficio lo dirige la gestora ambiental al gestor de alcantarillado pluvial y le indica entre otros que: ‘realizada una visita preliminar al lugar el día 08/01/2025 se observó que existe construcción… y en dicho sector lo que se registra es un canal recolector de aguas pluviales, señalado que se trata de un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público’. (…) Es decir, con dicha inspección parcialmente realizada por la gestora ambiental el presente año, en la que curiosamente no hace referencia a la contaminación existente en el lugar, al menos sí señala la existencia de una construcción sobre el cuerpo de agua, tan es así que le remite el oficio al gestor de alcantarillado pluvial, pues ya para este momento la alcantarilla pluvial está obstruida por completo con todo tipo de residuos. Sin embargo, más allá de remitir el oficio al gestor de alcantarillado pluvial, no se denota un interés por resolver la problemática de contaminación denunciada, por el contrario, paradójicamente es insistente en señalar que este departamento (que debe velar por la protección al ambiente) no es competente sobre los hechos denunciados. También resaltan dos oficios más del departamento de gestión ambiental, que demuestran un desinterés manifiesto en abordar y resolver la problemática de contaminación denunciada: En primer lugar, el oficio MA-SGA-163 del 24 de febrero de 2025, en el que reconoce parcialmente la problemática de contaminación al indicar lo siguiente: ‘Dado que durante una visita de seguimiento efectuada al lugar fue posible apreciar que en el sitio se ha llevado a cabo la recepción de tierra, por parte de este subproceso se procederá con el apercibimiento de los propietarios registrales del inmueble plano …, indicándoles que no es permitido depositar más material en dicho lugar…’ (…) En segundo lugar, se encuentra el oficio número MA-SGA-295-2025, del 04 de abril de 2025 (para fines de contestar el recurso de amparo), que se ubica en la página 177 del documento electrónico aportado al expediente judicial el 07/04/2025, de las 13:34:21 horas, el cual contiene una especie de excusa para justificar el incumplimiento de dicho departamento, al no llevar a cabo una gestión de las más básicas que le competen. Señala dicho oficio: ‘…Mediante inspección se constató que en el sitio también se ha llevado a cabo la recepción de tierra vegetal. Por tal motivo y en el marco de las competencias… correspondería la emisión del acta de apercibimiento por depósitos ilegales de tierra…Sin embargo, dicha medida no puede ser ejecutada, ya que el predio no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo que no es posible identificar a los propietarios registrales que deberían ser notificados…’ (…) Asombrosamente y pese a la presencia de un poseedor que opera el establecimiento públicamente y de manera ilegítima, el cual fue particularmente denunciado por actos de contaminación por los suscritos recurrentes, sobre lo cual se les ha brindado prueba abundante a los funcionarios, resulta que ahora les parece muy ‘difícil’ poder notificarle. En resumen, demuestran que no han llevado a cabo ninguna gestión administrativa de relevancia, ni siquiera demuestran un intento fallido. Otra prueba que resalta es el informe de inspección realizado por el funcionario Luis Murillo Cambronero, del día 08 de enero de 2025, mismo que consta en la página 215 del documento electrónico aportado al expediente judicial el 07/04/2025, de las 13:34:21 horas, en el que indica: ‘Realizada la inspección al lugar se observa que en el lugar existe construido un techo el cual al parecer es utilizado como negocio. Se realizó la consulta a la página del Sinigirh y se indica que es un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público, debido a lo anterior se recomienda trasladar a la actividad de alcantarillado pluvial para que tomen las medidas necesarias para evitar la obstrucción de la alcantarilla.’ (…) Este informe de inspección aportado por la propia Municipalidad tiene suma relevancia y logra demostrar la problemática denunciada y no resuelta. Es decir, se reconoce que existe un cuerpo de agua (si es domino público o privado para estos efectos); se reconoce también que hay una construcción sobre dicho cauce y que se deben tomar medidas para evitar la obstrucción de la alcantarilla (obra pública invadida), generando -junto con la denuncia inicial y la prueba aportada- el registro de que sí existe obstrucción y un riesgo al sistema de alcantarillado, situación que prefiere no reconocer el gestor de alcantarillado pluvial, cuando osa indicar que ‘no existe tal registro de problema a la obra pública.’ Se extraña en la prueba aportada, que haya existido una orden de mayor jerarquía que ordene a los funcionarios inspeccionar correctamente el lugar de la contaminación, siendo lo correcto inspeccionar el sitio donde se encuentra la alcantarilla y el cuerpo de agua propiamente dichos; pues al parecer las visitas que se han realizado no han sido exhaustivas y más bien verifican sitios que no son lo que presentan la problemática denunciada, a pesar de que se le ha brindado abundante prueba (fotografías y videos) y se les ha ofrecido ingresar a nuestra propiedad para verificar desde acá la contaminación. Han venido a inspeccionar otros lugares como la vía pública y el establecimiento que opera al margen de la ley, pero no han querido ensuciarse un poco los zapatos para adentrarse en el cuerpo de agua y la alcantarilla, han preferido ver hacia otro lado. Otra prueba aportada por la Municipalidad que resulta muy oportuna para reforzar la tesis de negligencia y desinterés total por atender y resolver la problemática denunciada de manera responsable es el oficio MA-PPCI-0271-2025, del 03 de abril de 2025, el cual consta en la página 247 del documento electrónico aportado al expediente judicial el 07/04/2025, de las 13:34:21 horas. Este oficio es remitido por el funcionario Roy Delgado Alpízar del departamento de planeamiento y construcción de infraestructura, quien se dirige a la funcionaria María José Brenes Lizano, abogada de la institución, con motivo del informe que ésta le solicita producto del recurso de amparo interpuesto. El funcionario Roy Delgado manifiesta en la última y única página relevante de su informe lo siguiente: ‘para dar respuesta a dicho trámite y un mejor resolver se envía oficio MA-PPCI-0117-2025 a la actividad de alcantarillado pluvial, en el cual se solicita al Ing. Lawrence Chacón Soto que se le agradece coordinar una inspección al sitio y brindar un informe de respuesta a las solicitudes de los vecinos con copia a la Alcaldía y a esta dirección… Dicha respuesta o informe a la fecha no ha sido recibida en esta Dirección, por lo que se enviará un recordatorio a fin de obtener el insumo requerido para la solución de esta problemática’. (…) Es hasta que se le requiere dar respuesta al recurso de amparo que dicho funcionario se pronuncia para decir que enviará un recordatorio a otro departamento. Lo que pone en evidencia una vez más que las inspecciones correctas por parte de los funcionarios correctos no se han realizado. Conclusión: Los informes y pruebas aportados por los Ministerios señalados y por la Municipalidad de Alajuela sólo confirman las denuncias por contaminación planteadas ante sus despachos, sin que exista un abordaje responsable y una solución oportuna a la problemática, con lo cual se comprueba la lesión a los derechos fundamentales y constitucionales a la salud, la vida y a un ambiente sano, producto de la negligencia y desinterés de las diferentes competencias administrativas, que no son argumentos ‘subjetivos’ como ha señalado la corporación Municipal, sino hechos demostrados inclusive por las propias administraciones con la prueba que aportan. En lo que respecta al Ministerio de Salud, queda claro que sólo se ha limitado a atender la denuncia por operación de un establecimiento sin permiso sanitario de funcionamiento, pero respecto a la denuncia por contaminación con residuos no han emprendido acciones concretas con el fin de dar solución oportuna. Por su parte, en referencia al informe del Ministerio de Ambiente y Energía, consideramos -con el respeto que se merecen los honorables magistrados de nuestra Sala Constitucional- que brindar ese tipo de ‘respuestas’ o no contestar nada sería prácticamente lo mismo. Es un hecho palpable que no han hecho más que ‘pasar el balón a otro jugador’ como hemos venido advirtiendo. Por su parte, en referencia al informe de la Municipalidad de Alajuela, claro está que existe negligencia de parte de los funcionarios responsables y faltas a sus deberes. No esperamos de dicha corporación que ‘conteste a favor de nadie’, como tendenciosamente señalaron, sino que atiendan y resuelvan hechos objetivos que se han comunicado mediante el mecanismo de la denuncia y que justifiquen técnica y jurídicamente sus decisiones, sólo de esa manera se puede garantizar el resguardo de los fines públicos que persiguen y el respeto a los derechos humanos y constitucionales de los munícipes. El recurso de amparo versa sobre la lesión que se ha generado a los derechos a la salud, la vida y la protección al ambiente; suscitado por la falta de interés y de acciones concretas por parte de las autoridades competentes para atender y solucionar la problemática denunciada. Aquí no se ha cuestionado que la Municipalidad no brinda respuestas, visto está que contestar es un acto que cualquiera realiza; lo medular aquí es que la Municipalidad no cumple con sus obligaciones, es negligente y omisa en sus deberes de proteger el medioambiente y la obra pública, lesionando con ello nuestros derechos humanos y constitucionales. Como muestra de lo anterior, la evidencia aportada demuestra que los funcionarios de la Municipalidad tienen por costumbre solicitarse unos a otros la rendición de informes; pero no tienen la capacidad de coordinar y resolver de manera conjunta el problema de fondo. Actuar de conformidad con las competencias de la propia Municipalidad no equivale a dedicarse a enviar oficios machoteros que ‘rebotan’ de un lado a otro, es resolver contundentemente el problema denunciado y trabajar de manera coordinada y diligente con el resto de las autoridades competentes. Es deplorable además que una Municipalidad al contestar un recurso de amparo señale y ataque al ciudadano que solo busca ser respetado en sus derechos fundamentales. No es por gusto que hemos tenido que acudir a esta honorable Sala Constitucional, es precisamente porque las autoridades competentes no han querido hacer su trabajo y cumplir con sus responsabilidades, lo que ha lesionado los derechos constitucionales no únicamente nuestros, sino de todos los ciudadanos del distrito, del cantón y del país; no nos motiva un interés exclusivamente particular, sino el deber y el privilegio que tenemos como ciudadanos responsables y merecedores de nuestros derechos. Tampoco los suscritos recurrentes hemos acudido a la Sala con el fin de desvirtuar algún tipo de  información, como tendenciosamente lo ha dicho la Municipalidad, por el contrario, pretendemos de buena fe demostrar la verdad real de los hechos, con la prueba aportada por nosotros mismos y por las propias administraciones, con el fin de proteger los derechos que nos asisten como seres humanos, frente a las insolencias manifiestas y al incumplimiento de los deberes y responsabilidades que hasta el día de hoy hemos tenido que soportar de parte de las autoridades. Continúan hasta la fecha a vista y paciencia de las administraciones competentes las acciones de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla municipal, vulnerando los derechos humanos y constitucionales de los habitantes. Mientras tanto aquí seguimos los ciudadanos comunes esperando soluciones…”. 

 7.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

 Considerando:

 I.- DE PREVIO. Vistos los alegatos de la parte recurrente, se le advierte que la finalidad del amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, y su procedencia, en general, está condicionada, no sólo a que se acredite la existencia de una violación —o amenaza de ésta— a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a que el agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de aquellos derechos. Por consiguiente, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad. De esta suerte, por la vía del amparo, la Sala Constitucional no puede hacer las veces de instancia de alzada para enmendar lo resuelto en relación con denuncias en materia ambiental o de salubridad pública, puesto que ello no solamente haría necesario efectuar probanzas complicadas, incompatibles con la naturaleza sumaria de esta sede, o sopesar la aplicación de normas de rango infraconstitucional, sino también sustituir directamente la voluntad administrativa y suplantar a los despachos públicos en la gestión de los asuntos de su competencia.

 En virtud de lo anterior, la Sala le hace ver a los recurrentes que no es posible determinar, en esta vía sumaria, si los oficios MA-SGA-013-2025 y MA SGA-188-2025, suscritos por Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, y N° MA-AAP-0085-2025, firmado por el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, y MA-ADM276-2025, en el que se señaló que “…realizada la inspección se verificó en el sitio que la propiedad no incumple con los incisos que competen a la actividad de deberes de los munícipes frente a calle pública…”, se ajustan o no a una adecuada valoración de los hechos y una correcta aplicación de la normativa legal vigente, ni tampoco definir si el cuerpo de agua que interesa es o no un canal recolector de aguas pluviales que no forma parte del dominio público, o establecer si lleva o no razón el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, al concluir que el asunto de contaminación ambiental escapa de sus competencias y debe ser trasladado a otro departamento. Nótese que aunque los accionantes estiman que no se les dio “una respuesta a las interrogantes planteadas”, lo que en realidad exponen es una disconformidad con lo resuelto porque juzgan que no soluciona la problemática planteada. En consecuencia, todos estos son extremos propios de la legalidad ordinaria —ya que no se relacionan directamente con una eventual vulneración de algún derecho fundamental—, así que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional, y esta Sala no conocerá de ellos.

 Establecido lo anterior, en el sub judice, el reclamo de los accionantes se debe a la supuesta falta de respuesta a una serie de denuncias en materia ambiental, todo lo cual, de ser cierto, podría configurar una lesión al derecho a gozar de una justicia administrativa pronta y cumplida. Por lo tanto, antes de analizar el fondo del presente asunto por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido, debe aclararse que, a partir de la sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa —con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos, pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o por las leyes sectoriales relativas a los procedimientos administrativos especiales, tanto para resolver por acto final un procedimiento administrativo —instruido de oficio o a instancia de parte— como para conocer de los recursos administrativos procedentes. Ahora bien, en este caso se plantea, justamente, un supuesto de excepción, pues se está ante denuncias, supuestamente, sin resolver, planteadas en relación con una problemática propia de la materia ambiental que incide en la salubridad pública. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.

 II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes alegan haber interpuesto ante los Departamentos de Alcantarillado Pluvial, Gestión Ambiental y Construcción de Infraestructura, todos de la Municipalidad de Alajuela, una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja. Aseveran haber quedado inconformes con las respuestas recibidas de parte de la señora Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, y el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, por juzgarlas carentes de fundamento legal y de aportes técnicos, así que presentaron los escritos consignados con los números de trámites N° 0024331-2025 y N° 0017709-2025, en los cuales les solicitaron a dichos funcionarios atender y dar respuesta de manera completa a todos los hechos denunciados y responder cuestiones relacionadas a sus oficios. No obstante, a la fecha no han recibido ninguna contestación al respecto, así como tampoco se ha llevado a cabo una intervención o abordaje en el sitio por parte de esos funcionarios —o cualquiera otra dependencia municipal— con el afán de resolver el problema de contaminación y obstrucción de la alcantarilla pluvial. Agregan que la problemática de contaminación aludida también fue denunciada ante la Contraloría Ambiental del MINAE (Denuncia N° 52049-2025), el día 14 de enero de 2025, sin que hasta la fecha se haya puesto en conocimiento a la parte denunciante sobre las acciones emprendidas por dicha autoridad. Además, el 26 de febrero de 2025 plantearon denuncia sanitaria ante el Ministerio de Salud, Área Rectora de Alajuela, en la cual, además de señalar algunos asuntos relativos a la actividad comercial irregular que se lleva a cabo en el área de la alcantarilla invadida, en la que se realizó una especie de relleno improvisado con gran parte de residuos y tierra depositados en el sitio, se indicó y explicó en el punto número tres de actividad denunciada la situación de “...contaminación ambiental y asuntos relacionados con el control de vectores por mal manejo de residuos sólidos, producto de la actividad desarrollada y de actividades particulares del denunciado”. Posteriormente, por medio del oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, la ingeniera Ariel Alfaro Marchena, de Regulación de la Salud, no se refirió sobre la problemática de contaminación al cuerpo de agua, por lo que se le remitió una misiva el 03 de marzo de 2025 bajo el número NT:9639-2025 en la que se le solicitaron aclaraciones, se le brindaron mayores pruebas y se le pidió tomar las acciones específicas basadas en la legislación para evitar una mayor afectación a la salud y el medioambiente. A raíz de los cuestionamientos planteados a la Ing. Nombre03, ésta realizó una nueva visita el día 14 de marzo de 2025 y pudo apreciar personalmente desde la propiedad de los recurrentes la problemática de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla pluvial. No obstante, a la fecha de interposición del recurso no se conocían acciones concretas tendientes a resolver la problemática de contaminación en el cuerpo de agua y alcantarilla indicados. 

 III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA:

1) En el Sub Proceso Sistema Integrado - Servicio al Cliente de la Municipalidad de Alajuela se recibió, el 06 de enero de 2025, una denuncia por una invasión de obra pública (alcantarilla) y contaminación de cauce de aguas pluviales en Sabanilla, 400m este de la Cruz Roja, calle camino a Tacacorí (trámite N° 0112-2025) (ver informes y prueba que obra en autos).

2) A raíz de ello, se envió el oficio MA-PPCI-0117-2025 a la Actividad de Alcantarillado Pluvial, a fin de solicitarle al Ing. Lawrence Chacón Soto coordinar una inspección al sitio y brindar un informe de respuesta a las solicitudes de los vecinos (informes).

3) El 13 de enero de 2025, por oficio N° MA-SGA-013-2025, la  coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Alajuela, concluyó que el “...tema particular se encuentra fuera de las competencias de esta dependencia, por lo que el caso se trasladó al Ing. Lawrence Chacón coordinador de la actividad de alcantarillado pluvial a través del oficio No. MA-SGA-011-2025” (hecho no controvertido, ver prueba).

4) Asimismo, el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial de la Municipalidad de Alajuela, por medio del oficio N° MA-AAP-0085-2025 del 28 de enero de 2025, notificado a los denunciantes el 10 de marzo de 2025, indicó lo siguiente: “…Con relación al trámite de referencia, mediante indica (sic) nos reporta la situación que se presenta el sector de Sabanilla, aproximadamente 400m este de la Cruz Roja, debo indicar que en el sitio no se tiene registro por un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial, y considerando lo atípico de la estación lluviosa, habiéndose presentado lluvias en los meses de diciembre y enero, se puede inferir que el desagüe que nos describe funciona adecuadamente. Asimismo, debo señalar que el desagüe pluvial que usted apunta no corresponde a un cauce natural. Además, en tanto se mantenga en funcionamiento el desagüe, se conserva activo este sistema y no se violente (sic) el servicio de alcantarillado pluvial, por parte de nuestro departamento no se encuentra motivo para general alguna notificación...” (hecho no controvertido, ver prueba).

5) Sin embargo, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, coordinadora de Gestión Ambiental, recomendó valorar la situación relacionada con un eventual acopio ilegal de residuos, así que se procedió a confeccionar el oficio N° MA-A-536-2025 de fecha 10 de febrero de 2025, el cual fue enviado a los funcionarios Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, coordinador Subproceso de Servicios Ambientales, y  el Ing. Andrés Salas Vargas, coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para su atención conforme a la normativa vigente. Asimismo, en cuanto al depósito ilegal de tierra, la Licda. Bermúdez Fajas informó que se procedería a hacer un apercibimiento a los propietarios de la finca por medio del Acta N° 448-2025 (informes y prueba).

6) Mediante oficio MA-A-536-2025 del 10 de febrero de 2025, suscrito por el director de Despacho de la Alcaldía Municipal, se remitió copia del oficio MA-SGA-94-2025 de Gestión Ambiental referente al trámite N° 121-2025 presentado por el señor Nombre01 —denuncia: Invasión de Obra Pública (alcantarilla) y contaminación de cauce de aguas pluviales, Sabanilla, 00 metros este de la Cruz Roja, calle que va a Tacacorí—, mediante el cual la Licda. Karen Bermúdez Fallas indicó que debía “…valorarse la aplicación de los establecido en el Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el cantón Alajuela” (informes y prueba que obra en autos).

7) Mediante inspección se constató que en el sitio también se ha llevado a cabo la recepción de tierra vegetal. Por tal motivo, se informó que, en el marco de las competencias del Subproceso de Gestión Ambiental, correspondería la emisión del acta de apercibimiento por depósitos ilegales de tierra Nº 448-2025. No obstante, dicha medida no podía ser ejecutada, ya que el predio no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad, por lo que no es posible identificar a los propietarios registrales que deberían ser notificados por la municipalidad (informes).

8)  Los recurrentes presentaron entonces el trámite N° 0017709-2025, el 17 de febrero de 2025, dirigido a la Licda. Karen Bermúdez Fallas, coordinadora Subproceso de Gestión Ambiental, en el que, refiriéndose al oficio N° MA-SGA-013-2025, solicitaron lo siguiente: “1. Indica dicho oficio en el primero de sus acápites que: 'se brindó respuesta oportuna al administrado el día 13/01/2025 a través del oficio No. MA-SGA-013-2025'. No obstante, los suscritos no hemos recibido la notificación formal de tal oficio y desconocemos el contenido de este, por lo que dicha respuesta en realidad no ha sido entregada de manera oportuna como se menciona. 2. En el segundo apartado se menciona que este particular tema se encuentra fuera de las competencias del subproceso que usted coordina y que se informó al administrado sobre el rumbo que la gestión había lomado. Sobre este particular, solicitamos que se nos comunique formalmente dicha decisión y se expongan las razones técnicas y el fundamento jurídico por el cual se concluye que este tema 'escapa de las competencias del subproceso de gestión ambiental'; lo anterior, por cuanto la denuncia y la prueba aportada demuestra que en la zona de contaminación no sólo existe un acopio de tierra (como se indica en el oficio de marras), éste es tan sólo uno de los residuos que se han depositado en el lugar, existiendo también contaminación por llantas, latas, escombros, partes de electrodomésticos v carrocerías, entre otros; muchos de los cuales se encuentran cubiertos por las toneladas de tierra que se han depositado en el lugar, pero también se puede apreciar visiblemente en una correcta inspección en la zona. 3. Menciona el oficio señalado que, luego de hacer la consulta al sistema de información del MINAE, se concluye que en la zona lo que existe es un canal recolector de aguas pluviales y que por lo tanto no tiene amparo de la Ley de Aguas y Ley Forestal en cuanto a los retiros de protección. No obstante, no menciona el oficio cuál es el rol que asume su dependencia en materia de contaminación en términos generales; se desconoce la forma en que se llevó a cabo la inspección o visita en la zona, pues si se realiza correctamente, se puede determinar que las aguas que discurren por dicho 'canal' no desaparecen por 'evaporación' o 'infiltración', las mismas son dirigidas metros más abajo al río Tambor, arrastrando con el afluente toda la contaminación que constantemente se lanza a dicho canal. Se le invita a visitar nuestra propiedad y desde acá hacer una visualización -al menos parcial- del recorrido de dichas aguas, así como de la contaminación que poco a poco está siendo arrastrada hasta el río, sin qué decir si se hace el recorrido completo de dicho canal como corresponde. 4. Se extraña en dicho oficio la toma de medidas legales contundentes, amparadas en la legislación aplicable dentro de las competencias que, por cuestión lógica, forman parte de una dependencia encargada de velar por la gestión ambiental en el sentido amplio del término. Si bien es cierto, otras dependencias de la Municipalidad tienen injerencia en la solución de esta problemática, de manera integral y coordinada se deben tomar las medidas correspondientes a fin de ponerle fin y, sobre todo, aplicar medidas concretas que garanticen regresar al estado natural la zona de contaminación; no es únicamente prevenir al infractor para que se abstenga de seguir incumpliendo la ley, sino de procurar que se reponga a su estado natural la zona, retirando toda la contaminación ('relleno') o bien que esto sea realizado por la propia Municipalidad como responsable de garantizar que estos actos no ocurran en el Cantón. Solicitamos por favor tomar las medidas correctas con base en la legislación aplicable; así como dar respuesta a las interrogantes planteadas en esa misiva en el plazo que establece la Ley” (ver prueba).

9) Por oficio MA-ADM-190-2025, en respuesta al oficio MA-A-536-2025 denuncia 121-2025 y MA-ADM-275-2025 en respuesta de trámite 23631-2025, emitidos por la Actividad de Deberes de los Munícipes, con conocimiento a la Alcaldía Municipal, Gestión Ambiental y Servicios Ambientales, se informó al denunciante que el día 24 de febrero del 2025 se procedió a realizar inspección al sitio, para verificar el cumplimiento del artículo 84 del Código Municipal y Reglamento en mención frente calle pública, debido a que los funcionarios de Deberes de los Municipes, no pueden ingresar a propiedades privadas (informes).

10) Por medio del oficio N° MA-SSA-005-2025, el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, coordinador de Servicios Ambientales, informó que no se evidenciaba la disposición de residuos ordinarios en el sitio y adjuntó la correspondiente fotografía (informes).

11) Igualmente, la Licda. Bermúdez Fallas confeccionó el oficio N° MA-SGA-163-2025 en el cual reiteró lo anotado. Ambos documentos fueron enviados al Ing. Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, por medio del oficio N° MA-A-884-2025 para su valoración  (informes).

12) En atención al trámite N° “0017790-SISC-2025” (sic) (N° 0017709-2025), por oficio N° MA-SGA-188-2025 del 3 de marzo de 2025, suscrito por la Licda.  Karen Bermúdez Fallas, coordinadora Subproceso de Gestión Ambiental y dirigido a los recurrentes, se les hizo ver que la actividad de Alcantarillado Pluvial le había dado respuesta final a su caso por medio del oficio MA-AAP-0168-2025, según el cual, por medio del oficio N° MA-AAP-085-2025 del 28 de enero 2025, ya se les había indicado lo siguiente: “…en el sitio no se tiene registro por un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial, y considerando lo atípico de la estación lluviosa, habiéndose presentado lluvias en los meses de diciembre y enero, se puede inferir que el desagüe que nos describe funciona adecuadamente...”. Asimismo, se le hizo saber a la parte denunciante que las competencias de cada dependencia municipal son específicas y están definidas en procedimientos institucionales, así que si un subproceso recibe una denuncia ajena a sus competencias, debe canalizarla a las oficinas o instituciones con injerencia en la materia, tal y como se le indicó en esa oportunidad. Según revisión en el Sistema nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico de la Dirección de Aguas del IMAE, en dicho sector se registra únicamente, un canal recolector de aguas pluviales, señalando que se trata de un cuerpo de agua que no se corresponde con el dominio público y los pronunciamientos emitidos por dicha entidad tienen fundamento jurídico en la Ley de Aguas, el Código de Minería, el Decreto N° 35669-MINAET, el Decreto N° 36437- MINAET y la Ley General de la Administración Pública. Al no tratarse de un cuerpo de agua de dominio público, no tiene establecido áreas de protección o retiros, como se indica en la Ley Forestal y la Ley de Aguas. La inspección en el lugar se realizó desde la vía pública, puesto que el Gobierno Local no tiene atribuciones para ingresar a una propiedad privada sin autorización (ver prueba).

13) El 12 de marzo de 2025, los recurrentes presentaron el Trámite N° 0024331-2025, dirigido al Ing. Lawrence Chacón Soto, en el cual indicaron lo siguiente: “En atención al oficio No. MA-AAP-0085-2025, referencia No. 117-2025, debido a que no contesta conforme a derecho la denuncia referida, me permito solicitarle las siguientes aclaraciones para comprender bien su trabajo: 1. ¿A qué se refiere con que en 'el sitio no se tiene registro de un inadecuado funcionamiento pluvial'? Favor especificar si realzaron las inspecciones pertinentes y si pudieron o no constatar el estado real de las cosas. 2. Aclarar ¿por qué la denuncia presentada mediante trámite 117 -2025 no es considerada como un registro, alerta, noticia o comunicación formal de un inadecuado funcionamiento del sistema pluvial? 3. Aclarar ¿a qué se refiere con que 'se puede inferir' que el 'desagüe' funciona adecuadamente? ¿inferir es igual a corroborar o verificar? 4. Al señalar que el 'cauce no es natural' ¿podría indicarnos quién lo 'construyó' desde sus orígenes hasta desembocar en el río Tambor? 5. Señala usted 'que mientras no se violente el sistema de alcantarilladlo pluvial y se conserve activo el servicio no encuentra motivo para generar ninguna notificación'. Bajo esta premisa, los hechos denunciados (invasión a la alcantarilla, alteración a la misma, obstrucción de salida del agua, contaminación con residuos) fueron descartados en su totalidad -seguramente luego de realizar la inspección respectiva- por lo que se le solicita indicar los motivos y la fundamentación que están omisos en su respuesta. 6. Se le solicita aportar las fotografías de la inspección realizada por su departamento y el informe respectivo que señale fecha y hora en que se llevó a cabo. 7. Para facilitarle el trabajo, se adjunta a la presente como anexo uno, nuevamente algunas fotografías con sus respectivas descripciones. Agradecemos nos indique ¿qué observa? ¿todo lo ve bien? 8. Se le solicita brindar una copia completa del expediente del proyecto de construcción de la alcantarilla de marras, llevado a cabo entre el año 2020 - 2021. En el que se detalle la obra realizada y el costo de la misma. Solicito con el debido respeto, se nos brinde respuesta a tas interrogantes indicadas, pues tienen relación con las obligaciones que debieron ser verificadas y constatadas al recibir la denuncia. No omito recordarte que la respuesta que se nos brinde, relativa a las decisiones administrativas tomadas, debe contar con los fundamentos técnicos y legales, así como  la motivación respectiva de conformidad con la Ley General de la Administración Pública” (ver prueba).

14) Por medio del  oficio N° MA-A-1171-2025 con fecha 19 de marzo de 2025, la Alcaldía a procedió a remitir al Sr. Nombre01 copia de los oficios N° MA-AAP-324-2025 por parte del Ing. Chacón Soto y N° MA-SGA-163-2025 por parte de la Licda. Bermúdez Fallas. Al respecto, se informa que el Ing. Chacón Soto reiteró que el cauce señalado no corresponde al dominio público y que tampoco hay una afectación al servicio pluvial en la zona, ni al desagüe, información que fue corroborada por la Licda. Bermúdez Fallas en el oficio N° MA-SGA-163-2025 (informes).

15) Por oficio N° MA-ADM-312-2025 con fecha 25 de marzo de 2025, el Ing. Andrés E. Salas Vargas, coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, remitió sus respuestas al Sr. Nombre01, con respecto a las inspecciones realizadas y su resultado (informes).

16) La Alcaldia, mediante el oficio N° MA-A-1459-2025 de fecha 04 de abril de 2025, indicó lo siguiente:

“Con instrucciones del señor Alcalde, me refiero al Oficio N° MA-PSJ-0603-2025, mediante el cual comunica el recurso de amparo interpuesto por el Sr. Nombre01 y la Sra. Nombre02 (Exp. N° 25-008467-0007-CO), en los siguientes términos:

 En enero del presente año, esta Alcaldía recibió copia del Trámite N° 00121-2025, suscrito por señor Nombre01 entre otros, referente a la supuesta invasión de una obra pública (alcantarilla) y eventual contaminación de cauce de aguas pluviales en Sabanilla, exactamente 400 metros este de la Cruz Roja, conocida como “Dirección02”. Esto motivó que la confección del oficio N° MA-A-259-2025, mediante el cual este servidor solicitó al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de la Actividad de Alcantarillado Pluvial, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, Ing. Roy Delgado Alpízar, Director del Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura un informe acerca de la situación (folios 01 al 11 del expediente conformado con ocasión del presente recurso de amparo).

Como respuesta se recibió el oficio N° MA-AAP-0088-2025 con fecha 30 de enero del 2025, el cual el Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador Actividad de Alcantarillado Pluvial, indicó que dio respuesta al interesado por medio del oficio N° MA-AAP-0085-2025, el cual fue notificado por medio del Sistema de Resolución de Trámites (ver folios 12 y 13 del expediente).

Con posterioridad, la Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, remitió su respuesta a esta Alcaldía por medio del oficio N° MA-SGA-094-2025, en el cual aclaró que la denuncia del Sr. Nombre01 había ingresado por medio del Sistema Integrado de Servicio al Cliente y que ya había sido atendida, según el oficio N° MA-SGA-013-2025.

Adicionalmente, aclaró que según el Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (SINIGIRH) de la Dirección de Aguas del MINAE, se registra que el canal recolector de aguas pluviales señalado, constituye un cuerpo de agua que no corresponde al dominio público (oficio DA-UHTPCOSJ-2286-2020); por lo que no tiene amparo legal de la Ley de Aguas y la Ley Forestal en cuanto a retiros de las zonas de protección. Adicionalmente, recomendó valorar la situación de eventual acopio ilegal de residuos; por lo que procedimos a confeccionar el oficio N° MA-A-536-2025 con fecha 10 de febrero del 2025, el cual fue enviado a los funcionarios Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador Subproceso de Servicios Ambientales, e Ing. Andrés Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, para su atención conforme a la normativa vigente. Ahora bien, en cuanto al depósito ilegal de tierra, la Licda. Bermúdez Fajas informó que de procedería con el apercibimiento a los propietarios de la finca por medio del Acta N° 448-2025 (ver folios 16 a 25 del expediente).

Adicionalmente, recibimos los oficios N° MA-SSA-005-2025, en el cual el Ing. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinador de Servicios Ambientales, informó que no se evidenciaba la disposición de residuos ordinarios en el sitio y adjuntó la correspondiente fotografía. Por su parte, la Licda. Bermúdez Fallas confeccionó el oficio N° MA-SGA-163-2025 en el cual reiteró lo anotado en el párrafo anterior. Ambos documentos fueron enviados al Ing. Lawrence Chacón Soto, Coordinador de Alcantarillado Pluvial, por medio del oficio N° MA-A-884-2025 para su valoración (ver folios 26 a 28 vuelto del expediente).

Conviene anotar que por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 con fecha 19 de marzo del presente año, se procedió a remitir al Sr. Nombre01 copia de los oficios N° MA-AAP-324-2025 por parte del Ing. Chacón Soto y N° MA-SGA-163-2025 por parte de la Licda. Bermúdez Fallas. Al respecto interesa destacar que el Ing. Chacón Soto reiteró que el cauce señalado no corresponde al dominio público y que tampoco hay ninguna afectación al servicio pluvial en la zona ni al desagüe, información que fue corroborada por la Licda. Bermúdez Fallas

en el oficio N° MA-SGA-163-2025, ya citado (ver folios ___ del expediente).

Adicionalmente, recibimos copia del oficio N° MA-ADM-312-2025 con fecha 25 de marzo del 2025, mediante el cual el Ing. Andrés E. Salas Vargas, Coordinador de la Actividad de Deberes de los Munícipes, remitió sus respuestas al Sr. Nombre01, con respecto a las inspecciones realizadas y su resultado. Esto, por medio de los Oficios N° MA-ADM-190-2025, correspondiente al Trámite N° 121-2025, y N° MA-ADM-276-2025 como respuesta al Trámite N° 23631-2025 (ver folios 48 a 55 del expediente).

Por otra parte, conviene indicar que la Sra. Nombre02, remitió un correo electrónico con fecha 25 de marzo del presente año, en el cual manifestó su disconformidad con lo actuado y las respuestas recibidas por medio de nuestro oficio N° MA-A-1171-2025 e indicó que procedería a interponer la correspondiente denuncia ante la Contraloría General de la República. Ante tal situación, se dio el correspondiente acuse de recibido por medio de nuestro oficio N° MA-A-1354-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 56 a 61 del expediente).

Adicionalmente, constan las siguientes actuaciones por parte de esta Alcaldía:

 Remisión del oficio N° MA-A-1355-2025 al Sr. Walter Zavala Ortega, Contralor Ambiental, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, en respuesta al oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (ver folios 62 a 64 vuelto del expediente).

 Envío al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, del oficio N° MA-A-1356-2025, mediante el cual se adjuntó copia de los oficios N° MA-SGA-094-2025 y N° MA-SGA-163-2025 suscritos por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, atendiendo la recomendación en el sentido de que procedan conforme a la Ley General de Salud (ver folios 65 a 69 vuelto del expediente).

También, se requirió un informe al Ing. Emerson Bone Moya con respecto a la llantera mencionada por la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental, por medio del oficio N° MA-A-1357-2025 con fecha 31 de marzo del 2025 (ver folios 70 a 72 vuelto del expediente).

Finalmente, el pasado 27 de marzo del presente año, la Sra. Nombre02 envió un nuevo correo electrónico en el cual denunció que los depósitos de residuos continúan, pese a la notificación mencionada en el oficio N° MA-SGA-163-2025. Por tal razón, esta Alcaldía envió el oficio N° MA-A-1395-2025 a la Licda. Bermúdez Fallas, Coordinadora de Gestión Ambiental para su atención de acuerdo con el marco legal respectivo (ver folios 73 del expediente) y al Dr. Víctor González Jiménez, Director del Área Rectora de Salud Alajuela 1, por medio del oficio N° MA-A-1396-2025 con fecha 01 de abril, 2025.

De lo anterior se concluye que los recurrentes han sido informados debida y oportunamente en cuanto a todas las actuaciones, inspecciones y criterios técnicos por parte de las dependencias municipales competentes. Sin embargo, lo que se evidencia es una disconformidad con lo resuelto, lo cual consideramos que la vía constitucional no es la sede para discutir este tipo de conflictos.Adjunto el expediente original conformado con ocasión del presente recurso de amparo, el cual contiene 82 folios” (ver informes).

SOBRE EL MINAE.

17) El 14 de enero de 2025, la parte recurrente presentó el trámite “Denuncia N° 52049-2025” ante la Contraloría Ambiental del MINAE, alegando que en un zanjón o cauce intermitente de dominio público, había ocurrido una invasión y  una llantera operaba ilegalmente, lanzando vagonetas de residuos como llantas, carrocerías, partes de vehículos, escombros, latas, tierra, basura sobre el cauce (cuerpo de agua) y sobre la alcantarilla municipal (hecho no controvertido).

18) Por oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049 del 15 de enero de 2025, esa Contraloría le remitió a la Alcaldía Municipal de Alajuela el caso, para que se investigara la verdad real de la afectación denunciada. En dicho oficio, en cumplimiento del Dictamen de la Procuraduría General de la República C-195-2019 y, en específico, de la Directriz 011-2019, ordenada por el ministro del Ambiente, también se le solicitaba al alcalde de Alajuela remitir un informe de lo actuado y resuelto por ese Gobierno Local en un plazo máximo de 60 días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad, favorecimiento personal e incumplimiento de deberes castigados por los artículos 314, 329 y 339 del Código Penal si incumplía (informes y prueba que obra en el expediente).

19) Sin embargo, al momento de rendirse los informes, en el sistema en seguimiento de denuncia no figuraba un oficio de respuesta de la Corporación Local ante la solicitud de la Contraloría Ambiental (informes). 

 SOBRE EL MINISTERIO DE SALUD

20) El 30 de enero de 2025 ingresó en el Ministerio de Salud una denuncia sanitaria —consecutivo N°8930-2025— incoada por la recurrente Nombre02 contra Nombre03, con domicilio en Alajuela, Sabanilla, 350 metros este de la Cruz Roja, al figurar como dueño del establecimiento comercial denominado “Llantera Chucky”. La denuncia atacaba la operación de una llantera irregular a la que se acusaba de generar contaminación ambiental y riesgos a la salud y realizar una actividad comercial carente de permiso (informes y prueba que obra en autos).

21) Según acta de inspección del 14 de febrero de 2025, en esa fecha se inspeccionó el lugar denunciado (ver prueba). 

22) Por medio del Informe Técnico N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0186-2025, emitido el 26 de febrero de 2025, suscrito por la Ing. Ariel Alfaro Marchena, del Equipo de Regulación de la Salud del Área Rectora de Salud Alajuela 1, se informó de la realización de la inspección del 14 de febrero de 2025, misma que puso en evidencia que el establecimiento comercial denunciado apenas estaba tramitando los permisos municipales para el uso de suelo —que es un requisito para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento—, así que se le indicó a Nombre03 que no realizara la actividad de taller hasta tanto no obtuviera dicho permiso sanitario de funcionamiento. Asimismo, se constató que los residuos de las llantas estaban bajo techo, sin acumulación de agua, no se encontraron residuos dentro de la propiedad, constatándose que las aguas residuales de la misma cuentan con un tratamiento adecuado (drenaje) y que la acumulación de agua del inmueble es producto de las propiedades colindantes (informes y prueba que obra en autos).

23) El 14 de marzo de 2025, a las 11:43 horas, se notificó al señor Nombre03 la Orden Sanitaria N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, con plazo de cumplimiento de 05 días hábiles a partir de la notificación del acto administrativo —los cuales vencieron el 21 de marzo de 2025—, por no contar con permiso sanitario de funcionamiento para la actividad comercial de “llantera” (informes).

24) Por oficio N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, de fecha 21 de marzo de 2025, suscrito por el Dr. Ronald Mora Solano, Director a. i. y la Ing. Ariel Alfaro Marchena, del Equipo de Regulación de la Salud, ambos del Área Rectora de Salud Alajuela 1, se solicitó el apoyo correspondiente para dar seguimiento a la denuncia por contaminación del alcantarillado pluvial por residuos sólidos, toda vez que la autoridad sanitaria observó acumulación de residuos alrededor del alcantarillado antes mencionado (informes).

25)  Por escrito trámite N° 98930-2025, la denunciante alegó que la inspección no se realizó de forma completa y correcta, toda vez que no se clausuró la actividad. Añadió que la llantera había sido construida en una propiedad que no le pertenecía al denunciado y una obra pública municipal (alcantarilla). Objetaba además que no se hubiera hecho referencia al cuerpo de agua (ver prueba).

26) A raíz de ello, se realizó una visita a la propiedad de la parte denunciante, el día 14 de marzo de 2025, y  se observó una acumulación de residuos (latas-llantas-plásticos-escombros) alrededor del alcantarillado y un posible cuerpo de agua, que al parecer provenían de la propiedad del señor Nombre03 (ver oficios CARTA-MS-DRRSCN-DARSAI1-0243-2025 y CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 del 28 de marzo de 2025).

27) Ese mismo 14 de marzo de 2025, se notificó la Orden Sanitaria MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, al señor Nombre03, advirtiéndole que debía contar con el correspondiente permiso sanitario de funcionamiento para la actividad de “Llantera” en un plazo de 5 días hábiles (ver oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 del 28 de marzo de 2025).

28) Por oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSAI1-0243-2025 del 19 de marzo de 2025, suscrito por el Dr. Ronald Enrique Mora Solano, director a. i., y el Ingeniero Ariel Alfaro Marchena, Regulación de Salud,  Dirección de Área rectora de Salud Alajuela 1, se le solicitó al alcalde Alajuela prestar su apoyo para realizar una vista conjunta en seguimiento de la denuncia sanitaria presentada el 30 de enero de 2025 por la recurrente Nombre02, indicándole que el 14 de marzo de 2025 se realizó una inspección en el lugar denunciado y se observó una acumulación de residuos alrededor del alcantarillado (ver oficio respectivo).

29) El 21 de marzo de 2025, se notificó a la Municipalidad de Alajuela, mediante oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, la solicitud de acompañamiento en atención a denuncia sanitaria, indicando que se observó contaminación de residuos sólidos alrededor del alcantarillado (ver oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 del 28 de marzo de 2025).

30) En fecha 27 de marzo de 2025, según el Acta de Clausura N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0069-2025, se procedió a clausurar el establecimiento comercial de interés, por incumplimiento a la Orden Sanitaria N° MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, de fecha 14 de marzo de 2025. En consecuencia, fueron colocados sellos oficiales y se cerró el establecimiento, inhibiendo su funcionamiento (informes y oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 del 28 de marzo de 2025).

31) A esa fecha, empero, todavía se estaba a la espera de la respuesta de la Municipalidad de Alajuela oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025 (ver oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 del 28 de marzo de 2025).

 IV.- HECHOS NO PROBADOS. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:

1) Que la Contraloría Ambiental del MINAE le haya comunicado a la parte denunciante la suscripción y envío del oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049 del 15 de enero de 2025 a la Municipalidad de Alajuela.

2) Que el alcalde de Alajuela haya rendido el informe solicitado por la Contraloría Ambiental del MINAE en tiempo y forma.

3) Que la Municipalidad de Alajuela contestara el Trámite N° 0024331-202.

 V.- SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. En el sub judice, los recurrentes alegan haber interpuesto ante los Departamentos de Alcantarillado Pluvial, Gestión Ambiental y Construcción de Infraestructura, todos de la Municipalidad de Alajuela, una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja. Aseveran, igualmente, haber quedado inconformes con las respuestas recibidas de parte de la señora Karen Bermúdez Fallas, coordinadora del Subproceso de Gestión Ambiental, y el Ingeniero Lawrence Chacón Soto, coordinador de Alcantarillado Pluvial, ambos de la Municipalidad de Alajuela, por juzgarlas carentes de fundamento legal y de aportes técnicos, así que presentaron los escritos consignados con los números de trámites N° 0024331-2025 y N° 0017709-2025, en los cuales les solicitaron a dichos funcionarios atender y dar respuesta de manera completa a todos los hechos denunciados y responder cuestiones relacionadas a sus oficios. No obstante, a la fecha no han recibido ninguna contestación al respecto, así como tampoco se ha llevado a cabo una intervención o abordaje en el sitio por parte de esos funcionarios —o cualquiera otra dependencia municipal— con el afán de resolver el problema de contaminación y obstrucción de la alcantarilla pluvial.

 A este respecto, del elenco de hechos probados se colige que, aunque la Corporación Local accionada efectivamente respondió el trámite N° 0017709-2025 antes de la interposición de este recurso, no consta que se haya contestado el Trámite N° 0024331-2025, que contenía lo que, en esencia, era una solicitud de información y documentación pura y simple, en que la Administración no tenía nada que resolver. En lo demás, como lo que la parte recurrente alberga, en realidad, es una disconformidad con lo resuelto por el Gobierno Local, se reitera que no le compete a esta Sala servir de instancia de alzada para desvirtuar las distintas resoluciones que esa Corporación Local ha emanado sobre la situación denunciada, toda vez que se trata de extremos de legalidad ordinaria que deben ser dirimidos en la vía común, administrativa o jurisdiccional. De esta suerte, deberá la parte recurrente, si a bien lo tiene, plantear sus inconformidades o reclamos ante la vía de legalidad competente, sede en la cual podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

 VI.- SOBE EL MINAE. En el sub lite, los recurrentes afirman haber denunciado la problemática de contaminación ante la Contraloría Ambiental del MINAE (Denuncia N° 52049-2025), el día 14 de enero de 2025, sin que hasta la fecha de interposición de este recurso, se les hubiera puesto en conocimiento de las acciones emprendidas por dicha autoridad.

 A este respecto, del elenco de hechos probados se colige que, por oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA- 52049 del 15 de enero de 2025, esa Contraloría le remitió a la Alcaldía Municipal de Alajuela el caso, para su correcta atención. Asimismo, se solicitaba un informe de lo actuado y resuelto por ese Gobierno Local en un plazo máximo de 60 días hábiles.

 Sin embargo, se infiere que el alcalde de Alajuela no rindió el respectivo informe en tiempo y no consta en autos que la Contraloría Ambiental del MINAE le hubiera comunicado a la parte denunciante la suscripción y envío del oficio N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 del 15 de enero de 2025 a la Municipalidad de Alajuela, ni tampoco la eventual omisión en rendir informe del referido alcalde.  

 VII.- SOBRE EL MINISTERIO DE SALUD. Por último, la parte recurrente alega que, el 26 de febrero de 2025, planteó una denuncia sanitaria ante el Ministerio de Salud, Área Rectora de Alajuela. Asimismo, indica que, posteriormente, inconforme con el contenido del oficio CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, suscrito por la ingeniera Ariel Alfaro Marchena, de Regulación de la Salud, le remitió una misiva el 3 de marzo de 2025, bajo el número NT:9639-2025, para solicitar aclaraciones, brindarle mayores pruebas y pedirle tomar las acciones específicas basadas en la legislación para evitar una mayor afectación a la salud y el medioambiente. A raíz de ello, la Ing. Alfaro realizó una nueva visita al lugar, el día 14 de marzo de 2025. y pudo apreciar personalmente desde la propiedad de los recurrentes la problemática de contaminación al cuerpo de agua y alcantarilla pluvial. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, la parte accionante no conocía acciones concretas emprendidas por el Ministerio de Salud tendientes a resolver la problemática de contaminación en el cuerpo de agua y alcantarilla indicados.

 A este respecto, la Sala observa que, según el elenco de hechos probados, la denuncia que interesa ingresó al Ministerio de Salud el 30 de enero de 2025 y este amparo fue presentado el 25 de marzo de 2025. Ahora bien, en tratándose de denuncias, no existe plazo legal establecido para resolver, pero la Administración necesita llevar a cabo un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes, así que la Sala ha sostenido reiteradamente que el correspondiente quebrantamiento de los ordinales 27 y 41 constitucionales se constata al ponderar —de conformidad con la prueba que obra en autos— que la substanciación se produjo sin dilaciones indebidas (véase la sentencia Nº 2002-09041 de las 15:02 horas del 17 de setiembre de 2002), todo ello, sin perjuicio de aplicar como guía general el término previsto en el artículo 261, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, que establece que el procedimiento administrativo ordinario debe ser concluido, por acto final, dentro del plazo de dos meses posteriores a su iniciación. Así las cosas, al momento de interposición de este recurso, la autoridad recurrida aún se encontraba en plazo para resolver y comunicar el resultado de la gestión atinente, así que este extremo es prematuro.

 VIII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que la parte recurrente indica que presentó una denuncia por una invasión de obra pública —obstrucción de una alcantarilla— y contaminación de un cauce de aguas pluviales situado en el distrito de Sabanilla de Alajuela, 400 metros al este de la Cruz Roja, que no ha sido resuelta de manera definitiva y que afecta los límites de su propiedad, a saber, el inmueble matrícula de folio real .

 IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

  Se declara parcialmente CON LUGAR el recurso, únicamente contra la Municipalidad de Alajuela y el Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, o a quienes ocupen sus cargos, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le suministren a la parte recurrente la información requerida en el Trámite N° 0024331-2025. Se ordena a Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental, o a quien ocupe ese cargo, que en el término improrrogable de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación de esta resolución, le comunique a la parte accionante cuál es el estado de su gestión. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se les advierte a Roberto Hernán Thompson Chacón, en su calidad de alcalde, Karen Bermúdez Fallas, en su condición de coordinadora de la actividad de Gestión Ambiental, Lawrence Chacón Soto, en su carácter de coordinador de la actividad de Alcantarillado Pluvial, y Andrés Salas Vargas, en su condición de coordinador de la actividad Deberes de los Munícipes, todos de la Municipalidad de Alajuela, y a Olman Mora Navarro, en su calidad de contralor Ambiental, o a quienes ocupen sus cargos, que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de Alajuela al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Notifíquese. 

 

 

 

 

	

Fernando Cruz C.

Presidente a.i

	

 




Paul Rueda L.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Ingrid Hess H.




Ronald Salazar Murillo

	

 

	

Alejandro Delgado F.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 11LRC5FB43W061

EXPEDIENTE N° 25-008467-0007-CO

 

Teléfonos: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:33:17.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 17098 - 2025**

**Date of Resolution:** June 6, 2025 at 10:15 a.m.

**Expediente:** 25-008467-0007-CO

**Drafted by:** Ronald Salazar Murillo

**Type of Case:** Amparo Action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER

**Text of the resolution**

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Exp: 25-008467-0007-CO

Res. No. 2025017098

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours and fifteen minutes on the sixth of June, two thousand twenty-five.

Amparo action processed in expediente number 25-008467-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED04, and Nombre02, identity card CED05, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY (MINAE), the MINISTRY OF HEALTH (MINSA), and the MUNICIPALITY OF ALAJUELA.

**Whereas:**

**1.-** By written submission received at 1:00 p.m. on March 25, 2025, the petitioners filed an amparo action against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, the MINISTRY OF HEALTH, and the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, and state the following, in summary: that in the district of Sabanilla de Alajuela—400 meters east of the Red Cross—there is a natural channel or body of water that receives a large part of the district's stormwater. This channel, the plaintiffs allege, borders a portion of the boundaries of their property, namely, the property with real estate folio registration number [omitted], and, in their words, "... has suffered over the years variability and drastic changes in its nature, as a result of human actions, going over time from being an intermittent stream to being currently considered (sic) with other characteristics; without this—of course—meaning it has ceased to be a body of water. Recently, the MINAE Water Directorate (Dirección de Aguas) classified said body of water through report DA-UHTPCOSJ-0746-2025 Ref: SIPECO-41969-DI as: a 'natural depression, body of water that does not belong to the public domain, which is a tributary of the Tambor River, belonging to the Río Grande de Tárcoles basin.' (...) To carry out the aforementioned classification, engineer César Arturo Sánchez Vega from the San José regional office of the Water Directorate, appeared at the site to conduct a field inspection and was able to verify for himself, among other matters, the problem of contamination in the body of water, for which he took a series of photographs that he verbally stated would be incorporated into the administrative file. (...)". They complain that, on January 6, 2025, they filed with the Stormwater Drainage, Environmental Management (Gestión Ambiental), and Infrastructure Construction Departments, all of the Municipality of Alajuela, with a copy to the mayor, a formal complaint for invasion of public works—a storm drain—and contamination of the stormwater channel in the district of Sabanilla de Alajuela, specifically, in the aforementioned body of water. In this regard, they affirm that, in the complaint filed with the Local Corporation, the problem of contamination of this body of water due to the illegal and recurring disposal of solid waste of various kinds in it was set forth. Likewise, the invasion of the storm drain built by said Local Corporation in 2021 was reported, which has been invaded by a private individual and completely altered—due to the dumping of all types of waste and soil into it, with the purpose of creating a kind of "fill"—. They also indicate that among "... the main arguments pointed out in the complaint filed with the Municipality, are the following: 1. Tires, vehicle bodies, house roofs, debris, household appliances, among others, have been dumped, taking advantage of the depth of the channel. 2. On the storm drain built in the body of water by the Municipality, a private individual, through acts of invasion, created a kind of improvised 'fill' with solid waste and soil, with the purpose of building a tire shop on it that operates without permits of any kind and that generates waste typical of the activity (tires), which are thrown directly into the channel and the storm drain's water outlet. 3. The need was noted for the Municipality to act in defense of that space and ensuring respect for the setbacks established in the urban planning regulations, especially the public works corresponding to the storm drain, so that routine cleaning, inspection, maintenance, and repair actions that the public works (storm drain) require for its proper functioning can be carried out. (...)". They add that the contamination actions have caused the storm drain to be completely obstructed and unable to face the coming rainy season, since the water outlet is not free (it is completely buried), all of which generates the risk of flooding, landslides, and erosion to the properties located around said body of water. They mention that, on the other hand, the Tambor River is receiving a large quantity of waste from the constant deposits of debris that multiple dump trucks—brought by the private individual who invaded the body of water and storm drain—throw into the body of water, as well as from the waste generated by the commercial activity carried out by said person, who lacks all types of municipal and health permits. Consequently, on February 3, 2025, the petitioners Nombre01 and Nombre02 held a meeting with Mr. Roberto Thompson, mayor, and his chief of staff, Mr. Claudio Aguilar, in which they verbally explained the aforementioned problem and gave him a series of photographs that evidenced part of the contamination that had been deposited at the site. The public officials stated that they would follow up on the issue in order to find a timely solution for it. However, through official letters MA-SGA-013-2025 and MA-SGA-188-2025, Ms. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Sub-process of the Municipality of Alajuela, concluded, among other inaccuracies, the following: "The particular issue is outside the competencies of this unit, so the case was transferred to Eng. Lawrence Chacón, coordinator of the stormwater drainage activity through official letter No. MA-SGA-011-2025". Additionally, the complainants allege that, after making an inquiry before the MINAE Water Directorate, it was indicated that "... in said sector what is registered is a stormwater collection channel, noting that it is a body of water that does not belong to the public domain... therefore it does not have legal protection under the Ley de Aguas and Ley Forestal regarding the protection of protection zones." They consider that the person in charge of the canton's environmental management ignored the serious problem of contamination of a body of water, which, regardless of its characterization, is a tributary of a river (Tambor River) that, as if that were not enough, will carry all its contents to the seas. They accuse that the Environmental Management Department of the Municipality of Alajuela also did not offer any legal or technical justification for concluding that an environmental contamination matter was beyond its competencies and, instead, only referred the matter to another department. For his part, Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Drainage of the Municipality of Alajuela, through official letter No. MA-AAP-0085-2025, notified to the complainants on March 10, 2025 (two months after the complaint was filed), limited himself to responding to the complainants, without referring to a prior visit or inspection at the site and, without substantiating his opinion, the following: "... I must indicate that at the site there is no record of inadequate functioning of the stormwater drainage system, and considering the atypical nature of the rainy season, with rains having occurred in the months of December and January, it can be inferred that the drain you describe is functioning adequately. Likewise, I must point out that the stormwater drain you indicate does not correspond to a natural channel... on behalf of our department there is no reason to issue any notification." The petitioners consider this to be a "light and disinterested response" for which care was not even taken to carry out a prior inspection. They add that, meanwhile, given the inaction of the responsible municipal officials, dozens of dump trucks have not stopped coming to the site to date to dispose of contaminating waste and soil, which worsens the environmental situation and the [non] optimal condition of the public works. Thus, faced with the responses lacking legal basis and technical contributions from the Environmental Management and Stormwater Drainage departments, the petitioners filed the submissions recorded with processing numbers: No. 0024331-2025 and No. 0017709-2025, in which said officials were requested to address and provide a complete response to all the reported facts and respond to questions related to their official letters. However, to date, no response has been received in this regard, nor has any on-site intervention or approach been carried out by these officials or any other municipal unit to finally resolve the problem of contamination and obstruction of the storm drain. They add that "(...) internally within the Municipality, the department of duties of municipal residents (deberes de los munícipes) was made aware of the complaint filed, a matter handled directly by the mayor's office; however, said department, like the others, ends up evading responsibilities by issuing an extremely brief report, which does not verify the contamination site or the storm drain, but instead is limited to taking a few photographs of the public road (a place where the reported problem does not occur), to conclude by saying that the possessor 'does not violate the regulation for the establishment and collection of rates and fines for the breach of obligations of the owners or possessors of real estate located in the canton of Alajuela.' (official letter No. MA-ADM-190-2025) Despite the fact that said department was involved by internal bodies of the Municipality itself, the lack of interest and institutional coordination is evident in seeking agile and effective solutions to environmental contamination problems. Passing issues 'from hand to hand' only generates (sic) greater harm to constitutional and fundamental rights. (...)". Therefore, given the very basic report issued by the Department of Duties of Municipal Residents, they submitted a written document—under processing number No. 0023631-2025—in which they posed a series of questions. However, through a response given by said official in official letter No. MA-ADM276-2025, he indicated that "... after carrying out the inspection, it was verified on site that the property does not violate the subsections that fall under the activity of duties of municipal residents before a public street...", so they consider that they were not given a response (solution) to the questions posed. They add that the aforementioned contamination problem was also reported to the MINAE Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental) on January 14, 2025, without the complaining party having been informed to date of the actions taken by said authority. Thus, at the date of filing the action, it was not known whether concrete steps were being taken in the matter, much less, taking specific actions aimed at resolving the underlying problem. The complaint filed was made under the number assigned by the public interface system: Complaint No. 52049-2025. Furthermore, on February 26, 2025, they filed a health complaint before the Ministry of Health, Alajuela Health Governing Area (Área Rectora de Alajuela), in which, in addition to pointing out some matters related to the irregular commercial activity carried out in the area of the invaded storm drain, where a kind of improvised fill was created with a large part of the waste and soil deposited at the site, the situation of "...environmental contamination and matters related to vector control due to poor solid waste management, as a result of the activity carried out and particular activities of the accused" was indicated and explained in point number three of the reported activity. Subsequently, through official letter CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, engineer Ariel Alfaro Marchena, from Health Regulation, did not address the problem of contamination of the body of water, so a missive was sent to her on March 3, 2025, under number NT:9639-2025 in which clarifications were requested, further evidence was provided, and she was asked to take specific actions based on the legislation to prevent further harm to health and the environment. As a result of the questions posed to Eng. Alfaro, she made a new visit on March 14, 2025, and was able to personally appreciate, from the petitioners' property, the problem of contamination of the body of water and the storm drain. However, at the date of filing the action, no concrete actions were known to be aimed at resolving the problem of contamination in the indicated body of water and storm drain. They request that the action be granted, with the consequences of law.

**2.-** Olman Mora Navarro, in his capacity as Environmental Comptroller (MINAE), reports under oath, as relevant, the following: "... through official letter dated January 15, 2025, from this Comptroller's Office No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049, which is attached as evidence, the case was referred to the Municipality of Alajuela for its proper attention; however, this Comptroller's Office points out that, as of the date of issuance of this Report, the complaint follow-up system does not include a response letter from the municipality to the Environmental Comptroller's Office's request…". He requests that the filed action be dismissed.

**3.-** Dr. Mary Denisse Munive Angermüller, in her capacity as Minister of Health, reports under oath the following: "... On January 30, 2025, the health complaint, consecutive No. 8930-2025, was filed against Mr. Nombre03, whose domicile is in Alajuela, Sabanilla, 350 meters east of the Red Cross, who appears as the owner of the commercial establishment called 'Llantera Chucky'. With Technical Report No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0186-2025, issued on February 26, 2025, signed by Eng. Ariel Alfaro Marchena, from the Health Regulation Team of the Alajuela 1 Health Governing Area, it was reported that an on-site inspection was carried out on February 14, 2025, in which it was evidenced that the reported commercial establishment is processing the municipal permits for land use, which is a requirement for obtaining the sanitary operating permit, so Mr. Nombre03 was instructed not to carry out the workshop activity until he has said sanitary operating permit. On the other hand, it was confirmed that the waste in question is under a roof, without accumulation of water, no waste was found inside the property, that the property's wastewater has adequate treatment (drainage), and that the water accumulation on the property is due to neighboring properties. Likewise, after several administrative proceedings, in follow-up to the case at hand, on March 14, 2025, at 11:43 a.m., Mr. Nombre03 was notified of Health Order No. MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, with a compliance period of 05 business days from the notification of the administrative act (which expired on March 21, 2025), for not having a sanitary operating permit for the commercial activity of a 'tire shop'. With official letter No. CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, dated March 21, 2025, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Acting Director, and Eng. Ariel Alfaro Marchena, from the Health Regulation Team, both from the Alajuela 1 Health Governing Area, the corresponding support was requested to follow up on the complaint in question, regarding contamination of the stormwater drainage system by solid waste, since the health authority observed accumulation of waste around the aforementioned storm drain. On March 27, 2025, according to the Closure Act No. MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0069-2025, the commercial establishment in question was closed, due to non-compliance with Health Order No. MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, dated March 14, 2025. Likewise, I inform you that the electronic account ...01 is enabled and is an official means to receive the different procedures from users before the Alajuela 1 Health Governing Area…" She requests that the filed action be dismissed.

**4.-** Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as coordinator of the Environmental Management activity, Lawrence Chacón Soto, in his capacity as coordinator of the Stormwater Drainage activity, and Andrés Salas Vargas, in his capacity as coordinator of the Duties of Municipal Residents activity, all from the Municipality of Alajuela, report under oath the following: "... Through official letter No. MA-PPCI-0271-2025 dated April 3, 2025, signed by the Director, Coordinator of Planning and Infrastructure Construction, Eng. Roy Delgado Alpízar, he indicated: '(...) In said official letter No. MA-PSJ-0606-2025, he requests that, within the scope of your competencies, and based on the facts and claims, and other considerations contained in the filing document, you are requested to submit the respective report. In accordance with the above, I detail the following: Processing No. 0112-2025 and official letter No. MA-A-0259-2025 were received, reporting invasion of public works (storm drain) and contamination of the stormwater channel, this in Sabanilla, 400m east of the Red Cross, on the road that goes to Tacacorí. To respond to said processing and for a better resolution, official letter MA-PPCI-0117-2025 is sent to the Stormwater Drainage Activity, in which Eng. Lawrence Chacón Soto is requested to please coordinate an on-site inspection and provide an informative response to the neighbors' requests, with a copy to the Mayor's Office and this Directorate. In addition, with official letter No. MA-ADM-350-2025 dated April 3, 2025, signed by Eng. Andres E. Salas Vargas, Coordinator of the Duties of Municipal Residents Activity, it was stated that: 'In relation to official letter MA-PSJ-607-2025, regarding the AMPARO ACTION under expediente No. 25-0084671-0007-CO filed by Nombre01, ID CED01 and Nombre02, ID CED02, concerning invasion of public works (storm drain) and contamination of the stormwater channel in the district of Sabanilla de Alajuela, specifically in the aforementioned body of water, it is reported: 1. Through official letter MA-A-536-2025 issued by the Municipal Mayor's Office, a copy was sent of official letter MA-SGA-94-2025 from Environmental Management concerning processing 121-2025 filed by Mr. Nombre01, complaint: Invasion of Public Works (storm drain) and contamination of the stormwater channel, Sabanilla, Dirección01, Road to Tacacorí; through which Licda. Karen Bermudez (sic) Fallas indicates '…evaluate the application of the provisions of the Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas y multas por el incumplimiento de las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados en el cantón Alajuela.' 2. Nombre04 (sic) official letter MA-ADM-190-2025 in response to official letter MA-A-536-2025 complaint 121-2025 and MA-ADM-275-2025 in response to processing 23631-2025, issued by the Duties of Municipal Residents Activity (sic), with knowledge to the Municipal Mayor's Office, Environmental Management (Gestion (sic) Ambiental) and Environmental Services, the complainant was informed that on February 24, 2025, an on-site inspection was carried out, to verify compliance with article 84 of the Municipal Code and the aforementioned Regulation regarding the public street frontage, due to the fact that officials of the Duties of Municipal Residents (sic) cannot enter private properties, even if requested by the owners or complainants, subsections as follows:

| Limpiar la vegetación a orilla de vía pública y recortar la que perjudica el paso. |
| --- |
| Cercar y limpiar lotes baldíos o con viviendas deshabitadas. |
| Separar residuos pra el transporte y disposición final (según tipo de residuo y horario establecido. |
| Mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras. |
| Abstenerse de obstaculizar el paso por las aceras. |
| Instalar bajantes y canoas (colindancia con la vía pública). |
| Ejecutar obras de conservación en fachadas de interés. |
| Garantizar la seguridad, limpieza y mantenimiento de las propiedades. |
| Contar con un sistgema de gestión de residuos (separación, transporte y disposición) aprobado por la Actividad Gestión Integral de Residuos Sólidos cuando el servicio público es insuficiente o no es aceptable. |

3. It was verified (sic) that on the date of the inspection and according to work report DH24022025(9-11), the property under possessory information 0000000 cadastral map A-2324047-2021 facing a public street does not violate the subsections that fall under the Duties of Municipal Residents Activity and the reported issue does not correspond to this activity. *The underlining and bold do not correspond to the original text. On the other hand, a consultation was made to the Environmental Management Sub-process, and through official letter No. MA-SGA-295-2025 dated April 4, 2025, Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of said unit, indicated the following: 'In response to the request for a report concerning the amparo action filed by Mr. Nombre01 under expediente 25-008467-0007-CO against the Municipality of Alajuela, I wish to indicate: ▪ The first visit recorded by the Environmental Management Sub-process to the site corresponds to the handling of complaint No. 14121-2019-SITADA from the Environmental Comptroller's Office (SITADA), responding through official letter No. MA-SGA-219-2019. ▪ At that time, the case was transferred to the ACC of SINAC Alajuela through official letter No. MASGA-217-2019 to determine if there was any type of invasion and/or impact on the protection zone of the body of water and it was also referred to the Fiscal and Urban Control Process through official letter No. MA-SGA-218-2019 for handling the issue of possible invasion of a municipal area (storm drain) with the placement of materials and the construction of the existing dwelling. ▪ SINAC indicated that at the time of the visit, no natural body of water running through that sector was identified (official letter No. OA-540-2019) and for its part, the Fiscal and Urban Control Process indicated that, according to a technical report by Eng. Alfonso Miranda from the Public Works Investment Sub-process, it could not be established whether or not there was an invasion of a protection zone (official letter No. MA-PCFU-509-2018 and No. MA-PCFU-1639-2020). ▪ The second visit recorded by the Environmental Management Sub-process to the site corresponds to the handling of complaint No. 21008-2020-SITADA from the Environmental Comptroller's Office (SITADA), responding through official letter No. MA-SGA-327-2020. At that time, the information obtained in handling complaint No. 14121-2019-SITADA was reiterated, and additionally, it was indicated that both complaints had been directed to the Stormwater Drainage Activity (official letter No. MA-SGA-229-2020 and via SITADA) ▪ Through official letter MA-AAP-660-2020, the Stormwater Drainage Activity indicated that no problematic situation due to the interruption of the stormwater outlet was recorded, among other aspects. It indicated that a request was made to the MINAE Water Directorate for it to rule on the nature of the channel. ▪ In response to processing #11526-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-329-2020 and a report was also sent to the Municipal Mayor's Office on the actions taken by this unit regarding the particular complaint, this through official letter No. MA-SGA-341-2020 ▪ In response to processing #13208-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letters No. MA-SGA-362-2020 and No. MA-SGA-365-2020 regarding the appeal for reversal (recurso de revocatoria) filed against official letter MA-SGA-329-2020, issued by this sub-process. ▪ In response to processing #13216-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-367-2020, providing a copy of the expedientes requested in said procedure. ▪ In response to official letter No. MA-AAP-0623-2020, the original processing #13209-2020-SISC was returned to the Municipal Mayor's Office so that the appeal (recurso de apelación) could be addressed. This was done via official letter MA-SGA-379-2020. ▪ In response to the request made by the Municipal Mayor's Office through official letter No. MA-A-2631-2020, the case file was transferred for review of the appeal filed by the interested parties (official letter No. MA-SGA-380-2020) ▪ In response to processing #13215-SISC-2020 from the Integrated Customer Service System, a timely response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-591-2020. ▪ The appeal filed against official letter MA-SGA-329-2020 was dismissed as indicated in official letter No. MA-PSJ-403-2021 from the Legal Services Process. ▪ During the 2025 period, the complaint enters this unit again through processing #114-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System, providing a response to the interested party No. MA-SGA-013-2025. Additionally, as it is a matter that falls outside the competencies of this sub-process, the case was transferred to the Stormwater Drainage Activity through official letter No. MA-SGA-011-2025, as it deals with drainage works. ▪ Through official letter No. MA-SGA-094-2025 and in response to official letter No. MA-A-259-2025 from the Municipal Mayor's Office, a detailed report was provided on the actions taken by this unit in relation to the case, indicating the following: o The complaint entered this unit directly through processing #114-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System on 01/06/2025. A timely response was provided to the interested party on 01/13/2025 through official letter No. MA-SGA-013-2025. o Given that the particular issue falls outside the competencies of this sub-process, the case was transferred to Eng. Lawrence Chacón, coordinator of the Stormwater Drainage Activity, through official letter No. MA-SGA-011-2025, informing the interested party of the course his procedure had taken. o It is important to mention that this unit additionally consulted the website https://mapas.da.go.cr/mapnew.php of the National Information System for Integrated Water Resource Management (SINIGIRH) of the MINAE Water Directorate and in that sector, what is registered is a stormwater collection channel (canal recolector de aguas pluviales), pointing out that it is a body of water that does not correspond to the public domain (official letter DA-UHTPCOSJ-2286-2020), therefore it does not have legal protection under the Ley de Aguas and Ley Forestal regarding protection of protection zones. o Regarding the issue of illegal reception and/or stockpiling of all types of waste, the application of the provisions established in the Reglamento para el establecimiento y cobro de tarifas por el incumplimiento de los deberes de los munícipes de la Municipalidad de Alajuela could be assessed, or, the implementation of the Municipal regulation for the application of administrative infractions and sanctions of Law No. 8839 and its Reforms (Official Gazette La Gaceta No. 111 of 06/21/2023), this regarding institutional competencies. o During a follow-up visit carried out on 01/31/2025, it was possible to observe that the reception of soil has been carried out at the site, therefore, as part of our intervention, we will proceed with notifying (apercibimiento) the registered owners of the property cadastral map No. A-2324047-2021 under the figure of possessory information, this through the Act for Illegal Deposits of Soil No. 448-2025, indicating that depositing more material in said location is not permitted. The foregoing, in accordance with the availability of personnel, information systems for locating owners, and transportation available for this purpose, without neglecting the importance that our collaboration has for the community.▪ This act generated (sic) the issuance of official letters from the Municipal Mayor's Office No. MA-A-536-2025 for the Environmental Services Sub-process and for the Duties of Municipal Residents Activity, and official letter No. MA-A-885-2025 (reminder to the Duties of Municipal Residents Activity). ▪ The Duties of Municipal Residents Activity responded through official letter No. MA-ADM-276-2025 and the Environmental Services Sub-process responded through official letter No. MA-SSA-005-2025, indicating that at the time of the inspection, no disposal of ordinary solid waste was evident at the site.

▪ Through an inspection it was verified that vegetable soil reception has also been carried out at the site. For this reason, and within the framework of the competencies of the Environmental Management Subprocess (Subproceso de Gestión Ambiental), it would be appropriate to issue warning notice No. 448-2025 for illegal soil deposits. However, this measure cannot be executed because the property is not registered in the National Registry of Property (Registro Nacional de la Propiedad), making it impossible to identify the registered owners who should be notified by the municipality. ▪ In response to what was indicated in complaint No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049 from the Environmental Comptrollership (Contraloría Ambiental, SITADA), official letter No. MA-SGA-163-2025 is issued. ▪ In response to procedure #17709-SISC-2025 from the Integrated Customer Service System (Sistema Integrado de Servicio al Cliente), a response was provided to the interested parties through official letter No. MA-SGA-188-2025. ▪ On 04/01/2025, official letter No. MA-A-1395-2025 is received from the Mayor's Office (Alcaldía Municipal), which is under management at the time of preparing this report. This document includes a complaint received via email (which was also forwarded to the Alajuela 1 Health Governing Area (Área Rectora de Salud) under official letter No. MA-A-1396-2025). In this context, this subprocess has acted diligently, in compliance with our institutional competencies. Each complaint received has been duly addressed and channeled in a timely manner, either to the corresponding municipal office or to the competent government entities, in accordance with the current legal framework.’ Through official letter No. MA-AAP-0403-2025, dated April 3, 2025, signed by Eng. Lawrence Chacón Soto, in his capacity as Coordinator of the Storm Drainage Activity (Actividad de Alcantarillado Pluvial), he stated that: ‘In relation to the resolution issued at eleven thirty-four hours on March twenty-seventh, two thousand twenty-five, whereby the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) requests a report regarding the Amparo Appeal (Recurso de Amparo) filed by Mr. Nombre01, identity card CED03 and Ms. Nombre02, identity card CED06° Telf01, processed under case file No. 25-008467-0007-CO, considering the competencies and tasks pertaining to the Storm Drainage Activity, I hereby indicate: 1. That procedure No. 117-2025 of January 6, 2025, is indeed registered in the name of Mr. Nombre01 and Ms. Nombre02, to which a response was provided through official letter No. MA-AAP-0085-2025. This procedure was erroneously notified on January 29, 2025, to the email address ...02, the correct address (indicated by the user) being ...03; the response to the submitted procedure was then correctly notified. (See image 1 and 2). 2. That, in the procedure, the appellants described the situation regarding the fill being placed by their neighbor on the northwest boundary, pointing out that the culvert draining through the adjacent property was being put at risk due to the fill being placed by their neighbor. (…) 3. In said procedure (procedure No. 117-2025), through official letter No. MA-AAP-0085-2025, the interested parties were informed that ‘at the site, there is no record of inadequate functioning of the stormwater drainage system, and considering the atypical nature of the rainy season, with rains having occurred in the months of December and January, it can be inferred that the drainage you describe functions adequately. Likewise, I must point out that the stormwater drainage you indicate does not correspond to a natural watercourse. Furthermore, as long as the drainage remains in operation, this system remains active, and the storm sewer service is not violated, our department finds no reason to issue any notification.’ 4. This response was issued in accordance with the provisions of the General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), which establishes: Article 20.- All possessors of real estate, by any title, are obliged to receive and allow the flow, within their properties, of road waters when so determined by the terrain's gradient and, when their lands are immediately adjacent to a road drainage, they must keep these drains clean, in perfect working order, and free of obstacles. The Ministry or the Municipalities shall order the work to be executed and shall charge the cost of the work plus a fifty percent (50%) surcharge, if this obligation is not fulfilled. The Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and the Municipalities must coordinate with the Ministry of Agriculture the protective measures for roads in new layout projects or in the conservation works of existing ones, in regions where they may cause or intensify erosion or divert the natural drainage of the fields. (The highlighting does not correspond to the original text). Given the above, an obligation is generated for the owner to maintain the drainage located on the farm adjacent to the appellants’ property in working order and good condition, and in the case at hand, it complies with the provisions of the General Law of Public Roads. Furthermore, one must consider the provisions established in official letter No. DAUHTPCOSJ-2286-2020 (attached) and official letters No. DA-UHTPCOSJ-0389-2025 and DA-UHTPCOSJ-0389-2025 (submitted by the appellant) where it is indicated that the body of water does not correspond to the public domain, which denotes that the pipe is located in a road drainage, complying with the provisions of the corresponding regulation. Given the above and considering that to date, no record of obstruction or malfunction of the sewer mentioned by the appellants in their brief has been presented, there are no actions to be taken regarding stormwater management.’ *The underlining and bold text do not correspond to the original text. Lastly, the Mayor's Office, through official letter No. MA-A-1459-2025 dated April 4, 2025, stated that: ‘With instructions from the Mayor, I refer to Official Letter No. MA-PSJ-0603-2025, through which he communicates the amparo appeal filed by Mr. Nombre01 and Ms. Nombre02 (Case File No. 25-008467-0007-CO), in the following terms: In January of this year, this Mayor's Office received a copy of Procedure No. 00121-2025, signed by Mr. Nombre01 among others, regarding the alleged invasion of a public work (culvert) and eventual contamination of a stormwater channel in Sabanilla, exactly 400 meters east of the Red Cross, known as ‘Dirección02’. This motivated the drafting of official letter No. MA-A-259-2025, through which this servant requested Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity, Lic. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura), to issue a report on the situation (folios 01 to 11 of the case file assembled for this amparo appeal). In response, official letter No. MA-AAP-0088-2025 dated January 30, 2025, was received, in which Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Drainage Activity, indicated that he had responded to the interested party through official letter No. MA-AAP-0085-2025, which was notified through the Procedure Resolution System (Sistema de Resolución de Trámites) (see folios 12 and 13 of the case file). Subsequently, Lic. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, submitted her response to this Mayor's Office through official letter No. MA-SGA-094-2025, in which she clarified that Mr. Nombre01’s complaint had been submitted through the Integrated Customer Service System and had already been addressed, according to official letter No. MA-SGA-013-2025. Additionally, she clarified that according to the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, SINIGIRH) of the Water Directorate (Dirección de Aguas) of MINAE, it is registered that the indicated stormwater collection channel constitutes a body of water that does not correspond to the public domain (official letter DA-UHTPCOSJ-2286-2020); therefore, it does not have legal protection under the Water Law (Ley de Aguas) and the Forestry Law (Ley Forestal) regarding setbacks from protection zones. Additionally, she recommended evaluating the situation of potential illegal accumulation of waste; therefore, we proceeded to draft official letter No. MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, which was sent to officials Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of the Environmental Services Subprocess (Subproceso de Servicios Ambientales), and Eng. Andrés Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Residents (Actividad de Deberes de los Munícipes), for their attention in accordance with current regulations. Now, regarding the illegal deposit of soil, Lic. Bermúdez Fajas reported that a warning would be issued to the farm owners through Notice No. 448-2025 (see folios 16 to 25 of the case file). Additionally, we received official letters No. MA-SSA-005-2025, in which Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of Environmental Services, reported that no disposal of ordinary waste was evident at the site and attached the corresponding photograph. For her part, Lic. Bermúdez Fallas drafted official letter No. MA-SGA-163-2025 in which she reiterated what was noted in the previous paragraph. Both documents were sent to Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of Storm Drainage, through official letter No. MA-A-884-2025 for his assessment (see folios 26 to 28 verso of the case file). It is worth noting that through our official letter No. MA-A-1171-2025 dated March 19 of this year, we proceeded to send Mr. Nombre01 a copy of official letters No. MA-AAP-324-2025 from Eng. Chacón Soto and No. MA-SGA-163-2025 from Lic. Bermúdez Fallas. In this regard, it is important to highlight that Eng. Chacón Soto reiterated that the indicated channel does not correspond to the public domain and that there is also no impact on the stormwater service in the area or on the drainage, information that was corroborated by Lic. Bermúdez Fallas in the already cited official letter No. MA-SGA-163-2025 (see folios ___ of the case file). Additionally, we received a copy of official letter No. MA-ADM-312-2025 dated March 25, 2025, through which Eng. Andrés E. Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Residents, sent his responses to Mr. Nombre01 regarding the inspections carried out and their results. This was done through Official Letters No. MA-ADM-190-2025, corresponding to Procedure No. 121-2025, and No. MA-ADM-276-2025 as a response to Procedure No. 23631-2025 (see folios 48 to 55 of the case file). On the other hand, it should be noted that Ms. Nombre02 sent an email on March 25 of this year, in which she expressed her disagreement with the actions taken and the responses received through our official letter No. MA-A-1171-2025 and indicated that she would proceed to file the corresponding complaint before the General Comptrollership of the Republic (Contraloría General de la República). Faced with this situation, the corresponding acknowledgment of receipt was given through our official letter No. MA-A-1354-2025 dated March 31, 2025 (see folios 56 to 61 of the case file). Additionally, the following actions by this Mayor's Office are on record: Remittance of official letter No. MA-A-1355-2025 to Mr. Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, to which copies of official letters No. MA-SGA-094-2025 and No. MA-SGA-163-2025 signed by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, were attached in response to official letter No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (see folios 62 to 64 verso of the case file). Sending to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Alajuela 1 Health Governing Area, official letter No. MA-A-1356-2025, to which copies of official letters No. MA-SGA-094-2025 and No. MA-SGA-163-2025 signed by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, were attached, following the recommendation that they proceed in accordance with the General Health Law (Ley General de Salud) (see folios 65 to 69 verso of the case file). Also, a report was requested from Eng. Emerson Bone Moya regarding the tire shop mentioned by Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, through official letter No. MA-A-1357-2025 dated March 31, 2025 (see folios 70 to 72 verso of the case file). Finally, on March 27 of this year, Ms. Nombre02 sent a new email in which she reported that the waste deposits continue, despite the notification mentioned in official letter No. MA-SGA-163-2025. For this reason, this Mayor's Office sent official letter No. MA-A-1395-2025 to Lic. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, for her attention in accordance with the respective legal framework (see folios 73 of the case file) and to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Alajuela 1 Health Governing Area, through official letter No. MA-A-1396-2025 dated April 1, 2025. From the foregoing, it is concluded that the appellants have been duly and timely informed regarding all actions, inspections, and technical criteria issued by the competent municipal departments. However, what is evident is a disagreement with the resolution, which we consider that the constitutional avenue is not the appropriate forum to discuss this type of conflict. I attach the original case file assembled for this amparo appeal, which contains 82 folios’. It is demonstrated that the Administration, the Storm Drainage Activity, the Environmental Management Subprocess, and the Activity of Duties of the Residents, addressed the procedure filed by the interested parties, as legally required, generating the respective responses. Even the administration itself, upon noticing an error in the email address ...02 instead of ...03, proceeded to carry out the respective notification again starting March 10 of this year. Likewise, it is verified that procedure No. 117-2025 was duly addressed with official letter No. MA-AAP-0085-2025 (see attached image) (…) By virtue of the foregoing, it is of utmost importance to mention that the processing of the procedures carried out and raised by both appellants has been fully complied with; in fact, it was more than evident that they were informed, at the contact means indicated by themselves for such purposes (email). It is even verified that, prior to the filing of this amparo appeal, notified to this Municipality on April 2, 2025, these procedures had already been addressed and answered as of March of this year, including procedure No. 00112-2025 and procedure No. 0117-2025, which, as can be verified from the evidence provided, are the same procedure only having a different procedural number (see attached evidence)…” They request that the appeal filed be declared without merit.

 5.- Additionally, Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as Mayor of the Municipality of Alajuela, reports, under oath, the following: “... With respect to what was requested by the Constitutional Chamber, in the understanding that: ‘(…) Furthermore, the respondent authority must report whether the email address to which the appellant sent the procedure or complaint is established as an official mechanism for the receipt of user procedures (…)’, it is important to mention that emails are not an official mechanism for the receipt of user procedures, because it is not the official means that the municipality has to receive this type of requests or concerns. For, in the first instance, the Municipality has the Integrated Customer Service System Subprocess (Subproceso de Sistema Integrado de Servicio al Cliente), which is the unit responsible for receiving all institutional documentation and distributing it to the respective units, or, if you wish to carry out your procedure from your home, there is an official institutional web portal, where each user must register on the municipal portal and submit the request or procedure they require, all of this, not only to improve the service provided by the institution, but also due to the COVID pandemic that broke out in previous years. On this official site, users can channel their requests to the corresponding department to avoid delays in responses and to ensure their inquiries are directed to the appropriate units and official email addresses. Likewise, it assigns a procedure number to the case that allows for tracing its status. We respectfully refer you to the portal www.munialajuela.go.cr where the referred information can be found. The fact is that, in 2019 and 2020, the Mayor's Office email was removed from the Municipality's website because it became saturated and did not provide a fast and efficient service to the resident, and that is why, at this time, all complaints or inquiries must be directed to said procedure portal when processed virtually. In addition, there is also the Office of the Comptroller of Services (Contraloría de Servicios) so that they are processed correctly and in accordance with the law. Institutional emails are used to send or receive information internally within the Institution, since, as already indicated, the mechanisms for submitting documents, complaints, or requests through the website have been facilitated in an expeditious manner for taxpayers…”.

 6.- Nombre02 states the following: ““... From reading the report and the evidence submitted by the Ministry of Health, it is demonstrated that: Regarding the complaint about illegal waste disposal at the site (body of water and stormwater culvert), said Ministry merely sent a letter to the Mayor of Alajuela to request a joint visit, after verifying that there is indeed contamination with solid waste at the site; but they have not undertaken concrete actions to protect the site from new contamination and the restoration of the original state of the body of water and stormwater culvert; much less have the applicable legal actions been pursued in accordance with the current Law for Integrated Waste Management (Ley para la Gestión Integral de Residuos). The Ministry itself indicates that it has not yet received a response from the Municipality. On the other hand, said Ministry has indeed issued a sanitary order and its consequent closure of the establishment for not having the respective sanitary permit, but this is just one of the reported facts. The most relevant fact that has not yet been resolved is the contamination with solid waste. From the evidence provided by this entity, it is mainly corroborated that: Through a technical report contained in official letter MS-DRR-SCN-DARSA1-IT-0269-2025, prepared by Eng. Ariel Alfaro Marchena, which is located at folio 0033 of the administrative file (page 33 of the document submitted to the court file on 04/01/25 at 17:36:15 hours), it was concluded, among other things, that: ‘Conclusions: It is evident from the complainant’s property that there is solid waste (cans, tires, plastics, debris) around the stormwater culvert and an apparent body of water, coming from the property of Mr. Nombre03…’ (...) This report proves that there is indeed contamination with waste of various kinds on the body of water and the municipal culvert. 2. Report and evidence from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía): Said Ministry limits itself to indicating in its report that it forwarded the complaint to the Municipality of Alajuela on January 15, 2025, and requested that it investigate and proceed in accordance with current legislation. The report indicates the following: ‘Regarding this fact, this Environmental Comptrollership states that through the official letter dated January 15, 2025, from this Comptrollership No. CA-URID-2025-002-SITADA-52049, which is attached as evidence, the case was referred to the Municipality of Alajuela for its proper attention; however, this Comptrollership points out that, as of the date of issuance of this Report, the complaint tracking system does not contain a response letter from the municipality to the request made by the Environmental Comptrollership.’ (CA-URID-2025-002-SITADA-52049). (…) It should be emphasized that to date, 59 working days have passed without the Municipality having issued the report requested by said Ministry, but there is also no record that the latter has carried out any administrative procedure on its own to verify the reported facts and initiate the corresponding legal actions, as the governing body in the matter in accordance with the powers conferred by its organic law and the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). 3. Report and evidence from the Municipality of Alajuela: From the report and documentation provided by the Municipality of Alajuela, there is a documented collection of internal official letters without relevant content or technical and legal foundation, which circulate from one department to another, but which do not address or resolve the problem of contamination and invasion of the public work (culvert) and the body of water. The Municipality itself demonstrates in its testimonies that it has been aware of the problem for 5 years, when an increase in contamination at the site began. It is also demonstrated that they have an overabundance of departments and officials but lack the capacity to resolve the reported problem, to the detriment of the fundamental rights of the citizens. From the evidence provided by the Municipality, the following stands out: Official letter MA-SOIP-251-2019 of May 21, 2019, prepared by Eng. Alfonso Miranda Pérez (found on pages 183-185 of the electronic document submitted to the court file on 04/07/2025, at 13:34:21 hours): In said report, the Municipality official acknowledges that ‘… according to the inspection carried out in the district of Sabanilla …, the following was determined: In that place, a type of riverbank was observed; however, at the time of inspection, it was dry. It is noted that this channel is being filled with soil and debris, but it cannot be determined who is carrying out this activity.’ Photographs were attached. (…) This report is important, as it is one of the oldest in which the existence of a body of water is acknowledged by a municipal official and warns that it is being contaminated. Since then, the Municipality did nothing; however, by 2021 (two years after that inspection report was issued), the Municipality built a stormwater culvert at the site, today invaded, contaminated, and obstructed by the tire shop; but curiously, the municipal officials seem to have forgotten the background of the reported problem and also do not verify the current state of said culvert, built with public resources over the body of water to channel the community's stormwater. Also noteworthy is official letter MASGA-011-2025, of January 13, 2025, which is located on page 190 of the electronic document submitted to the court file on 04/07/2025, at 13:34:21 hours. This official letter is addressed by the environmental manager to the storm drainage manager and indicates, among other things, that: ‘after carrying out a preliminary visit to the site on 01/08/2025, it was observed that there is construction… and in that sector, what is registered is a stormwater collection channel, pointing out that it is a body of water that does not correspond to the public domain’. (…) That is, with said inspection partially carried out by the environmental manager this year, in which she curiously makes no reference to the existing contamination at the site, she at least points out the existence of a construction over the body of water, so much so that she sends the official letter to the storm drainage manager, since by this time the stormwater culvert is completely obstructed with all kinds of waste. However, beyond referring the official letter to the storm drainage manager, no interest in resolving the reported contamination problem is denoted; on the contrary, paradoxically, she is insistent in pointing out that this department (which should ensure environmental protection) is not competent over the reported facts. Two more official letters from the environmental management department also stand out, demonstrating a manifest lack of interest in addressing and resolving the reported contamination problem: First, official letter MA-SGA-163 of February 24, 2025, in which the contamination problem is partially acknowledged by stating the following: ‘Given that during a follow-up visit conducted to the site, it was possible to observe that vegetable soil reception has been carried out at the site, this subprocess will proceed with the warning to the registered owners of the property in survey plan …, indicating that it is not permitted to deposit more material in said place…’ (…) Secondly, there is official letter number MA-SGA-295-2025, of April 4, 2025 (for the purpose of answering the amparo appeal), located on page 177 of the electronic document submitted to the court file on 04/07/2025, at 13:34:21 hours, which contains a kind of excuse to justify said department's non-compliance, by failing to carry out one of the most basic procedures under its purview. Said official letter states: ‘…Through an inspection it was verified that vegetable soil reception has also been carried out at the site. For this reason, and within the framework of the competencies… it would be appropriate to issue the warning notice for illegal soil deposits… However, this measure cannot be executed because the property is not registered in the National Registry of Property, making it impossible to identify the registered owners who should be notified…’ (…) Astonishingly, and despite the presence of a possessor who operates the establishment publicly and illegitimately, who was specifically reported for acts of contamination by the undersigned appellants, about which abundant evidence has been provided to the officials, it turns out that now they find it very ‘difficult’ to notify him. In summary, they demonstrate that they have not carried out any administrative procedure of relevance; they do not even demonstrate a failed attempt. Another piece of evidence that stands out is the inspection report prepared by official Luis Murillo Cambronero, dated January 8, 2025, which is on page 215 of the electronic document submitted to the court file on 04/07/2025, at 13:34:21 hours, in which he states: ‘Upon conducting the inspection of the site, it is observed that there is a roof built on the site which apparently is used as a business. A query was made to the SINIGIRH page, and it is indicated that it is a body of water that does not correspond to the public domain; due to the foregoing, it is recommended to forward this to the storm drainage activity so that they take the necessary measures to prevent the obstruction of the culvert.’ (…) This inspection report provided by the Municipality itself is highly relevant and successfully demonstrates the reported and unresolved problem. That is, it is acknowledged that there is a body of water (whether it is public or private domain for these purposes); it is also acknowledged that there is a construction on said channel and that measures must be taken to prevent the obstruction of the culvert (invaded public work), generating—together with the initial complaint and the evidence provided—the record that obstruction and a risk to the sewage drainage system do exist, a situation that the storm drainage manager prefers not to acknowledge when he dares to indicate that ‘no such record of a problem with the public work exists.’ What is missing in the evidence provided is the existence of a higher-ranking order instructing the officials to correctly inspect the contamination site, it being correct to inspect the site where the culvert and the body of water itself are located; because apparently the visits that have been carried out have not been exhaustive and rather check sites that are not the ones presenting the reported problem, despite the fact that abundant evidence (photographs and videos) has been provided and they have been offered access to our property to verify the contamination from here. They have come to inspect other places such as the public road and the establishment operating outside the law, but they have not wanted to get their shoes a little dirty to go into the body of water and the culvert; they have preferred to look the other way. Another piece of evidence provided by the Municipality that is very timely to reinforce the thesis of negligence and total lack of interest in responsibly addressing and resolving the reported problem is official letter MA-PPCI-0271-2025, of April 3, 2025, which appears on page 247 of the electronic document submitted to the court file on 04/07/2025, at 13:34:21 hours. This official letter is sent by official Roy Delgado Alpízar from the infrastructure planning and construction department, who addresses official María José Brenes Lizano, attorney for the institution, regarding the report she requested due to the amparo appeal filed. Official Roy Delgado states on the last and only relevant page of his report the following: ‘to respond to said procedure and for a better resolution, official letter MA-PPCI-0117-2025 is sent to the storm drainage activity, in which Eng. Lawrence Chacón Soto is requested to please coordinate an inspection of the site and provide a response report to the neighbors' requests with a copy to the Mayor's Office and this directorate… Said response or report has not been received by this Directorate to date, therefore a reminder will be sent in order to obtain the input required for the solution of this problem.’ (…) It is not until he is requested to respond to the amparo appeal that this official issues a statement to say that he will send a reminder to another department.

Which once again makes it evident that the correct inspections by the correct officials have not been carried out. Conclusion: The reports and evidence provided by the aforementioned Ministries and by the Municipality of Alajuela only confirm the complaints of contamination filed before their offices, without there being a responsible approach or a timely solution to the problem, thereby proving the injury to the fundamental and constitutional rights to health, life, and a healthy environment, as a result of the negligence and disinterest of the various administrative competencies, which are not 'subjective' arguments as the Municipal corporation has indicated, but rather facts demonstrated even by the administrations themselves with the evidence they provide. Regarding the Ministry of Health, it is clear that it has merely limited itself to addressing the complaint for operating an establishment without a sanitary operating permit, but with respect to the complaint about contamination with waste, no concrete actions have been undertaken to provide a timely solution. For its part, in reference to the report from the Ministry of Environment and Energy, we consider—with the respect that the honorable magistrates of our Constitutional Chamber deserve—that providing that type of 'responses' or answering nothing at all would be practically the same thing. It is a palpable fact that they have done nothing more than 'pass the ball to another player,' as we have been warning. For its part, in reference to the report from the Municipality of Alajuela, it is clear that there is negligence on the part of the responsible officials and breaches of their duties. We do not expect said corporation to 'answer in favor of anyone,' as they tendentiously pointed out, but rather to address and resolve objective facts that have been communicated through the complaint mechanism and to justify their decisions technically and legally; only in this way can the safeguarding of the public purposes they pursue and respect for the human and constitutional rights of the residents be guaranteed. The amparo action concerns the injury that has been caused to the rights to health, life, and environmental protection; arising from the lack of interest and concrete actions by the competent authorities to address and solve the reported problem. It has not been questioned here that the Municipality does not provide answers, as it is clear that responding is an act anyone can perform; the crux of the matter here is that the Municipality does not fulfill its obligations, is negligent and neglectful in its duties to protect the environment and public works, thereby injuring our human and constitutional rights. As evidence of the foregoing, the evidence provided demonstrates that the Municipality's officials are in the habit of requesting reports from one another; but lack the capacity to coordinate and jointly resolve the underlying problem. Acting in accordance with the Municipality's own competencies is not equivalent to dedicating oneself to sending template-based official letters that 'bounce' from one place to another; it is about resolutely solving the reported problem and working in a coordinated and diligent manner with the rest of the competent authorities. It is also deplorable that a Municipality, when responding to an amparo action, points out and attacks the citizen who only seeks to have their fundamental rights respected. It is not without reason that we have had to resort to this honorable Constitutional Chamber; it is precisely because the competent authorities have not wanted to do their job and fulfill their responsibilities, which has injured the constitutional rights not only of ourselves, but of all the citizens of the district, the canton, and the country; we are not motivated by an exclusively private interest, but by the duty and privilege we have as responsible citizens deserving of our rights. Nor have the undersigned appellants resorted to the Chamber with the aim of distorting any type of information, as the Municipality has tendentiously stated; on the contrary, we seek in good faith to demonstrate the real truth of the facts, with the evidence provided by ourselves and by the administrations themselves, in order to protect the rights that assist us as human beings, against the manifest insolence and the breach of duties and responsibilities that, to this day, we have had to endure from the authorities. To date, and with the sight and patience of the competent administrations, the actions of contamination of the water body and municipal sewer continue, violating the human and constitutional rights of the inhabitants. Meanwhile, we ordinary citizens remain here waiting for solutions…”.

7.- In the procedures followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Salazar Murillo; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Having seen the arguments of the appellant party, it is advised that the purpose of the amparo action is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, and its admissibility, in general, is conditioned not only on proving the existence of a violation—or threat thereof—to one or more of the rights or guarantees contemplated in the Political Charter or those of a fundamental nature established in the international human rights instruments signed and duly incorporated into the legal system, but also on the alleged grievance involving a direct and gross threat or breach of those rights. Consequently, the amparo process is of an eminently summary nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with a declaratory character—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual background of the amparo action or the legal report, as the case may be, actually exist. Thus, through the amparo action, the Constitutional Chamber cannot act as an appellate instance to amend what has been resolved in relation to complaints in environmental or public health matters, since this would not only require carrying out complicated probative proceedings, incompatible with the summary nature of this venue, or weighing the application of infra-constitutional norms, but also directly substituting the administrative will and supplanting the public offices in the management of matters within their competence.

By virtue of the foregoing, the Chamber advises the appellants that it is not possible to determine, in this summary venue, whether official letters MA-SGA-013-2025 and MA SGA-188-2025, signed by Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela, and No. MA-AAP-0085-2025, signed by Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers of the Municipality of Alajuela, and MA-ADM276-2025, in which it was stated that “…upon conducting the inspection, it was verified on-site that the property does not violate the subsections relevant to the activity of residents' duties regarding public roads…”, conform or not to an adequate assessment of the facts and a correct application of the current legal regulations, nor to define whether the water body in question is or is not a rainwater collection channel that is not part of the public domain, or to establish whether or not the Environmental Management Department of the Municipality of Alajuela is correct in concluding that the matter of environmental contamination is beyond its competencies and must be transferred to another department. It should be noted that although the claimants consider that they were not given “a response to the questions posed,” what they are actually expressing is a disagreement with what was resolved because they judge that it does not solve the problem raised. Consequently, all these are matters proper to ordinary legality—since they are not directly related to an eventual violation of a fundamental right—and must therefore be resolved through ordinary channels, administrative or jurisdictional, and this Chamber will not hear them.

Having established the foregoing, in the sub judice case, the claimants' grievance is due to the alleged lack of response to a series of complaints in environmental matters, all of which, if true, could constitute an injury to the right to enjoy prompt and complete administrative justice. Therefore, before analyzing the merits of this matter for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure, it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred—with certain exceptions—to the contentious-administrative jurisdiction those matters in which it is disputed whether the public administration has or has not complied with the deadlines, established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sectoral laws relating to special administrative procedures, both to resolve an administrative procedure by final act—initiated ex officio or at the request of a party—and to hear the appropriate administrative appeals. However, in this case, an exception is precisely raised, as we are faced with complaints, allegedly unresolved, filed in relation to a problem specific to environmental matters that affects public health. By virtue of the foregoing, the Chamber will proceed to resolve the appeal.

II.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellants claim to have filed a complaint with the Departments of Storm Sewers, Environmental Management, and Infrastructure Construction, all of the Municipality of Alajuela, regarding an invasion of public works—obstruction of a sewer—and contamination of a rainwater channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Red Cross. They assert that they were dissatisfied with the responses received from Ms. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers, both of the Municipality of Alajuela, judging them to lack legal basis and technical input, so they submitted the writings registered under procedure numbers No. 0024331-2025 and No. 0017709-2025, in which they asked said officials to fully address and respond to all the reported facts and answer questions related to their official letters. However, to date they have not received any reply in this regard, nor has an intervention or on-site approach been carried out by those officials—or any other municipal department—with the aim of resolving the problem of contamination and obstruction of the storm sewer. They add that the aforementioned contamination problem was also reported to the Environmental Comptroller’s Office of MINAE (Complaint No. 52049-2025), on January 14, 2025, without, to date, the complaining party having been informed of the actions undertaken by said authority. Furthermore, on February 26, 2025, they filed a sanitary complaint with the Ministry of Health, Alajuela Health Area, in which, in addition to pointing out some matters relating to the irregular commercial activity carried out in the area of the invaded sewer, where a kind of makeshift fill was created with a large amount of waste and earth deposited on the site, the situation of “…environmental contamination and matters related to vector control due to poor solid waste management, as a result of the activity carried out and the private activities of the accused party” was indicated and explained in point number three of the reported activity. Subsequently, through official letter CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, engineer Ariel Alfaro Marchena, from Health Regulation, did not address the problem of contamination of the water body, so a missive was sent to her on March 3, 2025, under number NT:9639-2025, in which clarifications were requested, further evidence was provided, and she was asked to take specific actions based on the legislation to prevent further harm to health and the environment. As a result of the questions posed to Eng. Nombre03, she made a new visit on March 14, 2025, and was able to personally observe, from the appellants' property, the problem of contamination of the water body and storm sewer. However, as of the date of filing the appeal, no concrete actions aimed at resolving the problem of contamination in the indicated water body and sewer were known.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided for in the initial order:

REGARDING THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA:

1) In the Integrated System Subprocess - Customer Service of the Municipality of Alajuela, a complaint was received on January 6, 2025, for an invasion of public works (sewer) and contamination of a rainwater channel in Sabanilla, 400m east of the Red Cross, on the road to Tacacorí (procedure No. 0112-2025) (see reports and evidence in the case record).

2) As a result, official letter MA-PPCI-0117-2025 was sent to the Storm Sewer Activity, in order to request Eng. Lawrence Chacón Soto to coordinate an on-site inspection and provide a response report to the neighbors' requests (reports).

3) On January 13, 2025, through official letter No. MA-SGA-013-2025, the coordinator of the Environmental Management Subprocess of the Municipality of Alajuela concluded that the “…particular matter falls outside the competencies of this department, so the case was transferred to Eng. Lawrence Chacón, coordinator of the storm sewer activity, through official letter No. MA-SGA-011-2025” (uncontested fact, see evidence).

4) Likewise, Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers of the Municipality of Alajuela, through official letter No. MA-AAP-0085-2025 dated January 28, 2025, notified to the complainants on March 10, 2025, indicated the following: “…With regard to the referenced procedure, through which you report the situation occurring in the Sabanilla area, approximately 400m east of the Red Cross, I must indicate that there is no record on the site of inadequate functioning of the stormwater system, and considering the atypical nature of the rainy season, with rains having occurred in the months of December and January, it can be inferred that the drain you describe functions adequately. Likewise, I must point out that the storm drain you indicate does not correspond to a natural watercourse. Furthermore, as long as the drain remains in operation, this system is kept active and the storm sewer service is not violated, our department finds no reason to issue any notification…” (uncontested fact, see evidence).

5) However, Licda. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of Environmental Management, recommended assessing the situation related to a possible illegal stockpiling of waste, so official letter No. MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, was prepared, which was sent to officials Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, coordinator of the Environmental Services Subprocess, and Eng. Andrés Salas Vargas, coordinator of the Residents' Duties Activity, for their attention in accordance with current regulations. Likewise, regarding the illegal deposit of earth, Licda. Bermúdez Fallas reported that a warning would be issued to the property owners through Record No. 448-2025 (reports and evidence).

6) Through official letter MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, signed by the director of the Mayor's Office, a copy of official letter MA-SGA-94-2025 from Environmental Management regarding procedure No. 121-2025 filed by Mr. Nombre01—complaint: Invasion of Public Works (sewer) and contamination of rainwater channel, Sabanilla, 00 meters east of the Red Cross, road to Tacacorí—was sent, through which Licda. Karen Bermúdez Fallas indicated that the application of the provisions of the “…Regulation for the establishment and collection of fees and fines for non-compliance with the obligations of owners or possessors of real estate located in the Alajuela canton” should be “…assessed” (reports and evidence in the case record).

7) Through an inspection, it was verified that the reception of topsoil had also taken place on the site. For this reason, it was reported that, within the framework of the competencies of the Environmental Management Subprocess, the issuance of warning record No. 448-2025 for illegal deposits of earth would be appropriate. However, said measure could not be executed, as the property is not registered in the National Property Registry, making it impossible to identify the registered owners who should be notified by the municipality (reports).

8) The appellants then filed procedure No. 0017709-2025, on February 17, 2025, addressed to Licda. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess, in which, referring to official letter No. MA-SGA-013-2025, they requested the following: “1. Said letter indicates in the first of its sections that: 'a timely response was provided to the citizen on 01/13/2025 through official letter No. MA-SGA-013-2025'. However, the undersigned have not received formal notification of such letter and we are unaware of its contents, so said response has not actually been delivered in a timely manner as stated. 2. In the second section, it is mentioned that this particular matter falls outside the competencies of the subprocess you coordinate and that the citizen was informed about the course the procedure had taken. On this particular point, we request that this decision be formally communicated to us and that the technical reasons and legal basis on which it is concluded that this matter 'falls outside the competencies of the environmental management subprocess' be set forth; the foregoing, because the complaint and the evidence provided demonstrate that in the contamination zone there is not only a stockpile of earth (as indicated in the letter in question), this is just one of the wastes that have been deposited in the place, there also being contamination from tires, cans, debris, parts of appliances and car bodies, among others; many of which are covered by the tons of earth that have been deposited in the place, but can also be visibly appreciated upon a correct inspection of the area. 3. The referenced letter mentions that, after consulting the MINAE information system, it is concluded that what exists in the area is a rainwater collection channel and that therefore it does not have the protection of the Water Law and the Forest Law regarding protection setbacks. However, the letter does not mention what role your department assumes in terms of contamination in general terms; it is unknown how the inspection or visit to the area was carried out, because if it is done correctly, it can be determined that the waters flowing through said 'channel' do not disappear by 'evaporation' or 'infiltration,' they are directed meters downstream to the Tambor River, dragging with the flow all the contamination that is constantly thrown into said channel. We invite you to visit our property and from here make a visualization—at least partial—of the route of said waters, as well as the contamination that is gradually being carried to the river, let alone if the complete route of said channel is followed as appropriate. 4. The adoption of forceful legal measures, supported by the applicable legislation within the competencies that, logically, form part of a department responsible for ensuring environmental management in the broad sense of the term, is lacking in said letter. While it is true that other departments of the Municipality have involvement in solving this problem, the corresponding measures must be taken in an integral and coordinated manner in order to put an end to it and, above all, apply concrete measures to guarantee the return of the contamination zone to its natural state; it is not only to prevent the offender from continuing to violate the law, but to ensure that the contamination ('fill') is removed to restore the area to its natural state, or that this is carried out by the Municipality itself, as responsible for ensuring that these acts do not occur in the Canton. We kindly ask you to take the correct measures based on the applicable legislation; as well as to answer the questions posed in that missive within the period established by law” (see evidence).

9) Through official letter MA-ADM-190-2025, in response to official letter MA-A-536-2025 complaint 121-2025 and MA-ADM-275-2025 in response to procedure 23631-2025, issued by the Residents' Duties Activity, with knowledge to the Mayor's Office, Environmental Management, and Environmental Services, the complainant was informed that on February 24, 2025, an on-site inspection was carried out to verify compliance with Article 84 of the Municipal Code and the Regulation mentioned regarding the frontage of the public road, because the Residents' Duties officials cannot enter private properties (reports).

10) Through official letter No. MA-SSA-005-2025, Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, coordinator of Environmental Services, reported that no disposal of ordinary waste was evident on the site and attached the corresponding photograph (reports).

11) Likewise, Licda. Bermúdez Fallas prepared official letter No. MA-SGA-163-2025 in which she reiterated what was noted. Both documents were sent to Eng. Lawrence Chacón Soto, coordinator of Storm Sewers, through official letter No. MA-A-884-2025 for his assessment (reports).

12) In response to procedure No. “0017790-SISC-2025” (sic) (No. 0017709-2025), through official letter No. MA-SGA-188-2025 dated March 3, 2025, signed by Licda. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess and addressed to the appellants, they were informed that the Storm Sewer Activity had given a final response to their case through official letter MA-AAP-0168-2025, according to which, through official letter No. MA-AAP-085-2025 dated January 28, 2025, they had already been informed of the following: “…there is no record on the site of inadequate functioning of the stormwater system, and considering the atypical nature of the rainy season, with rains having occurred in the months of December and January, it can be inferred that the drain you describe functions adequately...”. Likewise, the complaining party was made aware that the competencies of each municipal department are specific and defined in institutional procedures, so if a subprocess receives a complaint outside its competencies, it must channel it to the offices or institutions with jurisdiction in the matter, as was indicated on that occasion. According to a review in the National Information System for Integrated Water Resource Management of the Water Directorate of MINAE, in that sector only a rainwater collection channel is registered, noting that it is a water body that does not correspond to the public domain and the pronouncements issued by said entity have legal basis in the Water Law, the Mining Code, Decree No. 35669-MINAET, Decree No. 36437-MINAET, and the General Law of Public Administration. As it is not a water body of the public domain, it does not have established protection areas or setbacks, as indicated in the Forest Law and the Water Law. The on-site inspection was carried out from the public road, since the Local Government does not have the authority to enter private property without authorization (see evidence).

13) On March 12, 2025, the appellants filed Procedure No. 0024331-2025, addressed to Eng. Lawrence Chacón Soto, in which they indicated the following: “In response to official letter No. MA-AAP-0085-2025, reference No. 117-2025, as it does not respond in accordance with the law to the referenced complaint, I would like to request the following clarifications to properly understand your work: 1. What do you mean by 'there is no record on the site of inadequate stormwater functioning'? Please specify if the pertinent inspections were carried out and if you were or were not able to verify the real state of things. 2. Clarify why the complaint filed through procedure 117-2025 is not considered a record, alert, notice, or formal communication of inadequate functioning of the stormwater system. 3. Clarify what you mean by 'it can be inferred' that the 'drain' functions adequately? Is inferring the same as corroborating or verifying? 4. By indicating that the 'channel is not natural,' could you tell us who 'built' it from its origins to its outflow into the Tambor River? 5. You state 'that as long as the storm sewer system is not violated and the service remains active, you find no reason to issue any notification.' Under this premise, the reported facts (sewer invasion, alteration thereof, obstruction of water outflow, contamination with waste) were entirely dismissed—surely after conducting the respective inspection—so you are requested to indicate the reasons and the legal basis that are omitted in your response. 6. You are requested to provide the photographs of the inspection carried out by your department and the respective report indicating the date and time it took place. 7. To facilitate your work, some photographs with their respective descriptions are attached hereto as annex one, again. We appreciate you telling us: what do you observe? Does everything look good? 8. You are requested to provide a complete copy of the file for the construction project of the aforementioned sewer, carried out between 2020 and 2021. Which details the work performed and its cost. I respectfully request that you provide us with a response to the questions indicated, as they relate to the obligations that should have been verified and confirmed upon receiving the complaint. I do not omit to remind you that the response provided to us, regarding the administrative decisions taken, must have the technical and legal foundations, as well as the respective reasoning in accordance with the General Law of Public Administration” (see evidence).

14) Through official letter No. MA-A-1171-2025 dated March 19, 2025, the Mayor's Office proceeded to send Mr. Nombre01 a copy of official letters No. MA-AAP-324-2025 from Eng. Chacón Soto and No. MA-SGA-163-2025 from Licda. Bermúdez Fallas. In this regard, it is reported that Eng. Chacón Soto reiterated that the indicated channel does not correspond to the public domain and that there is also no impact on the stormwater service in the area, nor on the drain, information that was corroborated by Licda. Bermúdez Fallas in official letter No. MA-SGA-163-2025 (reports).

15) Through official letter No. MA-ADM-312-2025 dated March 25, 2025, Eng. Andrés E. Salas Vargas, coordinator of the Residents' Duties Activity, sent his responses to Mr. Nombre01, regarding the inspections carried out and their result (reports).

16) The Mayor's Office, through official letter No. MA-A-1459-2025 dated April 4, 2025, indicated the following:

“With instructions from the Mayor, I refer to Official Letter No. MA-PSJ-0603-2025, through which you inform of the amparo action filed by Mr. Nombre01 and Mrs. Nombre02 (File No. 25-008467-0007-CO), in the following terms:

In January of this year, this Mayor's Office received a copy of Procedure No. 00121-2025, signed by Mr. Nombre01 among others, regarding the alleged invasion of a public work (sewer) and possible contamination of a rainwater channel in Sabanilla, exactly 400 meters east of the Red Cross, known as “Dirección02”. This prompted the preparation of official letter No. MA-A-259-2025, through which this server requested Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Sewer Activity, Licda. Karen Elena Bermúdez Fallas, Coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Eng. Roy Delgado Alpízar, Director of the Infrastructure Planning and Construction Process, to provide a report on the situation (folios 01 to 11 of the file created on the occasion of this amparo action).

In response, official letter No. MA-AAP-0088-2025 was received, dated January 30, 2025, in which Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of the Storm Sewer Activity, indicated that he had responded to the interested party through official letter No. MA-AAP-0085-2025, which was notified through the Procedure Resolution System (see folios 12 and 13 of the file).

Subsequently, Licda. Karen Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, sent her response to this Mayor's Office through official letter No. MA-SGA-094-2025, in which she clarified that the complaint by Mr.

Name01 had submitted it through the Integrated Customer Service System and that it had already been addressed, according to official communication N° MA-SGA-013-2025.

Additionally, she clarified that according to the National Information System for Integrated Water Resource Management (Sistema Nacional de Información para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, SINIGIRH) of the MINAE Water Directorate, it is recorded that the indicated stormwater collection channel constitutes a body of water that does not belong to the public domain (official communication DA-UHTPCOSJ-2286-2020); therefore, it has no legal protection under the Ley de Aguas and the Ley Forestal regarding protection zone setbacks. Additionally, she recommended evaluating the situation of a potential illegal accumulation of waste; therefore, we proceeded to prepare official communication N° MA-A-536-2025 dated February 10, 2025, which was sent to the officials Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of the Environmental Services Subprocess, and Eng. Andrés Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Inhabitants, for their attention in accordance with current regulations. Now, regarding the illegal deposit of soil, Ms. Bermúdez Fajas reported that a warning would be issued to the property owners through Record N° 448-2025 (see folios 16 to 25 of the file).

Additionally, we received official communication N° MA-SSA-005-2025, in which Eng. Giovanni Sandoval Rodríguez, Coordinator of Environmental Services, reported that no disposal of ordinary waste was evident at the site and attached the corresponding photograph. For her part, Ms. Bermúdez Fallas prepared official communication N° MA-SGA-163-2025 in which she reiterated what was noted in the previous paragraph. Both documents were sent to Eng. Lawrence Chacón Soto, Coordinator of Stormwater Sewerage, through official communication N° MA-A-884-2025 for his assessment (see folios 26 to 28 verso of the file).

It is worth noting that through our official communication N° MA-A-1171-2025 dated March 19 of this year, a copy of official communications N° MA-AAP-324-2025 from Eng. Chacón Soto and N° MA-SGA-163-2025 from Ms. Bermúdez Fallas was sent to Mr. Name01. In this regard, it is important to highlight that Eng. Chacón Soto reiterated that the indicated channel does not belong to the public domain and that there is also no affectation to the stormwater drainage service in the area or to the drain, information that was corroborated by Ms. Bermúdez Fallas

in official communication N° MA-SGA-163-2025, already cited (see folios ___ of the file).

Additionally, we received a copy of official communication N° MA-ADM-312-2025 dated March 25, 2025, through which Eng. Andrés E. Salas Vargas, Coordinator of the Activity of Duties of the Inhabitants, sent his responses to Mr. Name01, regarding the inspections carried out and their results. This was done through Official Communications N° MA-ADM-190-2025, corresponding to Proceeding N° 121-2025, and N° MA-ADM-276-2025 as a response to Proceeding N° 23631-2025 (see folios 48 to 55 of the file).

On the other hand, it is pertinent to indicate that Mrs. Name02 sent an email dated March 25 of this year, in which she expressed her disagreement with what had been done and the responses received through our official communication N° MA-A-1171-2025 and indicated that she would file the corresponding complaint before the Contraloría General de la República. Given this situation, the corresponding acknowledgment of receipt was given through our official communication N° MA-A-1354-2025 dated March 31, 2025 (see folios 56 to 61 of the file).

Additionally, the following actions by this Mayor's Office are on record:

 Sending of official communication N° MA-A-1355-2025 to Mr. Walter Zavala Ortega, Environmental Comptroller, to which a copy of official communications N° MA-SGA-094-2025 and N° MA-SGA-163-2025, signed by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, was attached in response to official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 (see folios 62 to 64 verso of the file).

 Sending to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Health Governing Area Alajuela 1, official communication N° MA-A-1356-2025, to which a copy of official communications N° MA-SGA-094-2025 and N° MA-SGA-163-2025, signed by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, was attached, addressing the recommendation to proceed in accordance with the Ley General de Salud (see folios 65 to 69 verso of the file).

Also, a report was requested from Eng. Emerson Bone Moya regarding the tire shop (llantera) mentioned by Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, through official communication N° MA-A-1357-2025 dated March 31, 2025 (see folios 70 to 72 verso of the file).

Finally, on March 27 of this year, Mrs. Name02 sent a new email in which she denounced that the waste deposits continue, despite the notification mentioned in official communication N° MA-SGA-163-2025. For this reason, this Mayor's Office sent official communication N° MA-A-1395-2025 to Ms. Bermúdez Fallas, Coordinator of Environmental Management, for her attention in accordance with the respective legal framework (see folio 73 of the file) and to Dr. Víctor González Jiménez, Director of the Health Governing Area Alajuela 1, through official communication N° MA-A-1396-2025 dated April 1, 2025.

From the foregoing, it is concluded that the petitioners have been duly and timely informed regarding all actions, inspections, and technical criteria from the competent municipal departments. However, what is evident is a disagreement with what was resolved, which we consider that the constitutional avenue is not the appropriate forum to discuss this type of conflict. Attached is the original file constituted on the occasion of this amparo appeal, which contains 82 folios” (see reports).

ON MINAE.

17) On January 14, 2025, the petitioner filed proceeding “Denuncia N° 52049-2025” before the Environmental Comptroller's Office (Contraloría Ambiental) of MINAE, alleging that in a gully or intermittent channel of the public domain, an invasion had occurred and a tire shop (llantera) was operating illegally, dumping cartloads of waste such as tires, vehicle bodies, vehicle parts, debris, cans, soil, garbage onto the channel (body of water) and onto the municipal sewer grate (uncontested fact).

18) By official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025, that Comptroller's Office referred the case to the Municipal Mayor's Office of Alajuela, so that the real truth of the reported affectation could be investigated. In said official communication, in compliance with the Opinion of the Procuraduría General de la República C-195-2019 and, specifically, with Directriz 011-2019, ordered by the Minister of the Environment, the mayor of Alajuela was also requested to submit a report on the actions taken and resolved by that Local Government within a maximum period of 60 business days, under warning of incurring the crimes of disobedience to authority, personal favoritism, and failure to perform duties, punishable by articles 314, 329, and 339 of the Código Penal if he failed to comply (reports and evidence in the file).

19) However, at the time the reports were rendered, the complaint tracking system did not contain a response communication from the Local Corporation to the request of the Environmental Comptroller's Office (reports).

ON THE MINISTRY OF HEALTH

20) On January 30, 2025, a sanitary complaint —sequential N°8930-2025— was filed with the Ministry of Health by the petitioner Name02 against Name03, domiciled in Alajuela, Sabanilla, 350 meters east of the Cruz Roja, appearing as the owner of the commercial establishment called “Llantera Chucky”. The complaint attacked the operation of an irregular tire shop (llantera) accused of generating environmental pollution and health risks and carrying out a commercial activity lacking a permit (reports and evidence in the record).

21) According to an inspection record of February 14, 2025, the reported place was inspected on that date (see evidence).

22) Through Technical Report N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0186-2025, issued on February 26, 2025, signed by Eng. Ariel Alfaro Marchena, from the Health Regulation Team of the Health Governing Area Alajuela 1, information was provided about the inspection of February 14, 2025, which revealed that the reported commercial establishment was just processing municipal permits for land use (uso de suelo) —which is a requirement for obtaining the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento)—, so Name03 was instructed not to carry out the workshop activity until such sanitary operating permit was obtained. Likewise, it was confirmed that the tire waste was under a roof, without water accumulation; no waste was found inside the property; it was confirmed that the property's wastewater has adequate treatment (drainage); and that the water accumulation on the premises is a product of the adjacent properties (reports and evidence in the record).

23) On March 14, 2025, at 11:43 a.m., Mr. Name03 was notified of Sanitary Order N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, with a compliance period of 05 business days from the notification of the administrative act —which expired on March 21, 2025—, for not having a sanitary operating permit for the commercial activity of “tire shop (llantera)” (reports).

24) By official communication N° CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, dated March 21, 2025, signed by Dr. Ronald Mora Solano, Acting Director, and Eng. Ariel Alfaro Marchena, from the Health Regulation Team, both of the Health Governing Area Alajuela 1, the corresponding support was requested to follow up on the complaint regarding contamination of the stormwater sewer system by solid waste, given that the health authority observed an accumulation of waste around the aforementioned sewer grate (reports).

25) By written proceeding N° 98930-2025, the complainant alleged that the inspection was not carried out completely and correctly, given that the activity was not closed down. She added that the tire shop (llantera) had been built on a property that did not belong to the respondent and on a municipal public work (sewer grate). She also objected that no reference had been made to the body of water (see evidence).

26) As a result, a visit was made to the complainant's property on March 14, 2025, and an accumulation of waste (cans-tires-plastics-debris) was observed around the sewer grate and a possible body of water, which apparently came from Mr. Name03's property (see official communications CARTA-MS-DRRSCN-DARSAI1-0243-2025 and CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 of March 28, 2025).

27) That same March 14, 2025, Sanitary Order MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025 was notified to Mr. Name03, warning him that he must have the corresponding sanitary operating permit for the "Tire Shop (Llantera)" activity within a period of 5 business days (see official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 of March 28, 2025).

28) By official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSAI1-0243-2025 of March 19, 2025, signed by Dr. Ronald Enrique Mora Solano, acting director, and Engineer Ariel Alfaro Marchena, Health Regulation, Direction of Health Governing Area Alajuela 1, the mayor of Alajuela was requested to provide support to conduct a joint visit in follow-up of the sanitary complaint filed on January 30, 2025 by the petitioner Name02, indicating that on March 14, 2025, an inspection was carried out at the reported site and an accumulation of waste was observed around the sewer grate (see respective official communication).

29) On March 21, 2025, the Municipality of Alajuela was notified, via official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025, of the request for accompaniment in addressing the sanitary complaint, indicating that solid waste contamination was observed around the sewer grate (see official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 of March 28, 2025).

30) On March 27, 2025, according to Closure Record N°MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0069-2025, the commercial establishment in question was closed down for non-compliance with Sanitary Order N° MS-DRRSCN-DARSA1-OS-0012-2025, dated March 14, 2025. Consequently, official seals were placed and the establishment was closed, inhibiting its operation (reports and official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 of March 28, 2025).

31) On that date, however, the response from the Municipality of Alajuela to official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0243-2025 was still pending (see official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA1-0270-2025 of March 28, 2025).

IV.- UNPROVEN FACTS. The following facts of relevance for this resolution are not considered proven:

1) That the Environmental Comptroller's Office of MINAE communicated to the complainant the issuance and sending of official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025 to the Municipality of Alajuela.

2) That the mayor of Alajuela rendered the report requested by the Environmental Comptroller's Office of MINAE in a timely manner.

3) That the Municipality of Alajuela responded to Proceeding N° 0024331-202.

V.- ON THE MUNICIPALITY OF ALAJUELA. In the sub judice, the petitioners allege having filed with the Departments of Stormwater Sewerage, Environmental Management, and Infrastructure Construction, all of the Municipality of Alajuela, a complaint regarding an invasion of a public work —obstruction of a sewer grate— and contamination of a stormwater channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Cruz Roja. They affirm, likewise, to have been dissatisfied with the responses received from Mrs. Karen Bermúdez Fallas, coordinator of the Environmental Management Subprocess, and Engineer Lawrence Chacón Soto, coordinator of Stormwater Sewerage, both of the Municipality of Alajuela, judging them to lack legal basis and technical contributions, so they submitted the documents recorded under proceeding numbers N° 0024331-2025 and N° 0017709-2025, in which they requested said officials to comprehensively address and respond to all the reported facts and answer questions related to their official communications. However, to date they have not received any response in this regard, nor has any intervention or approach been carried out at the site by these officials —or any other municipal department— with the aim of solving the problem of pollution and obstruction of the stormwater sewer grate.

In this regard, from the list of proven facts, it follows that, although the respondent Local Corporation did respond to Proceeding N° 0017709-2025 before the filing of this appeal, there is no record that Proceeding N° 0024331-2025 was answered, which contained what was, in essence, a pure and simple request for information and documentation, on which the Administration had nothing to resolve. As for the rest, since what the petitioner harbors is, in reality, a disagreement with what was resolved by the Local Government, it is reiterated that it is not within the purview of this Chamber to serve as an appellate instance to overturn the various resolutions that this Local Corporation has issued regarding the reported situation, given that these are matters of ordinary legality that must be settled through the common, administrative, or jurisdictional channels. Thus, the petitioner must, if they see fit, raise their disagreements or claims through the competent legal channel, a forum in which they will be able to broadly discuss the merits of the matter and assert their claims.

VI.- ON MINAE. In the sub lite, the petitioners affirm having reported the pollution problem to the Environmental Comptroller's Office of MINAE (Denuncia N° 52049-2025), on January 14, 2025, without having been made aware, up to the date of filing this appeal, of the actions undertaken by said authority.

In this regard, from the list of proven facts it follows that, by official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025, that Comptroller's Office referred the case to the Municipal Mayor's Office of Alajuela, for its proper attention. Likewise, a report on the actions taken and resolved by that Local Government was requested within a maximum period of 60 business days.

However, it is inferred that the mayor of Alajuela did not render the respective report on time, and there is no evidence in the record that the Environmental Comptroller's Office of MINAE communicated to the complainant the issuance and sending of official communication N° CA-URID-2025-002-SITADA-52049 of January 15, 2025 to the Municipality of Alajuela, nor the eventual omission of the aforementioned mayor to render the report.

VII.- ON THE MINISTRY OF HEALTH. Finally, the petitioner alleges that, on February 26, 2025, she filed a sanitary complaint before the Ministry of Health, Health Governing Area of Alajuela. Likewise, she indicates that, subsequently, dissatisfied with the content of official communication CARTA-MS-DRRSCN-DARSA-1-0186-2025, signed by engineer Ariel Alfaro Marchena, of Health Regulation, she sent a missive on March 3, 2025, under number NT:9639-2025, to request clarifications, provide further evidence, and request her to take specific actions based on legislation to prevent further harm to health and the environment. As a result, Eng. Alfaro conducted a new visit to the site on March 14, 2025, and was able to personally appreciate from the petitioners' property the pollution problem in the body of water and stormwater sewer grate. However, up to the date of filing the appeal, the petitioner was not aware of any concrete actions undertaken by the Ministry of Health aimed at resolving the pollution problem in the indicated body of water and sewer grate.

In this regard, the Chamber observes that, according to the list of proven facts, the relevant complaint was filed with the Ministry of Health on January 30, 2025, and this amparo was filed on March 25, 2025. Now, concerning complaints, there is no established legal period for resolution, but the Administration needs to carry out a procedure to verify the facts that must support the final act, as well as adopt the pertinent evidentiary measures, so the Chamber has repeatedly held that the corresponding violation of articles 27 and 41 of the Constitution is established by weighing —in accordance with the evidence in the record— that the proceedings were conducted without undue delays (see judgment Nº 2002-09041 of 3:02 p.m. on September 17, 2002), all without prejudice to applying as a general guide the term provided in article 261, paragraph 1, of the Ley General de la Administración Pública, which establishes that the ordinary administrative procedure must be concluded, by final act, within a period of two months after its initiation. That being the case, at the time this appeal was filed, the respondent authority was still within the period to resolve and communicate the result of the pertinent procedure, so this issue is premature.

VIII.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the undersigned's opinion that if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do consider the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Constitución Política), as in this case, where the petitioner indicates that she filed a complaint for an invasion of a public work —obstruction of a sewer grate— and contamination of a stormwater drainage channel located in the district of Sabanilla de Alajuela, 400 meters east of the Cruz Roja, which has not been definitively resolved and which affects the boundaries of her property, namely, the property registered under real folio number .

IX.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if any paper documents have been provided, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic devices or those produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is declared PARTIALLY GRANTED, solely against the Municipality of Alajuela and the Ministry of Environment and Energy. It is ordered that Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as coordinator of the Environmental Management activity, Lawrence Chacón Soto, in his capacity as coordinator of the Stormwater Sewerage activity, and Andrés Salas Vargas, in his capacity as coordinator of the Duties of the Inhabitants activity, all of the Municipality of Alajuela, or whoever occupies their positions, within the non-extendable term of TEN DAYS, counted from the notification of this resolution, provide the petitioner with the information requested in Proceeding N° 0024331-2025. It is ordered that Olman Mora Navarro, in his capacity as Environmental Comptroller, or whoever occupies that position, within the non-extendable term of TEN DAYS, counted from the notification of this resolution, inform the petitioner of the status of their proceeding. In all other respects, the appeal is declared without merit. Roberto Hernán Thompson Chacón, in his capacity as mayor, Karen Bermúdez Fallas, in her capacity as coordinator of the Environmental Management activity, Lawrence Chacón Soto, in his capacity as coordinator of the Stormwater Sewerage activity, and Andrés Salas Vargas, in his capacity as coordinator of the Duties of the Inhabitants activity, all of the Municipality of Alajuela, and Olman Mora Navarro, in his capacity as Environmental Comptroller, or whoever occupies their positions, are warned that failure to comply with said order will result in the crime of disobedience and that, in accordance with article 71 of the Law of this jurisdiction, a prison sentence of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipality of Alajuela are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the contentious-administrative judgment. Magistrate Salazar Alvarado adds a note. Notify.

 

 

 

 
	
Fernando Cruz C.

Acting President

	

 


Paul Rueda L.

	
 

	
Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

	
 

	
Ingrid Hess H.

Ronald Salazar Murillo

	
 

	
Alejandro Delgado F.

 

Digitally Signed Document

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11LRC5FB43W061

FILE N° 25-008467-0007-CO

 

Phones: Telf02/ ALA-4TA (Telf03). Fax: Telf04 / Telf05. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección03, Dirección04, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

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