Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Ahora bien, la Sala establece que la gestión fue atendida con ocasión de este proceso, notificado a la parte accionada el 23 de mayo de 2025. Asimismo, se verifica que se excedió el plazo establecido en el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese tanto, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explicará.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones.
English (translation)Now, the Chamber establishes that the request was addressed during this process, which was notified to the respondent on May 23, 2025. It is also verified that the deadline established in Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law was exceeded. Therefore, the amparo is granted, without special award of costs or damages, as will be explained.
IV.- ON THE AWARD OF COSTS AND DAMAGES UNDER ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber holds that, in the sub examine, pursuant to Article 52, paragraph 1, of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, halts, or suspends the challenged action, the amparo shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”), the granting must be without special award of costs or damages, based on the following considerations.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 17238 - 2025 Fecha de la Resolución: 06 de Junio del 2025 a las 10:15 Expediente: 25-013386-0007-CO Redactado por: Paul Rueda Leal Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-013386-0007-CO Res. Nº 2025017238 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del seis de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-013386-0007-CO, interpuesto por ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Sala el 13 de mayo de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que, el 21 de marzo de 2025, en su condición de diputado de la República, remitió al correo electrónico ...01 el oficio nro. AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, mediante el que solicitó a la Ministra de Salud lo siguiente: “La presente es para solicitar información respecto a las acciones adoptadas por este Ministerio, en particular por el Área Rectora de Salud (ARS) Puntarenas – Chacarita, en cumplimiento de la resolución del recurso de amparo Nº 2025005315 de la Sala Constitucional, bajo el expediente 24-031922-0007-CO, que resolvió: “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Randall Alexis Chavarría Matarrita, alcalde de Puntarenas y a Éricka Jiménez Valverde, directora del Área Rectora de Salud (ARS) Puntarenas – Chacarita, o a quienes ocupen esos cargos que: 1) coordinen lo necesario dentro del ámbito de sus competencias a efectos de que se continúe con el plan de la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales generadas en el Mercado Municipal dentro del plazo ya señalado, sea para su finalización el 15 noviembre de 2025; 2) que de manera INMEDIATA se tomen las medidas que sean necesarias a fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas producto de la aguas residuales generadas en el Mercado Municipal.” Tenemos conocimiento de que la coordinación para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales sigue en marcha. Sin embargo, respecto al segundo punto, referente a la adopción de medidas inmediatas para evitar la contaminación del Estero de Puntarenas, no parece haberse dado cumplimiento, a pesar de que han transcurrido 27 días desde la resolución del recurso de amparo. Mediante la resolución Nº 2025005315 del 21 de febrero de 2025, se emitió el acta de clausura N° AC-003-REG-2025 el 28 de febrero de 2025, ordenando el cierre del Mercado Municipal de Puntarenas por incumplimiento de las órdenes sanitarias N° 011- REG-2019 y N° 013-REG-2019, así como de la resolución Nº 2025005315, además de no contar con el permiso sanitario de funcionamiento. De acuerdo con el expediente de la Sala Constitucional 24-031922-0007-CO, la Municipalidad de Puntarenas emitió el oficio N° MP-AM-OF-1864-02-2025, en el cual expone su estrategia de cumplimiento respecto al numeral 2 de la resolución. Sin embargo, en dicho documento no se evidencia la inmediatez requerida en la ejecución de las medidas, lo que genera preocupación respecto al cumplimiento efectivo de la orden de la Sala Constitucional. Además, al no contar el Mercado Municipal con permiso sanitario de funcionamiento, su operación contravendría lo dispuesto en la Ley General de Salud. Por lo tanto le solicito la siguiente información: I.¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que sustentaron la Resolución Administrativa de Declaratoria de Nulidad de Acto Administrativo N° MS-DM-0896-2025, suscrita por la Dra. Mary Munive Argermüller, mediante la cual se anuló la clausura del Mercado Municipal de Puntarenas? II.¿Se presentó algún recurso de apelación contra la clausura N° AC-003-REG-2025 del 28 de febrero de 2025, siguiendo el debido proceso administrativo? En caso afirmativo, adjuntar copia digital de los recursos interpuestos, así como de las resoluciones emitidas al respecto. III.¿La Municipalidad de Puntarenas ha cancelado las multas impuestas por el incumplimiento de las órdenes sanitarias que afectan al Mercado Municipal? IV.Ante la nulidad de la clausura emitida por el Ministerio de Salud, ¿qué alternativa inmediata ha planteado este Ministerio para garantizar el cumplimiento del numeral 2 de la resolución de la Sala Constitucional, con el fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas? En caso de existir una alternativa, ¿se está implementando de manera inmediata, conforme lo ordenó la Sala Constitucional? V.En caso que no cuenten con una alternativa inmediata según lo determina la jurisprudencia, ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que justifican la inacción ante lo ordenado por la Sala Constitucional? VI.Dado el grave daño ambiental causado por el vertido de aguas residuales del Mercado Municipal al Estero de Puntarenas a lo largo de los años, ¿cómo se ha aplicado el principio precautorio en materia ambiental en este caso? VII.¿Se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios y jerarcas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita? VIII.¿Existe alguna directriz ministerial que limite o condicione la actuación e independencia de las áreas rectoras de salud en el ejercicio de sus funciones de fiscalización sanitaria, en específico para la clausura de establecimientos ?” Sin embargo, acusa que aún no ha recibido respuesta a la gestión incoada. 2.- Por resolución de las 17:34 horas del 22 de mayo de 2025 se dio curso al amparo. 3.- Informa bajo juramento Allan Roberto Mora Vargas, en su condición de ministro a.i. de Salud, lo siguiente: “2.- En cumplimiento a lo requerido, me permito informar que, mediante oficio N° CARTA-MS-DM 2256-2025 del 28 de mayo de 2025, el suscrito, en mi condición de Ministro a. i., de Salud, atendí la consulta formulada por el señor Antonio Ortega Gutiérrez; dicho oficio fue enviado a las 15:19 horas del 28 de mayo de 2025, a las cuentas electrónicas: ...02 y ...03 Se deja constancia de que la solicitud fue atendida mediante el correo electrónico enviado el día 28 de mayo de 2025. No está de más indicar que el actuar de este Despacho, siempre está dirigido atender de manera atenta, responsable y diligente, todas las gestiones planteadas (en este caso la información solicitada), sin descuidar de manera alguna las responsabilidades propias de este Ministerio, donde este servidor debe atender una cantidad considerable de asuntos, propios de la función pública y en resguardo de la salud de la población, por lo que no ha sido desproporcional el lapso que este Ministerio tiene para atender lo solicitado y poder brindar una respuesta a la amparada, en tiempo razonable y proporcional. 3.- Habiéndosele dado trámite y respuesta a la solicitud de información requerida por la parte recurrente, con el debido respeto acostumbrado se les pide a los honorables Magistrados que se considere lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que indica lo siguiente: “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes” Esta administración reconoce que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal Constitucional; no obstante, cabe indicarse que, para el caso de este Recurso de Amparo, el contenido de la pretensión de la parte recurrente y la conducta de la administración, sugieren que cualquier menoscabo, lesión o alteración no se refiere en ninguna forma a una repercusión patrimonial. Por lo indicado, se solicita considerar que la autoridad recurrida ha remediado la eventual vulneración acaecida, dando respuesta oportuna al recurrente, como ya el honorable Tribunal Constitucional ha procedido en situaciones similares (ver en ese sentido sentencia Nº 2021014433 de las 9:15 horas del 25 de junio de 2021). 4.- En lo que respecta a la cuenta electrónica ...01 a la cual el recurrente remitió la solicitud de información, indico que se encuentra prevista como mecanismo oficial para la recepción de gestiones de los usuarios”. 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Rueda Leal; y, Considerando: I.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que gestionó información ante la autoridad accionada. Reclama que no recibió respuesta. II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial: a) Mediante oficio AL-FPFA-36-OFI-0061-2025 de 20 de marzo de 2025, recibido el 21 de marzo de 2025, el recurrente solicitó al Ministerio de Salud: “I. ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que sustentaron la Resolución Administrativa de Declaratoria de Nulidad de Acto Administrativo N° MS-DM-0896-2025, suscrita por la Dra. Mary Munive Argermüller, mediante la cual se anuló la clausura del Mercado Municipal de Puntarenas? II. ¿Se presentó algún recurso de apelación contra la clausura N° AC-003-REG-2025 del 28 de febrero de 2025, siguiendo el debido proceso administrativo? En caso afirmativo, adjuntar copia digital de los recursos interpuestos, así como de las resoluciones emitidas al respecto. III. ¿La Municipalidad de Puntarenas ha cancelado las multas impuestas por el incumplimiento de las órdenes sanitarias que afectan al Mercado Municipal? IV. Ante la nulidad de la clausura emitida por el Ministerio de Salud, ¿qué alternativa inmediata ha planteado este Ministerio para garantizar el cumplimiento del numeral 2 de la resolución de la Sala Constitucional, con el fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas? En caso de existir una alternativa, ¿se está implementando de manera inmediata, conforme lo ordenó la Sala Constitucional? V. En caso que no cuenten con una alternativa inmediata según lo determina la jurisprudencia, ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que justifican la inacción ante lo ordenado por la Sala Constitucional? VI. Dado el grave daño ambiental causado por el vertido de aguas residuales del Mercado Municipal al Estero de Puntarenas a lo largo de los años, ¿cómo se ha aplicado el principio precautorio en materia ambiental en este caso? VII. ¿Se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios y jerarcas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita? VIII. ¿Existe alguna directriz ministerial que limite o condicione la actuación e independencia de las áreas rectoras de salud en el ejercicio de sus funciones de fiscalización sanitaria, en específico para la clausura de establecimientos?” (Hecho incontrovertido). b) La resolución de curso de este proceso fue notificada a la parte accionada el 23 de mayo de 2025. (Los autos). c) Por oficio CARTA-MS-DM-2256-2025 del 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud respondió al interesado: “En atención al oficio AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, mediante el cual solicita información relacionada con “Consultas sobre intervención en clausura del mercado municipal de Puntarenas”; se brinda la siguiente información, respondiendo sus consultas: I. “(…) ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que sustentaron la Resolución Administrativa de Declaratoria de Nulidad de Acto Administrativo N°MS-DM-0896-2025, suscrita por la Dra. Mary Munive Argermüller, mediante la cual se anuló la clausura del Mercado Municipal de Puntarenas? (…)” Una vez analizado el asunto, se evidenció que la Sala Constitucional no ordenó el cierre, por cuanto la posible clausura o su nulidad de esta, no son parte de lo ordenado por el órgano constitucional. II. “(…) ¿Se presentó algún recurso de apelación contra la clausura N°AC-003-REG2025 del 28 de febrero de 2025, siguiendo el debido proceso administrativo? En caso afirmativo, adjuntar copia digital de los recursos interpuestos, así como de las resoluciones emitidas al respecto. (…)” No consta en el expediente administrativo la presentación de ningún recurso. III. “(…) ¿La Municipalidad de Puntarenas ha cancelado las multas impuestas por el incumplimiento de las órdenes sanitarias que afectan al Mercado Municipal? (…)” Según información suministrada por Área Rectora de Salud Puntarenas – Chacarita, al Mercado Municipal de Puntarenas no se le han impuesto multas, esto debido a que la Municipalidad ha venido en el tiempo cumpliendo parcialmente mediante un plan remedial. IV. “(…) Ante la nulidad de la clausura emitida por el Ministerio de Salud, ¿qué alternativa inmediata ha planteado este Ministerio para garantizar el cumplimiento del numeral 2 de la resolución de la Sala Constitucional, con el fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas? En caso de existir una alternativa, ¿se está implementando de manera inmediata, conforme lo ordenó la Sala Constitucional? (…)” Primero, la Sala Constitucional no ordenó el cierre, por cuanto la posible clausura o su nulidad de esta, no son parte de lo ordenado por el órgano constitucional. Segundo, en relación con lo ordenado por la Sala Constitucional, el Ministerio de Salud, se ha reunido junto con las partes actoras en el tema y se ha dispuesto acciones para atender lo ordenado. V. “(…) En caso que no cuenten con una alternativa inmediata según lo determina la jurisprudencia, ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que justifican la inacción ante lo ordenado por la Sala Constitucional? (…)” Como se indicó anteriormente, este Ministerio junto con los actores en el tema, se han reunido y y se ha dispuesto acciones para atender lo ordenado. No existe inacción por parte de este ministerio, por lo cual es innecesaria cualquier justificación al respecto. VI. “(…) Dado el grave daño ambiental causado por el vertido de aguas residuales del Mercado Municipal al Estero de Puntarenas a lo largo de los años, ¿cómo se ha aplicado el principio precautorio en materia ambiental en este caso? (…)” El Mercado contaba con un sistema primario de tratamiento para las aguas residuales, sin embargo, el Ministerio de Salud intervino dicho inmueble encontrando una serie de deficiencias, mismas que se encuentran en estabas de cumplimiento, aunado a lo anterior, de forma temporal el Mercado Municipal se conectó al alcantarillado sanitario del AyA, mientras se construye la planta de tratamiento. VII. “(…) ¿Se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios y jerarcas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita? (…)” Se apertura un procedimiento administrativo, el cual a la fecha es de índole confidencial. VIII. “(…) ¿Existe alguna directriz ministerial que limite o condicione la actuación e independencia de las áreas rectoras de salud en el ejercicio de sus funciones de fiscalización sanitaria, en específico para la clausura de establecimientos ? (…)” Para tales efectos existe la “Regla Técnica para Clausuras de Alto Impacto a Establecimientos y Actividades Públicos y Privados”.” (Ver informe rendido y prueba aportada). III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que gestionó información ante la autoridad accionada. Reclama que no recibió respuesta. Analizados los autos, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio AL-FPFA-36-OFI-0061-2025 de 20 de marzo de 2025, recibido el 21 de marzo de 2025, el recurrente solicitó al Ministerio de Salud: “I. ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que sustentaron la Resolución Administrativa de Declaratoria de Nulidad de Acto Administrativo N° MS-DM-0896-2025, suscrita por la Dra. Mary Munive Argermüller, mediante la cual se anuló la clausura del Mercado Municipal de Puntarenas? II. ¿Se presentó algún recurso de apelación contra la clausura N° AC-003-REG-2025 del 28 de febrero de 2025, siguiendo el debido proceso administrativo? En caso afirmativo, adjuntar copia digital de los recursos interpuestos, así como de las resoluciones emitidas al respecto. III. ¿La Municipalidad de Puntarenas ha cancelado las multas impuestas por el incumplimiento de las órdenes sanitarias que afectan al Mercado Municipal? IV. Ante la nulidad de la clausura emitida por el Ministerio de Salud, ¿qué alternativa inmediata ha planteado este Ministerio para garantizar el cumplimiento del numeral 2 de la resolución de la Sala Constitucional, con el fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas? En caso de existir una alternativa, ¿se está implementando de manera inmediata, conforme lo ordenó la Sala Constitucional? V. En caso que no cuenten con una alternativa inmediata según lo determina la jurisprudencia, ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que justifican la inacción ante lo ordenado por la Sala Constitucional? VI. Dado el grave daño ambiental causado por el vertido de aguas residuales del Mercado Municipal al Estero de Puntarenas a lo largo de los años, ¿cómo se ha aplicado el principio precautorio en materia ambiental en este caso? VII. ¿Se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios y jerarcas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita? VIII. ¿Existe alguna directriz ministerial que limite o condicione la actuación e independencia de las áreas rectoras de salud en el ejercicio de sus funciones de fiscalización sanitaria, en específico para la clausura de establecimientos?” Luego, por oficio CARTA-MS-DM-2256-2025 del 28 de mayo de 2025, el Ministerio de Salud respondió al interesado: “En atención al oficio AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, mediante el cual solicita información relacionada con “Consultas sobre intervención en clausura del mercado municipal de Puntarenas”; se brinda la siguiente información, respondiendo sus consultas: I. “(…) ¿Cuáles fueron los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que sustentaron la Resolución Administrativa de Declaratoria de Nulidad de Acto Administrativo N°MS-DM-0896-2025, suscrita por la Dra. Mary Munive Argermüller, mediante la cual se anuló la clausura del Mercado Municipal de Puntarenas? (…)” Una vez analizado el asunto, se evidenció que la Sala Constitucional no ordenó el cierre, por cuanto la posible clausura o su nulidad de esta, no son parte de lo ordenado por el órgano constitucional. II. “(…) ¿Se presentó algún recurso de apelación contra la clausura N°AC-003-REG2025 del 28 de febrero de 2025, siguiendo el debido proceso administrativo? En caso afirmativo, adjuntar copia digital de los recursos interpuestos, así como de las resoluciones emitidas al respecto. (…)” No consta en el expediente administrativo la presentación de ningún recurso. III. “(…) ¿La Municipalidad de Puntarenas ha cancelado las multas impuestas por el incumplimiento de las órdenes sanitarias que afectan al Mercado Municipal? (…)” Según información suministrada por Área Rectora de Salud Puntarenas – Chacarita, al Mercado Municipal de Puntarenas no se le han impuesto multas, esto debido a que la Municipalidad ha venido en el tiempo cumpliendo parcialmente mediante un plan remedial. IV. “(…) Ante la nulidad de la clausura emitida por el Ministerio de Salud, ¿qué alternativa inmediata ha planteado este Ministerio para garantizar el cumplimiento del numeral 2 de la resolución de la Sala Constitucional, con el fin de evitar que se siga contaminando el Estero de Puntarenas? En caso de existir una alternativa, ¿se está implementando de manera inmediata, conforme lo ordenó la Sala Constitucional? (…)” Primero, la Sala Constitucional no ordenó el cierre, por cuanto la posible clausura o su nulidad de esta, no son parte de lo ordenado por el órgano constitucional. Segundo, en relación con lo ordenado por la Sala Constitucional, el Ministerio de Salud, se ha reunido junto con las partes actoras en el tema y se ha dispuesto acciones para atender lo ordenado. V. “(…) En caso que no cuenten con una alternativa inmediata según lo determina la jurisprudencia, ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y jurídicos específicos que justifican la inacción ante lo ordenado por la Sala Constitucional? (…)” Como se indicó anteriormente, este Ministerio junto con los actores en el tema, se han reunido y y se ha dispuesto acciones para atender lo ordenado. No existe inacción por parte de este ministerio, por lo cual es innecesaria cualquier justificación al respecto. VI. “(…) Dado el grave daño ambiental causado por el vertido de aguas residuales del Mercado Municipal al Estero de Puntarenas a lo largo de los años, ¿cómo se ha aplicado el principio precautorio en materia ambiental en este caso? (…)” El Mercado contaba con un sistema primario de tratamiento para las aguas residuales, sin embargo, el Ministerio de Salud intervino dicho inmueble encontrando una serie de deficiencias, mismas que se encuentran en estabas de cumplimiento, aunado a lo anterior, de forma temporal el Mercado Municipal se conectó al alcantarillado sanitario del AyA, mientras se construye la planta de tratamiento. VII. “(…) ¿Se han iniciado procesos administrativos contra funcionarios y jerarcas del Área Rectora de Salud Puntarenas-Chacarita? (…)” Se apertura un procedimiento administrativo, el cual a la fecha es de índole confidencial. VIII. “(…) ¿Existe alguna directriz ministerial que limite o condicione la actuación e independencia de las áreas rectoras de salud en el ejercicio de sus funciones de fiscalización sanitaria, en específico para la clausura de establecimientos ? (…)” Para tales efectos existe la “Regla Técnica para Clausuras de Alto Impacto a Establecimientos y Actividades Públicos y Privados”.” Ahora bien, la Sala establece que la gestión fue atendida con ocasión de este proceso, notificado a la parte accionada el 23 de mayo de 2025. Asimismo, se verifica que se excedió el plazo establecido en el numeral 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En ese tanto, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explicará. IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios. V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y SALAZAR MURILLO. Si bien coincidimos con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, consideramos que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones. El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas. El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente: “Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”. En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097 del 26 de octubre de 2012, se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: “Presentación de escritos y plazo de respuesta. El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”. Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-. Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida. Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo del amparado, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En consecuencia, salvamos parcialmente el voto, e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. VI.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012. Por tanto: Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Salazar Murillo consignan razones diferentes y salvan parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. Notifíquese. Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- I47G9EDK43SBK61 EXPEDIENTE N° 25-013386-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:34:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Large Normal Small Constitutional Chamber Resolution No. 17238 - 2025 Date of Resolution: June 6, 2025 at 10:15 a.m. Expediente: 25-013386-0007-CO Drafted by: Paul Rueda Leal Type of matter: Amparo action Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution Exp: 25-013386-0007-CO Res. No. 2025017238 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at ten hours fifteen minutes on the sixth of June, two thousand twenty-five. Amparo action processed in expediente no. 25-013386-0007-CO, filed by ANTONIO ORTEGA GUTIÉRREZ, identity card CED01, against the MINISTRY OF HEALTH. **Resultando:** 1.- By brief received in the Chamber on May 13, 2025, the petitioner files an amparo action. He states that, on March 21, 2025, in his capacity as a deputy of the Republic, he sent to the email address ...01 official communication no. AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, through which he requested the following from the Minister of Health: “The purpose of this is to request information regarding the actions adopted by this Ministry, particularly by the Governing Health Area (Área Rectora de Salud, ARS) Puntarenas – Chacarita, in compliance with the resolution of amparo action No. 2025005315 of the Constitutional Chamber, under expediente 24-031922-0007-CO, which resolved: ‘The action is granted. Randall Alexis Chavarría Matarrita, mayor of Puntarenas, and Éricka Jiménez Valverde, director of the Governing Health Area (ARS) Puntarenas – Chacarita, or whoever holds those positions, are ordered to: 1) coordinate whatever is necessary within the scope of their competencies so that the plan for the construction of a Wastewater Treatment Plant for the waste generated in the Municipal Market continues within the deadline already indicated, that is, for its completion by November 15, 2025; 2) IMMEDIATELY take whatever measures are necessary in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas as a result of the wastewater generated in the Municipal Market.’ We are aware that the coordination for the construction of the Wastewater Treatment Plant is still underway. However, regarding the second point, concerning the adoption of immediate measures to prevent the contamination of the Estero de Puntarenas, compliance does not appear to have been achieved, despite 27 days having passed since the resolution of the amparo action. Through resolution No. 2025005315 of February 21, 2025, closure order (acta de clausura) No. AC-003-REG-2025 was issued on February 28, 2025, ordering the closure of the Municipal Market of Puntarenas for non-compliance with health orders (órdenes sanitarias) No. 011-REG-2019 and No. 013-REG-2019, as well as with resolution No. 2025005315, in addition to not having a valid health operating permit (permiso sanitario de funcionamiento). According to the Constitutional Chamber expediente 24-031922-0007-CO, the Municipality of Puntarenas issued official communication No. MP-AM-OF-1864-02-2025, in which it sets out its compliance strategy regarding paragraph 2 of the resolution. However, that document does not demonstrate the immediacy required in the execution of the measures, which raises concerns regarding the effective fulfillment of the Constitutional Chamber’s order. Furthermore, as the Municipal Market lacks a health operating permit, its operation would contravene the provisions of the General Health Law (Ley General de Salud). Therefore, I request the following information: I. What were the specific technical and legal grounds that supported the Administrative Resolution Declaring Nullity of Administrative Act No. MS-DM-0896-2025, signed by Dr. Mary Munive Argermüller, through which the closure of the Municipal Market of Puntarenas was annulled? II. Was any appeal filed against closure order No. AC-003-REG-2025 of February 28, 2025, following proper administrative procedure (debido proceso administrativo)? If so, attach a digital copy of the appeals filed, as well as of the resolutions issued in this regard. III. Has the Municipality of Puntarenas paid the fines imposed for non-compliance with the health orders affecting the Municipal Market? IV. Given the nullity of the closure issued by the Ministry of Health, what immediate alternative has this Ministry proposed to guarantee compliance with paragraph 2 of the Constitutional Chamber’s resolution, in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas? If an alternative exists, is it being implemented immediately, as ordered by the Constitutional Chamber? V. In the event that you do not have an immediate alternative as determined by jurisprudence, what are the specific technical and legal grounds that justify the inaction in the face of what was ordered by the Constitutional Chamber? VI. Given the serious environmental damage caused by the discharge of wastewater from the Municipal Market into the Estero de Puntarenas over the years, how has the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters been applied in this case? VII. Have administrative proceedings (procesos administrativos) been initiated against officials and heads of the Governing Health Area Puntarenas-Chacarita? VIII. Is there any ministerial directive that limits or conditions the actions and independence of the governing health areas (áreas rectoras de salud) in the exercise of their health inspection (fiscalización sanitaria) functions, specifically regarding the closure of establishments?” However, he accuses that he has not yet received a response to the request made. 2.- By resolution at 5:34 p.m. on May 22, 2025, the amparo was admitted for processing. 3.- Allan Roberto Mora Vargas, in his capacity as acting minister of Health, reports under oath as follows: “2.- In compliance with what was required, I inform you that, through official communication No. CARTA-MS-DM 2256-2025 of May 28, 2025, the undersigned, in my capacity as acting Minister of Health, addressed the inquiry made by Mr. Antonio Ortega Gutiérrez; said communication was sent at 3:19 p.m. on May 28, 2025, to the electronic accounts: ...02 and ...03 It is placed on record that the request was addressed via the email sent on May 28, 2025. It is not superfluous to indicate that the actions of this Office are always aimed at addressing, in an attentive, responsible, and diligent manner, all the requests made (in this case the requested information), without neglecting in any way the responsibilities proper to this Ministry, where this public servant must attend to a considerable number of matters, inherent to public function and in safeguarding the health of the population, so the period this Ministry has to address what was requested and provide a response to the protected party has not been disproportionate, in reasonable and proportional time. 3.- Having processed and responded to the request for information made by the appellant, with the customary due respect the Honorable Magistrates are asked to consider the provision in paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), which indicates: ‘If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.’ This administration acknowledges that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Constitutional Court; however, it should be noted that, for the case of this Amparo Action, the content of the appellant’s claim and the administration’s conduct suggest that any impairment, injury, or alteration does not in any way refer to a pecuniary repercussion. For the reasons stated, it is requested to consider that the appealed authority has remedied the eventual violation that occurred, providing a timely response to the appellant, as the honorable Constitutional Court has already proceeded in similar situations (see in this regard judgment No. 2021014433 at 9:15 a.m. on June 25, 2021). 4.- Regarding the electronic account ...01 to which the appellant sent the request for information, I indicate that it is provided as an official mechanism for receiving requests from users.” 4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Magistrate Rueda Leal drafts; and, **Considerando:** I.- Object of the action. The appellant indicates that he requested information from the respondent authority. He claims that he did not receive a response. II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been so accredited or because the respondent has omitted referring to them, as provided in the initial order: a) Through official communication AL-FPFA-36-OFI-0061-2025 of March 20, 2025, received on March 21, 2025, the appellant requested from the Ministry of Health: “I. What were the specific technical and legal grounds that supported the Administrative Resolution Declaring Nullity of Administrative Act No. MS-DM-0896-2025, signed by Dr. Mary Munive Argermüller, through which the closure of the Municipal Market of Puntarenas was annulled? II. Was any appeal filed against closure order No. AC-003-REG-2025 of February 28, 2025, following proper administrative procedure? If so, attach a digital copy of the appeals filed, as well as of the resolutions issued in this regard. III. Has the Municipality of Puntarenas paid the fines imposed for non-compliance with the health orders affecting the Municipal Market? IV. Given the nullity of the closure issued by the Ministry of Health, what immediate alternative has this Ministry proposed to guarantee compliance with paragraph 2 of the Constitutional Chamber’s resolution, in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas? If an alternative exists, is it being implemented immediately, as ordered by the Constitutional Chamber? V. In the event that you do not have an immediate alternative as determined by jurisprudence, what are the specific technical and legal grounds that justify the inaction in the face of what was ordered by the Constitutional Chamber? VI. Given the serious environmental damage caused by the discharge of wastewater from the Municipal Market into the Estero de Puntarenas over the years, how has the precautionary principle in environmental matters been applied in this case? VII. Have administrative proceedings been initiated against officials and heads of the Governing Health Area Puntarenas-Chacarita? VIII. Is there any ministerial directive that limits or conditions the actions and independence of the governing health areas in the exercise of their health inspection functions, specifically regarding the closure of establishments?” (Uncontroverted fact). b) The resolution admitting this process for processing was notified to the respondent party on May 23, 2025. (The procedural orders). c) By official communication CARTA-MS-DM-2256-2025 of May 28, 2025, the Ministry of Health responded to the interested party: “In response to official communication AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, through which you request information related to ‘Inquiries regarding intervention in the closure of the municipal market of Puntarenas’; the following information is provided, answering your inquiries: I. ‘(…) What were the specific technical and legal grounds that supported the Administrative Resolution Declaring Nullity of Administrative Act No. MS-DM-0896-2025, signed by Dr. Mary Munive Argermüller, through which the closure of the Municipal Market of Puntarenas was annulled? (…)’ Once the matter was analyzed, it was evidenced that the Constitutional Chamber did not order the closure, inasmuch as the possible closure or its nullity are not part of what was ordered by the constitutional body. II. ‘(…) Was any appeal filed against closure order No. AC-003-REG2025 of February 28, 2025, following proper administrative procedure? If so, attach a digital copy of the appeals filed, as well as of the resolutions issued in this regard. (…)’ The filing of any appeal is not recorded in the administrative file. III. ‘(…) Has the Municipality of Puntarenas paid the fines imposed for non-compliance with the health orders affecting the Municipal Market? (…)’ According to information provided by the Governing Health Area Puntarenas – Chacarita, no fines have been imposed on the Municipal Market of Puntarenas, this being due to the fact that the Municipality has, over time, been partially complying through a remedial plan. IV. ‘(…) Given the nullity of the closure issued by the Ministry of Health, what immediate alternative has this Ministry proposed to guarantee compliance with paragraph 2 of the Constitutional Chamber’s resolution, in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas? If an alternative exists, is it being implemented immediately, as ordered by the Constitutional Chamber? (…)’ First, the Constitutional Chamber did not order the closure, inasmuch as the possible closure or its nullity are not part of what was ordered by the constitutional body. Second, in relation to what was ordered by the Constitutional Chamber, the Ministry of Health has met together with the acting parties on the matter and actions have been arranged to address what was ordered. V. ‘(…) In the event that you do not have an immediate alternative as determined by jurisprudence, what are the specific technical and legal grounds that justify the inaction in the face of what was ordered by the Constitutional Chamber? (…)’ As previously indicated, this Ministry together with the actors on the matter have met and actions have been arranged to address what was ordered. There is no inaction on the part of this ministry, making any justification in this regard unnecessary. VI. ‘(…) Given the serious environmental damage caused by the discharge of wastewater from the Municipal Market into the Estero de Puntarenas over the years, how has the precautionary principle in environmental matters been applied in this case? (…)’ The Market had a primary treatment system for the wastewater; however, the Ministry of Health intervened in said property finding a series of deficiencies, which are in stages of compliance; in addition to the foregoing, the Municipal Market was temporarily connected to the AyA sanitary sewer system, while the treatment plant is being built. VII. ‘(…) Have administrative proceedings been initiated against officials and heads of the Governing Health Area Puntarenas-Chacarita? (…)’ An administrative proceeding was opened, which to date is of a confidential nature. VIII. ‘(…) Is there any ministerial directive that limits or conditions the actions and independence of the governing health areas in the exercise of their health inspection functions, specifically regarding the closure of establishments? (…)’ For such purposes, the ‘Technical Rule for High-Impact Closures of Public and Private Establishments and Activities’ (Regla Técnica para Clausuras de Alto Impacto a Establecimientos y Actividades Públicos y Privados) exists.” (See report rendered and evidence provided). III.- Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant indicates that he requested information from the respondent authority. He claims that he did not receive a response. Having analyzed the procedural orders, the Chamber deemed it proven that, through official communication AL-FPFA-36-OFI-0061-2025 of March 20, 2025, received on March 21, 2025, the appellant requested from the Ministry of Health: “I. What were the specific technical and legal grounds that supported the Administrative Resolution Declaring Nullity of Administrative Act No. MS-DM-0896-2025, signed by Dr. Mary Munive Argermüller, through which the closure of the Municipal Market of Puntarenas was annulled? II. Was any appeal filed against closure order No. AC-003-REG-2025 of February 28, 2025, following proper administrative procedure? If so, attach a digital copy of the appeals filed, as well as of the resolutions issued in this regard. III. Has the Municipality of Puntarenas paid the fines imposed for non-compliance with the health orders affecting the Municipal Market? IV. Given the nullity of the closure issued by the Ministry of Health, what immediate alternative has this Ministry proposed to guarantee compliance with paragraph 2 of the Constitutional Chamber’s resolution, in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas? If an alternative exists, is it being implemented immediately, as ordered by the Constitutional Chamber? V. In the event that you do not have an immediate alternative as determined by jurisprudence, what are the specific technical and legal grounds that justify the inaction in the face of what was ordered by the Constitutional Chamber? VI. Given the serious environmental damage caused by the discharge of wastewater from the Municipal Market into the Estero de Puntarenas over the years, how has the precautionary principle in environmental matters been applied in this case? VII. Have administrative proceedings been initiated against officials and heads of the Governing Health Area Puntarenas-Chacarita? VIII. Is there any ministerial directive that limits or conditions the actions and independence of the governing health areas in the exercise of their health inspection functions, specifically regarding the closure of establishments?” Later, by official communication CARTA-MS-DM-2256-2025 of May 28, 2025, the Ministry of Health responded to the interested party: “In response to official communication AL-FPFA-36-OFI-0061-2025, through which you request information related to ‘Inquiries regarding intervention in the closure of the municipal market of Puntarenas’; the following information is provided, answering your inquiries: I. ‘(…) What were the specific technical and legal grounds that supported the Administrative Resolution Declaring Nullity of Administrative Act No. MS-DM-0896-2025, signed by Dr. Mary Munive Argermüller, through which the closure of the Municipal Market of Puntarenas was annulled? (…)’ Once the matter was analyzed, it was evidenced that the Constitutional Chamber did not order the closure, inasmuch as the possible closure or its nullity are not part of what was ordered by the constitutional body. II. ‘(…) Was any appeal filed against closure order No. AC-003-REG2025 of February 28, 2025, following proper administrative procedure? If so, attach a digital copy of the appeals filed, as well as of the resolutions issued in this regard. (…)’ The filing of any appeal is not recorded in the administrative file. III. ‘(…) Has the Municipality of Puntarenas paid the fines imposed for non-compliance with the health orders affecting the Municipal Market? (…)’ According to information provided by the Governing Health Area Puntarenas – Chacarita, no fines have been imposed on the Municipal Market of Puntarenas, this being due to the fact that the Municipality has, over time, been partially complying through a remedial plan. IV. ‘(…) Given the nullity of the closure issued by the Ministry of Health, what immediate alternative has this Ministry proposed to guarantee compliance with paragraph 2 of the Constitutional Chamber’s resolution, in order to prevent the continued contamination of the Estero de Puntarenas? If an alternative exists, is it being implemented immediately, as ordered by the Constitutional Chamber? (…)’ First, the Constitutional Chamber did not order the closure, inasmuch as the possible closure or its nullity are not part of what was ordered by the constitutional body. Second, in relation to what was ordered by the Constitutional Chamber, the Ministry of Health has met together with the acting parties on the matter and actions have been arranged to address what was ordered. V. ‘(…) In the event that you do not have an immediate alternative as determined by jurisprudence, what are the specific technical and legal grounds that justify the inaction in the face of what was ordered by the Constitutional Chamber? (…)’ As previously indicated, this Ministry together with the actors on the matter have met and actions have been arranged to address what was ordered. There is no inaction on the part of this ministry, making any justification in this regard unnecessary. VI. ‘(…) Given the serious environmental damage caused by the discharge of wastewater from the Municipal Market into the Estero de Puntarenas over the years, how has the precautionary principle in environmental matters been applied in this case? (…)’ The Market had a primary treatment system for the wastewater; however, the Ministry of Health intervened in said property finding a series of deficiencies, which are in stages of compliance; in addition to the foregoing, the Municipal Market was temporarily connected to the AyA sanitary sewer system, while the treatment plant is being built. VII. ‘(…) Have administrative proceedings been initiated against officials and heads of the Governing Health Area Puntarenas-Chacarita? (…)’ An administrative proceeding was opened, which to date is of a confidential nature. VIII. ‘(…) Is there any ministerial directive that limits or conditions the actions and independence of the governing health areas in the exercise of their health inspection functions, specifically regarding the closure of establishments? (…)’ For such purposes, the ‘Technical Rule for High-Impact Closures of Public and Private Establishments and Activities’ exists.” Now, the Chamber establishes that the request was addressed on the occasion of this process, notified to the respondent party on May 23, 2025. Likewise, it is verified that the deadline established in paragraph 32 of the Constitutional Jurisdiction Law was exceeded. In this regard, the action is granted, without a special award for costs, damages, and losses, as will be explained. IV.- REGARDING THE AWARD FOR COSTS, DAMAGES, AND LOSSES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 52 OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION LAW. Upon better consideration, the majority of the Chamber considers that, in the case at hand, in accordance with the provision in paragraph 1 of Article 52 of the Constitutional Jurisdiction Law (“If, while the amparo is pending, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for purposes of indemnification and costs, if applicable”), the grant must be without a special award for costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that obliges the operative part of the judgment to state that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is pending, it is no less true that the same final paragraph indicates that the grant is issued “solely for purposes of indemnification and costs, if applicable.” It is emphasized that the Law states “if applicable,” which means that the applicability or non-applicability of indemnification and costs depends on an assessment, appreciation, or weighing by the Court. In cases such as this, the content of the protected person’s claim and the respondent authority’s conduct in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evidently pecuniary nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provision in Article 51 of the same Constitutional Jurisdiction Law, when it provides that: “any resolution that grants the action shall condemn in the abstract to the indemnification of the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and their liquidation shall be reserved for the execution of the sentence,” where the possibility of assessing whether or not the matter of indemnification and costs is applicable is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where applicable, those of International or Community Law and, furthermore, in their order, the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) and the Contentious Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) and the other procedural codes, are a supplementary source for the application and interpretation of the rules of the Constitutional Jurisdiction Law -cf. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Contentious Administrative Procedure Code, which responds to procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the specific case preserves the possibility of resorting, if deemed appropriate, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the criterion of the majority to resolve this action without an award for costs, damages, and losses. V.- DIFFERENT REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND SALAZAR MURILLO. Although we concur with the majority vote, which grants the action for violation of the right to petition and prompt response, we consider it must be granted; but imposing on the respondent party the payment of costs, as well as the indemnification for the damages and losses caused, for the following reasons. The right to petition and prompt response, contained in Articles 27 of the Political Constitution and 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, obliges public officials to resolve the requests of the administered within a period of ten business days from the date of filing of such requests, unless a different period for responding has been indicated. However, the cited Article 32 also provides that, in the decision on the petition, the Chamber will assess the reasons adduced for considering said period insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obliged to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a ruling. For the purposes of this analysis, it is relevant to bear in mind what is stated in the aforementioned rules. Article 27 of the Political Constitution establishes the following: “The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a prompt resolution are guaranteed.” For its part, paragraph 32 of the Constitutional Jurisdiction Law establishes the following: “When the amparo refers to the right to petition and to obtain prompt resolution, established in Article 27 of the Political Constitution, and no period for responding has been set, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the action, the reasons adduced for considering that period insufficient shall be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter.” In the same vein, Law No. 9097, the Regulation of the Right to Petition Law (Ley de Regulación del Derecho de Petición), of October 26, 2012, establishes that this right is susceptible to judicial protection by means of the amparo action established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law, in relation to Article 27 of the Political Constitution, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is of relevance to bear in mind what is stated in paragraph 6 of said law: “Filing of briefs and response period. The brief presenting the petition and any other documents and communications provided, before the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall oblige the administration to acknowledge receipt thereof, and it must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided that the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rule of each entity…” Thus, in amparo actions regarding the alleged violation of this right, there is an express legal rule -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the requested information to be provided within the ten business days following its request, as provided in Articles 32 of the Constitutional Jurisdiction Law and 27 of the Political Constitution, as indicated above. Additionally, said period is reiterated in Article 6 of Law No. 9097, which reinforces the legislator’s intent regarding the protection of this right. Likewise, the Law of Constitutional Jurisdiction, in Article 51, provides: “...every resolution that grants the remedy shall condemn in the abstract to the indemnification of damages and losses (daños y perjuicios) caused and to the payment of the costs of the remedy, and shall reserve their liquidation for the execution of judgment”. This last provision establishes the general system that regulates the matter of indemnification and the payment of costs, and which the majority calls the “natural or normal form of termination of the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…”. Consequently, in the case before us, the violation of the constitutionally endorsed ten-day period is verified—a period which, incidentally, is not required for the rest of the amparo remedies, except for the remedy of rectification and response (numeral 68, of the Law of Constitutional Jurisdiction). Therefore, what is appropriate in this regard, and with due respect to the majority's thesis, is to deem the injury to the right of petition and prompt response, as well as to the right of access to public information (Article 30, Constitutional), which guarantees free access to administrative departments for purposes of information on matters of public interest, as accredited, ordering the respondent authority to pay costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Thus, in the case of a constitutionally endorsed time period—endorsed both by the legislator and by this Constitutional Court—its non-compliance entails an injury to the aforementioned fundamental right that prompted the petitioner to file this amparo remedy as a mechanism to obtain a response to their request or access to the information they have required, regardless of whether the response or the delivery of information occurred before or on the occasion of the amparo; because, in truth, the citizen ultimately saw their constitutional right satisfied on the occasion of the filing of the amparo remedy they were forced to present, with the inconveniences and costs that this causes. It is reiterated, the response or access given by the respondent Administration that occurs once the time period in question has expired, even if it occurs before the notification of the amparo’s processing, or, as in this case, on the occasion of the notification of said processing, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by Constitutional articles 27 and 30. It is clear that in this scenario, that extemporaneous response entails a satisfaction of the protected party's claim, but this is no obstacle to the acknowledgment of the damages and losses (daños y perjuicios) that such indolence may have caused the petitioner, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Law of Constitutional Jurisdiction. Consequently, we partially dissent from the vote (salvamos parcialmente el voto), and we impose upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). VI.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 working days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period will be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011 and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012) and on Article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial no. 43-12 of May 3, 2012. Por tanto: The remedy is granted with place (con lugar), without special condemnation in costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Judges Salazar Alvarado and Salazar Murillo state different reasons and partially dissent from the vote (salvan parcialmente el voto), solely for indemnification purposes, and impose upon the respondent party the payment of costs, damages, and losses (costas, daños y perjuicios). Notify. Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- I47G9EDK43SBK61 EXPEDIENTE N° 25-013386-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:34:18. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República