Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)En la especie, respecto de los hechos que ya fueron conocidos por la Sala, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en esa sentencia.
Por otra parte, visto que, como hecho nuevo, se acusa que, efectivamente, el 2 de octubre de 2023 se realizó la extracción de la información contenida en uno de los celulares sin que estuviera presente el juez de garantías, este Tribunal considera que las consideraciones supracitadas también son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Ciertamente, no le corresponde a este Tribunal Constitucional suplir a la jurisdicción penal o actuar como alzada en la materia a fin de determinar la procedencia o no de la actuación reclamada, toda vez que eso implicaría incidir en el ámbito de competencia propio de dicha jurisdicción, el cual está constitucionalmente reservado a los jueces correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política.
Por otra parte, la recurrente se encuentra disconforme con la resolución de las 15:00 horas del 21 de noviembre de 2024, emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la cual denegó una gestión planteada por su abogado, y con el voto No. 63-2025 de las 15:26 horas del 17 de febrero de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por el Juzgado Penal de Hacienda. Al respecto, se debe aclarar que las resoluciones que se estiman contrarias al Derecho de la Constitución provienen de órganos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, conforme al artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo.
English (translation)In the present case, regarding the facts that were already known by the Chamber, the appellant must abide by what was resolved in that ruling.
Furthermore, given that, as a new fact, it is alleged that on October 2, 2023, the extraction of information contained in one of the cell phones was indeed carried out without the presence of a guarantees judge, this Court considers that the aforementioned considerations are also applicable to the case at hand, since this Court finds no reasons to vary the criterion expressed in that ruling, nor grounds to assess the situation differently. Certainly, it is not for this Constitutional Court to supplant the criminal jurisdiction or act as an appellate body in the matter in order to determine the appropriateness or not of the challenged action, since that would mean encroaching on the scope of competence of that jurisdiction, which is constitutionally reserved to the corresponding judges, in accordance with the provisions of Article 153 of the Political Constitution.
On the other hand, the appellant disagrees with the decision issued at 3:00 p.m. on November 21, 2024, by the Criminal Court of Treasury and Public Function of the Second Judicial Circuit of San José, which denied a petition filed by her attorney, and with decision No. 63-2025 of 3:26 p.m. on February 17, 2025, which confirmed the decision of the Criminal Court of Treasury. In this regard, it must be clarified that the decisions deemed contrary to Constitutional Law emanate from bodies of the Judiciary in the exercise of their jurisdictional function. Therefore, it is inappropriate for this Chamber to rule on the claims alleged in the appeal, since, pursuant to Article 30(b) of the Constitutional Jurisdiction Law, those acts are not subject to constitutional control through amparo.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 17585 - 2025 Fecha de la Resolución: 10 de Junio del 2025 a las 09:35 Expediente: 25-010602-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-010602-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025017585 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del diez de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el PODER JUDICIAL. Resultando: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:09 horas del 16 de abril de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el PODER JUDICIAL, y manifiesta que, con motivo del decomiso y posterior puesta en depósito de una lora copete rojo, se inició una investigación penal en su contra, expediente 23-000329-042-PE. Afirma que en la Fiscalía Agraria Ambiental se hizo una solicitud de allanamiento en las casas de habitación y las oficinas para el secuestro y detención de sus teléfonos celulares. Tal solicitud fue rechazada de plano el 16 de abril de 2023 por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. Pese a ello, la fiscal giró una “Orden de secuestro y decomiso” al Organismo de Investigación Judicial OIJ el 3 de mayo de 2023. Luego de la realización de esa diligencia, el 29 de setiembre de 2023 se les notificó un requerimiento de la Fiscalía Agraria Ambiental para la extracción de la información de estos teléfonos, a efectuarse el 2 de octubre de 2023. Ese día se practicó la diligencia sin la presencia de un juez de garantías. Explica que del Iphone no se pudo extraer información, pero del Huawei de color negro sí se extrajo toda la información contenida en él, no solamente la referente a la investigación penal. Agrega que durante la diligencia de secuestro los oficiales del OIJ la obligaron a entregar las contraseñas de los celulares. Agrega que su abogado realizó una gestión interna, y mediante resolución de las 15:00 horas del 21 de noviembre de 2024, el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, indicó: “Pese a lo referido, debe tomar en cuenta el impugnante que por un lado, no existe prueba fehaciente o indubitable en torno a que los investigadores judiciales coaccionaran a su representada a brindar la clave de alguno de sus dispositivos celulares, ya que la sola circunstancia de que hubiese un papel adherido en uno de los dispositivos con lo que aparenta ser una clave, bien pudo ser producto de que ella misma la suministrara de forma voluntaria como una manifestación espontanea, lo cual, es un escenario que no podría descartarse, contrario a lo que ahora pretende aducir la encartada Nombre01 y su defensa técnica. Al respecto, veáse el voto numero 1130-2019 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en relación con la validez de las declaraciones espontaneas”. Alega que mediante el voto No. 63-2025 de las 15:26 horas del 17 de febrero de 2025, el Poder Judicial confirmó lo resuelto en la resolución anterior, dejándola en una absoluta indefensión. Solicita que se declare que tanto el secuestro de sus teléfonos, así como su apertura y extracción de información son inconstitucionales. 2.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- CASO CONCRETO.- Debe indicarse que esta Sala conoció anteriormente otro recurso de amparo por los mismos hechos que aquí se acusan. Así, en la sentencia número 2023-032101 de las 9:30 horas del 12 de diciembre de 2023, dictada en el expediente No. 23-028384-0007-CO, la Sala estableció lo siguiente: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que, con ocasión de un proceso penal tramitado en la Fiscalía Agraria Ambiental, a la tutelada le secuestraron dos teléfonos celulares, se le obligó a brindar la contraseña y de uno de ellos se extrajo toda la información contenida, y no solo la relativa al proceso. Afirma que esto se dio sin la presencia del juez de garantías. Explica que todo ello se dio aun cuando con anterioridad el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José había rechazado de plano la solicitud de secuestro. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Anteriormente, esta Sala conoció un recurso de amparo planteado por la misma tutelada en relación con los hechos que aquí se acusan (expediente 23-024127-0007-CO). En aquella oportunidad, la Sala, mediante sentencia 2023028082 de las 9:15 horas del 31 de octubre de 2023 dispuso lo siguiente: “I.- OBJETO DEL RECURSO.- La recurrente reclama que en contra de su persona y otro funcionario se interpuso una denuncia penal, la cual se tramita bajo el expediente N° 23-000329-042-PE. Afirma que durante la investigación preliminar la señora Fiscal hizo una solicitud de allanamiento para su casa de habitación, oficina, secuestro y detención de los teléfonos celulares. Sin embargo, dicha medida fue rechazada de plano por el Juez Penal del II Circuito Judicial de San José mediante resolución de las 11:30 horas del 16 de abril de 2023. Acusa que, a pesar de lo anterior, en plena desobediencia de la autoridad competente la señora Fiscal giró una “orden de secuestro y decomiso” al Organismo de Investigación Judicial a las 13:30 horas del 3 de mayo de 2023, ordenando a dicho órgano allanar y secuestrar sus dispositivos electrónicos. Reclama que luego del decomiso ilegal de dichos dispositivos, el 29 de setiembre de 2023, se les notificó un requerimiento por parte de la Fiscalía Agraria Ambiental para la extracción de la información de dichos teléfonos donde no participará ningún juez de garantías. Por lo expuesto, solicita que, en aplicación de la Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados, se indique que tanto el secuestro de los teléfonos celulares que le fueron arrebatados, así como su apertura o extracción de información son inconstitucionales en el tanto no participe de la diligencia un juez de la República. II.- SOBRE EL CASO CONCRETO.- En el sub lite, la recurrente manifiesta una serie de inconformidades o alegatos que deben ser analizados en el proceso judicial, es decir, en el expediente N° 23-000329-042. No le corresponde a esta Sala sustituir al despacho judicial en el ámbito de sus funciones, y determinar el trámite que se debe llevar a cabo en el expediente indicado, pues ello hace referencia a un aspecto que, como tal, es propio de discutirse en la vía común. Con base en lo anterior, la accionante deberá plantear sus reclamos ante el juzgado penal que tramita el proceso o ante las autoridades superiores del Poder Judicial. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”. En la especie, respecto de los hechos que ya fueron conocidos por la Sala, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en esa sentencia. Por otra parte, visto que, como hecho nuevo, se acusa que, efectivamente, el 2 de octubre de 2023 se realizó la extracción de la información contenida en uno de los celulares sin que estuviera presente el juez de garantías, este Tribunal considera que las consideraciones supracitadas también son aplicables al sub lite, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en esa sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. Ciertamente, no le corresponde a este Tribunal Constitucional suplir a la jurisdicción penal o actuar como alzada en la materia a fin de determinar la procedencia o no de la actuación reclamada, toda vez que eso implicaría incidir en el ámbito de competencia propio de dicha jurisdicción, el cual está constitucionalmente reservado a los jueces correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política. En razón de lo anterior, deberá la parte promovente, si a bien lo tiene, exponer sus reclamos a través de los mecanismos que el derecho procesal prevé, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso. A partir de lo anterior, se observa que la pretensión de la parte recurrente en este nuevo proceso está referida a los mismos hechos que ya fueron analizados y decididos por este Tribunal. En consecuencia, lo procedente es que la parte actora se esté a lo resuelto en ese pronunciamiento. II.- Por otra parte, la recurrente se encuentra disconforme con la resolución de las 15:00 horas del 21 de noviembre de 2024, emitida por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante la cual denegó una gestión planteada por su abogado, y con el voto No. 63-2025 de las 15:26 horas del 17 de febrero de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por el Juzgado Penal de Hacienda. Al respecto, se debe aclarar que las resoluciones que se estiman contrarias al Derecho de la Constitución provienen de órganos del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional. Por ello, es improcedente que esta Sala se pronuncie sobre los extremos alegados en el recurso, toda vez que, conforme al artículo 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por la vía del amparo. Consiguientemente, los agravios y pretensiones que sirven de sustento a este recurso deberán ser planteadas a través de las vías de legalidad ordinaria establecidas para tales efectos. Así las cosas, se declara inadmisible el recurso. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Respecto de los hechos que ya fueron conocidos por la Sala, estese la parte recurrente a lo resuelto en la sentencia No. 2023-032101 de las 9:30 horas del 12 de diciembre de 2023. En lo demás, se rechaza de plano el recurso. Fernando Cruz C. Presidente a.i Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F. Aracelly Pacheco S. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- L2BSIKC2ZWC61 EXPEDIENTE N° 25-010602-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:34:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
RESOLUTION No. 17585 - 2025 Date of the Resolution: 10 of June of 2025 at 09:35 Docket: 25-010602-0007-CO Drafted by: Fernando Cruz Castro Type of matter: Amparo appeal Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution DOCKET No. 25-010602-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION No. 2025017585 SALA CONSTITUCIONAL OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours thirty-five minutes of the tenth of June of two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre01, identity card CED01, against the PODER JUDICIAL. Whereas: 1.- By brief received in the Secretariat of the Sala at 09:09 hours of 16 April 2025, the appealing party files an amparo appeal against the PODER JUDICIAL, and states that, on the occasion of the seizure and subsequent placement on deposit of a red-crowned parrot, a criminal investigation was initiated against her, docket 23-000329-042-PE. She affirms that in the Fiscalía Agraria Ambiental a request was made for a raid on dwelling houses and offices for the seizure and taking into custody of her cell phones. That request was rejected outright on 16 April 2023 by the Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. Despite this, the prosecutor sent an “Order of seizure and confiscation” to the Organismo de Investigación Judicial OIJ on 3 May 2023. After the execution of that proceeding, on 29 September 2023 they were notified of a requirement from the Fiscalía Agraria Ambiental for the extraction of information from these phones, to be carried out on 2 October 2023. That day the proceeding was carried out without the presence of a guarantees judge. She explains that information could not be extracted from the Iphone, but from the black Huawei all the information contained in it was extracted, not only that referring to the criminal investigation. She adds that during the seizure proceeding the OIJ officers forced her to hand over the passwords of the cell phones. She adds that her lawyer made an internal filing, and by resolution of 15:00 hours of 21 November 2024, the Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública of the Second Judicial Circuit of San José, indicated: “Despite what has been said, the challenger must bear in mind that on the one hand, there is no conclusive or indubitable proof that the judicial investigators coerced his client into providing the unlock code of any of her cell phone devices, since the mere circumstance that there was a piece of paper stuck to one of the devices with what appears to be a code, could well have been the result of her voluntarily providing it as a spontaneous statement, which is a scenario that cannot be ruled out, contrary to what the defendant Nombre01 and her technical defense now claim. In this regard, see vote number 1130-2019 of the Sala Tercera of the Supreme Court of Justice in relation to the validity of spontaneous statements”. She alleges that by vote No. 63-2025 of 15:26 hours of 17 February 2025, the Poder Judicial confirmed what was resolved in the previous resolution, leaving her in a state of absolute defenselessness. She requests that it be declared that both the seizure of her phones, as well as their opening and information extraction, are unconstitutional. 2.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed. Drafted by Judge Cruz Castro; and, Considering: I.- SPECIFIC CASE.- It should be noted that this Sala previously heard another amparo appeal concerning the same facts alleged here. Thus, in judgment number 2023-032101 of 9:30 hours of 12 December 2023, issued in docket No. 23-028384-0007-CO, the Sala established the following: I.- SUBJECT OF THE APPEAL. The appellant alleges that, on the occasion of a criminal process handled in the Fiscalía Agraria Ambiental, two cell phones were seized from the protected party, she was forced to provide the password, and from one of them all the information contained was extracted, and not only that related to the process. She affirms that this occurred without the presence of the guarantees judge. She explains that all of this occurred even though the Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José had previously rejected the seizure request outright. II.- ABOUT THE SPECIFIC CASE. Previously, this Sala heard an amparo appeal filed by the same protected party in relation to the facts alleged here (docket 23-024127-0007-CO). On that occasion, the Sala, by judgment 2023028082 of 9:15 hours of 31 October 2023, ordered the following: “I.- SUBJECT OF THE APPEAL.- The appellant complains that a criminal complaint was filed against her and another official, which is being processed under docket No. 23-000329-042-PE. She affirms that during the preliminary investigation the Prosecutor made a request for a raid on her dwelling house, office, seizure and custody of the cell phones. However, that measure was rejected outright by the Juez Penal del II Circuito Judicial de San José by resolution of 11:30 hours of 16 April 2023. She alleges that, despite the foregoing, in flagrant disobedience of the competent authority, the Prosecutor sent an “order of seizure and confiscation” to the Organismo de Investigación Judicial at 13:30 hours of 3 May 2023, ordering said agency to raid and seize her electronic devices. She complains that after the illegal confiscation of said devices, on 29 September 2023, they were notified of a requirement on the part of the Fiscalía Agraria Ambiental for the extraction of information from said phones where no guarantees judge would participate. For the foregoing reasons, she requests that, in application of the Law on registration, seizure and examination of private documents, it be stated that both the seizure of the cell phones that were taken from her, as well as their opening or extraction of information are unconstitutional insofar as no judge of the Republic participates in the proceeding. II.- ABOUT THE SPECIFIC CASE.- In the sub lite, the appellant expresses a series of disagreements or allegations that must be analyzed in the judicial process, that is, in docket No. 23-000329-042. It does not fall to this Sala to substitute the judicial office within the scope of its functions, and determine the procedure that must be carried out in the indicated docket, since that refers to an aspect that, as such, is properly to be discussed in the ordinary channel. Based on the foregoing, the claimant must present her complaints before the criminal court processing the process or before the higher authorities of the Poder Judicial. Consequently, the appeal is inadmissible and is hereby declared so”. In the present case, regarding the facts that were already heard by the Sala, the appellant must abide by what was resolved in that judgment. On the other hand, given that, as a new fact, it is alleged that, indeed, on 2 October 2023 the extraction of the information contained in one of the cell phones was carried out without the guarantees judge being present, this Tribunal considers that the aforementioned considerations are also applicable to the sub lite, since this Tribunal finds no reasons to vary the criterion expressed in that judgment, nor grounds that would make it assess the situation presented differently. Certainly, it does not fall to this Constitutional Tribunal to substitute the criminal jurisdiction or act as an appellate court in the matter in order to determine the appropriateness or not of the challenged action, since that would imply impinging upon the scope of competence proper to that jurisdiction, which is constitutionally reserved for the corresponding judges, in accordance with the provisions of article 153 of the Political Constitution. By reason of the foregoing, the promoting party must, if she deems it appropriate, state her claims through the mechanisms that procedural law provides, so that what is legally appropriate is resolved. Thus, the appeal is declared inadmissible. Based on the foregoing, it is observed that the claim of the appellant in this new process is referred to the same facts that were already analyzed and decided by this Tribunal. Consequently, the appropriate course is for the petitioner to abide by what was resolved in that pronouncement. II.- On the other hand, the appellant disagrees with the resolution of 15:00 hours of 21 November 2024, issued by the Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, by which it denied a filing made by her lawyer, and with vote No. 63-2025 of 15:26 hours of 17 February 2025, by which what was decided by the Juzgado Penal de Hacienda was confirmed. In this regard, it must be clarified that the resolutions that are deemed contrary to the Law of the Constitution come from organs of the Poder Judicial in exercise of their jurisdictional function. Therefore, it is inappropriate for this Sala to rule on the points alleged in the appeal, since, in accordance with article 30 subsection b) of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), those acts are not subject to constitutionality control through the amparo proceeding. Consequently, the grievances and claims that serve as the basis for this appeal must be presented through the ordinary legality channels established for such purposes. Thus, the appeal is declared inadmissible. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE DOCKET. The parties are warned that if any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies has been provided, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period shall be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulation on the Electronic Docket before the Poder Judicial" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI. Therefore: Regarding the facts that were already heard by the Sala, let the appealing party abide by what was resolved in judgment No. 2023-032101 of 9:30 hours of 12 December 2023. As for the rest, the appeal is rejected outright. Fernando Cruz C. Acting Presiding Judge Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Ingrid Hess H. Ronald Salazar Murillo Alejandro Delgado F. Aracelly Pacheco S. Digitally Signed Document -- Verification code -- L2BSIKC2ZWC61 DOCKET No. 25-010602-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the church of the Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:34:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República