Res. 92514-2025 Sala Constitucional — Admission of unconstitutionality action against Decree 44974-S on regionalized waste managementAdmisión de acción de inconstitucionalidad contra Decreto 44974-S de gestión regionalizada de residuos

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Sala Constitucional

Resolución Nº 92514 - 2025

Fecha de la Resolución: 10 de Julio del 2025 a las 09:37

Expediente: 25-017217-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Acción cursada

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría

Rama del Derecho: 5. ACCIONES CURSADAS

Tema: AMBIENTE

Subtemas:

ACCIÓN VOTADA.

Descriptor: COMERCIO. REGULACIONES EN ESTACIONES DE COMBUSTIBLES.
Expediente: 25-016939-0007-CO
Sentencia: 009947-26 del 18 de marzo del 2026
Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad
Norma impugnada: Decreto Ejecutivo No. 43449-MINAE. Reglamento del Suministro de Combustibles en Estaciones de Servicio.
Parte dispositiva: Se declara con lugar la acción y, en consecuencia, se anulan por inconstitucionales, del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE, de 27 de abril de 2022, publicado en el Alcance 88 a la Gaceta N°83 del 06 de mayo de 2022, la palabra "recalificación", contenida en el artículo 50 y la siguiente frase del artículo 51: "sin embargo, podrán ser recalificados conforme la versión vigente de la norma técnica INTE W48 Inspección, reparación y modificación para tanques subterráneos para almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles fabricados en taller INTE W50 Inspección de tanques para almacenamiento sobre el nivel de terreno o INTE W30 Requisitos de los tanques de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), fabricados en el interior de tanques existentes, para el almacenamiento de combustibles líquidos, según corresponda". Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan sus efectos en el sentido de que: a) a partir del dictado de esta sentencia, pese a encontrarse derogado por el artículo 56 del Decreto Ejecutivo No.43449-MINAE de 27 de abril de 2022, se empleen como parámetro para determinar la eventual improcedencia de la continuidad de los tanques de almacenamiento de combustible de estaciones de servicio en operación lo que disponían los artículos 69.6.10, 72 y 81.10 del Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S del 20 de diciembre de 2001 "Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos"; b) En relación con los tanques de almacenamiento de combustibles en estaciones de servicio recalificados con fundamento en las disposiciones anuladas, antes del 14 de julio de 2025, fecha de la publicación del primer aviso de la admisión de esta acción, las autoridades competentes de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible deberán compeler a que las estaciones adecúen su funcionamiento a lo decidido en esta sentencia dentro de los DOS MESES siguientes a su publicación íntegra en el Boletín Judicial. La magistrada Garro Vargas: a) Consigna nota. b) En lo relativo al dimensionamiento efectuado, salva el voto y ordena que en el plazo de un mes -contado a partir de la publicación de este fallo en el Boletín Judicial- la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible proceda a compeler a las estaciones de servicio recalificadas para que se adecúen a lo dispuesto por esta Sala, estableciendo un plazo razonable para que dicha adecuación sea ejecutada y fiscalizada. c) Respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la debida integración normativa, dispone que deberá realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, previstos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. 


CO07/25


CO04/26

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Texto de la resolución

 

*250172170007CO*

EXPEDIENTE:

	

25-017217-0007-CO




PROCESO:

	

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD




ACCIONANTE:

	

[Nombre01 001]

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y siete minutos del diez de julio de dos mil veinticinco.

          Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por [Nombre01 001], para que se declaren inconstitucionales los numerales 1, 2, 4, 5, 7, 9 y 10 del REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN REGIONALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ORGÁNICOS EN COSTA RICA, DECRETO EJECUTIVO, nro. 44974-S, publicado en el Alcance nro. 52 a la Gaceta nro. 75 de 28 de abril de 2025, por violentar los artículos 21 y 50 constitucionales, la Convención de la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París, así como los principios ambientales de progresividad, preventivo, el de clima seguro, y de tutela científica. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al ministro de Ambiente y Energía, al secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a la ministra de la Presidencia y a la ministra de Salud. Las normas se impugnan en cuanto se alega violación a los numerales 21 y 50 constitucionales y la inobservancia de varios convenios internacionales ratificados, como la Convención de la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Además, y los principios ambientales, tales como el de progresividad, preventivo, clima seguro y de tutela científica. Motivos de Inconstitucionalidad: 1- Violación al principio de tutela científica en términos amplios, conforme a lo establecido en las normas 4, 9 y 10, desvinculación de la variable climática en los numerales 4, 9 y 10; y desregularización de las competencias de Nombre02 en los ordinales 9 y 10. Señala que el reglamento busca, por primera vez en Costa Rica, normar en esencia la gestión y/o el tráfico de residuos sólidos ordinarios y orgánicos entre cantones, hasta llegar a sitios donde se tratarán esos materiales y como prueba de ello, denota el propio título del Reglamento y el Considerando Cuarto de la norma cuestionada, que señala de forma expresa: "… las disposiciones establecidas en el presente Decreto Ejecutivo buscan promover la creación y el mejoramiento de infraestructura pública y privada necesaria para la recolección selectiva, el transporte, el acopio, el almacenamiento, la valorización, el tratamiento y la disposición final adecuada de residuos sólidos, incluyendo el fomento de soluciones regionales…". El numeral 2 del Reglamento, en la misma línea se señala: "Artículo 2: Ámbito de Aplicación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias, coordinará con las municipalidades y empresas de gestión de residuos sólidos ordinarios autorizadas en Costa Rica, la planificación, recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios en un modelo regional…". Pero, a pesar de lo monumentalmente trascendente de la disposición reglamentaria, emitida por el presidente de la República y la ministra del ente rector en residuos, se tiene que, sin razón técnica, ni científica, o jurídica, a la fecha no se incorporó la variable climática en una actividad, que a todas luces genera efectos negativos a la atmósfera, a la salud y al planeta. En su criterio, lo anterior violenta el principio preventivo por omisión, porque es manifiesto que, si existen estudios, como en verdad los hay, que señalan que vendrán consecuencias negativas por efectos del cambio climático, no se justifica el haber dejado la variable climática fuera en la norma en cuestión. Cuando se habla en lo anterior de falta de "informes técnicos que garanticen la sostenibilidad de la actividad", aduce que debe ponderarse ello como falencia en la norma reglamentaria, porque desde la perspectiva del volumen de ingresos de residuos diarios o semanales o anuales a todos los sitios de tratamiento, no existe a la fecha un dosier con la métrica de estos, conjugados con otros factores antrópicos y naturales, que pudieran haber arrojado datos que determinaran que el Reglamento en sí fuera una verdadera y sólida solución integral ambiental/climática para cada municipalidad, o grupo de municipalidades y, en ese sentido, al estar carentes de un respaldo científico, se puede afirmar, que la norma cuestionada se elaboró en violación al principio de tutela científica y al de prevención. Pide que por favor valoren el expediente administrativo de este reglamento cuestionado para que vean que nunca se sopesó el cambio climático vinculado a los residuos en la ecuación y ese error lleva a afirmar de entrada que existe un vicio de rango constitucional. Los diferentes convenios internacionales suscritos por nuestro país instan a tomar medidas para reducir los factores que provocan un clima no seguro. Estima que cada Estado más bien debe colaborar a disminuir los impactos negativos ambientales, para con ello enfocarse en luchar por una resiliencia climática y entre las acciones que estamos obligados a hacer, es al menos contar con datos certeros de las emisiones, para poder tomar decisiones vitales para elaborar las mejores regulaciones. Y en la misma línea la Corte IDH ha dispuesto en el caso LA OROYA VS. PERÚ el 27 noviembre de 2023: "34. En cuanto a las obligaciones hay dos cuestiones que deben destacarse: la obligación de prevención y la obligación de protección -mejor conocido como principio precautorio. La Corte IDH identifica que la diferencia entre ambas es que mientras que en la primera existe una certeza científica sobre cuáles serían las consecuencias ambientales (frente a las que operan las sub-obligaciones como regular, fiscalizar, estudios de impacto ambiental, etc.); en el caso de la segunda obligación, opera cuando no exista certeza científica sobre las consecuencias ambientales, pero ello no exime que el Estado tome medidas para hacer frente a los posibles daños ambientales". Es un hecho que, partiendo de las investigaciones públicas como los que cita, era necesario que, previo a emitir el Reglamento, se debía partir de un estudio general nacional, proveniente de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía, en conjunto con el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud, pero a la fecha, ello no se hizo y se nota por tanto una gran falencia técnica de rango constitucional, pues se emitió una norma reglamentaria, sin tener claro si la misma era la mejor, técnica y científicamente hablando. En el expediente administrativo del decreto ejecutivo, nro. 44974-S, ese dosier climático de estudios o investigaciones que señala no existe y eso demuestra la falta de fundamentos que nos lleva a comprender, que lo expuesto sobre las normas 4, 9 y 10 del reglamento es cierto, pues todo se hizo por mera discrecionalidad administrativa, con un gran vacío del factor conceptual de las implicaciones del cambio climático, al grado extremo que hubo una negación de citar salvaguardas en esa línea. Teniendo claro ese primer punto expuesto, denota que detallará lo de la variable climática vinculada al Reglamento. En la norma prevista en el decreto ejecutivo nro. 44974-S, el Poder Ejecutivo no previó nada sobre la parte climática, por lo que solicita se piense un momento en esa línea y se aplique ahora un pensamiento que imponga el criterio de progresividad. Haciendo lo anterior, se verá que la realidad es que si se hubiese emitido una buena norma que sí considera la variable climática incluso se podría haber llegado a introducir en nuestro Estado una jerarquización de las medidas de mitigación de impactos ambientales climáticos residuales significativos (aquellos que no se pueden evitar) para así asegurar una pérdida neta lo más cercana a cero, a la biodiversidad, al bien jurídico clima, o la salud. Pero como ello faltó, seguiremos apuntando como Estado, muy debajo de lo necesitado por el planeta y lo previsto en los instrumentos internacionales climáticos. Por otra parte, apunta que debe tenerse bien claro (y que suma a los factores negativos patrios) que a la fecha en nuestro Estado no se cuantifican los vectores climáticos ambientales por parte de Nombre02 y esto es una realidad inobjetable, por no existir protocolos o guías específicas y, lo que no se cuantifica, no se puede valorar y menos respecto a ello se pueden tomar medidas de mitigación, protección y prevención eficientes, que sería lo oportuno. Es decir, lo visible ahora es que el Poder Ejecutivo emitió una normativa que en apariencia es de avanzada, pero la misma nunca fue pensada y respaldada con rigurosidad científica básica y todo ello significa improvisación y una regresión en una materia muy seria, donde se está actuando negligentemente y a ciegas en todo lo climático. Debe quedar claro, como se dijo, que a la fecha incluso, ni la propia Secretaría Técnica Nacional Ambiental, tiene protocolos y procedimientos para valorar los efectos climáticos en las actividades, obras y proyectos y si desde esa oficina señalan que se está trabajando en tener lo pertinente a finales de este año 2025, entonces se tiene que menos las municipalidades, ni el Ministerio de Salud saben el cómo contabilizar los efectos al clima en lo anterior y, no obstante; se emitió irresponsablemente este Reglamento sobre una materia que está altamente vinculada a todo lo atmosférico. Ahora, al menos, la Nombre02 ha señalado que para finales de este año 2025 tendrá un primer borrador sobre cómo mesurar la variable climática, pero si ello ocurre ahí, es manifiesto que el ministerio de Salud va aún más atrás y esto en conjunto nos lleva a reafirmar y ratificar que el Reglamento se elaboró sin prever lo oportuno sobre cambio climático, lo cual apoya la tesis de la violación al principio de objetivación. Para vincular directamente lo que se viene diciendo con el Reglamento, advierte que la norma 9 señala que se emitirá una justificación técnica y también al final de ese artículo se dice, que se deben de dictar actos bajo presupuestos técnicos ambientales especializados, por parte de las corporaciones municipales. Indica que, en lo anterior existe una inconsistencia de rango constitucional que no debe pasar desapercibida, pues es una clara violación al principio preventivo y al de tutela científica, puesto que no pueden adoptarse actos administrativos, con efectos en el ambiente, si los mismos no se valoran técnicamente y pensar lo contrario, es improvisar con la vida de las personas, el clima, con la biodiversidad y los ecosistemas. Por ello reafirma que el ordinal 9 cuestionado se emitió con la imposibilitad de verificar los impactos climáticos ambientales y ello no debe ser permitido y, por esto debe declararse la inconstitucionalidad, porque el Ejecutivo obliga a las municipalidades a que deban emitir justificaciones ambientales, pero extrañamente no se les obliga a ir a Nombre02 previamente para que así se analicen por parte de la oficina especializada, todos los factores necesarios del caso, donde lo climático no debería faltar. Y con ello advierte la pésima técnica seguida en el Reglamento. Afirma que siempre se debería partir de una pérdida neta de cero y una ganancia neta de la biodiversidad y la salud pública, pero con lo previsto en el Reglamento se obliga a tomar decisiones municipales sin exigirse los estudios previos ambientales aprobados por Nombre02 y sin prever lo oportuno sobre el cambio climático. Está claro que las municipalidades y el ministerio de Salud, pueden trabajar coordinadamente con Nombre02 en la elaboración de los mejores criterios ambientales, pero no deben ser ni las municipalidades, ni el ministerio de Salud, quienes evalúen y a su vez aprueben los actos habilitadores de naturaleza ambiental, tal y como lo dice la norma 9 cuando dispone: "Artículo 9: Casos de excepción. Con apego a lo dispuesto por los numerales 8, 9, 10 de la Ley 8839, en los casos en que se determine que, debido a características geográficas y de viabilidad ambiental, sea más factible desde el punto de vista de traslados y condiciones de rutas, dispensar los residuos en un parque ambiental ubicado en otra región, respetando las distancias establecidas en el artículo 9 del presente reglamento y el plan municipal de gestión integral de residuos, será necesaria una justificación técnica que respalde esta decisión. Como mínimo, la justificación debe contener: 1. Análisis técnico y económico que compare las alternativas disponibles, demostrando que la opción propuesta es la más viable en términos de costos operativos y eficiencia. 2. Impactos potenciales y las medidas de mitigación para minimizar efectos negativos en la zona de origen y de destino. 3. Proyección de volúmenes de residuos a trasladar, considerando la generación actual y futura en la región de origen. 4. Acciones de reducción y valorización implementadas antes de la disposición final, detallando su impacto en la minimización de residuos transportados. 5. Capacidad del sitio receptor. 6. Plan logístico y de transporte, incluyendo rutas, frecuencias y mecanismos de monitoreo para asegurar la trazabilidad y minimizar el impacto del traslado. 7. Acuerdos intermunicipales o contratos con operadores privados, si aplican. El Ministerio de Salud brindará apoyo técnico y supervisión en la implementación de estas acciones, garantizando que los sitios de separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos cumplan con el decreto ejecutivo N° 44421-S Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de fecha 4 de marzo del 2024.". Luego de lo anterior, se pregunta ¿por qué en esas medidas, que son netamente un protocolo, o una guía básica valoración de impacto ambiental, no se dice entre los requisitos, que se debe pasar cualquier decisión municipal por el tamiz de SETENA? Denota que se externa y exalta el buscar minimizar el impacto ambiental de residuos insistentemente. Pero como advierte que existe una falencia y duda grande que amerita declarar que se debe al menos interpretar que dentro de los requisitos de la norma 9, se echa de menos la referencia expresa de la necesidad de consultar a SETENA, quien debería incluso crear un protocolo o un mecanismo específico que norme este tipo de criterios municipales para la hipótesis prevista en la norma 9 Reglamentaria. Advierte algo similar en el numeral 10 reglamentario cuando se expone: "… Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión la siguiente información…". Se pregunta, ¿por qué se dice que se requiere una revisión, de ciertos requisitos, pero no se incluye que debe aportarse el criterio de SETENA? Y es que, ante esa otra falencia, denota otra inconstitucionalidad por omisión, puesto que primero se debe ir a Nombre02 y luego se podría trasladar lo pertinente que dispongan las municipalidades, a la dirección Regional de Rectoría de Salud. Por todo lo señalado, considera que se está ante inconstitucionalidades por omisión de parte del Poder Ejecutivo, al no obligar a las corporaciones municipales a presentar una gestión que podría ser un criterio específico, en una EIA a cargo de las municipalidades, sobre lo más oportuno ante los casos de excepción, para que así, se pueda tener un acto con discernimiento y lucidez, con respaldo de la ciencia y la técnica en esa parte ambiental y la climática que definitivamente estaría envuelta en las diferentes fases de la gestión integrada de residuos sólidos. Todo lo anterior, es fundamental, evaluar y minimizar la huella ecológica que le generamos al clima y a la atmósfera. La decisión de trasladar residuos a otras regiones no es de resorte de las empresas que dan tratamiento, sino que, expresamente ello es un criterio netamente municipal, de acuerdo con sus intereses y autonomía territorial y administrativa. La obligación municipal de pedir ese criterio ambiental excepcional, nace por lo dispuesto en la propia Convención de la Diversidad Biológica que dispone en lo que nos interesa: "ARTÍCULO 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso. 1.-Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos. b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica…". Es más que claro que, por una obligación convencional, se debe interpretar que la norma reglamentaria cuestionada, que establece regulaciones sobre programas y políticas de residuos sólidos, debió haber señalado, que era obligatorio, que cada municipalidad, o región compuesta de municipalidades, debía contar con criterios aprobados por Nombre02 antes de autorizarse las medidas excepcionales en el traslado de residuos. Y no se puede desconocer que este Reglamento cuestionado es una macro política y todo un programa en la gestión de residuos sólidos que tendrá efectos en la diversidad biológica. Pero la parte ambiental, no puede dejar de lado la variable climática, que aún ni siquiera se pondera en Nombre02 y esto hay que tenerlo presente, pues pueden señalarlo en sentencia, para que las decisiones en estos procesos de regionalización de los residuos sean integrales. Es decir, se les pide que se obligue a las municipalidades a tener que pasar por el tamiz de Nombre02 de previo a adoptar un criterio y que este debe considerar el cambio climático. Sobre los efectos de la no observación de la variable climática en las decisiones, como las comentadas, denota que en el Séptimo informe estado de la región: sinopsis del informe: retos y oportunidades de la adaptación al cambio climático, volumen III, se señala: "De acuerdo con la evidencia científica disponible, la gestión ambiental deficiente y los eventos climáticos en la región CARD han causado históricamente importantes impactos que se agravarán con el cambio climático. Ante ello, y como ha sido ya reconocido en los acuerdos internacionales desde París 2015, las responsabilidades para enfrentar el cambio climático en el planeta son compartidas pero diferenciadas. Las políticas públicas deben adaptarse a la realidad de cada territorio y a sus condiciones de desarrollo humano. En CARD coexiste una situación de bajo aporte a las emisiones mundiales (lo cual no exime de la urgencia de reducirlas) con una alta exposición a los posibles efectos del fenómeno, al ser uno de los "puntos calientes" de alto impacto global -real y predecible-. Esta exposición se suma a los problemas sociales, económicos e institucionales del desarrollo humano, ordenamiento territorial deficientes, pobreza, exclusión y otros elementos, evidenciando la urgencia regional de priorizar la adaptación…" (página 1209). Por ello insiste en ver en las normas 9 y 10, la violación a principios tales como el precautorio, el de razonabilidad, o el de proporcionalidad, amén del criterio de progresividad. Y es más que evidente, que esas decisiones municipales deben ser aprobadas por SETENA, pues implican la materialización de políticas ambientales, como lo dice la Convención de la Diversidad Biológica en el numeral 14 inciso b. Insiste en considerar que se requiere una sentencia interpretativa mediante la cual se disponga que existirá la obligación municipal y del ministerio de Salud de consultarse a Nombre02 mediante los protocolos necesarios, los casos de excepción previstos en las normas 9 y 10 cuestionadas. Y pide que en esa línea se ordene a Nombre02 a tener que crear los protocolos o guías del caso para que lo dispuesto en esas normas 9 y 10, sea viable ambiental y climáticamente. Solicita ponderar dentro de lo que viene exponiendo, que la norma 1 del reglamento cuestionado señala sobre lo ambiental y el objetivo perseguido: "Artículo 1: Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo establecer un marco de gestión para la gestión integral de residuos sólidos ordinarios en Costa Rica, en función a sistemas cantonales y la colaboración intermunicipal para optimizar el uso de recursos y minimizar el impacto ambiental…". Pero ¿Cómo minimizar los impactos ambientales, sin "valorar" los casos de excepción como los previstos en las normas 9 y 10 en SETENA? Todo ello ha quedado en la incertidumbre a la fecha, por la pésima redacción del Reglamento, que se hace sin considerar criterios técnicos y científicos envueltos. Si las evaluaciones de impacto ambiental deben ser predictivas siempre, pues también los criterios que deben adoptar las municipalidades conforme a las normas 9 y 10 deberían tener lo correspondiente, donde incluso se establezcan medidas de mitigación, prevención o compensación. Para continuar en este aparte, denota que la norma 4 reglamentaria dispone: "Artículo 4: Regionalización. El Ministerio de Salud en cumplimiento al artículo 2 inciso i) de la Ley 8839, establece que gestión integral de los residuos sólidos ordinarios se debe evaluar y planificar por regiones, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según lo indicado en el decreto ejecutivo N° 37735, Reglamento general para el Sistema Nacional de Planificación, de fecha 06 de mayo del 2013. Las municipalidades y demás entidades responsables de la gestión de residuos deben organizarse dentro de estas regiones, garantizando la optimización de recursos, la reducción de costos operativos y la minimización de impactos ambientales. Cada región deberá gestionar de manera autónoma sus residuos sólidos ordinarios, reduciendo su dependencia de otras regiones y promoviendo la implementación de modelos de economía circular. Asimismo, se debe adoptar el uso de tecnologías adaptadas a las necesidades locales para garantizar una gestión eficiente, sostenible y alineada con los principios de protección ambiental y salud pública. Cada región deberá gestionar de manera autónoma sus residuos sólidos ordinarios, reduciendo su dependencia de otras regiones y promoviendo la implementación de modelos de economía circular. Asimismo, se debe adoptar el uso de tecnologías adaptadas a las necesidades locales para garantizar una gestión eficiente, sostenible y alineada con los principios de protección ambiental y salud pública.". En razón de lo anterior, propone que, en esta norma número 4 por un asunto de redacción y buena técnica jurídico/ambiental, en el párrafo final se deba establecer, que es necesario que cada municipalidad o grupo de ellas, tenga que hacer una consulta a Nombre02 para poder tomarse las mejores decisiones ambientales y climáticas en la regionalización del manejo de residuos. Y también bajo el mismo entendimiento, considera y propone a esta Sala, que en la norma 9 y 10, que establecen la necesidad de tomar criterios excepcionales por parte de las municipalidades, se disponga que se debe hacer constar incluso un punto que señale la obligación de hacer una consulta a SETENA. Considera que con las sugerencias que cita, se cumpliría con lo exigido por la Constitución y el marco convencional ratificado. Denota que esta Sala Constitucional en el pasado se ha pronunciado en varias ocasiones, sobre las amenazas de los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, al agua potable, entre otros; así como de las obligaciones vinculantes asumidas por Costa Rica a través de instrumentos internacionales de derechos humanos ambientales, incluyendo las de estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y amortiguar los efectos producidos por estos (sentencia nro. 2012-9206 de 04 de julio de 2012). Pero se pregunta ¿cómo estabilizar las emisiones de GEI, sino se acude a ponderaciones y evaluaciones de las decisiones municipales? Indica que la respuesta es evidente y es que solo si se obliga a estas entidades locales o regionales a obtener un criterio de Nombre02 se podría cumplir con lo previsto en las normas 21 y 50 constitucionales. Para que se aprecie la vertiente seguida por la Sala, cita lo siguiente: "… El principio de protección del medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por lo contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tiendan a proteger el medio ambiente..." (sentencia nro. 1999-132). Sobre el in dubio pro natura y lo precautorio citan: "El principio in dubio pro natura, entonces, no depende de que haya peligro de daño grave o irreversible -como sucede con el principio precautorio, sino que implica una "regla general de comportamiento, para la relación del Estado -y la sociedad en general- con el medio ambiente, aplicable a todos los ámbitos de decisiones en que exista un riesgo de afectación al medio ambiente, y que nos obliga a evitar optar por aquellas conductas que puedan causar daño al medio ambiente, cuando existan otras opciones (Nombre03 y Lucero, 2018)" (voto Constitucional nro. 2024-13229). La consulta previa a Nombre02 por parte de las municipalidades estaría fundamentada en la norma 14 de la Convención de la Diversidad Biológica antes citada y también en otros instrumentos internacionales como el Acuerdo de París. Mantenerse dentro de los límites del Planeta es una cuestión de supervivencia a largo plazo; reconocer la naturaleza jurídicamente vinculante del respeto por los límites planetarios que mantienen la Tierra dentro del "espacio operativo seguro" es una cuestión de justicia a corto plazo y por ello se acude a esta vía para tratar de poner cordura ambiental en la norma cuestionada. Recuerda que, a nivel mundial hemos comenzado una etapa donde en lugar de hablar de calentamiento global, ya se cambiaron las palabras y se expone que entramos a la ebullición global, por ello debemos avanzar y desde la sociedad civil, se les pide a ustedes como operadores de justicia climática, que observen lo que ocurre en todo el orbe donde hemos rebasado seis de los nueve límites planetarios. Pide tener a la vista el Informe Presión sobre la Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio climático: desafíos para mejorar las condiciones presentes y reducir los impactos futuros (DFOE-AE-OS-00001-2017) que citó anteriormente, para que se dimensionen los efectos climáticos de una mala planificación nacional en Costa Rica. Indica que, en la reciente sentencia del Pueblo Indígena U"wa y sus Miembros vs. Colombia, del 04 de julio de 2024, la Corte IDH consideró respecto al tema lo siguiente: "Los Estados deben tomar en cuenta la "triple crisis planetaria" en el cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía del derecho al medio ambiente sano. La triple crisis planetaria describe la interconexión y los efectos combinados de tres amenazas globales: la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, y la crisis climática derivada de la explotación y uso de combustibles fósiles y las emanaciones de metano. Al respecto, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha señalado que esta crisis combinada representa un peligro crítico para la vida en la Tierra, requiriendo una acción urgente y coordinada a nivel global para combatir sus efectos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) también resalta la naturaleza existencial de esta amenaza, enfatizando que las consecuencias devastadoras de estas crisis interrelacionadas afectan la salud del planeta y de todas sus formas de vida. Por lo anterior, la Corte advierte que la triple crisis planetaria es un desafío complejo y multifacético que requiere una respuesta integrada y urgente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de sus habitantes". Denota también que (desde el 04/07/1994, en ley nro. 7414) Costa Rica es un Estado Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que incluye dentro de sus principios (artículo 3) los siguientes: las partes deberán proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y con responsabilidades comunes, pero diferenciadas; deberán las partes tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Además, la CMNUCC establece dentro de las obligaciones estatales (artículo 4.f) la de tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales y emplear métodos apropiados, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. También refiere que la defensa de los derechos climáticos de las generaciones futuras ha quedado contemplada desde julio de 2023, en la Declaración de Principios de Maastricht, cuando se dijo lo siguiente: "17. Violaciones de la obligación de respetar. Las violaciones de las obligaciones de respetar los derechos humanos de las generaciones futuras incluyen, entre otras: a) Privar a las generaciones futuras del disfrute sostenible y equitativo de los recursos naturales, la naturaleza o los ecosistemas necesarios para el disfrute de sus derechos a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, incluidos los derechos a la alimentación, el agua, la vivienda y el saneamiento; b) Usar de forma insostenible y agotar los recursos naturales; c) Contaminar o degradar los ecosistemas; d) Contribuir a la disminución de la biodiversidad o al cambio climático antropogénico…". Pero la situación nacional es verdaderamente dramática, pues en el Séptimo informe estado de la región: sinopsis del informe: retos y oportunidades de la adaptación al cambio climático (Volumen III) se externa: "Los escenarios para Moín y Cahuita, en la provincia de Limón en el Caribe, indican que para el año 2030 el nivel del mar habrá aumentado 0,36 metros y 0,51 metros, respectivamente. Para el 2070, ambas zonas experimentarán un aumento de un metro y para el 2100 será de dos metros (Lizano Araya y Lizano Rodríguez, 2023). Junto con el aumento del nivel del mar, la combinación de mareas altas y tormentas puede causar inundaciones severas, dañando viviendas, carreteras y otras infraestructuras críticas (Woodruff et al.,2013). La erosión de las playas también es un problema grave, pues las olas fuertes y las marejadas ciclónicas desplazan grandes cantidades de arena, reduciendo la anchura y afectando el turismo, la principal fuente de ingresos para muchos países caribeños (Nurse et al., 2014). Se estima que para 2100, hasta el 50% de las playas del Car.ibe podrían desaparecer si no se implementan medidas efectivas (IPCC, 2014)." Insiste en que se debe ver que la norma 9 cuestionada señala que será necesaria una "JUSTIFICACIÓN TÉCNICA" municipal, para trasladar los residuos de un sitio a otro, pero: ¿Quién aprueba y avala esa decisión ambiental actualmente según el Reglamento? La verdad es que, conforme a la norma expuesta y las referencias usadas, el Poder Ejecutivo dejó el dictado del criterio al cien por ciento, en manos de las municipalidades, sin considerar muchos puntos fundamentales señalados arriba. Otro punto a valorar en esta acción de inconstitucionalidad es que incluso se podría decir, que el Poder Ejecutivo, sin la competencia respectiva, vino a crear inconstitucionalmente una guía ambiental/climática, para que las municipalidades recojan los datos, los procesen y se otorguen ellos mismos una licencia ambiental. Recuerda que, según la norma 84 inciso b de la Ley Orgánica del Ambiente, se señala que es a la Nombre02 a quien le encomendó hacer las recomendaciones necesarias para minimizar el impacto sobre el ambiente, así como también se les encomendó tomar los criterios oportunos para recuperar lo dañado. En lo anterior, en la línea de proponerle a esta Sala, insta, con el debido respeto, a disponer en sentencia, que como en esa guía elaborada por el Poder Ejecutivo en la norma 9 se establecen expresamente requisitos mínimos, se resuelva, que lo ahí ordenado, debe ser complementado con los protocolos y guías que se deben prever en Nombre02 y que se debe aprobar un criterio previamente, para así cumplir con los principios  como el de clima seguro, el preventivo y el precautorio. Y claro, que es la SETENA, a quien conforme al numeral 84 inciso f, le corresponde elaborar las guías ambientales y acá en este Reglamento, en la norma 9 como se dijo, se elaboró una guía ambiental, por parte del ministerio de Salud y ello es inconstitucional, aunque se diga que solo se dispuso un mínimo, pues existe una clara falta de competencia y criterios técnicos en esa elaboración por falencia de la parte climática. Y refiere que, no vengan a señalar desde el Poder Ejecutivo que lo previsto en dicha norma 9 no es una guía ambiental, pues esos lineamientos tienen todas las características técnicas y jurídicas que se exigen en una guía como la señalada. Es decir, esa norma se hizo improvisadamente y por ello tiene una transgresión de rango constitucional. Y para que se aprecie más el factor de la improvisación, denota como ejemplo, que la norma 9 dice: “Artículo 9: Casos de excepción. Con apego a lo dispuesto por los numerales 8, 9, 10 de la Ley 8839, en los casos en que se determine que, debido a características geográficas y de viabilidad ambiental, sea más factible desde el punto de vista de traslados y condiciones de rutas, dispensar los residuos en un parque ambiental ubicado en otra región, respetando las distancias establecidas en el artículo 9 del presente reglamento y el plan municipal de gestión integral de residuos, será necesaria una justificación técnica que respalde esta decisión…”. Entiende en lo destacado que estamos ante un error formal, pero denota que se hicieron las cosas en franca violación al deber de cuidado, cuando la propia norma 9 remite al mismo artículo 9 sobre distancias, y debió haber dispuesto que se debían respetar los criterios previstos en el ordinal 10. Ese “error” en la redacción refleja que estamos ante una regulación con problemas de fondo y de forma. Volviendo al tema competencial, considera que todo lo referido a decisiones o justificaciones técnicas ambientales, debe estar a cargo de la Nombre02 y esa debería ser línea a seguir y se debe disponer que inconstitucionalmente, vía reglamento, se ha optado por desregularizar la norma 17 y la norma 84 en los incisos arriba señalados, de la Ley Orgánica del Ambiente. Para haberse dispuesto lo oportuno sobre la competencia correctamente, estima que ello se debió realizar vía una modificación legal, donde se le quitaran competencias a la Nombre02 en el manejo de los residuos sólidos, elaboración de guías etc., pero como ocurre a nivel reglamentario, estamos ante una situación que requiere un criterio, al menos interpretativo de esta Sala, sino es que decreta la inconstitucionalidad y se sacan todas las normas cuestionadas de nuestro ordenamiento jurídico. Segundo: El reglamento nunca pasó por el tamiz de Setena, ni obtuvo una licencia ambiental, a pesar de tener normas que establecen regulaciones y condicionamientos a la planificación del uso del suelo, al regionalizar el manejo integrado de residuos sólidos. Advierte que, dado el Nombre01 del Reglamento, es manifiesto que en el mismo se establecen ordenanzas de ordenamiento territorial y deberes de evaluar la planificación de los usos del suelo por regiones y en razón de ello, el mismo debió de haber sido sometido a la SETENA, para que se tuviera que aprobar una evaluación ambiental estratégica, o EAE y así obtenerse una licencia ambiental a nivel nacional o por regiones, pero como ello no se hizo, estamos ante una falencia de rango constitucional que transgrede el numeral 50 constitucional. Denota que cuando la norma 4 del Reglamento señala: “… Regionalización. El Ministerio de Salud en cumplimiento al artículo 2 inciso i) de la Ley 8839, establece que gestión integral de los residuos sólidos ordinarios se debe evaluar y planificar por regiones, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)”, expresamente vincula todo a ordenanzas sobre los usos del suelo. Por lo anterior, claramente estamos ahora ante una norma, con implicaciones de ordenamiento territorial y en ello fundamenta este segundo punto de la acción. Aduce que las interpretaciones en materia ambiental siempre deben estar influenciadas en un interés público ambiental, como lo señala la norma 11 inciso 3 de la Ley de la Biodiversidad y en el principio precautorio, por ello pide que se disponga que lleva razón y que se debe señalar que, con base a la norma 4 y la 10 -o todo el reglamento viéndolo de forma integral- se debió haber pasado por la Nombre02 de previo a darle validez, eficacia y efectividad, para bajar los riesgos, los daños y el impacto ambiental negativo a las disposiciones, pero como ello no ocurrió, ahora amerita declararlo inconstitucional. Incluso la norma vigente en la SETENA, prevista en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III.14 Señala: “Artículo 1º-Introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. En toda planificación de uso de suelo que se desarrolle en el país, incluyendo los planes reguladores cantonales o locales, públicos o privados, en los que se planifique el desarrollo de actividades, obras o proyectos que pudiesen generar efectos en el ambiente, deberá integrarse la variable ambiental de acuerdo con el Procedimiento para la Introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo que se establece en el Anexo 1 del presente decreto…”. Ahora, si bien el Reglamento no es un plan regulador cantonal, es manifiesto que sí es una ordenanza donde el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud tomaron o planifican medidas donde se dividió y planificó el país en regiones y respecto a ellas fijó incluso distancias máximas de recorridos de los camiones que cargaban residuos como en el numeral 10, que implican usos de suelo. Incluso en esa norma 10 se establecieron radios máximos para la ubicación de estaciones de transferencia, si los residuos se debían de trasladar más de 80 kms y en razón de ello, en su criterio, el Reglamento tipifica como uno donde se dispusieron regulaciones y se ordenó el espacio geográfico, por ello debía de haber pasado por el tamiz de Nombre02 de previo a aprobarse y publicarse, pero como eso no se hizo, deben ser declaradas las normas 4 y 10 y todo el reglamento, como inconstitucional en su totalidad. Las EAE expresamente también aplican a toda normativa donde se debe planificar el uso del suelo y este reglamento es un claro ejemplo de ello, tal y como lo señala la norma 4 vinculada al ordinal 10. El alegato se hace con fundamento a lo establecido en los votos de esta Sala Constitucional nro. 2002-01220, sobre el expediente 01-002886-0007-CO del 6 de febrero de 2002, nro. 2005-02529, sobre el expediente 03-009943- 0007- CO del 9 de marzo de 2005 y la nro. 2005-097765, sobre el expediente 05-03589-0007- CO del 27 de julio de 2005, que establecen la necesidad de integrar la variable ambiental al ordenamiento territorial. También se pide considerar el Capítulo VI de la Ley 7554 (Ley Orgánica del Ambiente), y el Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de Costa Rica (Decreto Ejecutivo nro. 31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) que incluye una sección especial sobre la introducción de la variable de impacto ambiental (o variable ambiental) en los Planes Reguladores y otro tipo de planificación de uso del suelo (todo esto estaría vinculado por conexidad a la norma 50 constitucional). Tercero: Se excluye, sin estudios y sin razonable causa, dentro del cuerpo normativo cuestionado la recolección y transporte de residuos de manejo especial o peligrosos. La norma 2 de este reglamento señala: “Artículo 2: Ámbito de Aplicación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, dentro del ámbito de sus competencias, coordinará con las municipalidades y empresas de gestión de residuos sólidos ordinarios autorizadas en Costa Rica, la planificación, recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios en un modelo regional. Se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados en la Ley N°8839 del 24 junio del 2010 "Ley para la Gestión Integral de Residuos" y en el Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, N° 37567-S-MINAETH de fecha 19 de marzo del 2013.”. Tal y como se ha venido exponiendo, aduce que la regulación que se cuestiona establece que se regula la gestión y tráfico de residuos sólidos, pero sin causa respaldada en estudios técnicos y científicos, mediante el numeral 2 se excluyó de la aplicación de estas normas la recolección, transporte y disposición final de un tipo de residuo que es particularmente peligroso, o especial. En su criterio, era y es fundamental que la recolección y el transporte de este tipo de residuos especiales deba ser ponderada de forma integral, junto con la recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios, dado que ello sería una forma oportuna de hacer la necesaria gestión de residuos. Si bien se entiende que los residuos especiales no deben ser recolectados en los mismos camiones y en el mismo momento que se recolectan los ordinarios, no existe justificación técnica, dentro de la norma, para no prever lo oportuno sobre los residuos peligrosos, dado que estos residuos igual generan problemas serios de contaminación con GEI, a la atmósfera y al bien jurídico clima, al derecho a la salud y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado y por ello denota una inconstitucionalidad. Un obligatorio manejo de residuos, sean estos sólidos ordinarios, orgánicos, o especiales, ameritaba una regulación conjunta pero diferenciada, pero al no darse esta, se rompe la lógica de un proceso regulatorio de los residuos integral y ello transgrede el numeral 50 constitucional. Por lo expuesto, pide que se declare la inconstitucionalidad completa de la norma 2 por violación al principio de tutela científica. En la misma línea, solicita que se declare que la norma 1 tiene un vicio de constitucionalidad, cuando señala que el objeto del reglamento es solo regular la gestión de los residuos sólidos ordinarios, pues con esa palabra excluyó, sin un estudio técnico y científico la regulación de los residuos especiales o peligrosos en Costa Rica. Igual vicio se apreciaría consecuentemente en el Nombre01 del Reglamento, pues señala que solo se regulará los residuos sólidos ordinarios y orgánicos. Cuarto: Omisión de ponderación de los efectos al clima en los diagnósticos ambientales sobre manejo de residuos sólidos de ningún tipo. La norma cinco, inciso d) del Reglamento señala: “Artículo 5: Diagnóstico de necesidades en la gestión de residuos ordinarios por región. La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental (DPRSA) del Ministerio de Salud de forma quinquenal y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y las Universidades Estatales, elaborará un diagnóstico para identificar las zonas críticas por región en la gestión de residuos ordinarios, considerando los siguientes aspectos: … d. Indicadores Ambientales y de Salud Pública. • Zonas donde se identifican altos porcentajes del mal manejo de los residuos sólidos ordinarios. • Denuncias relacionadas a quema de residuos ordinarios. • Denuncias relacionadas a creación de vertederos o botaderos. • Áreas protegidas y zonas de recarga acuífera donde se requiere evitar la construcción de infraestructuras de residuos… Este diagnóstico permitirá identificar para cada región la necesidad de implementar actividades para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios…”. En lo anterior se nota que, por omisión se está ante una falencia de rango constitucional y convencional, en el tanto no hay una justa razón, para no considerar en los indicadores ambientales y de salud pública, uno vinculado a un clima seguro, GEI y la fijación de carbono, aspectos todos ellos que estarían relacionados con el numeral 21 y 50 constitucional, con la norma 4.2 y la 7.2.2. del Acuerdo de París que establecen que cada Estado deberá tomar medidas para mitigar el cambio climático, puesto que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a todas las personas, los Estados y las empresas. También se transgrede en esa línea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que incluye dentro de sus principios en el numeral 3 la obligación de las partes para proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, también en ese instrumento internacional se señala, que se deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. La norma 4. f de esta Convención expone el deber estatal de tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales y emplear métodos apropiados y acá no se justifica por qué el clima está ausente, siendo que se debe elaborar, como se dijo, un diagnóstico y por ello estamos ante una omisión que debería ser corregida, ampliando un inciso más en esa norma 5 inciso d). Para que se aprecie aún más la necesidad de lo que expone, denota que en esa norma 5 se dice que dicho “diagnóstico permitirá identificar para cada región la necesidad de implementar actividades para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos ordinarios”, por ello, dejar la parte climática es un sin sentido que estaría haciendo que se violente la proporcionalidad y la razonabilidad como principios básicos del derecho ambiental. Las preguntas que saltarían ante la falencia dicha, sería: ¿Cómo se podrían identificar para cada región las actividades para el tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos, si no existe un ítem, que incluya la parte climática para así tomar medidas oportunas para medir, disminuir, o eliminar los efectos a la atmósfera de los GEI? ¿Por qué se hace expresamente referencia a varios factores ambientales, pero se deja por fuera el bien jurídico clima? Se pregunta: ¿si desde el punto de vista convencional se señalan obligaciones climáticas en políticas, actividades, obras o proyectos, por qué se dejó por fuera la variable climática en algo tan importante como lo era un diagnóstico ambiental de sitios donde no se manejan residuos sólidos de forma oportuna? ¿Cómo se van a identificar las zonas críticas por región, sin cuantificar o considerar lo climático? La verdad, esto refleja que la variable climática pasa de lado en toda la normativa, tal y como lo ha referido. Por lo anterior pide disponer la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad por omisión y señalar que es necesario que el Poder Ejecutivo incluya la variable climática en los indicadores del diagnóstico. Quinto: Violación al principio de objetivación en cuanto a áreas o radios y kilómetros regulados. Advierte que, en varias de las normas cuestionadas existen inconsistencias jurídicas/climáticas que no están respaldadas en criterios técnicos y se adoptaron por mera discrecionalidad administrativa, asunto que es sumamente peligroso, pues entre otras cosas, se desconocen los efectos ambientales/climáticos de esa toma de decisiones. La norma 10 señala: “Artículo 10: Traslado de Residuos sólidos ordinarios, distancias y casos excepcionales. El traslado de residuos sólidos ordinarios debe cumplir simultáneamente con dos condiciones fundamentales: 1. La gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento, exceptuando aquellos casos que se acojan a lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento. 2. Cuando sea necesario trasladar residuos sólidos ordinarios fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia hacia los Parques Ambientales no debe exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. En los casos en que esta distancia sea excedida, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte, garantizando una operación eficiente dentro de la misma región…”. En la norma 10, 2, se puede apreciar que se establece una situación que quedó meramente dentro del margen de la subjetividad administrativa, pues no se explica, ni se justifica, dentro de la ciencia y la técnica, el por qué los 80 kilómetros eran una distancia máxima suficiente y eficiente para trasladar residuos sólidos ordinarios, fuera del territorio municipal de donde se generan para tratamiento o disposición final en el parque industrial. En los “considerandos” del Reglamento, no se hace mención de estudios al respecto. La distancia máxima de 80 kms máxima podría generar problemas serios ambientales, sociales, económicos e institucionales para las municipalidades y los administrados, puesto que: 1- Si el parque ambiental o la estación de transferencia está a 89 km cabría preguntarse ¿qué pasaría? ¿Sería ilegal el traslado solo unos kilómetros más? 2- ¿Las municipalidades deberán buscar un terreno para hacer una estación de transferencia para disminuir la distancia al kilómetro 79 para así cumplir con la norma reglamentaria? 3- ¿Qué ocurre si dentro del cantón el plan regulador vigente no aprueba un uso del suelo para que exista una estación de transferencia, o un relleno sanitario a menos de 80 kms desde la fase de recolección inicial? 4- ¿La distancia máxima en kilómetros fue tomada considerando gases de efecto invernadero (GEI) generados por los residuos sólidos y la quema de combustibles de los camiones de acarreo, o esa distancia igualmente ponderó la fijación de carbono de los residuos? Es decir, ¿qué parámetros ambientales y climáticos sopesaron para determinar la distancia máxima? 5- ¿Qué norma de rango legal prexistente justificó esos 80 kms? 6- Al final del numeral 10 se señala que se tendrá un solo año como plazo máximo para tener las estaciones de transferencia y eventualmente los rellenos sanitarios cantonales, o inter cantonales y entonces ¿cuándo se podrán hacer las licitaciones para que se preparen las solicitudes de licencias ambientales y tener los terrenos expropiados y adquiridos? 7- ¿Será un año el tiempo suficiente para que estén listos todos los actos habilitadores del caso? 8- ¿En qué papel quedan los contratos que las municipalidades tienen firmados con las empresas que trasladan residuos a diversos lugares del país, sino existen estaciones de transferencia cercanas antes de los 80 kms? 9- ¿Será necesario establecer procesos de lesividad para anular los contratos en operación con las empresas que las municipalidades tienen contratadas que van más allá de los 80 kms? Tal y como se puede ver existen muchas dudas en las distancias y el plazo otorgado en una norma que nunca pasó por un análisis dentro de parámetros científicos, ni se fundamentó en estudios técnicos de cada cantón por aparte y esa generalización nacional, rompe con una lógica racional y con el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Considera que el ministerio de Salud y la Presidencia han puesto en riesgo hasta la recolección de residuos y las finanzas municipales de una forma muy irresponsable y así se pide declarar. Ahora bien, refiere que sobre el principio de objetivación se pueden observar los votos constitucionales números 2005-14293, 2006-17126 y 2009-2009 y en ellos han citado reiteradamente el siguiente párrafo: “De la objetivación de la tutela ambiental: el cual, tal y como lo señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005, de las catorce horas cincuenta y dos horas del diecinueve de octubre del dos mil cinco, es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [refiriéndose al principio precautorio], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente”. Los creadores del Reglamento han puesto en riesgo el derecho a la salud, la calidad de vida y hasta el derecho a un ambiente sano al dictar una norma con serias deficiencias como las señaladas, donde claramente se transgrede el derecho de hacer un desarrollo sostenible, donde lo ambiental, lo social, lo económico y lo institucional estén actuando orgánica y equilibradamente. El solo hecho de generalizar algo que no es apto de generalizar, como son las distancias, sin ponderar referencias vinculantes de los planes reguladores y los diversos usos del suelo, caso por caso, deja en evidencia lo absurdo de la norma, pero el Poder Ejecutivo pasó de lado la observación puntual de las particularidades cantonales y ello permea el Reglamento con una inconstitucionalidad. Si por culpa de este reglamento, las municipalidades no pudieran tener sitios para hacer parques ambientales o estaciones de transferencia dentro de los perímetros previstos en esta norma 10, el problema de los residuos sólidos sería un asunto de emergencia nacional, puesto que la camisa de fuerza que se ha impuesto no permite movimientos  ágiles a las municipalidades y es que los redactores de la norma, partieron de una situación ideal donde los cantones fueran uniformes, nunca mesuraron los planes de ordenamiento territorial y que estuvieran listas las estaciones de transferencia en los sitios idóneos, o hasta los rellenos sanitarios o los parques ambientales y si ello no se hizo, se tiene que con la norma cuestionada se generan inconsistencias que conlleva a afirmar que se ha violentado el principio de objetivación sin lugar a dudas generando un caos nacional. Los peligros por los efectos de los GEI sin tratamiento en la etapa de recolección podrían generarse con mayor agresividad con esta norma. Es posible que el Poder Ejecutivo señale al contestar esta acción de inconstitucionalidad, que ellos más bien procuran poner orden en el manejo de los residuos sólidos, pero al hacer una norma, carente de sustento técnico justificante, dieron un pésimo paso adelante. Acá incluso se debió de haber hecho una ley expresa con rangos de flexibilidad, pero jamás vía un reglamento rígido. Nótese que, con las disposiciones adoptadas, más bien ponen en riesgo hasta las finanzas municipales y obligan a hacer cambios en muchos de los planes reguladores existentes para que deban existir sitios con lugares oportunos para hacer rellenos sanitarios en cada cantón, o estaciones de transferencia. Y, al final, los más afectados somos los de la sociedad civil en esta generación y las generaciones futuras. Al dictarse la norma es claro que nunca se midieron los efectos colaterales directos e indirectos en la sociedad y en el voto constitucional número 2005-1174 se concentra el quid de lo que acá se alega de la siguiente forma: “El daño que se pueda causar al ambiente siempre es de difícil o imposible reparación y la aprobación de un estudio de impacto ambiental requiere de la total certeza de mínima afectación de los recursos naturales, pues así lo dispone por fuerza propia el artículo 50 de la Carta Política...”. Las EIA para los casos de excepción de las normas 9 y 10 brillan por su ausencia y; además, la mínima afectación es imposible de verificar por la misma razón. Los recurridos, al dictar la norma 10. 2, vaciaron de contenido lo oportuno y nos ponen en riesgos claros y manifiestos y la norma cuestionada en lugar de venir a traer luz a un problema del manejo de los residuos sólidos, más bien deja muchas aristas sueltas que ponen a la sociedad y al planeta en riesgo. La norma dicha no es arreglable por la rigidez existente. Asimismo, considera que pone en riesgo el bien jurídico clima, puesto que no se ponderó, con efectos predictivos, lo que podría pasar al comenzar a aplicarse la norma y; por ello, amerita acoger la acción de inconstitucionalidad y declarar que este punto 10.2 es inconstitucional también, en el tanto fija de forma rígida una distancia máxima en kilómetros. Ahora, si aplica el principio de objetivación en la actividad legislativa, considera que también debe aplicar ante esa norma reglamentaria y así pide que se indique. Señala que no se puede abandonar este punto de la falta de estudios en lo que se refiere a la norma reglamentaria 10 cuando esta señala: “Las Estaciones de Transferencia: deben ubicarse estratégicamente dentro del territorio de la municipalidad generadora o, en su defecto, dentro de los territorios de las municipalidades que formen parte de un convenio intermunicipal, respetando un radio de influencia de hasta 45 kilómetros…”. Ruega considerar todo lo señalado arriba en este aparte tercero para valorar esos 45 kms de radio, puesto que ese rango no tiene justificación dentro de la ciencia y la técnica y por ello es inconstitucional. Denota que existe un deber reglamentario que se supone que no podrá ser rebasado, pero de ¿dónde salió lo oportuno de esa área? La verdad no se sabe y por ello es inconstitucional. Se pregunta también: ¿Por qué no se pensó en 15 kms de radio, o 65 kms? La verdad todo quedó a la imaginación y la discreción del Poder Ejecutivo y ello no debe ser permitido, pues puede traer problemas ambientales, sociales y climáticos a la salud de las personas, a los ecosistemas y hasta a las generaciones futuras. La iniciativa del Poder Ejecutivo claramente fue improvisada y apresurada y no admite remedio alguno y así debe declararse. Incluso esos radios del numeral precitado se imponen por sobre disposiciones en planes de ordenamiento territorial, dado que al parecer se obliga a aceptar la rigidez, sin justa causa del Poder Ejecutivo. Sexto: Inconstitucionalidad por establecer regulaciones obligatorias a las municipalidades vía reglamento. La norma 10 reglamentaria es clara al externar que los requisitos son inamovibles y señala dicho artículo que se compone de dos incisos: “El traslado de residuos sólidos ordinarios debe cumplir simultáneamente con dos condiciones fundamentales”. Las palabras “debe cumplir”, son imperativas y rígidas y no permiten tener una flexibilidad o discrecionalidad. Considera que esa imposición violenta incluso la autonomía territorial y administrativa de rango constitucional que tienen las municipalidades y por ello las palabras “debe cumplir” violentarían la norma constitucional 169 y el numeral 170 constitucional. El Código Municipal, que vendría siendo la norma especial, establece que existirán competencias regionales o nacionales en las que “podrán” participar las municipalidades junto con la Administración Pública, pero esa palabra “podrá” prevista en la norma 3, no implica que cada municipalidad deba hacer y obedecer lo que el Poder Ejecutivo le ordena. Denota que la norma dice: “Artículo 3. - La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal. La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba”. La norma que cuestiona es de rango reglamentario y por ello ese deber señalado en el numeral citado 10 reglamentario transgrede los artículos 169 y 170 constitucionales y el Código Municipal, porque no existe una ley que disponga la obligación que el Ejecutivo está señalando. Es decir, el Poder Ejecutivo dispuso arbitrariamente, vía una norma reglamentaria, aspectos que son de entera competencia municipal y es que ni la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos prevé ese deber impuesto y que ahora se cuestiona. La palabra “debe” tiene que ser declarada como inconstitucional en todas las ocasiones que destaca en las normas 4 y 10, lo mismo que cuando se establecen obligaciones a cargo de las municipalidades, como explicó al referirse a la norma 9. En todo lo anterior, considera que el Poder Ejecutivo abusó de su poder reglamentario en las normas 4, 9 y 10, ya que está obligando a las municipalidades a tener que tomar decisiones violando la autonomía municipal territorial y administrativa que se tiene. La norma 4 dice: “Regionalización. El Ministerio de Salud en cumplimiento al artículo 2 inciso i) de la Ley 8839, establece que gestión integral de los residuos sólidos ordinarios se debe evaluar y planificar por regiones… Las municipalidades y demás entidades responsables de la gestión de residuos deben organizarse dentro de estas regiones, garantizando la optimización de recursos, la reducción de costos operativos. Cada región deberá gestionar de manera autónoma sus residuos sólidos ordinarios …”. Como se ve, la norma reglamentaria señala que, en cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos artículo 2 inciso i) existe un deber municipal. Cosa que no es cierta, pues la palabra prevista en ese cuerpo normativo es un objetivo de la ley que lo que dispone es que se promoverá la gestión integral de residuos y promover es muy diferente a “deber”. La palabra “debe” implica una orden imperativa y la segunda, “promover” es sugerir, o buscar un objetivo. Por ello estima que el reglamento señala cosas inconstitucionales que invaden las competencias y la autonomía municipal. Por lo dicho, considera que se debe declarar como inconstitucional ese “deber” que se dice viene de la norma 2 inciso i) de la Ley 8839, pues ello es falso. Por otro lado, las palabras “deberá organizarse dentro de esas regiones” o la obligación de gestionar de manera autónoma, deben ser consideradas como inconstitucionales, porque hace falta una ley expresa que obligue a hacer lo que ahora pretende el Poder Ejecutivo, vía simple reglamento. Denota también que, al señalarse en esa norma 4 del Reglamento que las municipalidades deben gestionar de manera autónoma sus residuos sólidos ordinarios, violenta también la autonomía municipal territorial y la administrativa constitucional. La norma 9 Reglamentaria señala: “Artículo 9: Casos de excepción. Con apego a lo dispuesto por los numerales 8, 9, 10 de la Ley 8839, en los casos en que se determine que, debido a características geográficas y de viabilidad ambiental, sea más factible desde el punto de vista de traslados y condiciones de rutas, dispensar los residuos en un parque ambiental ubicado en otra región, respetando las distancias establecidas en el artículo 9 del presente reglamento y el plan municipal de gestión integral de residuos, será necesaria una justificación técnica que respalde esta decisión. Como mínimo, la justificación debe contener: 1. Análisis técnico y económico que compare las alternativas disponibles, demostrando que la opción propuesta es la más viable en términos de costos operativos y eficiencia. 2. Impactos potenciales y las medidas de mitigación para minimizar efectos negativos en la zona de origen y de destino. 3. Proyección de volúmenes de residuos a trasladar, considerando la generación actual y futura en la región de origen. 4. Acciones de reducción y valorización implementadas antes de la disposición final, detallando su impacto en la minimización de residuos transportados. 5. Capacidad del sitio receptor. 6. Plan logístico y de transporte, incluyendo rutas, frecuencias y mecanismos de monitoreo para asegurar la trazabilidad y minimizar el impacto del traslado. 7. Acuerdos intermunicipales o contratos con operadores privados, si aplican. El Ministerio de Salud brindará apoyo técnico y supervisión en la implementación de estas acciones, garantizando que los sitios de separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos cumplan con el decreto ejecutivo N° 44421-S Reglamento de parques ambientales para la separación, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos de fecha 4 de marzo del 2024”. En esta norma 9 del reglamento cuestionado, el Poder Ejecutivo creó y obligó inconstitucionalmente a las municipalidades a justificar mediante un acto habilitador ambiental la toma de una decisión. En toda esa norma 9 se aprecia que desde Presidencia y el Ministerio de Salud, se arrogaron, o se atribuyeron competencias de la Nombre02 sin tener competencia para ello, pero, además, obligan a las municipalidades a tener que auto evaluarse ambientalmente para poder recolectar y trasladar residuos. En su criterio, esto no se podía hacer vía reglamento, puesto que conlleva a dos falencias inconstitucionales, siendo la primera, invadir una competencia de SETENA, al crear la guía ambiental sin ningún criterio, tal y como lo expuso; por otro lado, no se tiene la potestad para ello y la segunda, es la de obligar a las municipalidades a tener que justificar criterios ambientales, sin tener expertiz o experiencia, ni competencia en hacer EIA y por ello existe una inconstitucionalidad. La norma 10 del reglamento dispone: “Artículo 10: Traslado de Residuos sólidos ordinarios, distancias y casos excepcionales. El traslado de residuos sólidos ordinarios debe cumplir simultáneamente con dos condiciones fundamentales: 1. La gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente, conforme a las delimitaciones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), según lo dispuesto en el artículo 4 del presente reglamento, exceptuando aquellos casos que se acojan a lo establecido en el artículo 8 del presente reglamento. 2. Cuando sea necesario trasladar residuos sólidos ordinarios fuera del territorio municipal donde se generan para tratamiento o disposición final, la distancia hacia los Parques Ambientales no debe exceder los 80 kilómetros desde el punto de generación más lejano. En los casos en que esta distancia sea excedida, será obligatorio el uso de Estaciones de Transferencia para optimizar el transporte, garantizando una operación eficiente dentro de la misma región. Las Estaciones de Transferencia: deben ubicarse estratégicamente dentro del territorio de la municipalidad generadora o, en su defecto, dentro de los territorios de las municipalidades que formen parte de un convenio intermunicipal, respetando un radio de influencia de hasta 45 kilómetros. Estas instalaciones deben contar con la infraestructura necesaria para garantizar una operación logística eficiente, asegurando la protección del ambiente y la salud pública, conforme a lo dispuesto en el capítulo XI "De las estaciones de transferencia" del Decreto Ejecutivo N° 36093-S, Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios, publicado el 16 de agosto de 2010. Asimismo, deben implementarse estrategias para prevenir la congestión vial y optimizar el flujo de transporte. Situaciones de excepción: En caso de requerir trasladarse a otra región debido a que las infraestructuras se encuentren en desarrollo, mantenimiento o cuando otra región cuente con tecnologías más avanzadas o eficientes aprobadas, se debe presentar ante la Dirección Regional de Rectoría de la Salud donde se ubique el cantón para su respectiva revisión la siguiente información: a. Presentar un informe técnico detallado que explique las razones de la excepción, especificando si es por: .Desarrollo de infraestructura en la región original. .Labores de mantenimiento que obliguen a detener las operaciones en los sitios de tratamiento o disposición final. .Situación excepcional (por ejemplo, desastres naturales, emergencias sanitarias, mantenimientos). .Disponibilidad de tecnologías avanzadas en otra región. b. Incluir un análisis comparativo de las capacidades tecnológicas entre las regiones involucradas, cuando existan tecnologías más avanzadas o eficientes. c. Destino propuesto para tratamiento, aprovechamiento o disposición final. d. Evidencia de que el sitio receptor cumple las regulaciones nacionales. e. Diseñar un plan que incluya: .Estrategias para la gestión de los residuos sólidos ordinarios durante el periodo de excepción. .Cronograma detallado de las actividades de traslado. .Mecanismos para minimizar impactos ambientales y de salud pública. Estas excepciones tendrán un plazo máximo de 1 año, a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, plazo durante el cual, cada región debe trabajar en el desarrollo de su infraestructura”. En lo anterior, nota inconsistencias y transgresiones a la autonomía municipal. Por ejemplo, al inicio de la norma se dice: “1. La gestión de los residuos sólidos ordinarios debe realizarse dentro de la región correspondiente ¿Por qué se usa el término DEBE? ¿Dónde está el fundamento técnico para obligar a ello? ¿Por qué se hace una imposición a las municipalidades si ello no tiene respaldo en una norma de rango legal, o constitucional? Y siendo que no hay fundamento para lo anterior, se considera que existe una inconstitucionalidad por violentar la autonomía municipal, amén del principio de tutela científica, ya antes comentado. Lo mismo se dice sobre la imposición de una medida máxima de 80 kms máximos, puesto que no hay criterios que justifiquen la violación a la autonomía territorial y a la administrativa y porque ello se hace vía reglamento cuando lo obligatorio era mediante una ley. En la misma línea se puede argumentar sobre los radios de 45 kms de radio, pues no existe justificación técnica para ello y esto también violenta la autonomía territorial y administrativa para manejar sus propios intereses. Finalmente, no podría terminar este aparte, sin mencionar sobre este punto de la violación constitucional a las potestades y competencias municipales, que en la ley nro. 10096 se dispone en el artículo 3, lo siguiente: “ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación. Esta ley es de orden público. Se aplicará en todas las regiones oficiales del país establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, en adelante el Mideplan. Será vinculante para todo el sector público, central y descentralizado, incluyendo las empresas públicas, a excepción de aquellas que operan bajo régimen de competencia, a las cuales la presente ley faculta para coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos. Las instituciones con rango de autonomía constitucional podrán integrarse en el marco de su autonomía constitucional. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las universidades estatales podrán integrarse en el marco de su autonomía constitucional. Las municipalidades estarán facultadas a participar activamente en el desarrollo regional, cada vez que lo consideren, dentro del ámbito y ejercicio de la autonomía municipal que las asiste.”. Esta norma que por conexidad está vinculada a los ordinales 169 y 170 constitucionales dispone que, gracias a su autonomía consagrada constitucionalmente, las municipalidades tienen la potestad de participar, o no, en los procesos de desarrollo regionales. El decreto impugnado atenta flagrantemente contra esa potestad exclusiva de las municipalidades y por eso es que, considera que la presente acción, entre otros puntos ya tratados, debe acogerse y declararse con lugar. Solicita que se declare que las normas 1, 2, 4, 5, 7, 9 y 10 tienen vicios de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, que se diga que en las normas cuestionadas se aprecia abuso de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y, además, se violentan varios principios del derecho ambiental, tales como el preventivo, el precautorio, el de clima seguro, el de tutela científica, el de razonabilidad y el de proporcionalidad, amén del de no regresión y el de progresividad. Pide ponderar los efectos constitucionales de declaratoria de inconstitucionalidad y si se considera, que sopesando la violación de la autonomía municipal (punto sexto) y el no sometimiento del reglamento a una evaluación ambiental estratégica (punto segundo) es viable declarar la nulidad de todo el reglamento, que se proceda a la declaratoria total de la norma. En todo caso, pide considerar el punto primero donde se pide al menos una sentencia interpretativa y el punto tercero, cuarto, quinto donde alega que no existió fundamento técnico para haber dispuesto exclusión de los residuos peligrosos, donde sin estudios se establecieron radios y las medidas en kilómetros que no tenían basamento. Asimismo, pide que se refieran al aspecto de la invasión de competencias de la Nombre02 y la necesidad obligatoria de tomar acciones para tener un clima seguro. Agrega lo establecido en la Opinión Consultiva OC-32/25 del 29 de mayo de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulada Emergencia climática y Derechos Humanos, a los efectos de que se valore dentro de este proceso. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene de la existencia de intereses difusos, por protección al ambiente.  Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Efectos jurídicos de la interposición de la acción: La publicación prevista en el numeral 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional tiene por objeto poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido establecida, a los efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este precepto legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en general. La tercera regla, es que la Sala puede graduar los alcances del efecto suspensivo de la acción. La cuarta es que –en principio-, en los casos de acción directa, como ocurre en esta acción, que se acude en defensa de intereses difusos, no opera el efecto suspensivo de la interposición (véase voto n.° 537-91 del Tribunal Constitucional). Es decir, la suspensión de la aplicación de las normas impugnadas, en sede administrativa, solo opera en aquellos casos donde existe un proceso de agotamiento de vía administrativa, lo cual supone la interposición de un recurso de alzada o de reposición contra el acto final por parte de un administrado. Donde no existe contención en relación con la aplicación de la norma, no procede la suspensión de su eficacia y aplicabilidad. En otras palabras, en todos aquellos asuntos donde no existe un procedimiento de agotamiento de vía administrativa, en los términos arriba indicados, la norma debe continuarse aplicando, independientemente de si beneficia -acto administrativo favorable- o perjudica al justiciable -acto desfavorable no impugnado-.  Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91, 0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas. La contestación a la audiencia conferida en esta resolución deberá ser presentada una única vez, utilizando solo uno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico ...01, la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, la contestación y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. La contestación que se rindan por medios electrónicos, deberá consignar la firma de la persona responsable que lo suscribe, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Nº 8454, a efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Notifíquese.   

Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:35:35.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

*250172170007CO*

EXPEDIENTE:

25-017217-0007-CO

PROCEEDING:

ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY

PETITIONER:

[Nombre01 001]

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty-seven hours on the tenth of July two thousand twenty-five.

The action of unconstitutionality filed by [Nombre01 001] is hereby admitted, seeking a declaration that numerals 1, 2, 4, 5, 7, 9, and 10 of the REGULATION FOR THE REGIONALIZED MANAGEMENT OF ORDINARY AND ORGANIC SOLID WASTE IN COSTA RICA, EXECUTIVE DECREE, No. 44974-S, published in Supplement No. 52 to La Gaceta No. 75 of April 28, 2025, are unconstitutional for violating Articles 21 and 50 of the Constitution, the Convention on Biological Diversity, and the Paris Agreement, as well as the environmental principles of progressivity, prevention, safe climate, and scientific guidance. A fifteen-day hearing is granted to the Office of the Attorney General of the Republic, the Minister of Environment and Energy, the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat, the Minister of the Presidency, and the Minister of Health. The norms are challenged on the grounds of an alleged violation of Constitutional Articles 21 and 50 and the disregard of several ratified international conventions, such as the Convention on Biological Diversity and the Paris Agreement. Furthermore, environmental principles such as progressivity, prevention, safe climate, and scientific guidance. Grounds for Unconstitutionality: 1- Violation of the principle of scientific guidance in broad terms, in accordance with the provisions of norms 4, 9, and 10, decoupling of the climate variable in numerals 4, 9, and 10; and deregulation of SETENA's powers in articles 9 and 10. He points out that the regulation seeks, for the first time in Costa Rica, to essentially regulate the management and/or traffic of ordinary and organic solid waste (residuos sólidos ordinarios y orgánicos) between cantons, until reaching sites where these materials will be treated, and as proof of this, he notes the Regulation's own title and Recital Four of the challenged norm, which expressly states: "… the provisions established in this Executive Decree seek to promote the creation and improvement of public and private infrastructure necessary for the selective collection, transport, collection, storage, recovery, treatment, and adequate final disposal of solid waste, including the promotion of regional solutions…". Article 2 of the Regulation, in the same vein, states: "Article 2: Scope of Application. The Executive Branch, through the Ministry of Health, within the scope of its powers, shall coordinate with the municipalities and authorized ordinary solid waste management companies in Costa Rica, the planning, collection, treatment, recovery, and final disposal of ordinary solid waste in a regional model…". But, despite the monumentally transcendent nature of the regulatory provision, issued by the President of the Republic and the Minister of the governing body for waste, it turns out that, without technical, scientific, or legal reason, to date the climate variable has not been incorporated into an activity that clearly generates negative effects on the atmosphere, health, and the planet. In his opinion, the foregoing violates the preventive principle by omission, because it is manifest that, if studies exist, as they indeed do, indicating that negative consequences will come from the effects of climate change, leaving the climate variable out of the norm in question is not justified. When speaking of a lack of "technical reports guaranteeing the sustainability of the activity" in the foregoing, he argues that this must be weighed as a shortcoming in the regulatory norm, because from the perspective of the volume of daily, weekly, or annual waste entering all treatment sites, to date there is no dossier with the metrics for these, combined with other anthropic and natural factors, that could have yielded data determining that the Regulation itself was a true and sound comprehensive environmental/climate solution for each municipality, or group of municipalities, and, in that sense, lacking scientific backing, it can be affirmed that the challenged norm was drafted in violation of the principle of scientific guidance and the principle of prevention. He requests that the administrative file for this challenged regulation be examined so that it can be seen that climate change linked to waste was never weighed in the equation, and this error leads to the initial assertion that a defect of constitutional rank exists. The various international conventions signed by our country urge taking measures to reduce the factors that cause an unsafe climate. He believes that each State should rather collaborate to reduce negative environmental impacts, in order to thereby focus on fighting for climate resilience, and among the actions we are obligated to take is to at least have accurate data on emissions, to be able to make vital decisions for drafting the best regulations. And along the same lines, the Inter-American Court of Human Rights (Corte IDH) ruled in the case LA OROYA VS. PERÚ on November 27, 2023: "34. Regarding obligations, there are two issues that must be highlighted: the obligation of prevention and the obligation of protection -better known as the precautionary principle. The Inter-American Court identifies that the difference between the two is that while in the first there is scientific certainty about what the environmental consequences would be (against which sub-obligations such as regulating, supervising, environmental impact studies, etc., operate); in the case of the second obligation, it operates when there is no scientific certainty about the environmental consequences, but this does not exempt the State from taking measures to address possible environmental damage". It is a fact that, based on public research such as those cited, it was necessary, prior to issuing the Regulation, to start from a general national study, originating from the Climate Change Office of the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), jointly with the Ministry of Planning and the Ministry of Health, but to date, this has not been done, and a major technical deficiency of constitutional rank is therefore noted, as a regulatory norm was issued without being clear as to whether it was the best, technically and scientifically speaking. In the administrative file for Executive Decree No. 44974-S, that climate dossier of studies or research he indicates does not exist, and this demonstrates the lack of foundations that leads us to understand that what was stated regarding norms 4, 9, and 10 of the regulation is true, as everything was done by mere administrative discretion, with a great conceptual void regarding the implications of climate change, to the extreme degree that there was a denial of citing safeguards along those lines. Having clarified that first point, he states that he will detail the matter of the climate variable linked to the Regulation. In the norm provided for in Executive Decree No. 44974-S, the Executive Branch did not foresee anything regarding the climate aspect, so he requests that a moment's thought be given along those lines and that a line of reasoning imposing the criterion of progressivity be applied now. Doing the foregoing, it will be seen that the reality is that if a good norm had been issued that does consider the climate variable, a hierarchy of measures for mitigating significant residual climate environmental impacts (those that cannot be avoided) could even have been introduced into our State, to thereby ensure a net loss as close to zero as possible to biodiversity, the legal asset of climate, or health. But as this was lacking, we as a State will continue to score far below what is needed by the planet and what is provided for in international climate instruments. On the other hand, he points out that it must be clearly understood (and this adds to the negative national factors) that to date in our State, environmental climate vectors are not quantified by SETENA, and this is an undeniable reality, due to the non-existence of specific protocols or guides, and what is not quantified cannot be assessed, much less can efficient mitigation, protection, and prevention measures be taken regarding it, which would be the opportune course of action. That is, what is visible now is that the Executive Branch issued a regulation that appears to be cutting-edge, but it was never conceived of and supported with basic scientific rigor, and all this signifies improvisation and a regression in a very serious matter, where action is being taken negligently and blindly in everything climate-related. It must be clear, as stated, that to date, even the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) itself lacks protocols and procedures for assessing climate effects in activities, works, and projects, and if that office indicates that work is being done to have the relevant measures by the end of this year 2025, then it follows that even less so do the municipalities or the Ministry of Health know how to account for climate effects in the foregoing, and yet, this Regulation was irresponsibly issued on a matter that is highly linked to everything atmospheric. Now, at least, SETENA has indicated that by the end of this year 2025 it will have a first draft on how to measure the climate variable, but if that occurs then, it is manifest that the Ministry of Health is going even further behind, and this collectively leads us to reaffirm and ratify that the Regulation was drafted without providing what is opportune regarding climate change, which supports the thesis of a violation of the principle of objectification. To directly link what has been said with the Regulation, he notes that norm 9 states that a technical justification will be issued, and also at the end of that article, it is said that acts must be issued based on specialized technical environmental assumptions by the municipal corporations. He indicates that there is an inconsistency of constitutional rank in the foregoing that must not go unnoticed, as it is a clear violation of the preventive principle and the principle of scientific guidance, since administrative acts with effects on the environment cannot be adopted if they are not technically assessed, and to think otherwise is to improvise with people's lives, the climate, biodiversity, and ecosystems. For this reason, he reaffirms that the challenged Article 9 was issued with the impossibility of verifying environmental climate impacts, and this should not be permitted, and therefore unconstitutionality must be declared, because the Executive Branch obliges municipalities to issue environmental justifications, but, strangely, they are not obliged to go to SETENA beforehand so that all the necessary factors of the case, where the climate factor should not be absent, may be analyzed by the specialized office. And with this, he notes the terrible technique followed in the Regulation. He affirms that one should always start from a net loss of zero and a net gain for biodiversity and public health, but with what is provided for in the Regulation, taking municipal decisions is mandated without requiring the prior environmental studies approved by SETENA and without providing what is opportune regarding climate change. It is clear that municipalities and the Ministry of Health can work in coordination with SETENA in the development of the best environmental criteria, but neither the municipalities nor the Ministry of Health should be the ones who evaluate and, in turn, approve the enabling acts of an environmental nature, as norm 9 states when it provides: "Article 9: Exception Cases. In accordance with the provisions of numerals 8, 9, 10 of Law 8839, in cases where it is determined that, due to geographic characteristics and environmental viability, it is more feasible from the standpoint of transport and route conditions to dispose of the waste in an environmental park located in another region, respecting the distances established in Article 9 of this regulation and the municipal comprehensive solid waste management plan, a technical justification supporting this decision will be necessary. At a minimum, the justification must contain: 1. Technical and economic analysis comparing the available alternatives, demonstrating that the proposed option is the most viable in terms of operational costs and efficiency. 2. Potential impacts and mitigation measures to minimize negative effects in the zone of origin and destination. 3. Projection of waste volumes to be transported, considering current and future generation in the region of origin. 4. Reduction and recovery actions implemented prior to final disposal, detailing their impact on the minimization of transported waste. 5. Capacity of the receiving site. 6. Logistics and transport plan, including routes, frequencies, and monitoring mechanisms to ensure traceability and minimize the impact of the transfer. 7. Inter-municipal agreements or contracts with private operators, if applicable. The Ministry of Health will provide technical support and supervision in the implementation of these actions, guaranteeing that the sites for separation, treatment, recovery, and final disposal of waste comply with Executive Decree No. 44421-S Regulation of environmental parks for the separation, treatment, recovery, and final disposal of solid waste dated March 4, 2024." After the foregoing, he asks: why, in these measures, which are purely a protocol or a basic guide for environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), is it not stated among the requirements that any municipal decision must pass through the SETENA filter? He notes that repeatedly seeking to minimize the environmental impact of waste is expressed and extolled. But as he warns of an existing shortcoming and major doubt that merits declaring that it must at least be interpreted that within the requirements of norm 9, the express reference to the need to consult SETENA is sorely missed, as SETENA should even create a specific protocol or mechanism to regulate this type of municipal criteria for the hypothesis provided for in Regulatory Article 9. He warns of something similar in Regulatory Article 10 when it states: "… Exception Situations: In the event of needing to transfer to another region because the infrastructures are under development, maintenance, or when another region has more advanced or efficient approved technologies, the following information must be submitted to the Regional Health Directorate of the canton for its respective review…". He asks: why is it said that a review of certain requirements is needed, but it is not included that SETENA's criterion must be provided? And it is, before this other shortcoming, that he notes another unconstitutionality by omission, since one must first go to SETENA, and then the pertinent matters provided by the municipalities could be transferred to the Regional Health Directorate. Based on everything indicated, he believes that there are unconstitutionalities by omission on the part of the Executive Branch, by not obliging municipal corporations to submit a procedure that could be a specific criterion, within an EIA conducted by the municipalities, on the most opportune course of action for exception cases, so that an act with discernment and lucidity can be made, with backing from science and technique in that environmental and climate part that would definitely be involved in the different phases of the integrated management of solid waste. All the foregoing is fundamental to evaluating and minimizing the ecological footprint we generate on the climate and the atmosphere. The decision to transfer waste to other regions is not the purview of the companies that provide treatment, but rather, expressly, this is a purely municipal criterion, in accordance with their interests and territorial and administrative autonomy. The municipal obligation to request this exceptional environmental criterion arises from what is provided in the Convention on Biological Diversity itself, which states in what concerns us: "ARTICLE 14. Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts. 1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall: (a) Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures; (b) Introduce appropriate arrangements to ensure that the environmental consequences of its programmes and policies that are likely to have significant adverse impacts on biological diversity are duly taken into account…". It is more than clear that, due to a conventional obligation, it must be interpreted that the challenged regulatory norm, which establishes regulations on solid waste programs and policies, should have indicated that it was mandatory for each municipality, or region composed of municipalities, to have criteria approved by SETENA before authorizing exceptional measures for waste transfer. And it cannot be ignored that this challenged Regulation is a macro policy and an entire program in the management of solid waste that will have effects on biological diversity. But the environmental aspect cannot leave aside the climate variable, which is not yet even considered at SETENA, and this must be kept in mind, as they can indicate it in a judgment, so that decisions in these waste regionalization processes are comprehensive. That is, they are asked to oblige municipalities to have to pass through the SETENA filter before adopting a criterion, and that this criterion must consider climate change. Regarding the effects of not observing the climate variable in decisions, such as those discussed, he notes that the Seventh State of the Region Report: Synopsis of the Report: Challenges and Opportunities of Adaptation to Climate Change, Volume III, states: "According to available scientific evidence, deficient environmental management and climate events in the CARD region have historically caused significant impacts that will worsen with climate change. In view of this, and as has already been recognized in international agreements since Paris 2015, the responsibilities for addressing climate change on the planet are shared but differentiated. Public policies must adapt to the reality of each territory and its human development conditions. In CARD, a situation coexists of a low contribution to global emissions (which does not exempt from the urgency of reducing them) with a high exposure to the possible effects of the phenomenon, being one of the global 'hot spots' of high impact -real and predictable-. This exposure adds to the social, economic, and institutional problems of human development, deficient land-use planning, poverty, exclusion, and other elements, evidencing the regional urgency of prioritizing adaptation…" (page 1209). For this reason, he insists on seeing in norms 9 and 10 the violation of principles such as precaution, reasonableness, or proportionality, in addition to the criterion of progressivity. And it is more than evident that these municipal decisions must be approved by SETENA, since they involve the materialization of environmental policies, as stated in Article 14(b) of the Convention on Biological Diversity. He insists on considering that an interpretive judgment is required through which it is established that there will be an obligation on the municipality and the Ministry of Health to consult SETENA, through the necessary protocols, in the exception cases provided for in challenged norms 9 and 10. And he requests that, along these lines, SETENA be ordered to create the relevant protocols or guides so that what is provided for in those norms 9 and 10 is environmentally and climatically viable. He requests that it be weighed, within what he is setting forth, that norm 1 of the challenged regulation states regarding the environmental aspect and the objective pursued: "Article 1: Objective. This regulation aims to establish a management framework for the comprehensive management (gestión integral) of ordinary solid waste in Costa Rica, based on cantonal systems and inter-municipal collaboration to optimize the use of resources and minimize environmental impact…". But how to minimize environmental impacts without "assessing" the exception cases provided for in norms 9 and 10 at SETENA? All of this has remained in uncertainty to date, due to the poor drafting of the Regulation, which was done without considering the technical and scientific criteria involved. If environmental impact assessments must always be predictive, then the criteria that municipalities must adopt pursuant to norms 9 and 10 should also have the corresponding elements, where mitigation, prevention, or compensation measures are even established. To continue in this section, he notes that Regulatory Article 4 provides: "Article 4: Regionalization. The Ministry of Health, in compliance with Article 2(i) of Law 8839, establishes that comprehensive management of ordinary solid waste must be evaluated and planned by regions, in accordance with the delimitations established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), as indicated in Executive Decree No. 37735, General Regulation for the National Planning System, dated May 6, 2013. The municipalities and other entities responsible for waste management must organize within these regions, ensuring the optimization of resources, the reduction of operational costs, and the minimization of environmental impacts. Each region must autonomously manage its ordinary solid waste, reducing its dependence on other regions and promoting the implementation of circular economy models. Likewise, the use of technologies adapted to local needs must be adopted to guarantee efficient, sustainable management aligned with the principles of environmental protection and public health. Each region must autonomously manage its ordinary solid waste, reducing its dependence on other regions and promoting the implementation of circular economy models. Likewise, the use of technologies adapted to local needs must be adopted to guarantee efficient, sustainable management aligned with the principles of environmental protection and public health." By reason of the foregoing, he proposes that, in this Article 4, as a matter of drafting and good legal/environmental technique, the final paragraph should establish that it is necessary for each municipality or group of municipalities to have to make a consultation with SETENA in order to make the best environmental and climate decisions in the regionalization of waste management. And also, under the same understanding, he considers and proposes to this Chamber that, in norms 9 and 10, which establish the need to take exceptional criteria by the municipalities, it be provided that a point must even be recorded indicating the obligation to make a consultation with SETENA. He considers that with the suggestions cited, what is required by the Constitution and the ratified conventional framework would be fulfilled. He notes that this Constitutional Chamber has pronounced on several occasions in the past on the threats of climate change effects on human rights to a healthy and balanced environment, to health, to potable water, among others; as well as on the binding obligations assumed by Costa Rica through international instruments of environmental human rights, including those to stabilize greenhouse gas emissions and buffer the effects produced by them (Judgment No. 2012-9206 of July 4, 2012). But he asks: how to stabilize GHG emissions if municipal decisions are not subjected to considerations and evaluations? He indicates that the answer is evident, and it is that only by obliging these local or regional entities to obtain a criterion from SETENA could what is provided for in Constitutional Articles 21 and 50 be fulfilled. So that the approach followed by the Chamber may be appreciated, he cites the following: "… The principle of environmental protection is not a recommendation or an intention given by the Constitution, but rather, on the contrary, it is a right of immediate application, so there is an obligation on the part of governmental bodies to ensure that legal provisions tending to protect the environment are complied with..." (Judgment No. 1999-132).

Regarding *in dubio pro natura* and the precautionary principle, they cite: "The *in dubio pro natura* principle, then, does not depend on there being a danger of grave or irreversible harm—as is the case with the precautionary principle—but rather implies a 'general rule of conduct for the relationship of the State—and society in general—with the environment, applicable to all areas of decision-making where there is a risk of affecting the environment, and which obliges us to avoid choosing those conducts that may cause environmental harm, when other options exist (Nombre03 and Lucero, 2018)'" (Constitutional Vote No. 2024-13229). The prior consultation of Nombre02 by the municipalities would be based on norm 14 of the Convention on Biological Diversity cited above and also on other international instruments such as the Paris Agreement. Staying within the Planet's limits is a matter of long-term survival; recognizing the legally binding nature of respect for the planetary boundaries that keep the Earth within the "safe operating space" is a matter of short-term justice, and it is for this reason that this legal channel is used to try to bring environmental sanity to the questioned norm. It recalls that, globally, we have begun a stage where instead of speaking of global warming, the words have already been changed, and it is stated that we have entered global boiling; therefore, we must move forward, and from civil society, you are asked, as climate justice operators, to observe what is happening throughout the world where we have exceeded six of the nine planetary boundaries. They request that the Report Pressure on Public Finances in a context of variability and climate change: challenges for improving present conditions and reducing future impacts (DFOE-AE-OS-00001-2017), cited previously, be reviewed, so that the climatic effects of poor national planning in Costa Rica can be dimensioned. They indicate that, in the recent judgment of the U'wa Indigenous People and its Members vs. Colombia, of July 4, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) considered the following on the subject: "States must take into account the 'triple planetary crisis' in fulfilling their obligations to respect and guarantee the right to a healthy environment. The triple planetary crisis describes the interconnection and combined effects of three global threats: environmental pollution, biodiversity loss, and the climate crisis derived from the exploitation and use of fossil fuels and methane emissions. In this regard, the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) has pointed out that this combined crisis represents a critical danger to life on Earth, requiring urgent and coordinated action at a global level to combat its effects. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) also highlights the existential nature of this threat, emphasizing that the devastating consequences of these interrelated crises affect the health of the planet and all its life forms. For the foregoing reasons, the Court warns that the triple planetary crisis is a complex and multifaceted challenge that requires an integrated and urgent response to guarantee the sustainability of the planet and the well-being of its inhabitants." They also note that (since July 4, 1994, in Law No. 7414) Costa Rica is a State Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which includes within its principles (Article 3) the following: the Parties shall protect the climate system for the benefit of present and future generations, on the basis of equity and with common but differentiated responsibilities; the Parties shall take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Furthermore, the UNFCCC establishes within state obligations (Article 4.f) the duty to take into account, to the extent possible, considerations related to climate change in its social, economic, and environmental policies and measures, and to employ appropriate methods, with a view to minimizing the adverse effects on the economy, public health, and environmental quality, of projects or measures undertaken by the Parties to mitigate or adapt to climate change. They also refer that the defense of the climate rights of future generations has been contemplated since July 2023, in the Maastricht Principles Declaration, when the following was stated: "17. Violations of the obligation to respect. Violations of the obligations to respect the human rights of future generations include, among others: a) Depriving future generations of the sustainable and equitable enjoyment of natural resources, nature, or ecosystems necessary for the enjoyment of their rights to life, health, and an adequate standard of living for themselves and their families, including the rights to food, water, housing, and sanitation; b) Unsustainably using and depleting natural resources; c) Polluting or degrading ecosystems; d) Contributing to biodiversity loss or anthropogenic climate change…". But the national situation is truly dramatic, as stated in the Seventh State of the Region Report: Report Synopsis: Challenges and Opportunities of Adaptation to Climate Change (Volume III): "The scenarios for Moín and Cahuita, in the province of Limón on the Caribbean coast, indicate that by the year 2030 the sea level will have risen 0.36 meters and 0.51 meters, respectively. By 2070, both areas will experience a one-meter rise, and by 2100, it will be two meters (Lizano Araya and Lizano Rodríguez, 2023). Along with sea-level rise, the combination of high tides and storms can cause severe flooding, damaging homes, roads, and other critical infrastructure (Woodruff et al., 2013). Beach erosion is also a serious problem, as strong waves and storm surges displace large amounts of sand, reducing beach width and affecting tourism, the main source of income for many Caribbean countries (Nurse et al., 2014). It is estimated that by 2100, up to 50% of Caribbean beaches could disappear if effective measures are not implemented (IPCC, 2014)." They insist that it must be seen that the questioned norm 9 indicates that a municipal "TECHNICAL JUSTIFICATION" will be necessary to transfer waste from one site to another, but: Who approves and endorses that environmental decision currently according to the Regulation? The truth is that, in accordance with the exposed norm and the references used, the Executive Branch left the issuance of the criterion entirely in the hands of the municipalities, without considering many fundamental points indicated above. Another point to assess in this action of unconstitutionality is that it could even be said that the Executive Branch, without the respective competence, unconstitutionally created an environmental/climate guide for the municipalities to collect data, process it, and grant themselves an environmental license. They recall that, according to norm 84, subsection b of the Organic Law of the Environment, it is indicated that it is Nombre02 that was entrusted with making the necessary recommendations to minimize the environmental impact, as well as being entrusted with taking the opportune criteria to restore what has been damaged. Regarding the above, in the line of proposing to this Chamber, they urge, with due respect, to order in the judgment that, since in that guide prepared by the Executive Branch in norm 9, minimum requirements are expressly established, it be resolved that what is ordered there must be complemented with the protocols and guides that must be foreseen in Nombre02 and that a criterion must be previously approved, in order to comply with principles such as the safe climate, the preventive, and the precautionary. And of course, it is SETENA, which according to numeral 84, subsection f, is responsible for preparing environmental guides, and here in this Regulation, in norm 9 as was said, an environmental guide was prepared by the Ministry of Health, and this is unconstitutional, even if it is said that only a minimum was established, since there is a clear lack of competence and technical criteria in that preparation due to a deficiency in the climate aspect. And they refer that the Executive Branch should not come to point out that what is provided in said norm 9 is not an environmental guide, because those guidelines have all the technical and legal characteristics required in a guide such as the one indicated. That is to say, that norm was made improvisationally and therefore has a transgression of constitutional rank. And so that the factor of improvisation is further appreciated, they note as an example that norm 9 states: "Article 9: Exception Cases. In accordance with the provisions of numerals 8, 9, 10 of Law 8839, in cases where it is determined that, due to geographic characteristics and environmental feasibility, it is more feasible from the point of view of transfers and route conditions, to dispose of waste in an environmental park located in another region, respecting the distances established in Article 9 of this regulation and the municipal integrated waste management plan, a technical justification that supports this decision will be necessary…". They understand that we are facing a formal error in what is highlighted, but they note that things were done in clear violation of the duty of care, when norm 9 itself refers to the same Article 9 on distances, and it should have provided that the criteria foreseen in ordinal 10 should be respected. This "error" in the drafting reflects that we are facing a regulation with substantive and procedural problems. Returning to the issue of competence, they consider that everything related to environmental technical decisions or justifications must be in charge of Nombre02, and that should be the line to follow, and it must be ordered that, unconstitutionally, via regulation, the choice has been made to deregulate norm 17 and norm 84 in the subsections indicated above, of the Organic Law of the Environment. To have properly provided for competence correctly, they believe that this should have been done via a legal amendment, where competencies were taken from Nombre02 in the management of solid waste, preparation of guides, etc., but since it occurs at the regulatory level, we are facing a situation that requires at least an interpretative criterion from this Chamber, if not a declaration of unconstitutionality, removing all the questioned norms from our legal system. Second: The regulation never passed through Setena's screening, nor obtained an environmental license, despite having norms that establish regulations and conditions for land-use planning, by regionalizing the integrated management of solid waste. They warn that, given the Name01 of the Regulation, it is manifest that it establishes territorial planning ordinances and duties to evaluate the planning of land uses by regions, and for this reason, it should have been submitted to SETENA, so that a strategic environmental assessment, or SEA, had to be approved, and thus obtain an environmental license at the national level or by regions, but since this was not done, we are facing a deficiency of constitutional rank that transgresses constitutional numeral 50. They note that when norm 4 of the Regulation states: "… Regionalization. The Ministry of Health, in compliance with Article 2, subsection i) of Law 8839, establishes that the integrated management of ordinary solid waste must be evaluated and planned by regions, according to the delimitations established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN)", it expressly links everything to ordinances on land uses. For the foregoing, we are now clearly before a norm with territorial planning implications, and this is the basis of this second point of the action. They argue that environmental interpretations must always be influenced by an environmental public interest, as indicated in norm 11, subsection 3 of the Biodiversity Law, and by the precautionary principle; therefore, they request that it be held that they are correct and that it should be indicated that, based on norm 4 and 10—or the entire regulation, viewing it comprehensively—it should have been submitted to Nombre02 prior to being given validity, efficacy, and effectiveness, to reduce the risks, damages, and negative environmental impact of the provisions, but since this did not happen, it now merits declaring it unconstitutional. Even the current norm at SETENA, provided in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (EIA Manual)-Part III.14 States: "Article 1º-Introduction of the environmental variable in Regulatory Plans or other Land-Use Planning. In all land-use planning developed in the country, including cantonal or local regulatory plans, public or private, that plan the development of activities, works, or projects that could generate environmental effects, the environmental variable must be integrated in accordance with the Procedure for the Introduction of the environmental variable in Regulatory Plans or other Land-Use Planning established in Annex 1 of this decree…". Now, although the Regulation is not a cantonal regulatory plan, it is manifest that it is an ordinance where the Ministry of Planning and the Ministry of Health took or planned measures dividing and planning the country into regions, and regarding them, it even set maximum travel distances for trucks carrying waste, as in numeral 10, which imply land uses. Even in that norm 10, maximum radii were established for the location of transfer stations, if the waste had to be transported more than 80 km, and for this reason, in their opinion, the Regulation typifies as one where regulations were established and the geographic space was ordered; therefore, it should have passed through Nombre02's screening prior to being approved and published, but since this was not done, norms 4 and 10 and the entire regulation must be declared unconstitutional in its entirety. SEAs also expressly apply to all regulations where land use must be planned, and this regulation is a clear example of this, as norm 4, linked to ordinal 10, indicates. The argument is based on what was established in the votes of this Constitutional Chamber No. 2002-01220, on file 01-002886-0007-CO of February 6, 2002, No. 2005-02529, on file 03-009943-0007-CO of March 9, 2005, and No. 2005-097765, on file 05-03589-0007-CO of July 27, 2005, which establish the need to integrate the environmental variable into territorial planning. They also request that Chapter VI of Law 7554 (Organic Law of the Environment) be considered, and the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures of Costa Rica (Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), which includes a special section on the introduction of the environmental impact variable (or environmental variable) in Regulatory Plans and other types of land-use planning (all of this would be linked by connection to constitutional norm 50). Third: The collection and transport of special or hazardous management waste is excluded, without studies and without reasonable cause, within the questioned regulatory body. Norm 2 of this regulation states: "Article 2: Scope of Application. The Executive Branch, through the Ministry of Health, within the scope of its competencies, will coordinate with the municipalities and authorized ordinary solid waste management companies in Costa Rica, the planning, collection, treatment, recovery, and final disposal of ordinary solid waste in a regional model. Waste of special or hazardous management is excluded, regulated in Law No. 8839 of June 24, 2010, 'Law for the Integrated Management of Waste' and in the General Regulation to the Law for the Integrated Management of Waste, No. 37567-S-MINAETH dated March 19, 2013." As has been stated, they argue that the questioned regulation establishes that solid waste management and traffic is regulated, but without cause supported by technical and scientific studies, through numeral 2, the application of these norms excluded the collection, transport, and final disposal of a type of waste that is particularly hazardous, or special. In their opinion, it was and is fundamental that the collection and transport of this type of special waste must be considered comprehensively, together with the collection and transport of ordinary solid waste, since this would be a timely way of carrying out the necessary waste management. While it is understood that special waste should not be collected in the same trucks and at the same time as ordinary waste is collected, there is no technical justification within the norm for not providing what is appropriate regarding hazardous waste, given that this waste also generates serious pollution problems with GHGs, for the atmosphere and the legal asset climate, the right to health, and a healthy and ecologically balanced environment, and for this reason, they denote an unconstitutionality. A mandatory waste management, whether ordinary solid, organic, or special, merited a joint but differentiated regulation, but not providing this breaks the logic of an integrated regulatory process for waste, and this transgresses constitutional numeral 50. For the reasons stated, they request that the complete unconstitutionality of norm 2 be declared for violation of the principle of scientific protection. In the same vein, they request that norm 1 be declared to have a constitutional defect, when it states that the object of the regulation is only to regulate the management of ordinary solid waste, since with that word, it excluded, without a technical and scientific study, the regulation of special or hazardous waste in Costa Rica. The same defect would consequently be seen in the Name01 of the Regulation, as it states that only ordinary and organic solid waste will be regulated. Fourth: Omission of consideration of climate effects in environmental diagnostics on solid waste management of any type. Norm five, subsection d) of the Regulation states: "Article 5: Diagnosis of needs in ordinary waste management by region. The Directorate of Radiological Protection and Environmental Health (DPRSA) of the Ministry of Health, every five years and in coordination with the Ministry of Housing and Urban Settlements, the Ministry of Environment and Energy, the Institute of Municipal Development and Advisory, the National Institute of Statistics and Censuses, and the State Universities, will prepare a diagnosis to identify critical zones by region in ordinary waste management, considering the following aspects: … d. Environmental and Public Health Indicators. • Zones where high percentages of poor ordinary solid waste management are identified. • Complaints related to the burning of ordinary waste. • Complaints related to the creation of open dumps or garbage dumps. • Protected Areas and aquifer recharge zones where the construction of waste infrastructure must be avoided… This diagnosis will allow identifying for each region the need to implement activities for the treatment, recovery, and final disposal of ordinary waste…". From the above, it is noted that, by omission, there is a deficiency of constitutional and conventional rank, since there is no just reason not to consider among the environmental and public health indicators one linked to a safe climate, GHGs, and carbon fixation, all aspects that would be related to constitutional numerals 21 and 50, with norm 4.2 and 7.2.2 of the Paris Agreement, which establish that each State shall take measures to mitigate climate change, since adaptation is a global challenge that concerns all people, States, and companies. Also transgressed in this line is the United Nations Framework Convention on Climate Change, which includes within its principles in numeral 3 the obligation of the parties to protect the climate system for the benefit of present and future generations; it is also indicated in that international instrument that precautionary measures shall be taken to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Norm 4.f of this Convention sets out the state duty to take into account, to the extent possible, considerations related to climate change in its social, economic, and environmental policies and measures and to employ appropriate methods, and here it is not justified why the climate is absent, given that a diagnosis must be prepared, as was said, and for this reason we are facing an omission that should be corrected by expanding one more subsection in that norm 5, subsection d). So that the need for what they argue is even more appreciated, they note that in that norm 5 it is said that said "diagnosis will allow identifying for each region the need to implement activities for the treatment, recovery, and final disposal of ordinary waste"; therefore, leaving out the climate aspect is a nonsense that would be causing proportionality and reasonableness, as basic principles of environmental law, to be violated. The questions that would arise from said deficiency would be: How could the activities for the treatment, recovery, and final disposal of waste be identified for each region, if there is no item that includes the climate aspect in order to take timely measures to measure, decrease, or eliminate the effects of GHGs on the atmosphere? Why is express reference made to several environmental factors, but the legal asset climate is left out? They ask: if, from a conventional point of view, climate obligations are indicated in policies, activities, works, or projects, why was the climate variable left out of something as important as an environmental diagnosis of sites where solid waste is not managed in a timely manner? How will critical zones by region be identified without quantifying or considering the climate aspect? The truth is that this reflects that the climate variable is sidelined throughout the entire regulation, as has been referred to. For the foregoing, they request to declare unconstitutionality and unconventionality by omission and to indicate that it is necessary for the Executive Branch to include the climate variable in the diagnosis indicators. Fifth: Violation of the principle of objectivization regarding regulated areas or radii and kilometers. They warn that in several of the questioned norms there are legal/climate inconsistencies that are not supported by technical criteria and were adopted by mere administrative discretion, a matter that is extremely dangerous, since, among other things, the environmental/climate effects of that decision-making are unknown. Norm 10 states: "Article 10: Transfer of ordinary solid waste, distances and exceptional cases. The transfer of ordinary solid waste must simultaneously comply with two fundamental conditions: 1. The management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region, according to the delimitations established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), as provided in Article 4 of this regulation, excepting those cases that are covered by Article 8 of this regulation. 2. When it is necessary to transfer ordinary solid waste outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal, the distance to the Environmental Parks must not exceed 80 kilometers from the farthest generation point. In cases where this distance is exceeded, the use of Transfer Stations will be mandatory to optimize transport, guaranteeing an efficient operation within the same region…". In norm 10, 2, it can be seen that a situation is established that remained merely within the margin of administrative subjectivity, since it is not explained or justified, within science and technique, why 80 kilometers was a sufficient and efficient maximum distance to transfer ordinary solid waste outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal in the industrial park. In the "considerandos" of the Regulation, no mention is made of studies in this regard. The maximum distance of 80 km could generate serious environmental, social, economic, and institutional problems for the municipalities and the citizens, since: 1- If the environmental park or the transfer station is 89 km away, the question would be: what would happen? Would the transfer be illegal just a few kilometers more? 2- Must municipalities find land to build a transfer station to reduce the distance to kilometer 79 in order to comply with the regulatory norm? 3- What happens if within the canton the current regulatory plan does not approve a land use for a transfer station or a landfill (relleno sanitario) to exist less than 80 km from the initial collection phase? 4- Was the maximum distance in kilometers determined considering greenhouse gases (GHGs) generated by solid waste and the burning of fuels from haulage trucks, or did that distance also weigh the carbon fixation of the waste? That is, what environmental and climate parameters did they weigh to determine the maximum distance? 5- What pre-existing legal norm justified those 80 km? 6- At the end of numeral 10, it is indicated that there will be a maximum period of one year to have the transfer stations and eventually the cantonal or inter-cantonal landfills, so when can the bidding processes be carried out to prepare the environmental license applications and have the land expropriated and acquired? 7- Will one year be sufficient time for all the enabling acts of the case to be ready? 8- What happens to the contracts that municipalities have signed with companies that transfer waste to various parts of the country, if there are no nearby transfer stations within 80 km? 9- Will it be necessary to establish lesivity processes to annul operating contracts with companies that municipalities have contracted that go beyond 80 km? As can be seen, there are many doubts regarding the distances and the period granted in a norm that never underwent an analysis within scientific parameters, nor was it based on technical studies of each canton separately, and this national generalization breaks with a rational logic and with the principle of reasonableness and proportionality. They consider that the Ministry of Health and the Presidency have risked even waste collection and municipal finances in a very irresponsible manner, and a declaration to this effect is requested. Now, they refer that on the principle of objectivization, constitutional votes numbers 2005-14293, 2006-17126, and 2009-2009 can be observed, and they have repeatedly cited the following paragraph: "Of the objectivization of environmental protection: which, as this Court stated in judgment number 14293-2005, at fourteen fifty-two hours on October nineteenth, two thousand five, is a principle that in no way can be confused with the previous one [referring to the precautionary principle], as, derived from the provisions of Articles 16 and 160 of the General Law of Public Administration, it translates into the need to accredit decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and to provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of 'linkage to science and technique' is derived, thus conditioning the Administration's discretion in this matter. So that, in light of the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies—, if an objective technical criterion is evidenced that denotes the probability of evident harm to the environment, natural resources, or people's health, it is mandatory to discard the proposed project, work, or activity; and in the case of a 'reasonable doubt,' it is mandatory to make decisions in favor of the environment (pro-natura principle), which can translate into the adoption of both compensatory and precautionary measures, in order to adequately protect the environment." The creators of the Regulation have put at risk the right to health, quality of life, and even the right to a healthy environment by issuing a norm with serious deficiencies as indicated, where the right to sustainable development, in which the environmental, social, economic, and institutional aspects act organically and in balance, is clearly transgressed.

The mere fact of generalizing something that is not suitable for generalization, such as distances, without weighing binding references from regulatory plans and the various land uses, case by case, reveals the absurdity of the rule, but the Executive Branch ignored the specific observation of cantonal particularities, and that permeates the Regulation with unconstitutionality. If, because of this regulation, municipalities could not have sites for environmental parks or transfer stations within the perimeters provided for in this rule 10, the solid waste problem would be a national emergency matter, since the straitjacket that has been imposed does not allow municipalities to make agile moves, and it is that the drafters of the rule started from an ideal situation where the cantons were uniform, they never measured the territorial planning plans and that the transfer stations were ready in the suitable sites, or even the sanitary landfills or the environmental parks, and if this was not done, the questioned rule generates inconsistencies that lead to affirming that the principle of objectification has been violated, without a doubt generating national chaos. The dangers from the effects of untreated GHGs in the collection stage could be generated with greater aggressiveness with this rule. It is possible that the Executive Branch may state, when answering this unconstitutionality action, that they rather seek to bring order to solid waste management, but by making a rule lacking justifying technical support, they took a terrible step forward. Here, an express law with flexibility ranges should even have been made, but never via a rigid regulation. Note that, with the adopted provisions, they rather put even municipal finances at risk and force changes in many of the existing regulatory plans so that there must be sites with suitable places to make sanitary landfills in each canton, or transfer stations. And, in the end, the most affected are us in civil society in this generation and future generations. When the rule was issued, it is clear that the direct and indirect collateral effects on society were never measured, and constitutional vote number 2005-1174 concentrates the crux of what is alleged here, as follows: “The damage that can be caused to the environment is always difficult or impossible to repair, and the approval of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) requires absolute certainty of minimal impact on natural resources, as Article 50 of the Political Constitution itself so provides...”. The environmental impact assessments (EIA) for the exception cases of rules 9 and 10 are conspicuous by their absence and; furthermore, the minimal impact is impossible to verify for the same reason. The respondents, by issuing rule 10.2, emptied the content of what is opportune and put us at clear and manifest risks, and the questioned rule, instead of coming to shed light on a problem of solid waste management, rather leaves many loose ends that put society and the planet at risk. Said rule is not fixable due to the existing rigidity. Likewise, it considers that it puts the legal good of climate at risk, since it was not weighed, with predictive effects, what could happen when the rule began to be applied and; therefore, it warrants granting the unconstitutionality action and declaring that this point 10.2 is unconstitutional as well, as long as it rigidly sets a maximum distance in kilometers. Now, if the principle of objectification applies in legislative activity, it considers that it must also apply before that regulatory rule and requests that it be so indicated. It points out that this point of the lack of studies cannot be abandoned regarding regulatory rule 10 when it states: “Transfer Stations: must be strategically located within the territory of the generating municipality or, failing that, within the territories of the municipalities that are part of an intermunicipal agreement, respecting an influence radius of up to 45 kilometers…”. It begs to consider everything stated above in this third part to assess those 45 km of radius, since that range has no justification within science and technique and therefore is unconstitutional. It denotes that there is a regulatory duty that is supposed not to be exceeded, but where did the appropriateness of that area come from? The truth is not known, and therefore it is unconstitutional. It also asks: Why was a 15 km radius not considered, or 65 km? The truth is that everything was left to the imagination and discretion of the Executive Branch, and this must not be allowed, as it can bring environmental, social, and climatic problems to people's health, to ecosystems, and even to future generations. The initiative of the Executive Branch was clearly improvised and hasty and admits no remedy whatsoever, and it must be so declared. Even those radii of the aforementioned numeral are imposed over provisions in territorial planning plans, given that apparently it is forced to accept rigidity, without just cause from the Executive Branch. Sixth: Unconstitutionality for establishing mandatory regulations for municipalities via regulation. Regulatory rule 10 is clear in stating that the requirements are unchangeable, and said article states that it is composed of two subsections: “The transfer of ordinary solid waste must comply simultaneously with two fundamental conditions”. The words “must comply” are imperative and rigid and do not allow for flexibility or discretion. It considers that this imposition violates even the territorial and administrative autonomy of constitutional rank that municipalities have, and therefore the words “must comply” would violate constitutional rule 169 and constitutional numeral 170. The Municipal Code, which would be the special rule, establishes that there will be regional or national competencies in which municipalities “may” participate together with the Public Administration, but that word “may” provided for in rule 3 does not imply that each municipality must do and obey what the Executive Branch orders it. It denotes that the rule says: “Article 3. - The territorial jurisdiction of the municipality is the respective canton, whose head town is the seat of the municipal government. The government and administration of cantonal interests and services shall be in charge of the municipal government. The municipality may exercise municipal competencies and invest public funds with other municipalities and institutions of the Public Administration for the fulfillment of local, regional, or national purposes, or for the construction of public works of common benefit, in accordance with the agreements it signs to that effect”. The rule it questions is of regulatory rank, and therefore that duty set forth in the cited regulatory numeral 10 transgresses constitutional articles 169 and 170 and the Municipal Code, because there is no law that provides for the obligation that the Executive is pointing out. That is to say, the Executive Branch arbitrarily disposed, via a regulatory rule, aspects that are entirely of municipal competence, and not even the Law for Comprehensive Solid Waste Management provides for that imposed duty that is now questioned. The word “must” has to be declared unconstitutional on all occasions it appears in rules 4 and 10, the same as when obligations are established at the expense of municipalities, as it explained when referring to rule 9. In all of the foregoing, it considers that the Executive Branch abused its regulatory power in rules 4, 9, and 10, since it is forcing municipalities to have to make decisions violating the territorial and administrative municipal autonomy that exists. Rule 4 says: “Regionalization. The Ministry of Health, in compliance with Article 2, subsection i) of Law 8839, establishes that comprehensive management of ordinary solid waste must be evaluated and planned by regions… Municipalities and other entities responsible for waste management must organize themselves within these regions, guaranteeing the optimization of resources and the reduction of operational costs. Each region must autonomously manage its ordinary solid waste…”. As can be seen, the regulatory rule states that, in compliance with the Law for Comprehensive Solid Waste Management Article 2 subsection i), there is a municipal duty. This is not true, since the word provided for in that regulatory body is an objective of the law, which provides that comprehensive waste management will be promoted, and promoting is very different from “must”. The word “must” implies an imperative order, and the second, “promote,” is to suggest or pursue an objective. Therefore, it considers that the regulation points out unconstitutional things that invade municipal competencies and autonomy. For the foregoing, it considers that this “duty” that is said to come from rule 2 subsection i) of Law 8839 must be declared unconstitutional, as this is false. On the other hand, the words “must organize itself within those regions” or the obligation to manage autonomously must be considered unconstitutional, because an express law is lacking that obligates doing what the Executive Branch now intends, via a simple regulation. It also denotes that, by stating in that rule 4 of the Regulation that municipalities must autonomously manage their ordinary solid waste, it also violates the territorial municipal autonomy and the constitutional administrative autonomy. Regulatory Rule 9 states: “Article 9: Exception Cases. In accordance with the provisions of numerals 8, 9, 10 of Law 8839, in cases where it is determined that, due to geographic characteristics and environmental feasibility, it is more feasible from the point of view of transport and route conditions to dispose of waste in an environmental park located in another region, respecting the distances established in Article 9 of this regulation and the municipal comprehensive waste management plan, a technical justification will be necessary to support this decision. At a minimum, the justification must contain: 1. Technical and economic analysis comparing the available alternatives, demonstrating that the proposed option is the most viable in terms of operational costs and efficiency. 2. Potential impacts and mitigation measures to minimize negative effects in the area of origin and destination. 3. Projection of volumes of waste to be transferred, considering current and future generation in the region of origin. 4. Reduction and valorization actions implemented before final disposal, detailing their impact on the minimization of transported waste. 5. Capacity of the receiving site. 6. Logistics and transport plan, including routes, frequencies, and monitoring mechanisms to ensure traceability and minimize the impact of transport. 7. Intermunicipal agreements or contracts with private operators, if applicable. The Ministry of Health will provide technical support and supervision in the implementation of these actions, guaranteeing that the sites for separation, treatment, utilization, and final disposal of waste comply with executive decree N° 44421-S Regulation of environmental parks for the separation, treatment, utilization, and final disposal of solid waste dated March 4, 2024.” In this rule 9 of the questioned regulation, the Executive Branch created and unconstitutionally obligated municipalities to justify the making of a decision through an environmental enabling act. Throughout that rule 9, it can be seen that the Presidency and the Ministry of Health arrogated to themselves, or attributed to themselves, competencies of the Nombre02 without having the competence to do so, but, in addition, they obligate municipalities to have to environmentally self-assess in order to collect and transport waste. In its opinion, this could not be done via regulation, since it entails two unconstitutional deficiencies, the first being invading a competence of SETENA, by creating the environmental guide without any criteria, as it stated; on the other hand, there is no power for this, and the second is obligating municipalities to have to justify environmental criteria, without having expertise or experience, nor competence in doing environmental impact assessments (EIA), and therefore there is an unconstitutionality. Rule 10 of the regulation provides: “Article 10: Transfer of ordinary solid waste, distances, and exceptional cases. The transfer of ordinary solid waste must comply simultaneously with two fundamental conditions: 1. The management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region, in accordance with the delimitations established by the Ministry of National Planning and Economic Policy (MIDEPLAN), as provided in Article 4 of this regulation, excepting those cases that avail themselves of the provisions of Article 8 of this regulation. 2. When it is necessary to transfer ordinary solid waste outside the municipal territory where it is generated for treatment or final disposal, the distance to the Environmental Parks must not exceed 80 kilometers from the farthest point of generation. In cases where this distance is exceeded, the use of Transfer Stations shall be mandatory to optimize transport, guaranteeing efficient operation within the same region. The Transfer Stations: must be strategically located within the territory of the generating municipality or, failing that, within the territories of the municipalities that are part of an intermunicipal agreement, respecting an influence radius of up to 45 kilometers. These facilities must have the necessary infrastructure to guarantee efficient logistical operation, ensuring the protection of the environment and public health, in accordance with the provisions of Chapter XI \"On transfer stations\" of Executive Decree N° 36093-S, Regulation on the Management of Ordinary Solid Waste, published on August 16, 2010. Likewise, strategies must be implemented to prevent traffic congestion and optimize transport flow. Exception situations: In the event of needing to transfer to another region because the infrastructures are under development, maintenance, or when another region has more advanced or efficient approved technologies, the following information must be submitted to the Regional Health Directorate of the canton for its respective review: a. Submit a detailed technical report explaining the reasons for the exception, specifying whether it is for: .Infrastructure development in the original region. .Maintenance work that forces the cessation of operations at treatment or final disposal sites. .Exceptional situation (for example, natural disasters, health emergencies, maintenance). .Availability of advanced technologies in another region. b. Include a comparative analysis of the technological capabilities between the involved regions, when more advanced or efficient technologies exist. c. Proposed destination for treatment, utilization, or final disposal. d. Evidence that the receiving site complies with national regulations. e. Design a plan that includes: .Strategies for the management of ordinary solid waste during the exception period. .Detailed schedule of transfer activities. .Mechanisms to minimize environmental and public health impacts. These exceptions shall have a maximum term of 1 year, from the entry into force of this regulation, during which period each region must work on the development of its infrastructure.” In the foregoing, it notes inconsistencies and transgressions to municipal autonomy. For example, at the beginning of the rule it says: “1. The management of ordinary solid waste must be carried out within the corresponding region. Why is the term MUST used? Where is the technical foundation to obligate this? Why is an imposition made on municipalities if this has no support in a rule of legal or constitutional rank? And since there is no foundation for the foregoing, it is considered that there is an unconstitutionality for violating municipal autonomy, besides the principle of scientific protection (tutela científica), previously commented on. The same is said about the imposition of a maximum measure of 80 km maximum, since there are no criteria that justify the violation of territorial and administrative autonomy, and because this is done via regulation when the mandatory route was through a law. Along the same lines, one can argue about the 45 km radii, since there is no technical justification for this, and this also violates territorial and administrative autonomy to manage their own interests. Finally, I could not end this part without mentioning, regarding this point of the constitutional violation of municipal powers and competencies, that in law number 10096, Article 3 provides the following: “ARTICLE 3- Scope of application. This law is of public order. It shall apply in all official regions of the country established by the Ministry of National Planning and Economic Policy, hereinafter Mideplan. It shall be binding for the entire public sector, centralized and decentralized, including public enterprises, with the exception of those operating under a competition regime, which this law empowers to contribute to the fulfillment of its objectives. Institutions with constitutional autonomy rank may integrate within the framework of their constitutional autonomy. The Costa Rican Social Security Fund (CCSS) and state universities may integrate within the framework of their constitutional autonomy. Municipalities shall be empowered to actively participate in regional development, whenever they consider it, within the scope and exercise of the municipal autonomy that assists them.” This rule, which by connection is linked to constitutional ordinals 169 and 170, provides that, thanks to their constitutionally enshrined autonomy, municipalities have the power to participate, or not, in regional development processes. The challenged decree flagrantly violates that exclusive power of the municipalities, and that is why it considers that the present action, among other points already addressed, must be granted and declared well-founded. It requests that it be declared that rules 1, 2, 4, 5, 7, 9, and 10 have vices of unconstitutionality and unconventionality, that it be said that in the questioned rules an abuse of the regulatory power of the Executive Branch is observed, and, in addition, several principles of environmental law are violated, such as the preventive, the precautionary, the safe climate (clima seguro), the scientific protection (tutela científica), the reasonableness, and the proportionality, besides the non-regression and the progressivity. It requests that the constitutional effects of the declaration of unconstitutionality be weighed and, if considered, that weighing the violation of municipal autonomy (sixth point) and the non-submission of the regulation to a strategic environmental assessment (second point), it is viable to declare the nullity of the entire regulation, that the entire rule be declared. In any case, it requests considering the first point where at least an interpretive judgment is requested, and the third, fourth, and fifth points where it alleges that there was no technical foundation for having provided for the exclusion of hazardous waste, where radii and measures in kilometers that had no basis were established without studies. Likewise, it requests that they refer to the aspect of the invasion of competencies of the Nombre02 and the mandatory need to take actions to have a safe climate (clima seguro). It adds what is established in Advisory Opinion OC-32/25 of May 29, 2025, of the Inter-American Court of Human Rights, titled Climate Emergency and Human Rights, for the purposes of it being considered within this process. This action is admitted because it meets the requirements referred to in the Law of Constitutional Jurisdiction in its articles 73 to 79. The accuser's standing comes from the existence of diffuse interests, for environmental protection. Publish a notice three consecutive times in the Judicial Bulletin on the filing of the action. Legal effects of the filing of the action: The publication provided for in numeral 81 of the Law of Constitutional Jurisdiction is intended to inform courts and bodies that exhaust the administrative channel that the unconstitutionality lawsuit has been filed, so that in processes or proceedings in which the application of the law, decree, provision, agreement, or resolution is discussed, no final resolution shall be issued either while the Chamber has not issued a ruling on the case. Several rules are extracted from this legal precept. The first, and perhaps the most important, is that the filing of an unconstitutionality action does not suspend the general effectiveness and applicability of the rules. The second is that only the acts of application of the challenged rules by judicial authorities in processes filed before them, or by administrative authorities in proceedings tending to exhaust the administrative channel, are suspended, but not their general validity and application. The third rule is that the Chamber may graduate the scope of the suspensive effect of the action. The fourth is that –in principle–, in cases of direct action, as occurs in this action, which is brought in defense of diffuse interests, the suspensive effect of the filing does not operate (see vote number 537-91 of the Constitutional Court). That is, the suspension of the application of the challenged rules, in administrative venues, only operates in those cases where there is a process of exhausting the administrative channel, which presupposes the filing of an appeal or a motion for reversal against the final act by an administered party. Where there is no contention regarding the application of the rule, the suspension of its effectiveness and applicability is not appropriate. In other words, in all those matters where there is no procedure for exhausting the administrative channel, under the terms indicated above, the rule must continue to be applied, regardless of whether it benefits – favorable administrative act – or harms the justiciable party – unfavorable act not challenged. Within the fifteen days following the first publication of the cited notice, those who appear as parties in matters pending as of the date of filing of this action, in which the application of what is challenged is discussed, or those with a legitimate interest, may appear in order to contribute regarding its appropriateness or inappropriateness, or to expand, in their case, the reasons for unconstitutionality in relation to the matter that concerns them. It is also made known that, in accordance with articles 81 and 82 of the Law of Constitutional Jurisdiction and as the Chamber has repeatedly resolved (resolutions 0536-91, 0537-91, 0554-91, and 0881-91), this publication does not suspend the validity of the rule in general, but only its application in the cases and conditions indicated. The response to the hearing granted in this resolution must be submitted only once, using only one of the following means: physical documentation submitted directly to the Secretariat of the Chamber; the fax system; electronic documentation through the Online Management System; or to the email address ...01, which is an exclusive email dedicated to receiving reports. In any of the cases, the response and other documents must expressly indicate the case file number to which they are addressed. The response rendered by electronic means must include the signature of the responsible person who signs it, either by digitizing the physical document containing their signature, or by means of a digital signature, according to the provisions established in the Law on Certificates, Digital Signatures, and Electronic Documents, No. 8454, for the purpose of accrediting the authenticity of the filing. It is warned that electronically generated or digitized documents submitted through the Online Management System or by the indicated email must not exceed 3 Megabytes. Notify.

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