Res. 20503-2025 Sala Constitucional — INDER's Failure to Respond on Interinstitutional Commission Actions in Osa SettlementFalta de respuesta del INDER sobre acciones de la Comisión Interinstitucional en el Asentamiento Osa

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Sala Constitucional

Resolución Nº 20503 - 2025

Fecha de la Resolución: 04 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-003699-0007-CO

Redactado por: Jorge Araya Garcia

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL




Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente



Texto de la resolución

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Exp: 25-003699-0007-CO

Res. Nº 2025020503

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, Nombre02, cédula de identidad CED02, Nombre03, cédula de identidad CED03, Nombre04, cédula de identidad CED04, Nombre05, cédula de identidad CED05, Nombre06, cédula de identidad CED06, Nombre07, cédula de identidad CED07, contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 08 de febrero de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y manifiestan que todos los recurrentes son directivos de AGRIDET. Que la Junta Directiva del INDER mediante acuerdo 60 de la sesión ordinaria 20 del 16 de agosto del 2022 aprobó realizar un estudio para iniciar un proceso integral tendiente a anular todas las adjudicaciones entregadas en el Asentamiento Campesino Osa, por ese asentamiento parte del Patrimonio Natural del Estado. “(…) Para el 04 de julio del 2023 la Junta Directiva acuerda en el artículo 11- de la sesión ordinaria 29-2023, llevar tramite de nulidades de adjudicación. Así mismo la Junta Directiva del INDER acuerda en los artículos 5 de la sesión extraordinaria 36 del 18 de setiembre y articulo 25 de la sesión ordinaria 48-2023 del 04 de diciembre del 2023 acuerda implementar los procedimientos administrativos a ejecutar al departamento de asuntos jurídicos para presentar en sede judicial procesos de lesividad para anular las adjudicaciones otorgadas en el Asentamiento Campesino Osa. (…) Para el 19 de febrero del 2024 la Junta Directiva del INDER aprueba el artículo 5 de la sesión ordinaria 6 (copia de acuerdo adjunto) que suspende los procesos de lesividad, al indicar el acuerdo textualmente, entre otras acciones lo siguiente: Dejar suspendido los efectos del artículo 11 de la sesión ordinaria 29-2023, celebrada el 4 de julio de 2023; el artículo 5 de la sesión extraordinaria 36, celebrada el 18 de setiembre de 2023 y el artículo 25 de la sesión ordinaria 48-2023, celebrada el 4 de diciembre de 2023. Lo anterior en virtud de la conformación de una comisión interinstitucional para dar una respuesta integral a las ocupaciones en el Asentamiento Osa, conformada por MINAE, FONAFIFO, INDER (…)”.

Reclama que, ante el transcurso del tiempo sin obtener informe alguno sobre las acciones al respecto, la junta directiva de la asociación que representan (AGRIDET) remitió escrito con fecha del 20 de noviembre 2024 el cual fue enviado el día 29 de noviembre de 2024 vía correo electrónico ante el Presidente Ejecutivo de turno del INDER Osvaldo Artavia, en el cual se indicó lo siguiente:

“(…) Es importante señalarle señor Osvaldo Artavia que la situación legal y socioeconómica que está enfrentando la región afectada respecto a este asunto de la no legalidad y nula seguridad jurídica sobre la tierra de larga data, para un gran contingente de familias campesinas es más que apremiante". Sobre todo, en estos momentos en que la institución a la cual usted representa está empeñada en aumentar más la zozobra e indefensión contra este sector presionado con políticas que consideramos a esta altura como represivas, como la nulidad de derechos subjetivos contra más de seiscientas familias que fueron favorecidas por el INDER al otorgárseles sus adjudicaciones sin ninguna otra opción más que enfrentar el duro destino de quedarnos sin nada. Somos más que conscientes que desde 1997, cuando el entonces IDA suspendió sin merito la entrega de titulaciones en este Asentamiento, -ya que desde 1980 a 1997 su Institución había entregado a duras penas una cantidad de más de 600 títulos dentro del mal denominado "Asentamiento Campesino Osa" bajo la Ley constitutiva del ITCO No. 2825-, quedó un gran remanente de más de seiscientas familias sin este importante beneficio. Ya han transcurrieron 27 años sin que esta Institución, en los diferentes periodos de gobierno se haya avocado en presentar alguna solución concreta o un plan integral real para buscarle salida a este viejo problema social y humano. Si bien su Institución entregó desde 1980 más de 600 títulos en este "Asentamiento", títulos que curiosamente ustedes no han cuestionado en la vía judicial, solamente las adjudicaciones, la mayoría dentro de los limites cartográficos de la RFGD, la suspensión del programa de titulación produjo una profunda desigualdad marcada entre las familias que recibieron este derecho y resguardaron sus intereses y patrimonios, enfrentando este otro sector que quedó sin la garantía de un título que protegiera sus patrimonios e intereses en igualdad de condiciones. Pero además con la desagradable y molesta situación de ser víctimas producto de una política de negación e indefensión solo para este sector que quedó vulnerado, al acordarse la nulidad de derechos subjetivos contra este segmento de población, que hoy está peor que en gobiernos anteriores. Las excusas y justificaciones a través de los años han sobrado, pero respecto de ¿Que ente gubernamental se debe responsabilizar de haber llegado a esta difícil situación de caos? Departe del Estado nadie responde. Actualmente, como años atrás fue la tónica, los afectados no encuentra respuesta para que alguna autoridad del gobierno busque una solución al "eterno problema social" en Osa. Esta situación de inseguridad y ataque a este enorme sector rural, que sigue escalando en necesidades, actualmente adolecen de alguna alternativa que despierte sus esperanzas de que esta triste condición de incertidumbre vaya a mejorar. El factor de inseguridad y falta de un plan a nivel gubernamental para darle salida a este drama humano, se le fue de las manos no solo a este-gobierno -sino a los anteriores-gobiernos de turno que han demostrado su más rotundo fracaso, falta de capacidad y compromiso demostrado. Las razones son obvias para muchos de nosotros. Sabemos que la estadía de los jerarcas es transitoria, no así los problemas sociales heredados y derivados de la indiferencia o la corrupción, que provocan inseguridad e indefensión sobre la tierra, producto de la ausencia de un verdadero compromiso, capacidad demostrada e interés real de los jerarcas para ponerse al nivel de estos problemas, resolviendo de frente este tipo de "bronca". El resultado de este fracaso lo tenemos a la vista. Ni la Ley 9036 que reformó a la Institución IDA en el 2012, dizque para cambiarla, no fue suficiente para buscarle una salida a este conflicto, más bien esta norma, irónicamente permitió a esta Institución excusarse de intevenir en este "Asentamiento", ya que lo calificaron como parte del Patrimonio Natural del Estado. Pese al grueso de antecedentes que soporta ese asentamiento con la entrega de cientos de títulos y adjudicaciones, como prueba de que estamos frente a una extraña, por no decir sospechosa contradicción, esa entrega y las declaraciones demuestran todo lo contrario. Nos parece que este tipo de estrategia institucional es solo para que el INDER evada con facilidad la responsabilidad objetiva que le asiste a su representada en asumir responsabilidades, intervenir con capacidad y altura dándole solución al problema que ella creo y no agravándolo más de lo que está. Un ejemplo, para demostrar con hechos lo anteriormente dicho, lo exponemos respecto a los cientos de familias que viven dentro del Folio Real 39334, pero fuera de los límites cartográficos de la reserva forestal. El trato ha sido el mismo para este sector que está fuera de la afectación de esa área protegida, ya que no debiera estar sometida a las mismas restricciones y amenazas que padecen los parceleros dentro de la RFGD. Este sector del Asentamiento, que a nuestro juicio no debiera estar sometido a estas groseras restricciones impidiéndoseles sus títulos, fuera de la RFGD ha pasado desapercibido por esta Institución por décadas, como prueba de la incapacidad de su institución que no ha tenido la voluntad ni el compromiso de asumir responsabilidades. Les resulta imposible ejecutar alguna iniciativa de solución favorezca a este otro sector rural. Es obvio, que para los que estamos atravesando este problema dentro de los límites cartográficos de la RFGD nuestro futuro se torna más oscuro y nada halagador. La Defensoría de los Habitantes DHR desde el 2001, al conocer el trasfondo de este conflicto social, emitió una serie de recomendaciones bajo el informe del oficio No. - 01046-2001~DHR del 05 de febrero del 2001. Estas recomendaciones quedaron sin ser, siquiera acogidas con seriedad y altura por parte de su Institución ya que fue incapaz de iniciar algún tipo de gestión tendiente a buscar una solución al problema ocupacional. Algunas recomendaciones que no fueron atendidas por el IDA, pero que aún siguen vigentes y vinculantes respecto a la situación de inseguridad e indefensión social, que se ha agravado aún más para esta población, fueron: Resolver en forma definitiva la situación de posesión precaria en que se encuentran los aproximadamente 700 parceleros dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce disponiendo el pago de las mejoras introducidas en cada finca durante los años de posesión que haya ejercido la familia previa elaboración de avalúos a fin de determinar el valor en cada año. A tales efectos se recomienda la remisión a este Despacho de un cronograma de acciones que proyecte la elaboración de los avalúos en el corto plazo y las previsiones presupuestarias para el año en curso del 2002 a fin de hacer efectivas las cancelaciones a los adjudicatarios que necesariamente deberán desalojar sus fincas. Iniciar a la mayor brevedad posible las acciones tendientes a reasentarlas familias adjudicatarias de fincas ubicadas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce a otras fincas en que tengan la posibilidad de obtener el título de propiedad y de explotar con fines agrarios sus fincas. No obstante, el valor del contenido de estas recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes, el entonces IDA, trató de excusarse y hasta justificar su proceder, respecto a no asumir ningún tipo de responsabilidad objetiva, respondiendo el entonces presidente ejecutivo José Joaquín Acuña a la DHR en el Oficio PE-511 del 06 de marzo del 2001, con los siguientes argumentos: (…). Como se puede observar, aquí los argumentos del INDER eran no solo diferentes, sino totalmente opuestos a la política institucional actual que lleva su representada para con este conflicto hoy 2024. Note ustedes señores del gobierno, como el IDA, en su momento justificaba la entrega y legalización de adjudicaciones, al indicarle la Defensoría que el IDA debe abstenerse a la declaración de adjudicaciones dentro del Asentamiento fundamentando su accionar dentro de la que establecía el Decreto 10088 G-H de 1979. En ese momento el IDA, era de la tesis de seguir adjudicando, con el argumento de hacer cumplir el fin específico y legal que le imponía el decreto expropiatorio, ya que, de no hacerlo, indicaba el entonces presidente ejecutivo, -sea, declarar derechos subjetivos estaría esa Institución "incurriendo en responsabilidad', de no hacerlo. Si bien indicó el IDA en su momento, que mientras no existiera una norma jurídica específica para "liberar" a la Institución de la obligación de segregar y adjudicar los inmuebles a favor de los poseedores, su representada no: "violentaría el ordenamiento jurídico vigente, pues nos recomienda cambiare! destino para la cual le fueron entregados los terrenos al IDA". Llegados a este punto preguntamos ¿a quién creerle, a la Institución IDA anterior o la actual institución INDER? ¿Quién nos está diciendo La verdad de los hechos y quien nos está diciendo una mentira? La tesis del anterior jerarca tenía sentido y a la vez razón ya que los inmuebles expropiadas por el Estado (fincas 22046, 8947 y 22048) y pagadas por el ITCO en 1979, nunca fueron. afectadas ni vinculadas legalmente a los objetivos de la espuria declaración de la Reserva Forestal. Esto era así producto de la legislación vigente en ese momento, ya que las propiedades privadas estaban debidamente inscritas para 1978, protegidas por título, independientemente de que los limites cartográficos de la declaración de la RFGD atravesaran parte de los enormes inmuebles. La tesis que en derecho debe prevalecer eh honor a la verdad, de acuerdo a los hechos históricos y jurídicos vigentes, fue que los inmuebles reunidos formando el Folio Real 39334-000 en 1980, quedaron sustraídos legalmente desde 1947 de cualquier afectación al dominio público de la RFGD, ya que no se conformó la propiedad forestal al no someterse los predios al Régimen Forestal, ya que tanto la DGF como el MAG no requirieron de estos inmuebles. Libres estos inmuebles de cualquier afectación (Régimen Forestal o PNE) permitió, tanto al Estado como al ITCO, imponerle otro destino jurídico a los inmuebles que seguían en poder de sus dueños en 1979 al quedar sometidos a la Ley 2825, quedando al margen de cualquier afectación a la Ley Forestal 4465. ¿Por qué el Estado operó de esta forma sobre terrenos estrictamente privados y sin afectación alguna? La razón e interés social que motivó al Estado proceder con la expropiación de los dos únicos terrenos particulares de La Osa (22046 y 22048), a solicitud expresa del ITCO, fue la existencia de un conflicto social y agrario harto conocido por el ITCO desde 1964. Al constituirse el ITCO en 1961, el primer caso de conflicto entre propietarios y poseedores que se le presentó fue el de Osa Forestal y por esas "ironías de la vida" fue el único caso de este tipo de patología que no solucionó su representada hasta el día de hoy. Esto como otra prueba de la inoperancia, indiferencia e incapacidad no solo de esta Institución sino de los gobiernos de turno que han precedido sobre este conflicto. Es importante destacar además, que este inmueble con sus más de dos mil familias que viven actualmente en lo que se denominó erróneamente como "asentamiento campesino", para que se le vincule dentro del marco de legalidad al dominio público de la RFGD., debe el Estado (Poder Ejecutivo) presentar una ley específica (principio de reserva de ley) que integre con una norma ese inmueble dentro de los objetivos y fines del Área Silvestre Protegida ASP dejando sin efecto legal el decreto ejecutivo 10088. Ya que como venimos exponiendo, este enorme inmueble quedó sustraída legalmente de cualquier afectación a la Reserva Forestal Golfo Dulce desde 1947. Llegado a este punto, es el Estado el que debe indemnizar a los poseedores u ocupantes que demuestren tener más de diez años a partir de la publicación de esa ley específica. Esta verdad, es la que teme enfrentar el Estado, y ha puesto al servicio y en práctica, en contrario a esta tesis, una serie de artimañas e hipótesis jurídicas equivocadas y falaces que ha permitido la construcción de una tesis totalmente errónea, al argumentarse como un hecho probado, ante los mismos tribunales de justicia que desde el. 01 de junio de 1978 las propiedades inscritas desde 1947 de la empresa privada Osa Productos Forestales quedaron afectadas automáticamente al Patrimonio Forestal del Estado PNE. Dicha tesis de defensa viene a presumir contra la lógica, la razón y el sentido común, que dicha afectación se dio por una intervención de "derecho sobrenatural. o divino". Como decía el jurista Nombre08, no existe en materia de Derecho Público intervenciones de ese tipo de naturaleza inmaterial. Dichas propiedades privadas, según el decir del INDER, pasaron por "arte de magia" a convertirse en PFE hoy PNE en 1978, con la intervención de la Ley Forestal 7575 de.1996 vigente hoy (efecto retroactivo de la norma, lo cual es inconstitucional), de ser de naturaleza privadas a ser de naturaleza públicas sin otro tipo de intervención terrenal. Lo inquietante de esta situación, es que los mismos tribunales acogen sin ninguna resistencia ni reserva semejante panfleto de defensa, que en el fondo va contra la vida misma de los pobladores que están detrás de estas barbaridades con una simpleza aterradora. Confunden una propiedad privada con un terreno de reserva nacional. Esta situación nada normal nos lleva a establecer cinco puntos de análisis: 1-que una propiedad particular, debidamente inscrita no se presume que ya es un bien público o de dominio público solo por el hecho de haber quedado inmersa dentro de una declaración de área protegida por decreto ejecutivo, 2-que la normativa vigente en ese momento (Ley Forestal 4465 de 1969) permitía en reservas forestales bajo la modalidad de uso múltiple, como Golfo Dulce, la integración de fincas particulares siempre y cuando se sometieran voluntariamente al Régimen Forestal, 3-la normativa vigente en ese momento, permitía la exclusión de cualquier inmueble particular del área declarada, si el Estado no deseaba o no quería comprarla o expropiarla, debiendo excluirla por decreto ejecutivo del área, 4- la Ley Forestal 4465 desde 1969, vigente en ese momento, hacia una excepción en el tema del patrimonio forestal hoy natural del Estado PFE o PNE, a favor del Instituto de Tierras y Colonizaciones ITCO, contenida en los artículos 20, 28, 29 y 31, al establecer que los terrenos de aptitud forestal entregados por la Dirección General Forestal DGF o el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG al ITCO no se tendrán como parte del PNE. Pero tómese en cuenta, que se habla de terrenos del Patrimonio Forestal del Estado PFE, y no de terrenos particulares o privados adquiridos por el ITCO. Si estos terrenos particulares presentaba un conflicto de posesión, el ITCO intervenía para solucionar el conflicto de ocupación en precario (artículo 92 y concordantes Ley 2825), que es otra cuestión muy diferente a las tierras del PFE que regulaba la Ley Forestal 4465 en manos del MAG o la DGF. Actualmente la excepción contenida en la vieja Ley Forestal No. 4465 se encuentra hoy incorporada en el capítulo del Patrimonio Natural del Estado en el artículo 13 de la actual Ley Forestal 7575 a favor del Sistema Bancario Nacional. En resumen, las propiedades de la Osa Forestal no formaron parte del dominio público al declarase la RFGD el 01 de junio de 1978, como tampoco formó parte del PFE ni de PNE ya que no eran inmuebles de la reserva nacional. Al momento de expropiarse y reunirse a favor del ITCO dichos inmuebles quedaron afectados a la Ley 2825, ya que las fincas eran particulares, y su titulación se dio en base a la Ley 2825 y no a la Ley de Titulación Múltiple de 1972 ya que no eran reserva nacional. Reiteramos, el origen de esos inmuebles no eran terrenos de reserva nacional. La tesis impuesta sobre la presunta afectación de esos inmuebles particulares, que fue acogida por los tribunales, al indicarse que desde el 01 de junio de 1978 quedaron automáticamente integrados al PNE, es totalmente falaz y engañosa, y es aquí donde se detecta un atropello a los derechos del sector que no recibió la titulación. Las reformas de las anteriores leyes forestales, así como la vigente Ley Forestal 7575 no puede bajo ninguna circunstancia afectar situaciones del pretérito. Y mucho menos darle efecto retroactivo a la norma, para demostrar una afectación que es totalmente inexistente, no solo al momento de declararse la RFGD en 1978, sino que aún hoy el Folio Real sigue libre de esa afectación, pero sujeta a la tesis equivocada de que el mismo concepto jurídico que opera hoy sobre el Patrimonio Natural del Estado totalmente restrictivo, era el mismo concepto jurídico restrictivo contenido en la primera norma forestal de 1969. Esta tesis es totalmente inaceptable, ya que quebranta una serie de aspecto de orden histórico de hermenéutica jurídica, pues hace extemporáneo una norma actual para aplicarla en otro contexto del pretérito diferente, sea en 1978 para justificar una insensatez, así como una equivalencia conceptual de una figura (PFD hoy PNE) que ha pasado por una serie de cambios y transformaciones jurídicas sustanciales sobre ese instituto. Valga traer el criterio de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Resolución No. 189-F- 91, de las 14 horas 20 minutos del 30 de octubre de 1991 respecto a esa diferenciación de normativas y sus cambios de conceptos a través del tiempo, al manifestar esta Sala: VIII.- La historia de la normativa forestal presenta tres momentos, con sus particularidades y vicisitudes -cuyo análisis escapa a los límites de este estudio pero con una única filosofía de conservación de los recursos naturales, como única forma de que la Naturaleza se mantenga, y dentro de ella pueda sobrevivir la fauna y la flora, y particularmente el ser humano. La primera etapa se encuentra enmarcada por la Ley Forestal N 4465 del 25 de noviembre de 1969) publicada en La Gaceta N224 del 2 de diciembre), incipiente y con una serie de limitaciones técnicas y jurídicas, cuyo vacío pretendieron llenar las reformas introducidas por las Leyes N 6084 del 24 de agosto de 1977 (publicada en La Gaceta N 116 del 7 de septiembre) y la 6442 del 22 de mayo de 1980 (La Gaceta N 109 del 10 de junio). Pero esas reformas no fueron suficientes para tener un cuerpo orgánico capaz de hacerle frente al complejo problema forestal. por lo que se abre una nueva etapa a través de una normativa mejor concebida a través de la Ley N 7032 del 7 de abril de 1986 (La Gaceta N 85 del 7 de mayo), la cual fue posteriormente declarada inconstitucional -como se señala en forma más detallada en el Considerando siguiente- procediendo la Sala Constitucional a anulada para dejar vigente la N 4465, lo cual significará el cierre de la segunda etapa para retrotraerse hasta el 25 de noviembre de 1969. La última etapa opera con la promulgación de otra Ley Forestal, la N 7171 del 28 de junio de 1990 (publicada en La Gaceta N 133 del 16 de julio), cuyo fin fue el de promulgar nuevamente el texto de la declarada inconstitucional -la N 7032- atendiendo a los planteamientos de la Sala Constitucional, por lo que se encuentran una serie de cambios en su texto definitivo. (EI subrayado no es del original). La aceptación simplista que construyeron las autoridades del Estado de la tesis que manifiesta que, desde el 01 de junio de 1978, al declarase la RFGD, las propiedades particulares de la Osa Productos Forestales quedaron incorporadas de manera automática como parte del dominio público de esa área es totalmente inaceptable e infundada. Es inaceptable, porque esos terrenos inscritos no tenían la naturaleza y la condición que tenía los terrenos de las reservas nacionales, que, según la legislación de 1978, quedaban afectadas e incorporadas de manera automática al PNE, no así los terrenos inscritos, en posesión decenal o en posesión precaria. En consecuencia, es improcedente invocar los actuales artículos 13 y 14 de la Ley Forestal 7575 hacia el pretérito, para justificar semejante afectación ya que se violenta no solo los principios de la hermenéutica jurídica en este tipo de análisis sino el 34 Constitucional. En consecuencia, tal proceder debe ser no solo rechazado, sino denunciado por ser una acción altamente irregular, desproporcional e irracional, que atenta directamente con los derechos y patrimonios de los cientos de familias afectadas y la Constitución Política. De toda esta situación hay algo claro para AGRIDET, las diferentes excusas y justificaciones que emite esa Institución para desembarazarse de toda responsabilidad o justificar el problema social como un delito de usurpación al PNE, exonerándose el INDER de cualquier obligación, negando hasta la misma existencia del asentamiento y omitiendo las consecuencias e impacto social, van dirigidos solo favorecer al Estado. Es un hecho demostrado que las propiedades de la Osa Forestal quedaron sujetas a la Ley constitutiva del ITCO número 2825 e inscritas a su nombre, aunque hoy el INDER reniegue de este hecho. No obstante, esta verdad, su Institución en 1979 acepta la responsabilidad de dar solución a la crisis ocupacional inscribiéndolas a su nombre. Luego se aboca desde 1980 hasta 1997 entregar más de 600 títulos dentro del Asentamiento, adjudicando a casi más mil familias en la península de Osa. Pero con un inaceptable cinismo manifiesta su representada en estrados judiciales que no tiene ni le asiste ninguna responsabilidad legal, moral o ética para darle una rendición de cuentas a los cientos de familias que adjudicó. Ya que todo su falaz argumento lo circunscriben a la afectación de ese inmueble al Patrimonio Natural del Estado PNE el día 01 de junio de 1978 al declarase la Reserva Forestal Golfo Dulce, argumento este que debe ser rechazado por falaz. Con esta fórmula, su Institución logró "zafarse" de asumir su imponderable responsabilidad no solo social sino ética y moral, por la forma en que están manejando la situación ante los estrados judiciales. Pero fuera de esos estrados se presentan ante los pobladores del asentamiento de manera muy distinta, desconociendo este sector la forma tan grosera e irrespetuosa que son señalados los pobladores en esos debates judiciales, al dirigirse a los ciudadanos que llegan a defender sus derechos, como extraños y usurpadores. AGRIDET como un pequeña, pero valiente agrupación social organizada, por su naturaleza jurídica, sus objetivos y razón de ser no puede más que señalar estos puntos y exponerlos, no solo a usted señor Osvaldo Artavia, sino también al Presidente de la República, pero ante al solemne Tribunal de la Consciencia Publica, debemos señalar al INDER como el UNICO responsables de todas las tragedias y abusos que ha vivido y soportado este sector rural por décadas por los todos y cada uno de los gobiernos de turno. Al parecer este gobierno del cual depositamos no solo nuestro voto sino nuestras esperanzas, lamentablemente no es la excepción ya que no ha hecho nada por cambiar este inaceptable panorama. El INDER, hoy por hoy han conseguido salirse con la suya en los estrados judiciales, no porque los argumentos sean los "únicos y valederos" en la defensa para que la "verdad de los hechos prevalezca" contra la mentira y el error, sino porque la región ha dejado que el INDER tome un enorme ventaja y control de la vida misma de su gente y la región. Es inconcebible, por no decir inaceptable, que una institución como INDER, que debió haber desaparecido hace años de la región se haya perpetuado por décadas, para desgracia de esta afligida región. Para no pecar de mezquinos, y se nos mal interprete en este escrito, no negamos el "aporte" que ha dado el INDER en cuanto a la construcción de puentes, ya que es con nuestro dinero que se construye. Pero la verdad señor Artavia, que este tipo de obra atrasada que está aportando esa Institución, solo ha saldado apenas la cuenta de los antiguos campesinos que hace más de cincuenta años abrieron con su enorme trabajo y esfuerzo esta región, y que los actuales habitantes que hoy viven de ese supremo esfuerzo humano reciben esto como una herencia de sus abuelos. Algo si está claro para AGRIDET, no fue suficiente para todos los gobiernos de turno, incluido el actual gobierno, solucionar esta añeja crisis social. No bastó con la Ley ITCO número 2825 de 1961, desde la expropiación de las tierras de la Osa Productos Forestales en 1979, solucionar esta situación humana en esta región, cuando bien se pudo hacer. Como tampoco fue suficiente la Ley del Instituto de Desarrollo Agrario IDA número 6735 de 1982, para solucionar el conflicto ocupacional, como tampoco se pudo hacer. Así como la fracasada "nueva" Ley INDER número 9036 del 2012; en donde su Institución, contrario a lo esperado por este gobierno de cambio, ha arrinconado hasta la ruina, poniéndolos entre la espada y la pared a más de seiscientas familias que no tienen dónde ir y no saben qué hacer. Al no existir una salida real y justa socialmente hablando a nivel gubernamental, por parte de ustedes como únicos responsables de este caos, creando una propuesta real y de altura, bien estructurada es obvio, que el INDER, no solo ha fracasado en este período de gobierno, sino que está empeñada en seguir perjudicando a todas las familias afectadas, al tomar medidas tan injustas y groseras como la nulidad de derechos subjetivos, sin mediar las consecuencias sociales hacia el futuro de las familias afectadas. Un futuro incierto e inmerecido para las familias que, pese a este panorama de incertidumbre, siguen teniendo una esperanza con el Gobierno de Rodrigo Chávez Robles, mientras ustedes se empeñan en llevar al despojo a toda una región”.

Ahora bien, en dicha gestión, los recurrentes solicitaron lo siguiente:

“En consecuencia, AGRIDET solicita, al Presidente Ejecutivo nos informe por escrito las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024, cuando se acordó la suspensión de los procesos de lesividad contra la población de los Planes de Bahía Drake, ya que ha trascurrido 10 meses de este acuerdo por parte de la Junta Directiva del INDER. (…)” (el resaltado no es del original). Agrega que el 05 de diciembre 2024 recibieron por parte del despacho de la presidencia ejecutiva el acuse de recibo, pero a la fecha de interposición de este recurso no han obtenido respuesta a su gestión.

2.- Mediante resolución de las 15:25 horas del 12 de febrero de 2025, este Tribunal dictó la resolución del curso del presente asunto.

3.- Informa bajo juramento Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del INDER (informe rendido el 19 de febrero de 2025), en los siguientes términos: “CUESTIONES DE ORDEN: Existe falta de integración de litis necesaria pues a pesar de que la consulta se realiza sólo al Instituto, se consulta la posición oficial de una Comisión Interinstitucional “Seguridad Jurídica-Región Brunca”, conformada por instituciones relevantes no sólo para el fondo sino para el trámite procesal de este Recurso de Amparo, como lo son el MINAE, SINAC y FONAFIFO, tal y como lo indica el Recurso de Amparo. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRETENSIONES DEL RECURSO DE AMPARO: NO existe violación al derecho constitucional de petición y derecho de respuesta (art. 27 constitucional), pues mediante correo electrónico de la Presidencia Ejecutiva del Inder dirigido a AGRIDET al medio señalado ...01 (se adjunta comprobante de envío), se atendió el escrito del 29-11-2024, y se remitió el oficio institucional INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 del 18-10-2024 como criterio jurídico de la Institución, previa y debidamente remitido a nuestra Presidencia de la República (se adjunta comprobante de envío), en cumplimiento e intervención final de nuestro papel y posición en la Comisión Interinstitucional “Seguridad Jurídica-Región Brunca”. Debe informarse a esta Sala Constitucional que NO se violentan derechos constitucionales a AGRIDET y que sus miembros conocen con detalle el fondo de la discusión (que ni siquiera es de resorte constitucional, sino de legalidad ordinaria), ya que sólo del Asentamiento Osa por su traslape con la Reserva Forestal Golfo Dulce y por ende por Patrimonio Natural Del Estado como bien de Dominio Público, existen sendas discusiones a saber: 1) Expedientes constitucionales varios: a. Exp. 20-000969-0007-CO. b. Exp. 23-010535-0007-CO. c. Exp. 23-016624-0007-CO. 2) Intervención de Denuncia No. 299066-2019-SI ante la Defensoría de los Habitantes, trasladada al Inder mediante oficio 00545-2020-DHR del 21-1-2020. 3) Criterios jurídicos varios, donde la asesoría jurídica del Inder históricamente, ha analizado el tema de la Regulación del Patrimonio Natural (PNE) y Forestal del Estado, específicamente, el Conflicto de tenencia de tierra en Osa, mediante los oficios institucionales: a. AJ-501-2018 del 31-10-2018. b. AJ-079-2019 del 12-3-2019. c. AJ-122-2019 del 4-4-2019. d. AJ-113-2019 del 28 de marzo del 2019 e. AJ-135-2019 del 09 de abril del 2019 f. AJ-273-2019 del 1 de julio del 2019. g. INDER-PE-AJ-109-2020 del 12 de febrero del 2020. a. INDER-PE-AJ-924-2020. b. INDER-PE-AJ-692-2022 del 28-9-2022. c. INDER-PE-OFI-0034-2023 del 16-1-2023 de la Presidencia Ejecutiva del Inder dirigido a AGRIDET. d. INDER-PE-AJ-OFI-0864-2023 del 11-7-2023. e. INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 del 18-10-2024. 4) Proyectos y anteproyectos de ley, algunos propuestos por la misma AGRIDET. a. Exp. Legislativo No. 20.770 denominado “Ley para resolver el conflicto de tenencia de la tierra en función del desarrollo rural sostenible, territorio Península de Osa, Puntarenas, Costa Rica”. b. Exp. Legislativo No. 22931 denominado “Ley para autorizar la Titulación de Tierras en Villa Sierpe, OSA”. c. propuesta de AGRIDET para el proyecto de “LEY PARA FINALIZAR EL PROGRAMA DE TITULACIÓN EN TERRENOS DE OSA PRODUCTOS FORESTALES (folio real 39334-000). 5) Muchos expedientes en sede contenciosa administrativa (sean ordinarios y de lesividad), pero de interés se citan: a. Proceso ordinario de conocimiento No. 15-004950-1027-CA, YA con Sentencia de Primera Instancia, aún no en firme, la Res. No. 119-2020-I del 30-9-2020 de la Sección I del TCA  proceso relacionado con el proceso de lesividad No. 18-007275-1027-CA, con Sentencia de Primera Instancia, YA en firme, la Res. No. 119-2020-I del 30-9-2020 de la Sección I del TCA. b. Proceso ordinario de conocimiento No. 15-004913-1027-CA, en plazo ya cumplido para que se dicte Sentencia de Primera Instancia del TCA  proceso relacionado con el proceso de lesividad No. 19-003693-1027-CA, con Sentencia de Primera Instancia, la Res. No. 134-2021-VI del 13-10-2021 de la Sección VI del TCA y con Sentencia de Casación, la Res. No. 001082- A-S1-2024 de las 14:09 hrs y min del 14-8-2024 de la Sala Primera, que dejó en firme proceder con el DESALOJO y puesta en posesión al MINAE. Las conclusiones de relevancia del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA), han sido: • El TCA acepta y acredita que, los terrenos en el Asentamiento Osa ya eran Patrimonio Natural del Estado, desde ANTES de la declaratoria del Decreto Expropiatorio del Instituto de Desarrollo Agrario (No. número 10088-G-H del 2 de mayo de 1979). • El TCA da jerarquía a la Ley Forestal sobre ese Decreto Ejecutivo de expropiación. • El TCA anula los Acuerdos de junta Directiva solicitados anular, pues conforme al concepto y composición que estatuye la Ley No. 7575, desde ese momento, formaban parte del PNE. A partir de esa inclusión geográfica, forman parte de un régimen demanial especial de derecho público, que le impregna de las condiciones jurídicas ya señaladas, y cuyo desarrollo dogmático y jurisprudencial, se hace innecesario, por su amplitud, pero que remarca, como se ha indicado ut supra, su carácter inalienable e imprescriptible. • El TCA dispone el desalojo y respectiva puesta en posesión a favor del MINAE. CONCLUSIONES JURÍDICAS DEL FONDO DE LA DISCUSIÓN: NO se puede establecer un derecho (sea de propiedad o de posesión) sobre los terrenos afectados por la Reserva Forestal Golfo Dulce y por ende por Patrimonio Natural Del Estado como bien de Dominio Público, por lo que toda discusión orientada a la tenencia u ocupación resulta improcedente legalmente, no obstante: 1. El Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene la facultad para establecer áreas silvestres protegidas, en el grado de categoría, según corresponda, que incluye las reservas forestales. 2. El MINAE, de igual manera, tiene la facultad de ampliar las áreas silvestres protegidas; lo que incluye la potestad de expropiar fincas particulares, asumiendo para tal efecto, la correspondiente indemnización a favor de los propietarios afectados. 3. Solamente mediante una Ley de la República se puede desafectar un área silvestre protegida, independientemente de su categoría. La Ley que promueva esta desafectación debe de fundamentarse en estudios técnicos concluyentes, que determinen la viabilidad constitucional necesaria de la modificación. Para que prosperen este tipo de proyectos de ley que pretenden la desafectación legal de zonas con algún Régimen Especial de Protección, necesariamente se deben: 1. Encaminar con un enfoque ÚNICAMENTE a poblados como centros de núcleo económico-social (ya que, resulta jurídicamente improcedente violentar el principio supraconstitucional de irreductibilidad del bosque). 2. Crear un sustento base de carácter técnico, que contenga: a. Censos prediales. b. Mosaico o mapas de agrimensura del contorno poblacional. c. Mosaico o mapas de agrimensura de adentro del contorno poblacional. d. Estudios de compensación ambiental, como se hizo con la Ley No. 10127 “Ley para regular la creación y el desarrollo del puesto fronterizo las Tablillas”, publicada en la Gaceta No. 40 del 1-3-2022. 3. Retomar y re- ordenar al SINAC y al MINAE que: a. Actualice los censos en el Asentamiento Osa, en cumplimiento del voto constitucional 97-2456 y el voto constitucional 10276-2002). b. Ejecute y materialice el deslinde y la calificación en la naturaleza de estos terrenos en la Reserva Forestal Golfo Dulce (que en su mayoría son bosque), en cumplimiento del artículo 4 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978, que creó la Reserva Forestal Golfo Dulce, y estableció la obligación de la Procuraduría General de la República de inscribir los terrenos en el Registro como Patrimonio Natural del Estado y, la obligación del SINAC de deslindar y vigilar. Lo anterior es, el insumo principal para la posterior adopción de decisiones de índole político o administrativo. 4. Consultar y consensuar con las Instituciones correspondientes de acuerdo con sus propias competencias, pues de lo contrario, sólo se perpetuará el eterno problema de la enorme nebulosa en términos de responsabilidades administrativas -sea por acción u omisión-, piénsese en: a. el SINAC, MINAE. b. el Instituto Geográfico Nacional, en coordinación con la Unidad de Topografía y Registro de Tierras del Inder. c. los Municipios, en este caso, la Municipalidad de Osa, la cual (de conformidad con la Ley No. 4240, Ley de Planificación Urbana, del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas) ya cuenta con algunos planes reguladores1, pero NO ha creado un plan regulador urbano en otros sectores, por ejemplo, no hay plan regulador en el Asentamiento Osa y en Villa de Sierpe (…) PRETENSIONES: Con fundamento en todo lo expuesto, solicito muy respetuosamente: 1) Se declare sin lugar el recurso de amparo, por no existir violación a ningún Derecho constitucional, ni omisión alguna ni del SINAC, MINAE, ni INDER. 2) Se acepte el uso abusivo del Derecho, por parte de la parte recurrente. 3) Que se exonere del pago de costas y daños y perjuicios. 4) Que se archive el presente expediente judicial”.

4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

 

 Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman violación a sus derechos fundamentales, pues señalan que el 20 de noviembre de 2024, vía correo electrónico, presentaron una gestión ante el INDER, en donde solicitaron información referente a la adjudicación de unos terrenos. Acusa que, sin embargo, a la fecha no ha recibo respuesta ni la información solicitada.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)      El 20 de noviembre de 2024, los recurrentes enviaron una gestión al correo electrónico ...02, en donde le solicitaron al presidente ejecutivo del INDER lo siguiente: “(…) En consecuencia, AGRIDET solicita, al Presidente Ejecutivo nos informe por escrito las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024, cuando se acordó la suspensión de los procesos de lesividad contra la población de los Planes de Bahía Drake, ya que ha trascurrido 10 meses de este acuerdo por parte de la Junta Directiva del INDER. (…)” (ver el informe rendido y la prueba aportada).

b)      El correo ...02 es un medio oficial para recibir gestiones del INDER (hecho incontrovertido).

c)      El 05 de diciembre de 2024, el INDER, desde el correo electrónico ...02 le respondió al recurrente lo siguiente: “Damos acuse recibido, responderemos en tiempo y forma” (ver el informe rendido y la prueba aportada).

d)      El 14 de febrero de 2025, se notificó la resolución de curso a la autoridad recurrida (ver acta de notificación).

e)      Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2025, la presidencia ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural les comunicó a los recurrentes, al medio indicado por ellos para recibir notificaciones, lo siguiente: “En virtud de su escrito del 29-11-2024 se remite el oficio institucional INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 como criterio jurídico de la Institución, previa y debidamente remitido a nuestra Presidencia de la República (se adjunta comprobante), en cumplimiento e intervención final de nuestro papel y posición en la “Comisión Interinstitucional Seguridad Jurídica-Región Brunca.” Agradecemos brindar el acuse de recibo”. Asimismo, el oficio INDER-PE-AJ-OFI- 1399-2024 indica lo siguiente: “ANTECEDENTES • Entre 1950 y 1965 un considerable número de campesinos ingresaron a la abandonada Finca Osa Productos Forestales, constituida en 1958 con capital extranjero, dueña de aproximadamente 47.513 hectáreas distribuidas en 13 fincas, explotadas únicamente para la extracción de madera, hecho descrito ampliamente en la Sentencia N°145 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 14 horas 30 minutos del 29 de agosto de 1991. • El Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978, reformado por los Decretos números 9388 del 30 de noviembre del mismo año y 10142 del 12 de junio de 1979, estableció la Reserva Forestal de Golfo Dulce, considerando que los terrenos comprendidos en la demarcación hecha "no son aptos ni para la agricultura ni para la ganadería. El uso más adecuado para ellos sería la explotación racional de los recursos forestales, protegiendo a la vez las cuencas hidrográficas que proveen el agua a las áreas agrícolas de la zona" (considerando 2° del Decreto No. 8494-A). • Mediante el Decreto No. 10088-G-H del 2 de mayo de 1979, reformado por el No. 10244-G del 5 de julio de 1979, se expropian las fincas inscritas en el Partido de Puntarenas, con los números 22048, y 8947, pertenecientes a Agroindustrial Rincón S.A., y la número 22046, propiedad de O. Sociedad Anónima, indicándose como naturaleza de ellas, de acuerdo al Registro Público, en parte terreno de montaña y selva virgen; terreno de montaña virgen; y terreno de montaña virgen, bosques maderables; respectivamente; y para lo que aquí interesa, parte de esos terrenos se encuentran incluidos dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce (…) • De la reunión de las fincas números 22048, 8947 y 22046, por escritura otorgada a las 8 horas del 4 de setiembre de 1980, nace la finca No. 39334-000 del Partido de Puntarenas. • Como resultado de la resolución de la Sala Constitucional No. 1763-94 de las 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, que deja sin efecto adjudicaciones de parcelas efectuadas por el IDA sobre terrenos comprendidos dentro de la Zona Protectora Tivives, y del dictamen de la Procuraduría General de la República, No. C-186-90 del 8 de noviembre del mismo año, el 31 de octubre de 1996 el IDA firma un convenio con el Ministerio del Ambiente y Energía para el traslado de tierras administradas por el primero, ubicadas dentro de áreas silvestres protegidas.” • La Reserva Forestal de Golfo Dulce es administrada por el Área de Conservación Osa (ACOSA). Conforme a su normativa y la Ley Forestal N° 4465 el 25 de noviembre de 1969, en la misma fue prohibido cultivar o mejorar en esa área pues existía una política exclusivamente conservacionista. • Estos terrenos se encontraban inmersos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978, reformado por los Decretos Ejecutivos 9388 del 30 de noviembre de 1978 y 10142 del 12 de junio de 1979, tierras que cumplen una función de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado. • Siendo propietario el ITCO de las tierras cedidas por el Estado, se inicia un proceso paulatino de titulación de tierras a favor de quienes se encontraban de antemano ocupando los terrenos; todo lo anterior bajo el concepto de colonización de tierras o reordenamiento agrario, sin sujeción de los ocupantes de estas tierras a los procedimientos socioeconómicos de selección de beneficiarios de los programas de dotación de tierras, propios de los procesos de parcelación de tierras; proceso que se inicia con respaldo del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República número C-143-83 del 11 de mayo de 1983 (…) • Este proceso se ejecutó por etapas, dada la amplitud de la zona y las dificultades de acceso, quedando muchas áreas rezagadas por la dificultad para el levantamiento topográfico o problemas para la titulación. Posteriormente, en razón del voto constitucional número 1763-1994 de las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del 13 de abril de 1994, la Sala Constitucional refiriéndose a la Zona Protectora de Tivives (…) • Ante este panorama, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), suspende los procedimientos de titulación, lo que ocasiona gran cantidad de controversias, entre quienes reclaman y exigen título de propiedad en las áreas del Asentamiento Osa, comprendidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, o del Asentamiento Osa, cubiertos de bosque o de aptitud forestal. La inclusión del Asentamiento Osa dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, hace que su afectación al Patrimonio Natural del Estado sea automático, estándole vedado al IDA, otorgar títulos de propiedad o cualquier otro derecho a particulares, en razón de la inalienabilidad e inembargabilidad característica de los bienes de dominio público y de la imprescriptibilidad de las acciones reivindicatorias de que goza el Estado y la prohibición de titulación, debido a que estos terrenos desde antes de estar a nombre del ITCO, ya estaban afectados por el patrimonio Natural del Estado. • En cuanto a la imposibilidad de titulación, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-321-2003 del 9 de octubre de 2003 (…) • Aunado a lo anterior, el informe de la Contraloría General de la República, número DFOE-ED-7-2007, ordena traspasar los terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, al Ministerio del Ambiente y Energía, por ser competencia funcional de éste, la conservación y administración, por intermedio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Disposición que se fundamenta en la Ley Forestal, artículos 6, inciso a) y 13, párrafo segundo, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, párrafo segundo) (…) Dado lo anterior, los funcionarios del MINAET, consideraron inviable la segregación del área indicada de 236 hectáreas, concluyendo al final del informe que: “un área cerca de la frontera donde se encuentra el puesto fronterizo de la Policía de 13 hectáreas, sería una propuesto más viable desde el punto de vista de impacto a los ecosistemas presentes en el sitio y alrededores” Esta representación asume que luego de esa conclusión, se decidió modificar el área propuesta inicialmente, y en consecuencia, el proyecto que se consulta se refiere específicamente a la segregación de esas 13 hectáreas que propuso MINAET como opción. No obstante lo anterior, respetuosamente debe señalarse que dicho informe técnico no reúne los requerimientos necesarios para fundamentar el proyecto que se consulta. Nótese que el mismo hace un estudio sobre las 236 hectáreas que se proponían inicialmente y concluye que el proyecto no es viable desde el punto de vista ambiental y social. Sin embargo, dicho estudio no explica en forma alguna, por qué motivo ese impacto negativo no se produce sobre las 13 hectáreas que se proponen, o en otras palabras, no existe a la fecha, un criterio técnico que se refiera a los motivos por los cuales sí es viable la segregación de las 12.3 hectáreas que se establecen en el proyecto de ley consultado. El requerimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es claro, y debe contarse con estudios técnicos que justifiquen la reducción de las áreas silvestres protegidas, por lo que en este caso específico lo que corresponde es que el MINAET se pronuncie nuevamente sobre el tema, pero esta vez sobre el área que se propone de 12.3 hectáreas, según las coordenadas descritas en el proyecto de ley. A la fecha, no existe un estudio técnico que se refiera a la viabilidad de este proyecto, pues el que se realizó se refería a una zona de mayores dimensiones, concluyendo que no resultaba viable desde el punto de vista ambiental y social. Por ello, debe justificarse por qué la nueva propuesta no genera un problema en los humedales, en las especies de la zona, en los mantos acuíferos y no produce una problemática social, tal como se detectó en la propuesta inicial. Hasta tanto no exista ese criterio técnico, no pareciera que se esté cumpliendo con el requerimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y en consecuencia, no podría aprobarse el presente proyecto de ley.” Aún con la discrecionalidad que ostenta la Asamblea Legislativa para emitir leyes, en este caso al tratarse a una protección ambiental de carácter constitucional, la Ley que pretenda promover la reducción de un área protegida como es el caso de la Reserva Forestal Golfo Dulce, debe de sustentarse en estudios técnicos especialmente concluyentes que justifiquen la necesidad de desafectar determinada área silvestre protegida. CONCLUSIONES 1. El Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene la facultad para establecer áreas silvestres protegidas, en el grado de categoría, según corresponda, que incluye las reservas forestales. 2. El MINAE, de igual manera, tiene la facultad de ampliar las áreas silvestres protegidas; lo que incluye la potestad de expropiar fincas particulares, asumiendo para tal efecto, la correspondiente indemnización a favor de los propietarios afectados. 3. Solamente mediante una Ley de la República se puede desafectar un área silvestre protegida, independientemente de su categoría. La Ley que promueva esta desafectación debe de fundamentarse en estudios técnicos concluyentes, que determinen la viabilidad constitucional necesaria de la moficación” (ver el informe rendido y la prueba aportada).

 

 

III.- Sobre la solicitud de información en la gestión del 20 de noviembre de 2024. Se pasará a analizar las consultas puntuales formuladas por la parte amparada y las respuestas brindadas por la parte recurrida, con el fin de determinar si cada una de estas fueron atendidas o no íntegramente, según lo requerido.

Lo requerido

	

Resulta o no amparable lo requerido

	

Fue o no atendido lo solicitado




“(…) En consecuencia, AGRIDET solicita, al Presidente Ejecutivo nos informe por escrito las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024, cuando se acordó la suspensión de los procesos de lesividad contra la población de los Planes de Bahía Drake, ya que ha trascurrido 10 meses de este acuerdo por parte de la Junta Directiva del INDER. (…)”

	

Sí es amparable.

	

No se ha entregado lo solicitado, a pesar de que la autoridad recurrida les remitió a los recurrentes un correo electrónico del 18 de febrero de 2025, lo cierto es que en esa respuesta no se atiende lo solicitado.

 

Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica la violación a los derechos fundamentales de los recurrentes. Lo anterior, porque en el informe rendido por el representante de la autoridad recurrida -que se tiene por dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción- y la prueba aportada para la resolución del asunto, ha sido debidamente acreditado que el 20 de noviembre de 2024, los recurrentes enviaron una gestión al correo electrónico ...02, en donde le solicitaron al presidente ejecutivo del INDER lo siguiente: “(…) En consecuencia, AGRIDET solicita, al Presidente Ejecutivo nos informe por escrito las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024, cuando se acordó la suspensión de los procesos de lesividad contra la población de los Planes de Bahía Drake, ya que ha trascurrido 10 meses de este acuerdo por parte de la Junta Directiva del INDER. (…)”. Así, el correo ...02 es un medio oficial para recibir gestiones del INDER. Igualmente, el 05 de diciembre de 2024, el INDER, desde el correo electrónico ...02 le respondió al recurrente lo siguiente: “Damos acuse recibido, responderemos en tiempo y forma”. Ahora bien, posterior a la notificación de la resolución a la autoridad recurrida, mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2025, la presidencia ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural les comunicó a los recurrentes, al medio indicado por ellos para recibir notificaciones, lo siguiente: “En virtud de su escrito del 29-11-2024 se remite el oficio institucional INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 como criterio jurídico de la Institución, previa y debidamente remitido a nuestra Presidencia de la República (se adjunta comprobante), en cumplimiento e intervención final de nuestro papel y posición en la “Comisión Interinstitucional Seguridad Jurídica-Región Brunca.” Agradecemos brindar el acuse de recibo”. Asimismo, el oficio INDER-PE-AJ-OFI- 1399-2024 indica lo siguiente: “ANTECEDENTES • Entre 1950 y 1965 un considerable número de campesinos ingresaron a la abandonada Finca Osa Productos Forestales, constituida en 1958 con capital extranjero, dueña de aproximadamente 47.513 hectáreas distribuidas en 13 fincas, explotadas únicamente para la extracción de madera, hecho descrito ampliamente en la Sentencia N°145 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de las 14 horas 30 minutos del 29 de agosto de 1991. • El Decreto Ejecutivo No. 8494-A del 28 de abril de 1978, reformado por los Decretos números 9388 del 30 de noviembre del mismo año y 10142 del 12 de junio de 1979, estableció la Reserva Forestal de Golfo Dulce, considerando que los terrenos comprendidos en la demarcación hecha "no son aptos ni para la agricultura ni para la ganadería. El uso más adecuado para ellos sería la explotación racional de los recursos forestales, protegiendo a la vez las cuencas hidrográficas que proveen el agua a las áreas agrícolas de la zona" (considerando 2° del Decreto No. 8494-A). • Mediante el Decreto No. 10088-G-H del 2 de mayo de 1979, reformado por el No. 10244-G del 5 de julio de 1979, se expropian las fincas inscritas en el Partido de Puntarenas, con los números 22048, y 8947, pertenecientes a Agroindustrial Rincón S.A., y la número 22046, propiedad de O. Sociedad Anónima, indicándose como naturaleza de ellas, de acuerdo al Registro Público, en parte terreno de montaña y selva virgen; terreno de montaña virgen; y terreno de montaña virgen, bosques maderables; respectivamente; y para lo que aquí interesa, parte de esos terrenos se encuentran incluidos dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce (…) • De la reunión de las fincas números 22048, 8947 y 22046, por escritura otorgada a las 8 horas del 4 de setiembre de 1980, nace la finca No. 39334-000 del Partido de Puntarenas. • Como resultado de la resolución de la Sala Constitucional No. 1763-94 de las 16 horas 45 minutos del 13 de abril de 1994, que deja sin efecto adjudicaciones de parcelas efectuadas por el IDA sobre terrenos comprendidos dentro de la Zona Protectora Tivives, y del dictamen de la Procuraduría General de la República, No. C-186-90 del 8 de noviembre del mismo año, el 31 de octubre de 1996 el IDA firma un convenio con el Ministerio del Ambiente y Energía para el traslado de tierras administradas por el primero, ubicadas dentro de áreas silvestres protegidas.” • La Reserva Forestal de Golfo Dulce es administrada por el Área de Conservación Osa (ACOSA). Conforme a su normativa y la Ley Forestal N° 4465 el 25 de noviembre de 1969, en la misma fue prohibido cultivar o mejorar en esa área pues existía una política exclusivamente conservacionista. • Estos terrenos se encontraban inmersos dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, creada mediante Decreto Ejecutivo 8494-A del 28 de abril de 1978, reformado por los Decretos Ejecutivos 9388 del 30 de noviembre de 1978 y 10142 del 12 de junio de 1979, tierras que cumplen una función de amortiguamiento del Parque Nacional Corcovado. • Siendo propietario el ITCO de las tierras cedidas por el Estado, se inicia un proceso paulatino de titulación de tierras a favor de quienes se encontraban de antemano ocupando los terrenos; todo lo anterior bajo el concepto de colonización de tierras o reordenamiento agrario, sin sujeción de los ocupantes de estas tierras a los procedimientos socioeconómicos de selección de beneficiarios de los programas de dotación de tierras, propios de los procesos de parcelación de tierras; proceso que se inicia con respaldo del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República número C-143-83 del 11 de mayo de 1983 (…) • Este proceso se ejecutó por etapas, dada la amplitud de la zona y las dificultades de acceso, quedando muchas áreas rezagadas por la dificultad para el levantamiento topográfico o problemas para la titulación. Posteriormente, en razón del voto constitucional número 1763-1994 de las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del 13 de abril de 1994, la Sala Constitucional refiriéndose a la Zona Protectora de Tivives (…) • Ante este panorama, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), suspende los procedimientos de titulación, lo que ocasiona gran cantidad de controversias, entre quienes reclaman y exigen título de propiedad en las áreas del Asentamiento Osa, comprendidas dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, o del Asentamiento Osa, cubiertos de bosque o de aptitud forestal. La inclusión del Asentamiento Osa dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, hace que su afectación al Patrimonio Natural del Estado sea automático, estándole vedado al IDA, otorgar títulos de propiedad o cualquier otro derecho a particulares, en razón de la inalienabilidad e inembargabilidad característica de los bienes de dominio público y de la imprescriptibilidad de las acciones reivindicatorias de que goza el Estado y la prohibición de titulación, debido a que estos terrenos desde antes de estar a nombre del ITCO, ya estaban afectados por el patrimonio Natural del Estado. • En cuanto a la imposibilidad de titulación, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-321-2003 del 9 de octubre de 2003 (…) • Aunado a lo anterior, el informe de la Contraloría General de la República, número DFOE-ED-7-2007, ordena traspasar los terrenos que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, al Ministerio del Ambiente y Energía, por ser competencia funcional de éste, la conservación y administración, por intermedio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. (Disposición que se fundamenta en la Ley Forestal, artículos 6, inciso a) y 13, párrafo segundo, y 14; Ley Orgánica del Ambiente, artículo 32, párrafo segundo) (…) Dado lo anterior, los funcionarios del MINAET, consideraron inviable la segregación del área indicada de 236 hectáreas, concluyendo al final del informe que: “un área cerca de la frontera donde se encuentra el puesto fronterizo de la Policía de 13 hectáreas, sería una propuesto más viable desde el punto de vista de impacto a los ecosistemas presentes en el sitio y alrededores” Esta representación asume que luego de esa conclusión, se decidió modificar el área propuesta inicialmente, y en consecuencia, el proyecto que se consulta se refiere específicamente a la segregación de esas 13 hectáreas que propuso MINAET como opción. No obstante lo anterior, respetuosamente debe señalarse que dicho informe técnico no reúne los requerimientos necesarios para fundamentar el proyecto que se consulta. Nótese que el mismo hace un estudio sobre las 236 hectáreas que se proponían inicialmente y concluye que el proyecto no es viable desde el punto de vista ambiental y social. Sin embargo, dicho estudio no explica en forma alguna, por qué motivo ese impacto negativo no se produce sobre las 13 hectáreas que se proponen, o en otras palabras, no existe a la fecha, un criterio técnico que se refiera a los motivos por los cuales sí es viable la segregación de las 12.3 hectáreas que se establecen en el proyecto de ley consultado. El requerimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente es claro, y debe contarse con estudios técnicos que justifiquen la reducción de las áreas silvestres protegidas, por lo que en este caso específico lo que corresponde es que el MINAET se pronuncie nuevamente sobre el tema, pero esta vez sobre el área que se propone de 12.3 hectáreas, según las coordenadas descritas en el proyecto de ley. A la fecha, no existe un estudio técnico que se refiera a la viabilidad de este proyecto, pues el que se realizó se refería a una zona de mayores dimensiones, concluyendo que no resultaba viable desde el punto de vista ambiental y social. Por ello, debe justificarse por qué la nueva propuesta no genera un problema en los humedales, en las especies de la zona, en los mantos acuíferos y no produce una problemática social, tal como se detectó en la propuesta inicial. Hasta tanto no exista ese criterio técnico, no pareciera que se esté cumpliendo con el requerimiento del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, y en consecuencia, no podría aprobarse el presente proyecto de ley.” Aún con la discrecionalidad que ostenta la Asamblea Legislativa para emitir leyes, en este caso al tratarse a una protección ambiental de carácter constitucional, la Ley que pretenda promover la reducción de un área protegida como es el caso de la Reserva Forestal Golfo Dulce, debe de sustentarse en estudios técnicos especialmente concluyentes que justifiquen la necesidad de desafectar determinada área silvestre protegida. CONCLUSIONES 1. El Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene la facultad para establecer áreas silvestres protegidas, en el grado de categoría, según corresponda, que incluye las reservas forestales. 2. El MINAE, de igual manera, tiene la facultad de ampliar las áreas silvestres protegidas; lo que incluye la potestad de expropiar fincas particulares, asumiendo para tal efecto, la correspondiente indemnización a favor de los propietarios afectados. 3. Solamente mediante una Ley de la República se puede desafectar un área silvestre protegida, independientemente de su categoría. La Ley que promueva esta desafectación debe de fundamentarse en estudios técnicos concluyentes, que determinen la viabilidad constitucional necesaria de la moficación”.

En este sentido, se comprueba que, ante la gestión de los recurrentes, si bien es cierto la autoridad recurrida les remitió un correo electrónico del 18 de febrero de 2025 con la información que se indicó en el párrafo anterior, lo cierto es que en esa respuesta no se atiende lo solicitado por los recurrentes en la gestión del 20 de noviembre de 2024. Nótese que en esa gestión los recurrentes solicitaron “las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024”; pero lo cierto es que en la respuesta del 18 de febrero de 2025 la autoridad recurrida hace referencia a antecedentes históricos respecto a las adjudicaciones en el Asentamiento Campesino Osa, la normativa aplicada, así como referencia a un informe de la Contraloría General de la República, entre otros puntos, es decir, no se indica nada sobre las acciones o propuestas tomadas por la Comisión Interinstitucional a partir de 19 de febrero de 2024, que fue lo que se pidió. Inclusive, se denota que en las conclusiones del oficio del 18 de febrero de 2025 se les indicó a los recurrentes lo siguiente: “CONCLUSIONES 1. El Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tiene la facultad para establecer áreas silvestres protegidas, en el grado de categoría, según corresponda, que incluye las reservas forestales. 2. El MINAE, de igual manera, tiene la facultad de ampliar las áreas silvestres protegidas; lo que incluye la potestad de expropiar fincas particulares, asumiendo para tal efecto, la correspondiente indemnización a favor de los propietarios afectados. 3. Solamente mediante una Ley de la República se puede desafectar un área silvestre protegida, independientemente de su categoría. La Ley que promueva esta desafectación debe de fundamentarse en estudios técnicos concluyentes, que determinen la viabilidad constitucional necesaria de la moficación”. De ese modo, se reitera que en dicha respuesta no se atiende lo solicitado por los recurrentes. Por lo tanto, el asunto debe ser declarado con lugar en cuanto a este punto.

IV.- Sobre las demás cuestiones en la gestión del 20 de noviembre de 2024. Por otra parte, este Tribunal constata que, en la gestión del 20 de noviembre de 2024, los recurrentes hicieron mención de varios puntos que no configuran una solicitud de información, sino que se trata de una serie de inconformidades con el asunto de fondo, es decir, con las adjudicaciones entregadas en el Asentamiento Campesino Osa. Sobre el particular, esta Sala Constitucional, referente a la Reserva Forestal Gofo Dulce, indicó lo siguiente: “(…) pretender que se le reconozca un derecho sobre un inmueble que pertenece al patrimonio forestal del Estado y por ello su naturaleza es demanial. A partir de lo expuesto, se debe advertir que no le corresponde a esta Sala intervenir en el asunto y determinar, de conformidad con la normativa infraconstitucional aplicable, si procede o no la expropiación en cuestión o si le corresponde alguna indemnización al recurrente, por ser una cuestión que excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo y la competencia de este Tribunal. Finalmente, los recurridos informan bajo la solemnidad del juramento que han atendido cada una de las gestiones que el recurrente ha formulado, tal y como lo reconoce éste en su escrito de interposición. De ahí que es necesario indicarle a la parte recurrente que sus alegatos relacionados a que las respuestas no son claras ni oportunas este Tribunal no es una instancia de revisión cualitativa de respuestas, ni tampoco tiene competencia para sustituir esos criterios. Por ello, deberá el accionante plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso, como en efecto se ordena” (ver la sentencia no. 2023-025918 de las 09:30 horas del 13 de octubre de 2023, dictada dentro del expediente no. 23-016624-0007-CO).

Por ende, lo procedente es mantener el criterio vertido e indicarles a los recurrentes que dichas disconformidades excedente las competencias de este Tribunal, por lo que, si a bien lo tienen, plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

En virtud de lo indicado, respecto a este punto, se declara sin lugar el recurso.

V.- Conclusión. En síntesis, lo que corresponde es declarar parcialmente el recurso únicamente por la falta de respuesta de los puntos de solicitud de información de la gestión del 20 de noviembre de 2024. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso únicamente por la falta de respuesta de los puntos de solicitud de información de la gestión del 20 de noviembre de 2024. Se le ordena a Cindy Bravo Castro, en su condición de gerente general del Instituto de Desarrollo Rural, o a quien ocupe el cargo, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que, en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación de esta sentencia, se atienda como en derecho corresponda la solicitud de información del 20 de noviembre de 2024 de los recurrentes y se les informe y entregue “por escrito las acciones y las propuestas de solución que en concreto ha elaborado la Comisión Interinstitucional conformada desde el 19 de febrero de 2024, cuando se acordó la suspensión de los procesos de lesividad contra la población de los Planes de Bahía Drake, ya que ha trascurrido 10 meses de este acuerdo por parte de la Junta Directiva del INDER”. Lo anterior salvaguardando los datos personales de acceso restringido, confidenciales y sensibles, de acuerdo con la normativa vigente. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto de Desarrollo Rural al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.   

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Anamari Garro V.

	

 

	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 AIDV0JJ2JT061

EXPEDIENTE N° 25-003699-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:37:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**Constitutional Chamber**

**Resolution No. 20503 - 2025**

**Resolution Date:** July 4, 2025 at 09:20 a.m.

**Case File:** 25-003699-0007-CO

**Drafted by:** Jorge Araya Garcia

**Type of Matter:** Amparo action

**Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER


**Ruling with protected data, in accordance with current regulations**


**Text of the Resolution**

Exp: 25-003699-0007-CO

Res. No. 2025020503

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours and twenty minutes on the fourth of July, two thousand twenty-five.

Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, identity card CED02, Nombre03, identity card CED03, Nombre04, identity card CED04, Nombre05, identity card CED05, Nombre06, identity card CED06, Nombre07, identity card CED07, against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL.

**Whereas:**

1.- By written submission received at the Secretariat of the Chamber on February 8, 2025, the petitioners file an amparo action against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL and state that all the petitioners are directors of AGRIDET. That the Board of Directors of INDER, by agreement 60 of ordinary session 20 of August 16, 2022, approved conducting a study to initiate a comprehensive process aimed at annulling all adjudications granted in the Asentamiento Campesino Osa, because that settlement is part of the State Natural Heritage. "(...) On July 4, 2023, the Board of Directors agrees in article 11- of ordinary session 29-2023, to carry out adjudication annulment proceedings. Likewise, the Board of Directors of INDER agrees in articles 5 of extraordinary session 36 of September 18 and article 25 of ordinary session 48-2023 of December 4, 2023, to implement the administrative procedures to be executed by the legal affairs department to file lesividad (action for annulment of favorable administrative acts) processes in the judicial venue to annul the adjudications granted in the Asentamiento Campesino Osa. (...) On February 19, 2024, the Board of Directors of INDER approves article 5 of ordinary session 6 (copy of agreement attached) which suspends the lesividad processes, by indicating the agreement verbatim, among other actions, the following: To suspend the effects of article 11 of ordinary session 29-2023, held on July 4, 2023; article 5 of extraordinary session 36, held on September 18, 2023; and article 25 of ordinary session 48-2023, held on December 4, 2023. This by virtue of the formation of an inter-institutional commission to provide a comprehensive response to the occupations in the Asentamiento Osa, composed of MINAE, FONAFIFO, INDER (...)".*

They claim that, given the passage of time without obtaining any report on the actions taken, the board of directors of the association they represent (AGRIDET) sent a communication dated November 20, 2024, which was sent on November 29, 2024, via email to the then Executive President of INDER, Osvaldo Artavia, in which the following was stated:

"(...) It is important to point out to you, Mr. Osvaldo Artavia, that the legal and socioeconomic situation that the affected region is facing regarding this matter of non-legality and null legal security over long-standing land tenure, for a large contingent of peasant families, is more than pressing." Above all, at a time when the institution you represent is bent on increasing the anxiety and defenselessness against this pressured sector with policies that we consider at this point to be repressive, such as the annulment of subjective rights against more than six hundred families that were favored by INDER when granting them their adjudications with no other option than to face the harsh destiny of being left with nothing. We are more than aware that since 1997, when the then IDA suspended without merit the delivery of titles in this Settlement, -since from 1980 to 1997 your Institution had painstakingly delivered a number of more than 600 titles within the misnamed "Asentamiento Campesino Osa" under the constitutive Law of ITCO No. 2825-, a large remainder of more than six hundred families were left without this important benefit. Twenty-seven years have now elapsed without this Institution, during different government periods, having dedicated itself to presenting any concrete solution or a real comprehensive plan to find a way out of this old social and human problem. Even though your Institution delivered more than 600 titles in this "Settlement" since 1980, titles that curiously you have not questioned in the judicial venue, only the adjudications, the majority within the cartographic boundaries of the RFGD, the suspension of the titling program produced a profound inequality marked between the families who received this right and safeguarded their interests and heritages, confronting this other sector that was left without the guarantee of a title that would protect their heritages and interests under equal conditions. But also with the unpleasant and annoying situation of being victims of a policy of denial and defenselessness only for this sector that was left vulnerable, upon agreeing to the annulment of subjective rights against this segment of the population, which today is worse off than in previous governments. Excuses and justifications over the years have abounded, but regarding which government entity should be held responsible for having reached this difficult situation of chaos? On the part of the State, no one answers. Currently, as was the norm years ago, those affected find no answer so that some government authority seeks a solution to the "eternal social problem" in Osa. This situation of insecurity and attack against this enormous rural sector, which continues to escalate in needs, currently lacks any alternative that awakens their hopes that this sad condition of uncertainty will improve. The factor of insecurity and lack of a plan at the governmental level to find a way out of this human drama has slipped out of the hands not only of this government -but of previous governments- in power, which have demonstrated their most resounding failure, lack of capacity, and demonstrated commitment. The reasons are obvious for many of us. We know that the tenure of high officials is transitory, unlike the inherited social problems derived from indifference or corruption, which cause insecurity and defenselessness over land, a product of the absence of genuine commitment, demonstrated capacity, and real interest from high officials to rise to the level of these problems, squarely resolving this type of "mess." The result of this failure is plain to see. Not even Ley 9036, which reformed the IDA Institution in 2012, supposedly to change it, was enough to find a way out of this conflict; rather, this law, ironically, allowed this Institution to excuse itself from intervening in this "Settlement," since they classified it as part of the State Natural Heritage. Despite the mass of background information supporting that settlement with the delivery of hundreds of titles and adjudications, as proof that we are facing a strange, not to say suspicious contradiction, that delivery and the declarations demonstrate the exact opposite. It seems to us that this type of institutional strategy is only so that INDER easily evades the objective responsibility that rests upon the institution you represent in assuming responsibilities, intervening with capacity and stature by providing a solution to the problem it created and not aggravating it further than it already is. An example, to demonstrate with facts what was previously stated, we present it regarding the hundreds of families who live within Folio Real 39334, but outside the cartographic boundaries of the forest reserve. The treatment has been the same for this sector that is outside the affectation of that protected area, since it should not be subjected to the same restrictions and threats suffered by the plot holders within the RFGD. This sector of the Settlement, which in our judgment should not be subjected to these gross restrictions preventing them from obtaining their titles, outside the RFGD has gone unnoticed by this Institution for decades, as proof of the incapacity of your institution, which has lacked the will or commitment to assume responsibilities. It is impossible for them to execute any resolution initiative that favors this other rural sector. It is obvious that for those of us experiencing this problem within the cartographic boundaries of the RFGD, our future becomes darker and anything but promising. The Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes, DHR), since 2001, upon learning the background of this social conflict, issued a series of recommendations under the report of official communication No. - 01046-2001~DHR of February 5, 2001. These recommendations were not even seriously and with stature heeded by your Institution, since it was incapable of initiating any type of action aimed at seeking a solution to the occupational problem. Some recommendations that were not addressed by the IDA, but which remain valid and binding regarding the situation of social insecurity and defenselessness, which has worsened even further for this population, were: To definitively resolve the situation of precarious possession in which the approximately 700 plot holders within the Golfo Dulce Forest Reserve find themselves, arranging the payment for improvements introduced on each farm during the years of possession exercised by the family, prior preparation of appraisals to determine the value for each year. For such purposes, it recommends sending to this Office a schedule of actions projecting the preparation of appraisals in the short term and the budgetary provisions for the current year of 2002 to make effective the payments to the adjudicatees who must necessarily vacate their farms. To initiate as soon as possible actions aimed at resettling families adjudicatees of farms located within the Golfo Dulce Forest Reserve to other farms where they have the possibility of obtaining title of ownership and exploiting their farms for agricultural purposes. However, despite the value of the content of these recommendations issued by the Office of the Ombudsperson, the then IDA tried to excuse itself and even justify its actions, regarding not assuming any type of objective responsibility, with the then executive president José Joaquín Acuña responding to the DHR in Official Communication PE-511 of March 6, 2001, with the following arguments: (...)." As can be observed, here the arguments of INDER were not only different but totally opposed to the current institutional policy that your institution carries out regarding this conflict today in 2024. Note, gentlemen of the government, how the IDA, at the time, justified the delivery and legalization of adjudications, by indicating to the Office of the Ombudsperson that the IDA must refrain from declaring adjudications within the Settlement, basing its actions within what established by Decreto 10088 G-H of 1979. At that moment, the IDA was of the thesis of continuing to adjudicate, with the argument of fulfilling the specific and legal purpose imposed upon it by the expropriation decree, since, if it did not do so, the then executive president indicated -that is, declaring subjective rights- that Institution would be "incurring in responsibility" if it did not do so. Even though the IDA indicated at the time, that as long as there was no specific legal norm to "release" the Institution from the obligation to segregate and adjudicate the properties in favor of the possessors, its institution would not: "violate the current legal system, since you recommend changing the purpose for which the lands were delivered to the IDA". Having reached this point, we ask: whom to believe, the previous IDA Institution or the current INDER institution? Who is telling us the truth of the facts and who is telling us a lie? The thesis of the previous high official made sense and was right, since the properties expropriated by the State (farms 22046, 8947, and 22048) and paid for by ITCO in 1979, were never affected nor legally linked to the objectives of the spurious declaration of the Forest Reserve. This was so as a result of the legislation in force at that moment, since the private properties were duly registered by 1978, protected by title, regardless of whether the cartographic boundaries of the declaration of the RFGD crossed part of the enormous properties. The thesis that must prevail in law, in honor of the truth, according to the current historical and legal facts, was that the properties gathered forming Folio Real 39334-000 in 1980, were legally removed since 1947 from any encumbrance related to the public domain of the RFGD, since the forest property was not constituted because the plots were not submitted to the Forest Regime, as both the DGF and the MAG did not require these properties. Free of any encumbrance (Forest Regime or PNE), these properties allowed both the State and ITCO to impose another legal destiny on the properties that remained in the power of their owners in 1979, upon becoming subject to Ley 2825, remaining outside any encumbrance related to the Forest Law 4465. Why did the State operate in this manner on strictly private lands with no encumbrance whatsoever? The reason and social interest that motivated the State to proceed with the expropriation of the two only private lands in La Osa (22046 and 22048), at the express request of ITCO, was the existence of a social and agrarian conflict well known to ITCO since 1964. When ITCO was constituted in 1961, the first case of conflict between owners and possessors presented to it was that of Osa Forestal, and by those "ironies of life," it was the only case of this type of pathology that your institution did not solve to this day. This is further proof of the ineffectiveness, indifference, and incapacity not only of this Institution but of the successive governments that have presided over this conflict. It is also important to highlight that this property with its more than two thousand families currently living in what was erroneously denominated as a "campesino settlement," for it to be linked within the framework of legality to the public domain of the RFGD, the State (Executive Branch) must present a specific law (principle of legal reserve) that integrates this property with a norm within the objectives and purposes of the Protected Wilderness Area (Área Silvestre Protegida, ASP), leaving Decreto Ejecutivo 10088 without legal effect. Since, as we have been explaining, this enormous property was legally removed from any encumbrance related to the Golfo Dulce Forest Reserve since 1947. Reaching this point, it is the State that must indemnify the possessors or occupants who can demonstrate having more than ten years as of the publication of that specific law. This truth is what the State fears facing, and it has put into service and practice, contrary to this thesis, a series of tricks and mistaken, fallacious legal hypotheses that have allowed the construction of an entirely erroneous thesis, arguing as a proven fact before the very courts of justice that since June 1, 1978, the properties registered since 1947 of the private company Osa Productos Forestales were automatically encumbered to the State Forest Heritage (PNE). Said defense thesis comes to presume, against logic, reason, and common sense, that said encumbrance occurred by a "supernatural or divine" legal intervention. As the jurist Nombre08 used to say, there is no intervention of that immaterial nature in Public Law matters. Those private properties, according to what INDER says, passed "by magic" to become PFE, today PNE, in 1978, with the intervention of the Forest Law 7575 of 1996 in force today (retroactive effect of the norm, which is unconstitutional), from being private in nature to being public in nature without any other earthly type of intervention. The disturbing thing about this situation is that the very courts accept, without any resistance or reservation, such a defense pamphlet, which at heart goes against the very life of the inhabitants who are behind these barbarities with terrifying simplicity. They confuse a private property with a national reserve land. This abnormal situation leads us to establish five points of analysis: 1-that a particular property, duly registered, is not presumed to be a public good or part of the public domain just because it was immersed within a declaration of a protected area by executive decree, 2-that the legislation in force at that time (Ley Forestal 4465 of 1969) allowed in forest reserves under the multiple-use modality, such as Golfo Dulce, the integration of private farms provided they were voluntarily submitted to the Forest Regime, 3-the legislation in force at that time allowed the exclusion of any private property from the declared area, if the State did not wish or want to buy or expropriate it, and it had to be excluded by executive decree from the area, 4- Ley Forestal 4465 of 1969, in force at that time, made an exception regarding the state forest heritage, today state natural heritage (PFE or PNE), in favor of the Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO), contained in articles 20, 28, 29, and 31, by establishing that lands with forest aptitude delivered by the Dirección General Forestal (DGF) or the Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) to ITCO would not be considered part of the PNE. But take into account, it speaks of lands belonging to the State Forest Heritage (PFE), and not of private or particular lands acquired by ITCO. If these private lands presented a possession conflict, ITCO intervened to solve the occupation in precarity conflict (article 92 and concordant articles of Ley 2825), which is a very different issue from the lands of the PFE regulated by the Forest Law 4465 in the hands of the MAG or the DGF. Currently, the exception contained in the old Forest Law No. 4465 is incorporated today in the chapter on State Natural Heritage in article 13 of the current Forest Law 7575 in favor of the National Banking System. In summary, the properties of Osa Forestal did not form part of the public domain when the RFGD was declared on June 1, 1978, nor did they form part of the PFE or the PNE since they were not properties of the national reserve. At the moment of being expropriated and gathered in favor of ITCO, said properties became subject to Ley 2825, since the farms were private, and their titling was granted based on Ley 2825 and not on the Multiple Titling Law of 1972 since they were not national reserve. We reiterate, the origin of those properties was not national reserve lands. The thesis imposed about the presumed encumbrance of those private properties, which was accepted by the courts, by indicating that on June 1, 1978, they automatically became integrated into the PNE, is totally fallacious and misleading, and this is where an outrage against the rights of the sector that did not receive titling is detected. The reforms of the previous forest laws, as well as the current Ley Forestal 7575, cannot under any circumstance affect situations from the past. And much less give retroactive effect to the norm, to demonstrate an encumbrance that is entirely non-existent, not only at the moment the RFGD was declared in 1978, but even today the Folio Real remains free of that encumbrance, but subject to the mistaken thesis that the same legal concept operating today over the entirely restrictive State Natural Heritage was the same restrictive legal concept contained in the first forest norm of 1969. This thesis is totally unacceptable, as it breaks a series of aspects of a historical order of legal hermeneutics, since it makes a current norm anachronistic to apply it in another different context of the past, that is, in 1978, to justify a folly, as well as a conceptual equivalence of a figure (PFD today PNE) that has gone through a series of substantial legal changes and transformations regarding that institution. It is worth bringing the criterion of the First Chamber of the Supreme Court of Justice in Resolution No. 189-F-91, from fourteen hours and twenty minutes on October 30, 1991, regarding that differentiation of laws and their changes of concepts over time, when that Chamber stated: VIII.- The history of forest legislation presents three moments, with their particularities and vicissitudes -whose analysis exceeds the limits of this study- but with a single philosophy of conservation of natural resources, as the only way for Nature to sustain itself, and within it, fauna and flora, and particularly the human being, can survive. The first stage is framed by the Forestry Law No. 4465 of November 25, 1969, published in La Gaceta No. 224 of December 2), incipient and with a series of technical and legal limitations, whose gaps were intended to be filled by the reforms introduced by Laws No. 6084 of August 24, 1977 (published in La Gaceta No. 116 of September 7) and 6442 of May 22, 1980 (La Gaceta No. 109 of June 10). But those reforms were not sufficient to have an organic body capable of facing the complex forest problem, so a new stage opens through better-conceived legislation through Law No. 7032 of April 7, 1986 (La Gaceta No. 85 of May 7), which was later declared unconstitutional -as pointed out in more detail in the following Considerando- with the Constitutional Chamber proceeding to annul it to leave No. 4465 in force, which will mean the closure of the second stage to roll back to November 25, 1969. The last stage operates with the promulgation of another Forestry Law, No. 7171 of June 28, 1990 (published in La Gaceta No. 133 of July 16), whose purpose was to issue again the text of the one declared unconstitutional -No. 7032- addressing the considerations of the Constitutional Chamber, resulting in a series of changes in its definitive text. (The underline is not original). The simplistic acceptance constructed by the State authorities of the thesis stating that, from June 1, 1978, upon declaring the RFGD, the private properties of Osa Productos Forestales were automatically incorporated as part of the public domain of that area is totally unacceptable and unfounded. It is unacceptable because those registered lands did not have the nature and condition that the lands of the national reserves had, which, according to the 1978 legislation, were automatically encumbered and incorporated into the PNE, unlike registered lands, lands in ten-year possession, or lands in precarious possession. Consequently, it is improper to invoke the current articles 13 and 14 of the Forest Law 7575 retroactively, to justify such an encumbrance since it violates not only the principles of legal hermeneutics in this type of analysis but also Article 34 of the Constitution. Consequently, such a proceeding must be not only rejected but also denounced for being a highly irregular, disproportionate, and irrational action that directly attacks the rights and heritages of hundreds of affected families and the Political Constitution. From this entire situation, something is clear for AGRIDET: the different excuses and justifications that this Institution issues to rid itself of all responsibility or to justify the social problem as a crime of usurpation of the PNE, exonerating INDER from any obligation, even denying the very existence of the settlement and omitting the social consequences and impact, are solely aimed at favoring the State. It is a proven fact that the properties of Osa Forestal became subject to the constitutive Law of ITCO number 2825 and registered in its name, even if INDER today denies this fact. Notwithstanding this truth, your Institution in 1979 accepted the responsibility of providing a solution to the occupational crisis by registering them in its name. It then proceeded from 1980 to 1997 to deliver more than 600 titles within the Settlement, adjudicating to almost more than a thousand families on the Osa Peninsula. But with unacceptable cynicism, your institution states in judicial venues that it has no and does not bear any legal, moral, or ethical responsibility to render an account to the hundreds of families it adjudicated. Since all its fallacious argument is circumscribed to the encumbrance of that property to the State Natural Heritage (PNE) on June 1, 1978, when the Golfo Dulce Forest Reserve was declared, an argument that must be rejected as fallacious. With this formula, your Institution managed to "slip away" from assuming its imponderable responsibility, not only social but ethical and moral, due to the way they are handling the situation in judicial venues. But outside those venues, they present themselves to the inhabitants of the settlement in a very different manner, this sector being unaware of the gross and disrespectful way in which the inhabitants are pointed out in those judicial debates, by referring to the citizens who come to defend their rights as strangers and usurpers. AGRIDET, as a small but courageous organized social group, by its legal nature, its objectives, and reason for being, can do no more than point out these points and expose them, not only to you, Mr. Osvaldo Artavia, but also to the President of the Republic, but before the solemn Tribunal of Public Conscience, we must point to INDER as the SOLE party responsible for all the tragedies and abuses that this rural sector has experienced and endured for decades due to each and every one of the successive governments. It seems this government, in which we deposited not only our vote but our hopes, lamentably is not the exception, since it has done nothing to change this unacceptable panorama. INDER, nowadays, has managed to get its way in judicial venues, not because the arguments are the "only and valid" ones in the defense so that the "truth of the facts prevails" against lies and error, but because the region has allowed INDER to take an enormous advantage and control over the very life of its people and the region. It is inconceivable, not to say unacceptable, that an institution like INDER, which should have disappeared from the region years ago, has perpetuated itself for decades, to the misfortune of this afflicted region. Not to be petty, and so that we are not misinterpreted in this writing, we do not deny the "contribution" that INDER has made regarding the construction of bridges, since it is with our money that they are built. But the truth, Mr. Artavia, is that this type of backward infrastructure that this Institution is providing has barely settled the account of the old campesinos who more than fifty years ago opened up this region with their enormous work and effort, and that the current inhabitants who today live from that supreme human effort receive this as an inheritance from their grandparents. Something is clear for AGRIDET: it was not enough for all the successive governments, including the current government, to solve this long-standing social crisis. The ITCO Law number 2825 of 1961 was not enough, since the expropriation of the lands of Osa Productos Forestales in 1979, to solve this human situation in this region, when it could well have been done. Just as the Law of the Instituto de Desarrollo Agrario IDA number 6735 of 1982 was not sufficient to solve the occupational conflict, nor could it be done. As well as the failed "new" INDER Law number 9036 of 2012; where your Institution, contrary to what was expected by this government of change, has cornered to ruin, putting them between a rock and a hard place, more than six hundred families who have nowhere to go and do not know what to do. In the absence of a real and socially just way out at the governmental level, on your part as the sole responsible parties for this chaos, creating a real, well-structured, and high-level proposal, it is obvious that INDER has not only failed in this government period but is determined to continue harming all the affected families, by taking measures as unjust and gross as the annulment of subjective rights, without considering the social consequences for the future of the affected families. An uncertain and undeserved future for the families who, despite this panorama of uncertainty, continue to have hope in the Government of Rodrigo Chávez Robles, while you persist in leading an entire region to dispossession."

Now, in that action, the petitioners requested the following:

"Consequently, AGRIDET requests that the Executive President inform us in writing of the concrete actions and solution proposals that the Inter-institutional Commission formed on February 19, 2024, has developed, when the suspension of the lesividad processes against the population of the Planes de Bahía Drake was agreed, since 10 months have passed since this agreement by the Board of Directors of INDER. (...)" (the highlighting is not original).

It adds that on December 5, 2024, they received an acknowledgment of receipt from the office of the executive presidency, but as of the date of filing this appeal, they have not obtained a response to their request.

2.- By resolution issued at 3:25 p.m. on February 12, 2025, this Court issued the procedural ruling for this matter.

3.- Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of INDER, reports under oath (report rendered on February 19, 2025), in the following terms: “PROCEDURAL MATTERS: There is a failure to join a necessary party because, even though the inquiry is made only to the Institute, the official position of an Interinstitutional Commission “Seguridad Jurídica-Región Brunca” is being consulted, which is composed of institutions relevant not only to the merits but also to the procedural handling of this Amparo Appeal, such as MINAE, SINAC, and FONAFIFO, as indicated in the Amparo Appeal. REGARDING COMPLIANCE WITH THE CLAIMS OF THE AMPARO APPEAL: There is NO violation of the constitutional right of petition and right of reply (Art. 27 of the Constitution), since via email from the Executive Presidency of Inder addressed to AGRIDET at the indicated address ...01 (proof of sending is attached), the submission dated 11-29-2024 was addressed, and institutional official letter INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 dated 10-18-2024 was forwarded as the Institution’s legal opinion, previously and duly submitted to our Presidency of the Republic (proof of sending is attached), in fulfillment and final intervention of our role and position in the Interinstitutional Commission “Seguridad Jurídica-Región Brunca”. This Constitutional Chamber must be informed that NO constitutional rights of AGRIDET are being violated and that its members are fully aware of the details of the substantive discussion (which is not even a constitutional matter, but rather one of ordinary legality), since, regarding the Osa Settlement alone, due to its overlap with the Golfo Dulce Forest Reserve (Reserva Forestal Golfo Dulce) and therefore with State Natural Heritage (Patrimonio Natural Del Estado) as a Public Domain asset, there are extensive discussions, namely: 1) Various constitutional case files: a. Exp. 20-000969-0007-CO. b. Exp. 23-010535-0007-CO. c. Exp. 23-016624-0007-CO. 2) Intervention of Complaint No. 299066-2019-SI before the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes), forwarded to Inder via official letter 00545-2020-DHR dated 1-21-2020. 3) Various legal opinions, where Inder’s legal advisory office has historically analyzed the issue of the Regulation of Natural Heritage (PNE) and State Forest Heritage, specifically, the Land Tenure Conflict in Osa, through the institutional official letters: a. AJ-501-2018 dated 10-31-2018. b. AJ-079-2019 dated 3-12-2019. c. AJ-122-2019 dated 4-4-2019. d. AJ-113-2019 dated March 28, 2019. e. AJ-135-2019 dated April 9, 2019. f. AJ-273-2019 dated July 1, 2019. g. INDER-PE-AJ-109-2020 dated February 12, 2020. a. INDER-PE-AJ-924-2020. b. INDER-PE-AJ-692-2022 dated 9-28-2022. c. INDER-PE-OFI-0034-2023 dated 1-16-2023 from the Executive Presidency of Inder addressed to AGRIDET. d. INDER-PE-AJ-OFI-0864-2023 dated 7-11-2023. e. INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 dated 10-18-2024. 4) Bills and draft bills, some proposed by AGRIDET itself. a. Legislative File No. 20.770 called “Ley para resolver el conflicto de tenencia de la tierra en función del desarrollo rural sostenible, territorio Península de Osa, Puntarenas, Costa Rica”. b. Legislative File No. 22931 called “Ley para autorizar la Titulación de Tierras en Villa Sierpe, OSA”. c. AGRIDET’s proposal for the bill “LEY PARA FINALIZAR EL PROGRAMA DE TITULACIÓN EN TERRENOS DE OSA PRODUCTOS FORESTALES (folio real 39334-000)”. 5) Many case files in the contentious-administrative venue (both ordinary and lesividad claims), but of interest, the following are cited: a. Ordinary proceeding No. 15-004950-1027-CA, ALREADY with a First Instance Judgment, not yet final, Res. No. 119-2020-I dated 9-30-2020 from Section I of the TCA → proceeding related to lesividad proceeding No. 18-007275-1027-CA, with a First Instance Judgment, ALREADY final, Res. No. 119-2020-I dated 9-30-2020 from Section I of the TCA. b. Ordinary proceeding No. 15-004913-1027-CA, the deadline for issuing a First Instance Judgment from the TCA having already expired → proceeding related to lesividad proceeding No. 19-003693-1027-CA, with a First Instance Judgment, Res. No. 134-2021-VI dated 10-13-2021 from Section VI of the TCA and with a Cassation Judgment, Res. No. 001082- A-S1-2024 at 2:09 p.m. on 8-14-2024 from the First Chamber, which upheld proceeding with the EVICTION and handover of possession to MINAE. The relevant conclusions of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, TCA), have been: • The TCA accepts and certifies that the lands in the Osa Settlement were already State Natural Heritage, BEFORE the declaration of the Expropriation Decree of the Institute of Agrarian Development (No. 10088-G-H of May 2, 1979). • The TCA gives hierarchy to the Forest Law (Ley Forestal) over said Executive Expropriation Decree. • The TCA annuls the Board of Directors’ Agreements requested to be annulled, since, according to the concept and composition established by Law No. 7575, from that moment on, they were part of the PNE. From that geographic inclusion, they form part of a special public-law public-domain regime, which imbues them with the aforementioned legal conditions, and whose dogmatic and jurisprudential development need not be elaborated on due to its breadth, but which underlines, as indicated above, their inalienable and imprescriptible character. • The TCA orders the eviction and respective handover of possession in favor of MINAE. LEGAL CONCLUSIONS ON THE MERITS OF THE DISCUSSION: A right (whether of property or possession) CANNOT be established over lands affected by the Golfo Dulce Forest Reserve and, therefore, by State Natural Heritage as a Public Domain asset; hence, any discussion oriented toward tenure or occupation is legally inadmissible, however: 1. The State, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), has the authority to establish protected wild areas (áreas silvestres protegidas), in the category grade, as applicable, which includes forest reserves. 2. MINAE, likewise, has the authority to expand protected wild areas; which includes the power to expropriate private farms, assuming for that purpose, the corresponding compensation in favor of the affected owners. 3. Only through a Law of the Republic can a protected wild area be released from protection (desafectar), regardless of its category. The Law promoting this release from protection must be based on conclusive technical studies that determine the necessary constitutional viability of the modification. For these types of bills that seek the legal release from protection of zones with some Special Protection Regime to prosper, the following must necessarily occur: 1. They must be directed with a focus ONLY on populated areas as economic-social core centers (since it is legally inadmissible to violate the supra-constitutional principle of lifetime tenure (irreductibilidad) of the forest). 2. A technical base foundation must be created, containing: a. Property censuses. b. Survey mosaic or maps of the populated area boundary. c. Survey mosaic or maps of the interior of the populated area boundary. d. Environmental compensation studies, as was done with Law No. 10127 “Ley para regular la creación y el desarrollo del puesto fronterizo las Tablillas”, published in Gazette No. 40 of 3-1-2022. 3. SINA C and MINAE must be directed to: a. Update the censuses in the Osa Settlement, in compliance with constitutional vote 97-2456 and constitutional vote 10276-2002). b. Execute and materialize the demarcation (deslinde) and the qualification of the nature of these lands in the Golfo Dulce Forest Reserve (which are mostly forest), in compliance with articles 4 and 5 of Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978, which created the Golfo Dulce Forest Reserve, and established the obligation of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) to register the lands in the Registry as State Natural Heritage and, the obligation of SINAC to demarcate and monitor. The foregoing is the main input for the subsequent adoption of political or administrative decisions. 4. Consult and reach consensus with the corresponding Institutions according to their own competencies, since otherwise, the eternal problem of the enormous nebulosity in terms of administrative responsibilities -whether by action or omission- will only be perpetuated, consider: a. SINAC, MINAE. b. the National Geographic Institute (IGN), in coordination with Inder’s Topography and Land Registry Unit. c. the Municipalities, in this case, the Municipality of Osa, which (in accordance with Law No. 4240, Ley de Planificación Urbana, of November 15, 1968 and its reforms) already has some regulatory plans (planes reguladores)1, but has NOT created an urban regulatory plan in other sectors, for example, there is no regulatory plan in the Osa Settlement and in Villa de Sierpe (…) CLAIMS: Based on all of the foregoing, I respectfully request: 1) That the amparo appeal be declared without merit, as there is no violation of any constitutional Right, nor any omission by SINAC, MINAE, or INDER. 2) That the abusive use of the Law by the appealing party be accepted. 3) That they be exempted from the payment of costs and damages. 4) That this judicial case file be archived”.

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

 

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- Object of the appeal. The appellants claim a violation of their fundamental rights, stating that on November 20, 2024, via email, they filed a request before INDER, in which they sought information regarding the adjudication (adjudicación) of certain lands. They accuse that, however, to date they have not received a response or the requested information.

II.- Proven facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order:

a) On November 20, 2024, the appellants sent a request to email ...02, in which they asked the executive president of INDER for the following: “(…) Consequently, AGRIDET requests that the Executive President inform us in writing of the concrete actions and solution proposals that the Interinstitutional Commission formed on February 19, 2024 has developed, when the suspension of the lesividad proceedings against the population of the Bahía Drake Plans was agreed, since 10 months have elapsed since this agreement by the Board of Directors of INDER. (…)” (see the report rendered and the evidence provided).

b) The email ...02 is an official means to receive requests from INDER (uncontested fact).

c) On December 5, 2024, INDER, from email ...02, responded to the appellant as follows: “We acknowledge receipt, we will respond in a timely manner” (see the report rendered and the evidence provided).

d) On February 14, 2025, the procedural ruling was notified to the respondent authority (see notification record).

e) By email dated February 18, 2025, the executive presidency of the Institute of Rural Development communicated to the appellants, at the address indicated by them for receiving notifications, the following: “Regarding your submission of 11-29-2024, institutional official letter INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 is forwarded as the Institution’s legal opinion, previously and duly submitted to our Presidency of the Republic (proof is attached), in fulfillment and final intervention of our role and position in the “Comisión Interinstitucional Seguridad Jurídica-Región Brunca.” We appreciate you providing acknowledgment of receipt”. Likewise, official letter INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 states the following: “BACKGROUND • Between 1950 and 1965, a considerable number of farmers entered the abandoned Finca Osa Productos Forestales, constituted in 1958 with foreign capital, owner of approximately 47,513 hectares distributed across 13 farms, exploited solely for timber extraction, a fact widely described in Judgment No. 145 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice at 2:30 p.m. on August 29, 1991. • Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978, amended by Decrees numbers 9388 of November 30 of the same year and 10142 of June 12, 1979, established the Golfo Dulce Forest Reserve, considering that the lands included in the demarcation made "are not suitable for agriculture or livestock. The most appropriate use for them would be the rational exploitation of forest resources, while protecting the hydrographic basins that provide water to the agricultural areas of the zone" (considering 2 of Decree No. 8494-A). • Through Decree No. 10088-G-H of May 2, 1979, amended by No. 10244-G of July 5, 1979, the farms registered in the Puntarenas District are expropriated, with numbers 22048, and 8947, belonging to Agroindustrial Rincón S.A., and number 22046, owned by O. Sociedad Anónima, their nature being indicated, according to the Public Registry, as partly mountain and virgin forest land; virgin mountain land; and virgin mountain land, timber forests; respectively; and for what is of interest here, part of those lands are included within the Golfo Dulce Forest Reserve (…) • From the merging of farms numbers 22048, 8947, and 22046, by deed granted at 8:00 a.m. on September 4, 1980, farm No. 39334-000 of the Puntarenas District was created. • As a result of Constitutional Chamber resolution No. 1763-94 at 4:45 p.m. on April 13, 1994, which nullifies adjudications of parcels made by the IDA on lands within the Tivives Protected Zone (Zona Protectora Tivives), and the opinion of the Attorney General's Office, No. C-186-90 of November 8 of the same year, on October 31, 1996, the IDA signed an agreement with the Ministry of Environment and Energy for the transfer of lands administered by the former, located within protected wild areas.” • The Golfo Dulce Forest Reserve is administered by the Osa Conservation Area (ACOSA). According to its regulations and Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, cultivating or improving was prohibited in that area because an exclusively conservationist policy existed. • These lands were immersed within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree 8494-A of April 28, 1978, amended by Executive Decrees 9388 of November 30, 1978, and 10142 of June 12, 1979, lands that serve as a buffer function for Corcovado National Park. • With the ITCO being the owner of the lands ceded by the State, a gradual land titling (titulación de tierras) process began in favor of those who were previously occupying the lands; all of the above under the concept of land colonization or agrarian reorganization, without subjecting the occupants of these lands to the socioeconomic beneficiary selection procedures of the land allocation programs, typical of land parceling processes; a process that began with the support of the pronouncement of the Attorney General's Office number C-143-83 of May 11, 1983 (…) • This process was executed in stages, given the size of the zone and the difficulties of access, with many areas falling behind due to the difficulty of topographic surveying or problems for titling. Subsequently, due to constitutional vote number 1763-1994 at 4:45 p.m. on April 13, 1994, the Constitutional Chamber, referring to the Tivives Protected Zone (…) • Faced with this panorama, the Institute of Agrarian Development (IDA) suspends the titling procedures, which causes a large number of controversies among those who claim and demand title deeds in the areas of the Osa Settlement, included within the Golfo Dulce Forest Reserve, or the Osa Settlement, covered by forest or of forest aptitude. The inclusion of the Osa Settlement within the Golfo Dulce Forest Reserve means that its affectation to the State Natural Heritage is automatic, and the IDA is forbidden from granting title deeds or any other right to private individuals, due to the inalienability and unseizability characteristic of public domain assets and the imprescriptibility of the replevin actions enjoyed by the State and the prohibition of titling, because these lands, before being in the name of the ITCO, were already affected by the State Natural Heritage. • Regarding the impossibility of titling, the Attorney General's Office, in opinion C-321-2003 of October 9, 2003 (…) • In addition to the foregoing, the report of the Comptroller General of the Republic, number DFOE-ED-7-2007, orders the transfer of lands that are part of the State Natural Heritage to the Ministry of Environment and Energy, as it is functionally competent for their conservation and administration, through the National System of Conservation Areas. (A provision based on the Forest Law, articles 6, subsection a) and 13, second paragraph, and 14; Organic Law of the Environment, article 32, second paragraph) (…) Given the foregoing, the officials of MINAET considered the segregation of the indicated area of 236 hectares to be unviable, concluding at the end of the report that: “an area near the border where the Police border post is located of 13 hectares would be a more viable proposal from the point of view of impact on the ecosystems present at the site and surroundings” This representation assumes that after that conclusion, it was decided to modify the initially proposed area, and consequently, the bill being consulted refers specifically to the segregation of those 13 hectares that MINAET proposed as an option. Notwithstanding the foregoing, it must respectfully be pointed out that said technical report does not meet the necessary requirements to support the bill being consulted. Note that the report studies the 236 hectares initially proposed and concludes that the project is not viable from an environmental and social standpoint. However, said study does not explain in any way why that negative impact does not occur on the 13 hectares being proposed, or in other words, there is no technical criterion to date that refers to the reasons why the segregation of the 12.3 hectares established in the consulted bill is viable. The requirement of article 38 of the Organic Law of the Environment is clear, and there must be technical studies justifying the reduction of protected wild areas, so in this specific case, what is appropriate is for MINAET to rule again on the issue, but this time on the proposed area of 12.3 hectares, according to the coordinates described in the bill. To date, there is no technical study that refers to the viability of this bill, since the one carried out referred to a larger zone, concluding that it was not viable from an environmental and social standpoint. Therefore, it must be justified why the new proposal does not generate a problem in the wetlands, in the species of the zone, in the aquifers, and does not produce a social problem, as detected in the initial proposal. Until such a technical criterion exists, it does not appear that the requirement of article 38 of the Organic Law of the Environment is being met, and consequently, the present bill could not be approved.” Even with the discretion held by the Legislative Assembly to issue laws, in this case, as it concerns environmental protection of a constitutional nature, the Law intending to promote the reduction of a protected area such as the Golfo Dulce Forest Reserve must be based on especially conclusive technical studies that justify the need to release from protection (desafectar) a specific protected wild area. CONCLUSIONS 1. The State, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), has the authority to establish protected wild areas, in the category grade, as applicable, which includes forest reserves. 2. MINAE, likewise, has the authority to expand protected wild areas; which includes the power to expropriate private farms, assuming for that purpose, the corresponding compensation in favor of the affected owners. 3. Only through a Law of the Republic can a protected wild area be released from protection, regardless of its category. The Law promoting this release from protection must be based on conclusive technical studies that determine the necessary constitutional viability of the modification” (see the report rendered and the evidence provided).

 

 

III.- Regarding the request for information in the petition of November 20, 2024. The specific queries formulated by the protected party and the responses provided by the respondent party will be analyzed in order to determine whether each of these was addressed in its entirety, as required.

| What was requested | Whether or not what was requested is amenable to amparo | Whether or not what was requested was addressed |
| --- | --- | --- |
| “(…) Consequently, AGRIDET requests that the Executive President inform us in writing of the concrete actions and solution proposals that the Interinstitutional Commission formed on February 19, 2024 has developed, when the suspension of the lesividad proceedings against the population of the Bahía Drake Plans was agreed, since 10 months have elapsed since this agreement by the Board of Directors of INDER. (…)” | Yes, it is amenable to amparo. | What was requested has not been delivered; even though the respondent authority sent the appellants an email on February 18, 2025, the fact is that this response does not address what was requested. |
 

After analyzing the evidentiary elements provided, this Court verifies the violation of the fundamental rights of the appellants. The foregoing, because in the report rendered by the representative of the respondent authority -which is taken as given under oath with the consequences, including criminal ones, provided in article 44 of the Law governing this Jurisdiction- and the evidence provided for the resolution of the matter, it has been duly accredited that on November 20, 2024, the appellants sent a request to email ...02, in which they asked the executive president of INDER for the following: “(…) Consequently, AGRIDET requests that the Executive President inform us in writing of the concrete actions and solution proposals that the Interinstitutional Commission formed on February 19, 2024 has developed, when the suspension of the lesividad proceedings against the population of the Bahía Drake Plans was agreed, since 10 months have elapsed since this agreement by the Board of Directors of INDER. (…)”. Thus, email ...02 is an official means to receive requests from INDER. Likewise, on December 5, 2024, INDER, from email ...02, responded to the appellant as follows: “We acknowledge receipt, we will respond in a timely manner”. Now, after the notification of the resolution to the respondent authority, by email dated February 18, 2025, the executive presidency of the Institute of Rural Development communicated to the appellants, at the address indicated by them for receiving notifications, the following: “Regarding your submission of 11-29-2024, institutional official letter INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 is forwarded as the Institution’s legal opinion, previously and duly submitted to our Presidency of the Republic (proof is attached), in fulfillment and final intervention of our role and position in the “Comisión Interinstitucional Seguridad Jurídica-Región Brunca.” We appreciate you providing acknowledgment of receipt”. Likewise, official letter INDER-PE-AJ-OFI-1399-2024 states the following: “BACKGROUND • Between 1950 and 1965, a considerable number of farmers entered the abandoned Finca Osa Productos Forestales, constituted in 1958 with foreign capital, owner of approximately 47,513 hectares distributed across 13 farms, exploited solely for timber extraction, a fact widely described in Judgment No. 145 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice at 2:30 p.m. on August 29, 1991. • Executive Decree No. 8494-A of April 28, 1978, amended by Decrees numbers 9388 of November 30 of the same year and 10142 of June 12, 1979, established the Golfo Dulce Forest Reserve, considering that the lands included in the demarcation made "are not suitable for agriculture or livestock. The most appropriate use for them would be the rational exploitation of forest resources, while protecting the hydrographic basins that provide water to the agricultural areas of the zone" (considering 2 of Decree No. 8494-A). • Through Decree No. 10088-G-H of May 2, 1979, amended by No. 10244-G of July 5, 1979, the farms registered in the Puntarenas District are expropriated, with numbers 22048, and 8947, belonging to Agroindustrial Rincón S.A., and number 22046, owned by O. Sociedad Anónima, their nature being indicated, according to the Public Registry, as partly mountain and virgin forest land; virgin mountain land; and virgin mountain land, timber forests; respectively; and for what is of interest here, part of those lands are included within the Golfo Dulce Forest Reserve (…) • From the merging of farms numbers 22048, 8947, and 22046, by deed granted at 8:00 a.m. on September 4, 1980, farm No. 39334-000 of the Puntarenas District was created. • As a result of Constitutional Chamber resolution No. 1763-94 at 4:45 p.m. on April 13, 1994, which nullifies adjudications of parcels made by the IDA on lands within the Tivives Protected Zone, and the opinion of the Attorney General's Office, No. C-186-90 of November 8 of the same year, on October 31, 1996, the IDA signed an agreement with the Ministry of Environment and Energy for the transfer of lands administered by the former, located within protected wild areas.” • The Golfo Dulce Forest Reserve is administered by the Osa Conservation Area (ACOSA). According to its regulations and Forest Law No. 4465 of November 25, 1969, cultivating or improving was prohibited in that area because an exclusively conservationist policy existed. • These lands were immersed within the Golfo Dulce Forest Reserve, created by Executive Decree 8494-A of April 28, 1978, amended by Executive Decrees 9388 of November 30, 1978, and 10142 of June 12, 1979, lands that serve as a buffer function for Corcovado National Park. • With the ITCO being the owner of the lands ceded by the State, a gradual land titling process began in favor of those who were previously occupying the lands; all of the above under the concept of land colonization or agrarian reorganization, without subjecting the occupants of these lands to the socioeconomic beneficiary selection procedures of the land allocation programs, typical of land parceling processes; a process that began with the support of the pronouncement of the Attorney General's Office number C-143-83 of May 11, 1983 (…) • This process was executed in stages, given the size of the zone and the difficulties of access, with many areas falling behind due to the difficulty of topographic surveying or problems for titling. Subsequently, due to constitutional vote number 1763-1994 at 4:45 p.m. on April 13, 1994, the Constitutional Chamber, referring to the Tivives Protected Zone (…) • Faced with this panorama, the Institute of Agrarian Development (IDA) suspends the titling procedures, which causes a large number of controversies among those who claim and demand title deeds in the areas of the Osa Settlement, included within the Golfo Dulce Forest Reserve, or the Osa Settlement, covered by forest or of forest aptitude. The inclusion of the Osa Settlement within the Golfo Dulce Forest Reserve means that its affectation to the State Natural Heritage is automatic, and the IDA is forbidden from granting title deeds or any other right to private individuals, due to the inalienability and unseizability characteristic of public domain assets and the imprescriptibility of the replevin actions enjoyed by the State and the prohibition of titling, because these lands, before being in the name of the ITCO, were already affected by the State Natural Heritage.

• Regarding the impossibility of titling, the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), in opinion C-321-2003 of October 9, 2003 (…) • In addition to the foregoing, the report of the Office of the Comptroller General (Contraloría General de la República), number DFOE-ED-7-2007, orders the transfer of lands that form part of the State’s Natural Heritage to the Ministry of Environment and Energy, as the conservation and administration of these lands fall within its functional competence, through the National System of Conservation Areas. (A provision based on the Ley Forestal, articles 6, subsection a) and 13, second paragraph, and 14; Ley Orgánica del Ambiente, article 32, second paragraph) (…) Given the above, MINAET officials considered the segregation of the indicated 236-hectare area unfeasible, concluding at the end of the report that: “an area near the border where the 13-hectare Police border post is located would be a more feasible proposal from the standpoint of impact on the ecosystems present at the site and its surroundings.” This representation assumes that after that conclusion, it was decided to modify the area initially proposed, and consequently, the project being consulted refers specifically to the segregation of those 13 hectares that MINAET proposed as an option. Notwithstanding the foregoing, it must respectfully be noted that said technical report does not meet the necessary requirements to support the project being consulted. Note that it conducts a study of the 236 hectares that were initially proposed and concludes that the project is not viable from an environmental and social standpoint. However, said study does not explain in any way why that negative impact does not occur on the 13 hectares proposed, or in other words, there is, to date, no technical criterion that addresses the reasons why the segregation of the 12.3 hectares established in the consulted bill is viable. The requirement of article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente is clear, and technical studies must be available to justify the reduction of protected wild areas; therefore, in this specific case, what is appropriate is for MINAET to issue a new pronouncement on the matter, but this time regarding the proposed 12.3-hectare area, according to the coordinates described in the bill. To date, there is no technical study that addresses the viability of this project, as the one conducted referred to a larger area, concluding that it was not viable from an environmental and social standpoint. Therefore, justification must be provided as to why the new proposal does not generate a problem for the wetlands, the species in the area, the aquifers, and does not produce a social problem, as was detected in the initial proposal. Until such a technical criterion exists, it does not appear that the requirement of article 38 of the Ley Orgánica del Ambiente is being met, and consequently, this bill could not be approved.” Even with the discretion held by the Legislative Assembly to enact laws, in this case, as it concerns environmental protection of a constitutional nature, the law seeking to promote the reduction of a protected area, as is the case of the Reserva Forestal Golfo Dulce, must be based on especially conclusive technical studies that justify the need to remove the official protection (desafectar) of a specific protected wild area. CONCLUSIONS 1. The State, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), has the authority to establish protected wild areas, at the appropriate category level, which includes forest reserves. 2. MINAE likewise has the authority to expand protected wild areas, which includes the power to expropriate private properties, assuming for that purpose the corresponding compensation in favor of the affected owners. 3. A protected wild area can only be removed from official protection (desafectar) by means of a Law of the Republic, regardless of its category. The law promoting this removal of official protection must be based on conclusive technical studies that determine the necessary constitutional viability of the modification.”

In this regard, it is verified that, in response to the petitioners’ request, although it is true that the respondent authority sent them an email dated February 18, 2025, with the information indicated in the preceding paragraph, the truth is that this response does not address what was requested by the petitioners in their request of November 20, 2024. Note that in that request, the petitioners asked for “the actions and proposed solutions that the Inter-institutional Commission formed on February 19, 2024, has specifically developed”; but the truth is that in the response of February 18, 2025, the respondent authority refers to historical background regarding the allocations in the Asentamiento Campesino Osa, the applicable regulations, as well as a reference to a report from the Office of the Comptroller General (Contraloría General de la República), among other points, that is, nothing is indicated about the actions or proposals taken by the Inter-institutional Commission as of February 19, 2024, which was what was asked. Notably, it is observed that the conclusions of the official communication of February 18, 2025, stated the following to the petitioners: “CONCLUSIONS 1. The State, through the Ministry of Environment and Energy (MINAE), has the authority to establish protected wild areas, at the appropriate category level, which includes forest reserves. 2. MINAE likewise has the authority to expand protected wild areas, which includes the power to expropriate private properties, assuming for that purpose the corresponding compensation in favor of the affected owners. 3. A protected wild area can only be removed from official protection (desafectar) by means of a Law of the Republic, regardless of its category. The law promoting this removal of official protection must be based on conclusive technical studies that determine the necessary constitutional viability of the modification.” Thus, it is reiterated that said response does not address what the petitioners requested. Therefore, the matter must be granted with respect to this point.

IV.- Regarding the other issues in the request of November 20, 2024. Furthermore, this Tribunal verifies that, in the request of November 20, 2024, the petitioners mentioned several points that do not constitute a request for information, but rather a series of disagreements with the substantive matter, that is, with the allocations granted in the Asentamiento Campesino Osa. On this particular point, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional), regarding the Reserva Forestal Golfo Dulce, stated the following: “(…) seeking recognition of a right over a property that belongs to the State’s forest heritage and is therefore of public domain (demanial) nature. Based on the foregoing, it must be noted that it is not for this Chamber to intervene in the matter and determine, in accordance with the applicable infra-constitutional regulations, whether or not the expropriation in question proceeds, or whether any compensation is owed to the petitioner, as this is a matter that exceeds the summary nature of the amparo remedy and the competence of this Tribunal. Finally, the respondents report under the solemnity of oath that they have attended to each of the requests the petitioner has made, as the petitioner himself acknowledges in his filing brief. Hence, it is necessary to point out to the petitioner that, regarding his allegations that the responses are neither clear nor timely, this Tribunal is not a body for the qualitative review of responses, nor does it have the competence to substitute those criteria. For this reason, the plaintiff must raise his disagreements or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, avenues in which he may, in a broad manner, discuss the substance of the matter and assert his claims. Consequently, the appropriate course of action is to dismiss the appeal, as is hereby ordered” (see judgment no. 2023-025918 of 09:30 hours on October 13, 2023, issued within case file no. 23-016624-0007-CO).

Therefore, the appropriate course is to maintain the stated criterion and to indicate to the petitioners that these disagreements exceed the competences of this Tribunal, and that, if they deem it appropriate, they should raise their disagreements or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, avenues in which they may, in a broad manner, discuss the substance of the matter and assert their claims.

By virtue of the foregoing, with respect to this point, the appeal is dismissed.

V.- Conclusion. In summary, what is appropriate is to partially grant the appeal solely for the lack of response to the information request points from the request of November 20, 2024. For the rest, the appeal is dismissed.

VI.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Full Court in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Therefore:

The appeal is partially granted solely for the lack of response to the information request points from the request of November 20, 2024. Cindy Bravo Castro, in her capacity as general manager of the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural), or whoever holds the position, is ordered to take all necessary measures and coordinate what is pertinent, within the scope of their competences, so that, within a period of TEN DAYS, counted from the notification of this judgment, the petitioners’ information request of November 20, 2024, is addressed as legally appropriate and they are informed and provided “in writing with the actions and proposed solutions that the Inter-institutional Commission formed on February 19, 2024, has specifically developed, when the suspension of the declaration-of-harmfulness processes against the population of the Bahía Drake Plans was agreed upon, since 10 months have elapsed from this agreement by the Board of Directors of INDER.” The foregoing safeguarding personal data of restricted access, confidential data, and sensitive data, in accordance with current regulations. The respondent authority is warned that, according to the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a penalty of imprisonment from three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. For the rest, the appeal is dismissed. Let it be notified.





	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 



Fernando Cruz C.

	

 	

Paul Rueda L.



Luis Fdo. Salazar A.

	

 	

Jorge Araya G.



Anamari Garro V.

	

 	

Ana Cristina Fernandez A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 AIDV0JJ2JT061

EXPEDIENTE N° 25-003699-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:37:21.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República