Res. 18797-2025 Sala Constitucional — Denial of drinking water availability for technical reasonsDenegatoria de disponibilidad de agua potable por razones técnicas

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Sala Constitucional

Resolución Nº 18797 - 2025

Fecha de la Resolución: 20 de Junio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-008592-0007-CO

Redactado por: Ingrid Hess Herrera

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-008592-0007-CO

Res. Nº 2025018797

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-008592-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de residencia CED01, Nombre02, cédula de identidad CED02, Nombre03, cédula de identidad CED03, Nombre04, cédula de identidad CED04, MAUREEN TATIANA MORA MORA, cédula de identidad CED05, NIDIA EUGENIA MORA DELGADO, cédula de identidad CED06, Nombre05, cédula de identidad CED07, Nombre06, cédula de identidad CED08, contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 26 de marzo de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. Exponen que: “Nosotros vivimos en Matinilla de Santa Ana, San José, de la escuela Juan Álvarez Azofeifa 400 metros sur a mano derecha, del tanque del AyA a mano izquierda. En la finca número 42017. Se compone de varios derechos, donde vivimos aproximadamente 40 personas, entre ellas adultos mayores, niños, hemos realizado la solicitud de medidores al AyA realizando paso a paso los requisitos y simplemente nos rechazan el derecho al agua. Solicitamos por favor su ayuda para obtener el derecho a nuestra salud el punto más importante es el agua, ya no podemos vivir así, el pasado martes 5 de noviembre, llegaron los colaboradores del AyA a marcar cada propiedad para brindarles el servicio de tan preciado derecho y de nuestra propiedad hacia abajo, qué en realidad son 3 metros de distancia (Norte) (ver fotos) simplemente un no como respuesta, tenemos el tanque del AyA en la entrada de la propiedad por ese motivo no entendemos porque nos rechazan, tenemos muchos años haciendo la solicitud, por eso acudimos a ustedes ya que el agua no debe de negarse a nadie, es imposible vivir de esta manera, no tenemos agua ni para el servicio sanitario, tememos a enfermar, de la forma más humilde y amable solicitamos su ayuda.”. Solicita se declare con lugar el recurso, con las consecuencias de ley.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 16:06 horas del 31 de marzo de 2025, se dio curso al amparo. Asimismo, se le solicitó informe al gerente general y el subgerente de Gestión de Sistema GAM, ambos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

3.- Informa bajo juramento Alejandro Calderón Acuña, en su condición de subgerente de Gestión de Sistema GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Indica que: “Con fundamento en el memorando nro. SG-GSGAM-DyNS-2025-00231 de fecha 03 de abril del 2025, elaborado por la Ing. Yeilin Jiménez Venegas, funcionaria del departamento de Disponibilidades y Nuevos Servicios de la Subgerencia Gestión de Sistemas GAM, el cual se adjunta como prueba y forma parte integral del expediente administrativo, queda demostrado que: Analizando el sistema de disponibilidades, se verifican los antecedentes de la propiedad matrícula de folio real , donde se constata una solicitud de disponibilidad de agua potable, número de solicitud SIGDD-2021-00004471-1 ingresada el 22 de febrero del 2021, solicitada por Nombre07, para el inmueble matrícula folio real , plano catastro N°1-9592-1975, ubicado en la provincia de San José, cantón Santa Ana, distrito Salitral, misma que se otorgó negativa y la respuesta fue notificada en fecha 23 marzo del 2021, a la dirección de correo electrónico ...01. (Ver informe nro. SG-GSGAM-DyNS-2025-00231) Ahora bien, la denegatoria de la disponibilidad de agua potable por parte de la Institución obedece a razones técnicas; inicialmente, su ubicación topográfica impide el abastecimiento, ya que el inmueble se localiza a una altura superior a la salida del tanque, encontrándose por debajo del nivel de la propiedad, por ende, al superar la cota de abastecimiento del acueducto en la zona, no se puede dotar adecuadamente del recurso hídrico, por la diferencia de niveles existentes entre el tanque y la propiedad, adicionalmente, la finca se sitúa fuera del área de cobertura de los sistemas de AyA ya que las propiedades ubicadas cerca de la Escuela Juan Álvarez Azofeifa, aproximadamente a 400 metros norte del inmueble de la recurrente, se abastecen con agua que se factura con tarifa EM1 Especial (Sin Calidad Residencial), por tal razón, no es posible brindar una carta de capacidad hídrica e indicar las mejoras que se podrían realizar en el sistema para brindar el servicio, ya que la calidad del agua no es la óptima para brindar más servicios, de ser así se estaría incumpliendo con lo establecido en la normativa interna Institucional en cuanto a asegurar la dotación de un servicio de calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad. (Ver informe N°SG-GSGAM-DyNS-2025-00231) Asimismo, se recalca que la señora mbre01 r refiere a que en la finca habitan 40 personas aproximadamente, y se deduce que debe existir una o varias edificaciones donde residen, no obstante, el sitio donde se alojan fue edificado al margen de la normativa vigente, por cuanto los artículos 38, 57 y 58 de la Ley de Planificación Urbana 4240 y artículos 308, 309, 310, 311, 312 y 313 de la Ley General de Salud 5395; la Constancia de Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, es un requisito que las Municipalidades, INVU y demás entidades competentes, requieren de manera previa para la aprobación de los permisos de fraccionamiento y construcción correspondientes, siendo que su fin es determinar con anterioridad a la aprobación de un plano catastral o de construcción, la realidad actual de existencia de capacidad hídrica, hidráulica, de recolección y condiciones de carácter ambiental que ofrecen los sistemas de AyA en una zona determinada, así como vulnerabilidad que pueda comprometer otros proyectos.”. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- El 13 de junio del año en curso, la parte recurrente recurrente se apersona y reitera sus reclamos.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

 I.- CUESTIÓN PREVIA. Antes de analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia nro. 2008-2545 de las 08:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta demora de la Administración en una solicitud de medidores de agua potable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes señalan que viven en San José, Matinilla de Santa Ana, en la Dirección01. Reclaman que, han solicitado la instalación de medidores de agua en dicha propiedad; sin embargo, se les ha rechazado tal solicitud.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a.- El 22 de febrero de 2021, se registró una solicitud de agua potable para la propiedad matrícula nro. , plano catastro , la cual se le asignó nro. solicitud SIGDD-2021-00004471-1. (Ver informe rendido bajo juramento).

b.- El 23 de marzo de 2021, la autoridad recurrida resolvió de manera negativa la solicitud agua nro. SIGDD-2021-00004471-1 y se notificó al medio señalado por el solicitante. (Ver informe rendido bajo juramento).

c.- La negatoria del servicio de agua se debe a razones técnicas: la ubicación topográfica impide el abastecimiento, ya que el inmueble se localiza a una altura superior a la salida del tanque, encontrándose por debajo del nivel de la propiedad, por ende, al superar la cota de abastecimiento del acueducto en la zona, no se puede dotar adecuadamente del recurso hídrico, por la diferencia de niveles existentes entre el tanque y la propiedad, adicionalmente, la finca se sitúa fuera del área de cobertura de los sistemas de la autoridad accionada. (Ver informe rendido bajo juramento).

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente no demostrados los siguientes hechos:

ÚNICO.- Que a la fecha de la interposición del presente recurso de amparo -26 de marzo de 2025- se encuentre pendiente de resolver una solicitud de instalación de agua planteada por los recurrentes.

V.- SOBRE LA DENEGATORIA DE UNA SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS O IMPOSIBILIDAD JURÍDICA, FORMAL, TÉCNICA O MATERIAL. La jurisprudencia de la Sala ha reconocido el denominado derecho fundamental al agua, por el cual debe concederse a todas las personas la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a los servicios de agua potable, toda vez que esta resulta esencial para la vida y la salud humanas. No obstante, este carácter de derecho fundamental no implica un acceso irrestricto a los servicios de agua, ya que la administración puede establecer requisitos generales de necesario cumplimiento por cada solicitante para valorar su particular requerimiento. Particularmente en lo que respecta a la denegatoria de una solicitud de disponibilidad de agua potable por la inexistencia de infraestructura frente a la propiedad, este Tribunal en la sentencia nro. 2023-009594 de las 09:15 horas de 28 de abril de 2023, explicó:

“(…) III.- Sobre el caso concreto. Después de analizar los elementos probatorios aportados y los informes rendidos bajo juramento por las autoridades recurridas, con oportuno apercibimiento de las consecuencias previstas en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se tiene acreditado que el 18 de febrero de 2021, la recurrente presentó una solicitud disponibilidad de agua potable, para la propiedad Folio real 116166-000, plano catastro [Valor 003]. El 26 de febrero de 2021, por “Certificación de No Disponibilidad de Servicios de Acueducto y Alcantarillado” No. SIGDD-2021-00004257-1-1-1, dirigida a la recurrente se le comunica, en síntesis, lo siguiente: “NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD No existe red de agua potable frente a la propiedad. El inmueble no cuenta con factibilidad técnica y legal según el artículo 13 del Reglamento para la Prestación de los Servicios del AyA. El interesado puede presentarse a la oficina cantonal a formalizar la solicitud de extensión de ramal para realizar los estudios correspondientes. El usuario tiene a su haber los Recursos Ordinarios y Extraordinarios que establece el ordenamiento jurídico dentro del plazo legal e improrrogable de tres días hábiles a partir de la fecha de recibido, ante esta Oficina Cantonal”. Posteriormente, se constata que por lo anterior el 26 de febrero de 2021, la recurrente presentó una solicitud de extensión de ramal ante el instituto recurrido, al cual se le asigna el No. de expediente 2021-0011. Sin embargo, luego del estudio técnico correspondiente el 02 de noviembre de 2021, mediante oficio No. GSP-RHC-2021-00627 dirigido a la recurrente se le comunica lo siguiente: “En atención a su solicitud de disponibilidad de servicios de agua potable / alcantarillado sanitario, presentada ante esta Unidad Regional, relativa al proyecto extensión de ramal en servidumbre agrícola, el cual se ubicará en la propiedad con plano catastro [Valor 003], folio real [Valor 004], propiedad de [Nombre08 001], para la dotación de 5 servicios de agua potable en total, le comunico que como resultado de los estudio básicos e Informe Técnico que consta en el Oficio GSP-RHC-2021-01922 se determinó lo siguiente: NO HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE AL FRENTE DE LA PROPIEDAD. NO HAY DISPONIBILIDAD DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL FRENTE DE LA PROPIEDAD”.

En ese orden de consideraciones, se constata que el instituto recurrido rechazó la solicitud del servicio de agua potable bajo el argumento que no hay disponibilidad de agua y sistema de alcantarillado al frente de propiedad. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados, las municipalidades y demás instituciones que prestan el servicio de suministro de agua potable, pueden rechazar válidamente las solicitudes de servicio de agua potable que les sean formuladas o condicionarlas si existen razones técnicas o legales que así lo justifican. De esta forma, en sentencia No. 2016-006027 de las 09:05 horas del 06 de mayo de 2016, esta Sala consideró:

“Este Tribunal Constitucional en la sentencia 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014, que abordó una cuestión muy similar a la expuesta en el presente recurso, dispuso: '(...) Esta Sala ha indicado en reiteradas sentencias sobre el tema que el suministro de agua potable es considerado dentro del ordenamiento jurídico costarricense como un servicio público, y que como tal, todo prestador de servicios públicos -sea sujeto público o sujeto privado- está obligado a prestar el servicio de forma continua, eficiente, en condiciones de igualdad y debiendo adaptarse a los cambios tecnológicos (véase al respecto la sentencia 2001-09676 de las once horas veinticinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil uno y la sentencia 2004-08161 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del veintitrés de julio del dos mil cuatro). Resulta claro entonces concluir que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al ser uno de los entes estatales encargados de la prestación del servicio público de agua potable, está obligado también a prestar este servicio de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos los habitantes. Ahora bien, también la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha indicado que, frente a la imposibilidad jurídica (que es la falta de cumplimiento de requisitos establecidos en la reglamentación respectiva) o frente a la imposibilidad formal (que es la falta de una Red de Distribución de Aguas), es razonable no atender las solicitudes de servicio o solicitar que el interesado asuma los costos de instalación cuando no exista red de distribución de agua potable y se necesite la construcción de infraestructura. Así, en estos casos se ha tenido claro que no es que se trate de una negativa al acceso al servicio de agua potable, sino de la imposibilidad para brindarlo o de la necesaria participación del interesado en el levantamiento de una imposibilidad técnica, cual es, la falta de infraestructura. En otras palabras, siempre que la falta de dotación del servicio de agua potable no sea una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que esté justificada en la imposibilidad jurídica o material no estamos frente a la violación de derechos fundamentales. En el caso concreto, de la prueba aportada y del informe rendido bajo juramento, se corrobora que el AyA no ha rechazado arbitrariamente la solicitud planteada por la recurrente, sino por la falta del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnico-legales que existe el Reglamento de Prestación de Servicios a los Clientes de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para aprobar nuevos servicios”.

Este pronunciamiento puede complementarse con la sentencia No. 2017-005245 de las 10:00 horas del 07 de abril de 2017, que en lo conducente dispuso:

“Del informe rendido por las autoridades de la municipalidad recurrida se indica que el reclamo de la recurrente, respecto de si el lugar donde tiene la propiedad la señora Nombre09 está fuera o no del abastecimiento de agua, le corresponderá al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados referirse al respecto, ya que la Municipalidad no tiene competencia para ello. Y por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados menciona que han actuado conforme a la normativa que lo regula, ejerciendo su función rectora como corresponde, llevando a cabo en todo momento actuaciones debidamente fundamentadas y razonadas como se detalló, se evidencia así que el Instituto ha procedido conforme a derecho, ya que según el informe técnico emitido por la UEN Optimización de Sistemas Nuevos Desarrollos GAM, oficio UEN-OSND-GAM- 2017-00082, se indica claramente que para el inmueble que cita la señora Nombre10 en su recurso de amparo, no existe la disponibilidad de agua potable. Además agrega el informe, que en análisis de los antecedentes de este inmueble se tiene que pertenecía a la propiedad con catastro [Valor 005] y según consulta al Registro Nacional, ésta última fue fraccionada y de la misma resultaron cuatro propiedades sin mediar la gestión del trámite de disponibilidad para dicho fraccionamiento. Así las cosas, esta Sala no logra acreditar ninguna omisión o actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, en consecuencia lo correspondiente es declarar sin lugar el amparo, y reiterar que según la prueba aportada, la falta de dotación del servicio de agua potable en el lote de la recurrente no es una actuación antojadiza, arbitraria o sin fundamento, sino que está justificada en la inexistencia de disponibilidad de agua potable en el sector. (Ver en similar sentido las sentencias números 2014-9134 de las 14:05 horas del 19 de junio de 2014 y 2016007240 de las 09:20 horas del 27 de mayo 2017, entre otras). Bajo esa inteligencia, no se está frente a la infracción de derechos fundamentales y, por ello, lo pertinente es desestimar el recurso de amparo”.

Sobre la denegatoria del servicio de agua potable por razones objetivas, se impone mencionar la sentencia No. 2019-023102 de las 08:50 horas del 22 de noviembre de 2019, al conocer de un amparo similar la Sala declaró lo siguiente:

“Por otro lado, en el informe dado bajo la gravedad de juramento por parte de la autoridad recurrida, se explica que si bien hay propiedades que colindan con la de la recurrente, que cuentan con el servicio de agua, ello se debe a que presentan características distintas. Distingue que, los tres fundos derivados de la finca madre 2-254199-000, entre los que se encuentra el de la recurrente, se catastraron en abril del año 2018, según se verifica en el plano aportado por la interesada, en fecha posterior a los pronunciamientos C-258-2017 del 9 de noviembre del 2017 y C-300-2017 del 13 de diciembre del 2017 de la Procuraduría General de la República (PGR), los cuales confirman la plena vigencia de las obligaciones contenidas en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana, al tiempo que recuerda la necesidad de obtener la aprobación previa por parte del AyA, en respuesta a lo dispuesto en el artículo 21 de su ley constitutiva. Así las cosas, al no desprenderse que a los lotes segregados de la finca madre del fundo propiedad de la recurrente, se les haya dado la disponibilidad pese a no contar con el visto del AyA - necesario para el fraccionamiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA, N° 2726- o con el visto bueno del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de conformidad con lo señalado en el artículo 10, inciso 2) de la Ley de Planificación Urbana y el artículo 21 de la Ley Constitutiva del AyA; se descarta un trato desigual en perjuicio de la tutelada, y se aprecia que la denegatoria de disponibilidad de agua potable se fundamentó en razones objetivas. Corolario de lo anterior, se descarta que la actuación de la autoridad recurrida haya sido arbitraria y procede desestimar el recurso en todos sus extremos, como en efecto se dispone, no sin antes advertir a la recurrente su derecho de cuestionar lo resuelto en relación con su solicitud de agua potable, ante la autoridad o ante la jurisdicción contenciosa administrativa”

Bajo tal estado de las cosas, el instituto recurrido rechazó la petición de la parte amparada, haciéndole saber cabalmente las razones de orden técnico por las cuales no procedía atender su solicitud, como es que no hay disponibilidad de agua potable al frente de la propiedad, pues no hay sistema de alcantarillado. La procedencia o no del servicio solicitado no es un asunto que deba discutirse en esta jurisdicción, toda vez que es ajeno al ámbito de su competencia y cabe agregar que en reiteradas ocasiones este Tribunal ha sostenido que resulta posible desestimar las gestiones presentadas para el otorgamiento del servicio de agua potable, cuando se presenten imposibilidades técnicas, incumplimiento de requisitos infraconstitucionales o existan criterios técnicos o legales que así lo justifiquen. Por otra parte, este Sala no debe fungir como mediador ante una determinada persona física o jurídica ‒ya sea ésta última de derecho público o privado‒, para interceder por una tercera persona a fin de que se le conceda lo que las partes recurrentes pretenden, tal y como así lo solicita el gestionante que se proceda en este caso. Por ello, deberá plantear sus inconformidades o reclamos ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se desestima el recurso como en efecto se dispone (…)” (el énfasis no pertenece al original).

Se entiende, entonces, que si bien existe un derecho fundamental al agua que puede ser exigido ante el ICAA o ante las respectivas ASADAS, la prestación del servicio también puede sujetarse al cumplimiento de los requisitos establecidos para su otorgamiento y a que exista posibilidad material de suministro, esto es, que no existan situaciones técnicas que imposibiliten o desaconsejen brindarlo.

VI.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes señalan que viven en San José, Matinilla de Santa Ana, en la Dirección01. Reclaman que, han solicitado la instalación de medidores de agua en dicha propiedad; sin embargo, se les ha rechazado tal solicitud.

Al respecto, del estudio de los autos, se tiene por demostrado que el 22 de febrero de 2021, se registró una solicitud de agua potable para la propiedad matrícula nro. 1-42017-000, plano catastro 1-9592-1975, la cual se le asignó nro. solicitud SIGDD-2021-00004471-1.  El 23 de marzo de 2021, la autoridad recurrida resolvió de manera negativa la solicitud agua planteada y se notificó al medio señalado por el solicitante. Dicha negatoria se debe a razones técnicas: la ubicación topográfica impide el abastecimiento, ya que el inmueble se localiza a una altura superior a la salida del tanque, encontrándose por debajo del nivel de la propiedad, por ende, al superar la cota de abastecimiento del acueducto en la zona, no se puede dotar adecuadamente del recurso hídrico, por la diferencia de niveles existentes entre el tanque y la propiedad, adicionalmente, la finca se sitúa fuera del área de cobertura de los sistemas de la autoridad accionada.

La recurrente cuestiona la denegatoria de la disponibilidad de agua potable. Sobre el particular, de lo expuesto en el considerando anterior, es claro que la disponibilidad de agua de los recurrentes fue denegada por razones técnicas, por lo que no se trató de una decisión antojadiza o arbitraria del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, sino debidamente sustentada desde una perspectiva técnica que impide garantizar las condiciones mínimas del servicio. De ahí que al constatarse que la denegatoria obedece a criterios técnicos y legales la disconformidad con estos no son cuestiones que deban discutirse en esta Jurisdicción, por tratarse de un conflicto de legalidad ordinaria ajeno al ámbito de competencia de esta Sala. Bajo este panorama, se le debe advertir que no le compete a este Tribunal determinar la procedencia o no de la disponibilidad de agua ni mucho menos le compete ordenar que se le otorgue la disponibilidad de agua pretendida, tales extremos son ajenos al ámbito de competencia de esta jurisdicción especializada. Por ello, si la recurrente considera que existió alguna irregularidad en la resolución de su caso, deberá -si a bien lo tiene- plantear sus inconformidades o reclamos ante la propia autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones.

Además, de la prueba aportada en autos no se acredita que a la fecha de la interposición del presente recurso de amparo -26 de marzo de 2025- se encuentre pendiente de resolver una solicitud de instalación de agua planteada por los recurrentes, por lo que no existe una falta de respuesta que le sea reprochable a los recurridos.

En consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial” (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

 

 

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 47QL9TYBSZAI61

EXPEDIENTE N° 25-008592-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:39:00.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Grande
Normal
Pequeña
Constitutional Chamber

Resolution No. 18797 – 2025

Date of Resolution: June 20, 2025, at 09:20

File: 25-008592-0007-CO

Drafted by: Ingrid Hess Herrera

Type of matter: Amparo remedy

Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER

Text of the resolution

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File: 25-008592-0007-CO

Res. No. 2025018797

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes on June twentieth, two thousand twenty-five.

Amparo remedy processed under file number 25-008592-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, identity card CED02, Nombre03, identity card CED03, Nombre04, identity card CED04, MAUREEN TATIANA MORA MORA, identity card CED05, NIDIA EUGENIA MORA DELGADO, identity card CED06, Nombre05, identity card CED07, Nombre06, identity card CED08, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS.

WHEREAS:

1.- By document incorporated into the digital file on March 26, 2025, the petitioners file an amparo remedy against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS. They state that: "We live in Matinilla de Santa Ana, San José, from the Juan Álvarez Azofeifa school 400 meters south on the right, from the AyA tank on the left. On farm number 42017. It is composed of several rights, where approximately 40 of us live, including older adults and children, we have made the request for meters to the AyA by completing the requirements step by step and they simply deny us the right to water. We ask for your help please to obtain the right to our health, the most important point is water, we cannot live like this anymore, last Tuesday, November 5th, the AyA collaborators arrived to mark each property to provide the service of such a precious right and from our property downwards, which is actually 3 meters distance (North) (see photos) simply a no as an answer, we have the AyA tank at the entrance of the property for that reason we do not understand why they reject us, we have been making the request for many years, that is why we come to you since water should not be denied to anyone, it is impossible to live this way, we have no water even for the sanitary service, we are afraid of getting sick, in the most humble and kind way we ask for your help." They request the remedy be granted, with the legal consequences.

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 4:06 p.m. on March 31, 2025, the amparo was admitted for processing. Likewise, a report was requested from the general manager and the deputy manager of GAM System Management, both of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers.

3.- Alejandro Calderón Acuña reports under oath, in his capacity as deputy manager of GAM System Management of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. He indicates that: "Based on memorandum no. SG-GSGAM-DyNS-2025-00231 dated April 3, 2025, prepared by Eng. Yeilin Jiménez Venegas, an official of the Department of Availabilities and New Services of the GAM System Management Sub-Management, which is attached as evidence and forms an integral part of the administrative file, it is demonstrated that: Analyzing the availability system, the background of the property registered under folio real number , is verified, where a request for potable water availability is found, application number SIGDD-2021-00004471-1 entered on February 22, 2021, requested by Nombre07, for the property registered under folio real number , cadastre plan No. 1-9592-1975, located in the province of San José, canton Santa Ana, district Salitral, which was denied and the response was notified on March 23, 2021, to the email address ...01. (See report no. SG-GSGAM-DyNS-2025-00231) Now, the denial of potable water availability by the Institution is due to technical reasons; initially, its topographical location prevents supply, since the property is located at a height higher than the tank outlet, being below the level of the property, therefore, by exceeding the supply elevation of the aqueduct in the area, the water resource cannot be adequately provided, due to the difference in existing levels between the tank and the property, additionally, the farm is located outside the coverage area of the AyA systems since the properties located near the Juan Álvarez Azofeifa School, approximately 400 meters north of the petitioner's property, are supplied with water billed under the Special EM1 tariff (Without Residential Quality), for this reason, it is not possible to provide a water capacity letter and indicate the improvements that could be made to the system to provide the service, since the water quality is not optimal to provide more services, if so, it would be breaching what is established in the internal Institutional regulations regarding ensuring the provision of a quality, quantity, continuity, and reliability service. (See Report No. SG-GSGAM-DyNS-2025-00231) Likewise, it is emphasized that Mrs. mbre01 refers to the fact that approximately 40 people live on the farm, and it is deduced that there must be one or several buildings where they reside, however, the site where they reside was built outside the current regulations, pursuant to articles 38, 57, and 58 of the Urban Planning Law 4240 and articles 308, 309, 310, 311, 312, and 313 of the General Health Law 5395; the Certificate of Availability of Aqueduct and Sanitary Sewer Services is a requirement that the Municipalities, INVU, and other competent entities require prior to the approval of the corresponding subdivision (fraccionamiento) and construction permits, since its purpose is to determine, prior to the approval of a cadastre or construction plan, the current reality of the existence of water capacity, hydraulic capacity, collection capacity, and environmental conditions offered by the AyA systems in a given area, as well as vulnerability that may compromise other projects." He requests the remedy be denied.

4.- On June 13 of the current year, the petitioner party appeared and reiterated their complaints.

5.- The legal prescriptions have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Hess Herrera; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter —due to the alleged violation of the right to a prompt and completed procedure— it must be clarified that, as of Judgment no. 2008-2545 from 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the administrative contentious jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is disputed whether the public administration has complied or not with the deadlines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative remedies. Precisely, in the sub lite case, an exception is raised, as it involves the Administration's alleged delay in a request for potable water meters. Having clarified this point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.

II.- PURPOSE OF THE REMEDY. The petitioners state that they live in San José, Matinilla de Santa Ana, at Dirección01. They claim that they have requested the installation of water meters on said property; however, such request has been rejected.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

a.- On February 22, 2021, a potable water request was registered for property registration number , cadastre plan , which was assigned application number SIGDD-2021-00004471-1. (See report rendered under oath).

b.- On March 23, 2021, the respondent authority resolved the water application no. SIGDD-2021-00004471-1 negatively and it was notified to the means indicated by the applicant. (See report rendered under oath).

c.- The denial of water service is due to technical reasons: the topographical location prevents supply, since the property is located at a height higher than the tank outlet, being below the level of the property, therefore, by exceeding the supply elevation of the aqueduct in the area, the water resource cannot be adequately provided, due to the difference in existing levels between the tank and the property, additionally, the farm is located outside the coverage area of the systems of the respondent authority. (See report rendered under oath).

IV.- UNPROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed not duly proven:

SOLE.- That as of the date of filing of this amparo remedy —March 26, 2025— a water installation request filed by the petitioners is pending resolution.

V.- CONCERNING THE DENIAL OF A POTABLE WATER AVAILABILITY REQUEST DUE TO NON-COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OR LEGAL, FORMAL, TECHNICAL, OR MATERIAL IMPOSSIBILITY. The Chamber's jurisprudence has recognized the so-called fundamental right to water, by which all persons must be granted the possibility of accessing, under conditions of equality, potable water services, since it is essential for human life and health. However, this nature of a fundamental right does not imply unrestricted access to water services, as the administration may establish general requirements that must necessarily be met by each applicant to assess their particular request. Particularly regarding the denial of a potable water availability request due to the inexistence of infrastructure in front of the property, this Court, in judgment no. 2023-009594 from 9:15 a.m. on April 28, 2023, explained:

"(…) III.- On the specific case. After analyzing the evidentiary elements provided and the reports rendered under oath by the respondent authorities, with timely warning of the consequences provided in article 44 of the Constitutional Jurisdiction Law, it is accredited that on February 18, 2021, the petitioner filed a potable water availability request, for the property Folio real 116166-000, cadastre plan [Value 003]. On February 26, 2021, by 'Certification of No Availability of Aqueduct and Sewer Services' No. SIGDD-2021-00004257-1-1-1, addressed to the petitioner, the following is communicated, in summary: 'THERE IS NO AVAILABILITY OF POTABLE WATER IN FRONT OF THE PROPERTY THERE IS NO AVAILABILITY OF SEWER SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY There is no potable water network in front of the property. The property does not have technical and legal feasibility according to article 13 of the Regulation for the Provision of Services of the AyA. The interested party may appear at the cantonal office to formalize the branch extension (extensión de ramal) request to carry out the corresponding studies. The user has at their disposal the Ordinary and Extraordinary Remedies established by the legal system within the legal and non-extendable period of three business days from the date of receipt, before this Cantonal Office'. Subsequently, it is verified that due to the foregoing, on February 26, 2021, the petitioner filed a branch extension request before the respondent institute, which was assigned File No. 2021-0011. However, after the corresponding technical study on November 2, 2021, by official letter No. GSP-RHC-2021-00627 addressed to the petitioner, the following is communicated: 'In response to your request for availability of potable water / sanitary sewer services, filed before this Regional Unit, relating to the branch extension project in agricultural easement (servidumbre agrícola), which will be located on the property with cadastre plan [Value 003], folio real [Value 004], property of [Name08 001], for the provision of 5 potable water services in total, I inform you that as a result of the basic studies and Technical Report recorded in Official Letter GSP-RHC-2021-01922, the following was determined: THERE IS NO AVAILABILITY OF POTABLE WATER IN FRONT OF THE PROPERTY. THERE IS NO AVAILABILITY OF SANITARY SEWER SYSTEM IN FRONT OF THE PROPERTY'.

In that order of considerations, it is verified that the respondent institute rejected the potable water service request under the argument that there is no water and sewer system availability in front of the property. In this regard, this Court has indicated that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the managing associations of aqueducts and sewers, the municipalities, and other institutions that provide potable water supply service, may validly reject the potable water service requests made to them or condition them if there are technical or legal reasons that justify it. Thus, in Judgment No. 2016-006027 from 9:05 a.m. on May 6, 2016, this Chamber considered:

'This Constitutional Court, in judgment 2014-9134 from 2:05 p.m. on June 19, 2014, which addressed an issue very similar to the one presented in this remedy, provided: '(...) This Chamber has indicated in reiterated judgments on the subject that the supply of potable water is considered within the Costa Rican legal system as a public service, and that as such, every public service provider —whether a public entity or a private entity— is obligated to provide the service continuously, efficiently, under conditions of equality, and must adapt to technological changes (see in this regard judgment 2001-09676 from eleven hours twenty-five minutes on September twenty-sixth, two thousand one, and judgment 2004-08161 from ten hours fifty-three minutes on July twenty-third, two thousand four). It is therefore clear to conclude that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, being one of the state entities in charge of providing the public potable water service, is also obligated to provide this service continuously, adaptably, efficiently, and equally to all inhabitants. Now, the jurisprudence of this Constitutional Court has also indicated that, in the face of legal impossibility (which is the lack of compliance with requirements established in the respective regulations) or in the face of formal impossibility (which is the lack of a Water Distribution Network), it is reasonable not to attend to service requests or to request that the interested party assume the installation costs when there is no potable water distribution network and the construction of infrastructure is needed. Thus, in these cases, it has been clear that it is not a denial of access to the potable water service, but rather the impossibility of providing it or the necessary participation of the interested party in overcoming a technical impossibility, namely, the lack of infrastructure. In other words, as long as the failure to provide the potable water service is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by legal or material impossibility, we are not facing a violation of fundamental rights. In the specific case, from the evidence provided and the report rendered under oath, it is corroborated that the AyA has not arbitrarily rejected the request filed by the petitioner, but rather due to the failure to comply with all the technical-legal requirements that exist in the Regulation for the Provision of Services to Clients of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to approve new services'.

This pronouncement can be complemented with Judgment No. 2017-005245 from 10:00 a.m. on April 7, 2017, which, as relevant, provided:

'From the report rendered by the authorities of the respondent municipality, it is indicated that the petitioner's claim, regarding whether the place where Mrs. Nombre09 has the property is outside the water supply area or not, will be up to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to address, since the Municipality has no competence for this. And for its part, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers mentions that they have acted in accordance with the regulations that govern it, exercising its governing function as corresponds, carrying out at all times duly substantiated and reasoned actions as detailed, it is thus evident that the Institute has proceeded in accordance with the law, since according to the technical report issued by the UEN Optimization of New Development Systems GAM, official letter UEN-OSND-GAM- 2017-00082, it is clearly indicated that for the property cited by Mrs. Nombre10 in her amparo remedy, there is no potable water availability. The report also adds, that in the analysis of the background of this property, it is found that it belonged to the property with cadastre [Value 005] and according to a query to the National Registry, the latter was subdivided (fraccionada) and four properties resulted from it without the management of the availability procedure for said subdivision (fraccionamiento). Thus, this Chamber cannot accredit any omission or arbitrary action on the part of the respondent authority, consequently, what is appropriate is to deny the amparo, and reiterate that according to the evidence provided, the lack of provision of the potable water service on the petitioner's lot is not a whimsical, arbitrary, or unfounded action, but is justified by the inexistence of potable water availability in the sector. (See in similar sense judgments numbers 2014-9134 from 2:05 p.m. on June 19, 2014, and 2016007240 from 9:20 a.m. on May 27, 2017, among others). Under this understanding, we are not facing the infringement of fundamental rights and, therefore, it is pertinent to dismiss the amparo remedy'.

Regarding the denial of potable water service for objective reasons, it is necessary to mention Judgment No. 2019-023102 from 8:50 a.m. on November 22, 2019, upon hearing a similar amparo, the Chamber declared the following:

'On the other hand, in the report given under the gravity of oath by the respondent authority, it is explained that although there are properties bordering the petitioner's, which have water service, this is because they present different characteristics. It distinguishes that the three fundi derived from the parent farm 2-254199-000, among which is the petitioner's, were cadastred in April 2018, as verified in the plan provided by the interested party, on a date subsequent to pronouncements C-258-2017 of November 9, 2017, and C-300-2017 of December 13, 2017, from the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República, PGR), which confirm the full validity of the obligations contained in article 10, subsection 2) of the Urban Planning Law, while recalling the need to obtain prior approval from the AyA, in response to the provisions of article 21 of its constitutive law. Thus, since it does not emerge that the lots segregated from the parent farm of the fundus owned by the petitioner were granted availability despite not having the AyA's approval —necessary for the subdivision (fraccionamiento), in accordance with the provisions of article 21 of the Constitutive Law of AyA, No. 2726— or the approval of the National Institute of Housing and Urbanism (INVU), in accordance with the provisions of article 10, subsection 2) of the Urban Planning Law and article 21 of the Constitutive Law of AyA; unequal treatment to the detriment of the protected party is ruled out, and it is appreciated that the denial of potable water availability was based on objective reasons. As a corollary of the foregoing, it is ruled out that the action of the respondent authority was arbitrary and it is appropriate to dismiss the remedy in all its extremes, as is hereby ordered, not without first warning the petitioner of her right to question what was resolved in relation to her potable water request, before the authority or before the administrative contentious jurisdiction'

Under such a state of things, the respondent institute rejected the petition of the amparo-protected party, fully informing them of the technical reasons why their request could not be attended to, such as that there is no potable water availability in front of the property, as there is no sewer system. The appropriateness or not of the requested service is not a matter to be discussed in this jurisdiction, since it is outside the scope of its competence, and it should be added that on reiterated occasions this Court has held that it is possible to dismiss the procedures presented for the granting of potable water service, when technical impossibilities arise, non-compliance with infra-constitutional requirements exist, or there are technical or legal criteria that justify it. On the other hand, this Chamber must not act as a mediator before a specific individual or legal entity —whether the latter is governed by public or private law— to intercede for a third party so that the petitioner parties' claims are granted, just as the petitioner requests to proceed in this case. Therefore, they must raise their disagreements or claims before the respondent authority or in the competent jurisdictional venue, venues where they can, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims. Consequently, the remedy is dismissed as is hereby ordered (…)” (the emphasis is not in the original).

It is understood, then, that although there is a fundamental right to water that can be demanded before the ICAA or before the respective ASADAS, the provision of the service can also be subject to compliance with the requirements established for its granting and to the material possibility of supply, that is, that there are no technical situations that make it impossible or inadvisable to provide it.

VI.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the petitioners state that they live in San José, Matinilla de Santa Ana, at Dirección01. They claim that they have requested the installation of water meters on said property; however, such request has been rejected.

In this regard, from the study of the case records, it is proven that on February 22, 2021, a potable water request was registered for property registration number 1-42017-000, cadastre plan 1-9592-1975, which was assigned application number SIGDD-2021-00004471-1. On March 23, 2021, the respondent authority resolved the water application filed negatively and it was notified to the means indicated by the applicant. Said denial is due to technical reasons: the topographical location prevents supply, since the property is located at a height higher than the tank outlet, being below the level of the property, therefore, by exceeding the supply elevation of the aqueduct in the area, the water resource cannot be adequately provided, due to the difference in existing levels between the tank and the property, additionally, the farm is located outside the coverage area of the systems of the respondent authority.

The petitioner questions the denial of potable water availability. On this point, from what was stated in the preceding considering, it is clear that the petitioners' water availability was denied for technical reasons, meaning it was not a whimsical or arbitrary decision by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, but rather duly supported from a technical perspective that prevents guaranteeing the minimum conditions of the service. Hence, by verifying that the denial obeys technical and legal criteria, disagreement with these are not issues to be discussed in this Jurisdiction, as it involves a conflict of ordinary legality outside the scope of competence of this Chamber. Under this panorama, they must be warned that it is not up to this Court to determine the appropriateness or not of the water availability, much less is it up to it to order that the intended water availability be granted; such extremes are outside the scope of competence of this specialized jurisdiction. Therefore, if the petitioner considers that any irregularity existed in the resolution of their case, they must —if they so choose— raise their disagreements or claims before the respondent authority itself or in the competent jurisdictional venue, venues where they can, in a broad manner, discuss the merits of the matter and assert their claims.

Furthermore, from the evidence provided in the records, it is not accredited that as of the date of filing of this amparo remedy —March 26, 2025— a water installation request filed by the petitioners is pending resolution, so there is no lack of response attributable to the respondents.

Consequently, the appropriate action is to deny the remedy.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or produced by new technologies, these must be withdrawn within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not picked up within that period will be destroyed, based on the “Regulation on Electronic File before the Judicial Branch” (approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, and published in Judicial Bulletin no. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Superior Council of the Judicial Branch no. 43-12 of May 3, 2012.

THEREFORE:

The remedy is denied.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Jorge Isaac Solano A.

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Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección02, Dirección03, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church).

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