Res. 18806-2025 Sala Constitucional — Tajo COMAG: Amparo on Contamination and Access to Administrative FileTajo COMAG: amparo sobre contaminación y acceso a expediente administrativo

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Sala Constitucional

Resolución Nº 18806 - 2025

Fecha de la Resolución: 20 de Junio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-009904-0007-CO

Redactado por: Paul Rueda Leal

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-009904-0007-CO

Res. Nº 2025018806

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .

 

Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-009904-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra el MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, el MINISTERIO DE SALUD y la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Resultando:

 

1.- Por escrito incorporado al expediente el 7 de abril de 2025, el accionante interpone recurso de amparo. Manifiesta que el 28 de marzo de 2025, en el medio digital Radio Zurquí se publicó dentro del apartado de nacionales la noticia intitulada "Tajo COMAG: Desechos tóxicos y corrupción bajo la mirada de las autoridades". Ahí se señaló lo siguiente: "Un escándalo ambiental que amenaza a Costa Rica", "Municipalidad de San José y ministerios permiten crimen ambiental en botadero ilegal". Indica que en dicha publicación se indica lo siguiente: "Una denuncia recibida en la redacción de Radio Zurquí ha revelado el funcionamiento ilegal de Tajo COMAG, un sitio ubicado en San José que recibe desechos de construcción y materiales altamente tóxicos, contaminando los mantos acuíferos, el suelo, la vida silvestre y poniendo en grave riesgo la salud humana. Lo más alarmante es que esta actividad opera sin control alguno por parte de instituciones responsables como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, la Municipalidad de San José y el Tribunal Ambiental Administrativo, quienes, a pesar de múltiples denuncias y evidencia contundente, no han detenido esta práctica criminal. ¿Quién paga para contaminar? Diversas empresas constructoras están pagando para que sus desechos sean lanzados en este botadero ilegal, eludiendo los protocolos ambientales establecidos. A cambio de ahorrar unos cuantos millones de colones, estas compañías podrían estar actuando de manera cómplice, entregando sus residuos a terceros que prometen llevarlos a sitios autorizados, pero que en realidad los vierten o queman en espacios prohibidos como Tajo COMAG. Se ha documentado que estos operadores presentan boletas falsas o válidas solo una vez, y luego se deshacen del resto de los residuos en forma clandestina, muchas veces a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento. Desechos tóxicos y silencio institucional. Entre los residuos depositados ilegalmente en este sitio se encuentran asbestos, químicos industriales y materiales altamente contaminantes, cuyo manejo indebido no solo viola la ley, sino que representa una amenaza directa para la salud pública y el equilibrio ecológico. El Ministerio de Salud, dirigido actualmente por la Vicepresidenta de la República, así como el Ministerio del Ambiente, han sido señalados por su inacción Municipalidad de San José indiferente, que permite que esta operación continue sin sanción alguna. ¿Complicidad, negligencia o corrupción? El caso de Tajo COMAG plantea una pregunta inquietante: ¿Son las empresas constructoras conscientes de que sus residuos terminan en un botadero ilegal? ¿Qué sabe la Municipalidad de San José? ¿Cuáles intereses están impidiendo que las autoridades actúen? Mientras las instituciones forman comisiones y analizan documentos, el daño ambiental se sigue acumulando. La falta de control, la corrupción institucional y el intercambio de favores permiten que este crimen ambiental continue a plena luz del día. Un llamado urgente a la acción. La ciudadanía exige una respuesta inmediata. Este no es un caso aislado: Tajo COMAG podría ser solo la punta del iceberg en una red de botaderos ilegales que operan a lo largo del país. Es imperativo que: o Se clausuren inmediatamente estos focos de contaminación. o Se sancione a las empresas constructoras que incumplen la ley. o Se transparenten los procesos de manejo de residuos. o Se refuercen los controles en los centros autorizados para impedir el uso fraudulento de sus permisos. Costa Rica no puede seguir permitiendo que unos pocos destruyan el futuro ambiental del país. ¡EI momento de actuar es ahora!". Afirma que el 26 de octubre de 2023 le solicitó al Ministerio de Salud mediante correo electrónico y documento, con base en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y el numeral 6 de la Ley Reguladora del Derecho de Petición, particularmente al área Rectora de Salud de Pavas así como a la Dirección Región Central Sur del Ministerio de Salud, el tener acceso a la información pública correspondiente a la Planta Asfáltica CBZ en Rincón Grande de Pavas. Reclama que tal información no le ha sido suministrada, lo que lesiona sus derechos fundamentales. Solicita además que se declare la violación al ordinal 50 de la Constitución Política.

2.- Mediante resolución de las 20:28 horas de 9 de abril de 2025, la Presidencia de la Sala le previno al accionante aportar documentación.

3.- Por escrito incorporado al expediente el 25 de abril de 2025, el recurrente aporta la documentación requerida.

4.- Mediante resolución de las 15:27 horas de 2 de mayo de 2025, la Presidencia de la Sala le dio curso al proceso y le solicitó informe al director del Área Rectora de Salud de Pavas y al jefe de la Oficina de Regulación de la Salud, ambos del Ministerio de Salud; al ministro de Ambiente y Energía; así como al alcalde y al presidente del Concejo, ambos de la Municipalidad de San José.

5.- Por escrito incorporado al expediente el 6 de mayo de 2025, Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía, informa: “El recurso de amparo es un proceso judicial que se tramita en la Sala Constitucional y que constituye la denominada jurisdicción constitucional de la libertad, su existencia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país. La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece en su numeral 29 que el recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta ley, salvo los protegidos por el de hábeas corpus, establece además que procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos. No sólo procede contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. En el ordenamiento jurídico costarricense, el Recurso de Amparo se desprende de las normas constitucionales 10 y 48 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los derechos consagrados en la Constitución, así como de los de carácter fundamental, establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Existe todo un título dentro de este cuerpo normativo, donde se establecen una serie de derechos y garantías individuales tales como el derecho a la vida en el artículo 21, el derecho a la intimidad, libertad y secreto de las comunicaciones del artículo 24, el derecho de igualdad que se consagra en el artículo 33, derecho que tienen los consumidores y usuarios (de servicios públicos) a la protección del ambiente en el artículo 46 y muchos otros, establecidos dentro de los derechos y garantías sociales, tales como derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el correlativo deber estatal de tutelarlo artículo 50 y deber estatal de proteger las bellezas naturales, lo que supone una tutela por lo menos indirecta del ambiente o parcial de éste en tanto apunta a un aspecto que lo integra: los paisajes naturales, en el artículo 89. La Sala Constitucional sólo está sometida a la Constitución, a la Ley y su jurisprudencia y precedentes son vinculantes erga omnes salvo para sí misma. Esta disposición es importante dado que lo resuelto por la Sala es vinculante para los demás órganos públicos, tanto administrativos como judiciales, así como para todos los particulares. IV. DE LA RESOLUCIÓN DE LAS QUINCE HORAS VEINTISIETE MINUTOS DEL D En relación con la parte dispositiva de la citada resolución y siendo como se indicó que los hechos son prácticamente los mismos que se conocieron dentro del primer recurso de amparo trasladado a este Ministerio el día 08 de abril del 2025, es que este Despacho procede a rendir este segundo informe en los siguientes términos: 4.1: Se informa que por oficio DAJ-MINAE-0675-2025 del día 10 de abril de 2025, este Despacho y su Asesoría Jurídica, le requirió al Contralor Ambiental de la Contraloría Ambiental, rendir informe en cuanto a los hechos denunciados. Que la respuesta a la anterior misiva por remitida mediante oficio suscrito por el señor Contralor Olman Mora, por oficio CA-107-2025 del día 23 de abril del presente año, que se aporta como prueba a este informe. 4.2: Se informa que por oficio DAJ-MINAE-0676-2025 del día 10 de abril del 2025, este Despacho y su Asesoría Jurídica, le requirió a la Presidencia del Tribunal Ambiental Administrativo, (TAA) rendir informe en cuanto a los hechos denunciados. Que la respuesta a la anterior misiva por remitida mediante oficio suscrito por la Presidenta del TAA, Licda. Mauren Solís, por oficio Nº O-276- 2025-TAA del día 22 de abril del presente año, que se aporta como prueba de este informe. Las pruebas documentales que se aportan en este Amparo demuestran la buena fe de parte de nuestro Ministerio en la atención del primer recurso de amparo y por ende se tengan como atención de este segundo recurso de amparo, donde se conoce la misma situación. OS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO”.

6.- Por escrito incorporado al expediente el 9 de mayo de 2025, Nelson Cordero Rodríguez y Ana Isabel Rodríguez Sánchez, por su orden, directora regional de Salud Central Sur y directora del Área Rectora de Salud de Pavas, informan: “Ahora bien, respecto al Derecho de petición que según el recurrente se ha visto violentado al no obtener respuesta a su solicitud de fecha 26 de octubre de 2023, la cual ya se había ventilado mediante expediente 23-027287-0007-CO, Res. Nº 2024012468 declarado sin lugar por esta respetable Sala, se menciona lo acontecido que llevo al rechazo de acceso al expediente y además se aclara que esta Dirección Regional de Rectoría de la Salud no cuenta con expedientes de establecimientos, aclaro además que el medio oficial para dirigirse a esta autoridad es el correo electrónico ...01,cr. En respuesta a la solicitud cabe recalcar señores magistrados y como se señaló en el informe MS-DRRSCS-3163-2023, de fecha 10 de noviembre de 2023, que “dicha solicitud se hizo la cuenta electrónica ...02, donde el recurrente solicita el expediente del caso CBZ, se aclara, que el doctor Guillermo Flores, titular de la dirección electrónica referida fungía hasta el 18 de setiembre del 2023 como Director de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, y es a partir de la fecha descrita que se acoge al Derecho de Pensión, tal y como se acredita de la certificación de exclusión de planilla, adjunta como prueba. Así las cosas, es imposible tener acceso a la cuenta personal institucional cuestionada, por lo que, la atención del correo electrónico del Sr. Nombre01 se vuelve de imposible cumplimiento.” Por lo que no es de recibo lo alegado por el recurrente por cuanto la solicitud no llegó a ser conocida por parte de esta Dirección. En relación con la solicitud de informe dirigida al Jefe de la Oficina de Regulación de la Salud de este Ministerio, se hace de su conocimiento que dicha figura no se encuentra contemplada dentro del organigrama institucional. Por lo tanto, respetuosamente se solicita señores magistrados, que se precise el destinatario de la solicitud con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en apego al principio de obediencia (…)”.

7.- Por escrito incorporado al expediente el 9 de mayo de 2025, María de los Ángeles Zúñiga Pérez, presidenta del Concejo Municipal de San José, informa: “ Las actuaciones objeto del presente proceso son propias de las competencias administrativas otorgadas al Alcalde Municipal y a la administración municipal como tal, no teniendo injerencia en dichas actuaciones los personeros del Concejo Municipal ni las regidurías, por lo que en el presente caso la suscrita, no tiene competencia ni acción en relación a los hechos expuestos en el presente proceso. No obstante, de conformidad con la orden de emplazamiento y audiencia otorgada me apersono ante a su autoridad, y, en vista de lo anterior me apego al informe que brinde la administración sobre este caso.”.

8.- Por escrito incorporado al expediente el 12 de mayo de 2025, Luis Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, informa: “Con vista en los hechos planteados por la parte interesada, se solicitó informe a la Gerencia de Provisión de Servicios de la Municipalidad de San José, la cual hace notar que a la luz de las funciones y competencias atribuidas a este municipio, aunado a la realidad que presenta el estudio registral realizado a la propiedad en cuestión es claro que la Municipalidad de San José ha actuado de manera correcta, brindando una atención integral del presente asunto en diferentes oportunidades según se desprende y refleja en los oficios • Oficio GPS-167-2025 referente a recurso de amparo 25-009642-0007-CO interpuesto por el señor Nombre01 • Oficio GPS-OMGRD-0133-2025 referente a informe rendido a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la atención de recurso de amparo 25-009642- 0007-CO • Oficio DSA-0192-2025 del Departamento de Servicios Ambientales relacionado al funcionamiento Tajo COMAQ, aportado en recurso de amparo 25-009642-0007-CO • Oficio GPS-180-2025 relacionado a investigación penal tramitada bajo expediente 25-000005-0611-PE Así lo señalado, para efectos y fines propios del presente amparo, se desea rescatar que bajo oficio GPS-180-2025, se expone de manera detallada las siguientes actuaciones: “…Con respecto a las acciones realizadas por esta Gerencia a través de las dependencias del Departamento de Servicios Ambientales, Sección de Mantenimiento y Construcción de Obras y la Oficina de Gestión de Riesgo a Desastre, se informa: Antecedentes Ante la recurrencia de emergencias por incendios en la propiedad privada del Tajo COMAG el Cuerpo de Bomberos presento la problemática y la necesidad de intervención para el control del depósito de residuos sólidos y escombros en la propiedad desde la línea férrea. Algunos de los materiales que descargan son acelerantes y combustibles del fuego. Acciones instituciones 1. Participación en las convocatorias realizadas por el MINSA (Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-0131-2021-BAG)- Area Rectora de Salud de Pavas, Cuerpo de Benemérito y en el INS, a través del Departamento de Servicios Ambientales para la gestión y manejo de los residuos sólidos, Oficina Municipal de Gestión de Riesgos para coordinación y atención de emergencias generadas por incendios en el marco del Comité Municipal de Emergencia de San José, Sección de Mantenimiento y Desarrollo de Obras y coordinación con la Policía Municipal para operativos en sitio. 2. Contratación de un estudio geotécnico para identificar las condiciones del terreno, propuesta de una medida de mitigación, su costo de cara de impedir acceso al perímetro del talud en la colindancia del derecho de la vía férrea y predio del tajo COMAG. La propuesta del diseño de la obra de ingeniería fue por un monto de 501. 919 .852,17 millones de colones no siendo viable su ejecución por razones de competencia institucional. 3. Notificación ambiental por gestión de residuos en período de los años 2018 al 2024. El Departamento de Servicios Ambientales ha girado notificaciones ambientales por gestión de residuos a los propietarios involucrados (INCOFER, Tajo COMAG, Asfaltos CBZ), específicamente: ▪ INCOFER – tomar medidas pertinentes para limitar ingreso de vehículos de cargas en derecho de la vía férrea. ▪ Tajo COMAG y Asfaltos CBZ – construcción de un portón en la servidumbre de ingreso común entre sus propiedades para regular ingreso de vehículos en horas de la noche. 4. Limpieza y recolección de desechos sólidos en la propiedad de INCOFER Limpieza y recolección de desechos sólidos dispersos sobre la propiedad del INCOFER, específicamente en los alrededores de la línea férrea y en las inmediaciones del Tajo COMAG (propiedad privada). Este esfuerzo ha sido posible mediante la asignación de recursos municipales y la intervención de equipos de trabajo para la recolección de desechos acumulados. 5. Instalación de estructuras de concreto entre la línea férrea y el borde del talud del Tajo COMAG La Municipalidad de San José diseño, construyó e instaló bloques de concreto como elementos físicos para impedir el acceso de los camiones al borde del talud y así evitar el depósito de residuos. Se instalaron un total de 40 estructuras de concreto en el año 2023 por la Sección de Mantenimiento y Desarrollo de Obras Para la instalación de las estructuras y seguridad del operativo para el equipo municipal se coordinó con INCOFER y la Policía Municipal. 6. Coordinación con vecinos y autoridades judiciales El Departamento de Servicios Ambientales, ha trabajado de manera coordinada con los vecinos de la zona y con funcionarios municipales para identificar a los responsables de los vertidos ilegales de desechos. Además, se han realizado mesas de trabajo con la Fiscalía Penal de Pavas para llevar a cabo investigaciones sobre los actos de quema y vertido de residuos en la zona, con el fin de que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables. Consideraciones La Municipalidad de San José a pesar de los esfuerzos realizados para atender la problemática de contaminación en derecho de vía de la línea férrea del INCOFER y Tajo COMAG, ha encontrado limitaciones en la solución definitiva, dado que el sector involucrado son propiedades privadas y además ▪ La descarga de residuos hacia el Tajo COMAG se da por camiones privados que utilizan el derecho de vía del INCOFER para acceder a este, por tanto, le corresponde a esta institución controlar y atender las situaciones que se presentan. ▪ De acuerdo con el Código Municipal, es responsabilidad de cada propietario mantener su propiedad limpia y cercada. ▪ Recibo de residuos dentro de la propiedad del antiguo Tajo. La Ley General de Protección del Ambiente Ley No. 7554 establece que todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, tienen la obligación de evitar la contaminación del medio ambiente. En este sentido, consideramos que el INCOFER como responsable del derecho de vía de la línea férrea en la zona de Pavas, tiene deber en la prevención de la contaminación ambiental, implementación de medidas preventivas y correctivas para impedir el vertido, la quema ilegal de residuos, evitar que la misma sea utilizadas para prácticas ilegales en detrimento de medio ambiente y la salud pública de los vecinos de la zona. (Reglamento a la Ley General de Salud (Ley No. 5395) Desde la competencia institucional se cumple con los requerimientos establecidos por la normativa ambiental vigente en Costa Rica, demostrando un compromiso claro con la gestión y mitigación de la contaminación en la zona de las líneas férreas del INCOFER y la propiedad del Tajo COMAG. A pesar de las dificultades enunciadas anteriormente, las acciones de mitigación implementadas por la Gerencia de Provisión de Servicios no han logrado eliminar del todo el depósito de residuos sólidos considerando su origen desconocido y proveniente de una supuesta actividad lucrativa de grupos de terceros, entre ellos grupos locales delictivos y que a su vez requieren una intervención integral interinstitucional. Es importante considerar tanto los aspectos ambientales como los temas de seguridad y control de actividades de lucro realizadas por terceros. Para fines del expediente se aporta la información relacionada con los propietarios colindantes a la línea férrea al costado norte y sur, según el catastro municipal incluye los planos Catastro, e imágenes del informe registral obtenidos de la página web del Registro Nacional de la Propiedad. Lo expuesto, concuerda con lo consignado bajo oficio GPS-OMGRD-0133-2025, en el que se plasman acciones previas al conocimiento de este recurso de amparo tendientes a darle solución a los problemas acusados por el interesado, en dicha oportunidad a raíz del conocimiento de la Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-0131-2021-BAG y los constantes incendios reportados por el Cuerpo de Bomberos al Comité Municipal de Emergencia de San José, al respecto la Oficina Municipal de Gestión de Riesgos a Desastres, explicó: “…1. A partir del conocimiento de la Orden Sanitaria No. MS-DRRSCS-DARS-POS-0131-2021-BAG y los constantes incendios reportados por el Cuerpo de Bomberos al Comité Municipal de Emergencia de San José se procedió a facilitar la articulación y coordinación a nivel institucional con el Departamento de Servicios Ambientales para tema de la gestión y contaminación de residuos solidos y con la Policía Municipal para operativos de control en sitio. En el ámbito interinstitucional con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, MINSA- Área Rectora de Salud de Pavas. 2. En la búsqueda de soluciones ante la problemática y reuniones de trabajo sostenidos se valoró la posibilidad de cerramiento como medida de limitación de acceso para descarga de residuos y los procesos de erosión presente: Esta Oficina coordino la contratación del servicio del estudio geotécnico del suelo en sector en el año 2022. El alcance del estudio era dimensionar tipo de medida de mitigación y su costo (ver oficio GPS-OMGRD-102-2023). La propuesta del diseño de una obra de ingeniería fue por 501 919 852,17 millones de colones, considerada en su momento no razonable por la Gerencia de Provisión de Servicios, aunado a la intervención de un terreno de terceros. 3. Ante no viabilidad de la intervención de una obra ingenieril, se acordó construir en sitio los bloques de concreto como elementos físicos para impedir el acceso de los camiones al borde del talud y así evitar el depósito de residuos. (se adjunta el croquis de los tramos a intervenir). Se realizo diseño, construcción y colocación de las estructuras en los tramos 1 y 2 para un total de 40 estructuras de concreto en el año 2023 por la Sección de Obras y Mantenimiento. Esta actividad se coordinó con INCOFER y el apoyo operativo de la Policía Municipal (…)”.

9.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

 

I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que el 28 de marzo de 2025 el medio digital Radio Zurquí publicó una noticia referente a la operación de un botadero ilegal (Tajo COMAG), cuyos desechos producen una grave contaminación ambiental en mantos acuíferos, el suelo, la vida silvestre y ponen en riesgo la salud humana. Refiere que en ese mismo lugar opera la planta asfáltica CBZ que participa también de esa contaminación. Alega que los recurridos no han resuelto los problemas ambientales denunciados respecto de la operación de dicha planta. Asimismo, refiere que el 26 de octubre de 2023 le solicitó al Ministerio de Salud, particularmente al Área Rectora de Salud de Pavas así como a la Dirección Región Central Sur, tener acceso a la información pública del expediente correspondiente a la Planta Asfáltica CBZ; empero, tal información no le ha sido suministrada.

II.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En primer lugar, respecto de la contaminación y operación de la planta denunciada, interesa destacar que, recientemente, en la sentencia nro. 2025014487 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025, esta Sala resolvió lo siguiente en cuanto a otro recurso interpuesto por el aquí tutelado (tramitado en el expediente nro. 25-009642-0007-CO):

“I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente acusa que las autoridades del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de San José y del Ministerio de Ambiente y Energía no han atendido un problema de contaminación ambiental producido por la operación del botadero en el Tajo COMAG y de la planta asfáltica CBZ.

II.- CASO CONCRETO. Por escrito aportado a esta Sala el 3 de abril de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que el 28 de marzo de 2025 el medio digital Radio Zurquí publicó una noticia referente a la operación de un botadero ilegal (Tajo COMAG), cuyos desechos producen una grave contaminación ambiental en mantos acuíferos, el suelo, la vida silvestre y ponen en riesgo la salud humana. Refiere que en ese mismo lugar opera la planta asfáltica CBZ que participa también de esa contaminación.

Acusa que dicha situación se genera sin control de las autoridades recurridas (MINAE, Ministerio de Salud y Municipalidad de San José), pese a las denuncias que se han presentado. Alega, así, “una inejecución de parte del Estado a través de esas Instituciones Públicas que no han ejercido verdaderamente acciones que eviten que se continue con el daño ambiental y al de la salud pública”. Indica que, en virtud de lo anterior, formula el presente amparo en resguardo del derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Solicita, entonces, que se declare con lugar el recurso y se les ordene a los recurridos ejercer las acciones necesarias para evitar un daño mayor al ambiente y a la salud pública.

Revisados los autos, consta que este asunto en particular ya fue conocido por el fondo por esta Sala mediante el recurso de amparo No. 20-015603-0007-CO interpuesto por el señor Nombre02 en contra del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de San José y del Ministerio de Ambiente y Energía, entre otros. Así, mediante el Voto No. 2020-18319 de las 09:15 hrs. de 25 de septiembre de 2020, este Tribunal dispuso lo siguiente:

(…) I.- OBJETO DEL RECURSO: Acusa el accionante lesión al artículo 50 de la Constitución Política. Detalla el recurrente que es representante de la Sociedad TAJO COMANG de Pavas, dueña de la finca folio real 1- 172997-000, ubicada en Pavas, La Carpio. Arguye que terceras personas sin autorización alguna ingresan a la propiedad con camiones y lanzan basura, convirtiendo el inmueble en un botadero ilegal; además ingresan terceras personas que provocan quemas para extraer metales. Sostiene que esta situación daña el ambiente y la emanación de gases tóxicos. Recalca que denunció esta problemática desde el año 2016, y a la fecha el problema persiste (…)

V.- SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA EL 24 DE JUNIO DE 2016 ANTE EL ÁREA RECTORA DE SALUD DE PAVAS. Después de analizar los elementos probatorios aportados este Tribunal verifica la lesión al artículo 50 de la Constitución Política. De la prueba que consta en autos se determina que la empresa TAJO COMAG DE PAVAS S.A. cédula de personería jurídica CED01 es propietaria de la finca inscrita a folio real CED02, ubicada en la Carpio, Pavas, mide veintiocho mil ochocientos metros cuadrados, plano SJ-1887236-2016. Que terceras personas sin autorización alguna ingresan con camiones y lanzan basura la propiedad inscrita a folio real CED02, convirtiendo el inmueble en un botadero ilegal. Asimismo, terceras personas se apersonan a la finca y provocan incendios para obtener metales. El día 24 de junio del 2016, la parte accionante presentó una denuncia ante el Área Rectora de Salud de Pavas, por la existencia de un botadero ilegal en su propiedad sita Pavas, Lomas Del Río. Denuncia que fue registrada bajo el número de expediente 9606. El 21 de julio del 2016, la Directora a.i. del Área Rectora de Salud Pavas envía oficio CS-ARS-P-0291-2016 al Director Regional, solicitando apoyo para notificar el oficio CS-ARS-P-0290-2016 al Director de la Dirección Seguridad Ciudadana y Policía Municipal donde se gestiona ayuda para efectuar una inspección conjunta en el sitio. El 26 de julio 2016 se recibe en la Policía de Proximidad de Pavas el oficio CS-ARS-P-0290- 2016. El 10 de agosto del 2016 se realiza inspección por parte del Área Rectora de Salud de Pavas al Tajo Comag S.A. el encargado del lugar los dirige al fondo del Tajo, en la colindancia al lado sur se observa un montículo con madera, cartón y basura de distinta índole y minutos después se observa a un camión a lo lejos arrojando algún tipo de material hacia dicho montículo. Indica el encargado que llegan camiones de distintos lugares a tirarle dichos materiales. El 2 de septiembre del 2016 se notifica oficio CS-ARS-P 0345- 2016 al intendente de la Fuerza Pública para solicitar un acompañamiento al lado sur del Tajo Comag y realizar inspección en el sitio por ser de alto riesgo. El 6 de oficiales de la Fuerza Pública. En el sitio se observó gran cantidad de desechos como madera, cerámica y plásticos entre la línea del tren y la colindancia del límite del Tajo Comag como consta en acta de inspección del día 6 de septiembre del 2016. El 11 de octubre del 2016 se notifica la orden sanitaria CS-ARS-P061- 2016-BAG al representante legal del Tajo Comag para que presente por escrito ante el Área Rectora de Salud Pavas, un plan de acciones para la correcta disposición de los residuos sólidos que se encuentran al lado sur de la propiedad del Tajo Comag, dando un tiempo prudencial de 15 días hábiles para realizarlo. El 12 de octubre del 2016 se envía oficio CS-ARSP-430-2016 al Alcalde de la Municipalidad de San José dando a conocer la problemática que existe al lado sur del Tajo Comag por los problemas de basura y desechos en vía pública y que proceda con base al artículo 8 de la Ley de Gestión Integral de Residuos No 8839. El 19 de octubre del 2016 se recibe en el Área Rectora de Salud Pavas Plan de Acción por parte del Gerente General del Tajo Comag. S.A. El l5 de noviembre del 2016 se notificó oficio CS-ARS-P-509-2016 al Gerente General Tajo Comag informándole que dicho plan recibido el 19 de octubre 2016 no cumple con aspectos como acciones a tomar por parte del Tajo Comag ni tampoco indica responsables ni períodos en que tomará hacerlo por lo que se volvió a solicitar un plan más detallado. El 22 de noviembre del 2016 se recibe en el Área Rectora de Salud Pavas el nuevo Plan de Acción por parte del Gerente General del Tajo Comag. S.A. El 30 de noviembre del 2016 se envía oficio CS-ARS-P-537-2016 al Gerente General de la Empresa, referente al nuevo plan entregado en fecha 22 de noviembre 2016 y se solicita no ponerlo en marcha ya que dicho plan contempla que dicho residuos serán movidos de un lugar a otro y que se dispondrá de éstos en una zona donde existe un terreno en recuperación, también dicho plan indica que se estará convirtiendo en una especie de relleno sanitario por lo que se solicitó no ponerlo en marcha hasta contar con un criterio técnico por parte de un profesional El 26 de enero del 2017 se realizó visita de inspección al sitio por parte del Bach. Bryan Arias Gutiérrez de esta Dirección de Área Rectora de Salud y el Ing. Juan Carlos Oreamuno Hernández, de la Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano. El 7 de abril del 2017 se recibe en el Área Rectora de Salud Pavas criterio técnico DPAH-UASSAH-798-2017 por parte del Ing. Juan Carlos Oreamuno y la Ing. Ana Villalobos de la Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano, indicando lo siguiente: a.) Lo que se debe realizar en el sitio son obras de mitigación para controlar los posibles efectos indeseables a la salud y el ambiente debido al material acumulado, aspecto que está definido en el Plan Remedial. b) Las obras de mitigación precisamente las obras de cierre de un vertedero, en ningún momento se estaría bajo la modalidad de un relleno sanitario. c) Que al tener que implementar obras de cierre, se debe tomar en cuenta que este tipo de medidas están regulas en la legislación nacional, específicamente, en el Decreto No 38925-S, “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”, donde en sus artículos 41, 42 y 43 se establece los requerimientos que debe cumplir para su ejecución, aspecto que debe estar contemplado entre las actividades a implementar dentro del Plan Remedial, debidamente calendarizadas. d) Que la zona en el terreno donde se ubique los residuos y se haga esta clase de obras de mitigación, debe respetar el alineamiento de protección de río (río Torres), y debe estar identificada la superficie de cobertura en el terreno, pues ante las pretensiones de instalar otra actividad, sería una zona sobre la cual no se podría utilizar para construcciones, conforme al artículo 46 del Decreto No 38928-S, “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”. Además se recomienda al Área Rectora de Salud Pavas solicitar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) valorar de forma inmediata el riesgo por la presencia de vehículos en la zona de paso del tren costado sur del Tajo Comag. El 28 de abril del 2017 se notifica oficio CS-ARS-P-148-2017 al Sr. Johnny Araya Monge Alcalde de la Municipalidad denunciando el problema de basura al costado sur del Tajo Comag y siguiendo las recomendaciones del Informe DPAH-UASSAH-798-2017 de involucrar a la Municipalidad de San José en dicha problemática. El 28 de abril del 2017 se notifica oficio CS-ARS-P147-2017 a la Presidencia Ejecutiva del INCOFER informando de la problemática al costado sur del Tajo Comag por la presencia de basura y camiones que llegan a descargar en el sitio lo que podría ocasionar un descarrilamiento del tren, siguiendo las recomendaciones del Informe DPAHUASSAH- 798-2017. El 2 de mayo del 2017 se notifica oficio CSARS-P153-2017 al representante legal del Tajo Comag para que adecúe el Plan de acción enviado al Área Rectora de Salud Pavas considerando el informe técnico DPAHUASSAH-798-2017 de la Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano. El 9 de mayo del 2017, el Área Rectora de Salud Pavas, recibe correo por parte de la presidencia de INCOFER, haciendo confirmar el recibido y que estarán coordinando a lo interno la solución. El 15 de mayo del 2017 se recibe en el Área Rectora de Salud Pavas, Readecuación del Plan de Acción por parte del Tajo Comag. El 5 de junio del 2017, el Área Rectora de Salud Pavas, notifica el oficio CS-ARS-P-226-2017 al Alcalde de la Municipalidad de San José, solicitando información de lo actuado y en caso de no haber realizado trabajo alguno proceder conforme a sus competencias. El 5 de junio del 2017, el Ministerio de Salud, notifica oficio CS-ARS-P-227-2017 a la Presidencia Ejecutiva del INCOFER solicitando información de lo actuado y si no se ha realizado nada aún actuar de acuerdo a sus competencias. El 26 de junio del 2017, el Ministerio de Salud recibe correo electrónico - oficio ALCALDIA-A2-00654- 2017- de la Municipalidad de San Joséindicando que programará la limpieza para el 23 de junio del 2017. El 30 de Junio del 2017, el Ministerio de Salud notifica oficio CS-ARS-P-262- 2017 al representante legal del Tajo Comag indicando que dicho plan no está adecuado como lo indica el informe técnico DPAHUASSAH- 798-2017 de la Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano y que se le conceden 10 días hábiles para adecuar el plan de lo contrario se procederá a interponer denuncia ante el Ministerio Público por Desobediencia a la Autoridad conforme lo establece el artículo 314 del Código Penal. El 6 de julio del 2017, se recibe en el Área Rectora de Salud Pavas Recursos de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante contra el oficio CS-ARS-P-262- 2017 por parte del Gerente General del Tajo Comag S.A. El 10 de julio del 2017 el Área Rectora de Salud de Pavas, envía a la Unidad de Rectoría de la Región Central Sur del Ministerio de Salud el oficio CS-ARS-P-282-2017. El 21 de febrero del 2019 el Área Rectora de Salud recibe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Región Central Sur, DM-A-1068-2019, por parte del Ministro de Salud donde se declara sin lugar recurso de apelación por parte del Gerente de la empresa e indica que se informe a sus dependencias sobre el grado de cumplimiento de los actos administrativos girados. El 4 de marzo del 2019, el Área de Salud de Pavas, por oficio CS-ARS-P-101-2019, informa al Ministro de Salud, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Regional Central Sur el seguimiento realizado al Tajo Comag, donde se observó vagonetas con tierra y además se observan sectores del Tajo que han rellenado con dicha tierra y escombro, al momento de la visita la persona encargada no conocía si el plan remedial fue readecuado a lo indicado por la Unidad de Administración de Servicios de Salud en Ambiente Humano. El 8 de abril del 2019 mediante oficio CS-ARS-P-159- 2019 se informa al Ministro de Salud, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Regional Central Sur seguimiento realizado al Tajo Comag. El 16 de mayo del 2019 el Área de Salud recibe del Presidente del Tajo Comag documento denominado Reporte de Avance en Cumplimientos. El 7 de junio del 2019, el Área de Salud de Paveas remite oficio MS DRRSCSARS-P-0306-2019 donde se informa al Ministro de Salud, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Dirección Regional Central Sur el seguimiento realizado al Tajo Comag. El 3 de septiembre del 2019, el Área de Salud recibe oficio No 403-FAA2019 por parte la Licda. Scarleth Izquierdo del Organismo de Investigación Judicial donde solicita información de las acciones realizadas por el Ministerio de Salud y Municipalidad de San José, la cual fue contestada el 4 de setiembre de 2020, por oficio MS-DRRSCSARS-P-0479-2019. El día 24 de octubre del 2019, el Ministerio de Salud, realiza inspección en conjunto con la Municipalidad de San José, Bomberos y Comisión Nacional de Emergencias donde al momento de la inspección se observa el montículo de basura al costado oeste del Tajo Comag así como conatos de incendio visibles. El 29 de octubre del 2019, se realiza reunión en el tercer piso de la Municipalidad de San José, donde asistieron representantes del Ministerio de Salud, Bomberos de Costa Rica, Municipalidad de San José, Comisión Nacional de Emergencias, Fuerza Pública y representantes del Tajo Comag, y se analizó de que esto es un problemas es más social debido a la zona que es liderada por la pandilla los “Diablos” que son la banda que domina el territorio de la línea del tren donde se descargan los desechos al Tajo Comag, se planteaban alternativas como evitar que los camiones con desechos llegaran a la líneas férrea a descargar, regular el paso por la línea férrea, construir una estructura para que los camiones con desechos no pasen por las líneas del tren, que Fuerza Pública interviniera a los choferes. De lo expuesto, la Sala corrobora que la denuncia formulada por la parte accionante el 24 de junio de 2016 ha sido atendida por los personeros del Área Rectora de Salud de Pavas. Nótese que se han realizado inspecciones con soporte de la fuerza pública – por ser un lugar de alto riesgo social por encontrarse en la Carpio y según se indica el área está liderada por la banda antisocial conocida como “Los Diablos”-. Se determina que se han emitido órdenes sanitarias y se ha dado seguimiento a las mismas. Aunado a lo anterior, se observa que se han efectuado reuniones donde ha participado la Municipalidad de San José, la Comisión Nacional de Emergencias, personeros del Cuerpo de Bomberos, representantes de la empresa y funcionarios del Ministerio de Salud para buscar una solución al problema de botadero ilegal de basura y las quemas provocadas por terceros buscan metales que hay en los desechos -lo que producen gases tóxicos-. De ahí que, este Tribunal observa que el Ministerio de Salud ha realizado múltiples acciones para buscar una solución al problema ambiental denunciado, no obstante lo anterior, el problema persiste, y por ello debe ser atendido. De manera que se verifica la lesión al derecho al ambiente por la existencia de un botadero ilegal y por la contaminación que provocan las quemas de basura. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso. V.- SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ: Para la resolución de este asunto es importante transcribir el inciso f) del artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, el cual dispone: “ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades. Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello deberán (…) f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. (…)” Por ello, contrario a lo manifestado por el Alcalde de la Municipalidad de San José, una de sus obligaciones es eliminar los vertederos ilegales. En el caso concreto, la Sala determina que el 12 de octubre del 2016, el Ministerio de Salud envía oficio CS-ARS-P-430-2016 al Alcalde de la Municipalidad de San José, dando a conocer la problemática que existe al lado sur del Tajo Comag, por los problemas de basura y desechos en vía pública y que proceda de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Gestión Integral de Residuos No 8839. Vemos que el 28 de abril del 2017 el Área Rectora de Salud de Pavas notificó el oficio CS-ARS-P148-2017, Alcalde de la Municipalidad de San José denunciando el problema de basura al costado sur del Tajo Comag y siguiendo las recomendaciones del Informe DPAH-UASSAH-798-2017. Asimismo, se verifica que el 24 de octubre del 2019 se realizó inspección por parte del Ministerio de Salud de consuno con personeros de la Municipalidad de San José, Bomberos y Comisión Nacional de Emergencias donde se observa basura y conatos de incendio. El 29 de octubre del 2019, se realiza reunión en el tercer piso de la Municipalidad de San José donde asistieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Municipalidad de San José, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud, Fuerza Pública y representantes del Tajo Comag y donde se analizó que es un problemas social debido a que la zona que es liderada por la pandilla los “Diablos”, banda que domina el territorio de la línea del tren donde se descargan los desechos al Tajo Comag, se planteaban alternativas como evitar que los camiones con desechos lleguen a las líneas férreas a descargar, regular el paso por la línea férrea, construir una estructura para que los camiones con desechos no pasen por las líneas del tren, que Fuerza Pública interviniera a los choferes, entre otras. En este sentido es evidente de los personeros del ente municipal a la fecha conocen del problema y han participado en la búsqueda de una solución viable, sin embargo, no se ha concretado nada. Por ello, lo procedente es declarar con lugar el recurso en este extremo. V.- SOBRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: La Sala rechaza la lesión a los derechos fundamentales del promovente. Se corrobora que en los registros del Ministerio de Ambiente y Energía no consta ninguna denuncia o queja referente al botadero ilegal de basura o la quema de los residuos en la finca inscrita a folio real 1-172997-000, ubicada en la Carpio. Por ello, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en este extremo. (…) POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena al Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud y a Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José, o a quienes en sus lugares ejerzan esos cargos, que realicen las actuaciones y coordinaciones necesarias para que se resuelva la denuncia formulada por la parte recurrente el 24 de junio del 2016, referente al vertedero ilegal de basura y la quema de residuos que contaminan el ambiente, todo en un plazo no mayor a dieciocho meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Lo anterior bajo la advertencia que, de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado y a la Municipalidad de San José al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López pone nota. Notifíquese esta resolución a las partes y a la Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo y a la Secretaria General de SETENA. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota. El Magistrado Rueda Leal salva el voto y declara sin lugar el recurso (…)”.

Revisado lo anterior y, debido a que, como se dijo, esta Sala ya vertió pronunciamiento por el fondo sobre el tema bajo estudio, lo que procede es desglosar tanto el memorial presentado por la parte accionante el 3 de abril de 2025, así como el resto de escritos (informes y pruebas), aportados a los autos, para que se incorporen al citado expediente No. 20-015603-0007-CO y se tramiten como una gestión de desobediencia a lo dispuesto en el mencionado Voto No. 2020-18319.

Nótese que, aunque no se trate de las mismas partes recurrentes, estamos frente a un asunto de gran envergadura y trascendencia ambiental, donde, además, se encuentran de por medio intereses difusos; de ahí que, esta Sala considere procedente el citado desglose.

En concreto, la gestión del recurrente se debe tener como una desobediencia a lo ya conocido y resuelto por la Sala en aquella oportunidad y así se dispone.”.

POR TANTO:

Desglósese el escrito presentado por el recurrente a la Sala el 3 de abril de 2025, así como el resto de memoriales agregados a este proceso, para que se tramiten como una gestión de desobediencia en el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 20-015603-0007-CO. Archívese el presente asunto.”.

Así las cosas, en consideración a que en el sub lite el accionante reitera lo que expuso en el expediente nro. 25-009642-0007-CO en cuanto a la situación de contaminación denunciada, y a que, en esa última sumaria, a través de la sentencia nro. 2025014487 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025, esta Sala resolvió desglosar tales alegatos para que fueran conocidos y tramitados en el expediente nro. 20-015603-0007-CO, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en la sentencia antedicha (nro. 2025014487 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025).

Por otra parte, el tutelado acusa que el 26 de octubre de 2023 le solicitó al Ministerio de Salud, particularmente al Área Rectora de Salud de Pavas así como a la Dirección Región Central Sur, tener acceso a la información pública del expediente correspondiente a la Planta Asfáltica CBZ; empero, tal información no le ha sido suministrada.

Al respecto, se verifica que tal agravio en concreto también ya fue conocido por esta Sala, a través de la sentencia nro. 2024012468 de las 9:20 horas de 10 de mayo de 2024, en la que se dispuso:

“I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente acusa que solicitó, ante el Área Rectora de Salud de Pavas, el acceso al expediente administrativo de la empresa CBZ Asfaltos Sociedad Anónima. No obstante, esa información fue denegada, por lo que solicita la intervención de este Tribunal.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 26 de octubre de 2023, el recurrente remitió a los correos electrónicos ...03 y ...02, del Área Rectora de Salud de Pavas y la Dirección Región Central Sur del Ministerio de Salud, una solicitud de información, concretamente: "se sirva brindarme, por escrito, la siguiente información de carácter público, solicitando el correspondiente expediente digital con que cuenta ésta Área de Salud así como la Dirección Regional Central Sur respecto a la empresa y planta CBZ en Rincón Grande de Pavas" (véase prueba aportada). b) El 30 de octubre del 2023, el Área Rectora de Salud de Pavas dio respuesta a la solicitud del amparado, indicando que: “con instrucciones de la directora, doctora Ana Isabel Rodríguez, dicho expediente podrá ser consultado en nuestra Área Rectora de Salud de Pavas una vez que se apersone y nos muestre su carné de abogado de manera física y de esta manera podremos evacuar las dudas relacionadas a este caso (…)” (véase informe rendido y prueba aportada por la autoridad recurrida) c) El expediente administrativo instaurado contra CBZ Asfaltos Sociedad Anónima se encuentra activo, estando pendiente la verificación del cumplimiento de las órdenes sanitarias que fueron emitidas (véase informe rendido por la autoridad recurrida) d) La dirección electrónica ...04, se constituye como el medio oficial de comunicación con el Área Rectora de Salud de Pavas del Ministerio de Salud (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas) e) La dirección electrónica ...02 no se constituye como un medio oficial de comunicación con la Dirección Región Central Sur del Ministerio de Salud (véase informe rendido y prueba aportada por las autoridades recurridas) (…)

V.- SOBRE EL FONDO. En el sub lite, la parte recurrente acusa la lesión a sus derechos fundamentales, ya que las autoridades del Ministerio de Salud le denegaron el acceso a un expediente administrativo que, a su criterio, se constituye como información pública.

Al respecto, las autoridades recurridas, en su informe rendido bajo la solemnidad del juramento, indican que, en aplicación a lo dispuesto en la normativa vigente, y al no constatarse la legitimidad del recurrente para acceder al expediente de su interés, se denegó el acceso al expediente administrativo instaurado contra la empresa CBZ Asfaltos Sociedad Anónima. Asegura que dicho expediente, en la actualidad, se mantiene activo.

Analizado el cuadro fáctico planteado, este Tribunal considera que no lleva razón el recurrente en sus alegatos. En primer lugar, se observa que la autoridad recurrida sí brindó respuesta a la gestión planteada, indicando que la información requerida sería suministrada hasta tanto el recurrente comprobase su legitimidad para acceder al expediente de su interés. Por otro lado, según se desprende del informe brindado por la autoridad recurrida, el expediente administrativo se encuentra activo, al estar pendiente la verificación del cumplimiento de las órdenes sanitarias emitidas, por lo que su acceso es restringido a las partes. Así las cosas, este Tribunal no logra constatar, en primer lugar, que el recurrente forme parte del procedimiento administrativo en mención. Además, la negativa de brindar la documentación solicitada encuentra asidero en el artículo 273, de la Ley General de Administración Pública, el cual establece:

"Artículo 273.- 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos".

Por ese motivo, no se observa alguna actuación arbitraria por parte de la autoridad recurrida, sino que la negativa en brindar la documentación pretendida por el recurrente, tiene fundamento en la normativa vigente. Ergo, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, como en efecto se dispone

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.”

A mayor abundamiento, interesa resaltar el criterio vertido por esta Sala respecto de la legitimación para tener acceso a un expediente administrativo que se encuentre en trámite. Así, verbigracia, en la sentencia nro. 2024013430 de las 9:30 horas de 17 de mayo de 2024, esta Cámara indicó:

“Esta Sala Constitucional, en la Sentencia No. 2017-7795 de las 09:20 hrs. de 26 de mayo de 2017, explicó:

 “(…) Ante este panorama, la Sala constata la violación a los derechos fundamentales de la recurrente y el tutelado por los hechos que se dirán a continuación. Tal y como lo señala la accionante en el presente recurso, el artículo 272.1 de la Ley General de la Administración Pública garantiza a cualquier abogado, en el ejercicio liberal de la profesión, el principio de libre acceso a la información, ergo, al expediente administrativo. Lo anterior, siempre que no se esté bajo algún supuesto de excepción establecido en el artículo 273 del mismo cuerpo normativo, el cual reza: “1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. 2. Se presumirá en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes ésos antes de que hayan sido rendidos”. Por tal motivo, como la autoridad recurrida no demuestra que se está bajo algún supuesto de excepción citado anteriormente; además, no demostró que así se lo haya hecho ver a la recurrente al momento de negarle acceso al expediente, se constata la violación a los artículos 30 constitucional y 272 de la Ley General de la Administración pública. Ahora bien, se hace la aclaración  que a partir de la promulgación de la Ley No. 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, se deben resguardar los datos sensibles y confidenciales, hasta que se dé una autorización para el acceso irrestricto al expediente (…)” (El destacado no forma parte del original).

V.- CASO CONCRETO.  El recurrente acude a la Sala y señala que el 19 de abril de 2024 recibió una comunicación de agentes de la [Nombre03 002]., a efecto de solicitar su posible colaboración profesional (como abogado) en un caso llevado ante el Tribunal Administrativo de Transporte del MOPT, y en el cual les otorgaron una audiencia de defensa, de la cual le remitieron copia y solicitaron sus consideraciones profesionales del caso. Indica que, al valorar lo que se le envió, notó que era necesario acceder a la totalidad del expediente del caso, para así poder obtener un panorama completo del mismo y poder valorar las acciones a tomar y brindar el mejor consejo ante el requerimiento profesional que se le realizara. Por consiguiente, explica que el 20 de abril de 2024 solicitó vía correo electrónico al TAT acceso al expediente del caso en particular (expediente No. [Valor 002]), además solicitó que se le enviara la versión digital del expediente aludido, indicando claramente en su nota que su gestión aplicaba conforme lo dispuesto en el numeral 272 de la Ley General de la Administración Pública, así como lo señalado en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. Señala que, además, se identificó como abogado y dijo que su petición obedecía a la necesidad profesional de valorar el expediente mencionado y contar así con todos los elementos de juicio para su labor. No obstante, alega que su petición fue rechazada por la parte recurrida día 22 de abril de 2024 mediante el oficio No. TAT-SI-069-2024. Por consiguiente, acusa que la recurrida le denegó arbitrariamente la información solicitada. Solicita, entonces, que esta jurisdicción le ordene al TAT suministrarle los datos requeridos.

Revisados los autos, se tiene por acreditado que el 18 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Transportes –conforme el expediente administrativo No. [Valor 002]–, le otorgó a la empresa [Nombre 003]. audiencia para que, mediante su representante legal, se manifestara respecto a recurso de apelación en subsidio e incidentes previos de nulidad absoluta y suspensión de los efectos del acto impugnado interpuestos por el señor Nombre04. Asimismo, se demostró que el 20 de abril de 2024, el accionante [Nombre 001], remitió una solicitud al Tribunal Administrativo de Transportes para tener acceso al referido expediente No. [Valor 002]. En tal oportunidad, el recurrente indicó:

“(…) con Fundamento en las Determinaciones de los Artículos 7, 30, 39, 41 y 45 de la Constitución Política, en la Ley No. 9097 y en el Literal 272 de la Ley General de la Administración Pública (…) me presento a Solicitar la Siguiente Información: COPIA INTEGRA DIGITAL DEL EXPEDIENTE No. TAT-007-2024, CASO DE Nombre04. Lo Anterior a efecto de mi Posible Gestión Profesional en Defensa de la Firma Interesada: [Nombre03 003]. (al ser contactado por representantes de la misma), y de Atender la Audiencia de Defensa que le ha sido Brindada Mediante su Resolución (PREVENCIÓN No. 1) de las 08:15 Horas del 18 de Abril del 2024, Notificada por Correo Electrónico el día 18 de los Corrientes. Y Teniéndose en Claro que la Tenencia de la Totalidad del Expediente del caso es Indispensable para el Conocimiento y Defensa del mismo (…)”.

Se verificó igualmente que, en atención a dicha gestión, el día 22 de abril de 2024, la parte recurrida le remitió al accionante el oficio No. TAT-SI-069-2024, mediante el cual se indicó lo siguiente:

"(…) al encontrarse al expediente solicitado en estudio por parte del Juez Instructor sin que se haya emitido el acto final, la información ahí contenida solamente podrá ser accesada por las partes legitimadas; en ese sentido, visto el expediente en mención, no consta autorización de alguna de las partes ni poder especial administrativo que acredite su representación para actuar en Nombre03 de la empresa [Nombre 003]., y de esta forma, pueda tener acceso al expediente administrativo en trámite. Bajo ese contexto, de pretender el acceso al expediente de cita, deberá presentar la autorización pertinente (…)".

En adición a lo anterior, se demostró que el 24 de abril de 2024, la empresa [Nombre 003]. contestó la audiencia conferida por el Tribunal recurrido, a través de un representante legal distinto al recurrente.

Concomitantemente, resulta de interés señalar que el Presidente del Tribunal Administrativo de Transporte, sobre los hechos acusados, informó y explicó a esta Sala que la solicitud planteada por el accionante fue rechazada según lo dispuesto en el artículo 273, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, debido a que el expediente (recurso de apelación en subsidio) estaba en estudio del juez instructor, no se había emitido acto final y la información contenida en el mismo solo podía ser accesada por las partes legitimadas, sin que constara ninguna autorización de las partes o poder especial administrativo emitido en su favor. Asimismo, aclaró que se encuentra pendiente que el juez instructor o a quien se le asignó el caso prepare el proyecto de resolución respectivo y se someta a votación del pleno del Tribunal (lo cual es uno de los presupuestos establecidos en el inciso 2 del citado numeral), siendo que, hasta que se emita el acto definitivo y se notifique a las partes, la información contenida en el expediente será de acceso público. Apunta también el recurrido que no es cualquier persona la que puede tener acceso al expediente, puesto que existe información sensible de las partes que debe ser resguardada.

Ahora bien, analizado todo lo anterior, este Tribunal Constitucional considera que lleva razón el accionante en su alegato.

Lo anterior, medularmente, en el tanto el ordinal 272 de la Ley General de la Administración Pública estipula que cualquier abogado puede acceder a las piezas de un expediente administrativo, siendo que, en la especie, no nos encontramos propiamente frente a algunas de las excepciones a esa regla a las que hace referencia, a su vez, el artículo 273 de ese mismo cuerpo normativo. Nótese que, tal y como se explicó en el considerando anterior, en este asunto no estamos –pues así no lo informó la parte recurrida ni se le hizo saber al tutelado en la respuesta brindada–, ante un expediente que pueda comprometer secretos del Estado o que contenga información de carácter confidencial; tampoco se dijo que el examen de dichas piezas confiriera un privilegio indebido a la parte o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la administración, a la contraparte o bien a terceros. Además, debe observarse que, en este asunto, tampoco estamos frente a un proyecto de resolución (pues ni siquiera se ha emitido el acto que resuelve el recurso de apelación ni se solicitó propiamente acceso al proyecto que resuelve este), un informe para un órgano consultivo o bien, ante dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos.

Bajo tal orden de consideraciones, no resulta de recibo, entonces, que al recurrente se le haya denegado el acceso al citado expediente, bajo el argumento que no se ha dictado el acto final (refiriéndose propiamente al citado recurso de apelación) y, además, que no se haya aportado autorización girada expresamente de las partes del procedimiento, pues, como se explicó supra, estos aspectos no se configuran como supuestos de excepción o limitantes al derecho bajo estudio.

Así las cosas, observa esta Sala que la denegatoria vertida por las autoridades del TAT deviene en arbitraria y carente de todo fundamento. Por consiguiente, lo que procede es acoger este amparo, por haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 30 constitucional, con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente sentencia.”.

De tal manera, como indicó en la sentencia nro. 2024012468 de las 9:20 horas de 10 de mayo de 2024, al no ser el tutelado parte procesal en el expediente administrativo solicitado, la autoridad accionada le precisó que debía apersonarse con el respectivo carné de abogado para brindarle acceso al expediente (supuesto que, como se apuntó en el antecedente nro. 2024013430 citado ut supra, justamente permite el ordinal 272.1 de la Ley General de la Administración Pública); empero, no se verificó que el gestionante cumpliera con ese requisito para legitimar la entrega de la sumaria.

Así las cosas, en virtud de que se trata de la misma gestión de 26 de octubre de 2023 y no de alguna otra formulada con posterioridad, y a que tal situación en particular ya fue conocida por esta Sala en el pronunciamiento nro. 2024012468 de las 9:20 horas de 10 de mayo de 2024, en el que se descartó alguna actuación irregular de la parte accionada, deberá el recurrente estarse a lo resuelto en la sentencia antedicha.

III.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la presunta contaminación ambiental en mantos acuíferos, el suelo, la vida silvestre y ponen en riesgo la salud humana, por la operación de un botadero ilegal (Tajo COMAG), en Rincón Grande de Pavas. Aduce que ha realizado gestiones previas ante el Ministerio de Salud, sin obtener una solución efectiva.

La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.  

Por tanto:

 

  Estese a lo resuelto en las sentencias nros. 2025014487 de las 9:35 horas de 16 de mayo de 2025 y 2024012468 de las 9:20 horas de 10 de mayo de 2024. El magistrado Salazar Alvarado consigna nota.

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --



 LS2SLQ52B5I61

EXPEDIENTE N° 25-009904-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:39:45.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**File: 25-009904-0007-CO**

**Res. No. 2025018806**

**CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.** San José, at nine hours twenty minutes on the twentieth of June two thousand twenty-five.

**Amparo** action processed in file 25-009904-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED03, against the MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY, the MINISTRY OF HEALTH and the MUNICIPALITY OF SAN JOSÉ.

**Resultando:**

1.- By brief added to the file on April 7, 2025, the plaintiff files an **amparo** action. He states that on March 28, 2025, the digital media outlet Radio Zurquí published, within the national news section, the article titled "Tajo COMAG: Toxic Waste and Corruption Under the Authorities' Gaze." Therein, the following was indicated: "An environmental scandal that threatens Costa Rica," "Municipality of San José and Ministries allow environmental crime in illegal dump." He indicates that said publication states the following: "A complaint received by the Radio Zurquí newsroom has revealed the illegal operation of Tajo COMAG, a site located in San José that receives construction waste and highly toxic materials, contaminating aquifers, soil, wildlife, and posing a serious risk to human health. Most alarming is that this activity operates without any control from responsible institutions such as the Ministry of Health, the Ministry of Environment, the Municipality of San José, and the Environmental Administrative Tribunal, which, despite multiple complaints and overwhelming evidence, have not stopped this criminal practice. Who pays to pollute? Various construction companies are paying for their waste to be dumped at this illegal landfill, evading established environmental protocols. In exchange for saving a few million colones, these companies could be acting as accomplices, handing over their waste to third parties who promise to take it to authorized sites, but who actually dump or burn it in prohibited areas like Tajo COMAG. It has been documented that these operators present false receipts, or valid ones only once, and then dispose of the rest of the waste clandestinely, often in the open and without any treatment. Toxic waste and institutional silence. Among the waste illegally deposited at this site are asbestos, industrial chemicals, and highly contaminating materials, whose improper handling not only violates the law but poses a direct threat to public health and ecological balance. The Ministry of Health, currently headed by the Vice President of the Republic, as well as the Ministry of Environment, have been singled out for their inaction. Indifferent Municipality of San José, which allows this operation to continue without any sanction. Complicity, negligence, or corruption? The Tajo COMAG case raises a disturbing question: Are the construction companies aware that their waste ends up in an illegal dump? What does the Municipality of San José know? What interests are preventing the authorities from acting? While the institutions form commissions and analyze documents, environmental damage continues to accumulate. The lack of control, institutional corruption, and the exchange of favors allow this environmental crime to continue in broad daylight. An urgent call to action. The citizenry demands an immediate response. This is not an isolated case: Tajo COMAG could be just the tip of the iceberg in a network of illegal dumps operating throughout the country. It is imperative that: o These sources of contamination be closed immediately. o The construction companies that violate the law be sanctioned. o Waste management processes be made transparent. o Controls at authorized centers be strengthened to prevent the fraudulent use of their permits. Costa Rica cannot continue to allow a few to destroy the country's environmental future. The time to act is now!" He affirms that on October 26, 2023, he requested from the Ministry of Health, via email and document, based on Articles 27 and 30 of the Political Constitution and section 6 of the Regulatory Law on the Right to Petition, particularly from the Pavas Health Governing Area as well as the Central South Regional Directorate of the Ministry of Health, access to public information corresponding to the CBZ Asphalt Plant in Rincón Grande de Pavas. He claims that such information has not been provided to him, which violates his fundamental rights. He also requests that the violation of Article 50 of the Political Constitution be declared.

2.- By resolution issued at 8:28 p.m. on April 9, 2025, the Presidency of the Chamber ordered the plaintiff to provide documentation.

3.- By brief added to the file on April 25, 2025, the plaintiff provides the required documentation.

4.- By resolution issued at 3:27 p.m. on May 2, 2025, the Presidency of the Chamber admitted the case and requested a report from the director of the Pavas Health Governing Area and the head of the Health Regulation Office, both of the Ministry of Health; from the Minister of Environment and Energy; as well as from the mayor and the president of the Council, both of the Municipality of San José.

5.- By brief added to the file on May 6, 2025, Franz Tattenbach Capra, Minister of Environment and Energy, reports: “The **amparo** action is a judicial process processed before the Constitutional Chamber and constitutes what is known as the constitutional jurisdiction of liberty; its existence guarantees the validity of the fundamental rights established in the Political Constitution and in the international human rights treaties in force in the country. The Law of Constitutional Jurisdiction establishes in its section 29 that the **amparo** action guarantees the fundamental rights and freedoms referred to in said law, except those protected by **habeas corpus**; it also establishes that it proceeds against any provision, agreement, or resolution and in general, against any action, omission, or simple material act not based on an effective administrative act, by public servants and bodies, that has violated, violates, or threatens to violate any of those rights. Not only does it proceed against arbitrary acts, but also against actions or omissions based on erroneously interpreted or improperly applied norms. In the Costa Rican legal system, the **Amparo** Action derives from constitutional norms 10 and 48 of the Political Constitution, which establish that every person has the right to an **amparo** action to maintain or restore the enjoyment of the rights enshrined in the Constitution, as well as those of a fundamental nature established in international human rights instruments applicable in the Republic. There is an entire title within this normative body where a series of individual rights and guarantees are established, such as the right to life in Article 21, the right to privacy, freedom, and secrecy of communications in Article 24, the right to equality enshrined in Article 33, the right of consumers and users (of public services) to the protection of the environment in Article 46, and many others, established within social rights and guarantees, such as the right to a healthy and ecologically balanced environment and the correlative State duty to protect it in Article 50, and the State duty to protect natural beauties, which implies at least indirect protection of the environment or a partial aspect of it insofar as it points to an element that integrates it: natural landscapes, in Article 89. The Constitutional Chamber is only subject to the Constitution, the Law, and its jurisprudence and precedents are binding **erga omnes** except for itself. This provision is important given that what is resolved by the Chamber is binding for other public bodies, both administrative and judicial, as well as for all individuals. IV. REGARDING THE RESOLUTION OF THREE HOURS TWENTY-SEVEN MINUTES ON MAY 2, TWO THOUSAND TWENTY-FIVE. In relation to the operative part of the cited resolution and since, as indicated, the facts are practically the same as those known in the first **amparo** action forwarded to this Ministry on April 8, 2025, this Office proceeds to render this second report in the following terms: 4.1: It is reported that by official letter DAJ-MINAE-0675-2025 of April 10, 2025, this Office and its Legal Advisory Department required the Environmental Comptroller of the Environmental Comptrollership to render a report regarding the reported facts. That the response to the previous missive was sent by official letter signed by Mr. Comptroller Olman Mora, via official letter CA-107-2025 of April 23 of this year, which is provided as evidence to this report. 4.2: It is reported that by official letter DAJ-MINAE-0676-2025 of April 10, 2025, this Office and its Legal Advisory Department required the Presidency of the Environmental Administrative Tribunal (TAA) to render a report regarding the reported facts. That the response to the previous missive was sent by official letter signed by the President of the TAA, Licda. Mauren Solís, via official letter No. O-276-2025-TAA of April 22 of this year, which is provided as evidence of this report. The documentary evidence provided in this **Amparo** demonstrates the good faith of our Ministry in addressing the first **amparo** action and therefore should be considered as addressing this second **amparo** action, where the same situation is known.”

6.- By brief added to the file on May 9, 2025, Nelson Cordero Rodríguez and Ana Isabel Rodríguez Sánchez, respectively, Central South Regional Health Director and Director of the Pavas Health Governing Area, report: “Now, regarding the Right to Petition that, according to the plaintiff, has been violated by not obtaining a response to his request dated October 26, 2023, which had already been aired in file 23-027287-0007-CO, Res. No. 2024012468, declared without merit by this esteemed Chamber, the events that led to the denial of access to the file are mentioned, and it is also clarified that this Regional Directorate of the Health Governing Body does not maintain establishment files. I further clarify that the official means to address this authority is the email address ...01.cr. In response to the request, it is worth emphasizing, esteemed magistrates, and as indicated in report MS-DRRSCS-3163-2023 of November 10, 2023, that 'said request was made to the electronic account ...02, where the plaintiff requests the CBZ case file. It is clarified that Dr. Guillermo Flores, the holder of the referenced electronic address, served until September 18, 2023, as Director of the Central South Regional Directorate of the Health Governing Body, and it is as of the described date that he avails himself of the Right to a Pension, as accredited by the payroll exclusion certification attached as evidence. Therefore, it is impossible to have access to the questioned personal institutional account, so addressing the email of Mr. Nombre01 becomes impossible to fulfill.' Therefore, what is alleged by the plaintiff is not receivable since the request was not known by this Directorate. In relation to the request for a report directed to the Head of the Health Regulation Office of this Ministry, we inform you that said position is not contemplated within the institutional organizational chart. Therefore, we respectfully request, esteemed magistrates, that the recipient of the request be specified in order to comply with what is required in accordance with the principle of obedience (...)”.

7.- By brief added to the file on May 9, 2025, María de los Ángeles Zúñiga Pérez, President of the Municipal Council of San José, reports: “The actions subject to this process are typical of the administrative powers granted to the Municipal Mayor and the municipal administration as such, with the representatives of the Municipal Council or the council members having no involvement in said actions. Therefore, in the present case, the undersigned has no competence or action in relation to the facts set forth in this process. Nevertheless, in accordance with the summons and hearing order granted, I appear before your authority, and, in view of the foregoing, I adhere to the report that the administration provides on this case.”

8.- By brief added to the file on May 12, 2025, Luis Diego Miranda Méndez, Mayor of San José, reports: “In view of the facts raised by the interested party, a report was requested from the Service Provision Management of the Municipality of San José, which notes that in light of the functions and powers attributed to this municipality, coupled with the reality presented by the registry study conducted on the property in question, it is clear that the Municipality of San José has acted correctly, providing comprehensive attention to this matter on different occasions as reflected in official letters • GPS-167-2025 referring to **amparo** action 25-009642-0007-CO filed by Mr. Nombre01 • GPS-OMGRD-0133-2025 referring to a report rendered to the Legal Affairs Directorate for handling **amparo** action 25-009642-0007-CO • DSA-0192-2025 from the Department of Environmental Services related to the operation of Tajo COMAQ, provided in **amparo** action 25-009642-0007-CO • GPS-180-2025 related to a criminal investigation processed under file 25-000005-0611-PE Having stated this, for the effects and purposes of this **amparo**, it is worth highlighting that under official letter GPS-180-2025, the following actions are detailed: '...Regarding the actions taken by this Management through the units of the Department of Environmental Services, the Works Maintenance and Construction Section, and the Disaster Risk Management Office, the following is reported: Background Given the recurrence of fire emergencies on the private property of Tajo COMAG, the Fire Department presented the problem and the need for intervention to control the deposit of solid waste and debris on the property from the railway line. Some of the materials unloaded are accelerants and fuel for the fire. Institutional actions 1. Participation in meetings convened by MINSA (Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-0131-2021-BAG) - Pavas Health Governing Area, the Fire Department, and the National Insurance Institute (INS), through the Department of Environmental Services, for the management and handling of solid waste; the Municipal Disaster Risk Management Office for coordination and attention to emergencies caused by fires within the framework of the San José Municipal Emergency Committee; the Works Development and Maintenance Section and coordination with the Municipal Police for on-site operations. 2. Contracting of a geotechnical study to identify the terrain conditions, propose a mitigation measure, and its cost, with the aim of preventing access to the perimeter of the slope on the boundary of the railway right-of-way and the Tajo COMAG property. The design proposal for the engineering work amounted to 501,919,852.17 million colones, its execution not being viable for reasons of institutional competence. 3. Environmental notification for waste management during the period from 2018 to 2024. The Department of Environmental Services has issued environmental notifications for waste management to the involved owners (INCOFER, Tajo COMAG, Asfaltos CBZ), specifically: ▪ INCOFER – take pertinent measures to limit the entry of cargo vehicles on the railway right-of-way. ▪ Tajo COMAG and Asfaltos CBZ – construction of a gate at the common access easement (servidumbre) between their properties to regulate vehicle entry during nighttime hours. 4. Cleaning and collection of solid waste on INCOFER property Cleaning and collection of solid waste scattered on the INCOFER property, specifically in the surroundings of the railway line and in the vicinity of Tajo COMAG (private property). This effort has been possible through the allocation of municipal resources and the intervention of work teams for the collection of accumulated waste. 5. Installation of concrete structures between the railway line and the edge of the Tajo COMAG slope The Municipality of San José designed, built, and installed concrete blocks as physical elements to prevent truck access to the edge of the slope and thus avoid waste deposition. A total of 40 concrete structures were installed in 2023 by the Works Maintenance and Development Section. For the installation of the structures and the safety of the operation for the municipal team, coordination was carried out with INCOFER and the Municipal Police. 6. Coordination with neighbors and judicial authorities The Department of Environmental Services has worked in coordination with local residents and municipal officials to identify those responsible for the illegal dumping of waste. In addition, working groups have been held with the Pavas District Attorney's Office to conduct investigations into the acts of burning and dumping of waste in the area, so that the corresponding sanctions are applied to those responsible. Considerations The Municipality of San José, despite the efforts made to address the problem of contamination on the railway right-of-way of INCOFER and Tajo COMAG, has encountered limitations in a definitive solution, given that the sector involved includes private properties and also: ▪ The dumping of waste towards Tajo COMAG is carried out by private trucks that use the INCOFER right-of-way to access it, therefore, it is the responsibility of that institution to control and address the situations that arise. ▪ In accordance with the Municipal Code, it is the responsibility of each owner to keep their property clean and fenced. ▪ Reception of waste within the property of the former Tajo. The General Law of the Environment, Law No. 7554, establishes that all persons, whether natural or legal, have the obligation to prevent environmental contamination. In this sense, we consider that INCOFER, as the responsible party for the railway line right-of-way in the Pavas area, has a duty in the prevention of environmental contamination and implementation of preventive and corrective measures to prevent dumping, illegal burning of waste, and to prevent it from being used for illegal practices to the detriment of the environment and the public health of the residents of the area. (Regulation to the General Health Law, Law No. 5395). From our institutional competence, we comply with the requirements established by the environmental regulations in force in Costa Rica, demonstrating a clear commitment to the management and mitigation of contamination in the area of the INCOFER railway lines and the Tajo COMAG property. Despite the difficulties stated above, the mitigation actions implemented by the Service Provision Management have not managed to completely eliminate the deposit of solid waste, considering its unknown origin and its provenance from a supposed lucrative activity by third-party groups, among them local criminal groups, which in turn require a comprehensive inter-institutional intervention. It is important to consider both environmental aspects and the issues of safety and control of profit-making activities carried out by third parties. For the purposes of the file, information related to the property owners bordering the railway line on the north and south sides is provided; according to the municipal cadastre, it includes Cadastre plans and images of the registry report obtained from the National Registry of Property website. The foregoing coincides with what is stated under official letter GPS-OMGRD-0133-2025, which outlines actions prior to the knowledge of this **amparo** action aimed at solving the problems alleged by the interested party. On that occasion, following knowledge of Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-P-OS-0131-2021-BAG and the constant fires reported by the Fire Department to the San José Municipal Emergency Committee, the Municipal Disaster Risk Management Office explained: '...1. Following knowledge of Sanitary Order No. MS-DRRSCS-DARS-POS-0131-2021-BAG and the constant fires reported by the Fire Department to the San José Municipal Emergency Committee, we proceeded to facilitate articulation and coordination at the institutional level with the Department of Environmental Services on the issue of solid waste management and contamination, and with the Municipal Police for on-site control operations. At the inter-institutional level, with the Fire Department, MINSA - Pavas Health Governing Area. 2. In the search for solutions to the problem and ongoing working meetings, the possibility of enclosure was assessed as a measure to limit access for waste dumping and the present erosion processes: This Office coordinated the contracting of a geotechnical soil study service in the sector in 2022. The scope of the study was to dimension the type of mitigation measure and its cost (see official letter GPS-OMGRD-102-2023). The design proposal for an engineering work was for 501,919,852.17 million colones, considered at the time unreasonable by the Service Provision Management, coupled with intervention on third-party land. 3. Given the non-viability of the engineering work intervention, it was agreed to construct concrete blocks on site as physical elements to prevent truck access to the edge of the slope and thus avoid waste deposition. (the sketch of the sections to intervene is attached). The design, construction, and placement of the structures in sections 1 and 2 were carried out, for a total of 40 concrete structures in 2023 by the Works and Maintenance Section. This activity was coordinated with INCOFER and with the operational support of the Municipal Police (...)'.'

9.- The legal requirements have been observed in the proceedings followed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

**Considerando:**

I.- PURPOSE OF THE ACTION. The plaintiff claims that on March 28, 2025, the digital media outlet Radio Zurquí published news regarding the operation of an illegal dump (Tajo COMAG), whose waste produces serious environmental contamination in aquifers, soil, wildlife, and endangers human health. He states that in that same location, the CBZ asphalt plant operates, which also contributes to said contamination. He alleges that the respondents have not resolved the environmental problems reported regarding the operation of said plant. Likewise, he states that on October 26, 2023, he requested from the Ministry of Health, particularly from the Pavas Health Governing Area as well as the Central South Regional Directorate, to have access to the public information of the file corresponding to the CBZ Asphalt Plant; however, such information has not been provided to him.

II.- ON THE SPECIFIC CASE. In the first place, regarding the contamination and operation of the reported plant, it is worth noting that, recently, in judgment no. 2025014487 of 9:35 hours on May 16, 2025, this Chamber resolved the following with regard to another action filed by the protected party here (processed in file no. 25-009642-0007-CO):

“I.- PURPOSE OF THE ACTION. The plaintiff claims that the authorities of the Ministry of Health, the Municipality of San José, and the Ministry of Environment and Energy have not addressed a problem of environmental contamination caused by the operation of the dump at Tajo COMAG and the CBZ asphalt plant.

II.- SPECIFIC CASE. By brief provided to this Chamber on April 3, 2025, the plaintiff files an **amparo** action and states that on March 28, 2025, the digital media outlet Radio Zurquí published news regarding the operation of an illegal dump (Tajo COMAG), whose waste produces serious environmental contamination in aquifers, soil, wildlife, and endangers human health. He states that in that same location, the CBZ asphalt plant operates, which also contributes to said contamination.

He claims that this situation occurs without control from the respondent authorities (MINAE, Ministry of Health, and Municipality of San José), despite the complaints that have been filed. He thus alleges 'a failure to execute on the part of the State through these Public Institutions, which have not truly exercised actions to prevent further environmental and public health damage.' He indicates that, by virtue of the foregoing, he files this **amparo** to safeguard the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. He requests, therefore, that the action be declared with merit and that the respondents be ordered to exercise the necessary actions to prevent greater damage to the environment and public health.

Having reviewed the case records, it is evident that this particular matter had already been heard on its merits by this Chamber through **amparo** action No. 20-015603-0007-CO filed by Mr. Nombre02 against the Ministry of Health, the Municipality of San José, and the Ministry of Environment and Energy, among others. Thus, through Vote No. 2020-18319 of 9:15 a.m. on September 25, 2020, this Tribunal ordered the following:

(...) I.- PURPOSE OF THE ACTION: The plaintiff alleges injury to Article 50 of the Political Constitution. The plaintiff details that he is a representative of the company TAJO COMANG de Pavas, owner of the property with registered folio 1-172997-000, located in Pavas, La Carpio. He argues that third parties, without any authorization, enter the property with trucks and dump garbage, turning the property into an illegal dump; additionally, third parties enter who cause burnings to extract metals. He maintains that this situation damages the environment and the emission of toxic gases. He emphasizes that he reported this problem since 2016, and to date the problem persists (...)

V.- ON THE COMPLAINT FILED ON JUNE 24, 2016, BEFORE THE PAVAS HEALTH GOVERNING AREA. After analyzing the evidentiary elements provided, this Tribunal verifies the injury to Article 50 of the Political Constitution. From the evidence in the case records, it is determined that the company TAJO COMAG DE PAVAS S.A., legal identity card CED01, is the owner of the property registered at real folio CED02, located in La Carpio, Pavas, measuring twenty-eight thousand eight hundred square meters, plan SJ-1887236-2016. That third parties, without any authorization, enter the property registered at real folio CED02 with trucks and dump garbage, turning the property into an illegal dump. Likewise, third parties appear at the property and cause fires to obtain metals. On June 24, 2016, the plaintiff filed a complaint before the Pavas Health Governing Area, regarding the existence of an illegal dump on their property located in Pavas, Lomas Del Río. A complaint which was registered under file number 9606. On July 21, 2016, the Acting Director of the Pavas Health Governing Area sends official letter CS-ARS-P-0291-2016 to the Regional Director, requesting support to notify official letter CS-ARS-P-0290-2016 to the Director of the Directorate of Citizen Security and Municipal Police, where help is managed to carry out a joint inspection at the site. On July 26, 2016, official letter CS-ARS-P-0290-2016 was received at the Pavas Proximity Police. On August 10, 2016, an inspection is carried out by the Pavas Health Governing Area at Tajo Comag S.A.; the person in charge of the place directs them to the bottom of the Tajo; on the boundary on the south side, a mound is observed with wood, cardboard, and garbage of various kinds, and minutes later a truck is observed in the distance dumping some type of material towards said mound. The person in charge indicates that trucks arrive from different places to dump said materials on them. On September 2, 2016, official letter CS-ARS-P 0345-2016 is notified to the superintendent of the Public Force to request an accompaniment to the south side of Tajo Comag and to carry out an inspection at the site due to its high risk. On the 6th, officers of the Public Force. At the site, a large quantity of waste such as wood, ceramics, and plastics was observed between the train line and the boundary of Tajo Comag, as recorded in the inspection report of September 6, 2016.

On 11 October 2016, health order CS-ARS-P061-2016-BAG was notified to the legal representative of Tajo Comag, requiring them to submit in writing to the Área Rectora de Salud Pavas an action plan for the proper disposal of the solid waste located on the south side of the Tajo Comag property, granting a reasonable period of 15 business days to do so. On 12 October 2016, official letter CS-ARSP-430-2016 was sent to the Mayor of the Municipalidad de San José, making known the problem existing on the south side of Tajo Comag due to garbage and waste problems on public roads and requesting that they proceed based on Article 8 of the Ley de Gestión Integral de Residuos No 8839. On 19 October 2016, the Área Rectora de Salud Pavas received an Action Plan from the General Manager of Tajo Comag, S.A. On 15 November 2016, official letter CS-ARS-P-509-2016 was notified to the General Manager of Tajo Comag, informing them that said plan received on 19 October 2016 did not comply with aspects such as actions to be taken by Tajo Comag, nor did it indicate responsible parties or timeframes in which they would be carried out, therefore a more detailed plan was requested again. On 22 November 2016, the Área Rectora de Salud Pavas received the new Action Plan from the General Manager of Tajo Comag, S.A. On 30 November 2016, official letter CS-ARS-P-537-2016 was sent to the General Manager of the Company, regarding the new plan delivered on 22 November 2016, and it was requested not to implement it because said plan envisioned that such waste would be moved from one place to another and disposed of in an area where there is land under recovery; also, said plan indicated that it would become a kind of landfill (relleno sanitario), therefore it was requested not to implement it until a technical opinion (criterio técnico) was obtained from a professional. On 26 January 2017, an inspection visit was conducted at the site by Bach. Bryan Arias Gutiérrez of this Dirección de Área Rectora de Salud and Ing. Juan Carlos Oreamuno Hernández of the Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano. On 7 April 2017, the Área Rectora de Salud Pavas received technical opinion DPAH-UASSAH-798-2017 from Ing. Juan Carlos Oreamuno and Ing. Ana Villalobos of the Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano, indicating the following: a.) What must be done at the site are mitigation works (obras de mitigación) to control the possible undesirable effects on health and the environment due to the accumulated material, an aspect that is defined in the Remedial Plan (Plan Remedial). b) The mitigation works are precisely the closure works of a dump (vertedero); under no circumstances would it fall under the modality of a landfill (relleno sanitario). c) That when having to implement closure works, it must be taken into account that these types of measures are regulated in national legislation, specifically in Decreto No 38925-S, “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”, where its Articles 41, 42, and 43 establish the requirements that must be met for its execution, an aspect that must be contemplated among the activities to be implemented within the Remedial Plan (Plan Remedial), duly scheduled. d) That the zone on the land where the waste is located and where this kind of mitigation works are carried out must respect the river protection alignment (río Torres), and the surface coverage on the land must be identified, since given the intentions to install another activity, it would be a zone that could not be used for constructions, pursuant to Article 46 of Decreto No 38928-S, “Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”. Furthermore, it is recommended that the Área Rectora de Salud Pavas request the Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) to immediately assess the risk due to the presence of vehicles in the train right-of-way area on the south side of Tajo Comag. On 28 April 2017, official letter CS-ARS-P-148-2017 was notified to Mr. Johnny Araya Monge, Mayor of the Municipalidad, denouncing the garbage problem on the south side of Tajo Comag and following the recommendations of Report DPAH-UASSAH-798-2017 to involve the Municipalidad de San José in said problem. On 28 April 2017, official letter CS-ARS-P147-2017 was notified to the Executive Presidency of INCOFER, informing them of the problem on the south side of Tajo Comag due to the presence of garbage and trucks arriving to dump at the site, which could cause a train derailment, following the recommendations of Report DPAHUASSAH-798-2017. On 2 May 2017, official letter CSARS-P153-2017 was notified to the legal representative of Tajo Comag so that they would adjust the Action Plan sent to the Área Rectora de Salud Pavas, considering the technical report DPAHUASSAH-798-2017 from the Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano. On 9 May 2017, the Área Rectora de Salud Pavas received an email from the presidency of INCOFER, confirming receipt and that they would be coordinating the solution internally. On 15 May 2017, the Área Rectora de Salud Pavas received the Readjustment of the Action Plan from Tajo Comag. On 5 June 2017, the Área Rectora de Salud Pavas notified official letter CS-ARS-P-226-2017 to the Mayor of the Municipalidad de San José, requesting information on actions taken and, in the event no work had been carried out, to proceed according to their competencies. On 5 June 2017, the Ministerio de Salud notified official letter CS-ARS-P-227-2017 to the Executive Presidency of INCOFER, requesting information on actions taken and, if nothing has been done yet, to act according to their competencies. On 26 June 2017, the Ministerio de Salud received an email—official letter ALCALDIA-A2-00654-2017—from the Municipalidad de San José, indicating that it would schedule the cleanup for 23 June 2017. On 30 June 2017, the Ministerio de Salud notified official letter CS-ARS-P-262-2017 to the legal representative of Tajo Comag, indicating that said plan was not properly adjusted as indicated by the technical report DPAHUASSAH-798-2017 from the Unidad de Administración de los Servicios de Salud en Ambiente Humano and that they are granted 10 business days to adjust the plan; otherwise, a complaint would be filed with the Ministerio Público for Disobedience to Authority as established in Article 314 of the Código Penal. On 6 July 2017, the Área Rectora de Salud Pavas received a Motion to Revoke with Subsidiary Appeal and Concomitant Nullity against official letter CS-ARS-P-262-2017 from the General Manager of Tajo Comag S.A. On 10 July 2017, the Área Rectora de Salud de Pavas sent official letter CS-ARS-P-282-2017 to the Unidad de Rectoría de la Región Central Sur of the Ministerio de Salud. On 21 February 2019, the Área Rectora de Salud received from the Unidad de Asuntos Jurídicos de la Región Central Sur, DM-A-1068-2019, from the Minister of Health, wherein the appeal filed by the Manager of the company is declared without merit and it indicates that its dependencies should be informed about the degree of compliance with the administrative acts issued. On 4 March 2019, the Área de Salud de Pavas, via official letter CS-ARS-P-101-2019, informed the Minister of Health, the Dirección de Asuntos Jurídicos, and the Dirección Regional Central Sur of the follow-up conducted at Tajo Comag, where small wagons with soil were observed, and also sectors of the quarry (Tajo) that have been filled with said soil and rubble (escombro); at the time of the visit, the person in charge did not know if the remedial plan had been readjusted to what was indicated by the Unidad de Administración de Servicios de Salud en Ambiente Humano. On 8 April 2019, via official letter CS-ARS-P-159-2019, the Minister of Health, the Dirección de Asuntos Jurídicos, and the Dirección Regional Central Sur were informed of the follow-up conducted at Tajo Comag. On 16 May 2019, the Área de Salud received from the President of Tajo Comag a document called Progress Report on Compliance. On 7 June 2019, the Área de Salud de Pavas sent official letter MS DRRSCSARS-P-0306-2019 informing the Minister of Health, the Dirección de Asuntos Jurídicos, and the Dirección Regional Central Sur of the follow-up conducted at Tajo Comag. On 3 September 2019, the Área de Salud received official letter No 403-FAA2019 from Licda. Scarleth Izquierdo of the Organismo de Investigación Judicial, requesting information on the actions taken by the Ministerio de Salud and Municipalidad de San José, which was answered on 4 September 2020, by official letter MS-DRRSCSARS-P-0479-2019. On 24 October 2019, the Ministerio de Salud conducted an inspection jointly with the Municipalidad de San José, Bomberos, and Comisión Nacional de Emergencias, where at the time of the inspection, a mound of garbage was observed on the west side of Tajo Comag, as well as visible incipient fires (conatos de incendio). On 29 October 2019, a meeting was held on the third floor of the Municipalidad de San José, attended by representatives of the Ministerio de Salud, Bomberos de Costa Rica, Municipalidad de San José, Comisión Nacional de Emergencias, Fuerza Pública, and representatives of Tajo Comag. It was analyzed that this is a more social problem due to the area being led by the gang "Los Diablos," which is the gang that dominates the territory of the train line where waste is dumped into Tajo Comag; alternatives were proposed such as preventing trucks with waste from reaching the railway lines to dump, regulating passage along the railway line, building a structure so that waste trucks do not pass over the train lines, and for Fuerza Pública to intervene with the drivers. From the foregoing, the Chamber confirms that the complaint filed by the petitioner on 24 June 2016 has been addressed by the officials of the Área Rectora de Salud de Pavas. Note that inspections have been carried out with support from the public force (Fuerza Pública)—because it is a place of high social risk due to being located in La Carpio and as indicated, the area is led by the antisocial gang known as "Los Diablos." It is determined that health orders (órdenes sanitarias) have been issued and monitored. In addition to the above, it is observed that meetings have been held with the participation of the Municipalidad de San José, the Comisión Nacional de Emergencias, officials of the Cuerpo de Bomberos, representatives of the company, and officials of the Ministerio de Salud to seek a solution to the problem of the illegal garbage dump (botadero ilegal) and the fires caused by third parties seeking metals in the waste—which produce toxic gases. Hence, this Court observes that the Ministerio de Salud has carried out multiple actions to seek a solution to the reported environmental problem; however, the problem persists, and therefore it must be addressed. Thus, the injury to the right to the environment is verified by the existence of an illegal dump and the pollution caused by the burning of garbage. Consequently, it is appropriate to grant the appeal (recurso). V.— REGARDING THE MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ: For the resolution of this matter, it is important to transcribe subsection f) of Article 8 of the Ley para la Gestión Integral de Residuos, which states: “ARTÍCULO 8.- Functions of the municipalities. The municipalities shall be responsible for the integrated management of waste generated in their canton; for this purpose, they must (…) f) Prevent and eliminate dumps (vertederos) in the canton and unauthorized waste accumulation. (…)” Therefore, contrary to what was stated by the Mayor of the Municipalidad de San José, one of its obligations is to eliminate illegal dumps. In this specific case, the Chamber determines that on 12 October 2016, the Ministerio de Salud sent official letter CS-ARS-P-430-2016 to the Mayor of the Municipalidad de San José, making known the problem existing on the south side of Tajo Comag due to garbage and waste problems on public roads and requesting that they proceed in accordance with Article 8 of the Ley de Gestión Integral de Residuos No 8839. We see that on 28 April 2017, the Área Rectora de Salud de Pavas notified official letter CS-ARS-P148-2017 to the Mayor of the Municipalidad de San José denouncing the garbage problem on the south side of Tajo Comag and following the recommendations of Report DPAH-UASSAH-798-2017. Likewise, it is verified that on 24 October 2019, an inspection was carried out by the Ministerio de Salud jointly with officials of the Municipalidad de San José, Bomberos, and Comisión Nacional de Emergencias, where garbage and incipient fires (conatos de incendio) were observed. On 29 October 2019, a meeting was held on the third floor of the Municipalidad de San José, attended by officials of the Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Municipalidad de San José, Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, and representatives of Tajo Comag, where it was analyzed that it is a social problem because the area is led by the gang "Los Diablos," a gang that dominates the territory of the train line where waste is dumped into Tajo Comag; alternatives were proposed such as preventing trucks with waste from reaching the railway lines to dump, regulating passage along the railway line, building a structure so that waste trucks do not pass over the train lines, and for Fuerza Pública to intervene with the drivers, among others. In this sense, it is evident that the officials of the municipal entity are currently aware of the problem and have participated in the search for a viable solution; however, nothing has been finalized. Therefore, it is appropriate to grant the appeal on this point. V.— REGARDING THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA: The Chamber rejects the injury to the fundamental rights of the petitioner. It is corroborated that in the records of the Ministerio de Ambiente y Energía, there is no complaint or claim regarding the illegal garbage dump or the burning of waste on the property registered under folio real 1-172997-000, located in La Carpio. Therefore, it is appropriate to dismiss the appeal on this point. (…) THEREFORE (POR TANTO): The appeal is partially granted. It is ordered to Dr. Daniel Salas Peraza, Minister of Health, and to Johnny Araya Monge, Municipal Mayor of San José, or to whoever holds those positions in their stead, to carry out the necessary actions and coordination to resolve the complaint filed by the petitioner on 24 June 2016, regarding the illegal garbage dump and the burning of waste that pollutes the environment, all within a period of no more than eighteen months, counted from the notification of this judgment. The foregoing under the warning that, if they fail to comply with said order, they will incur the crime of disobedience and that, in accordance with Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and fails to comply with it or enforce it, provided that the crime is not more severely punished. The State and the Municipalidad de San José are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Judge Hernández López notes her position. Let this resolution be notified to the parties and to the Presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo and to the Secretaria General de SETENA. Judge Salazar Alvarado notes his position. Judge Rueda Leal dissents and dismisses the appeal (…).”

Having reviewed the foregoing and due to the fact that, as stated, this Chamber has already issued a ruling on the merits of the subject under study, the appropriate course of action is to separate (desglosar) both the brief submitted by the petitioner on 3 April 2025, as well as the rest of the documents (reports and evidence) provided to the case file, so that they may be incorporated into the cited file No. 20-015603-0007-CO and processed as a non-compliance (desobediencia) proceeding regarding what was ordered in the aforementioned Voto No. 2020-18319.

Note that, although it does not involve the same petitioners, we are facing a matter of great magnitude and environmental significance, where, furthermore, diffuse interests are at stake; hence, this Chamber considers the aforementioned separation (desglose) to be appropriate.

Specifically, the petitioner's claim must be considered a non-compliance (desobediencia) with what was already known and resolved by the Chamber on that occasion, and so it is ordered.”

THEREFORE (POR TANTO):

Separate (Desglósese) the brief submitted by the petitioner to the Chamber on 3 April 2025, as well as the rest of the briefs added to this process, so that they may be processed as a non-compliance (desobediencia) proceeding within the amparo appeal processed in file No. 20-015603-0007-CO. Archive the present matter.”

This being the case, considering that in the sub lite case, the petitioner reiterates what was set forth in file No. 25-009642-0007-CO regarding the reported pollution situation, and that in that latter summary proceeding, through judgment No. 2025014487 of 9:35 a.m. on 16 May 2025, this Chamber ordered the separation of such claims so that they could be heard and processed in file No. 20-015603-0007-CO, the petitioner must abide by what was resolved in the aforementioned judgment (No. 2025014487 of 9:35 a.m. on 16 May 2025).

On the other hand, the protected party asserts that on 26 October 2023, they requested the Ministerio de Salud, particularly the Área Rectora de Salud de Pavas as well as the Dirección Región Central Sur, to have access to the public information of the file corresponding to Planta Asfáltica CBZ; however, such information has not been provided.

In this regard, it is verified that this specific grievance has also already been heard by this Chamber through judgment No. 2024012468 of 9:20 a.m. on 10 May 2024, in which it was ordered:

“I.— PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioner asserts that they requested, before the Área Rectora de Salud de Pavas, access to the administrative file of the company CBZ Asfaltos Sociedad Anónima. However, that information was denied, and therefore they request the intervention of this Court.

II.— PROVEN FACTS. The following facts are deemed duly proven as relevant to the decision in this matter, either because they have been substantiated or because the respondent omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On 26 October 2023, the petitioner sent to the email addresses ...03 and ...02, of the Área Rectora de Salud de Pavas and the Dirección Región Central Sur of the Ministerio de Salud, a request for information, specifically: 'please provide me, in writing, the following public information, requesting the corresponding digital file held by this Área de Salud as well as the Dirección Regional Central Sur regarding the company and plant CBZ in Rincón Grande de Pavas' (see evidence provided). b) On 30 October 2023, the Área Rectora de Salud de Pavas responded to the petitioner's request, stating that: 'with instructions from the director, Dr. Ana Isabel Rodríguez, said file may be consulted at our Área Rectora de Salud de Pavas once you appear in person and show us your bar association identification card physically, and in this way, we can clarify doubts related to this case (…)' (see report rendered and evidence provided by the respondent authority). c) The administrative file opened against CBZ Asfaltos Sociedad Anónima is active, with verification of compliance with the health orders (órdenes sanitarias) that were issued still pending (see report rendered by the respondent authority). d) The email address ...04 is the official means of communication with the Área Rectora de Salud de Pavas of the Ministerio de Salud (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities). e) The email address ...02 is not an official means of communication with the Dirección Región Central Sur of the Ministerio de Salud (see report rendered and evidence provided by the respondent authorities) (…)

V.— ON THE MERITS. In the sub lite case, the petitioner asserts the violation of their fundamental rights, since the authorities of the Ministerio de Salud denied them access to an administrative file that, in their opinion, constitutes public information.

In this regard, the respondent authorities, in their report rendered under the solemnity of oath, indicate that, pursuant to the provisions of current regulations, and since the legitimacy of the petitioner to access the file of their interest was not verified, access to the administrative file opened against the company CBZ Asfaltos Sociedad Anónima was denied. They assert that said file is currently active.

Having analyzed the factual scenario presented, this Court considers that the petitioner's claims are unfounded. Firstly, it is observed that the respondent authority did indeed respond to the request made, indicating that the required information would be provided only once the petitioner proves their legitimacy to access the file of their interest. On the other hand, as can be deduced from the report provided by the respondent authority, the administrative file is active, as verification of compliance with the issued health orders is pending; therefore, its access is restricted to the parties. Thus, this Court cannot verify, first of all, that the petitioner is a party to the administrative procedure in question. Furthermore, the denial to provide the requested documentation is based on Article 273 of the Ley General de Administración Pública, which states:

"Artículo 273.- 1. There shall be no access to the pieces of the file whose knowledge may compromise State secrets or confidential information of the counterparty or, in general, when the examination of said pieces grants a party an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the counterparty, or third parties, inside or outside the file. 2. Draft resolutions, as well as reports for consultative bodies and their opinions before they have been issued, shall be presumed in this condition, unless proven otherwise."

For this reason, no arbitrary action on the part of the respondent authority is observed; rather, the denial to provide the documentation sought by the petitioner is grounded in current regulations. Ergo, it is appropriate to dismiss the appeal, as is hereby ordered.

THEREFORE (POR TANTO):

The appeal is dismissed.”

For greater abundance, it is relevant to highlight the opinion expressed by this Chamber regarding the standing to access an administrative file that is in progress. Thus, for example, in judgment No. 2024013430 of 9:30 a.m. on 17 May 2024, this Chamber indicated:

“This Constitutional Chamber, in Judgment No. 2017-7795 of 09:20 a.m. on 26 May 2017, explained:

 “(…) Faced with this situation, the Chamber confirms the violation of the fundamental rights of the female petitioner and the protected party for the facts that will be stated below. As the petitioner points out in the present appeal, Article 272.1 of the Ley General de la Administración Pública guarantees any lawyer, in the liberal exercise of the profession, the principle of free access to information, ergo, to the administrative file. The foregoing, provided that it does not fall under any of the exception assumptions established in Article 273 of the same regulatory body, which reads: '1. There shall be no access to the pieces of the file whose knowledge may compromise State secrets or confidential information of the counterparty or, in general, when the examination of said pieces grants a party an undue privilege or an opportunity to illegitimately harm the Administration, the counterparty, or third parties, inside or outside the file. 2. Draft resolutions, as well as reports for consultative bodies and their opinions before they have been issued, shall be presumed in this condition, unless proven otherwise.' For this reason, since the respondent authority does not demonstrate that it falls under any of the exception assumptions cited above; furthermore, it did not demonstrate that it made this clear to the female petitioner when denying her access to the file, the violation of Articles 30 of the Constitution and 272 of the Ley General de la Administración Pública is confirmed. However, it is clarified that as of the enactment of Law No. 8968, Protection of the Person Regarding the Processing of their Personal Data, sensitive and confidential data must be safeguarded until authorization for unrestricted access to the file is granted (…)” (The highlighting is not part of the original).

V.— SPECIFIC CASE. The petitioner comes before the Chamber and indicates that on 19 April 2024, they received a communication from agents of [Nombre03 002]., in order to request their possible professional collaboration (as a lawyer) in a case brought before the Tribunal Administrativo de Transporte of MOPT, and in which they were granted a defense hearing, a copy of which was sent to them, and they requested their professional considerations on the case. They indicate that, upon evaluating what was sent, they noticed it was necessary to access the entirety of the case file, in order to obtain a complete overview thereof and to be able to assess the actions to be taken and provide the best advice for the professional request made to them. Consequently, they explain that on 20 April 2024, they requested via email to the TAT access to the file of the specific case (file No. [Valor 002]); they also requested that the digital version of the aforementioned file be sent, clearly indicating in their note that their request applied pursuant to the provisions of Article 272 of the Ley General de la Administración Pública, as well as the provisions of Articles 27 and 30 of the Constitución Política. They note that, in addition, they identified themselves as a lawyer and stated that their request stemmed from the professional need to assess the aforementioned file and thus have all the elements of judgment for their work. However, they claim that their request was rejected by the respondent party on 22 April 2024 through official letter No. TAT-SI-069-2024. Consequently, they assert that the respondent arbitrarily denied the requested information. They therefore request that this jurisdiction order the TAT to provide them with the required data.

Having reviewed the case file, it is taken as proven that on 18 April 2024, the Tribunal Administrativo de Transportes—pursuant to administrative file No. [Valor 002]—granted the company [Nombre 003]. a hearing so that, through its legal representative, it could respond to a subsidiary appeal and prior incidental motions for absolute nullity and suspension of the effects of the contested act, filed by Mr. Nombre04. Likewise, it was shown that on 20 April 2024, the petitioner [Nombre 001] sent a request to the Tribunal Administrativo de Transportes to access the aforementioned file No. [Valor 002]. On that occasion, the petitioner indicated:

“(…) based on the Determinations of Articles 7, 30, 39, 41, and 45 of the Constitución Política, on Law No. 9097, and on Section 272 of the Ley General de la Administración Pública (…) I appear to Request the Following Information: COMPLETE DIGITAL COPY OF FILE No. TAT-007-2024, CASE OF Nombre04. The Foregoing for the purpose of my Possible Professional Work in Defense of the Interested Firm: [Nombre03 003]. (upon being contacted by representatives of the same), and to address the Defense Hearing that has been Granted by Your Resolution (PREVENCIÓN No. 1) of 08:15 a.m. on 18 April 2024, Notified by Email on the 18th instant. And Bearing in mind that Possession of the Entirety of the Case File is Indispensable for the Knowledge and Defense thereof (…)”.

It was also verified that, in response to said request, on 22 April 2024, the respondent party sent the petitioner official letter No. TAT-SI-069-2024, which stated the following:

"(…) since the requested file is under study by the Investigating Judge without the final act having been issued, the information contained therein may only be accessed by the legitimate parties; in that regard, having reviewed the mentioned file, there is no record of authorization from any of the parties nor a special administrative power of attorney accrediting your representation to act on behalf of the company [Nombre 003]., and thus, to have access to the ongoing administrative file. In this context, should you seek access to the cited file, you must present the pertinent authorization (…)".

In addition to the foregoing, it was shown that on 24 April 2024, the company [Nombre 003].

responded to the hearing granted by the appealed Court, through a legal representative other than the appellant.

Concomitantly, it is of interest to note that the President of the Administrative Transport Tribunal, regarding the alleged facts, informed and explained to this Chamber that the request filed by the claimant was rejected pursuant to article 273, subsection 2), of the General Law of Public Administration, because the case file (subsidiary appeal) was under study by the investigating judge, no final act had been issued, and the information contained therein could only be accessed by the legitimate parties, without any authorization from the parties or a special administrative power of attorney issued in his favor being on record. Likewise, he clarified that it is pending for the investigating judge or the person assigned to the case to prepare the respective draft resolution (proyecto de resolución) and submit it to a vote of the full Tribunal (which is one of the preconditions established in subsection 2 of the cited numeral), it being that, until the definitive act is issued and notified to the parties, the information contained in the file will be of public access. The respondent also points out that not just any person can have access to the file, since there is sensitive information of the parties that must be safeguarded.

Now then, having analyzed all of the above, this Constitutional Court finds that the claimant's argument is correct.

The foregoing, fundamentally, to the extent that section 272 of the General Law of Public Administration stipulates that any attorney can access the pieces of an administrative file, it being that, in the instant case, we are not properly facing some of the exceptions to that rule referenced, in turn, by article 273 of that same normative body. Note that, as explained in the preceding consideration (considerando), in this matter we are not – for the respondent party did not so inform nor was it made known to the protected party in the response provided – before a file that may compromise State secrets or contain confidential information; nor was it said that the examination of said pieces conferred an undue privilege to the party or an opportunity to illegitimately harm the administration, the counterparty, or third parties. Furthermore, it must be observed that, in this matter, we are also not before a draft resolution (proyecto de resolución) (since the act resolving the appeal has not even been issued, nor was access to the draft resolving it properly requested), a report for an advisory body, or opinions from these before they have been rendered.

Under such order of considerations, it is therefore unacceptable that access to the cited file was denied to the appellant, under the argument that the final act has not been issued (referring properly to the cited appeal) and, furthermore, that authorization expressly issued by the parties to the proceeding was not provided, since, as explained supra, these aspects do not constitute exceptional circumstances or limitations to the right under study.

Thus, this Chamber observes that the denial issued by the authorities of the TAT becomes arbitrary and completely lacking in foundation. Consequently, what is appropriate is to grant this amparo, for having violated the provisions of article 30 of the Constitution, with the consequences that will be stated in the operative part of this judgment."

In such manner, as indicated in judgment no. 2024012468 at 9:20 a.m. on May 10, 2024, since the protected party is not a procedural party in the requested administrative file, the respondent authority specified that he had to appear with the respective attorney's identification card to be granted access to the file (a circumstance that, as noted in background no. 2024013430 cited ut supra, is precisely permitted by section 272.1 of the General Law of Public Administration); however, it was not verified that the petitioner met that requirement to legitimize the delivery of the summary proceedings.

Thus, by virtue of it being the same request of October 26, 2023, and not some other formulated subsequently, and because this particular situation was already known by this Chamber in pronouncement no. 2024012468 at 9:20 a.m. on May 10, 2024, in which any irregular action by the respondent party was discarded, the appellant must abide by what was resolved in the aforementioned judgment.

III.- NOTE FROM MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if the Public Administration has already intervened, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do proceed to hear the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of contamination are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from contamination (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, in which the appellant denounces alleged environmental contamination of aquifers (mantos acuíferos), the soil, wildlife, and that they put human health at risk, due to the operation of an illegal dump (Tajo COMAG), in Rincón Grande de Pavas. He alleges he has made prior efforts before the Ministry of Health, without obtaining an effective solution.

The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, so I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the issue, in order to verify or discard the appellant's allegations.

IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device, or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that all material not withdrawn within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Regulation on the Electronic File before the Judiciary" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court in article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Superior Council of the Judiciary, approved in article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

Abide by what was resolved in judgments no. 2025014487 at 9:35 a.m. on May 16, 2025, and no. 2024012468 at 9:20 a.m. on May 10, 2024. Magistrate Salazar Alvarado records a note.

Fernando Castillo V.

Presidente

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Jorge Isaac Solano A.

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Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:39:45.

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