Res. 19052-2025 Sala Constitucional — Municipality responded to environmental complaint within reasonable timeMunicipalidad atendió denuncia ambiental en plazo razonable

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Sala Constitucional

Resolución Nº 19052 - 2025

Fecha de la Resolución: 20 de Junio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-015782-0007-CO

Redactado por: Luis Fdo. Salazar Alvarado

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-015782-0007-CO

Res. Nº 2025019052

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en expediente N° 25-015782-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra la MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala y, agregado al expediente el 2 de junio de 2025, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Municipalidad de Vázquez de Coronado. Explica, que el 12 de mayo de 2025, solicitó a la dirección de correo electrónico ...01 de la recurrida, la siguiente información: "Se me informe la situación del estado del expediente del caso mencionado en el oficio SA-253-0447-2025 emitido por el ingeniero Gilbert Benítez, y fue remitido a su despacho relacionado con los permisos de construcción, órdenes de clausuras, demolición y patentes otorgadas". Pese al tiempo transcurrido, acusa que al momento de interposición de este recurso, no se ha brindado respuesta a su gestión, por lo que, estima se han vulnerado sus derechos fundamentales.

2.- Por resolución de las 11:24 horas de 4 de junio de 2025, se le dio curso al proceso y se le concedió audiencia a la Alcaldesa de Vázquez de Coronado.

3.- Informa Yamilet Quesada Zúñiga, en su condición de Alcaldesa de la Municipalidad Vázquez de Coronado, en cuanto a los hechos acusados, lo siguiente:

“La Municipalidad de Vázquez de Coronado expone con precisión cronológica y técnica los hechos relevantes que sustentan su actuación administrativa, y que permiten evidenciar que no existió omisión ni violación al derecho de petición del señor Nombre01, recurrente en este proceso constitucional:

Primero: Con fecha 23 de marzo de 2025, el señor Nombre01, por medio de correo electrónico enviado a funcionarios municipales y al Ministerio de Salud, formuló una denuncia formal en contra de un local comercial ubicado en las inmediaciones de la Clínica de Coronado, el cual presuntamente operaba sin permisos de construcción y ocasionaba contaminación sónica, afectación al orden público y malestar en la comunidad. En su denuncia manifestó que el inmueble albergaba una estación de lavado de vehículos, un restaurante y una discoteca encubierta, pese a que, según su interpretación del Plan Regulador, no era legalmente posible otorgar patentes de ese tipo en la zona.

Segundo: Derivado de dicha gestión, el Departamento de Inspecciones y Saneamiento Ambiental realizó una inspección en el sitio, según consta en el oficio SA-253-0447-2025, fechado 9 de abril de 2025, firmado digitalmente por el Ing. Gilbert Benítez Rodríguez. En dicho documento se indica que:

• El sitio cuenta con tres patentes municipales vigentes y al día: lavacar (05895), restaurante (05917) y licor (05918).

• Se identificaron obras realizadas sin permisos constructivos, motivo por el cual existen dos actas de clausura (números 2178 y 3014), y se remitió el caso al Despacho de la Alcaldía para la eventual apertura de un expediente de demolición

Tercero: El oficio SA-253-0447-2025 fue debidamente enviado al recurrente el día 29 de abril de 2025 por la funcionaria Lilliam Rodríguez, en atención a su solicitud inicial. Asimismo, se emitieron y remitieron otros oficios complementarios:

• El oficio SA-253-0448-2025, dirigido al Ministerio de Salud, para que investigara los temas relativos a contaminación sónica.

• El oficio SA-253-0449-2025, dirigido al Departamento de Patentes, para que evaluara la legalidad de las licencias otorgadas y diera respuesta directa al señor Nombre01.

Ambos oficios fueron notificados con copia al actor y tramitados de manera oportuna, cumpliendo con los principios de coordinación institucional y control interno.

Cuarto: Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, el señor Nombre01 remite un nuevo correo a la Alcaldía, reiterando su interés en conocer el estado del expediente de demolición y solicitando documentación adicional, incluyendo copia del criterio legal que sustenta las patentes otorgadas. Aunque este escrito es presentado como una nueva gestión, en los hechos se trata de una reiteración de lo ya solicitado y contestado, sin que incorpore nuevos elementos ni solicitudes distintas de fondo.

Quinto: En atención a esta reiteración, el Despacho de la Alcaldía, mediante correo electrónico fechado el 12 de junio de 2025, remitió una respuesta ampliada, en la cual se indicó expresamente que:

• El expediente de demolición SA-253-0183-2025 se encuentra en curso, y conforme al principio de legalidad y el artículo 8 de la Ley N.º 8968, su contenido no puede ser divulgado hasta tanto no concluya el procedimiento.

• Las actas de clausura forman parte del expediente administrativo.

• Se adjunta el criterio legal LE-202-071-2024, emitido por el Departamento Legal Municipal, el cual respalda la legalidad del otorgamiento de las patentes en cuestión

Sexto: La Municipalidad fue notificada del presente recurso de amparo el día 10 de junio de 2025, cuando ya se encontraba elaborada y en proceso de envío la respuesta definitiva. Este hecho demuestra que no existió mora administrativa, ni intención de ocultar información o incumplir el derecho de petición del recurrente.

Por el contrario, la conducta administrativa fue activa, respetuosa del marco jurídico, diligente en los procedimientos y transparente en el manejo de la información pública dentro de los límites que establece la ley.

II. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La actuación administrativa desarrollada por la Municipalidad de Vázquez de Coronado se enmarca en el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, conforme al cual toda actuación del poder público debe sujetarse estrictamente al ordenamiento jurídico. En este contexto, es imprescindible destacar los cuerpos normativos y criterios jurisprudenciales que regulan el derecho fundamental de petición y respuesta oportuna, así como las excepciones y limitaciones legalmente establecidas en el ordenamiento costarricense.

En primer lugar, el artículo 27 de la Constitución Política reconoce a toda persona el derecho a presentar peticiones respetuosas a los funcionarios públicos, con la obligación correlativa de darles pronta resolución. Sin embargo, tal derecho no es absoluto ni inmediato, pues debe analizarse en relación con otras disposiciones legales y con las condiciones del caso concreto. Complementariamente, el artículo 30 constitucional garantiza el derecho de acceso a la información pública, salvo cuando existan causas de reserva legal o protección de datos personales.

En el plano legal, el artículo 273 del Código Municipal, impone a los gobiernos locales el deber de resolver las gestiones que les presenten los particulares dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del recibo de la gestión. No obstante, tal plazo puede prorrogarse conforme lo establece el Reglamento a la Ley N.º 8220, cuando la solicitud requiera análisis técnico o la integración de criterios jurídicos especializados, como ocurrió en este caso.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, dispone que las instituciones públicas podrán denegar el acceso a la información contenida en expedientes administrativos activos cuando se trate de datos sensibles o que afecten derechos de terceros, tal como ocurre en el caso del expediente SA-253-0183-2025, aún en trámite y relacionado con una potencial sanción administrativa. Esta reserva se encuentra además respaldada por el principio de confidencialidad durante el procedimiento, previsto en el artículo 273 bis del Código Municipal y el artículo 35 de la Ley General de la Administración Pública.

En lo que respecta a la interpretación constitucional de estos principios, la Sala Constitucional ha sostenido reiteradamente que el derecho de petición no puede entenderse como una facultad para exigir respuestas instantáneas, sino dentro de un margen de razonabilidad temporal y administrativa. Así lo señaló en el voto N.º 2023-007890, donde expresó:

“La Administración tiene el deber de atender las gestiones dentro de un plazo razonable, considerando la complejidad del asunto y los principios de eficiencia, legalidad y proporcionalidad. La existencia de un procedimiento en curso puede constituir causa legítima para que cierta información no sea revelada hasta su conclusión.”

Igualmente, en el voto N.º 2022-013882, se afirmó que no se configura una violación al derecho de petición cuando la gestión reiterada por el administrado ha sido ya respondida o cuando la información solicitada ha sido canalizada por las vías ordinarias correspondientes, como sucedió en el presente caso, donde la información fue remitida mediante oficios SA-253-0447-2025 y complementada por el despacho de la Alcaldía el 12 de junio de 2025, con anterioridad a que se cumpliera el mes desde la gestión efectuada el 12 de mayo.

Por último, resulta pertinente traer a colación el voto N.º 2021-009219, donde esta Sala estableció que, cuando el agravio planteado en sede de amparo ya ha sido subsanado durante la tramitación del recurso, lo procedente es rechazar el recurso o resolverlo sin especial condenatoria en costas, daños ni perjuicios, en virtud de que no persiste lesión alguna al derecho fundamental. Este razonamiento resulta plenamente aplicable al presente caso, dado que la administración ya había emitido respuesta formal, completa y documentada al actor antes incluso de la notificación oficial del recurso.

En consecuencia, se evidencia que la actuación municipal fue diligente, oportuna y conforme con el ordenamiento jurídico vigente, sin que se haya configurado violación alguna a los derechos fundamentales alegados por el recurrente.

III. ANÁLISIS JURÍDICO

Primero: La solicitud del señor Nombre01 fue atendida de forma documentada y oportuna, primero por el Departamento de Inspecciones y luego por la Alcaldía, respetando los plazos legales y sin que existiera negligencia o retardo por parte de esta administración.

Segundo: La información solicitada respecto a un expediente de demolición en curso, tiene carácter reservado de conformidad con la normativa sobre protección de datos personales y debido proceso administrativo. Tal condición no vulnera el derecho de acceso a la información pública, en tanto se fundamenta en un interés superior.

Tercero: El recurso carece de sustento, pues se fundamenta en una omisión inexistente y pretende desnaturalizar el uso del amparo constitucional como herramienta de protección inmediata ante una amenaza cierta y actual, lo cual no se configura en este caso”.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,

 

CONSIDERANDO:

I.- DE PREVIO. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la Sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la Jurisdicción Contencioso Administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la Administración Pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes.

En este caso se plantea un supuesto de excepción pues se está ante una solicitud de intervención planteada por el recurrente, por la supuesta dilación en proveer información respecto al estado de una denuncia planteada por el recurrente por una construcción ubicada en las inmediaciones de la Clínica de Coronado, la cual presuntamente operaba sin permisos de construcción y ocasionaba contaminación sónica, afectación al orden público y malestar en la comunidad. Esta Sala ha admitido la legitimidad de las personas para alegar la violación del derecho a una justicia pronta y cumplida en asuntos relacionados con problemas ambientales. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente asegura que el 12 de mayo de 2025, solicitó a la dirección de correo electrónico ...01 de la autoridad recurrida, la siguiente información: "Se me informe la situación del estado del expediente del caso mencionado en el oficio SA-253-0447-2025 emitido por el ingeniero Gilbert Benítez, y fue remitido a su despacho relacionado con los permisos de construcción, órdenes de clausuras, demolición y patentes otorgadas". Explica, que no se ha brindado respuesta a su gestión, por lo que se vulnera su derecho de petición y pronta respuesta.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la resolución del presente recurso, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos de relevancia:

1.    El 23 de marzo de 2025, el tutelado, por medio de correo electrónico enviado a funcionarios municipales y al Ministerio de Salud, formuló una denuncia formal en contra de un local comercial ubicado en las inmediaciones de la Clínica de Coronado, el cual presuntamente operaba sin permisos de construcción y ocasionaba contaminación sónica, afectación al orden público y malestar en la comunidad. En su denuncia manifestó que el inmueble albergaba una estación de lavado de vehículos, un restaurante y una discoteca encubierta, pese a que, según su interpretación del Plan Regulador, no era legalmente posible otorgar patentes de ese tipo en la zona (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada).

2.    El Departamento de Inspecciones y Saneamiento Ambiental realizó una inspección en el sitio, según consta en el oficio SA-253-0447-2025, fechado 9 de abril de 2025, firmado digitalmente por el Ing. Gilbert Benítez Rodríguez. En dicho documento se indica que: •              El sitio cuenta con tres patentes municipales vigentes y al día: lavacar (05895), restaurante (05917) y licor (05918).  •              Se identificaron obras realizadas sin permisos constructivos, motivo por el cual existen dos actas de clausura (números 2178 y 3014), y se remitió el caso al Despacho de la Alcaldía para la eventual apertura de un expediente de demolición El oficio SA-253-0447-2025 fue enviado al recurrente el 29 de abril de 2025 por la funcionaria Lilliam Rodríguez, en atención a su solicitud inicial. Asimismo, se emitieron y remitieron otros oficios complementarios:  •              El oficio SA-253-0448-2025, dirigido al Ministerio de Salud, para que investigara los temas relativos a contaminación sónica.  •              El oficio SA-253-0449-2025, dirigido al Departamento de Patentes, para que evaluara la legalidad de las licencias otorgadas y diera respuesta directa al señor Nombre01.  Ambos oficios fueron notificados con copia al actor (véase al respecto el informe rendido por la autoridad recurrida y prueba aportada).

3.    El 12 de mayo de 2025, el recurrente solicitó a la dirección de correo electrónico ...01 de la recurrida, información relacionada con su denuncia del 23 de marzo de 2025. En concreto, solicitó lo siguiente: "Se me informe la situación del estado del expediente del caso mencionado en el oficio SA-253-0447-2025 emitido por el ingeniero Gilbert Benítez, y fue remitido a su despacho relacionado con los permisos de construcción, órdenes de clausuras, demolición y patentes otorgadas" (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la autoridad recurrida).

4.    La resolución de curso de este proceso se le notificó a la autoridad recurrida el 10 de junio de 2025 (véase al respecto el acta de notificación agregada en autos).

5.    El 12 de junio de 2025, se le brindó respuesta al interesado, en concreto se le indicó lo siguiente: “Espero se encuentre bien, con respecto a su solicitud de que se le indique con respaldo documental sobre le oficio SA-253-0183-2025 el mismo al ser un expediente de demolición abierto la relación es entre la Municipalidad y el propietario del inmueble, una vez concluido el proceso, pasa a ser información pública, donde ya podría solicitar la documentación. En relación con las actas de notificación mencionadas en el correo las mismas se encuentran dentro del expediente que son las que realizan el acto de apertura del oficio SA-253-0183-2025 Y con el criterio LE-202-071-2024 el mismo va adjunto” (véase al respecto el informe y la prueba remitida por la autoridad recurrida).

6.    La cuenta de correo electrónico ...01 es el medio oficial para atender reclamos como el presentado por el recurrente (hecho no controvertido).

IV.- SOBRE EL FONDO. En este caso, es claro que la gestión del recurrente asegura que el 12 de mayo de 2025, solicitó a la dirección de correo electrónico ...01 de la autoridad recurrida, la siguiente información: "Se me informe la situación del estado del expediente del caso mencionado en el oficio SA-253-0447-2025 emitido por el ingeniero Gilbert Benítez, y fue remitido a su despacho relacionado con los permisos de construcción, órdenes de clausuras, demolición y patentes otorgadas". Explica, que no se ha brindado respuesta a su gestión, por lo que se vulnera su derecho de petición y pronta respuesta.

Sin embargo, se explica bajo juramento que el tutelado presenta esa gestión a la luz de una denuncia que presentó el 23 de marzo de 2025 ante ese Municipio por el funcionamiento de un local comercial, presuntamente sin permisos y que genera contaminación sónica, afectación al orden público y malestar en la comunidad. Es decir, es claro que el recurrente presentó la gestión dentro del curso de un procedimiento que se tramita en sede administrativa y a propósito de éste. Se debe advertir, por consiguiente, que lo acusado constituiría eventualmente, en su caso, una violación a lo dispuesto en el artículo 41, de la Constitución Política, no una simple solicitud de información. En ese tanto, se acreditó que la denuncia data el 23 de marzo de 2025 y ya la Municipalidad realizó una inspección en el sitio, se detectaron obras sin permisos y se emitieron actas de clausura y se remitió el caso para un expediente de demolición y, además, esa información se le trasladó al tutelado por oficio SA-253-0447-2025 que le fue entregado el 29 de abril de 2025. Asimismo, se emitieron y remitieron otros oficios complementarios:  •              El oficio SA-253-0448-2025, dirigido al Ministerio de Salud, para que investigara los temas relativos a contaminación sónica.  •              El oficio SA-253-0449-2025, dirigido al Departamento de Patentes, para que evaluara la legalidad de las licencias otorgadas y diera respuesta directa al señor Nombre01.  Ambos oficios fueron notificados con copia al actor. A partir de lo expuesto, este Tribunal acredita que la problemática denunciada por el recurrente ha sido atendida por la autoridad recurrida, en plazos absolutamente razonables y, el documento solicitando más información referente a su denuncia, presentado el 12 de mayo de 2025, se le contestó el 12 de junio de 2025. Así, si bien, la fecha de entrega es posterior a la notificación de la resolución de curso de este proceso, lo cierto del caso, es que, para los efectos de la tutelada del derecho a una justicia administrativa pronta, es claro que la denuncia del tutelado sí se ha tramitado en plazos absolutamente razonables y sí se le ha brindado información respecto al estado del trámite. En consecuencia, lo procedente es desestimar el recurso, como en efecto se dispone. 

V.- Sin demérito de lo expuesto, tome nota la Alcaldesa de la Municipalidad de Municipalidad de Vázquez de Coronado, que no debe de perder de vista de conformidad con el artículo 169, de la Constitución Política, a su cargo está la administración de los intereses y servicios locales del cantón. Por consiguiente, deberá continuar ejecutando lo pertinente y necesario dentro del ámbito de sus competencias, para velar porque se siga cumpliendo la normativa infraconstitucional en el local comercial en cuestión, a fin de salvaguardar el derecho de los habitantes de la comunidad a ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO CASTILLO VÍQUEZ, EN CUANTO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA PRONTA Y CUMPLIDA.  He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008- 02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota.-

 

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Paul Rueda L.




Luis Fdo. Salazar A.

	

 

	

Jorge Araya G.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jorge Isaac Solano A.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 C6FLCWNCWCK61

EXPEDIENTE N° 25-015782-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:41:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

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Sala Constitucional  

Resolution No. 19052 - 2025  

Date of Resolution: June 20, 2025 at 09:20  

Expediente: 25-015782-0007-CO  

Drafted by: Luis Fdo. Salazar Alvarado  

Type of case: Recurso de amparo  

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL  

  

  

  

Text of the resolution  

  

Exp: 25-015782-0007-CO  

Res. No. 2025019052  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes of June twentieth, two thousand twenty-five.  

Recurso de amparo processed in expediente No. 25-015782-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MUNICIPALIDAD VÁZQUEZ DE CORONADO.  

RESULTANDO:  

1.- By a brief filed with the Secretariat of the Sala and added to the expediente on June 2, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the Municipalidad de Vázquez de Coronado. He explains that on May 12, 2025, he requested the following information from the respondent's email address ...01: "I be informed of the status of the expediente for the case mentioned in official communication SA-253-0447-2025 issued by engineer Gilbert Benítez, and it was referred to your office related to construction permits, closure orders, demolition, and granted patents." Despite the time elapsed, he claims that at the time of filing this recurso, no response has been provided to his request, and therefore, he believes his fundamental rights have been violated.  

2.- By a resolution at 11:24 hours on June 4, 2025, the proceeding was admitted and a hearing was granted to the Mayor of Vázquez de Coronado.  

3.- Yamilet Quesada Zúñiga reports, in her capacity as Mayor of the Municipalidad Vázquez de Coronado, regarding the alleged facts, the following:  

“The Municipalidad de Vázquez de Coronado sets forth, with chronological and technical precision, the relevant facts that support its administrative action, and which demonstrate that there was no omission or violation of the right to petition of Mr. Nombre01, petitioner in this constitutional process:  

First: On March 23, 2025, Mr. Nombre01, via email sent to municipal officials and the Ministry of Health, filed a formal complaint against a commercial establishment located in the vicinity of the Clínica de Coronado, which allegedly operated without construction permits and caused noise pollution, disruption of public order, and community unrest. In his complaint, he stated that the property housed a car wash, a restaurant, and a concealed nightclub, despite the fact that, according to his interpretation of the Regulatory Plan, it was not legally possible to grant patents of that type in the area.  

Second: Derived from this request, the Department of Inspections and Environmental Sanitation conducted an on-site inspection, as recorded in official communication SA-253-0447-2025, dated April 9, 2025, digitally signed by Eng. Gilbert Benítez Rodríguez. This document indicates that:  

• The site has three current and up-to-date municipal patents: car wash (05895), restaurant (05917), and liquor (05918).  

• Works carried out without construction permits were identified, which is why there are two closure records (numbers 2178 and 3014), and the case was referred to the Mayor's Office for the possible opening of a demolition expediente.  

Third: Official communication SA-253-0447-2025 was duly sent to the petitioner on April 29, 2025, by the official Lilliam Rodríguez, in response to his initial request. Likewise, other complementary official communications were issued and sent:  

• Official communication SA-253-0448-2025, addressed to the Ministry of Health, to investigate matters related to noise pollution.  

• Official communication SA-253-0449-2025, addressed to the Department of Patents, to evaluate the legality of the licenses granted and provide a direct response to Mr. Nombre01.  

Both official communications were notified with a copy to the plaintiff and processed in a timely manner, complying with the principles of institutional coordination and internal control.  

Fourth: Subsequently, on May 12, 2025, Mr. Nombre01 sent a new email to the Mayor's Office, reiterating his interest in knowing the status of the demolition expediente and requesting additional documentation, including a copy of the legal opinion supporting the patents granted. Although this brief is presented as a new request, in fact, it is a reiteration of what was already requested and answered, without incorporating new elements or substantively different requests.  

Fifth: In response to this reiteration, the Mayor's Office, via email dated June 12, 2025, sent an expanded response, in which it was expressly stated that:  

• The demolition expediente SA-253-0183-2025 is underway, and in accordance with the principle of legality and Article 8 of Law No. 8968, its content cannot be disclosed until the procedure is concluded.  

• The closure records are part of the administrative expediente.  

• The legal opinion LE-202-071-2024, issued by the Municipal Legal Department, which supports the legality of granting the patents in question, is attached.  

Sixth: The Municipalidad was notified of this recurso de amparo on June 10, 2025, when the definitive response was already prepared and in the process of being sent. This fact demonstrates that there was no administrative delay, nor any intention to conceal information or breach the petitioner's right to petition.  

On the contrary, the administrative conduct was active, respectful of the legal framework, diligent in the procedures, and transparent in the handling of public information within the limits established by law.  

II. NORMATIVE AND JURISPRUDENTIAL FRAMEWORK  

The administrative action carried out by the Municipalidad de Vázquez de Coronado is framed within the principle of legality enshrined in Article 11 of the Political Constitution, according to which all actions of public authorities must strictly adhere to the legal system. In this context, it is essential to highlight the normative bodies and jurisprudential criteria that regulate the fundamental right to petition and timely response, as well as the exceptions and limitations legally established in the Costa Rican legal system.  

Firstly, Article 27 of the Political Constitution recognizes every person's right to submit respectful petitions to public officials, with the correlative obligation to provide a prompt resolution. However, such a right is neither absolute nor immediate, as it must be analyzed in relation to other legal provisions and the conditions of the specific case. Complementarily, Article 30 of the Constitution guarantees the right of access to public information, except when there are legal grounds for confidentiality or protection of personal data.  

At the legal level, Article 273 of the Municipal Code imposes on local governments the duty to resolve requests submitted by individuals within ten business days, counted from the receipt of the request. However, such a period may be extended as established by the Regulation to Law No. 8220, when the request requires technical analysis or the integration of specialized legal criteria, as occurred in this case.  

For its part, Article 8 of Law No. 8968, Law for the Protection of the Person Regarding the Processing of their Personal Data, provides that public institutions may deny access to information contained in active administrative expedientes when it involves sensitive data or affects the rights of third parties, as occurs in the case of expediente SA-253-0183-2025, still in process and related to a potential administrative sanction. This confidentiality is also supported by the principle of confidentiality during the procedure, provided for in Article 273 bis of the Municipal Code and Article 35 of the General Public Administration Law.  

Regarding the constitutional interpretation of these principles, the Sala Constitucional has repeatedly held that the right to petition cannot be understood as a power to demand instantaneous responses, but rather within a margin of temporal and administrative reasonableness. This was stated in ruling No. 2023-007890, where it expressed:  

“The Administration has the duty to address requests within a reasonable time, considering the complexity of the matter and the principles of efficiency, legality, and proportionality. The existence of an ongoing procedure may constitute a legitimate cause for certain information not to be disclosed until its conclusion.”  

Likewise, in ruling No. 2022-013882, it was affirmed that a violation of the right to petition does not occur when the request reiterated by the administered party has already been answered or when the requested information has been channeled through the corresponding ordinary channels, as happened in the present case, where the information was sent via official communications SA-253-0447-2025 and supplemented by the Mayor's office on June 12, 2025, before a month had elapsed since the request made on May 12.  

Finally, it is pertinent to cite ruling No. 2021-009219, where this Sala established that, when the grievance raised in amparo proceedings has already been remedied during the processing of the recurso, the appropriate course is to dismiss the recurso or resolve it without special condemnation for costs, damages, or losses, by virtue that no injury to the fundamental right persists. This reasoning is fully applicable to the present case, given that the administration had already issued a formal, complete, and documented response to the plaintiff even before the official notification of the recurso.  

Consequently, it is evident that the municipal action was diligent, timely, and in accordance with the current legal system, without any violation of the fundamental rights alleged by the petitioner having occurred.  

III. LEGAL ANALYSIS  

First: The request of Mr. Nombre01 was addressed in a documented and timely manner, first by the Department of Inspections and then by the Mayor's Office, respecting legal deadlines and without any negligence or delay on the part of this administration.  

Second: The information requested regarding an ongoing demolition expediente has a confidential nature in accordance with the regulations on personal data protection and administrative due process. Such a condition does not violate the right of access to public information, as it is based on a superior interest.  

Third: The recurso lacks basis, as it is founded on a non-existent omission and seeks to distort the use of the constitutional amparo as a tool for immediate protection against a certain and current threat, which is not configured in this case.”  

4.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.  

Drafted by Magistrate Salazar Alvarado; and,  

  

CONSIDERANDO:  

I.- PRELIMINARY MATTER. Before analyzing the merits of the matter—for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure—it must be clarified that, based on Judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008, this Sala has referred to the Contentious-Administrative Jurisdiction—with some exceptions—those matters in which it is discussed whether the Public Administration has complied or not with the deadlines set by the General Public Administration Law (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the appropriate administrative appeals.  

In this case, an exception is raised because it involves a request for intervention filed by the petitioner for the alleged delay in providing information regarding the status of a complaint filed by the petitioner about a construction located in the vicinity of the Clínica de Coronado, which allegedly operated without construction permits and caused noise pollution, disruption of public order, and community unrest. This Sala has admitted the standing of individuals to allege the violation of the right to prompt and complete justice in matters related to environmental problems. Having clarified this point, we now proceed to resolve the specific situation raised in this amparo.  

II.- OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner asserts that on May 12, 2025, he requested the following information from the respondent authority's email address ...01: "I be informed of the status of the expediente for the case mentioned in official communication SA-253-0447-2025 issued by engineer Gilbert Benítez, and it was referred to your office related to construction permits, closure orders, demolition, and granted patents." He explains that no response has been provided to his request, thus violating his right to petition and prompt response.  

III.- PROVEN FACTS. For the resolution of this recurso, the following relevant facts are deemed duly proven:  

1. On March 23, 2025, the plaintiff, via email sent to municipal officials and the Ministry of Health, filed a formal complaint against a commercial establishment located in the vicinity of the Clínica de Coronado, which allegedly operated without construction permits and caused noise pollution, disruption of public order, and community unrest. In his complaint, he stated that the property housed a car wash station, a restaurant, and a concealed nightclub, despite the fact that, according to his interpretation of the Regulatory Plan, it was not legally possible to grant patents of that type in the area (see in this regard the report rendered by the respondent authority and evidence provided).  

2. The Department of Inspections and Environmental Sanitation conducted an on-site inspection, as recorded in official communication SA-253-0447-2025, dated April 9, 2025, digitally signed by Eng. Gilbert Benítez Rodríguez. This document indicates that: • The site has three current and up-to-date municipal patents: car wash (05895), restaurant (05917), and liquor (05918). • Works carried out without construction permits were identified, which is why there are two closure records (numbers 2178 and 3014), and the case was referred to the Mayor's Office for the possible opening of a demolition expediente. Official communication SA-253-0447-2025 was sent to the petitioner on April 29, 2025, by the official Lilliam Rodríguez, in response to his initial request. Likewise, other complementary official communications were issued and sent: • Official communication SA-253-0448-2025, addressed to the Ministry of Health, to investigate matters related to noise pollution. • Official communication SA-253-0449-2025, addressed to the Department of Patents, to evaluate the legality of the licenses granted and provide a direct response to Mr. Nombre01. Both official communications were notified with a copy to the plaintiff (see in this regard the report rendered by the respondent authority and evidence provided).  

3. On May 12, 2025, the petitioner requested from the respondent's email address ...01 information related to his complaint of March 23, 2025. Specifically, he requested the following: "I be informed of the status of the expediente for the case mentioned in official communication SA-253-0447-2025 issued by engineer Gilbert Benítez, and it was referred to your office related to construction permits, closure orders, demolition, and granted patents" (see in this regard the report and evidence submitted by the respondent authority).  

4. The resolution admitting this process was notified to the respondent authority on June 10, 2025 (see in this regard the notification record added to the court file).  

5. On June 12, 2025, a response was provided to the interested party, specifically stating the following: “I hope you are well, with respect to your request to be informed with documentary support about official communication SA-253-0183-2025, the same, being an open demolition expediente, the relationship is between the Municipalidad and the property owner; once the process is concluded, it becomes public information, at which point you could request the documentation. In relation to the notification records mentioned in the email, these are found within the expediente and are what initiate the opening of official communication SA-253-0183-2025. And with regard to opinion LE-202-071-2024, it is attached” (see in this regard the report and evidence submitted by the respondent authority).  

6. The email account ...01 is the official means for addressing complaints such as the one presented by the petitioner (undisputed fact).  

IV.- ON THE MERITS. In this case, it is clear that the petitioner's claim asserts that on May 12, 2025, he requested the following information from the respondent authority's email address ...01: "I be informed of the status of the expediente for the case mentioned in official communication SA-253-0447-2025 issued by engineer Gilbert Benítez, and it was referred to your office related to construction permits, closure orders, demolition, and granted patents." He explains that no response has been provided to his request, thus violating his right to petition and prompt response.  

However, it is explained under oath that the plaintiff presents this request in light of a complaint he filed on March 23, 2025, before that Municipality for the operation of a commercial establishment, allegedly without permits and that generates noise pollution, disruption of public order, and community unrest. That is, it is clear that the petitioner filed the request within the course of a procedure being processed at the administrative level and concerning it. It should be noted, therefore, that what is alleged would eventually constitute, in his case, a violation of the provisions of Article 41 of the Political Constitution, not a simple request for information. In that regard, it was proven that the complaint dates back to March 23, 2025, and the Municipalidad has already conducted an on-site inspection, detected works without permits, issued closure records, and referred the case for a demolition expediente, and, furthermore, this information was transmitted to the plaintiff by official communication SA-253-0447-2025, which was delivered to him on April 29, 2025. Likewise, other complementary official communications were issued and sent: • Official communication SA-253-0448-2025, addressed to the Ministry of Health, to investigate matters related to noise pollution. • Official communication SA-253-0449-2025, addressed to the Department of Patents, to evaluate the legality of the licenses granted and provide a direct response to Mr. Nombre01. Both official communications were notified with a copy to the plaintiff. Based on the foregoing, this Tribunal confirms that the problem reported by the petitioner has been addressed by the respondent authority, in absolutely reasonable timeframes, and the document requesting more information concerning his complaint, filed on May 12, 2025, was answered on June 12, 2025. Thus, although the delivery date is after the notification of the resolution admitting this process, the fact of the matter is that, for the purposes of protecting the right to prompt administrative justice, it is clear that the plaintiff's complaint has been processed in absolutely reasonable timeframes and that information regarding the status of the procedure has been provided to him. Consequently, the appropriate course is to dismiss the recurso, as is hereby ordered.  

V.- Notwithstanding the above, the Mayor of the Municipalidad de Vázquez de Coronado should take note that, in accordance with Article 169 of the Political Constitution, she is responsible for the administration of the local interests and services of the canton. Therefore, she must continue to execute what is pertinent and necessary within the scope of her powers, to ensure continued compliance with the sub-constitutional regulations in the commercial establishment in question, in order to safeguard the right of the community's inhabitants to a healthy and ecologically balanced environment.  

VI.- NOTE FROM MAGISTRATE CASTILLO VÍQUEZ, REGARDING PROMPT AND COMPLETE ADMINISTRATIVE JUSTICE. I have supported the thesis of this Tribunal that when a litigant alleges a violation of the right to prompt and complete justice at the administrative level, the competent bodies to hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Sala. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right to Petition, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the recurso de amparo established by Article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction, in relation to Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its responses are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Tribunal must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own jurisdiction. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Sala as exceptions that may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo guarantee process, in all other cases, and for the reasons given by this Tribunal (judgment No. 2008-02545 of 8:55 hours of February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles, and rules), and the corresponding legal rules based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.  

VII.- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. The parties are warned that if they have submitted any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new technology-produced device, these must be picked up from the office within a maximum period of thirty business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not picked up within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on the Electronic Expediente before the Poder Judicial," approved by the Corte Plena in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.  

POR TANTO:  

The recurso is dismissed. Magistrate Castillo Víquez notes.  

  

  

  

  

Fernando Castillo V.  
Presidente  

  

  

  

  

Fernando Cruz C.  

  

  

Paul Rueda L.  

  

  

Luis Fdo. Salazar A.  

  

  

Jorge Araya G.  

  

  

Ingrid Hess H.  

  

  

Jorge Isaac Solano A.  

  

  

Digitally Signed Document  

-- Verification code --  

  

C6FLCWNCWCK61  

EXPEDIENTE N° 25-015782-0007-CO  

  

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).  

  

  

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 10:41:20.  

SCIJ de Hacienda  
SCIJ de la Procuraduría General de la República