Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, impone decirle a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente la autoridad no está atendiendo la denuncia presentada, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado. Una vez vencido el plazo, la parte interesada puede acudir en amparo. En consecuencia, el amparo es prematuro.
III. Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del segundo. […] el plazo de dos meses establecido como razonable aplica en tesis de principio, salvo que se trate de un problema de particular envergadura, de conocimiento público o que su afectación signifique una amenaza inminente la salud o vida de seres humanos. Así las cosas, como la situación reclamada se enmarca dentro este último supuesto, salvamos el voto y cursamos el amparo, a fin de contar con más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub lite se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala.
English (translation)II. INADMISSIBILITY OF THE PETITION. It is noted that the claim relates to an environmental complaint. However, the interested party must be told that this type of claim is linked to the right to prompt and complete administrative justice (Article 41 of the Constitution) and that the respondent authority must be given a reasonable period to address and resolve it. For such cases, a period of two months has been established as “reasonable.” Although the petitioner argues that the authority supposedly is not addressing the complaint filed, it is not proven that the two-month period has been exceeded. Once this period has elapsed, the interested party may file an amparo. Consequently, the amparo is premature.
III. Dissenting opinion of Judges Cruz Castro and Rueda Leal, drafted by the latter. […] the two-month period established as reasonable applies as a general principle, except when the issue is of particular significance, is of public notoriety, or its effects constitute an imminent threat to the health or life of human beings. Given that the situation complained of falls within this last scenario, we dissent and would admit the amparo in order to gather more evidence to confirm or rule out that a violation of constitutional significance has occurred warranting the Chamber's intervention.
Inadmissible
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 19265 - 2025 Fecha de la Resolución: 20 de Junio del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-017547-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución Exp: 25-017547-0007-CO Res. Nº 2025019265 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-017547-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad No. CED01 contra el MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO 1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 17 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD y manifiesta que vive en San Pablo de Barva de Heredia, 50 metros al norte y 20 al oeste de la escuela. Señala que la casa en la que vive pertenece a una sociedad denominada La Rosa de Gristal Barbeña S.A., de la cual es socio, y que ha residido en ese lugar durante los últimos cuatro años. Indica que, desde hace aproximadamente tres años, la vida en ese sitio se ha tornado muy difícil, ya que resulta necesario evitar permanecer por mucho tiempo dentro de la vivienda debido a la persistencia de malos olores. Manifiesta que, en lugar de mejorar, la situación se ha agravado en el presente año, siendo que los olores nauseabundos que se perciben a diario provienen de la casa vecina, la cual aparentemente carece de la debida canalización de las aguas negras, servidas y pluviales. Señala que dichas aguas discurren a la libre, por lo que, al estar a cielo abierto, los malos olores se perciben con gran intensidad y a larga distancia, afectando especialmente su propiedad, ubicada muy cerca del origen del problema. Afirma que ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Salud, con sede en San Rafael de Heredia, sin que dicha institución haya tomado cartas en el asunto, configurándose una omisión en su actuar. Sostiene que, como consecuencia de esta situación, se le está privando del disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, señala que se ve afectado en el goce de su derecho de propiedad y en su derecho a la salud, debido a que los hechos denunciados pueden generar enfermedades. 2. El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, CONSIDERANDO I. OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente reclama la violación de sus derechos fundamentales, pues acusa que vive en San Pablo de Barva de Heredia, 50 metros al norte y 20 al oeste de la escuela. Señala que la casa en la que vive pertenece a una sociedad denominada La Rosa de Gristal Barbeña S.A., de la cual es socio, y que ha residido en ese lugar durante los últimos cuatro años. Indica que, desde hace aproximadamente tres años, la vida en ese sitio se ha tornado muy difícil, ya que resulta necesario evitar permanecer por mucho tiempo dentro de la vivienda debido a la persistencia de malos olores. Manifiesta que, en lugar de mejorar, la situación se ha agravado en el presente año, siendo que los olores nauseabundos que se perciben a diario provienen de la casa vecina, la cual aparentemente carece de la debida canalización de las aguas negras, servidas y pluviales. Señala que dichas aguas discurren a la libre, por lo que, al estar a cielo abierto, los malos olores se perciben con gran intensidad y a larga distancia, afectando especialmente su propiedad, ubicada muy cerca del origen del problema. Afirma que ha denunciado esta situación ante el Ministerio de Salud, con sede en San Rafael de Heredia, sin que dicha institución haya tomado cartas en el asunto, configurándose una omisión en su actuar. Sostiene que, como consecuencia de esta situación, se le está privando del disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política. Asimismo, señala que se ve afectado en el goce de su derecho de propiedad y en su derecho a la salud, debido a que los hechos denunciados pueden generar enfermedades. II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Se aprecia que lo reclamado está relacionado con una denuncia de índole ambiental. Ahora bien, impone decirle a la parte interesada que este tipo de reclamos están relacionados con el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida (artículo 41 constitucional) y para la atención y resolución se debe dar un plazo razonable a la autoridad recurrida. Para este tipo de supuestos se ha establecido como "razonable" el de dos meses. Si bien la parte accionante invoca que supuestamente la autoridad no está atendiendo la denuncia presentada, lo cierto es que no se acredita que el plazo de dos meses haya sido superado. Una vez vencido el plazo, la parte interesada puede acudir en amparo. En consecuencia, el amparo es prematuro. III. Voto salvado de los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal, con redacción del segundo. En el sub lite, el recurrente reclama la violación de sus derechos fundamentales, pues acusa que vive en San Pablo de Barva de Heredia, 50 metros al norte y 20 al oeste de la escuela. Indica que la vida en ese sitio se ha tornado muy difícil debido a la persistencia de malos olores. Manifiesta que, en lugar de mejorar, la situación se ha agravado en el presente año, pues los olores nauseabundos que se perciben a diario provienen de la casa vecina, la cual -aparentemente- carece de la debida canalización de las aguas negras, servidas y pluviales. Señala que dichas aguas discurren a la libre, por lo que, al estar a cielo abierto, los malos olores se perciben con gran intensidad y a larga distancia. Afirma que el 12 de mayo de 2025 denunció esta situación ante el Ministerio de Salud, con sede en San Rafael de Heredia, sin que dicha institución haya tomado cartas en el asunto. Sostiene que, como consecuencia de esta situación, se le está privando del disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se ve afectado en el goce de su derecho de propiedad y su derecho a la salud, debido a que los hechos denunciados pueden generar enfermedades. Al respecto, la mayoría de la Sala rechaza el amparo con el argumento de que es prematuro; sin embargo, respetuosamente nos separamos de ese criterio, pues el plazo de dos meses establecido como razonable aplica en tesis de principio, salvo que se trate de un problema de particular envergadura, de conocimiento público o que su afectación signifique una amenaza inminente la salud o vida de seres humanos. Así las cosas, como la situación reclamada se enmarca dentro este último supuesto, salvamos el voto y cursamos el amparo, a fin de contar con más elementos de conocimiento para acreditar o descartar que en el sub lite se haya dado una afectación de raigambre constitucional que amerite la intervención de la Sala. IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se rechaza de plano el recurso. Los magistrados Cruz Castro y Rueda Leal salvan el voto y disponen cursar el amparo. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- SMCJATU9UUM61 EXPEDIENTE N° 25-017547-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:41:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours twenty minutes of the twentieth of June of two thousand twenty-five. Recurso de amparo processed under expediente number 25-017547-0007-CO, filed by Nombre01, identity card No. CED01 against the MINISTERIO DE SALUD. RESULTANDO 1. By brief received in the Secretariat of the Chamber on June 17, 2025, the petitioner files a recurso de amparo against the MINISTERIO DE SALUD and states that they live in San Pablo de Barva de Heredia, 50 meters north and 20 meters west of the school. They indicate that the house in which they live belongs to a corporation called La Rosa de Gristal Barbeña S.A., of which they are a partner, and that they have resided in that place for the last four years. They point out that, for approximately the last three years, life at that site has become very difficult, as it is necessary to avoid staying inside the dwelling for long periods due to the persistence of foul odors. They state that, rather than improving, the situation has worsened in the current year, such that the nauseating odors perceived daily come from the neighboring house, which apparently lacks proper channeling of blackwater (aguas negras), greywater (aguas servidas), and stormwater (aguas pluviales). They indicate that these waters run freely, meaning that, being in the open air, the foul odors are perceived with great intensity and at a long distance, especially affecting their property, located very close to the source of the problem. They affirm that they reported this situation to the Ministerio de Salud, based in San Rafael de Heredia, without that institution having taken action on the matter, constituting an omission in its conduct. They contend that, as a consequence of this situation, they are being deprived of the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitución Política. Likewise, they point out that they are affected in the enjoyment of their right to property and their right to health, because the reported facts could cause illness. 2. Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject outright or on the merits, at any time, even from its filing, any petition submitted for its consideration that is manifestly unfounded, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is simply the reiteration or reproduction of a previously rejected identical or similar petition. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, CONSIDERANDO I. OBJECT OF THE RECURSO. The petitioner claims the violation of their fundamental rights, alleging that they live in San Pablo de Barva de Heredia, 50 meters north and 20 meters west of the school. They indicate that the house in which they live belongs to a corporation called La Rosa de Gristal Barbeña S.A., of which they are a partner, and that they have resided in that place for the last four years. They point out that, for approximately the last three years, life at that site has become very difficult, as it is necessary to avoid staying inside the dwelling for long periods due to the persistence of foul odors. They state that, rather than improving, the situation has worsened in the current year, such that the nauseating odors perceived daily come from the neighboring house, which apparently lacks proper channeling of blackwater, greywater, and stormwater. They indicate that these waters run freely, meaning that, being in the open air, the foul odors are perceived with great intensity and at a long distance, especially affecting their property, located very close to the source of the problem. They affirm that they reported this situation to the Ministerio de Salud, based in San Rafael de Heredia, without that institution having taken action on the matter, constituting an omission in its conduct. They contend that, as a consequence of this situation, they are being deprived of the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, pursuant to the provisions of Article 50 of the Constitución Política. Likewise, they point out that they are affected in the enjoyment of their right to property and their right to health, because the reported facts could cause illness. II. INADMISSIBILITY OF THE RECURSO. It is observed that the claim relates to an environmental complaint. Now then, it is necessary to inform the interested party that this type of claim is related to the right to prompt and completed administrative justice (Article 41 of the Constitution) and the reviewing authority must be given a reasonable period for its attention and resolution. For this type of scenario, two months has been established as "reasonable." Although the petitioner invokes that the authority is supposedly not addressing the filed complaint, the truth is that it has not been proven that the two-month period has been exceeded. Once the period has expired, the interested party may resort to amparo. Consequently, the amparo is premature. III. Dissenting vote of Judges Cruz Castro and Rueda Leal, with wording by the latter. In the sub lite case, the petitioner claims the violation of their fundamental rights, alleging that they live in San Pablo de Barva de Heredia, 50 meters north and 20 meters west of the school. They indicate that life at that site has become very difficult due to the persistence of foul odors. They state that, rather than improving, the situation has worsened in the current year, for the nauseating odors perceived daily come from the neighboring house, which —apparently— lacks proper channeling of blackwater, greywater, and stormwater. They indicate that these waters run freely, meaning that, being in the open air, the foul odors are perceived with great intensity and at a long distance. They affirm that on May 12, 2025, they reported this situation to the Ministerio de Salud, based in San Rafael de Heredia, without that institution having taken action on the matter. They contend that, as a consequence of this situation, they are being deprived of the enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment, are affected in the enjoyment of their right to property and their right to health, because the reported facts could cause illness. In this regard, the majority of the Chamber rejects the amparo on the grounds that it is premature; however, we respectfully dissent from that criterion, since the two-month period established as reasonable applies as a matter of principle, unless it is a problem of particular magnitude, of public knowledge, or whose impact represents an imminent threat to the health or life of human beings. That being the case, as the alleged situation falls within this last scenario, we dissent and allow the amparo to proceed, in order to have additional elements of knowledge to verify or rule out whether in the sub lite case there has been an impact of constitutional origin that warrants the intervention of the Chamber. IV. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE EXPEDIENTE. This Chamber must warn the parties that if any paper documents have been submitted, as well as objects or evidence supported by any additional device, or by electronic, computer, magnetic, optical, telematic means or produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a period of 30 business days after notification of this judgment is received; otherwise, all of it shall be destroyed in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. POR TANTO: The recurso is rejected outright. Judges Cruz Castro and Rueda Leal dissent and order the amparo to proceed. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Jorge Isaac Solano A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *SMCJATU9UUM61* EXPEDIENTE N° 25-017547-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:41:51. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República