Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)Se declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia se anulan los arts. 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 incisos a) y b) del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en Zona Marítimo Terrestre, por ser contrarios a lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como el principio precautorio, y los de no regresión de derechos fundamentales, progresividad y tutela científica en materia ambiental. Los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 en su totalidad, y 14.6, 14.12 y 14.13 de ese Manual no son inconstitucionales en la medida en que se interprete que, independientemente de la clasificación que se haga de las posibles modificaciones que se pueden hacer a un plan regulador y del porcentaje del área total utilizable de la zona marítimo terrestre que se vaya a cambiar, siempre deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que esta institución haga la valoración ambiental que corresponda y determine si los cambios propuestos alteran el componente ambiental de la zona, así como también que se cumplan los procedimientos ahí establecidos en el momento procesal que corresponda.
English (translation)The unconstitutionality claim is partially granted. Consequently, articles 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 subsections a) and b) of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone are annulled, for being contrary to Article 50 of the Constitution, Article 14 of the Convention on Biological Diversity, as well as the precautionary principle, and the principles of non-regression of fundamental rights, progressivity and scientific protection in environmental matters. Articles 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 in their entirety, and 14.6, 14.12 and 14.13 of that Manual are not unconstitutional insofar as they are interpreted to mean that, regardless of the classification of possible modifications to a regulatory plan and the percentage of the total usable area of the maritime-terrestrial zone to be changed, they must always be submitted to the National Environmental Technical Secretariat for that institution to carry out the corresponding environmental assessment and determine whether the proposed changes alter the environmental component of the area, as well as to comply with the procedures established therein at the appropriate procedural stage.
Partially granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 03640 - 2025 Fecha de la Resolución: 05 de Febrero del 2025 a las 13:35 Expediente: 23-025914-0007-CO Redactado por: Hubert Fernández Argüello Clase de asunto: Acción de inconstitucionalidad Control constitucional: Sentencia estimatoria Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencias Relacionadas Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Constitución Política Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. AMBIENTE. PLANES REGULADORES EN ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Expediente: 23-025914-0007-CO Sentencia: 003640-25 del 05 de febrero del 2025 Tipo de asunto: Acción de inconstitucionalidad Norma impugnada: Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre. Publicado en el Alcance No. 139, en la Gaceta No. 135 del 14/07/2021 Parte dispositiva: Se declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia se anulan los arts. 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 incisos a) y b) del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en Zona Marítimo Terrestre, por ser contrarios a lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como el principio precautorio, y los de no regresión de derechos fundamentales, progresividad y tutela científica en materia ambiental. Los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 en su totalidad, y 14.6, 14.12 y 14.13 de ese Manual no son inconstitucionales en la medida en que se interprete que, independientemente de la clasificación que se haga de las posibles modificaciones que se pueden hacer a un plan regulador y del porcentaje del área total utilizable de la zona marítimo terrestre que se vaya a cambiar, siempre deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que esta institución haga la valoración ambiental que corresponda y determine si los cambios propuestos alteran el componente ambiental de la zona, así como también que se cumplan los procedimientos ahí establecidos en el momento procesal que corresponda. El Magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y también declara inconstitucional, el numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Asimismo, consigna razones adicionales. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos a la fecha de promulgación de la normativa anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. CO12/25 ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 075- Asunto previo en vía judicial o administrativa pendiente de resolución Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. INTERESES DIFUSOS. “…En el presente asunto, el accionante argumenta que ostenta legitimación por vía del control abstracto de constitucionalidad e invoca la defensa de intereses difusos toda vez que acude en resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en relación con las modificaciones, ajustes o rectificaciones de los planes reguladores de zonas costeras que, por su naturaleza, son consideradas altamente frágiles; por consiguiente, tal circunstancia configura, a favor del gestionante, una legitimación directa para la interposición de este proceso por invocar la defensa de intereses difusos. En consecuencia, la acción resulta admisible para su conocimiento y la parte accionante se encuentra legitimada por vía del control abstracto…” CO12/25 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 050- Ambiente Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “…Con la reforma que se hizo del art. 50 constitucional, se consagró en forma expresa este derecho, el cual se reconoce en una doble dimensión: a) como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y por tanto individualizable, debido a que su defensa atañe a la colectividad en su conjunto; b) como una verdadera potestad pública que se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así los objetivos políticos así como la acción de los poderes públicos en general para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. De esta manera, hay una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente mediante los mecanismos que sean necesarios, por ejemplo, a través de actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias, entre otras, que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, tal como lo ha señalado este Tribunal…” CO12/25 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 3. ASUNTOS DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Tema: AMBIENTE Subtemas: NO APLICA. Voto salvado del Magistrado Cruz Castro respecto del numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Además, razones adicionales. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva.- He coincidido con la declaratoria parcialmente con lugar de esta acción, pero además, considero que resulta inconstitucional el numeral 14.5.2 del Manual impugnado, cuyo texto indica lo siguiente: “14. CAMBIOS A PLANES REGULADORES VIGENTES (…) 14.5 Con la finalidad de identificar y precisar las diferentes formas por medio de las cuales se puede solicitar un cambio a un plan regulador vigente, se establecen las siguientes modalidades: (…) 2. Rectificaciones: posibilidad de corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por razones de necesidad y conveniencia en el contenido del plan regulador o sus reglamentos. Incluye: Ampliación de Derechos de vida, aumento o disminución en los limites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física. En su conjunto, estas rectificaciones no superaron el 20% del área total utilizable de la ZMT y podrán realizarse total o parcialmente hasta completar dicho porcentaje. En caso de sobrepasar el 20 % se deberá´ tramitar como modificación (Punto 3 siguiente). La verificación del porcentaje efectivo de cambio en las áreas de partida del Plan Regulador vigente se realizara´ generando una tabla o un cuadro que incluya lo siguiente: Área original del plan regulador en metros cuadrados: Área original en metros cuadrados del plan regulador aprobado para la zona tal y como se indica en el cuadro de áreas de la lámina de zonificación. En caso de no estarlo, la lámina deberá´ ser vectorizada mediante un proceso de digitalización. Área efectiva de ZMT para estimar el 20% de cambio: Área original del plan regulador menos todas las a´reas que hayan sido reducidas, como resultado de un proceso de reamojonamiento o por la aplicacio´n de otras legislaciones como por ejemplo a´reas de Patrimonio Natural del Estado, A´reas Silvestres Protegidas, entre otras. Ana´lisis para el 20% permitido: Porcentaje en que vari´a la zonificacio´n original ajustada dentro del a´rea efectiva de ZMT arriba determinada, ya sea por la redistribucio´n o adicio´n de terrenos. El porcentaje de cambio del a´rea efectiva de ZMT medida en metros cuadrados no debe ser mayor del 20%. Se consideran adema´s rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, a´reas mi´nimas o ma´ximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Adema´s, los cambios en la poli´tica de inversio´n pu´blica, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Los ajustes y cambios en documentos como el reglamento del canon, reglamento del plan regulador y otros por el estilo, no tienen relacio´n con una medicio´n de a´rea y, por lo tanto, no esta´n sujetos a la aplicacio´n de la variacio´n del 20% antes mencionada. Se consideran adema´s rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, a´reas mi´nimas o ma´ximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Adema´s, los cambios en la poli´tica de inversio´n pu´blica, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Para reglamentos de antigua data, se utilizara´ la normativa de este Manual como referencia para actualizar los requisitos de las diferentes zonas.” A diferencia del criterio de mayoría, estimo que no basta una interpretación conforme para solventar los problemas de constitucionalidad que encuentro tiene esta norma. Las rectificaciones que el numeral 14.5.2 permite para solicitar un cambio a un plan regulador vigente incluyen una amplia gama de posibilidades (corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por razones de necesidad y conveniencia tales como ampliación de derechos de vía, aumento o disminución en los limites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física, entre otros) lo cual abarca rectificaciones en hasta un 20% en la Zona Marítimo Terrestre. Aunque esta Sala indique que la rectificación del plan regulador siempre debe ser remitido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que haga la valoración ambiental que corresponda, es lo cierto que, incluir dentro del concepto de “rectificación de plan regulador” una lista tan amplia de posibilidades, lo que hace en el fondo es facilitar los cambios de planes reguladores sin contar con viabilidad ambiental obligatoria. Así dicha norma en realidad viene a desregularizar ?regresivamente? los alcances del principio precautorio en áreas que son altamente frágiles, tales como la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), lo que implica varias lesiones a lo dispuesto en las normas 7, 9, 50 y 89 constitucionales, al numeral 14 de la Convención de la Diversidad Biológica (ley n.°7416) y a la reiterada jurisprudencia constitucional. Tal como lo indica el accionante, con dicha norma se crean excepciones injustificadas para no acudir a hacer una evaluación ambiental estratégica a la SETENA. No se acreditó en este caso la existencia de criterio técnico que justificara dichas excepciones, lo cual transgrede abiertamente el principio precautorio, el de no regresión, el de progresividad y el de tutela científica. No existe criterio técnico que permita justificar que los ajustes y rectificaciones en planes reguladores costeros no deban pasar por SETENA, pero las modificaciones sí, y tal ausencia implica una violación al principio constitucional de razonabilidad técnica y con ello al bloque de constitucionalidad. Nótese lo que indicó el informe de la CGR (n.°DFOE-AE-IF-12-2014 de 19 de noviembre de 2014), en el sentido de que la mayoría de los planes reguladores vigentes en la ZMT no cuentan con viabilidad ambiental, de modo que de 155 vigentes y en elaboración, solo 49 ingresaron a la SETENA y, a su vez, de ellos solo 9 obtuvieron dicha viabilidad. Claramente, tal situación no vino a ser solventada con la normativa cuestionada, sino todo lo contrario. Tal como lo indica la propia PGR la clasificación sobre “ajustes, rectificaciones y modificaciones” y el hecho de que las dos primeras no requieran someterse a conocimiento de SETENA de previo a su aprobación fueron unas decisiones incorporadas al Manual impugnado por parte del ICT y del INVU, que son dos instituciones que no tienen competencia técnica para determinar los parámetros según los cuales, un ajuste, una rectificación o una modificación de un plan regulador costero en ZMT deben ser sometidos a valoración de SETENA. La tutela del ambiente y las consecuencias de su omisión, son de tal gravedad y irreversibilidad, en algunos casos, que siempre se requiere, para una buena administración y protección de los bienes de la Madre Tierra, un criterio técnico que defina las amenazas y previsiones que deben adoptarse, tal como se hace en una evaluación de impacto ambiental. Así, el estudio de impacto ambiental debe convertirse en la regla, pues es el instrumento que mejor protege el derecho al ambiente. La norma que considero inconstitucional es omisa en este aspecto, y la interpretación que hace la Sala la considero insuficiente. Por otro lado, además de las razones indicadas en el voto de esta Sala sobre la inconstitucionalidad declarada, agrego las razones siguientes: Se denota en la normativa impugnada una exclusión de las competencias de SETENA, y de su papel en la Zona Marítimo Terrestre. Lo cual considero violatorio del Derecho de la Constitución y de todos los principios ambientales que contiene. Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos), el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente), el principio pro natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente), el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); del principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); y del principio de uso racional de los recursos; el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló: “ VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias”. Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente: “(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir – a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001). En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. Así esta Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal. (Voto n° 2003-6322 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). En este sentido, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Asimismo esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” La Sala Constitucional ha señalado que: “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria.” (Voto n° 2017-5994 de las 11 horas de 26 de abril de 2017. Reiterado en el voto n° 2019-16792 de las 11 horas 51 minutos de 4 de setiembre de 2019). De tal modo, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente (Voto n° 2002-1220 de 14 horas 48 minutos de 6 de febrero de 2002). Con base en lo anterior, para que se pueda determinar, mediante una norma, que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe contarse con criterios técnicos que fundamenten esa decisión. Ahora bien, para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente deben someterse a una evaluación de impacto ambiental previa. Considerando la mayoría de esta Sala que la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.”. Sin embargo, en el voto salvado del suscrito magistrado al voto n° 2024-3227 he considerado que tal determinación no corresponde a Setena, ni a un decreto, sino que se exige una norma legal en virtud del principio de reserva legal en esta materia. Por todas las razones adicionales expuestas, considero que esta acción debe ser declarada con lugar. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva. Fernando Cruz C. Magistrado Exp: 23-025914-0007-CO Res. n.°2025-003640 CO12/25 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 23-025914-0007-CO Res. Telf3980 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas treinta y cinco minutos del cinco de febrero de dos mil veinticinco. Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre18435, mayor, abogado, con cédula de identidad CED29119, vecino de Palmares de Alajuela, para que se declaren inconstitucionales los arts. 13.2 inciso iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5.1 y 14.5.2 en los párrafos del 1 al 6 incluyendo el párrafo 9, 14.6, 14.7, 14.12 y 14.13, todos del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, publicado en el Alcance n.°139 de La Gaceta n.°135 de 14 de julio de 2021, por estimar que esas normas son contrarias a los arts. 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política, el art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica aprobada mediante Ley n.°7416, así como a los principios precautorio, de no regresión, de progresividad y de tutela científica. Intervinieron también en el proceso el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), el Secretario General de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). RESULTANDO: 1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 20 de octubre de 2023, el accionante solicita, en resumen, que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 13.2 inciso iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5 y 14.5.2 en los párrafos del 1 al 6 incluyendo el párrafo 9, 14.6, 14.7, 14.12 y 14.13, todos del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, publicado en el Alcance n.°139 de La Gaceta n.°135 de 14 de julio de 2021, por estimar que esas normas son contrarias a los arts. 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política, al art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica aprobada por ley n.°7416, así como a los principios precautorio, de no regresión de los derechos fundamentales, de progresividad y de tutela científica. Esta normativa se impugna por cuanto el manual cuestionado es una norma de carácter general que dirige el quehacer institucional así como municipal al momento de hacer ordenamiento territorial y, en su criterio, elimina diques ambientales a las instituciones y municipalidades en los sectores costeros de Costa Rica; sin embargo, por sus alcances y lo que dispone, considera que en realidad vino a desregularizar ‒regresivamente‒ los alcances del principio precautorio en áreas que son altamente frágiles, lo que implica varias lesiones a lo dispuesto en las normas 7, 9, 50 y 89 constitucionales, al numeral 14 de la Convención de la Diversidad Biológica (ley n.°7416) y a la reiterada jurisprudencia constitucional. Indica que en ese Manual solo se deja vigente la obligación de acudir a la Nombre3763 si se trata de planes reguladores nuevos, o cuando las propuestas sean consideradas o tipifiquen como “modificaciones”, cuando lo correcto y apegado a la Constitución es que, en esta materia, no existan excepciones respecto de evaluaciones de carácter ambiental, salvo que, desde la ciencia y la técnica, se justifiquen. Con la norma impugnada se crean excepciones injustificadas para no acudir a hacer una evaluación ambiental estratégica a la SETENA. En ese sentido, añade que el ICT y el INVU ‒gestores de la normativa cuestionada‒, vinieron a crear umbrales a pesar de que esas oficinas, sin tener experiencia ni ser los competentes en evaluaciones ambientales, exoneran de licencia ambiental a los “ajustes o rectificaciones” que se hagan de los planes reguladores costeros, no así a las “modificaciones”. Agrega que, a la fecha de interposición de la acción, se desconoce el criterio técnico que justificó la generación de dichos umbrales y ello transgrede abiertamente el principio precautorio, el de no regresión, el de progresividad y el de tutela científica. Alega que no existe criterio técnico que permita justificar que los ajustes y rectificaciones en planes reguladores costeros no deban pasar por SETENA, pero las modificaciones sí. Por estimar que existe una vulneración del Derecho de la Constitución, solicita que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad. 2.- A efecto de fundamentar la legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, la parte accionante señala que proviene de lo dispuesto en el art. 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) en tanto acude en defensa de intereses difusos, específicamente el medio ambiente. 3.- Por resolución de las 14:47 hrs. de 23 de octubre de 2023, se le dio curso a la acción, confiriéndole audiencia a la PGR, al Secretario General de la SETENA, al Presidente Ejecutivo del ICT y al Presidente Ejecutivo del INVU. 4.- Los edictos a los que se refiere el párrafo segundo del art. 81 de la LJC fueron publicados en los boletines judiciales números 200, 201 y 202 de los días 30 y 31 de octubre, así como 01 de noviembre, todos de 2023. 5.- Informa NOMBRE43474 EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ICT Y MINISTRO DE TURISMO, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala el 3 de noviembre de 2023, que el Manual que se intenta anular establece un procedimiento que deben seguir las municipalidades en la formulación de planes reguladores costeros en la zona marítimo terrestre (ZMT), tanto en el proceso de elaboración como en lo relacionado con la participación ciudadana, lo que incluye el respeto de lo dispuesto en la Constitución Política y en el ordenamiento vigente, así como la correspondiente aplicación del proceso de audiencia pública que define el art. 17 de la Ley de Planificación Urbana (LPU) n.°4240. Este Manual partió del informe n.°DFOE-AE-IF-12-2014 de 19 de noviembre de 2014 emitido por la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluación del Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la Contraloría General de la República (CGR), denominado “Informe de Auditoría de Carácter Especial acerca de la Razonabilidad de las Acciones del Estado para poner en Vigencia los Planes Reguladores que comprenda la Zona Marítimo Terrestre del País”, de modo que el Manual fue reestructurado de acuerdo con la Disposición n.°4.3 de ese informe. El articulado del Capítulo 13 del Manual establece los pasos que deben seguir las municipalidades vinculados con la normativa vigente para procesos de planificación. Se trata de un manual que fue revisado, reestructurado y discutido ampliamente durante tres años, considerando el orden lógico de las fases del proceso, los procedimientos y requisitos, pero además congruente con los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial a nivel nacional, regional y cantonal, validado con la SETENA, SINAC, MAG, CNE, IGN y SENARA. Se debía identificar las reformas legales que resultaran necesarias para optimizar el proceso reestructurado, sus procedimientos y requisitos, así como accionar lo correspondiente ante la Asamblea Legislativa. Luego de lo anterior, se remitieron a la CGR dos informes del avance en el cumplimiento de esta disposición: el primero al 29 de mayo de 2015 y el otro al 30 de septiembre de 2015, así como la certificación donde constara que finalizó la reestructuración del proceso, los procedimientos y requisitos, la cual sería suscrita por los jerarcas de las tres entidades, a más tardar el 29 enero de 2016. Este procedimiento fue discutido ampliamente con las instituciones involucradas, incluyendo a SETENA, que participó activamente en cuanto a su competencia respecto a la viabilidad ambiental en los planes reguladores nuevos, así como en los procesos de ajuste o rectificación de planes reguladores vigentes. Agrega que luego del proceso de discusión entre instituciones, tal procedimiento ‒denominado Disposición 4.3‒ fue atendido y cumplido y, luego de varias revisiones institucionales, la versión del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre avalada por la CGR, se publicó en el Alcance a La Gaceta n.°266 de 8 de noviembre de 2017, lo cual se le comunicó a la CGR mediante oficio n.°DM-943-2017 de 9 de octubre de 2017 y ésta, a su vez, mediante oficio n.°DFOE-SD-0453 de 19 de febrero de 2018 dio por concluido el proceso de seguimiento que correspondía. El proceso que se impugna fue discutido ampliamente por las instituciones señaladas por la CGR por lo que no fue una “arbitrariedad”, siendo clara además la aplicación de la ciencia y la técnica de acuerdo al ordinal 16 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Manifiesta que, en la versión anterior del Manual, ya se había incluido el procedimiento de rectificaciones, ajustes y modificaciones a planes reguladores vigentes y estaba definido bajo el Capítulo 13 del Manual publicado en el Alcance Digital n.°37 de 22 de febrero de 2013, rectificado por una condición de colores en el Alcance Digital n.°58 de martes 2 de abril de 2013, por lo que ya era un tema considerado desde el 2013. Sobre los alegatos de la acción de inconstitucionalidad: a) Apartado 13.2.iii): en relación con este numeral manifiesta que no es cierto que crea umbrales o excepciones injustificadas, pues el Manual fue producto de un proceso institucional consensuado que solicitó la CGR desde el año 2017; siendo que, para un proceso de audiencia pública, según lo dispone el art. 17 de la LPU, la municipalidad respectiva debe haber obtenido la viabilidad ambiental que emite Nombre3763 de la propuesta del plan regulador que se lleva a audiencia. Indica que cuando un plan regulador cuenta ya con la inclusión de la variable ambiental, se ajusta en el porcentaje establecido de solo un 20% y al no cambiarse sus condiciones originales, se procede a documentar a Nombre3763 para informar y actualizar el expediente que dio origen a su viabilidad ambiental inicial. Por su parte, señala que los planes reguladores vigentes antes del año 2006 cuando no se había promulgado el decreto n.°32967-MINAE que es el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) Parte III, ya contaban con un análisis ambiental de la manera como se hacía antes de la emisión de ese decreto y, para esos casos, las instituciones que participaron en la emisión y revisión del nuevo Manual acá impugnado, consideraron que no requerirían de la viabilidad ambiental por el principio de no retrotraer normas a planes reguladores vigentes aprobados antes de 2006, lo anterior con sustento en la sentencia de la Sala Constitucional n.°2013-012973. b) Apartado 13.6): este numeral define el procedimiento previo para la obtención definitiva de una propuesta de plan regulador a fin de poder ser llevado a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sin que se considere que contenga vicio de inconstitucionalidad. c) Apartado 13.7): en este punto se establece el procedimiento a seguir por las dependencias del Estado para obtener la aprobación definitiva a las propuestas de planes reguladores, indicando que se deben colocar las firmas digitales de los profesionales responsables. Producto de la pandemia y en atención a la política de cero papeles implementados en el ICT, la documentación se canaliza por medios digitales, de ahí el señalamiento del procedimiento. d) Apartado 13.9): aplica lo indicado supra en el punto 13.2.iii). e) Apartados 14.5.1 y 14.5.2 párrafos 1 al 6 y el 9): en relación con estos extremos del Manual, indica que el decreto n.°32967-MINAE (Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental EIA) se trata de una normativa cuya aplicación determina áreas con restricciones por una serie de aspectos de valoración ambiental pero no constituye un decreto que establezca áreas prohibitivas para el desarrollo; es decir, no hay una relación uno a uno en determinar áreas frágiles igual a no desarrollo, sino que, lo que dispone es que, en los aspectos constructivos, se debe tener en cuenta la mitigación de los efectos ambientales sin que determine áreas prohibidas para desarrollar, inclusive en la zona marítimo terrestre. Advierte que es el plan regulador donde se establece el uso del suelo lo que realmente impide el desarrollo de un área y, al ser vinculante su aplicación, sí hace prohibido el desarrollo donde así lo establezca la zonificación. Manifiesta que ese decreto n.°32967-MINAE, en su apartado 5.13, dispone que cuando una municipalidad desee realizar un ajuste o inserción de la variable ambiental, puede utilizar el procedimiento que se describe en los puntos subsiguientes, de lo que se interpreta que es una condición optativa o discrecional, no obligatoria para las municipalidades, sobre todo cuando se está en presencia de planes reguladores vigentes, ello por cuanto la sentencia n.°2013-012973 de la Sala Constitucional dejó claro que los planes reguladores elaborados antes de la promulgación del decreto n.°32967-MINAE, ya contaban con un análisis ambiental ‒de la manera como se realizaba en ese momento‒ y que no se podía retrotraer a una norma posterior, lo cual se ha venido atendiendo así en el proceso de ajuste y rectificación de planes reguladores vigentes que define el Manual en los Capítulos 13 y 14 que se cuestionan. Como se informó, el Manual impugnado y el anterior a éste fueron producto del informe n.°DFOE- AE-IF-12-2014 de 19 de noviembre de 2014 de la CGR, por lo que no fue elaborado solo por el INVU y el ICT, sino que contó con el aval de las instituciones que indicó la CGR, por lo cual, no es cierto que fue elaborado por oficinas de instituciones inexpertas sin competencia en evaluaciones de impacto ambiental, ya que Nombre3763 estuvo dentro de las instituciones que avalaron el Manual en ese momento. Agrega que el ICT y el INVU, acreditadas por Ley de la Zona Marítimo Terrestre n.°6043 (LZMT) para aprobar planes reguladores en esa zona, fueron incluidas por la CGR en su informe n.°DFOE-AE-IF-12-2014 ‒de cita‒ para participar en la reestructuración de ese Manual. Los Capítulos 13 y 14 cuestionados se acordaron y avalaron en el cumplimiento de lo dispuesto por la CGR en el informe indicado, así como también el marco de referencia para que las municipalidades tuvieran un medio de realizar ajustes y rectificaciones de planes reguladores vigentes en la zona marítimo terrestre, ello como una manera de apoyar a esas corporaciones en su gestión de administrar de mejor manera la zona marítimo terrestre, permitiendo así una mejora de los instrumentos de planificación elaborados antes de la emisión del decreto n.°32967-MINAE y con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica a ocupantes de la ZMT que se encontraren en proceso de solitud de concesiones en lugares en donde, el plan regulador, por aspectos de dibujo o de desajustes con respecto al trazado de una calle o re-amojonamiento de la zona pública, no hubieren permitido que los planos de catastro posibilitara ubicarlos en la lámina de zonificación del plan regulador vigente. El porcentaje del 20% que establece el Capítulo 14, fue acordado y avalado por todas las instituciones, de manera que es un parámetro de referencia para proceder con los ajustes y rectificaciones, lo que equivale a la quinta parte del área neta de zona marítimo terrestre incluida en un plan regulador, excluyendo el Patrimonio Natural del Estado (PNE) que se interseque con la zonificación. Para ello es que se cuenta con la clasificación y certificación vigente emitida por el Área de Conservación respectiva del SINAC-MINAE, no siendo esto una competencia de SETENA. Las municipalidades, cuando deseen realizar un ajuste y rectificación, solo podrán hacer uso de ese porcentaje del 20%, con lo cual, los análisis técnicos que deben realizar ICT e INVU, como parte del proceso de revisión institucional, son vigilantes de que sea respetado dicho porcentaje por estar acordado así por las instituciones ya que forma parte de un método (manual) para realizar ajustes y rectificaciones de planes reguladores vigentes publicado en La Gaceta. En el momento en el que los análisis y cálculos de orden técnico sobrepasen el 20%, no cabe el ajuste y rectificación, y lo que procede en ese caso es apegarse al punto 14.5.3 del Capítulo 14 que corresponde a Modificaciones, lo que implica la transformación, cambio, inclusión, adición o eliminación de zonificación y modifica radicalmente los objetivos y propósitos del plan regulador vigente, siendo por eso que se está en presencia de un nuevo ejercicio de planificación que consiste en hacer un plan regulador nuevo donde es aplicable la totalidad del manual como referencia. f) Apartado 14.6): ahí se dispone claramente que, para cualquier proceso de ajuste y rectificación, la municipalidad proponente debe cumplir con lo señalado en el art. 17 de la LPU que se refiere a la realización de una audiencia pública. g) Apartado 14.7): este tema fue analizado en la sentencia n.°2013- 012973 de la Sala Constitucional en la que se dejó manifiesto que los planes reguladores elaborados antes de la promulgación del decreto n.°32967-MINAE, ya contaban con un análisis ambiental de la manera como se hacía en ese momento y que no se podría retrotraer a una norma posterior, de modo que ‒como indicó supra‒así se ha venido atendiendo el proceso de ajuste y rectificación de planes reguladores vigentes; además, nunca tuvieron un expediente ante Nombre3763 por haber sido elaborados antes de que existiera dicha Secretaría. Considera que, en el punto de modificaciones, se respeta el proceso de integración de la variable ambiental cuando se está en presencia de un proceso que supera el porcentaje del 20% de ajuste y modificación de un plan regulador vigente, por lo que en ningún sitio de los apartados del Capítulo 14, se deja a la libre las actuaciones municipales, no hay desregularización, ni se genera regresividad, como lo quiere hacer ver el accionante. h) Apartados 14.12) y 14.13): en estos puntos se establece el procedimiento a seguir por las municipalidades para la aprobación de los ajustes y rectificaciones de los planes reguladores que han cumplido con el proceso, sin que se observen vicios de constitucionalidad. Considera que la inconstitucionalidad planteada no es clara, pues al indicar que se dejan umbrales o excepciones injustificadas para no acudir a hacer una evaluación ambiental estratégica ante la SETENA, la parte accionante hace creer que no se respetan los objetivos planteados por las instituciones que han avalado el procedimiento del Capítulo 14 y sus apartados; sin embargo, lo pretendido se convierte en excesivo al intentar aplicar una metodología extensa como la del decreto n.°32967-MINAE a solo un porcentaje del 20% para ajustes y rectificaciones. Esto no es claro, ya que el accionante no indica si lo que pretende es que la variable ambiental deba hacerse solo para el área que abarca el porcentaje del 20%, o si debe hacerse para todo el sector que abarca el plan regulador, por lo que, en su criterio, resulta confusa la pretensión ya que no se estaría valorando el costo beneficio para el Estado cuando se interviene un porcentaje de un 20%. El hacer incurrir a una municipalidad en el inicio de un proceso de aplicación de una metodología, es oneroso para solo una quinta parte de un sector costero en un plan regulador vigente, lo que genera una contradicción a lo ya resuelto por la Sala Constitucional en la sentencia n.°2013-012973. Con respecto al ajuste de los reglamentos de los planes reguladores, es una necesidad que la municipalidad pueda contar con un instrumento ajustado para resolver de mejor manera los trámites de solicitudes de concesión ya que hay requisitos que se han cambiado en el Reglamento de la Ley de la ZMT que inciden en los requerimientos de los reglamentos de los planes reguladores, como por ejemplo, los requisitos de frente mínimo y máximo que ya no aplican, o los requisitos de retiros cuya norma fue modificada en el decreto n.°37882-MP-H-TUR publicado en La Gaceta n.°176 del 13 de septiembre de 2013, entre otros. Velando por la sana aplicación del cálculo del porcentaje del 20%, las instituciones INVU e ICT acordaron crear una guía metodológica explicativa para obtener los valores del cálculo del 20% en ajustes y rectificaciones, de manera tal que fuera aplicada por las municipalidades para someter a ajustes y rectificaciones planes reguladores vigentes; guía metodológica que fue avalada por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) mediante oficio n.°PE-353-10-2022/MIVAH-DVMVAH-P-053-2022, de 01 de noviembre de 2022. En oficio n.°DUV-039-202/MIVAH-DVMVAH-P-054-2022 de esa misma fecha, el MIVAH hizo un comunicado a los alcaldes e intendentes municipales de distrito, sobre la manera de cómo aplicar el porcentaje del 20% para ajustes y rectificaciones de planes reguladores vigentes. El Manual impugnado es visionario y trata de cubrir el interés público que tutela su representada, por lo que, en su criterio, no se observan violaciones a la Constitución, sino que, por el contrario, responde a las instrucciones de Sala Constitucional dadas en la sentencia de reiterada mención, de manera que, en su criterio, la acción de inconstitucionalidad debe ser denegada por no existir vicios de inconstitucionalidad que la fundamenten. 6.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 8 de noviembre de 2023, se apersonan Nombre57545, mayor, costarricense, empresario, con cédula CED29120 y Nombre57546, mayor, costarricense, instructora de surf, cédula de identidad CED29121, ambos vecinos de Cóbano de Puntarenas, para solicitar que se les tenga como coadyuvantes activos en vista de que la normativa impugnada impacta en la elaboración de un plan regulador costero que no incorpora la variable ambiental, pero además desconoce la participación ciudadana y se brinca la obligación de acudir a la Nombre3763 para obtener una licencia ambiental previa. Manifiestan que les asiste un interés legítimo y directo en el desarrollo y planificación territorial de la ZMT como vecinos de la zona costera de Santa Teresa de Cóbano y un interés difuso ambiental toda vez que hay un gran aliciente de parte de turistas nacionales y extranjeros por desarrollar proyectos comerciales y habitacionales en la zona, lo que ha sido motivo de caos y se agrava con un plan regulador deficiente que no ha permitido un desarrollo ordenado y sostenible ante las presiones externas que ha recibido la zona. Indican que el proceso que ha impulsado el Concejo Municipal de Cóbano para la rectificación del plan regulador costero del Peñón de Arío, ha sido frustrante y deficiente al obviar por completo los cambios de uso de suelo que actualmente existen en la zona, la necesidad de contar con criterios técnicos y científicos, así como la importancia de la participación ciudadana en procesos de ordenamiento territorial. Manifiestan que todas las acciones han sido justificadas ante la población a partir de los numerales del Manual que se impugna y de una serie de regulaciones internas que se han derivado de ahí; sin embargo, el impacto que han producido ha sido negativo y se traslada a la realidad que viven en las zonas costeras, pues se crean excepciones sin criterio técnico para no acudir ante la Nombre3763 a realizar la evaluación estratégica en un área que, por su naturaleza, tiene una alta fragilidad ambiental, sin que se permita la participación ciudadana y contraviniendo el Plan Nacional de Turismo, con lo que se pone en riesgo directo uno de los atractivos turísticos estratégicos y principales del país como es la naturaleza de las zonas costeras. En las áreas marino-costeras del país se encuentran algunos de los ecosistemas biológicamente más productivos e importantes para la subsistencia del ser humano pero son particularmente frágiles, de modo que una pequeña intervención de carácter antrópico, puede desencadenar una serie de alteraciones del ecosistema que pueden ser irreversibles, lo que puede perjudicar fácilmente las complejas cadenas de alimentos y ciclos de vida de las especies, con efectos que se sienten en todo el ecosistema e impactos negativos en todos los distintos hábitats y en la cadena de servicios ecosistémicos que brindan. El decreto ejecutivo n.°43898 que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental en el que se definen las áreas ambientalmente frágiles (AAF), reconoce que la ZMT es una de esas áreas por lo que se obliga a que cualquier actividad, obra o proyecto que se realice en esa zona, contemple los requerimientos establecidos en esa normativa. Indican que, a pesar de lo anterior y del valor como atractivo turístico de la ZMT, las normas cuestionadas buscan actuar en perjuicio y de manera irresponsable sobre las regulaciones de ordenamiento territorial para esos espacios, a pesar de que la ZMT debe tener un doble resguardo por ser bien demanial y un sitio de alta fragilidad ambiental. Sin importar el criterio de “ajuste, rectificación o modificación”, la lógica debería ser la que obligue a que siempre se debe acudir a la Nombre3763 para obtener previamente una licencia ambiental y así piden que sea declarado por este Tribunal. La norma 14.7.1.a) deja un gran vacío técnico al hablar de que se altere el resultado del componente ambiental porque es un concepto indeterminado y ello lesiona el principio de proporcionalidad, razonabilidad y objetivación. Lo más grave está en la norma 14.7.1.b) toda vez que se dice expresamente que cuando el plan regulador no posea una licencia ambiental, no será necesario del todo acudir a SETENA, con lo cual urge obligar a la municipalidad a que integre la variable ambiental lo antes posible, pues implica una vulneración de los principios precautorio, de progresividad y de la tutela científica. Los vicios de inconstitucionalidad también se observan en el art. 13.2.iii) que, en conjunto con los numerales 14.7.1 y 14.7.2, crean un umbral para exonerar de licencias ambientales los ajustes y las rectificaciones realizadas a los planes reguladores, desconociéndose a la fecha el criterio técnico que justificó la generación de esos umbrales. Por su parte, el numeral 13.9 acentúa la inconstitucionalidad, pues solo habla de documentar y esto no es lo mismo que proseguir los procedimientos para obtener una licencia ambiental aprobando índices de fragilidad ambiental, entre otros, con lo cual no se suple la obligación de cumplirse con todo el procedimiento y análisis de las diferentes variantes ambientales que se deben cumplir ante el ente rector en evaluaciones de impacto ambiental. Lo dispuesto en esas normas lesiona el Derecho de la Constitución y así debe declararse o al menos señalarse en sentencia interpretativa que, el “documentar” ante SETENA, se debe entender como el necesario apersonamiento ante esa oficina con el fin de obtener una licencia ambiental previo cumplimiento de una evaluación ambiental estratégica. Denuncian que el alcance y las disposiciones del Manual cuestionado vienen a desregularizar regresivamente los alcances del principio precautorio en áreas altamente frágiles. La inconstitucionalidad también se extiende al art. 14 del Manual impugnado, por cuanto establece el procedimiento que debe seguirse para realizar cambios a planes reguladores vigentes, considerando que los procesos de planificación son dinámicos y continuos, existiendo tres tipos de cambios posibles: ajustes, rectificaciones y modificaciones. Pretendiendo regular el desarrollo de un área ambientalmente frágil, en el Manual solo se deja vigente la obligación de acudir a la Nombre3763 si se trata de planes reguladores nuevos o cuando las propuestas sean consideradas o tipifiquen como “modificaciones” cuando lo correcto y apegado a la Constitución es que no existan excepciones en esta materia de evaluaciones de impacto ambiental. El “ajuste” podría verse inocente, menor, inocuo o superficial, pero en realidad tiene implicaciones serias en bienes que van a ser dados en concesión o áreas que deben protegerse, por lo que debería de ponderarse cada centímetro donde se hacen ajustes para evitar que se generen impactos ambientales negativos, siendo esta la razón por la que se crearon los formularios y tablas de índice de fragilidad ambiental a fin de hacer el mejor y más profundo análisis de los impactos antrópicos en sitios de alta fragilidad ambiental, de modo que no se justifica que los “ajustes” de planes reguladores sean exonerados de una licencia ambiental. La ZMT de Costa Rica es un bien demanial que debe ser ponderado con mucha cautela, por lo que desregularizar las evaluaciones de impacto ambiental en esos sitios, es inconstitucional e inconvencional. Las “rectificaciones” son más complejas aún que los ajustes y podrían dar lugar a que, si por “conveniencia” municipal se requiere hacer un cambio, se podría disminuir los límites de un área de recreo o esparcimiento comunal a fin de entregarla a concesionarios para uso hotelero o residencial, lo que podría ocurrir por fines económicos municipales en perjuicio de la comunidad. Tanto una rectificación como un ajuste podrían hacer que se pierdan corredores biológicos de paso de semillas, primates o de personas y con ello interrumpir ciclos vitales en la costa en bienes que son demaniales. La propia Nombre3763 en oficio n.°SG-0685-2023, en relación con planes reguladores en Cóbano, ha señalado que, para efectos de esa Secretaría, no interesa en lo más mínimo que sea un ajuste, una rectificación o una modificación puesto que todas esas intervenciones requieren de una valoración ambiental en los índices de fragilidad ambiental para aprobar una evaluación ambiental estratégica. La permisibilidad del Manual también genera los siguientes problemas de constitucionalidad: a) se omite la obligación de señalar el art. 17 de la LOA; b) se genera una cadena inconstitucional de actos aprobatorios cuando no se integra la variable ambiental a través de una evaluación ambiental estratégica; y c) se establecen infundados porcentajes mediante los cuales se exonera a las municipalidades para que no se hagan evaluaciones ambientales estratégicas ante la Nombre3763 en sitios que son de alta fragilidad ambiental. Coinciden con la acción en el sentido de que una sentencia interpretativa debería señalar que cualquier tipo de modalidad de intervención de ordenamiento territorial en la ZMT, debe cumplir con la norma 17 de la LOA para que no exista ninguna duda sobre la necesidad de integrar la variable ambiental en cualquier propuesta de plan regulador y eliminar con ello los umbrales propuestos, en aras de cumplir con lo dispuesto en el art. 50 constitucional y el 14 de la Convención de la Diversidad Biológica. Indican que avalar intervenciones en la ZMT sin la licencia ambiental previa, lesiona también el principio de coordinación interinstitucional oportuna que busque implementar un desarrollo sostenible, pues se deja de lado el componente ambiental y el institucional, de modo que tanto el INVU como el ICT y las municipalidades, deben ser oficinas que colaboren en integrar la variable ambiental en sus decisiones, pero ello no ocurriría si existe una aprobación o una ratificación de un acto final donde no exista una evaluación ambiental estratégica, lo que viola los arts. 7, 50 y 89 constitucionales así como el art. 14 de la Convención señalada. Los porcentajes creados en el Manual impugnado se fundamentan en la mera discrecionalidad y no tienen sustento científico para definir cuándo se está ante un ajuste, rectificación o modificación. Según la normativa impugnada, solo si se supera el 20% se deberá obtener una licencia ambiental pero si ese límite porcentual es menor, se cae en una eximente de no verificación del principio precautorio, lo que es inconstitucional e inconvencional, sobre todo porque podría significar decenas de hectáreas de modo que el número podría ser sumamente peligroso para bienes demaniales de alta fragilidad ambiental y lesivo del principio de tutela científica, pues el 20% se estableció sin criterio técnico ni científico. En los casos en que una propuesta bajo revisión no incluya los usos de suelo reales que ocurren en el sitio y que son diferentes a los del reglamento vigente, no existe un procedimiento a seguir, ni se detalla cómo se contabilizan los usos existentes en el cambio, lo que conlleva a otro problema, pues la municipalidad se convierte en juez y parte en la determinación de ese 20%, por lo que tampoco queda claro cuando es avalado. Es necesario determinar otro procedimiento para el cálculo de porcentajes de variación, pues los datos tienen valores muy distantes entre sí e incluso se han considerado los ceros para dividir el total de los valores absolutos. El cálculo de porcentaje de variación utilizando la medida aritmética no es adecuado porque ese procedimiento se usa cuando los datos son simétricos o aproximadamente simétricos. Toda modificación de un plan regulador y más de uno ubicado en ZMT que nunca ha pasado por el tamiz de SETENA, debe cumplir con estudios hidrogeológicos, tectónicos y de paisaje, como mínimo. El Capítulo 13 de Manual impugnado desglosa la participación ciudadana que consiste de mínimo una reunión informativa, una audiencia pública y un espacio de 15 días para presentar observaciones por escrito, por lo que resulta inconcebible que, para un proceso de ordenamiento territorial en zonas de alta fragilidad ambiental, no se garantice de manera real la participación ciudadana que contemple espacios informativos y de retroalimentación. De esta manera, consideran que la Sala debe emitir una sentencia interpretativa en la que se señale que el Manual impugnado debe adaptarse a las mejores prácticas de participación ciudadana, garantizando la transparencia y el acceso a la información, en aras de armonizar todo el ordenamiento jurídico y hacer desarrollo sostenible democrático donde el componente ambiental y el institucional vayan de la mano de forma equilibrada con lo económico y lo social. Consideran que además de las normas mencionadas en la acción, resultan inconstitucionales los siguientes numerales: art. 13.1, art. 13.3, art. 13.4 y art. 13.5. Finalizan solicitando que se declare con lugar la acción de inconstitucionalidad. 7.- En documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 9 de noviembre de 2023, se apersonan Nombre1087, mayor, casado, abogado, con cédula CED29122 y Nombre57547, mayor, casada, abogada, cédula de identidad CED29123, ambos vecinos de Nombre57548, para solicitar que se les tenga como coadyuvantes activos, estimando que cuentan con legitimación a partir de la defensa de intereses difusos y el derecho al ambiente tutelado en el art. 50 de la Constitución Política. No es válido que el Manual impugnado haya creado diferencias entre ajustes, rectificaciones y modificaciones que lleguen al extremo de exonerar de licencias ambientales. Las valoraciones de impacto ambiental en materia de ordenamiento territorial son necesarias para ponderar todos los efectos que ocurran en la ZMT que, como bien demanial, está vinculada con lo señalado en el art. 50 constitucional, además de que es una zona de alta fragilidad ambiental por lo que no es posible relajar el ordenamiento jurídico en esta materia y crear umbrales en las rectificaciones y en los ajustes de los planes reguladores, toda vez que ello es contrario al principio de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los umbrales creados mediante el Manual cuestionado no tienen fundamento técnico y, prueba de ello, es que el propio ICT no pudo justificar los estudios que apoyaron la desregulación ambiental con lo cual se violó el principio de tutela científica, denominado también principio de vinculación a la ciencia y a la técnica o de razonabilidad en relación con el derecho ambiental, con el que se trata de apartar la discrecionalidad en las decisiones y que consiste en la obligación de acreditar mediante estudios técnicos y científicos, la toma de decisiones en materia ambiental, ya sea en actos administrativos individuales o en disposiciones generales como sería el Manual impugnado. En la documentación pertinente no hay ningún informe o investigación que especifique y justifique el por qué se hizo una diferencia entre los “ajustes y rectificaciones” respecto de las “modificaciones” de los planes reguladores y, por ello, si la propia oficina gestora del Manual no aportó esa información, nadie los podrá aportar ahora por lo que la acción debe ser declarada con lugar. El porcentaje del 20% supuestamente fue obtenido a partir del consenso de varias entidades, pero no se aportó el acta en la que se indique que era lo oportuno, lo que pone en evidencia que se trató de un acuerdo a partir de la nada que vulnera los numerales 50 y 89 de la Constitución Política, pero también el principio de objetivación y el art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica que exige estudios ambientales para cuando se hable de afectaciones a la biodiversidad. Ese consenso para redactar el Manual cuestionado fue un acto permeado por la discrecionalidad porque no existen, a la fecha, estudios que hagan creer lo contrario. El accionante señaló que es fundamental analizar los efectos acumulativos de los cambios, ya sean ajustes o rectificaciones, lo que además implica que ese 20% debe ser analizado también en relación con el resto del plan regulador porque esa sería la visión de integralidad esperada en una evaluación ambiental estratégica. El ICT trata de argumentar factores de costos económicos para relajar los planes reguladores, pero ello contraviene la línea jurisprudencial de la Sala, según la cual, esos costos no pueden violar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Finalizan solicitando que se declare con lugar esta acción de inconstitucionalidad. 8.- Nombre57549, mayor, abogado, con cédula CED29124, vecino de Puerto Carrillo de Hojancha de Guanacaste, se apersona mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 11 de noviembre de 2023, para solicitar que se le tenga como coadyuvante activo en esta acción de inconstitucionalidad. Coincide con el accionante en cuanto a que la normativa impugnada quebranta los numerales 7, 50 y 89 de la Constitución Política, el art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica y el principio precautorio al establecer porcentajes discrecionales para crear excepciones injustificadas a la obligación de las municipalidades de acudir a la Nombre3763 y realizar una evaluación ambiental estratégica en sitios que son de alta fragilidad ambiental. Cuenta con legitimación para presentar esta solicitud a partir de lo dispuesto en el art. 75 párrafo segundo de la LJC, en el tanto acude en defensa de intereses difusos ambientales y por el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La normativa impugnada es de carácter general al dirigir las actividades de las instituciones y municipalidades en el proceso de ordenamiento territorial en las zonas costeras de Costa Rica. Ese cuerpo normativo elimina salvaguardas ambientales fundamentales en la ZMT, lo que constituye una desregulación regresiva. Los numerales impugnados establecen, a partir de la mera discrecionalidad administrativa y sin ningún sustento técnico con notorio quebranto de los arts. 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política y el art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica, así como reiterada jurisprudencia constitucional sobre el principio precautorio y el de objetivación, umbrales para exonerar de licencias ambientales los ajustes y rectificaciones en planes reguladores. Además, establece de manera regresiva porcentajes discrecionales para crear excepciones injustificadas a la obligación de las municipalidades de acudir a la Nombre3763 y realizar una evaluación ambiental estratégica que es la metodología que se sigue para proyectos de planes reguladores. El valor de 20% contenido en esa normativa fue establecido por el ICT y el INVU sin criterio técnico ni científico, a pesar de que esas instituciones carecen de la experiencia y la competencia para llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental. Esas instituciones crearon esos umbrales sin que existieran estudios al respecto, lo que atenta abiertamente contra el principio precautorio, el de no regresión, el de progresividad y el de tutela científica, sin tomar en cuenta que las excepciones para realizar las evaluaciones de impacto ambiental en materia de ordenamiento territorial causan grave perjuicio en sitios que son de alta fragilidad ambiental. Según el informe del Ministro de Turismo, ese 20% que se estableció en la normativa, fue consensuado entre instituciones, lo que no implica estudios respaldados por la ciencia y la técnica que justifiquen el eximir los ajustes y rectificaciones de las valoraciones ambientales. Tampoco hay respuestas objetivas de las razones por las cuales pudo haber sido un 5% o un 50% toda vez que no hay estudios ni sustento jurídico para validar el establecimiento de ese valor. Otro punto que podría emitirse en relación a los umbrales dispuestos es la falta de consideración de los efectos acumulativos en las áreas no evaluadas desde una perspectiva ambiental y, en ese sentido, debe recordarse que en la opinión consultiva OC-23-17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 15 de noviembre de 2017, se enfatiza en la necesidad de que los estudios de impacto ambiental aborden tanto el impacto acumulado de los proyectos existentes como el de los proyectos propuestos, además de que es esencial tener en cuenta el impacto causado por otros proyectos que ya están en funcionamiento. Este enfoque analítico contribuye a una evaluación más precisa de si los efectos individuales y acumulativos de las actividades actuales y futuras, representan un riesgo significativo para el medio ambiente. A pesar de esto, los efectos acumulativos o sinergéticos de múltiples proyectos costeros, pueden no estar siendo considerados, a pesar de ser un aspecto necesario conforme a los estándares mínimos interamericanos en las evaluaciones de impacto ambiental, siendo que es con una valoración de los efectos acumulativos o sinergéticos que se puede medir la sumatoria de estos impactos negativos. En ese contexto y de conformidad con el criterio de impacto acumulativo ambiental, resulta esencial llevar a cabo una evaluación ambiental en 100% del área para valorar si todo concuerda, estimando que, en el caso concreto, es manifiesto que el ICT desconoce lo que son los impactos acumulativos. Finaliza solicitando que se admita esta coadyuvancia, que se incorporen sus argumentos al expediente y que se declare la inconstitucionalidad en los términos en que ha sido solicitada. 9.- Rinde su informe NOMBRE55636 EN SU CONDICIÓN DE PROCURADOR GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala el 13 de noviembre de 2023, en los siguientes términos. Sobre la legitimación: En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional ha reconocido la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad directamente, sin necesidad de acreditar la existencia de un asunto previo, cuando se pretenda la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo que, en este caso, al perseguirse la defensa de intereses difusos, la PGR estima que el accionante se encuentra legitimado para presentar esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 75 párrafo segundo de la LJC. Sobre el fondo de la acción: a) La evaluación ambiental estratégica y la modificación de los planes reguladores: manifiesta que el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, decreto ejecutivo n.°31849 de 24 de mayo de 2004, reguló la figura de la evaluación ambiental estratégica que tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país; evaluación que se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local generados en entidades del Estado incluyendo municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas, y cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura o bien el aprovechamiento de los recursos naturales, para lo cual se requerirá que las organizaciones públicas o privadas, responsables de elaborar las políticas, planes y programas, de forma paralela al desarrollo, integren los elementos de evaluación ambiental, la participación, transparencia y manejo amplio de la información, con lo que se pretende insertar la variable ambiental dentro de la planificación estratégica. En ese reglamento se dispone que los planes reguladores establecidos por la LPU y por la ley de ZMT o cualquier otro instrumento de planificación del uso del suelo o del territorio, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades respectivas. Tal decreto además señaló que se debe ajustar al procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores establecidos en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA- Parte III), tanto para los instrumentos de planificación que se vayan a elaborar, que estén en elaboración o que ya estén aprobados pero que no cuenten con la variable ambiental integrada. Por su parte, la SETENA, vía Manual del Proceso de EIA, establecerá los lineamientos y procedimientos básicos para el desarrollo e implementación gradual de un sistema de evaluación ambiental estratégica en el país, como parte de su responsabilidad al ser la autoridad en la materia de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente (LOA). Mediante decreto ejecutivo n.°43898 de 21 de diciembre de 2022, se emitió el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental que derogó el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y en su art. 1, al fijar su objeto y ámbito de aplicación, dispuso que la Evaluación Ambiental Estratégica está regulada en forma específica por el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE del 20 de febrero de 2006 y sus reformas, pero también por las normativas que al respecto se generen a futuro, con lo cual, la inclusión de la variable ambiental a los planes reguladores, los requisitos y el procedimiento, siguen estando regulados en ese decreto específico. La evaluación ambiental estratégica es el proceso de evaluación de impacto ambiental aplicado a políticas, planes y programas que se puede aplicar además a los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, o por acuerdos multilaterales y se lleva a cabo mediante la metodología de índices de fragilidad ambiental entendidos como: “el balance total de carga ambiental de un espacio geográfico dado, que sumariza la condición de aptitud natural del mismo (biótica, gea y de uso potencial del suelo), la condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de absorción de la carga ambiental adicional, vinculada a la demanda de recursos” (art. 3.12 del Anexo I del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Decreto Ejecutivo nº 43898 de 21 de diciembre de 2022). Indica que después de realizar el análisis técnico de las diferentes variables dispuestas en ese decreto, se pueden determinar cuáles son las áreas ambientalmente frágiles, entendiendo por éstas aquel: “espacio geográfico que en función de sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas que lo conforman y su particularidad sociocultural; presenta una capacidad de carga restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su uso en actividades humanas” (art. 3.2 del Anexo de cita). Después de determinar la capacidad de carga y las limitantes ambientales de cada espacio geográfico, se puede planificar el territorio, estableciendo los mejores usos para cada terreno, así como los que son aptos para cada uso, así como también, determinar las condiciones y restricciones de cada tipo de uso según los resultados de la evaluación ambiental estratégica. La Sala Constitucional ha indicado que la inclusión de la variable ambiental es un requisito que condiciona la constitucionalidad de los instrumentos que planifiquen el uso del territorio (ver sentencias números 14293-2005, 11652-2006, 17388-2007 y 11862-2008, entre otras). Teniendo en cuenta la finalidad y utilidad de la evaluación ambiental estratégica, resulta claro que, cualquier modificación posterior al instrumento de planificación, debe ser evaluada ambientalmente para precisar si los cambios propuestos se ajustan a la capacidad de carga ambiental ya determinada, si es necesario hacer nuevos estudios o, incluso, si debe evaluarse ambientalmente un espacio geográfico más amplio; así lo ha entendido la Sala Constitucional al indicar que un plan regulador supone que se han realizado los estudios técnicos para determinar la aptitud de cada área, consecuentemente debe existir también un estudio que justifique cualquier modificación que se le haga (ver sentencia n.°2006-006346). La Sala Constitucional ha dicho también que aún los planes reguladores aprobados con anterioridad a que se exigiera la integración de la variable ambiental, deben ser evaluados ambientalmente y que “la ejecución de los planes reguladores aprobados con anterioridad a la adopción de la normativa señalada, queda supeditada al cumplimiento de dicho requisito” (ver sentencias 2013-012973 y 2010-000075). En la práctica, el cumplimiento de ese criterio habría significado que los planes reguladores que no tuvieran incorporada la variable ambiental, no habrían sido aplicados, no habría sido posible otorgar certificados de uso de suelo con base en sus disposiciones y, en el caso de los planes reguladores costeros, no habría sido posible otorgar concesiones en la ZMT que abarcan porque la existencia de un plan regulador costero es un requisito previo para ello y, de tal modo, habría existido un compromiso mayor en incorporar la variable ambiental a esos planes reguladores previos. Ante la ausencia de una norma transitoria o una disposición concreta que fijara un plazo para que los gobiernos locales integraran la variable ambiental a los planes reguladores existentes, debe tenerse en cuenta que el Anexo 1 del decreto n.°32967, en el punto 5.13. que dispone un procedimiento para aplicar el índice de fragilidad ambiental a planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo, pero dispone además que es de aplicación para los planes reguladores vigentes así como también a otros tipos de planificación de uso del suelo a los que se desee realizar un ajuste o inserción de la variable ambiental; entonces, con base en esa norma, cuando se va a realizar un ajuste o modificación a un plan regulador que no tiene incorporada la variable ambiental, debe seguirse el procedimiento allí dispuesto para esos efectos, de lo contrario, esos planes reguladores, sus modificaciones y hasta ampliaciones, podrán seguirse efectuando y aplicando sin incorporar la variable ambiental, es decir, serán instrumentos de planificación cuyo ajuste a las exigencias ambientales antes expuestas dependerá, exclusivamente, de la discrecionalidad de la administración. b) analisis de la acción de inconstitucionalidad: la PGR considera que no es competencia del ICT ni del INVU determinar los parámetros según los cuáles un cambio o modificación de un plan regulador costero debe ser sometido a valoración de SETENA. Conforme con los arts. 17 y 83 de la LOA, la Nombre3763 es el órgano de desconcentración máxima del MINAE competente para armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, es decir, para llevar a cabo los procedimientos de evaluación de impacto ambiental conforme con las regulaciones vigentes. La Sala Constitucional ha señalado que las obras, proyectos o actividades que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental son aquellas determinadas en las leyes y los reglamentos y que el Poder Ejecutivo puede determinar, con fundamento en estudios técnicos precisos, que una determinada actividad o proyecto no requiera someterse a esa evaluación (ver sentencias 2019-002009 y 2002-001220). Agrega que también ha reconocido, conforme con las disposiciones del reglamento n.°31849, la validez constitucional de que Nombre3763 distinga, de conformidad con el debido sustento técnico, las actividades que requieran para su realización, la obtención de la viabilidad ambiental en razón de afectar el ambiente de manera significativa, y que las que no alteren el ambiente en grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria, no tienen necesidad de llenar ese requisito concreto (ver sentencia 2019-016792). Manifiesta que, aplicando esos criterios a la evaluación ambiental estratégica, la determinación de cuáles modificaciones, ajustes o rectificaciones de los instrumentos de planificación territorial deben someterse a evaluación de impacto ambiental, es un asunto que debe determinar el Poder Ejecutivo o incluso SETENA, con base en criterios técnicos, de manera que, en criterio de la PGR, la clasificación hecha en el Manual impugnado sobre ajustes, rectificaciones y modificaciones, el porcentaje utilizado para diferenciar entre rectificaciones y modificaciones y la determinación de que las dos primeras categorías no requieren someterse a conocimiento de Nombre3763 de previo a su aprobación, no tienen respaldo en la normativa vigente que regula la evaluación ambiental estratégica. Si bien es cierto, el art. 46 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, decreto ejecutivo n.°43898 de 21 de diciembre de 2022 señalado supra, establece algunas reglas sobre la modificación de viabilidades ambientales ya otorgadas y utiliza como parámetro si se altera en más de un 20% el área del proyecto, esas regulaciones están destinadas a actividades, obras y proyectos, no a instrumentos de planificación territorial. En todo caso, el art. 1° de ese decreto que fija su ámbito de aplicación, dispone que la evaluación ambiental estratégica está regulada específicamente en el decreto n.°32967 que es el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III. Conforme con la regulación específica sobre evaluación ambiental estratégica, será la naturaleza del ajuste, cambio, o rectificación de un plan regulador, la que determine si, la modificación pretendida, debe someterse a conocimiento de la SETENA. Por su parte, en el caso de aquellos planes que no tengan incorporada la variable ambiental en virtud de que en el momento de su adopción no resultaba exigible ese requisito, ésta debe incorporarse cuando el plan se vaya a ajustar o modificar. El Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial del ICT, reglamento n.°6296 de 14 de diciembre de 2017, aplicado a los planes reguladores cantonales ‒no costeros‒, no establece categorías de modificaciones ni porcentajes de cambios según los cuales se determine que deban o no ser sometidos a conocimiento de Nombre3763 y, al respecto, dispone, como uno de los pasos del procedimiento que “en caso de ser necesario, la municipalidad debe gestionar lo correspondiente ante la Nombre3763 en relación con la resolución ambiental” (art. 5.3.1, actividad 7.3 gestión de la viabilidad ambiental para modificaciones). Ese Manual dispone expresamente que “el Plan Regulador a modificar debe contar con la viabilidad ambiental emitida por SETENA, de manera que ésta funcione como base para el ajuste. En caso de que la modificación corresponda a un Plan Regulador que no tenga viabilidad ambiental, debe cumplir a cabalidad lo establecido en el Capítulo IV, Fase de Elaboración del Plan Regulador del presente Manual”. En el caso del Manual aquí impugnado, si bien es cierto que la PGR no es un órgano técnico, de la simple lectura del art. 14.5 puede notarse que, tanto lo que se contempla como ajustes y como rectificaciones, pueden significar modificaciones importantes que tengan repercusiones en la capacidad de carga ambiental del espacio geográfico planificado, por ejemplo, la adecuación a la proyección geográfica oficial CRTM05 puede implicar un desplazamiento del espacio planificado y la incorporación de la declaratoria de PNE puede añadir nuevos aspectos ambientales a valorar en los terrenos aledaños a ese patrimonio. En cuanto a las rectificaciones ahí señaladas, puede notarse que el aumento o disminución en los límites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente y los cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, implican modificaciones en los usos de suelo permitidos, lo cual podría no ajustarse a la capacidad de carga ambiental determinada para cada zona, es decir, se estarían variando los usos posibles sin determinar si, técnicamente, es posible permitir esas actividades según la valoración ambiental previa de ese espacio geográfico. Lo mismo sucede con la posibilidad de ajustar los retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes, pues todos esos son factores constructivos y de uso del suelo cuya determinación depende de la capacidad de carga ambiental del terreno; también, la posibilidad de ajustar el plan al reamojonamiento de la zona marítimo terrestre puede significar un desplazamiento del espacio geográfico cubierto por el plan, por lo que se estarían abarcando zonas cuya capacidad de carga ambiental no ha sido analizada previamente. En tal sentido, el que se disponga que esos ajustes no pueden significar una variación mayor al 20% del área zonificada, reafirma el hecho de que los ajustes permitidos realmente son modificaciones y ampliaciones de los planes, y es que, según lo dicho, con base en el criterio de SETENA, según el cual las modificaciones son cambios que se deben someter a valoración cuando son sustantivas, o cuando por el fondo, requieran una valoración ambiental vista su magnitud, por lo que le corresponderá al proponente (municipalidad), determinar el alcance y contenido de los ajustes que proponga, el factor para determinar si un cambio de un plan regulador debe ser evaluado ambientalmente no debería limitarse a un porcentaje, sino al hecho de si implica una modificación en los usos de suelo permitidos, si conlleva una variación en el espacio geográfico que abarca el plan y si se trata de una modificación que tenga repercusiones en cuanto a la capacidad de carga ambiental del área planificada. Además, debe considerarse que, dependiendo del área total que abarca cada plan regulador costero, ese 20% puede significar un espacio geográfico extenso que estaría siendo abarcado por el plan regulador, sin analizarse, de previo, sus condiciones y limitantes ambientales. Los planes reguladores costeros tienen la particularidad de que constituyen un requisito previo para el otorgamiento de concesiones, de modo que la ampliación y modificación de uno de estos planes, puede significar que se habilite el otorgamiento de concesiones sobre un bien demanial de alta fragilidad ambiental y, posteriormente, se permita el desarrollo de construcciones y actividades, sin haberse determinado, de previo, la capacidad de carga ambiental de ese espacio geográfico. El Manual impugnado dispone que se emitió como una forma de contribuir en el proceso de planificación y gestión integral de la zona marítimo terrestre mediante el establecimiento de una normativa que estandarice la manera en que se diseñan y preparan dichos planes reguladores, de tal forma que se trata de un instrumento orientador y, por ello, no podría modificar ni dejar sin efecto normas de rango superior. Pese a lo anterior, bajo los parámetros allí fijados, el INVU y el ICT ejercerán su competencia de revisar y aprobar los planes reguladores costeros (art. 31 de la Ley de la ZMT) y, probablemente, a esos lineamientos se ajustarán los gobiernos locales para la elaboración y modificación de sus planes reguladores, por lo que no existiría ninguna limitante para que aprueben modificaciones sustanciales a los planes que no pasen por la revisión de SETENA; es decir, pese a su carácter inferior y a la imposibilidad jurídica de que el Manual derogue o modifique la normativa vigente, lo dispuesto en el Manual impugnado, sí tiene efectos directos en la forma en la que se elaboran las modificaciones de planes reguladores costeros y en la determinación de cuáles cambios serán sometidos a conocimiento de SETENA. En consecuencia, la PGR estima que sí resulta necesario declarar inconstitucionales las disposiciones del Manual que excluyen los ajustes y rectificaciones de la evaluación ambiental de SETENA, así como también las normas que permiten que no se incorpore la variable ambiental en los planes reguladores que se emitieron antes de esa exigencia, aún y cuando estén siendo ajustados. Lo anterior porque resultan contrarias al art. 50 constitucional, del cual se ha derivado la necesidad de que los instrumentos de planificación del territorio y sus modificaciones sean valorados ambientalmente, así como también lesivas de los principios preventivos y de objetivación de la tutela ambiental. Asimismo, esas disposiciones resultan contrarias a lo dispuesto en el art. 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica que establece que los Estados Parte deben asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus programas y políticas en cuanto puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica. Para la PGR, deben declararse inconstitucionales los arts. 13.2.iii) y 13.9) impugnados en tanto disponen que, para los ajustes y rectificaciones no se requiere la viabilidad ambiental, así como el art. 14.7.1.b) porque establece que, en el caso de ajustes y rectificaciones de planes que no tengan viabilidad ambiental, no será necesario, ni siquiera, documentar el cambio ante SETENA, cuando, según lo antes expuesto, en esos casos, cualquier ajuste debería implicar que se incorpore la variable ambiental al plan. La PGR no considera que los arts. 14.5.1) y 14.5.2) sean inconstitucionales porque, más allá de clasificar los posibles cambios que se pueden hacer a un plan regulador, no establecen una consecuencia jurídica en cuanto a la revisión por parte de Nombre3763, sino que, esa determinación está hecha en los arts. 13.2.iii) y 13.9) cuya inconstitucionalidad sería declarada. Tampoco se estima que deba declararse inconstitucional el art. 14.7.1.a) porque lo allí indicado es acorde con lo expuesto anteriormente en cuanto a que, las modificaciones o ajustes que deben someterse a conocimiento de Nombre3763, son aquellos que, de manera sustantiva o por el fondo, requieran una valoración ambiental, lo cual puede entenderse inmerso en ese numeral al disponer que no se requerirá de la actualización de la viabilidad ambiental siempre que no se altere el resultado del componente ambiental o, lo que es lo mismo, que se requerirá la actualización de la viabilidad ambiental siempre que los cambios propuestos alteren el componente ambiental. Por otra parte, advierte que en virtud de que debe quedar claro que, en cuanto a la integración y modificación de la variable ambiental, el Manual impugnado debe sujetarse a lo que dispone la normativa específica sobre evaluación ambiental estratégica y a los lineamientos y criterios que al respecto establezca el órgano técnico especializado, la PGR considera procedente la interpretación solicitada por el accionante pero, únicamente, en cuanto al art. 14.7, y en el sentido de que la revisión por parte de Nombre3763 y la incorporación de la variable ambiental en los planes que no la tienen incorporada, resultan procedentes cuando así se determine en aplicación de las disposiciones vigentes que regulan la materia. Conclusiones: La PGR considera que: 1) Sí resulta necesario declarar inconstitucionales las disposiciones del Manual cuestionado que excluyen los ajustes y rectificaciones de la evaluación ambiental de SETENA, así como aquellas que permiten que no se incorpore la variable ambiental en los planes reguladores que se emitieron antes de esa exigencia, aún y cuando estén siendo ajustados; lo anterior, porque resultan contrarias al art. 50 constitucional, del cual se ha derivado la necesidad de que los instrumentos de planificación del territorio y sus modificaciones sean valorados ambientalmente, pero también son lesivas de los principios preventivos y de objetivación de la tutela ambiental, así como contrarias a lo dispuesto en el art. 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica. 2) Específicamente deben declararse inconstitucionales los arts. 13.2.iii) y 13.9) en tanto disponen que, para los ajustes y rectificaciones, no se requiere la viabilidad ambiental, así como el art. 14.7.1.b) porque establece que en el caso de ajustes y rectificaciones de planes que no tengan viabilidad ambiental, no será necesario, ni siquiera, documentar el cambio ante SETENA. 3) Los arts. 14.5.1) y 14.5.2) no son inconstitucionales porque, más allá de clasificar los posibles cambios que se pueden hacer a un plan regulador, no establecen una consecuencia jurídica en cuanto a la revisión por parte de SETENA, sino que, esa determinación está hecha en los arts. 13.2.iii) y 13.9) cuya inconstitucionalidad sería declarada. 4) Tampoco es inconstitucional el art. 14.7.1.a) porque, lo allí indicado, es acorde con lo expuesto en cuanto a que las modificaciones o ajustes que deben someterse a conocimiento de Nombre3763, son aquellos que, de manera sustantiva o por el fondo, requieran una valoración ambiental, lo cual puede entenderse inmerso en ese numeral al disponer que no se requerirá de la actualización de la viabilidad ambiental, siempre que no se altere el resultado del componente ambiental, o lo que es lo mismo, que se requerirá la actualización de la viabilidad ambiental siempre que los cambios propuestos alteren el componente ambiental. 5) En cuanto a la integración y modificación de la variable ambiental, el Manual que ahora se cuestiona, debe sujetarse a lo que dispone la normativa específica sobre evaluación ambiental estratégica y a los lineamientos y criterios que al respecto establezca el órgano técnico especializado, por lo que se considera procedente la interpretación solicitada por el accionante pero, únicamente, en cuanto al art. 14.7 y en el sentido de que la revisión por parte de Nombre3763 así como la incorporación de la variable ambiental en los planes que no la tienen incorporada, resultan procedentes cuando así se determine en aplicación de las disposiciones vigentes que regulan la materia. 10.- En atención a la audiencia conferida, se apersona NOMBRE57550, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL DE LA SETENA, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 14 de noviembre de 2023, y recuerda que el propósito fundamental por el que se creó esa Secretaría, es armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Recuerda que el art. 17 de la LOA establece que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se realiza en SETENA, tiene un carácter eminentemente preventivo, es decir, de previo a la realización o concreción de actividades, obras o proyectos y encuentra sustento constitucional en el art. 50 de la Constitución Política, pues es un deber estatal tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Existe un marco legal e institucional sobre el ordenamiento territorial en diversas leyes y reglamentos y, específicamente en el art. 28 de la LOA se indica que las políticas del ordenamiento territorial son función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, de manera que existen niveles de ordenamiento territorial (nacional, regional, o local), correspondiendo a las municipalidades el ordenamiento territorial local (urbano y costero) del territorio bajo su jurisdicción (cantón), de conformidad con el Título XII de la Constitución Política en concordancia con el Código Municipal, por lo que es competencia de cada gobierno local, el ordenamiento territorial de su cantón por medio de los planes reguladores a través de los cuales se debe observar el bienestar de la comunidad que habita en el cantón y, con ello, su derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por medio de la planificación y control del desarrollo de su jurisdicción. En este proceso, la SETENA, por disposición constitucional que data del 2004 y que se consolida con la aplicación del decreto ejecutivo n.°32967-MINAE, que es el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III, vigente desde el 2006, tiene como función estudiar y avalar que la variable ambiental se haya tomado en cuenta dentro de los planes reguladores, previéndose lo propio en cuanto a actividades que puedan ser perniciosas para el ambiente y el capital natural del cantón, de manera tal que esa Secretaría, a partir del procedimiento técnico, revisa la introducción de la variable ambiental mencionada en los planes reguladores y en las planificaciones de uso de suelo. Su representada emite un acto administrativo preparatorio que forma parte del proceso inicial de la elaboración del plan regulador como un requisito inicial, pero luego va a tener más actividades y etapas de conformación para finalmente, ser publicado e implementado, siendo que esas últimas etapas son competencia de otras instancias como el INVU, el ICT y luego ser adoptado por el concejo municipal del cantón que corresponda. a) Instituciones competentes en el ordenamiento territorial: Señala que en el ordenamiento territorial existe un marco legal e institucional en diversas leyes y reglamentos como el numeral 28 de la LOA en donde se indica que las políticas de ordenamiento territorial son propias del Estado, entes públicos y las municipalidades así como también que le corresponde a éstas, el ordenamiento del territorio bajo su jurisdicción según la Constitución Política, Título XII y el CM. Recuerda que la competencia del ordenamiento territorial, si bien está compartida dentro de las funciones de todo el Estado costarricense y sus diversas instituciones públicas como parte de los principios constitucionales, normas del derecho internacional, leyes y reglamentos, principios de corte ambiental, etc., también es una realidad que cada institución estatal tiene sus funciones y competencias propias y, en esa línea, las políticas de ordenamiento territorial costero son competencia del ICT y del INVU que, como parte de sus funciones, les corresponde la planificación local ‒en este caso costera‒ en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y demás documentos, gráficos o suplementos, y con ello establecer las políticas de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales. A partir de lo anterior, la función de la Nombre3763 consiste en realizar la evaluación predictiva del plan regulador costero propuesto para verificar que la variable ambiental está incorporada de forma correcta, con lo cual no ha tenido injerencia alguna en la creación del Manual en análisis que busca que su representada, pueda analizar y avalar que en efecto se haya tomado en cuenta la variable ambiental dentro del plan regulador propuesto por un gobierno local. En tal supuesto, la función de Nombre3763 es revisar, de forma inicial y predictiva, a partir de un procedimiento técnico, la debida introducción de la mencionada variable en las planificaciones de uso de suelo, con lo cual, se cumple la función predictiva de esa Secretaría, siendo la viabilidad un requisito inicial, ya que luego el plan regulador va a tener otras etapas de conformación posteriores, hasta ser aprobado, publicado e implementado; etapas en las cuales la Secretaría no tiene injerencia alguna. En el proceso hay otras instituciones que cuentan con las herramientas jurídicas y las competencias para el control ambiental base, dirigidas a la protección ambiental de cara al desarrollo y que son de acatamiento obligatorio, sin omitir que, además, están dentro del marco normativo de instancias que sí se encargan de brindar permisos finales. Modificaciones en planes reguladores implementados antes de 2006: La Nombre3763 ingresó en el tema del ordenamiento territorial hasta el 2006 cuando entró en vigencia el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE que es el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III. En el país existen planes reguladores que no cuentan con la incorporación de la variable ambiental porque son previos a que se le ordenara constitucionalmente a esa Secretaría, realizar este proceso, lo que ocurrió en 2004, con lo cual, es a todas luces claro que no podría la Nombre3763 evaluar una modificación a un plan regulador que se encontraba en vigencia y que, desde sus inicios, no contó con el proceso de evaluación de su representada porque en ese momento procesal no existía la obligación legal para ello. Al no existir un expediente ante la Nombre3763 con la incorporación de la variable ambiental y los IFAs (metodología aplicada), no existe el debido fundamento técnico o un antecedente que permita realizar y analizar desde esa Secretaría una modificación. Sobre el fondo del asunto: El accionante cuestiona el requerimiento de viabilidad ambiental conforme lo señala el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre que se impugna, punto 14 denominado Cambios a Planes Reguladores Vigentes y en este punto recuerda que el decreto ejecutivo n.°31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC que es el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, en su art. 67 indicaba que el procedimiento de introducción de la variable ambiental podría ser aplicado tanto a los instrumentos de planificación del territorio que se vayan a elaborar, o se encuentren en elaboración, o a los ya aprobados pero que todavía no cuentan con la variable ambiental integrada, lo que responde a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la sentencias n.°2002-001220 y n.°2005-002529, entre otras; sentencias en las que se indica que la incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores, estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de SETENA, previo a su aprobación por las autoridades correspondientes, disponiendo la Sala en la sentencia citada n.°2002-001220 que es un requisito fundamental obtener la viabilidad ambiental en un plan regulador. De conformidad con lo anterior, corresponde que los municipios del país apliquen el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE “Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) -PARTE lll-”, que en el ítem 5.13 del Anexo I describe el “Procedimiento para aplicar el IFA a planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo”; numeral en el que también se dan lineamientos sobre los pasos básicos a seguir para realizar la inserción de la variable ambiental en los planes reguladores vigentes, incluyendo los procesos de modificaciones. Señala que bajo el concepto de modificaciones que plantea el decreto ejecutivo n.° 32967-MINAE, las categorías de rectificaciones, ajustes y modificaciones propiamente dichas que describe el Manual del ICT que se cuestiona, tienen cabida pues, con mayor o menor magnitud, son modificaciones o cambios, pero es aún más claro que, en virtud de la lógica, la ciencia y la técnica que plantea la normativa, deben someterse a valoración de la SETENA, conforme el procedimiento técnico que describe el decreto n.°32967-MINAE, todas aquellas modificaciones que, de manera sustantiva o que por el fondo, requieran una valoración ambiental vista su magnitud. Por su parte, la determinación del alcance y contenido de los ajustes propuestos debe hacerla cada proponente de plan regulador al amparo de sus competencias, pues para los casos en que el plan a modificar, en cualquiera de las tipificaciones que se mencionan en el Manual del ICT cuestionado, no posea viabilidad ambiental, Nombre3763 no posee ningún estudio técnico que previamente haya conocido y avalado como para determinar si corresponde o no, por la naturaleza y magnitud del cambio, revisarse a la luz de lo señalado por el decreto n.°32967- MINAE, es decir, no se puede modificar una viabilidad que no ha sido otorgada previamente. Tampoco puede la Secretaría que representa, sin una norma de referencia específica y sin existir un procedimiento técnico asociado, solicitar estudios o informes que permitan conocer la magnitud de las modificaciones para estos casos de cambios en planes que no posean viabilidad ambiental, no solamente porque en sí mismos ya generan un costo adicional al proponente sino porque desde lo técnico, no hay un parámetro comparativo de la situación ambiental antes del cambio pretendido, a no ser que se generen los estudios ambientales conforme el decreto n.°32967-MINAE. En este punto, resulta importante ejemplificar los tipos de cambios o modificaciones a la viabilidad ambiental que más recientemente se han tramitado en SETENA, aunque en ningún caso se trata de un plan de zona marítimo terrestre, pero se trae a colación para ilustrar de qué podría tratarse la desagregación que hace el Manual del ICT impugnado en su numeral 14 sobre cambios a planes reguladores vigentes. De acuerdo con el art. 14.5.1 y 2. del Manual impugnado, los ajustes y rectificaciones tienen la misma gestión ante la SETENA, debiendo observarse lo dicho en los numerales 14.1.7 a) y b) y con sustento en lo dispuesto en la sentencia n.°2013-012973 de la Sala Constitucional, se anuló el plan regulador del sector costero playa Nombre57554 y Nombre57555 única y exclusivamente en la parte que dispone su aplicación a los terrenos que califican como PNE, con lo cual, solamente se anuló la aplicación del plan regulador en cuestión, en los terrenos que son PNE. Sobre el alegato en cuanto a que se crean umbrales o excepciones injustificadas para no acudir a hacer la evaluación ambiental estratégica ante SETENA: El numeral 14.5 del Manual impugnado, lo que establece son modalidades de los cambios en los planes reguladores que el mismo Manual no lo señala como umbrales, sino como modalidades, las cuales en el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE son, para cualquier efecto, modificaciones como un todo, pues dicha norma no tipifica, subclasifica, detalla o refiere a la magnitud de los cambios que podrían requerirse a la viabilidad ambiental de un plan regulador, lo cual sí se considera necesario determinar. Porqué los ajustes y rectificaciones en planes reguladores costeros no deben pasar por la Nombre3763 y las modificaciones si: Desde el punto de vista técnico, debe conocerse la magnitud del cambio pretendido, lo que obliga al proponente del plan, que debe tener claro el panorama. En ese sentido, en el caso del plan regulador de El Guarco, si en las dos ocasiones en que el municipio requirió hacer cambios a su viabilidad ambiental se aplicara el mismo proceder, ello no sería nada práctico pues, para el segundo de los cambios requeridos ‒en cuanto a la nomenclatura de las zonas‒, se estarían elaborando y revisando estudios técnicos ambientales para abordar un elemento que no es sustantivo y que no tiene un contenido técnico. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, las “modificaciones” en general a las viabilidades ambientales, ha sido un asunto que en las diversas propuestas de mejora normativa del decreto ejecutivo n.°32967-MINAE, se ha señalado y se ha propuesto especificar en procura de que sean atendidas conforme la lógica, la técnica y la ciencia, esto en función de la naturaleza y alcance de tales modificaciones. En relación con los porcentajes que exoneran a las municipalidades de hacer evaluaciones ambientales estratégicas: Recuerda que la ZMT es catalogada como un área ambientalmente frágil (AAF) y posee una gestión a nivel de evaluación de impacto ambiental que está normada por el decreto n.°43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, que es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Aduce que el accionante trae a colación argumentos respecto al requerimiento de gestión de las AAF a la luz de la evaluación de impacto ambiental y visto lo señalado debe aclararse que las actividades, obras y proyectos localizados en las AAF, deben gestionarse ante la Nombre3763 por medio del Formulario D1-C o D1 en caso de encontrarse la actividad enlistada en su Anexo 1, las cuales serían evaluaciones a realizar por parte de los proponentes de proyectos, y no propiamente por los municipios, dado que el EIA regulado mediante decreto n.°43898 no les corresponde. El accionante refiere a elementos vinculados con la audiencia pública de los planes reguladores, siendo que ello es una actividad que se desarrolla posterior a la obtención de la viabilidad ambiental y que, incluso, es producto de cambios requeridos que surgen en dicha audiencia, que se registran algunas gestiones de modificaciones a la viabilidad ambiental, siendo el caso de El Guarco un ejemplo de esta situación. Añade que el accionante trae a colación el requerimiento de cambios en modalidad de rectificación que estén referidos a “...retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes...”; sin embargo, aclara que no es competencia de Nombre3763 el análisis de los parámetros de construcción que se incluyan en los estudios correspondientes a la incorporación de la variable ambiental de los planes reguladores, esto por cuanto los reglamentos vigentes no indican los requerimientos ni para que los proponentes puedan establecer dichos parámetros, ni para que la Nombre3763 les pueda otorgar viabilidad ambiental. Los estudios ambientales aportan insumos para que las municipalidades, en conjunto con otros criterios de diagnóstico y toma de decisión, determinen no solamente el uso del suelo, sino los parámetros constructivos que correspondan, sin que pueda asumirse que, señalamientos técnicos que se hagan, prevalezcan como criterio irrefutable para consignarse como parámetros constructivos sin que dichos señalamientos técnicos, no se vean complementados con criterios provenientes de otros estudios de diagnóstico territorial, lo cual a todas luces fortalece el proceso de toma de decisiones del municipio. Los estudios ambientales permiten, entre otras cosas, tener parámetros técnicos que deben observarse a efectos de que la zonificación propuesta, no exceda la capacidad de carga ambiental que puede soportar el territorio y, en los lugares donde ésta se exceda, puedan establecerse elementos de gestión ambiental. Si Nombre3763 analiza los parámetros de construcción que se incluyan en los estudios ambientales de los planes reguladores, invade competencias de otros actores involucrados en el proceso, sea que se conozca como parte de los estudios iniciales para obtener la viabilidad ambiental o que sea parte de los estudios técnicos elaborados a la luz de cambios requeridos en la viabilidad ambiental otorgada. La Sala ya se ha pronunciado al respecto en la sentencia n.°2023-024218 en donde se indicó que excedía la competencia de ese Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si lo propuesto en relación con el plan regulador costero Playa Sámara, constituye un proceso de ajuste y rectificación, o bien, uno de modificación. Conclusiones: 1) Que debido a sus competencias, establecidas en el marco normativo vigente y en observancia al principio de legalidad, la Nombre3763 no puede entrar a conocer técnicamente una modificación de un plan regulador que no entró a Nombre3763 en el momento procesal en el que se haya emitido en contraposición con el momento procesal en que esa Secretaría inició con la evaluación de los planes reguladores. 2) Pese a que el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE, no hace una diferenciación o segregación de tipos de modificación, lo cierto es que las modificaciones que sí debe conocer la Nombre3763 son todas aquellas que sí van a generar un cambio en los documentos técnicos ambientales y no aquellas que son de forma; de manera que en la definición de ajustes del Manual del ICT impugnado no existe problema alguno. En el caso de las rectificaciones, podrían o no necesitar alguna valoración de la SETENA, no por la naturaleza de la rectificación o el porcentaje predefinido, sino por el cambio que implique, de manera que si, por ejemplo, se refiere al derecho de vía, no es un tema que Nombre3763 deba valorar, pero si fuera un reamojonamiento, podría tener repercusión en la delimitación del área con viabilidad, por lo que si se amplía o disminuye debe ser valorado por la SETENA. 3) En el caso de las modificaciones es coincidente lo establecido en el Manual en estudio con el Decreto Ejecutivo n.°32967-MINAE que es el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III. Finaliza señalando que, realizado el análisis de los hechos alegados por la parte accionante, se solicita se desestime la acción de inconstitucionalidad planteada máxime que, la mayoría de los alegatos ya han sido analizados por la Sala Constitucional que ha indicado que estos hechos corresponden a la vía ordinaria y no constitucional. 11.- Informa NOMBRE57551 EN SU CONDICIÓN DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO DEL INVU, mediante documento presentado en la Secretaría de la Sala el 15 de noviembre de 2023, en los siguientes términos: Sobre el argumento de que se crean umbrales o excepciones injustificadas: En el Capítulo 14 del Manual que se cuestiona, art. 14.7, se señala claramente que el trámite ante Nombre3763 para la obtención de la variable ambiental no debe realizarse en el caso de ajustes y rectificaciones, pero que sí tiene que hacerse en el caso de modificaciones. Tanto el INVU como Nombre3763, han establecido que la determinación de la naturaleza de los cambios en un plan regulador vigente le corresponde a la municipalidad, esto es, modificaciones, rectificaciones o ajustes. El trámite ante Nombre3763 para la obtención de la variable ambiental deberá realizarse solamente en el caso de modificaciones y para rectificaciones o ajustes deberá realizar el trámite en el INVU. Indica que, al tratarse de rectificaciones y ajustes, la aplicación de la metodología elaborada por el ICT para el cálculo del 20%, le corresponde a la municipalidad, la cual deberá entregar la documentación pertinente para justificar y comprobar la adecuada aplicación de la metodología, según las especificaciones señaladas en el Capítulo 14 del Manual cuestionado, esto para verificación por parte del INVU. En el caso de que se corrobore que la metodología del ICT no se ha aplicado correctamente, el INVU lo señalará al municipio para que realice las modificaciones del caso. La diferencia entre el ajuste y la rectificación es que el ajuste es cartográfico, es calzar un elemento cartográfico a una ubicación geográfica con respecto a la realidad; la rectificación debe corregir imperfecciones o defectos por razones de necesidad o conveniencia según lo acordado en el plan regulador. Ajustes o rectificaciones no deben sobrepasar el 20%, pues de sobrepasarlo, se estaría frente a una modificación, en cuyo caso se trataría de otro plan debido a que se transforma, cambia, incluye y adiciona otros elementos en la zona. Señala que las AOP (sic) sí requieren de viabilidad ambiental y el tipo de estudio lo determina SETENA, pero lo que no tiene sentido, por razones de proporcionalidad, es hacer estudios ambientales ‒para cambios menores y forma‒ a un plan que ya está vigente y que no tiene viabilidad ambiental, ya que la manera bajo la cual se aprobó, lo evaluó de otro modo y no hay base sobre la que evaluar los cambios ambientales. Carece de sentido que cualquier proyecto que se haga en ZMT, deba tramitar viabilidad ambiental. La rectificación es un movimiento de zonas que ya están planteadas y que, por un tema de necesidad, son requeridos, aunque los cambios son pequeños pero el plan sigue siendo el mismo en virtud de que los planes reguladores costeros son cortos, por lo que los cambios que se puedan implementar no son radicales. El tema del porcentaje establecido es producto de una interacción entre entes competentes y según las directrices emitidas por SETENA, la Municipalidad también tiene potestad cuando se trata de ese tipo de proyectos. El INVU ‒como el ente que atiende la planificación urbana‒, el ICT ‒desde el punto de vista de vigilancia de ZMT‒ y la Nombre3763 ‒como el encargado de la condición ambiental‒, han establecido que ese rango es el adecuado y se ha determinado por las diferentes competencias, valorando la razonabilidad para realizar un cambio menor. No se comparte el criterio del accionante cuando indica que el ICT y el INVU, como gestores de la normativa cuestionada, vinieron a crear umbrales y sin tener experiencia ni ser los competentes en las evaluaciones de impacto ambiental, exoneran de licencia ambiental, los ajustes o rectificaciones de los planes reguladores costeros. Estas instituciones cuentan con amplia experiencia en la materia, así como también advierte que, para la formulación del manual impugnado, participaron profesionales que acumulan décadas de experiencia en la revisión y formulación de planes reguladores y, en el caso de SETENA, se trata de un ente con profesionales de experiencia en la formulación de estudios de evaluación ambiental estratégica. De igual forma, cuando se señala que los ajustes o rectificaciones implican cambios que requieren de una evaluación ambiental estratégica debido al impacto en el paisaje urbano, rural y natural en la zona marítimo terrestre por tratarse de sitios costeros de alta fragilidad ambiental, debe indicarse que el plan regulador vigente no requiere de la viabilidad ambiental para ajustes de rectificación, ya que no es una modificación porque el plan es el mismo, solo se ha ajustado, por lo que corresponde una actualización natural del mismo plan. Los ajustes o rectificaciones son para un plan regulador que no requiere licencia ambiental porque no se está evaluando ambientalmente, no se requiere de licencia ambiental porque el plan (no proyecto) fue aprobado bajo una norma diferente, que incluía un diagnóstico ambiental, bajo otra normativa y metodología, además de que las modificaciones siguen considerándose pequeñas, por lo que el envío de la documentación a Nombre3763 es simplemente para documentar que es el mismo plan con algunos ajustes, y por lo tanto, no se requiere de un instrumento tan pesado para un cambio menor. Ajustes y rectificaciones no deben pasar por Nombre3763, pero modificaciones sí: Advierte que, ajustes y rectificaciones se hacen al mismo plan, el cual no se está modificando porque ya se encuentra evaluado, por lo tanto, no requiere volver a tener una licencia ambiental; por el contrario, la modificación sí la requiere porque se entiende como un nuevo plan regulador de acuerdo con lo que indica el art. 14.7.2 del Manual impugnado. Una modificación responde a un nuevo ejercicio de planificación en tanto, el ajuste o rectificación no debido a que es el mismo plan y esa es la diferencia, por lo tanto, en el primer escenario sí se requiere licencia ambiental, en cambio, cuando se está frente al mismo plan no, esa es la lógica que se planteó en el Manual que se impugna. Cuando se está frente a un plan que ya existe, no se busca licencia ambiental porque ya fue evaluado en su momento, siendo claro que un proyecto nuevo sí requiere evaluación ambiental estratégica, por lo tanto, lo que ha indicado la Sala en términos de un plan nuevo, un ajuste o rectificación no es un proyecto de plan nuevo, es otra cosa, es la modificación de un plan que está vigente y los ajustes y rectificaciones no responden a planes nuevos, los planes vigentes no requieren de licencia ambiental. Infundados porcentajes para exonerar sitios de alta fragilidad ambiental de la evaluación ambiental estratégica: El tema del 20% surge a partir de una serie de reuniones entre técnicos expertos en el manejo de la materia ‒tanto del ICT como del INVU‒ en las cuales se valoraron las opciones del porcentaje de ajuste, rectificación y las modificaciones, por lo que se llegó a ese porcentaje establecido en el manual, de forma consensuada, toda vez que esos profesionales consideraron que era suficiente para determinar los grados de cambio. Así sucede en otros ámbitos como por ejemplo la obra menor y mayor en el tema de construcción, que se considera mayor cuando supera los 30 m2 cuadrados, así tal cual podría cuestionarse por qué no 15, 20 o 25 m2, todo es producto de una discusión con un respectivo análisis por parte de los conocedores en el campo para definir un umbral determinado que resulte proporcional. Por otra parte, se cuenta con la “Guía metodológica para obtener valores por uso del suelo para el cálculo del 20% en rectificaciones a planes reguladores costeros” la cual pretende orientar a las municipalidades sobre el procedimiento establecido en el Capítulo 14 del Manual impugnado, para realizar el análisis y obtener los valores por uso del suelo con la finalidad de aplicar el cálculo del 20% utilizable para cambios a planes reguladores vigentes. El alegato del accionante en cuanto a que ese valor del 20% como parámetro o umbral para desregularizar las evaluaciones ambientales estratégicas podría ser altamente peligroso por comprometer la biodiversidad y derechos de las futuras generaciones, además de que no es preciso y resulta alejado de la realidad porque los cambios en ajuste y rectificación no tienen mayor impacto ya que los usos y actividades son básicamente iguales, nada más redistribuidas por el área del mismo plan. Actos aprobatorios del ICT, INVU y municipalidades que son inconstitucionales por no contar con variable ambiental: No se considera que exista una cadena inconstitucional de actos aprobatorios por parte de estas instituciones como lo afirma el accionante, debiendo tomarse en cuenta además que el art. 14.6 del Manual impugnado, señala textualmente que las tres modalidades descritas en el art. 14.5 ‒ajustes, rectificaciones y modificaciones‒, deben cumplir con el procedimiento descrito en los arts. 14.7, 14.8 y 14.9 de dicho Manual y cumplir con el art. 17 de la LPU n.°4240. Reitera que el trámite ante Nombre3763 para la obtención de la variable ambiental deberá realizarse solamente en modificaciones y, en los casos de rectificaciones o ajustes, deberá hacerse en el INVU, así como también que la aplicación de la metodología elaborada por el ICT para el cálculo del 20% le corresponde a la municipalidad, la cual deberá entregar la documentación pertinente para justificar y comprobar la adecuada aplicación de la metodología, según las especificaciones señaladas en el Capítulo 14 del Manual impugnado para verificación por parte del INVU. En caso de que se corrobore que la metodología del ICT no se ha aplicado correctamente, el INVU lo señalará al municipio para que realice las modificaciones del caso. En el caso de planes reguladores costeros, las municipalidades deben ser conscientes y responsables por la información que remitan a SETENA; institución que da trámite y analiza cualquier expediente que cumpla con los requisitos documentales establecidos independientemente de si el expediente corresponde a un plan regulador costero en modificación, ajuste o rectificación de conformidad con el Manual impugnado. Señala que corresponde al ICT, en el ejercicio de sus facultades, determinar en el proceso de revisión de los planes reguladores costeros, si lo presentado por la municipalidad corresponde efectivamente a una modificación, ajuste o rectificación y notificar al gobierno local de inconsistencias si existiesen. Finaliza solicitando declarar sin lugar la presente acción de inconstitucionalidad y ordenar el archivo del expediente. 12.- En escrito visible en el expediente y entregado en la Secretaría de la Sala Constitucional el 16 de noviembre de 2023, el accionante plantea algunas conclusiones en relación con los informes rendidos por el ICT y el INVU, señalando que, en su criterio: a) sí se crearon umbrales regresivos; b) ni el ICT, ni el INVU, ni el Ministerio de Turismo, son competentes para regular la variable ambiental dentro de los planes reguladores, pues la Nombre3763 tiene la rectoría por disposición normativa del numeral 17 de la LOA, que está vinculada al numeral 50 constitucional y al art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica; c) tales umbrales se elaboraron sin que mediaran estudios, ni investigaciones dentro de la ciencia y la técnica; d) lo que operó fue meramente “el consenso” entre varios funcionarios, es decir, se manejó con base a la simple discrecionalidad administrativa. Ninguno de los informantes y gestores del Manual impugnado aportaron las actas de las supuestas reuniones efectuadas, como tampoco existieron citas bibliográficas de estudios científicos con nombres de los funcionarios, o los investigadores; es decir, operó la mera discrecionalidad, lo que viola el principio de tutela científica abiertamente. Un mero “consenso” no es hábil para fundamentar y garantizar un criterio objetivo de nada y ello viola los principios de proporcionalidad, razonabilidad, el de progresividad y el in dubio pro natura. A la fecha de presentar estas manifestaciones, no se sabe por qué los funcionarios del INVU, ni del ICT, ni del Ministerio de Turismo dicen que esos umbrales estaban bien, o por qué ese 20% “era suficiente” según la contestación del INVU. Lo único que se llegó a argumentar es que existen unas tipologías denominadas “obra menor u obra mayor” en las construcciones de bodegas, casas o edificios, con un rango de 30 metros cuadrados y que como ello se normó, entonces igual pueden existir porcentajes en los planes reguladores para no tener que acudir a SETENA; sin embargo, considera que ese razonamiento es totalmente irracional, sin sentido y antijurídico para ser discutido ante esta Sala. Estima, al igual que lo hizo el representante de la PGR en su informe, que dentro de ese 20% de un plan regulador de muchas hectáreas ‒que es lo frecuente‒, tal porcentaje podría tener un impacto muy grande que pasaría de largo de una evaluación ambiental estratégica en caso de seguir vigentes las normas del Manual. Incluso, un plan regulador costero de 20 o 40 hectáreas al que se le quiera aplicar la norma del 20% para no tener que acudir a SETENA, dejaría sin valorar una gran zona y ni siquiera se considerarían los impactos acumulativos de lo nuevo en relación con lo ya existente y, por esta razón, considera que es necesario que se declare la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, pues el INVU y el ICT ‒por impericia‒, nunca visualizaron los efectos sinergéticos de las regulaciones y los umbrales creados en ordenamiento territorial en sitios que son bienes demaniales y ambientalmente frágiles. Reitera que ni el ICT, ni el Ministerio de Turismo, ni el INVU, como también lo dijo la PGR, son los entes competentes para haber relajado el ordenamiento jurídico ambiental. En razón de lo dicho, es evidente que el Manual impugnado tiene normas que contienen vicios de inconstitucionalidad y la regla a imperar debería ser que todo tipo de cambio en los planes reguladores debe obtener una licencia ambiental previa. 13.- Mediante oficio agregado al expediente electrónico el 30 de noviembre de 2023, se apersona Nombre57552 en su condición de Asesor Legal del Departamento de Urbanismo del INVU para aclarar que la audiencia otorgada a ese instituto, se atendió en tiempo y forma mediante oficio DU-533-11-2023 suscrito por la Jefa del Departamento de Urbanismo, remitido el 14 de noviembre de 2023 e incorporado al sistema de gestión el 15 siguiente. Solicita que por tal razón se rectifique el auto de 16:17 hrs. de 27 de noviembre de 2023 y se tenga como contestada la audiencia conferida al INVU. 14.- En resolución de magistrada instructora de las 9:56 hrs. de 30 de noviembre de 2023, se aclaró que no procede la rectificación solicitada por el Asesor Legal del Departamento de Urbanismo del INVU toda vez que en la resolución que dio curso a este proceso de control de constitucionalidad, se requirió el informe al Presidente Ejecutivo del INVU como principal funcionario directivo del referido instituto y dicho servidor no rindió el informe solicitado como se consignó en la resolución de la Presidencia de esta Sala, sino que, conforme lo manifiesta el gestionante, la audiencia fue contestada por otra servidora, sin tener la representación de la institución a la que se le requirió el informe de ley; en consecuencia, se rechazó la rectificación solicitada. 15.- En escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 4 de diciembre de 2023 se apersona NOMBRE44591 EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INVU para manifestar que, por un error de procedimiento, la respuesta enviada desde el Departamento de Urbanismo, corresponde al criterio técnico que debía salir en un escrito desde la Presidencia Ejecutiva. Manifiesta que esa Presidencia avala el criterio emitido por el Departamento de Urbanismo. 16.- Mediante resolución de las 16:17 hrs. de 27 de noviembre de 2023, se indicó que, dado que la primera publicación del aviso se dio el 30 de octubre de 2023, de conformidad con el art. 83 de la LJC, se admitían las coadyuvancias activas presentadas por Nombre57545 y Nombre57553; Nombre1087 y Nombre57547, así como Nombre57549, quienes se apersonaron el 8, 9 y 11 de noviembre de 2023, respectivamente; personas que plantearon tales gestiones por considerar que ostentan interés legítimo en que esta acción se declare con lugar. De igual manera, se tuvo por contestadas las audiencias conferidas al Procurador General de la República, al Secretario General de la SETENA, así como al Presidente Ejecutivo del ICT y se pasó la acción para estudio de la magistrada ponente a quien por turno corresponde. 17.- En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley. Redacta el magistrado Nombre44952; y, CONSIDERANDO: Sobre la admisibilidad: I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y LEGITIMACIÓN EN ESTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Debe señalarse que el art. 75 párrafo segundo de la LJC establece que no será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando, por la naturaleza del asunto, no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos que atañen a la colectividad en su conjunto. En el presente asunto, el accionante argumenta que ostenta legitimación por vía del control abstracto de constitucionalidad e invoca la defensa de intereses difusos toda vez que acude en resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en relación con las modificaciones, ajustes o rectificaciones de los planes reguladores de zonas costeras que, por su naturaleza, son consideradas altamente frágiles; por consiguiente, tal circunstancia configura, a favor del gestionante, una legitimación directa para la interposición de este proceso por invocar la defensa de intereses difusos. En consecuencia, la acción resulta admisible para su conocimiento y la parte accionante se encuentra legitimada por vía del control abstracto. Sobre el fondo: II.- OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN El accionante cuestiona la constitucionalidad de los numerales 13.2 inciso iii); 13.6); 13.7); 13.9); 14.5.1) y 14.5.2) en los párrafos del 1 al 6 incluyendo el párrafo 9; 14.6); 14.7); 14.12) y 14.13) del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre, que fuera publicado en el Alcance n.°139 a La Gaceta n.°135 de 14 de julio de 2021, por estimarlos contrarios a los arts. 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política, art. 14 de la Convención de la Diversidad Biológica aprobada por ley n.°7416, así como también a los principios precautorio, de no regresión, de progresividad y de tutela científica. Tales numerales, en lo que interesa, disponen lo siguiente: 13. REUNIONES DE INFORMACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA (…) 13.2 Para convocar a una audiencia pública, la municipalidad deberá asegurar que se han cumplido de previo los siguientes requisitos: (…) iii. En los casos de ajuste o rectificación, no se requiere contar con viabilidad ambiental otorgada por Nombre3763 para la audiencia pública. No obstante, dichos cambios deben ser documentados ante esta Institución previamente. (…) 13.6 Terminado este proceso de consulta, la propuesta de plan regulador, sea que haya sufrido cambios o no en el o los Mapas de Zonificación, en el Reglamento o en la Estrategia de Implementación, será́ elevada nuevamente a conocimiento de la Junta Directiva de ICT y a la Dirección de Urbanismo del INVU para su ratificación definitiva, dando la aprobación FINAL del Plan Regulador. Para esto se deberá́ enviar conjuntamente con el Plan Regulador, el respectivo Acuerdo del Concejo Municipal mediante el cual se avala el informe técnico de Resolución de observaciones que haya resultado del proceso de consulta. 13.7 Como resultado de esta ratificación definitiva, cada institución (ICT, INVU y Municipalidad) colocarán las respectivas firmas de los profesionales responsables de la aprobación en la lámina de zonificación y los documentos aprobados del Plan Regulador para hacer constar que el proceso de aprobación finalizó por parte de las instituciones del Estado. (…) 13.9 En los casos de ajuste o rectificación, no se requiere contar con viabilidad ambiental otorgada por Nombre3763 para audiencia pública; no obstante, dichos cambios deben ser documentados ante esta Institución. 14. CAMBIOS A PLANES REGULADORES VIGENTES (…) 14.5 Con la finalidad de identificar y precisar las diferentes formas por medio de las cuales se puede solicitar un cambio a un plan regulador vigente, se establecen las siguientes modalidades: 1. Ajustes: posibilidad de conformar, calzar o acomodar un elemento cartográfico a su ubicación geográfica confrontada con la realidad. Incluye: calzar el trazo de la polilínea que conforma una calle, sendero, servidumbre, curso de agua, entre otros, con respecto a otro elemento cartográfico de referencia, ajustes cartográficos para adecuarse a la proyección geográfica oficial CRTM05 e incorporación de Declaratoria de Patrimonio Natural del Estado. 2. Rectificaciones: posibilidad de corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por razones de necesidad y conveniencia en el contenido del plan regulador o sus reglamentos. Incluye: Ampliación de Derechos de vía, aumento o disminución en los límites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física. En su conjunto, estas rectificaciones no superaron el 20% del área total utilizable de la ZMT y podrán realizarse total o parcialmente hasta completar dicho porcentaje. En caso de sobrepasar el 20 % se deberá́ tramitar como modificación (Punto 3 siguiente). La verificación del porcentaje efectivo de cambio en las áreas de partida del Plan Regulador vigente se realizará generando una tabla o un cuadro que incluya lo siguiente: Área original del plan regulador en metros cuadrados: Área original en metros cuadrados del plan regulador aprobado para la zona tal y como se indica en el cuadro de áreas de la lámina de zonificación. En caso de no estarlo, la lámina deberá́ ser vectorizada mediante un proceso de digitalización. Área efectiva de ZMT para estimar el 20% de cambio: Área original del plan regulador menos todas las áreas que hayan sido reducidas, como resultado de un proceso de reamojonamiento o por la aplicación de otras legislaciones como por ejemplo áreas de Patrimonio Natural del Estado, Áreas Silvestres Protegidas, entre otras. Análisis para el 20% permitido: Porcentaje en que varía la zonificación original ajustada dentro del área efectiva de ZMT arriba determinada, ya sea por la redistribución o adición de terrenos. El porcentaje de cambio del área efectiva de ZMT medida en metros cuadrados no debe ser mayor del 20%. Se consideran además rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Además, los cambios en la política de inversión pública, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Los ajustes y cambios en documentos como el reglamento del canon, reglamento del plan regulador y otros por el estilo, no tienen relación con una medición de área y, por lo tanto, no están sujetos a la aplicación de la variación del 20% antes mencionada. Se consideran además rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Además, los cambios en la política de inversión pública, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Para reglamentos de antigua data, se utilizará la normativa de este Manual como referencia para actualizar los requisitos de las diferentes zonas. 3. Modificaciones: Es la posibilidad de transformar, cambiar, incluir, adicionar, eliminar, de forma parcial o total el plan regulador o sus reglamentos. Las modificaciones incluyen variaciones en los objetivos y propósitos iníciales del plan regulador vigente, que conllevan a la realización de un nuevo ejercicio de planificación. 14.6 Las tres modalidades descritas en el artículo 14.5 deben cumplir con el procedimiento descrito en los Art. 14.7, 14.8 y 14.9 del presente manual y cumplir con el Art 17 de la Ley 4240. 14.7 Trámite ante Nombre3763 según tipo de modalidad: 1. Ajustes y Rectificaciones: a. Para los casos en que el plan regulador vigente posea viabilidad ambiental, no se requerirá́ de su actualización, en tanto no se altere el resultado del componente ambiental. b. Para los casos en que el plan regulador vigente no posea viabilidad ambiental, no será́ necesario documentar lo correspondiente ante SETENA. 2. Modificaciones: a. Para los casos en que el plan regulador vigente posea viabilidad ambiental, será́ necesario actualizar los estudios ambientales en aras de que la viabilidad ambiental corresponda con la propuesta de Plan Regulador modificado. b. Para los casos en que el plan regulador vigente no posea viabilidad ambiental, será́ necesario iniciar una gestión en aras de obtener la viabilidad ambiental otorgada por SETENA. (…) 14.12 El Concejo Municipal remitirá el respectivo Acuerdo, primeramente, al ICT para su aprobación y luego lo remitirá al INVU la documentación respectiva (Acuerdo de Concejo, Acuerdo de Junta Directiva del ICT y propuesta aprobada del plan regulador) la cual deberá contener las firmas digitales de las dos entidades para ser revisada y valorar su aprobación. 14.13 Una vez que la propuesta de cambios al plan regulador sea aprobada por ICT e INVU respectivamente, el INVU notificará mediante Oficio al Concejo Municipal para que procedan a publicar el plan regulador en el Diario Oficial La Gaceta. Esta normativa se impugna por cuanto solo se deja vigente la obligación de acudir a la Nombre3763 para incorporar la variable ambiental si se trata de hacer “modificaciones” a planes reguladores nuevos, o cuando sean planes costeros que no poseen viabilidad ambiental porque al momento de su emisión no era un requisito exigible, en tanto se omite incorporar esa variable cuando se trata de “ajustes y rectificaciones”, a pesar de que, en criterio de la parte accionante, lo correcto y apegado a la Constitución es que, en la zona marítimo terrestre y, en esta materia, no existan excepciones respecto de evaluaciones de carácter ambiental, salvo que, desde la ciencia y la técnica se justifique la no intervención de SETENA. En el memorial se indica que el ICT y el INVU propiciaron que en ese Manual existan excepciones injustificadas en caso de “ajustes o rectificaciones” a los planes reguladores costeros en ZMT a partir de las cuales no se obliga a hacer una evaluación ambiental estratégica, ello a pesar de que son órganos que no tienen la experiencia ni son los competentes en evaluaciones de carácter ambiental. Se argumenta que, a la fecha de interposición de la acción, se desconoce el criterio técnico que justificó esas excepciones para permitir que “ajustes y rectificaciones” no deban ser revisados por la SETENA, pero sí las “modificaciones”, además de que tampoco existen esos estudios para justificar el porcentaje del 20% que establece la diferencia para acudir o no a la SETENA, lo que transgrede ‒en criterio del accionante‒ los principios precautorio, de no regresión, de progresividad y de tutela científica. III.- SOBRE EL ORIGEN DEL MANUAL DE ELABORACIÓN DE PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Conforme se desprende de los autos, a raíz de la urgencia del Estado costarricense de mejorar la planificación del territorio que comprende la zona marítimo terrestre (ZMT) del país, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía de la CGR, llevó a cabo un estudio con el fin de establecer la razonabilidad de los procedimientos y de las acciones del Estado orientadas a poner en vigencia los planes reguladores en la ZMT del país y el nivel de avance en el trámite de su aprobación. Lo anterior, con el fin de dotar a las municipalidades, a la mayor brevedad posible, de instrumentos de ordenamiento territorial como insumos para planificar las diferentes regiones que administran. A raíz de este estudio ‒que se llevó a cabo entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, con ampliación de espacios de tiempo cuando se consideró necesario‒, la citada División de la CGR emitió el informe n.°DFOE-AE-IF-12-2014 de 19 de noviembre de 2014. Este informe partió de la definición de lo que es el plan regulador como un instrumento de planificación territorial local, técnico y legal que permite planificar y gestionar los territorios regulados, que contiene los objetivos y metas para el área regulada con fundamento en las políticas, directrices y estrategias de desarrollo sostenible y que se caracteriza por ser de acatamiento obligatorio; instrumento que faculta la orientación y administración de todo el espacio físico de un territorio para lo cual la planificación que realiza debe incluir todos los aspectos, entre ellos, la distribución de la población, los usos de la tierra conforme con sus características y condiciones, las vías de circulación, los servicios públicos, la vivienda y los asentamientos humanos, las actividades socio económicas, las áreas protegidas, las zonas de riesgo y amenazas, las facilidades comunales, la construcción así como la conservación y rehabilitación de áreas urbana; todo lo anterior a fin de propiciar un crecimiento urbano, turístico, agrario, social y económico ordenado y ambientalmente responsable. Específicamente, en el caso de las ZMT, en ese informe se indicó que en la elaboración y la aprobación de planes reguladores se tiene que observar la normativa establecida para los planes de ordenamiento de carácter nacional y regional, y deben concordar con el plan regulador cantonal. Por existir en la mayoría de esas zonas gran fragilidad ambiental, se ameritaba una urgente atención del tema. Según el órgano contralor la posibilidad de poner en vigencia un plan regulador en los cantones costeros resultaba caótica y preocupante, debido a que ninguna municipalidad costera cuenta con un plan regulador que abarque la totalidad del territorio de su cantón, de modo que los planes reguladores en la ZMT corresponden a áreas reducidas, pero además están desarticulados con el entorno nacional, regional, cantonal y ambiental. En dicho informe consta que se detectaron áreas de la ZMT que se encuentran sin regular, así como otras con numerosos planes reguladores, todo ello en contraste con un acelerado desarrollo de asentamientos humanos y edificaciones que no responden a un nivel de ordenamiento y planificación integral; además de que muchos planes reguladores no cumplen con las exigencias normativas, lo que puede originar efectos adversos en el entorno social, económico y ambiental de esos sitios. En el citado informe se indicó que no se tiene certeza acerca de la cantidad de planes reguladores vigentes en los cantones costeros, pues las municipalidades, el INVU y el ICT registran un número diferente entre ellos. También se detectó que la mayoría de las municipalidades costeras no conocen todos los regímenes de propiedad presentes en su cantón, ni el área que los conforma y algunas, inclusive, desconocen la extensión de la costa del cantón, de manera que ninguna municipalidad costera cuenta con un plan regulador que abarque la totalidad del territorio de su cantón. Según ese informe que las municipalidades con jurisdicción en el litoral Pacífico han planificado su territorio de forma fraccionada y sus planes reguladores en la ZMT corresponden a áreas reducidas y, aún más grave, estos planes también están desarticulados con el entorno nacional, regional, cantonal y ambiental. Del mismo modo, el informe indica que los planes reguladores encontrados son omisos porque no incorporan, como insumo, el Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos, pero tampoco los mapas de capacidad de uso de la tierra, el criterio técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ni todos los reglamentos de desarrollo urbano. Aunado a lo anterior, la mayoría de los planes reguladores vigentes en la ZMT no cuentan con viabilidad ambiental, de modo que de 155 vigentes y en elaboración, solo 49 ingresaron a la Nombre3763 y, a su vez, de ellos solo 9 obtuvieron dicha viabilidad. Igualmente, se detectó que no se tiene certeza acerca de la cantidad de planes reguladores vigentes en los cantones costeros además de que es difícil determinar el área regulada y no regulada de la ZMT ante imprecisiones de algunos planes reguladores en lo relativo a la omisión de las coordenadas geográficas o errores entre éstas, aunado al hecho de que 14 de ellos se traslapan entre sí. Sobre el particular, dicho informe señala que el Estado no brinda a las municipalidades los insumos necesarios para realizar el diagnóstico del uso del territorio en sus cantones para que, a partir de ahí, puedan formular la propuesta del plan regulador de cada cantón, señalando como ejemplo que no se ha delimitado oficialmente parte del litoral Pacífico, la zona pública del litoral Caribe, ninguna de las islas, ni la zona pública de manglares, esteros y ríos, así como tampoco se ha certificado todo el PNE. Según se desprende de ese documento, se emitieron disposiciones por parte de la CGR, dirigidas al MINAE, al INVU, al ICT, al MAG, al Instituto Geográfico Nacional (IGN), al Registro Inmobiliario, al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), a fin de que se reestructurara el proceso de elaboración y aprobación de planes reguladores, sus procedimientos y requisitos; además de que se logre integrar en el Sistema Nacional de Información Territorial toda la información georeferenciable estandarizada que genere, administre y aquella que convenga con otras instituciones relativa a la elaboración de planes reguladores, así como también que permita dar acceso a los usuarios. De igual manera, otra disposición estaba dirigida a lo siguiente: delimitar y oficializar la línea de la zona pública del litoral Caribe y de las islas del país; oficializar la delimitación de la línea de la zona pública de Puntarenas; definir y oficializar normas técnicas de información geográfica; completar los mapas básicos que faltan en el país y se elaboren los mapas catastrales de los cantones costeros; clasificar y delimitar el PNE de los cantones costeros, las áreas de ríos, esteros y manglares de los litorales Pacífico y Caribe; elaborar los mapas de capacidad de uso de la tierra, mapas de vulnerabilidad a la contaminación de mantos acuíferos y mapas de amenazas en los cantones costeros; y a que JAPDEVA identificara el territorio de los cantones de Matina, Pococí, Siquirres y Limón que son de su propiedad. Ahora bien, para el caso específico del MINAE, se emitió la disposición 4.3 dirigida expresamente al ministro y, según la cual, de conformidad con el marco legal, se debía reestructurar el proceso de elaboración y aprobación de los planes reguladores, así como sus procedimientos y requisitos, de acuerdo con las competencias de cada institución, con criterios de eficacia, eficiencia, integralidad en el ordenamiento y la planificación del territorio, simplificación en los trámites y participación social. Se tomaba así en consideración lo contenido en el citado informe, y también el orden lógico de las fases del proceso, los procedimientos y requisitos. Se establecía que debía ser congruente con los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial a nivel nacional, regional y cantonal, y ser validado con la SETENA, SINAC, MAG, CNE, IGN y SENARA, debiendo identificarse las reformas legales que resulten necesarias para optimizar el proceso reestructurado, sus procedimientos y requisitos, y accionar lo correspondiente ante la Asamblea Legislativa. Según informó a este Tribunal el Presidente Ejecutivo del ICT, como producto de tales disposiciones emitidas por la CGR, surgió el Manual que ahora se impugna en algunos puntos. Este tenía como objetivo establecer un procedimiento que deben seguir las municipalidades en la formulación de planes reguladores costeros en la ZMT, tanto en el proceso de elaboración, como en lo relacionado con la participación ciudadana. Ahora bien, en relación con todo lo anterior, interesa destacar que al final de ese Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la ZMT, muy claramente se establece en el punto 14 denominado “Cambios a planes reguladores vigentes” que el proceso de planificación en la ZMT es y debe ser entendido como un proceso dinámico y continuo cuyo objetivo final es el desarrollo de esa zona en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en procura del bienestar general, prevaleciendo el interés público de conservar dicha zona como patrimonio nacional, por lo que su administración implica la búsqueda de un desarrollo planificado y sostenible, promovido desde las municipalidades y otras instancias competentes del Estado y la ciudadanía en general, procurando las acciones, proyectos, programas, e inversiones necesarias para llevar a la práctica todo el esfuerzo de planificación realizado, por lo que también es de vital importancia, la coordinación interinstitucional. En efecto, así está recogido en los artículos 13.6, 13.7, 14.12 y 14.13 del Manual impugnado, en donde se especifica que cualquier modificación que se hiciere a un plan regulador costero en ZMT deberá ser valorado por la Junta Directiva del ICT y la Dirección de Urbanismo del INVU, junto con el acuerdo del Concejo Municipal. Este último avala los informes técnicos que se hubieren emitido, así como los resultados de la consulta pública que se hubiere realizado. Toda esa documentación deberá ser valorada por esas instituciones, aprobada por ellas, para luego ser publicada en el Diario Oficial en aras de que el plan regulador finalmente aprobado sea conocido por la colectividad nacional. Conforme se puede observar, el citado informe emitido por la CGR con las disposiciones de carácter obligatorio, que debían ser cumplidas por las instituciones a las cuales se giraron, dieron lugar a normativa importante que ahora se impugna parcialmente porque, según se ha manifestado a la Sala por el accionante y los coadyuvantes, es omisa y regresiva en cuanto a la protección al ambiente. IV.- LA PROTECCIÓN A UN AMBIENTE SANO Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO Con la reforma que se hizo del art. 50 constitucional, se consagró en forma expresa este derecho, el cual se reconoce en una doble dimensión: a) como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y por tanto individualizable, debido a que su defensa atañe a la colectividad en su conjunto; b) como una verdadera potestad pública que se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así los objetivos políticos así como la acción de los poderes públicos en general para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. De esta manera, hay una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente mediante los mecanismos que sean necesarios, por ejemplo, a través de actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias, entre otras, que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, tal como lo ha señalado este Tribunal, entre otras, en la sentencia n.°2024-003227, en la que también ha manifestado lo siguiente: “La vida depende del ambiente, por tanto, se debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida, se mantengan en el tiempo; para ello, la Constitución exige que las medidas de cualquier índole deben desarrollarse de manera que respeten las leyes naturales que informan los ecosistemas independientemente del modelo de desarrollo que se adopte”. Cabe señalar que lo relativo a la planificación urbana, pero también la costera, tiene una estrecha relación con la protección del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Recientemente, en la sentencia n.°2024-013166 esta Sala se afirmó lo siguiente: “Es claro para este Tribunal que el derecho urbanístico tiene una importante e inescindible relación con la protección al medio ambiente, en el sentido de que a través de los planes regulares se imponen ciertas limitaciones a la propiedad privada en aras del interés y beneficio general, de manera que la planificación y el desarrollo de las ciudades garanticen un equilibrio ecológico y espacios libres de contaminación, así como también la protección de los recursos naturales. Lo anterior con el fin de que por la extensión de los espacios empleados por el ser humano no se agoten los recursos que dan soporte a la existencia humana digna ‒espacios verdes de esparcimiento, deporte, ocio, protección de las bellezas naturales, zonas de amortiguamiento, espacios de contención del ruido y la reducción de la contaminación atmosférica, protección de la contaminación de aguas subterráneas, protección de fuentes de agua para garantizar el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, etc.‒. Además, esos instrumentos buscan la protección de la población ante eventuales desastres naturales ‒evitar construcciones en zonas de fragilidad por fallas sísmicas o el respeto de ciertos márgenes con relación a diversos cuerpos de agua, concentración de construcciones, etc.‒. Justamente, en aras del desarrollo sostenible, los planes reguladores junto con los reglamentos de zonificación son una herramienta clave, y son muy importantes para la garantía de múltiples derechos fundamentales ‒protección de los recursos naturales, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho de acceso al agua potable‒. Al respecto, recuérdese, por ejemplo que el art. 69 de nuestra Constitución hace referencia a “asegurar la explotación racional de la tierra” lo que es una manifestación expresa de la necesidad de garantizar el uso racional de los terrenos para dar sustento al resto de derechos indicados. La Sala ha dicho lo siguiente: “Es así como el principio del uso racional de los recursos naturales y del ambiente en general, queda indiscutiblemente vinculado con el derecho a la salud de las personas y a la calidad de vida (al respecto, consultar la sentencia número 1763-94, de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro). En virtud de lo cual, el principio del desarrollo sostenible se constituye en un parámetro fundamental de la calidad de vida de las personas, como lo consideró este Tribunal en sentencia número 2219-99, en tanto condiciona la actuación que el hombre realiza sobre ambiente, con la finalidad de que pueda tener las condiciones adecuadas para su desarrollo, en tanto se traduce en la utilización "[...] inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tiene derecho las generaciones presentes y futuras. Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa), sino un desarrollo y evolución favorable del ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio" (sentencia número 2005-8945, del seis de julio del dos mil cinco).” (Sentencia n.°2006-17126)” En lo relativo a la protección costera debe tenerse muy presente que allí puede haber muchísimos recursos naturales de interés nacional e incluso internacional (litorales, manglares, humedales, esteros, ríos, quebradas, etc.), por lo que la protección estatal debe ser decidida. También se hace necesario recordar –como lo advierte la PGR en su informe– que este Tribunal ha indicado que la inclusión de la variable ambiental es un requisito que condiciona la constitucionalidad de los instrumentos que planifiquen el uso del territorio. Así, por ejemplo, en la sentencia n.°2005-14293 la Sala resolvió lo siguiente: “I.- DE LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL CASO CONCRETO SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA ANULACIÓN DEL PLAN IMPUGNADO.- En forma concordante con lo anterior, estima este Tribunal que es importante resaltar que la exigencia de la realización de los estudios de impacto ambiental respecto de los planes reguladores deriva directamente del artículo 50 constitucional, en tanto obliga al Estado –en su conjunto– a dar una tutela efectiva del ambiente, con lo cual, estas evaluaciones se constituyen en expresión de esa obligación constitucional, en los términos desarrollados por la jurisprudencia de esta Sala –en especial en la sentencia número 2002-01220, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del seis de febrero del dos mil dos–, en tanto se trata de un instrumento indispensable para determinar el impacto que las obras, proyectos y actividades humanas pueden producir sobre los elementos que conforman el ambiente y a la salud de las personas, lo que es una manifestación del principio ambiental "de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos, es que, si se evidencia una "duda razonable" de una posible afectación a los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas, en aplicación del principio precautorio, que obliga a tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura). Y en este sentido, es que en atención a la importancia y trascendencia que reviste la realización estos estudios de viabilidad ambiental respecto de los proyectos, obras o actividades humanas que puedan afectar el ambiente, es que se ha estimado que la omisión de su realización tiene relevancia constitucional, por la posible afectación a un derecho fundamental, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que implica la obligación del Estado –como un todo– de realizar la debida tutela del ambiente, los recursos y elementos que lo conforman y la salud de las personas”. (Criterio reiterado en la sentencia n.°2006-011562). Es verdad también que esta Sala –por mayoría– ha admitido la flexibilidad en la aprobación de planes regulares y el uso de la variable ambiental, con el propósito de que las municipalidades puedan finalmente tener su propio plan regulador, pero se hizo bajo el entendido de que su objetivo o finalidad era provocar la aprobación de instrumentos de ordenación territorial, o planes reguladores, con la variable ambiental; es decir, condicionados a que vayan a mejorar las situaciones del uso del suelo de los diferentes cantones del país, procurando evitar el crecimiento de infraestructura de forma desordenada (ver sentencia n.°2018-020341). V.- SOBRE LOS AJUSTES, RECTIFICACIONES O MODIFICACIONES A PLANES REGULADORES COSTEROS EN LA ZMT, SEGÚN EL MANUAL IMPUGNADO Ha quedado acreditado que el argumento principal de la acción de inconstitucionalidad radica en que el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros ‒aquí impugnado parcialmente‒ exige que las modificaciones que se hagan a esos instrumentos de planificación territorial deban ser analizados por Nombre3763 para incorporar la variable ambiental, en tanto, cuando se trata de hacerles ajustes o rectificaciones, tales cambios pueden ser autorizados y ejecutados sin la intervención de esa Secretaría Técnica y sin la exigencia del estudio que sea procedente ‒como puede ser una evaluación ambiental estratégica‒, siendo el criterio del accionante que, por tratarse de planes reguladores costeros en ZMT en donde existen zonas de alta fragilidad ambiental, resulta necesario que la Nombre3763 participe en todos los casos, sin diferenciar si se trata de modificaciones, ajustes o rectificaciones. La PGR resume el objeto de esta acción en los siguientes términos: “El argumento principal de la acción es que el Manual exime a los ajustes y rectificaciones de los planes reguladores costeros de ser revisados por la Secretaría Técnica de Nacional Ambiental, es decir, que conforme con las normas impugnadas, a esos cambios no se les debe incorporar la variable ambiental y se fijan umbrales que determinan cuándo sí es necesaria la viabilidad ambiental y cuándo no, sin ningún sustento técnico. Considera que, en apego al artículo 50 Constitucional, lo correcto es que la evaluación ambiental se aplique a cualquier cambio, sin exclusión alguna. Y, por ello, el accionante estima que se violentan los artículos 7, 9, 50 y 89 de la Constitución Política y los principios de tutela científica, el principio de no regresión, el de progresividad y el principio precautorio”. (Lo destacado no corresponde al original). A partir de las normas del Manual impugnado está claro que los planes reguladores costeros en la ZMT que sean nuevos deberán ajustarse a la normativa ambiental vigente en todos los aspectos que sean necesarios; tema que en todo caso no fue alegado en la acción de inconstitucionalidad, por lo tanto, en cuanto a este extremo, no habría vulneración al Derecho de la Constitución. Por el contrario, el problema surge a partir de los planes reguladores que ya están en ejecución o que estén aprobados, pues de las normas impugnadas de ese Manual se desprende que ciertamente los arts. 13.2.iii), 13.9, 14.5.1 y 14.5.2, 14.6, 14.7 a) y b) se refieren a la posibilidad de realizar “ajustes o rectificaciones” a esos instrumentos de planificación territorial, sin que sea exigido acudir a Nombre3763 para realizar la correspondiente evaluación ambiental ‒según proceda en cada caso concreto‒, lo que no sucede si se trata de una “modificación” de un plan regulador costero en ZMT, en donde claramente está establecido que sí es necesario que el asunto sea conocido por la SETENA. Para ilustrar lo anterior y realizar el análisis de constitucionalidad se transcribe en lo conducente el art. 13 del manual bajo examen, que dispone lo siguiente: 13. REUNIONES DE INFORMACIÓN Y AUDIENCIA PÚBLICA 13.1 Durante el período de elaboración de la propuesta de plan regulador, para propiciar la participación ciudadana, la Municipalidad llevará a cabo, al menos una reunión de información, que tendrá por objetivo informar sobre los propósitos y características del trabajo que se está realizando. 13.2 Para convocar a una audiencia pública, la municipalidad deberá asegurar que se han cumplido de previo los siguientes requisitos: i. Viabilidad Ambiental emitida por Nombre3763 (a la documentación ambiental que acompaña la Propuesta del Plan Regulador) según normativa vigente en esta materia. ii. Aprobación inicial de la propuesta por parte del ICT y del INVU. iii. En los casos de ajuste o rectificación, no se requiere contar con viabilidad ambiental otorgada por Nombre3763 para la audiencia pública. No obstante, dichos cambios deben ser documentados ante esta Institución previamente. (…) 13.9 En los casos de ajuste o rectificación, no se requiere contar con viabilidad ambiental otorgada por Nombre3763 para audiencia pública; no obstante, dichos cambios deben ser documentados ante esta Institución. (Lo resaltado no corresponde al original). Como punto de partida, debe quedar claro que a este Tribunal no le corresponde determinar la definición adecuada de lo que debería considerarse como un “ajuste, rectificación o modificación” de un plan regulador costero en ZMT; de igual manera, tampoco es de su competencia establecer la conveniencia o no de que unos u otros ameriten o no la intervención de la SETENA, o bajo qué supuestos no sería necesario, pues esos temas resultan ser propios de legalidad y deberán ser determinados por las autoridades competentes en la materia. Igualmente, no es competencia de este Tribunal establecer cuál normativa resulta aplicable (decretos 32967, 31849, o el 43898, etc.), que han sido señalados por los representantes de las instituciones a las que se les otorgó audiencia en la resolución de curso de esta acción, toda vez que ello es materia propia de conocimiento de la SETENA. Ahora bien, lo que sí es competencia de este Tribunal es determinar si las disposiciones bajo análisis contravienen la obligación que se deriva del art. 50 de la Constitución Política de velar por la tutela y protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al respecto, como se ha derivado de dicho numeral, ante cualquier duda sobre la posibilidad de que las actividades humanas tengan impacto en el ambiente será necesario que se realicen las valoraciones técnicas pertinentes, tal como lo dispone el art. 17 de la LOA mencionado supra. Esta norma es muy clara al indicar que toda aquella actividad humana que incida en el ambiente y que esté determinada en la ley y en los reglamentos deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental, lo cual ha sido reconocido por este Tribunal: “[P]odemos afirmar que el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 200815315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente” (ver sentencia n.°2023-017109). Como ya se advirtió, este Tribunal ha señalado que la inclusión de la variable ambiental es un requisito que condiciona la constitucionalidad de los instrumentos de planificación territorial en los cuales obviamente interviene la actividad humana. En la supra citada sentencia n.°2024-013166 la Sala realizó las siguientes consideraciones: “La forma de planificar el desarrollo de actividades humanas tiene un impacto significativo en el ambiente, que podrá ser negativo o positivo según los usos y actividades que se autoricen. De esta manera, la incorporación de variables ambientales y el sometimiento de los planes reguladores a un proceso de evaluación ambiental, son imperativos que se derivan de lo dispuesto en el artículo 50 constitucional”. (Sentencia n.°2006-013028) Dichas consideraciones fueron reiteradas parcialmente en la sentencia n.°2010-012458, en la que además se agregó que la facultad de los gobiernos locales para darse su propia ordenación territorial a través de los planes reguladores está subordinada y sometida a la legislación tutelar ambiental y al principio precautorio y proteccionista del ambiente recogido en el art. 50 constitucional”. (Lo destacado no corresponde al original). Ahora bien, resulta evidente que el Estado está llamado como un todo para la defensa del medio ambiente por lo que se ha delegado en el MINAE y, específicamente en la SETENA, buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. No obstante, es menester aclarar que el Estado, en sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, si bien el Estado central delega la defensa del ambiente en el ministerio en cuestión, esto no elimina la responsabilidad que tienen las demás instituciones del Estado en esta materia y por ello también se ha expresado la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. Sobre el particular, en los artículos 13.6, 13.7, 14.12 y 14.13 de Manual bajo estudio, se observa que esa coordinación se hace presente, pues además de la participación ciudadana que se puede llevar a cabo en una audiencia pública, se hace necesario que cualquier cambio que se realice en un plan regulador costero en ZMT tenga la aprobación del Concejo Municipal, del INVU y del ICT, se someta a los procedimientos ahí señalados, para luego ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, con lo cual, además de la colaboración interinstitucional, se favorezca la publicidad. Sobre el particular, en la sentencia n.°2010-006922 se dijo lo siguiente: “En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo– de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el (sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas”. Específicamente, en lo que a la incorporación de la variable ambiental se refiere, este Tribunal ha reconocido que Nombre3763 es la institución competente para determinar cuándo procede o no su intervención, ello por cuanto es el órgano competente especializado para armonizar el impacto ambiental con la actividad humana ‒procesos productivos‒ (según el art. 83 de la LOA) y, por lo tanto, el encargado de llevar a cabo los procedimientos de evaluación de impacto ambiental conforme con las regulaciones vigentes. VI.- Ahora bien, partiendo de lo dicho supra y del resguardo que debe haber de las disposiciones constitucionales, resulta claro que las normas del Manual que se impugnan y que eximen de efectuar la valoración ambiental del SETENA, en aquellos casos en que se hagan “ajustes y rectificaciones” a planes reguladores que no la posean o que no estén actualizados –arts. 13.2.iii), 13.9 y 14.7.1 incisos a) y b)–, resultan contrarias al interés de protección que rodea al derecho al ambiente y ameritan la declaratoria de inconstitucionalidad con sustento en varias justificaciones. Efectivamente, en los términos del art. 17 de la LOA, el citado Manual no tiene el rango normativo para eliminar tal exigencia, como este lo pretende, pese a que un ajuste o una rectificación podría provocar serias lesiones al derecho al ambiente. Por otra parte, tampoco consta en autos que, previo a eliminar tal exigencia, se hubieran realizado estudios técnicos que de manera fehaciente e indubitable pudieren haber determinado que no era necesario acudir a Nombre3763 en esos supuestos, a pesar de que están de por medio zonas costeras con alta fragilidad ambiental en ZMT y, como se dijo, posibles afectaciones al derecho al ambiente a partir de los eventuales cambios que se hicieren al plan regulador costero en ZMT. Lo anterior puede resultar contradictorio con lo que mencionan los artículos 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2, 14.6, 14.12 y 14.13 acá impugnados del Manual, a partir de los cuales no solo se desprende la necesaria coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, sino también la ineludible existencia y presentación ante las instituciones ahí citadas de un mínimo de informes técnicos y de resolución de observaciones surgido del proceso de consulta. Ahora bien, esa documentación no va en la línea de demostrar técnicamente la exoneración que se hace de la valoración ambiental por parte de la SETENA. Pero estos artículos no serían de suyo inconstitucionales en la medida en que se interprete que los posibles cambios a los que se refiere siempre deberán ser remitidos a la SETENA, para que haga la valoración ambiental que corresponda, y que los procedimientos a los que alude deberán sujetarse a esa exigencia en aras de no lesionar el art. 50 constitucional. También interesa destacar que la propia PGR ha manifestado a este Tribunal que, en el caso concreto, la clasificación sobre “ajustes, rectificaciones y modificaciones” y el hecho de que las dos primeras no requieran someterse a conocimiento de Nombre3763 de previo a su aprobación fueron unas decisiones incorporadas al Manual impugnado por parte del ICT y del INVU, que son dos instituciones que no tienen competencia técnica para determinar los parámetros según los cuales, un ajuste, una rectificación o una modificación de un plan regulador costero en ZMT deben ser sometidos a valoración de Nombre3763. Por eso ‒en criterio de la PGR‒ tal clasificación no tiene sustento ni respaldo en la normativa vigente. En ese sentido, recuerda ese órgano asesor que si bien es cierto el art. 46 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental ‒decreto ejecutivo n.°43898 de 21 de diciembre de 2022‒ establece algunas reglas sobre la modificación de viabilidades ambientales ya otorgadas y utiliza como parámetro una alteración de más de un 20%, también lo es que tales regulaciones no se refieren a instrumentos de planificación territorial. Por otra parte, si se tratara de la exigencia de realizar una evaluación ambiental estratégica, la PGR recuerda que esta se regula en el Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) ‒decreto n.°32976 de 20 de febrero de 2006‒ y, en relación con ese instrumento en específico, debe tenerse en cuenta que la Nombre3763 ha manifestado que, bajo el concepto de “modificaciones” que plantea ese decreto, las categorías de rectificaciones, ajustes y modificaciones propiamente dichas que se describen en el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la ZMT ‒acá impugnado parcialmente‒ se refieren a cambios que –en virtud de la lógica, la ciencia y la técnica que plantea la normativa– requerirían una valoración ambiental cuando se trate de transformaciones que, de manera sustantiva o por el fondo y vista su magnitud, deban someterse a criterio de la Nombre3763 para que ésta determine lo procedente (ver oficio n.° SETENA-SG-0767-2022 de 9 de setiembre de 2022, aportado por el Secretario General de la Nombre3763 en el expediente tramitado en este Tribunal bajo el n.°22-018256-0007-CO). En esta materia debe tenerse presente que es Nombre3763 y no a este Tribunal la que, con criterios técnicos, determinará cuál instrumento de evaluación ambiental será el más conveniente o adecuado a exigir para incorporar la variable ambiental, así como también la normativa que considere que sea aplicable. En lo que a este Tribunal le corresponde analizar, debe quedar claro que la especial protección constitucional del ambiente impone un exhaustivo estudio de las razones que sustenten ese tipo de determinaciones en el contexto de los diversos niveles que componen la ZMT con sus diferentes ecosistemas y su fragilidad ambiental, así como de las relaciones del ambiente con el entorno antropológico y, dentro de éste, las incidencias sociales, económicas, culturales, entre otras, que pudieren influir en las decisiones a tomar; sin embargo, en este proceso no puede olvidarse que, cuando se pretenden hacer variaciones de la naturaleza del dominio público ambiental, la ausencia de rigor técnico quebranta, aún por el mero riesgo o duda, el contenido del art. 50 de la Constitución Política. Por tal motivo, la permisibilidad para la realización de actividades humanas dentro de esos espacios territoriales, sin la debida ponderación del impacto que puedan llegar a producir en el medio, es un aspecto que debe ser advertido y analizado con sumo cuidado y con criterios técnicos. En tal sentido, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la variación de uso de un bien al que tradicionalmente se ha conferido un régimen de protección ambiental, precisa de las valoraciones de orden técnico sobre las consecuencias que esas nuevas incursiones antrópicas llegarán a producir en el ecosistema, así como si son congruentes con el medio, bajo un contexto de sostenibilidad ambiental. Esto implica ponderar conductas permitidas, acciones y procedimientos correctivos, medidas de mitigación, acciones compensatorias, entre otra serie de consideraciones que se echan de menos en este expediente. Tal falencia, como se ha expuesto, supone lesiones de orden sustancial que esta Cámara no puede inadvertir si se entiende que el patrimonio público, desde el plano conceptual, dice del conjunto de bienes que por ley (o norma superior) se encuentran afectos a un uso y fin público (Sentencia n.°2022-022606). Un ajuste o una rectificación puede significar una alteración importante que implique serias repercusiones en el ambiente, como bien podría ser los ejemplos que brinda la PGR, según los cuales un aumento o disminución en los límites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo en la zonificación vigente y los cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación implican modificaciones en los usos de suelo permitidos, lo que podría no ajustarse a la capacidad de carga ambiental determinada para cada zona y, con ello, se estarían variando los usos posibles. Esto es particularmente grave si se hace sin estudios técnicos y sin la valoración ambiental previa que acredite la posibilidad de llevar a cabo esas actividades según la nueva delimitación. En ese sentido, las opciones que brindan los arts. 13.6 y 13.7 acá impugnados, en cuanto a enviar para su aprobación al INVU y al ICT el acuerdo del Concejo Municipal, el informe técnico y la resolución de observaciones resultado de la consulta no sustituyen en modo alguno la necesidad de otro tipo de pericias técnicas que permitan justificar las razones por las cuales los cambios hechos al plan regulador costero en ZMT. Por tal motivo, no eximen necesariamente de que deban ser valorados ambientalmente por la SETENA. Por ello, esos numerales no son inconstitucionales, en la medida en que se interprete que cualquier cambio deberá ser valorado por la SETENA. Recuérdese que la capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos en una población que un hábitat puede soportar conforme a sus recursos, sin que se produzcan efectos adversos para esa población ni para el ambiente; y entre las variables que determinan la capacidad de carga de una especie se encuentran el alimento, el agua, los aspectos demográficos, el clima y el refugio, entre otras. La capacidad de carga no es fija ni estática: puede variar según la temporada, de año a año, según la implementación de tecnologías o la disminución del tamaño de la población, entre otras. Sobre el particular, interesa destacar que la PGR ha manifestado que, por ejemplo, la posibilidad de ajustar un plan regulador costero al reamojonamiento de la zona marítimo terrestre puede significar un desplazamiento del espacio geográfico cubierto por el instrumento de planificación, por lo que se estarían abarcando espacios cuya capacidad de carga ambiental se vería afectada, lo cual se agrava si no ha sido analizada previamente. También el ajuste de los retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes que son factores constructivos y de uso de suelo cuya determinación depende de la capacidad de carga ambiental del terreno podrían lesionar seriamente el derecho al ambiente, si se autorizan sin la correspondiente valoración ambiental. Además, no puede dejarse de lado que, en los últimos años, el turismo ha sido un elemento que se ha colocado en los primeros niveles de ingreso de divisas al país; sin embargo, está más que demostrado ‒a nivel mundial‒ que un excesivo uso de ese recurso puede ocasionar serios daños ambientales en zonas de alta fragilidad ambiental, lo cual es otra razón que justifica la necesidad de que cualquier cambio que se vaya a plantear en un plan regulador costero en ZMT (ajuste o rectificación) debe contar con el análisis correspondiente por parte de la SETENA, a fin de incorporar la variable ambiental y, de este modo, asegurar que el cambio propuesto en los alineamientos respectivos no supone desproteger algún área en concreto de especial protección medio ambiental, lo que sin duda alguna incluye el contenido y los procedimientos estipulados en los arts. 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2., 14.6, 14.7.1 incisos a) y b), 14.12 y 14.13 acá impugnados. Este Tribunal también ha manifestado que la emisión de un plan regulador supone que se han realizado los estudios técnicos para determinar la aptitud de cada área, y que su ejecución ‒aun cuando sean anteriores a la normativa que exigía la incorporación de la variable ambiental‒ queda supeditada al cumplimiento de esos requisitos (ver sentencias 2006-006346 y 2013-012973), así como también a que se realicen los procedimientos establecidos, como serían los dispuestos en los numerales impugnados 13.6, 13.7, 14.6, 14.12 y 14.13 del Manual de cita. Finalmente, una razón muy válida es el reconocimiento que ha hecho este Tribunal del principio de la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado y que se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional, al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y de los recursos naturales. VII.- Por otra parte, debe tomarse en cuenta que la propia Nombre3763 ha señalado que el factor para determinar si un cambio de plan regulador tiene que ser evaluado ambientalmente, no debería limitarse a un porcentaje del 20% como se establece en la normativa del Manual que está siendo impugnado, sino que el elemento decisivo debe ser si el cambio que se pretende hacer al instrumento de planificación, implica una modificación en los usos de suelo permitidos, en el espacio geográfico que abarca el plan regulador y de que se trate de un cambio que tenga repercusiones en cuanto a la capacidad de carga ambiental del área planificada. En este punto, es preciso detenerse a valorar que el 20% establecido por el Manual ‒numeral 14.5.2 y 14.6 en lo que a ese porcentaje se refiere‒, bien podría tratarse de un espacio pequeño pero muy significativo en términos de la fragilidad ambiental que tiene la zona; de igual forma, podría ser extenso, lo cual dependerá del área total que abarque el plan regulador costero y que podría no ser tan significativo en términos de la carga ambiental. En consecuencia, sería muy grave permitir que con la sola consideración del porcentaje ‒20%‒ se lleven a cabo rectificaciones, ajustes o cambios a un plan regulador costero en ZMT, sin que se analicen previamente las condiciones y limitantes ambientales por parte de la SETENA. Tampoco se ha logrado demostrar que ese porcentaje haya sido determinado por estudios o criterios técnicos debidamente allegados al expediente, ni consta que se haya analizado científicamente lo que sucedería con los efectos individuales de los cambios ‒en actividades actuales y futuras‒, ni mucho menos con los acumulativos que, en caso de ser significativos en el entorno, pueden representar un riesgo importante para el medio ambiente. Esto, sobre todo cuando se piensa en la existencia de múltiples proyectos costeros ‒existentes, en construcción y los futuros‒ que, al no remitirse a Nombre3763 para su valoración pueden no estar siendo considerados. Por el contrario, al realizarse una valoración ambiental por esa institución se deberá llevar a cabo ese análisis de efectos acumulativos y la medición de la sumatoria de estos impactos negativos, lo que arrojaría la visión de integralidad que es necesaria en la ZMT, en la que existen áreas de alta fragilidad ambiental. Desde esta perspectiva, sería altamente peligroso que, atendiendo la normativa del Manual que está siendo impugnada, un plan regulador costero en ZMT sufra cambios importantes sin incorporar la variable ambiental y que luego ello permita el otorgamiento de concesiones sobre un bien demanial de alta fragilidad ambiental, con el consiguiente desarrollo de construcciones y la incorporación de muchas actividades humanas. Entonces, todo eso se estaría permitiendo sin haberse determinado previamente, de manera técnica y certeramente, la capacidad de carga ambiental de esa zona, con lo cual es más que evidente la directa y alta incidencia de ese Manual en la forma en que se pudieren llevar a cabo los cambios a los planes reguladores costeros en ZMT. En esta materia existe el peligro de que cualquier cambio se intente hacer pasar como un simple e inofensivo ajuste o rectificación con la intención de no acudir a SETENA; sin embargo, permitirlo podría acarrear graves consecuencias para el ambiente en zonas que son altamente frágiles y vulnerables, por lo que, en atención al principio precautorio, se hace necesario pensar anticipadamente en los posibles daños en los elementos que integran el ambiente y adoptar medidas tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, entre ellas, todas la que puedan evitar, prevenir o contener la posible afectación a ese derecho. Sobre este punto, este Tribunal ha manifestado lo siguiente: “De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto–, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente. Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo” (ver, entre otras, sentencia n.°2012-13367 y n.°2023-017109). Por otra parte, se afirma por parte de las autoridades de la Nombre3763 y el ICT que una razón más para no someter a conocimiento de la Nombre3763 cualquier ajuste o rectificación a un plan regulador costero en ZMT es que, según ellos, debido a que la Sala Constitucional en la sentencia nº 2013-012973 “dejó manifiesto que los planes reguladores elaborados antes de la promulgación del Decreto 32967-SETENA, ya contaban con una análisis ambiental de la manera como se hacía en ese momento, y que no se podría retrotraer a una norma posterior. Así se ha venido atendiendo el proceso de ajuste y rectificación de planes reguladores vigentes. Además, nunca tuvieron un expediente ante Nombre3763 por haber sido elaborados inclusive antes de que existiera dicha Secretaría”. Al respecto, debe decirse que tal interpretación de lo dicho por este Tribunal es errónea y parcial. Corresponde hacer una lectura integral de esa sentencia para tener claro que, en el caso bajo estudio en aquel expediente, en ningún momento esta Sala levantó la exigencia de acudir a Nombre3763 y, por el contrario, se valoró que en la situación que fue objeto de su conocimiento, “la variable ambiental sí fue tomada en consideración durante la preparación del Plan Regulador y su Reglamento, aunque no fuera la evaluación que se exige actualmente, por lo que no se ha producido la alegada lesión al artículo 50 constitucional” (ver sentencia n.°2013-012973). De igual manera, este Tribunal manifestó expresamente: “IX.- Lo dispuesto en el Considerando anterior, en modo alguno implica que este Tribunal desconozca la protección ambiental de las playas Nombre57554 y Zapotillal. Como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional -entre otras sentencia número 2010-000075 de las quince horas y uno minutos del seis de enero del dos mil diez- lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento General Sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo número 31849, MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del veintiocho de junio de dos mil cuatro, relativo a la integración de la variable ambiental en los Planes Reguladores y demás instrumentos de planificación de uso de suelo, que aún los que ya estén aprobados, pero no cuenten con la variable integral integrada a los mismos, deben ser evaluados ambientalmente. Por ello es que la ejecución de los planes reguladores aprobados con anterioridad a la adopción de la normativa señalada, queda supeditada al cumplimiento de dicho requisito. En este sentido, las eventuales obras que a juicio de los accionantes producirían una lesión al ambiente, no se podría llevar a cabo hasta tanto las mismas no sean sometidas a una Evaluación de Impacto Ambiental para determinar la afectación que podría tener sobre el ambiente” (ver sentencia n.°2013-012973). Obsérvese que la Sala es muy clara y contundente al señalar ‒como se indicó supra‒ que los planes reguladores que no cuenten con la variable ambiental integrada deben ser evaluados ambientalmente, de manera que la ejecución de esos planes reguladores aprobados con anterioridad a la adopción de la normativa señalada queda supeditada al cumplimiento de dicho requisito y, por tanto, la Sala indica que las eventuales obras que pudieren producir una lesión al ambiente no se pueden llevar a cabo hasta que sean sometidas a conocimiento de la Nombre3763 para que se determine la posible afectación que podrían tener sobre el ambiente; en esa medida se debe interpretar que los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2, 14.6, 14.12 y 14.13 no son inconstitucionales siempre que los cambios que se hagan a un plan regulador costero en ZMT sean remitidos a la Nombre3763 para su valoración del componente ambiental y se cumplan los procedimientos de coordinación interinstitucional. En consecuencia, no es válida la justificación que se da a la Sala en ese sentido y, por lo tanto, se considera que es otro motivo más para considerar que las normas del Manual que se impugnan son inconstitucionales, en la medida en que eximen cualquier ajuste o rectificación de un plan regulador costero en ZMT a la evaluación ambiental de la SETENA. Conforme se dijo anteriormente, el Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en ZMT es una normativa de rango inferior que no puede modificar ni dejar sin efecto normas de rango superior que están encaminadas a la protección del derecho al ambiente. En consecuencia, en atención al Derecho de la Constitución, en criterio de este Tribunal cualquier “ajuste, rectificación o modificación” de un plan regulador costero en ZMT que no tenga incorporada la variable ambiental en virtud de que en el momento de su emisión no resultaba exigible, o bien, porque sí la tiene incorporada pero será sujeto de un ajuste, rectificación o modificación, deberá ser sometido a conocimiento de la Nombre3763 para que esta institución determine lo que sea procedente en defensa del derecho al ambiente. De igual manera, debe someterse al cumplimiento de los procedimientos establecidos en los artículos impugnados 13.6, 13.7, 14.12 y 14.13. VIII.- CRITERIO PREVIO DE LA SALA SOBRE EL TEMA. Interesa destacar que este Tribunal se ha pronunciado anteriormente en relación con reclamos según los cuales, en determinados lugares de la ZMT, se ha pretendido modificar planes reguladores costeros sin acudir previamente a la Nombre3763 para someter tales cambios a una evaluación ambiental. Ahora bien, la valoración del tema se hizo a través de recursos de amparo por lo que el ámbito de intervención de este Tribunal estuvo limitado. Así, por ejemplo, en las sentencias n.°2023-017185 ‒reiterada en la n.°2023-021554 y en la n.°2023-024218‒, se indicó lo siguiente: “Aclarado lo anterior, se advierte que excede la competencia de este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si lo propuesto en relación con el Plan Regulador Costero de Playa Sámara constituye un proceso de ajuste y rectificación, o bien, uno de modificación. Ello, por cuanto no es compatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el procedimiento de marras abarcaría un 20% o más del total utilizable de la zona marítimo terrestre, de acuerdo con lo indicado en el supramencionado Manual de elaboración de planes reguladores costeros en la zona marítimo terrestre”. “En el sub examine, la Sala estima que es aplicable el criterio expuesto. En efecto, se determina que es un tema de legalidad establecer si la propuesta del Concejo accionado debe ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, toda vez que es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la zona marítimo terrestre (ver sentencia n.°23-024218). No obstante, interesa resaltar lo que se analizó en el recurso de amparo n.°22-018256-0007-CO, en el cual la parte recurrente denunció lo siguiente: “I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente indica que la Municipalidad de Nicoya se encuentra en el proceso de modificación del Plan Regulador Costero de Playa Sámara de 1981. Indica que, el 22 de julio de 2021, la Nombre3763 señaló la necesidad de incorporar la variable ambiental en los planes reguladores, para lo cual se debe contar con su aprobación. Adiciona que la Nombre3763 indicó a la Municipalidad de Nicoya el deber de cumplir lo establecido en el Decreto Ejecutivo n.° 32967-MINAE en el procedimiento de aplicación de índice de fragilidad ambiental y planes reguladores. Refiere que, por oficio ZMT-002-2022 del 5 de enero de 2022, la coordinadora a.i. del Departamento de Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nicoya le indicó que "(…) 2. En cuanto a la viabilidad ambiental de SETNA (sic), este Departamento le hace saber que, en caso de reajustes de planes que fueron realizados anterior a la solicitud de Viabilidades Ambientales de SETENA, no deberá solicitarse según emanado por la Sala Constitucional en su VOTO NÚMERO 2013-012973, Boletín Judicial No. 204 del 23 de octubre del 2013 (…)". Explica que el 28 de mayo de 2022 se realizó una audiencia pública relacionada con la mencionada modificación del plan regulador; empero, no se concedió la palabra a las personas que asistieron, ni se les entregó material sobre esa propuesta”. La Sala hizo el correspondiente análisis del expediente y, en primer lugar, se determinó que la Municipalidad de Nicoya cuenta con el plan regulador costero de playa Sámara que data de 1981 y que desde el 2012 se encuentra en proceso de cambio. También observó la Sala que, mediante oficio n.°SENARA-DIGH-0044-21 de 28 de abril de 2021, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica de SENARA concluyó lo siguiente: “1. En la zona del Plan Regulador de Sámara (Zona Marítima Terrestre), que se traslapa con el mapa con la vulnerabilidad extrema y alta del Acuífero Mala Noche, se define desarrollar la zonificación urbana en función de la densidad y cobertura (zonas residenciales, zonas turísticas, zonas comerciales y zonas institucionales) que establece el mismo plan regulador costero. 2. EL (sic) resto de la zona de vulnerabilidad del Acuífero Mala Noche, catalogada como extrema debe aplicar la "Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico", que determina que en dicho acuífero, no se puede permitir realizar ningún tipo de actividad. 3. Las áreas fuera del Acuífero Mala Noche, que coincidan Plan Regulador Costero con el mapa de vulnerabilidad hidrogeológica ALTA se mantiene las regulaciones establecidas en el Plan Regulador Costero. 4. En el caso de zonas futuras de crecimiento (fuera de las consideradas en el Plan Regulador ZMT como de desarrollos urbano) se recomienda la realización de estudios hidrogeológicos más exhaustivos y se propongan las medidas ambientales para ese desarrollo. También no podrán desarrollarse dentro de la Zona Marítima Terrestre actividades calificadas de alta riesgo a la contaminación de acuíferos, este debe ser determinado incluyendo la carga contaminante, retardación/degradación, dispersión, modo de disposición del contaminante, tiempo de aplicación, movilidad, persistencia, intensidad y estudios hidrogeoquímicos del tránsito de contaminantes hacia el acuífero”. La Sala tomó nota de que, a raíz de lo anterior, sucedió lo que aquí se explica: “Mediante oficio SETENA-DT-EAE-0094-2021 del 22 de julio de 2021, la Nombre3763 comunicó al gobierno local recurrido que: “De conformidad con lo anterior corresponde que la municipalidad de Nicoya aplique el Decreto Ejecutivo N.° 32967-MINAE "Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental (Manual de EIA) -PARTE III-" (04/05/2-006), en el ítem 5.1 3 del Anexo I, describe el "Procedimiento para aplicar el IFA a planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo", así mismo da lineamientos sobre los pasos básicos a seguir para realizar la inserción de la variable ambiental en los planes reguladores vigentes. Por tanto, la municipalidad de Nicoya debe de incorporar la variable ambiental en el Plan Regulador Costero de Playa Sámara, ya que se encuentra en un proceso de ajuste del mismo” (la negrita fue incorporada por la Sala). Por su parte, “La parte accionante (sic) manifestó en el informe rendido bajo juramento -con las solemnidades y consecuencias que ello conlleva- que en la propuesta de cambio del Plan Regulador Costero de Playa Sámara “no existe un cambio de zonificación que sobrepase lo establecido en el Manual para la confección de planes reguladores costeros, según el cual es de un 20 % de la totalidad del polígono a rectificar, sobre la inclusión del Reglamento de Cobro de Cánones, el mismo se realiza en aras de cumplir con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 37882-MP-H-TUR publicado en la Gaceta 176 del viernes 13 de setiembre del 2013, ajustando el Plan Regulador Costero de Playa Sámara a la normativa actual y vigente que regula la materia”. Asimismo, “se incluyeron los correspondientes Certificados de Patrimonio Natural del Estado emitidos por el SINAC vigentes y actualizados, además se incluyó el Mapa con la Vulnerabilidad Hídrica del Acuífero Mala Noche generado por SENARA, incluyéndose además una regulación transitoria en resguardo de dicho acuífero, en cumplimiento y respeto del principio precautorio, pronatura y el artículo 50 de la Constitución Política”. Consta en autos que, según informó Nombre3763 al Tribunal ‒dentro de aquel expediente‒ que en julio de 2021, mediante oficio n.°SETENA-DT-EAE-094-2021, se atendió una consulta realizada por el Coordinador a.i. de la Municipalidad de Nicoya en la que informaba que esa corporación cuenta con plan regulador costero de playa Sámara, aprobado en 1981 y en proceso de ajuste y rectificación, por lo que solicitaba que se le informara cuál es el procedimiento a seguir ante Nombre3763, según lo indicado en el punto 13 del Manual de Planes Costeros y en el ítem 13.2. Esa solicitud de información se le contestó en los siguientes términos: “…corresponde que la municipalidad de Nicoya aplique el Decreto Ejecutivo N.° 32967-MINAE “Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) -PARTE lll-” (04/05/2006); en el ítem 5.13 del Anexo I, describe el “Procedimiento para aplicar el IFA a planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo”, así mismo da lineamientos sobre los pasos básicos a seguir para realizar la inserción de la variable ambiental en los planes reguladores vigentes. Por tanto, la municipalidad de Nicoya debe de incorporar la variable ambiental en el Plan Regulador Costero de Playa Sámara, ya que se encuentra en un proceso de ajuste del mismo” (destacado hecho por la Sala). La Sala agregó que, igualmente, el Secretario General de SETENA, aportó en aquel expediente el oficio SETENA-SG-0767-2022 de 9 de septiembre de 2022, en el cual se indicó que, en relación con el requerimiento de viabilidad ambiental en planes reguladores vigentes en la ZMT, los municipios del país deben aplicar el decreto ejecutivo n.°32967-MINAE, que es “Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA) ‒PARTE lll‒” en donde se detalla el procedimiento para planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo, así como también se dan lineamientos para realizar la inserción de la variable ambiental en los planes reguladores vigentes, incluyendo los procesos de modificación. Consta en ese oficio lo dicho por la SETENA: “…Es claro que bajo el concepto de modificaciones que plantea el D.E. N.° 32967-MINAE, las categorías de rectificaciones, ajustes y modificaciones propiamente dichas que describe el Manual del ICT tienen cabida pues con mayor o menor magnitud son modificaciones, son cambios; pero es aún más claro que en virtud de la lógica, la ciencia y la técnica que plantea nuestra normativa, a Nombre3763 deben someterse a valoración (conforme el procedimiento técnico que describe el D.E. N.° 32967-MINAE) todas aquellas modificaciones que de manera sustantiva o que por el fondo, requieran una valoración ambiental vista su magnitud, y esta determinación del alcance y contenido de los ajustes propuestos debe hacerla cada proponente de plan regulador al amparo de sus competencias” (Lo destacado no corresponde al original). La Sala continuó señalando lo siguiente: “Ahora bien, en la especie el accionante sostiene que el Plan Regulador Costero de Playa Sámara está siendo sometido a un proceso de modificación, lo cual implicaría la necesidad de contar con la viabilidad ambiental otorgada por Nombre3763. Por su parte, el gobierno local recurrido sostiene que lo propuesto en relación con el plan regulador aludido consiste en un proceso de ajuste y rectificación y que en la referida propuesta “se incluyeron los correspondientes Certificados de Patrimonio Natural del Estado emitidos por el SINAC vigentes y actualizados, además se incluyó el Mapa con la Vulnerabilidad Hídrica del Acuífero Mala Noche generado por SENARA, incluyéndose además una regulación transitoria en resguardo de dicho acuífero, en cumplimiento y respeto del principio precautorio, pronatura y el artículo 50 de la Constitución Política”, por lo cual no habría necesidad de obtener la viabilidad ambiental”. Y se cita textualmente lo indicado por los numerales 14.5, 14.6 y 14.7 del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la ZMT, acá impugnados. Finalmente, la Sala concluyó en la referida sentencia n.°2022-025374, lo siguiente: “Aclarado lo anterior, se advierte que excede la competencia de este Tribunal determinar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si lo propuesto en relación con el Plan Regulador Costero de Playa Sámara constituye un proceso de ajuste y rectificación, o bien, uno de modificación. Ello, por cuanto no es compatible con la vía sumaria del recurso de amparo analizar si el procedimiento de marras abarcaría un 20% o más del total utilizable de la zona marítimo terrestre, de acuerdo con lo indicado en el supramencionado Manual de elaboración de planes reguladores costeros en la zona marítimo terrestre. Sin embargo, esta Sala aprecia que, mediante oficio SETENA-DT-EAE-0094-2021 del 22 de julio de 2021, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental comunicó al gobierno local recurrido que: “(…) corresponde que la municipalidad de Nicoya aplique el Decreto Ejecutivo N.° 32967-MINAE "Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de Evaluacion de Impacto Ambiental (Manual de EIA) -PARTE III-" (04/05/2-006), en el ítem 5.1 3 del Anexo I, describe el "Procedimiento para aplicar el IFA a planes reguladores ya elaborados y otros tipos de planificación de uso del suelo", así mismo da lineamientos sobre los pasos básicos a seguir para realizar la inserción de la variable ambiental en los planes reguladores vigentes. Por tanto, la municipalidad de Nicoya debe de incorporar la variable ambiental en el Plan Regulador Costero de Playa Sámara, ya que se encuentra en un proceso de ajuste del mismo” (el destacado fue agregado). En otras palabras, en el sub examine se evidencia que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a saber, el órgano de desconcentración máxima del MINAE, cuyo propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental en los procesos productivos (véase ordinal 83 de la Ley Orgánica del Ambiente), determinó y comunicó a la Municipalidad de Nicoya, a través del memorial SETENA-DT-EAE-0094-2021 del 22 de julio de 2021, la necesidad de incorporar la variable ambiental en el Plan Regulador Costero de Playa Sámara. Lo anterior, es conteste con lo externado por el secretario general de Nombre3763 en el oficio SETENA-SG-0767-2022 del 9 de setiembre de 2022 en cuanto al requerimiento de viabilidad ambiental en planes reguladores vigentes de zonas marítimo terrestres. Visto lo anterior, y dado que en el sub lite se encuentra en trámite un procedimiento de cambio en relación con el Plan Regulador Costero de Playa Sámara, resulta oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2012004250 de las 8:30 horas del 30 de marzo de 2012: (…) Sin embargo, se reitera, con el fin de que tome nota la autoridad recurrida, que todo plan regulador de desarrollo urbano debe contar con un examen del impacto ambiental, en observancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, y asimismo, como requisito indispensable para su adopción, debe someter a audiencia pública el proyecto final del Plan Regulador con los estudios respectivos. En consecuencia, de acuerdo con lo indicado en el pronunciamiento supratranscrito, el reclamo de la parte accionante referente a la falta de realización de un estudio de impacto ambiental en relación con tal plan regulador resulta prematuro y, por ende, no procede acoger el recurso (en similar sentido véase la sentencia n.° 2021016551 de las 9:15 horas del 30 de julio de 2021). No obstante, tomen nota las autoridades recurridas que, de previo a efectuar una audiencia pública para determinar si se aprueba o no lo propuesto en relación con el Plan Regulador de Playa Sámara, deberán cumplir lo indicado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el oficio SETENA-DT-EAE-0094-2021 del 22 de julio de 2021”. Con sustento en lo indicado supra, al aplicar los criterios mencionados, la Sala declaró sin lugar ese recurso de amparo, señalando que por la vía del amparo no se podía hacer mayor consideración que advertir que es propio de legalidad establecer si la propuesta del Concejo Municipal accionado debía ser catalogada como “modificación”, “ajuste” o “rectificación” del plan regulador, pues es incompatible con la vía sumaria del recurso de amparo, analizar si el porcentaje alcanzaría el 20% del área total utilizable de la ZMT, entre otros aspectos. No obstante, conforme se observa en esa sentencia n.°2022-025374, en su parte dispositiva, este Tribunal sí hizo la advertencia a las autoridades recurridas en cuanto a que debían tomar nota de la obligación contenida en el oficio n.°SETENA-DT-EAE-0094-2021 de 22 de julio de 2021, respecto de la necesidad de incorporar la variable ambiental en el plan regulador costero de playa Sámara. Conforme se ha dicho, las consideraciones que externó este Tribunal en aquella sentencia no podían ir más allá de lo que le permitía la vía del recurso de amparo; sin embargo, ahora al conocerse el tema nuevamente, pero a través de este proceso, lo que corresponde es declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas que eximen los cambios que se hagan vía “ajustes y rectificaciones” a los planes reguladores costeros en ZMT de la incorporación de la variable ambiental. Esa valoración ambiental debe ser elaborada por la SETENA, en los términos en que así proceda de acuerdo con la normativa vigente en la materia y, en atención a la unificación de varios criterios emitidos por esa institución en diferentes momentos, según los cuales todo plan regulador de desarrollo urbano o plan regulador costero en ZMT debe contar ‒en términos generales‒ con un examen del impacto ambiental en observancia del resguardo a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el art. 50 de la Constitución Política, así como también ‒específicamente‒ cuando sean ajustados, rectificados o modificados, por lo que los numerales impugnados 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 incisos a) y b) del Manual, son inconstitucionales al no exigir tal valoración ambiental por parte de la SETENA. En consecuencia, lleva razón la parte accionante al considerar que se han vulnerado el principio precautorio en materia ambiental, y los de no regresión de derechos fundamentales, progresividad y tutela científica, lo que amerita que la acción de inconstitucionalidad sea declarada con lugar. IX.- CONCLUSIONES A partir de las consideraciones externadas, resulta necesario declarar inconstitucionales las disposiciones del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en ZMT publicado en el Alcance n.°139 a La Gaceta n.°135 de 14 de julio de 2021, que excluyen los ajustes y rectificaciones en los planes reguladores que se emitieron antes de esa exigencia de la evaluación ambiental de SETENA, aún y cuando estén siendo ajustados, así como las normas que permiten que no se incorpore la variable ambiental. Tales disposiciones resultan contrarias al art. 50 de la Constitución Política, pues de este se ha derivado la necesidad de que los instrumentos de planificación del territorio y sus modificaciones sean valorados ambientalmente. Del mismo modo, estas disposiciones lesionan el art. 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, según el cual cada Parte Contratante –en la medida de lo posible y según corresponda– debe establecer “procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica”. Igualmente lesionan el principio precautorio, y los de no regresividad en perjuicio de derechos fundamentales, tutela científica y progresividad. En ese sentido, deben declararse inconstitucionales los numerales 13.2.iii y 13.9 del citado Manual en tanto disponen que, para los ajustes y rectificaciones de los planes reguladores costeros en ZMT, no se requiere la viabilidad ambiental, así como el art. 14.7.1. a) y b), porque establece que en el caso de ajustes y rectificaciones de planes que no tengan viabilidad ambiental no será necesario, ni siquiera, documentar el cambio ante SETENA. Con sustento en lo que se ha venido señalando, esta declaratoria de inconstitucionalidad aplica en el art. 14.7.1 tanto para el inciso a) referido solo a “ajustes y rectificaciones” –aun cuando la Procuraduría no lo haya considerado– como para el inciso b), pues tan grave es que no se exija realizar la valoración ambiental por parte de Nombre3763 en casos de ajustes y rectificaciones como en aquellos otros en que el plan regulador vigente no posea viabilidad ambiental y no se considere necesario documentar lo correspondiente ante SETENA, conforme se había indicado considerandos atrás. Por su parte, los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 en su totalidad, y 14.6, 14.12 y 14.13 no son inconstitucionales en la medida en que se interprete que, independientemente de la clasificación que se haga de los posibles cambios que se pueden hacer a un plan regulador y de que se llegue o se supere el 20% del área total utilizable de la ZMT, siempre deberán ser remitidos a la Nombre3763 para que esta institución haga la valoración ambiental que corresponda y determine si los cambios propuestos alteran el componente ambiental de la zona, así como también que se cumplan los procedimientos ahí establecidos en el momento procesal que corresponda. Para este Tribunal debe quedar claro que, en cuanto a la integración y modificación de la variable ambiental, el Manual debe sujetarse a lo que dispone la normativa específica sobre evaluación ambiental estratégica y a los lineamientos y criterios que al respecto establezca el órgano técnico especializado, así como a lo indicado supra en aras de tutelar el derecho al ambiente. Por eso, en todos los casos, la revisión por parte de Nombre3763 y la incorporación de la variable ambiental en los planes que no la tienen incorporada siempre resultará procedente y necesaria cuando así se determine por el órgano técnico competente y en aplicación de las disposiciones vigentes que regulan la materia. El Magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y también declara inconstitucional, el numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Asimismo, consigna razones adicionales. X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.- POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad. En consecuencia se anulan los arts. 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 incisos a) y b) del Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en Zona Marítimo Terrestre, por ser contrarios a lo dispuesto en el numeral 50 de la Constitución Política, el artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como el principio precautorio, y los de no regresión de derechos fundamentales, progresividad y tutela científica en materia ambiental. Los numerales 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 en su totalidad, y 14.6, 14.12 y 14.13 de ese Manual no son inconstitucionales en la medida en que se interprete que, independientemente de la clasificación que se haga de las posibles modificaciones que se pueden hacer a un plan regulador y del porcentaje del área total utilizable de la zona marítimo terrestre que se vaya a cambiar, siempre deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que esta institución haga la valoración ambiental que corresponda y determine si los cambios propuestos alteran el componente ambiental de la zona, así como también que se cumplan los procedimientos ahí establecidos en el momento procesal que corresponda. El Magistrado Cruz Castro salva parcialmente el voto y también declara inconstitucional, el numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Asimismo, consigna razones adicionales. Esta sentencia es declarativa y sus efectos retroactivos a la fecha de promulgación de la normativa anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Reséñese esta sentencia en el Diario Oficial La Gaceta. Publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Hubert Fernández A. Rosibel Jara V. Exp: 23-025914-0007-CO Res. N° Telf3981 Voto salvado del Magistrado Cruz Castro respecto del numeral 14.5.2 del Manual impugnado. Además, razones adicionales. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva.- He coincidido con la declaratoria parcialmente con lugar de esta acción, pero además, considero que resulta inconstitucional el numeral 14.5.2 del Manual impugnado, cuyo texto indica lo siguiente: “14. CAMBIOS A PLANES REGULADORES VIGENTES (…) 14.5 Con la finalidad de identificar y precisar las diferentes formas por medio de las cuales se puede solicitar un cambio a un plan regulador vigente, se establecen las siguientes modalidades: (…) 2. Rectificaciones: posibilidad de corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por razones de necesidad y conveniencia en el contenido del plan regulador o sus reglamentos. Incluye: Ampliación de Derechos de vida, aumento o disminución en los limites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física. En su conjunto, estas rectificaciones no superaron el 20% del área total utilizable de la ZMT y podrán realizarse total o parcialmente hasta completar dicho porcentaje. En caso de sobrepasar el 20 % se deberá́ tramitar como modificación (Punto 3 siguiente). La verificación del porcentaje efectivo de cambio en las áreas de partida del Plan Regulador vigente se realizará generando una tabla o un cuadro que incluya lo siguiente: Área original del plan regulador en metros cuadrados: Área original en metros cuadrados del plan regulador aprobado para la zona tal y como se indica en el cuadro de áreas de la lámina de zonificación. En caso de no estarlo, la lámina deberá́ ser vectorizada mediante un proceso de digitalización. Área efectiva de ZMT para estimar el 20% de cambio: Área original del plan regulador menos todas las áreas que hayan sido reducidas, como resultado de un proceso de reamojonamiento o por la aplicación de otras legislaciones como por ejemplo áreas de Patrimonio Natural del Estado, Áreas Silvestres Protegidas, entre otras. Análisis para el 20% permitido: Porcentaje en que varía la zonificación original ajustada dentro del área efectiva de ZMT arriba determinada, ya sea por la redistribución o adición de terrenos. El porcentaje de cambio del área efectiva de ZMT medida en metros cuadrados no debe ser mayor del 20%. Se consideran además rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Además, los cambios en la política de inversión pública, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Los ajustes y cambios en documentos como el reglamento del canon, reglamento del plan regulador y otros por el estilo, no tienen relación con una medición de área y, por lo tanto, no están sujetos a la aplicación de la variación del 20% antes mencionada. Se consideran además rectificaciones los cambios al reglamento en cuanto a retiros de edificaciones, alturas, coberturas, áreas mínimas o máximas de lotes establecidos por reglamento de Ley. Además, los cambios en la política de inversión pública, cambios en reglamento de cobro de canon y otras actualizaciones de leyes y reglamentos. Para reglamentos de antigua data, se utilizará la normativa de este Manual como referencia para actualizar los requisitos de las diferentes zonas.” A diferencia del criterio de mayoría, estimo que no basta una interpretación conforme para solventar los problemas de constitucionalidad que encuentro tiene esta norma. Las rectificaciones que el numeral 14.5.2 permite para solicitar un cambio a un plan regulador vigente incluyen una amplia gama de posibilidades (corregir imperfecciones, defectos u omisiones, por razones de necesidad y conveniencia tales como ampliación de derechos de vía, aumento o disminución en los limites o las áreas de los polígonos que demarcan los usos de suelo de la zonificación vigente, cambios en la distribución de los usos de suelo en la zonificación y su reglamento, re amojonamiento con respecto a línea de mojones digital o física, entre otros) lo cual abarca rectificaciones en hasta un 20% en la Zona Marítimo Terrestre. Aunque esta Sala indique que la rectificación del plan regulador siempre debe ser remitido a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para que haga la valoración ambiental que corresponda, es lo cierto que, incluir dentro del concepto de “rectificación de plan regulador” una lista tan amplia de posibilidades, lo que hace en el fondo es facilitar los cambios de planes reguladores sin contar con viabilidad ambiental obligatoria. Así dicha norma en realidad viene a desregularizar ‒regresivamente‒ los alcances del principio precautorio en áreas que son altamente frágiles, tales como la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), lo que implica varias lesiones a lo dispuesto en las normas 7, 9, 50 y 89 constitucionales, al numeral 14 de la Convención de la Diversidad Biológica (ley n.°7416) y a la reiterada jurisprudencia constitucional. Tal como lo indica el accionante, con dicha norma se crean excepciones injustificadas para no acudir a hacer una evaluación ambiental estratégica a la SETENA. No se acreditó en este caso la existencia de criterio técnico que justificara dichas excepciones, lo cual transgrede abiertamente el principio precautorio, el de no regresión, el de progresividad y el de tutela científica. No existe criterio técnico que permita justificar que los ajustes y rectificaciones en planes reguladores costeros no deban pasar por SETENA, pero las modificaciones sí, y tal ausencia implica una violación al principio constitucional de razonabilidad técnica y con ello al bloque de constitucionalidad. Nótese lo que indicó el informe de la CGR (n.°DFOE-AE-IF-12-2014 de 19 de noviembre de 2014), en el sentido de que la mayoría de los planes reguladores vigentes en la ZMT no cuentan con viabilidad ambiental, de modo que de 155 vigentes y en elaboración, solo 49 ingresaron a la Nombre3763 y, a su vez, de ellos solo 9 obtuvieron dicha viabilidad. Claramente, tal situación no vino a ser solventada con la normativa cuestionada, sino todo lo contrario. Tal como lo indica la propia PGR la clasificación sobre “ajustes, rectificaciones y modificaciones” y el hecho de que las dos primeras no requieran someterse a conocimiento de Nombre3763 de previo a su aprobación fueron unas decisiones incorporadas al Manual impugnado por parte del ICT y del INVU, que son dos instituciones que no tienen competencia técnica para determinar los parámetros según los cuales, un ajuste, una rectificación o una modificación de un plan regulador costero en ZMT deben ser sometidos a valoración de Nombre3763. La tutela del ambiente y las consecuencias de su omisión, son de tal gravedad y irreversibilidad, en algunos casos, que siempre se requiere, para una buena administración y protección de los bienes de la Madre Tierra, un criterio técnico que defina las amenazas y previsiones que deben adoptarse, tal como se hace en una evaluación de impacto ambiental. Así, el estudio de impacto ambiental debe convertirse en la regla, pues es el instrumento que mejor protege el derecho al ambiente. La norma que considero inconstitucional es omisa en este aspecto, y la interpretación que hace la Sala la considero insuficiente. Por otro lado, además de las razones indicadas en el voto de esta Sala sobre la inconstitucionalidad declarada, agrego las razones siguientes: Se denota en la normativa impugnada una exclusión de las competencias de SETENA, y de su papel en la Zona Marítimo Terrestre. Lo cual considero violatorio del Derecho de la Constitución y de todos los principios ambientales que contiene. Conforme a los principios constitucionales de: tutela del derecho al ambiente; el principio preventivo (cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos), el principio precautorio (cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente), el principio pro natura (en caso de duda o incerteza las controversias deben resolverse y las normas deben interpretarse a favor de la protección y conservación del ambiente), el principio de objetivación de la tutela ambiental (o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica, según el cual se impone acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia); del principio de progresividad y no regresión en materia ambiental (la obligación del Estado de ir aumentado la protección y de no adoptar medidas, políticas o normas jurídicas que empeoren la situación de protección alcanzada); y del principio de uso racional de los recursos; el Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos en materia ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Al respecto, esta Sala, en la sentencia número 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008, ha establecido la necesidad de que determinadas actividades cuenten con una evaluación de impacto ambiental aprobada. Esto debido a que tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. En este sentido esta Cámara Constitucional, en la sentencia número 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005, señaló: “ VI.- El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio ambiente evaluables, el impacto de estos elementos requiere de una evaluación y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (…) De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado. Debe hacerse especial énfasis en que será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, si se requiere o no del estudio de impacto ambiental, no el establecimiento de condiciones arbitrarias, sean éstas administrativas o reglamentarias”. Asimismo, este Tribunal también indicó lo siguiente: “(…) El párrafo tercero del numeral 50 Constitucional señala con toda claridad que el Estado debe garantizar, defender y preservar el derecho de todas persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; lo que implica afirmar que los entes públicos no sólo están en la obligación de hacer cumplir – a los particulares y otros entes públicos- la legislación ambiental, sino también, ante todo, que deben ajustar su accionar a los dictados de esos cuerpos normativos tutelares. Las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir con la legislación tutelar ambiental, sin que exista justificación alguna para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales como, a manera de ejemplo, el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que emprendan los entes públicos que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente” (véase la sentencia número 2001-6503 de las 09:26 horas del 06 de julio de 2001). En síntesis, según lo señalado por los principios constitucionales en materia ambiental, la exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente. Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012). De esta forma, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. Así esta Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal. (Voto n° 2003-6322 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003). En este sentido, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Asimismo esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” La Sala Constitucional ha señalado que: “La determinación de en qué casos procede o no una evaluación ambiental es una cuestión determinada por las leyes y los reglamentos, bajo el criterio general de que las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria.” (Voto n° 2017-5994 de las 11 horas de 26 de abril de 2017. Reiterado en el voto n° 2019-16792 de las 11 horas 51 minutos de 4 de setiembre de 2019). De tal modo, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente (Voto n° 2002-1220 de 14 horas 48 minutos de 6 de febrero de 2002). Con base en lo anterior, para que se pueda determinar, mediante una norma, que ciertas obras o actividades no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, debe contarse con criterios técnicos que fundamenten esa decisión. Ahora bien, para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente deben someterse a una evaluación de impacto ambiental previa. Considerando la mayoría de esta Sala que la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.”. Sin embargo, en el voto salvado del suscrito magistrado al voto n° 2024-3227 he considerado que tal determinación no corresponde a Nombre3763, ni a un decreto, sino que se exige una norma legal en virtud del principio de reserva legal en esta materia. Por todas las razones adicionales expuestas, considero que esta acción debe ser declarada con lugar. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva. Fernando Cruz C. Magistrado Exp: 23-025914-0007-CO Res. Telf3980 1 Observaciones de SALA CONSTITUCIONAL votado con boleta Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 09:09:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Constitutional Chamber** **Resolution No. 03640 - 2025** **Date of Resolution:** February 5, 2025 at 13:35 **Case File:** 23-025914-0007-CO **Drafted by:** Hubert Fernández Argüello **Type of Matter:** Unconstitutionality Action **Constitutional Control:** Declaratory Judgment **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Dissenting Vote** **Related Judgments** Judgments from the same case file **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Topics:** Environmental, Political Constitution **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ENVIRONMENT. REGULATORY PLANS IN THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE Case File: 23-025914-0007-CO Judgment: 003640-25 of February 5, 2025 Type of matter: Unconstitutionality Action Challenged norm: Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone. Published in Supplement No. 139, in Gazette No. 135 of 07/14/2021 Operative part: The unconstitutionality action is partially granted. Consequently, arts. 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 subsections a) and b) of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone are annulled, for being contrary to the provisions of numeral 50 of the Political Constitution, article 14 of the Convention on Biological Diversity, as well as the precautionary principle, and the principles of non-regression of fundamental rights, progressivity, and scientific tutelage in environmental matters. Numerals 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 in their entirety, and 14.6, 14.12, and 14.13 of said Manual are not unconstitutional to the extent that it is interpreted that, regardless of the classification made of the possible modifications that can be made to a regulatory plan and the percentage of the total usable area of the maritime terrestrial zone to be changed, they must always be referred to the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA) so that this institution carries out the corresponding environmental assessment and determines whether the proposed changes alter the environmental component of the zone, as well as ensuring that the procedures established therein are complied with at the appropriate procedural moment. Magistrate Cruz Castro partially dissents and also declares numeral 14.5.2 of the challenged Manual unconstitutional. He also records additional reasons. This judgment is declaratory and its effects are retroactive to the date of promulgation of the annulled regulations, without prejudice to good faith acquired rights. Summarize this judgment in the Official Gazette La Gaceta. Publish it in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify. CO12/25 ... See more **Citations of Legislation and Doctrine** Related Judgments **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 6. LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION ANNOTATED WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 075- Prior matter in pending judicial or administrative proceedings **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ARTICLE 75 OF THE LAW OF THE CONSTITUTIONAL JURISDICTION. DIFFUSE INTERESTS. “…In the present matter, the plaintiff argues that he has standing by means of abstract constitutionality control and invokes the defense of diffuse interests since he appears in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment in relation to the modifications, adjustments, or rectifications of the regulatory plans of coastal zones that, by their nature, are considered highly fragile; consequently, such circumstance configures, in favor of the petitioner, direct standing for the filing of this process for invoking the defense of diffuse interests. Consequently, the action is admissible for its hearing and the plaintiff is found to have standing by means of abstract control…” CO12/25 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** 1. POLITICAL CONSTITUTION WITH JURISPRUDENCE **Topic:** 050- Environment **Subtopics:** NOT APPLICABLE. ARTICLE 50 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. “…With the reform made to art. 50 of the Constitution, this right was expressly enshrined, which is recognized in a double dimension: a) as a true fundamental right, recognizable to every person and therefore individualizable, because its defense concerns the community as a whole; b) as a true public power that translates into concrete obligations for the State as a whole, thus conditioning the political objectives as well as the action of public powers in general to give full compliance to this fundamental right. In this way, there is a true obligation of the State to protect the environment through whatever mechanisms are necessary, for example, through formal and material actions, legal and regulatory provisions, among others, that translate into an effective tutelage of the environment and the natural resources that comprise it, with the aim of improving the living environment of the human being, as this Court has indicated…” CO12/25 ... See more **Content of Interest:** **Type of content:** Dissenting vote **Branch of Law:** 3. CONSTITUTIONALITY CONTROL MATTERS **Topic:** ENVIRONMENT **Subtopics:** NOT APPLICABLE. Dissenting vote of Magistrate Cruz Castro regarding numeral 14.5.2 of the challenged Manual. Additionally, additional reasons. Environmental tutelage requires careful preventive activity.- I have concurred with the partial grant of this action, but additionally, I consider that numeral 14.5.2 of the challenged Manual is unconstitutional, the text of which indicates the following: “14. CHANGES TO CURRENT REGULATORY PLANS (…) 14.5 In order to identify and specify the different ways through which a change to a current regulatory plan can be requested, the following modalities are established: (…) 2. Rectifications: possibility of correcting imperfections, defects, or omissions, for reasons of necessity and convenience in the content of the regulatory plan or its regulations. Includes: Expansion of Rights of Way, increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning, changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulations, re-demarcation with respect to a digital or physical boundary marker line. As a whole, these rectifications shall not exceed 20% of the total usable area of the ZMT and may be carried out totally or partially up to completing said percentage. In the event of exceeding 20%, it must be processed as a modification (Point 3 below). The verification of the effective percentage of change in the departure areas of the current Regulatory Plan will be carried out by generating a table or chart that includes the following: Original area of the regulatory plan in square meters: Original area in square meters of the approved regulatory plan for the zone as indicated in the area chart of the zoning sheet. If not available, the sheet must be vectorized through a digitization process. Effective area of ZMT to estimate the 20% change: Original area of the regulatory plan minus all areas that have been reduced, as a result of a re-demarcation process or by the application of other legislation such as, for example, areas of State Natural Heritage, Protected Wild Areas, among others. Analysis for the permitted 20%: Percentage by which the original adjusted zoning varies within the effective area of ZMT determined above, whether by the redistribution or addition of land. The percentage of change of the effective area of ZMT measured in square meters must not exceed 20%. Changes to the regulation regarding building setbacks, heights, coverage, minimum or maximum lot areas established by regulation of Law are also considered rectifications. Additionally, changes in public investment policy, changes in the canon collection regulation, and other updates to laws and regulations. Adjustments and changes in documents such as the canon regulation, the regulatory plan regulation, and others of the like, are not related to an area measurement and, therefore, are not subject to the application of the 20% variation mentioned above. Changes to the regulation regarding building setbacks, heights, coverage, minimum or maximum lot areas established by regulation of Law are also considered rectifications. Additionally, changes in public investment policy, changes in the canon collection regulation, and other updates to laws and regulations. For regulations of ancient date, the provisions of this Manual will be used as a reference to update the requirements of the different zones.” Unlike the majority criterion, I believe that a conforming interpretation is not sufficient to resolve the constitutionality problems that I find this norm has. The rectifications that numeral 14.5.2 allows for requesting a change to a current regulatory plan include a wide range of possibilities (correcting imperfections, defects, or omissions, for reasons of necessity and convenience such as expansion of rights of way, increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning, changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulations, re-demarcation with respect to a digital or physical boundary marker line, among others) which encompasses rectifications of up to 20% in the Maritime Terrestrial Zone. Although this Chamber indicates that the rectification of the regulatory plan must always be referred to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) for the corresponding environmental assessment, the truth is that including such a broad list of possibilities within the concept of "regulatory plan rectification" ultimately facilitates changes to regulatory plans without having mandatory environmental viability. Thus, said norm actually comes to deregularize –regressively– the scope of the precautionary principle in areas that are highly fragile, such as the Maritime Terrestrial Zone (ZMT), which implies several injuries to the provisions of constitutional norms 7, 9, 50, and 89, to numeral 14 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416), and to reiterated constitutional jurisprudence. As the plaintiff indicates, this norm creates unjustified exceptions for not performing a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) before SETENA. The existence of a technical criterion that justified said exceptions was not accredited in this case, which openly transgresses the precautionary principle, the principle of non-regression, the principle of progressivity, and the principle of scientific tutelage. There is no technical criterion that justifies that adjustments and rectifications in coastal regulatory plans do not need to go through SETENA, but modifications do, and such absence implies a violation of the constitutional principle of technical reasonableness and thereby the constitutional block. Note what the report of the CGR (No. DFOE-AE-IF-12-2014 of November 19, 2014) indicated, in the sense that the majority of the regulatory plans in force in the ZMT do not have environmental viability, so that out of 155 in force and under preparation, only 49 were submitted to SETENA and, in turn, of those, only 9 obtained said viability. Clearly, such a situation was not resolved by the questioned regulation, but quite the opposite. As the PGR itself indicates, the classification of "adjustments, rectifications, and modifications" and the fact that the first two do not require being submitted to SETENA's knowledge prior to their approval were decisions incorporated into the challenged Manual by the ICT and the INVU, which are two institutions that do not have the technical competence to determine the parameters according to which an adjustment, a rectification, or a modification of a coastal regulatory plan in the ZMT must be submitted to SETENA's assessment. The tutelage of the environment and the consequences of its omission are of such gravity and irreversibility, in some cases, that good administration and protection of the goods of Mother Earth always require a technical criterion that defines the threats and precautions that must be adopted, as is done in an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Thus, the environmental impact study must become the rule, as it is the instrument that best protects the right to the environment. The norm that I consider unconstitutional is neglectful in this aspect, and the interpretation made by the Chamber I consider insufficient. On the other hand, in addition to the reasons indicated in this Chamber's vote regarding the declared unconstitutionality, I add the following reasons: The challenged regulation denotes an exclusion of SETENA's competencies, and of its role in the Maritime Terrestrial Zone. Which I consider a violation of the Law of the Constitution and of all the environmental principles it contains. In accordance with the constitutional principles of: tutelage of the right to the environment; the preventive principle (when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements), the precautionary principle (when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty should not be used as a reason for postponing the adoption of effective measures based on costs to prevent environmental degradation), the pro natura principle (in case of doubt or uncertainty, controversies must be resolved and norms must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment), the principle of objectification of environmental tutelage (or principle of linkage to science and technique, according to which it is required to accredit with technical studies the decision-making in this matter, both in relation to acts and general provisions -both legal and regulatory-, from which the requirement of "linkage to science and technique" is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter); the principle of progressivity and non-regression in environmental matters (the obligation of the State to increase protection and not to adopt measures, policies, or legal norms that worsen the situation of protection achieved); and the principle of rational use of resources; the State has the obligation to conduct technical studies in environmental matters and the environmental impact assessment. In this regard, this Chamber, in judgment number 2008-15315 of 14:59 hours on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure allows identifying and predicting from a technical-scientific point of view the effects that an activity may cause on the environment. In this sense, this Constitutional Chamber, in judgment number 2005-05544 of 15:38 hours on May 10, 2005, stated: “ VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental norms must have a technical basis, because their application must stem from the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subjected. This is so because since the damages and contamination of the environment are evaluable, the impact of these elements requires a scientific evaluation and treatment. Therefore, the need for an environmental impact assessment which, as determined by the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, consists of a scientific-technical administrative procedure that allows identifying and predicting what effects an activity, work, or project will exert on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (…) In accordance with article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September 18, 1995, the activities that require an environmental impact study approved by the National Environmental Technical Secretariat are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval by this body will be an indispensable requirement to initiate activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures in order to avoid its affectation; and among the main measures provided by the legislator in this sense, are several technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out, according to the provisions in the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it will be the condition of the project or work that will determine in each case whether or not the environmental impact study is required, not the establishment of arbitrary conditions, whether these are administrative or regulatory”. Likewise, this Court also indicated the following: “(…) The third paragraph of constitutional numeral 50 clearly indicates that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce – by individuals and other public entities - environmental legislation, but also, above all, that they must adjust their actions to the dictates of those tutelary normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with tutelary environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, by way of example, the environmental impact study that the Organic Law of the Environment requires for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment” (see judgment number 2001-6503 of 09:26 hours on July 6, 2001). In summary, according to what has been indicated by constitutional principles in environmental matters, the requirement of prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to criteria of science and technique, in order to protect the ecological balance of the system and the health of the environment. Furthermore, the requirement of technical studies is not a mere formality, but rather a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, proposing recommendations aimed at reducing the negative impact on it, and demonstrating how such a measure implies development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 of 11:33 hours on September 21, 2012). Thus, article 17 of the Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat, whose prior approval shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects; and that the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall require undergoing that assessment. Carrying out an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, constitutes not only a legal obligation, but also a constitutional obligation. Thus, this Constitutional Chamber has recognized that the obligation to carry out environmental impact assessments is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment provided in article 50 of the Political Constitution is not a mere formal postulate. (Vote No. 2003-6322 of 14 hours 14 minutes on July 3, 2003). In this sense, there is no doubt that the performance of prior environmental impact assessments is part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, therefore, failure to comply with that obligation injures that fundamental right. Likewise, this obligation to environmentally assess activities, works, or projects finds its basis in article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved by Law No. 7416 of June 30, 1994), insofar as it provides that each State party “shall introduce appropriate procedures requiring the environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which establishes that “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.” The Constitutional Chamber has indicated that: “The determination of in which cases an environmental assessment is appropriate or not is a question determined by laws and regulations, under the general criterion that the human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary.” (Vote No. 2017-5994 of 11 hours on April 26, 2017. Reiterated in vote No. 2019-16792 of 11 hours 51 minutes on September 4, 2019). In this way, it is possible that there are activities, works, or projects that, for not altering the environment to a significant degree, should not be subject to an environmental impact assessment, and this can be determined legally or regulatorily (Vote No. 2002-1220 of 14 hours 48 minutes on February 6, 2002). Based on the foregoing, in order to determine, through a norm, that certain works or activities do not require undergoing the environmental impact assessment procedure, there must be technical criteria that support that decision. Now, in the case of activities, works, or projects that do significantly alter the environment, they must undergo a prior environmental impact assessment. The majority of this Chamber considers that the determination of which mechanism or technical instrument should be used for that assessment is a technical competence conferred on the National Environmental Technical Secretariat in article 84 subsection f) of the Organic Law of the Environment, which indicates that this body is responsible for “elaborating guides for the activities, works, and projects of environmental impact assessment, as well as managing their provision and dissemination.” However, in the dissenting vote of the undersigned magistrate to vote No. 2024-3227, I have considered that such determination does not correspond to Setena, nor to a decree, but that a legal norm is required by virtue of the principle of legal reservation in this matter. For all the additional reasons set forth, I consider that this action should be granted. Environmental tutelage requires careful preventive activity. Fernando Cruz C. Magistrate Exp: 23-025914-0007-CO Res. No. 2025-003640 CO12/25 ... See more **Text of the resolution** Exp: 23-025914-0007-CO Res. Telf3980 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours thirty-five minutes on February fifth, two thousand twenty-five. Unconstitutionality action brought by Nombre18435, of legal age, attorney, with identity card CED29119, resident of Palmares de Alajuela, seeking to declare unconstitutional arts. 13.2 subsection iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5.1 and 14.5.2 in paragraphs 1 to 6 including paragraph 9, 14.6, 14.7, 14.12 and 14.13, all of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone, published in Supplement No. 139 of Gazette No. 135 of July 14, 2021, deeming that these norms are contrary to arts. 7, 9, 50 and 89 of the Political Constitution, art. 14 of the Convention on Biological Diversity approved by Law No. 7416, as well as to the principles of precaution, non-regression, progressivity, and scientific tutelage. Also intervening in the process were the representative of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República, PGR), the Secretary General of the National Environmental Technical Secretariat (SETENA), the Executive President of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo, ICT), and the Executive President of the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU). WHEREAS: 1.- By document received at the Secretariat of the Chamber on October 20, 2023, the plaintiff requests, in summary, that the unconstitutionality of arts. 13.2 subsection iii, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5 and 14.5.2 in paragraphs 1 to 6 including paragraph 9, 14.6, 14.7, 14.12 and 14.13, all of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime Terrestrial Zone, published in Supplement No. 139 of Gazette No. 135 of July 14, 2021, be declared, deeming that these norms are contrary to arts. 7, 9, 50 and 89 of the Political Constitution, to art. 14 of the Convention on Biological Diversity approved by Law No. 7416, as well as to the principles of precaution, non-regression of fundamental rights, progressivity, and scientific tutelage. This regulation is challenged because the questioned manual is a norm of a general nature that directs institutional as well as municipal activity when carrying out territorial planning (ordenamiento territorial) and, in his opinion, it eliminates environmental dikes for institutions and municipalities in the coastal sectors of Costa Rica; however, due to its scope and what it provides, he considers that in reality it came to deregularize –regressively– the scope of the precautionary principle in areas that are highly fragile, which implies several injuries to the provisions of constitutional norms 7, 9, 50 and 89, to numeral 14 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416) and to reiterated constitutional jurisprudence. He indicates that in that Manual, only the obligation to go to the Nombre3763 is left in force if it concerns new regulatory plans, or when the proposals are considered or typified as "modifications," when what is correct and adhering to the Constitution is that, in this matter, there should be no exceptions regarding environmental assessments, unless, based on science and technique, they are justified. The challenged norm creates unjustified exceptions for not performing a strategic environmental assessment before SETENA. In this sense, he adds that the ICT and the INVU –managers of the questioned regulation–, came to create thresholds even though those offices, without having experience or being competent in environmental assessments, exempt from environmental licensing (licencia ambiental) the "adjustments or rectifications" made to coastal regulatory plans, but not the "modifications." He adds that, as of the date of filing the action, the technical criterion that justified the generation of such thresholds is unknown and this openly transgresses the precautionary principle, the principle of non-regression, the principle of progressivity, and the principle of scientific tutelage. He claims that there is no technical criterion that justifies that adjustments and rectifications in coastal regulatory plans do not need to go through SETENA, but modifications do. Deeming that there is a violation of the Law of the Constitution, he requests that this unconstitutionality action be granted. 2.- In order to substantiate the standing to bring this unconstitutionality action, the plaintiff states that it derives from the provisions of art. 75 paragraph two of the Law of the Constitutional Jurisdiction (LJC) insofar as he appears in defense of diffuse interests, specifically the environment. 3.- By resolution of 14:47 hrs. on October 23, 2023, the action was processed, granting a hearing to the PGR, the Secretary General of SETENA, the Executive President of the ICT, and the Executive President of the INVU. 4.- The edicts referred to in the second paragraph of art. 81 of the LJC were published in judicial bulletins numbers 200, 201, and 202 of October 30 and 31, as well as November 1, all of 2023. 5.- NOMBRE43474, IN HIS CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF THE ICT AND MINISTER OF TOURISM, reports, by means of a document filed with the Secretariat of the Chamber on November 3, 2023, that the Manual sought to be annulled establishes a procedure that municipalities must follow in the formulation of coastal regulatory plans in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT), both in the drafting process and in matters related to citizen participation, including respect for the provisions of the Political Constitution and the current legal framework, as well as the corresponding application of the public hearing process defined by Article 17 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana, LPU) No. 4240. This Manual originated from report No. DFOE-AE-IF-12-2014 of November 19, 2014, issued by the Directorate of Operational Oversight and Evaluation of the Environmental Services and Energy Oversight Area of the Comptroller General of the Republic (CGR), entitled "Special Audit Report on the Reasonableness of State Actions to Bring into Force the Regulatory Plans Covering the Country's Maritime-Terrestrial Zone," so that the Manual was restructured in accordance with Provision No. 4.3 of that report. The articles of Chapter 13 of the Manual establish the steps that municipalities must follow in connection with the current regulations for planning processes. It is a manual that was reviewed, restructured, and widely discussed over three years, considering the logical order of the process phases, procedures, and requirements, but also consistent with national, regional, and cantonal territorial planning and management instruments, validated with SETENA, SINAC, MAG, CNE, IGN, and SENARA. It was necessary to identify the legal reforms that would be necessary to optimize the restructured process, its procedures, and requirements, as well as to take the corresponding actions before the Legislative Assembly. Subsequently, two progress reports on compliance with this provision were sent to the CGR: the first by May 29, 2015, and the other by September 30, 2015, as well as the certification stating that the restructuring of the process, procedures, and requirements was completed, which would be signed by the heads of the three entities, no later than January 29, 2016. This procedure was widely discussed with the institutions involved, including SETENA, which actively participated regarding its competence concerning environmental viability (viabilidad ambiental) in new regulatory plans, as well as in adjustment or rectification processes for existing regulatory plans. He adds that after the discussion process among institutions, this procedure—called Provision 4.3—was addressed and fulfilled, and after several institutional reviews, the version of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone endorsed by the CGR was published in Alcance a La Gaceta No. 266 of November 8, 2017, which was communicated to the CGR via official communication No. DM-943-2017 of October 9, 2017, and the latter, in turn, via official communication No. DFOE-SD-0453 of February 19, 2018, concluded the corresponding follow-up process. The process being challenged was widely discussed by the institutions indicated by the CGR, so it was not an "arbitrariness," and the application of science and technique according to Article 16 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP) is also clear. He states that the previous version of the Manual already included the procedure for rectifications, adjustments, and modifications to existing regulatory plans, and it was defined under Chapter 13 of the Manual published in Alcance Digital No. 37 of February 22, 2013, corrected by a color condition in Alcance Digital No. 58 of Tuesday, April 2, 2013, so it was already a topic considered since 2013. Regarding the allegations of the unconstitutionality action: a) Section 13.2.iii): in relation to this provision, he states that it is not true that it creates unjustified thresholds or exceptions, since the Manual was the product of a consensual institutional process requested by the CGR since 2017; given that, for a public hearing process, as provided in Article 17 of the LPU, the respective municipality must have obtained the environmental viability (viabilidad ambiental) issued by Nombre3763 for the regulatory plan proposal being taken to a hearing. He indicates that when a regulatory plan already includes the environmental variable, it adjusts within the established percentage of only 20%, and since its original conditions are not changed, Nombre3763 is documented to inform and update the file that gave rise to its initial environmental viability (viabilidad ambiental). In turn, he points out that regulatory plans in force before 2006, when Decree No. 32967-MINAE, which is the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) Part III, had not been enacted, already had an environmental analysis in the manner it was done before the issuance of that decree, and for those cases, the institutions that participated in the issuance and review of the new Manual challenged here considered that they would not require environmental viability (viabilidad ambiental) based on the principle of not applying rules retroactively to existing regulatory plans approved before 2006, based on ruling No. 2013-012973 of the Constitutional Chamber. b) Section 13.6): this provision defines the prior procedure for definitively obtaining a regulatory plan proposal so that it can be published in the Official Gazette La Gaceta, without it being considered to contain a defect of unconstitutionality. c) Section 13.7): this point establishes the procedure to be followed by State dependencies to obtain final approval for regulatory plan proposals, indicating that the digital signatures of the responsible professionals must be affixed. As a result of the pandemic and in response to the zero-paper policy implemented at the ICT, documentation is channeled through digital means, hence the indication of the procedure. d) Section 13.9): applies what was indicated above in point 13.2.iii). e) Sections 14.5.1 and 14.5.2, paragraphs 1 to 6 and 9): in relation to these sections of the Manual, he indicates that Decree No. 32967-MINAE (Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment (EIA) Process) is a regulation whose application determines areas with restrictions due to a series of environmental assessment aspects, but it does not constitute a decree that establishes prohibited areas for development; that is, there is no one-to-one relationship in determining fragile areas as equal to no development; rather, what it provides is that, in construction aspects, the mitigation of environmental effects must be considered without determining areas prohibited for development, including in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT). He warns that it is the regulatory plan where land use is established that truly prevents the development of an area, and its application being binding does make development prohibited where the zoning so establishes. He states that Decree No. 32967-MINAE, in its section 5.13, provides that when a municipality wishes to make an adjustment or insertion of the environmental variable, it may use the procedure described in the subsequent points, from which it is interpreted that it is an optional or discretionary condition, not mandatory for municipalities, especially when dealing with existing regulatory plans, because ruling No. 2013-012973 of the Constitutional Chamber made it clear that regulatory plans drafted before the enactment of Decree No. 32967-MINAE already had an environmental analysis—in the manner it was conducted at that time—and that a later regulation could not be applied retroactively, which has been addressed in this way in the adjustment and rectification process for existing regulatory plans defined in Chapters 13 and 14 of the Manual that are being questioned. As reported, the challenged Manual and its predecessor were the product of report No. DFOE-AE-IF-12-2014 of November 19, 2014, from the CGR, so it was not prepared solely by INVU and ICT, but rather had the endorsement of the institutions indicated by the CGR; therefore, it is not true that it was prepared by offices of inexperienced institutions without competence in environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental), since Nombre3763 was among the institutions that endorsed the Manual at that time. He adds that the ICT and INVU, accredited by the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre, LZMT) No. 6043 to approve regulatory plans in that zone, were included by the CGR in its report No. DFOE-AE-IF-12-2014—cited—to participate in the restructuring of that Manual. The questioned Chapters 13 and 14 were agreed upon and endorsed in compliance with the provisions of the CGR in the indicated report, as well as the reference framework so that municipalities had a means to make adjustments and rectifications to existing regulatory plans in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT), as a way to support those corporations in their management to better administer the ZMT, thus allowing an improvement of the planning instruments drafted before the issuance of Decree No. 32967-MINAE and with the aim of providing greater legal certainty to ZMT occupants who were in the process of requesting concessions in places where the regulatory plan, due to drawing aspects or misalignments regarding the layout of a street or re-demarcation of the public zone, had not allowed the cadastral plans to locate them on the zoning sheet of the existing regulatory plan. The 20% percentage established in Chapter 14 was agreed upon and endorsed by all institutions, so it is a reference parameter to proceed with adjustments and rectifications, equivalent to one-fifth of the net area of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, ZMT) included in a regulatory plan, excluding the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado, PNE) that intersects with the zoning. For this purpose, the current classification and certification issued by the respective Conservation Area of SINAC-MINAE is available, this not being a competence of SETENA. When municipalities wish to make an adjustment and rectification, they may only use that 20% percentage; therefore, the technical analyses that ICT and INVU must carry out, as part of the institutional review process, are vigilant to ensure that said percentage is respected, as it was thus agreed by the institutions since it forms part of a method (manual) for making adjustments and rectifications to existing regulatory plans published in La Gaceta. At the moment when the technical analyses and calculations exceed 20%, the adjustment and rectification are not applicable, and what is appropriate in that case is to adhere to point 14.5.3 of Chapter 14, which corresponds to Modifications, which implies the transformation, change, inclusion, addition, or elimination of zoning and radically modifies the objectives and purposes of the existing regulatory plan, which is why a new planning exercise is involved, consisting of creating a new regulatory plan where the entire manual is applicable as a reference. f) Section 14.6): it clearly states that, for any adjustment and rectification process, the proposing municipality must comply with the provisions of Article 17 of the LPU, which refers to holding a public hearing. g) Section 14.7): this topic was analyzed in ruling No. 2013-012973 of the Constitutional Chamber, in which it was stated that regulatory plans drafted before the enactment of Decree No. 32967-MINAE already had an environmental analysis in the manner it was done at that time and that a later regulation could not be applied retroactively, so that—as indicated above—the adjustment and rectification process for existing regulatory plans has been addressed in this way; moreover, they never had a file with Nombre3763 because they were drafted before that Secretariat existed. He considers that, regarding modifications, the process of integrating the environmental variable is respected when dealing with a process that exceeds the 20% adjustment and modification percentage for an existing regulatory plan; therefore, nowhere in the sections of Chapter 14 are municipal actions left unchecked, there is no deregulation, nor is regressivity generated, as the claimant seeks to suggest. h) Sections 14.12) and 14.13): these points establish the procedure to be followed by municipalities for the approval of adjustments and rectifications of regulatory plans that have complied with the process, without observing constitutional defects. He considers that the alleged unconstitutionality is not clear, because by indicating that unjustified thresholds or exceptions are created to avoid conducting a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) before SETENA, the claimant makes it seem as if the objectives proposed by the institutions that have endorsed the Chapter 14 procedure and its sections are not respected; however, what is sought becomes excessive by attempting to apply an extensive methodology such as that of Decree No. 32967-MINAE to only a 20% percentage for adjustments and rectifications. This is not clear, since the claimant does not indicate whether what he seeks is that the environmental variable should only be applied to the area covered by the 20% percentage, or whether it should be applied to the entire sector covered by the regulatory plan; therefore, in his view, the claim is confusing since the cost-benefit for the State when intervening in a 20% percentage would not be assessed. Making a municipality incur the initiation of a methodology application process is onerous for only one-fifth of a coastal sector in an existing regulatory plan, which creates a contradiction to what has already been resolved by the Constitutional Chamber in ruling No. 2013-012973. Regarding the adjustment of regulatory plan regulations, it is a necessity for the municipality to have an adjusted instrument to better resolve concession application procedures, since there are requirements that have changed in the Regulation of the ZMT Law that affect the requirements of the regulatory plan regulations, such as, for example, the minimum and maximum frontage requirements that no longer apply, or setback requirements whose regulation was modified in Decree No. 37882-MP-H-TUR published in La Gaceta No. 176 of September 13, 2013, among others. Ensuring the sound application of the 20% percentage calculation, the INVU and ICT institutions agreed to create an explanatory methodological guide to obtain the values for the 20% calculation in adjustments and rectifications, so that it would be applied by municipalities to submit existing regulatory plans to adjustments and rectifications; a methodological guide that was endorsed by the Ministry of Housing and Human Settlements (MIVAH) through official communication No. PE-353-10-2022/MIVAH-DVMVAH-P-053-2022 of November 1, 2022. In official communication No. DUV-039-202/MIVAH-DVMVAH-P-054-2022 of that same date, the MIVAH issued a statement to municipal mayors and district intendants on how to apply the 20% percentage for adjustments and rectifications of existing regulatory plans. The challenged Manual is visionary and seeks to cover the public interest that his represented entity protects; therefore, in his view, no violations of the Constitution are observed; rather, on the contrary, it responds to the instructions of the Constitutional Chamber given in the repeatedly mentioned ruling, so that, in his view, the unconstitutionality action must be denied for lack of constitutional defects to support it. 6.- By means of a brief filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on November 8, 2023, Nombre57545, of legal age, Costa Rican, businessman, with ID CED29120, and Nombre57546, of legal age, Costa Rican, surf instructor, ID number CED29121, both residents of Cóbano de Puntarenas, appeared to request that they be considered active coadjuvants, given that the challenged regulations impact the drafting of a coastal regulatory plan that does not incorporate the environmental variable but also disregards citizen participation and bypasses the obligation to go to Nombre3763 to obtain a prior environmental license (licencia ambiental). They state that they have a legitimate and direct interest in the development and territorial planning of the ZMT as residents of the coastal zone of Santa Teresa de Cóbano and a diffuse environmental interest since there is a great incentive from national and foreign tourists to develop commercial and residential projects in the area, which has been a cause of chaos and is aggravated by a deficient regulatory plan that has not allowed orderly and sustainable development given the external pressures the area has received. They indicate that the process promoted by the Municipal Council of Cóbano for the rectification of the coastal regulatory plan of Peñón de Arío has been frustrating and deficient, completely ignoring the land-use changes (cambios de uso de suelo) that currently exist in the area, the need for technical and scientific criteria, as well as the importance of citizen participation in territorial planning processes. They state that all actions have been justified to the population based on the provisions of the Manual being challenged and a series of internal regulations that have derived from it; however, the impact they have produced has been negative and translates to the reality they experience in coastal zones, since exceptions are created without technical criteria to avoid going to Nombre3763 to conduct the strategic assessment in an area that, by its nature, has high environmental fragility, without allowing citizen participation and contravening the National Tourism Plan, thereby directly putting at risk one of the country's strategic and main tourist attractions, which is the nature of coastal zones. In the country's marine-coastal areas are found some of the most biologically productive and important ecosystems for human subsistence, but they are particularly fragile, so a small anthropic intervention can trigger a series of ecosystem alterations that may be irreversible, which can easily harm the complex food chains and life cycles of species, with effects felt throughout the ecosystem and negative impacts on all the different habitats and the chain of ecosystem services they provide. Executive Decree No. 43898, which is the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring, in which environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles, AAF) are defined, recognizes that the ZMT is one of those areas, thus obligating that any activity, work, or project carried out in that zone must contemplate the requirements established in that regulation. They indicate that, despite the foregoing and the value of the ZMT as a tourist attraction, the challenged norms seek to act to the detriment and irresponsibly regarding territorial planning regulations for those spaces, even though the ZMT must have double protection for being public domain (bien demanial) and a site of high environmental fragility. Regardless of the criteria of "adjustment, rectification, or modification," logic should dictate that it must always be mandatory to go to Nombre3763 to previously obtain an environmental license (licencia ambiental), and they request that this be declared by this Court. Regulation 14.7.1.a) leaves a great technical void by speaking of altering the result of the environmental component because it is an indeterminate concept, and this harms the principle of proportionality, reasonableness, and objectification. The most serious issue is in regulation 14.7.1.b), since it expressly says that when the regulatory plan does not have an environmental license (licencia ambiental), it will not be necessary at all to go to SETENA, making it urgent to compel the municipality to integrate the environmental variable as soon as possible, as it implies a violation of the precautionary, progressivity, and scientific protection principles. The defects of unconstitutionality are also observed in Article 13.2.iii), which, together with provisions 14.7.1 and 14.7.2, creates a threshold to exempt adjustments and rectifications made to regulatory plans from environmental licenses (licencias ambientales), the technical criterion that justified the generation of these thresholds being unknown to date. In turn, provision 13.9 accentuates the unconstitutionality, because it only speaks of documenting, and this is not the same as continuing the procedures to obtain an environmental license (licencia ambiental) by approving environmental fragility indices, among others, which does not satisfy the obligation to comply with all the procedures and analysis of the different environmental variables that must be fulfilled before the governing body in environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental). What is provided in those norms harms the Right of the Constitution, and it must be so declared or at least indicated in an interpretive ruling that "documenting" before SETENA must be understood as the necessary appearance before that office in order to obtain an environmental license (licencia ambiental) following prior compliance with a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica). They denounce that the scope and provisions of the questioned Manual regressively deregulate the scope of the precautionary principle in highly fragile areas. The unconstitutionality also extends to Article 14 of the challenged Manual, as it establishes the procedure to be followed for making changes to existing regulatory plans, considering that planning processes are dynamic and continuous, with three possible types of changes: adjustments, rectifications, and modifications. Attempting to regulate the development of an environmentally fragile area, the Manual only keeps the obligation to go to Nombre3763 in force if dealing with new regulatory plans or when the proposals are considered or typified as "modifications," when what is correct and in accordance with the Constitution is that there should be no exceptions in this matter of environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental). The "adjustment" might seem innocent, minor, innocuous, or superficial, but in reality, it has serious implications for assets that will be given in concession or areas that must be protected; therefore, every centimeter where adjustments are made should be weighed to avoid generating negative environmental impacts, this being the reason why the environmental fragility index forms and tables were created in order to make the best and most thorough analysis of anthropic impacts in sites of high environmental fragility, so that exempting regulatory plan "adjustments" from an environmental license (licencia ambiental) is not justified. The ZMT of Costa Rica is a public domain (bien demanial) asset that must be weighed with great caution, so deregulating environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) in those sites is unconstitutional and unconventional. "Rectifications" are even more complex than adjustments and could lead to, if for municipal "convenience" a change is required, the limits of a communal recreation or leisure area could be reduced in order to hand it over to concessionaires for hotel or residential use, which could occur for municipal economic purposes to the detriment of the community. Both a rectification and an adjustment could cause the loss of biological corridors for the passage of seeds, primates, or people and thereby interrupt vital cycles on the coast in assets that are public domain (bienes demaniales). Nombre3763 itself, in official communication No. SG-0685-2023, in relation to regulatory plans in Cóbano, has pointed out that, for the purposes of that Secretariat, it does not matter in the slightest whether it is an adjustment, a rectification, or a modification, since all these interventions require an environmental assessment in the environmental fragility indices to approve a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica). The permissiveness of the Manual also generates the following constitutional problems: a) it omits the obligation to indicate Article 17 of the LOA; b) it generates an unconstitutional chain of approving acts when the environmental variable is not integrated through a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica); and c) unfounded percentages are established by which municipalities are exempted from conducting strategic environmental assessments (evaluaciones ambientales estratégicas) before Nombre3763 in sites that are of high environmental fragility. They agree with the action in the sense that an interpretive ruling should indicate that any type of territorial planning intervention modality in the ZMT must comply with regulation 17 of the LOA so that there is no doubt about the need to integrate the environmental variable into any regulatory plan proposal and thereby eliminate the proposed thresholds, in order to comply with the provisions of Article 50 of the Constitution and Article 14 of the Convention on Biological Diversity. They indicate that endorsing interventions in the ZMT without a prior environmental license (licencia ambiental) also harms the principle of timely inter-institutional coordination that seeks to implement sustainable development, since the environmental and institutional component is left aside, so that both INVU and ICT and the municipalities must be offices that collaborate in integrating the environmental variable into their decisions, but this would not occur if there is an approval or ratification of a final act where no strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica) exists, which violates Articles 7, 50, and 89 of the Constitution as well as Article 14 of the indicated Convention. The percentages created in the challenged Manual are based on mere discretion and have no scientific basis to define when one is dealing with an adjustment, rectification, or modification. According to the challenged regulations, only if the 20% threshold is exceeded must an environmental license (licencia ambiental) be obtained, but if that percentage limit is lower, it falls under an exemption from verifying the precautionary principle, which is unconstitutional and unconventional, especially because it could mean tens of hectares, so the number could be extremely dangerous for public domain (bienes demaniales) assets of high environmental fragility and harmful to the principle of scientific protection, since the 20% was established without technical or scientific criteria. In cases where a proposal under review does not include the actual land uses that occur on the site, which are different from those in the current regulation, there is no procedure to follow, nor is it detailed how existing uses are accounted for in the change, which leads to another problem, since the municipality becomes judge and party in determining that 20%, so it is also not clear when it is endorsed. It is necessary to determine another procedure for calculating variation percentages, since the data have very distant values from each other, and zeros have even been considered to divide the total of the absolute values. The calculation of the variation percentage using the arithmetic mean is not appropriate because that procedure is used when the data are symmetric or approximately symmetric. Any modification of a regulatory plan, especially one located in the ZMT that has never passed through the sieve of SETENA, must comply with hydrogeological, tectonic, and landscape studies, at a minimum. Chapter 13 of the challenged Manual breaks down citizen participation, which consists of at least one informational meeting, one public hearing, and a 15-day period to submit written observations, so it is inconceivable that, for a territorial planning process in zones of high environmental fragility, genuine citizen participation that includes informational and feedback spaces is not guaranteed. In this way, they consider that the Chamber should issue an interpretive ruling stating that the challenged Manual must adapt to best practices in citizen participation, guaranteeing transparency and access to information, in order to harmonize the entire legal system and achieve sustainable democratic development where the environmental and institutional components go hand in hand in a balanced way with the economic and social spheres. They consider that, in addition to the norms mentioned in the action, the following provisions are unconstitutional: Article 13.1, Article 13.3, Article 13.4, and Article 13.5. They conclude by requesting that the unconstitutionality action be granted. 7.- In a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on November 9, 2023, Nombre1087, of legal age, married, attorney, with ID CED29122, and Nombre57547, of legal age, married, attorney, ID number CED29123, both residents of Nombre57548, appeared to request that they be considered active coadjuvants, deeming that they have standing based on the defense of diffuse interests and the right to the environment protected in Article 50 of the Political Constitution. It is not valid that the challenged Manual created differences between adjustments, rectifications, and modifications that go to the extreme of exempting from environmental licenses (licencias ambientales). Environmental impact assessments in the area of land-use planning are necessary to weigh all the effects that occur in the ZMT, which, as a public domain asset, is linked to what is set forth in Article 50 of the Constitution, in addition to the fact that it is a zone of high environmental fragility, such that it is not possible to relax the legal framework in this matter and create thresholds in the rectifications (rectificaciones) and adjustments (ajustes) of regulatory plans (planes reguladores), given that this is contrary to the principle of a healthy and ecologically balanced environment. The thresholds created by the challenged Manual have no technical foundation, and proof of this is that the ICT itself could not justify the studies that supported the environmental deregulation, thereby violating the principle of scientific guardianship (principio de tutela científica), also called the principle of linkage to science and technique or the principle of reasonableness in relation to environmental law, which seeks to avoid discretion in decisions and which consists of the obligation to substantiate, through technical and scientific studies, decision-making in environmental matters, whether in individual administrative acts or in general provisions such as the impugned Manual. In the relevant documentation, there is no report or investigation that specifies and justifies why a difference was made between "adjustments and rectifications" (ajustes y rectificaciones) with respect to "modifications" (modificaciones) of regulatory plans, and therefore, if the very office that drafted the Manual did not provide that information, no one will be able to provide it now, so the action must be granted. The 20% percentage was supposedly obtained from a consensus of various entities, but the minutes indicating that it was appropriate were not provided, which reveals that it was an agreement based on nothing that violates Articles 50 and 89 of the Political Constitution, as well as the principle of objectivization (principio de objetivación) and Article 14 of the Convention on Biological Diversity, which requires environmental studies when impacts on biodiversity are involved. That consensus to draft the challenged Manual was an act permeated by discretion because, to date, no studies exist that suggest otherwise. The plaintiff noted that it is essential to analyze the cumulative effects (efectos acumulativos) of the changes, whether adjustments or rectifications, which also implies that this 20% must be analyzed in relation to the rest of the regulatory plan, as that would be the expected vision of comprehensiveness in a strategic environmental assessment (evaluación ambiental estratégica). The ICT attempts to argue economic cost factors to relax the regulatory plans, but this contravenes the jurisprudential line of this Chamber, according to which such costs cannot violate the right to a healthy and ecologically balanced environment. They conclude by requesting that this unconstitutionality action be granted. 8.- Nombre57549, of legal age, attorney, with ID number CED29124, resident of Puerto Carrillo de Hojancha de Guanacaste, appears through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on November 11, 2023, to request that he be admitted as an active coadjuvant in this unconstitutionality action. He agrees with the plaintiff that the impugned regulations violate Articles 7, 50, and 89 of the Political Constitution, Article 14 of the Convention on Biological Diversity, and the precautionary principle (principio precautorio) by establishing discretionary percentages to create unjustified exceptions to the obligation of municipalities to go to Nombre3763 and carry out a strategic environmental assessment in sites of high environmental fragility. He has standing to file this request based on the provisions of Article 75, second paragraph, of the LJC, insofar as he acts in defense of diffuse environmental interests and the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. The impugned regulations are of a general nature, directing the activities of institutions and municipalities in the land-use planning process in the coastal zones of Costa Rica. This regulatory body eliminates fundamental environmental safeguards in the ZMT, which constitutes regressive deregulation. The impugned articles establish, based on mere administrative discretion and without any technical support, with notorious violation of Articles 7, 9, 50, and 89 of the Political Constitution and Article 14 of the Convention on Biological Diversity, as well as reiterated constitutional jurisprudence on the precautionary principle and the principle of objectivization, thresholds to exempt adjustments and rectifications in regulatory plans from environmental licenses (licencias ambientales). Furthermore, it regressively establishes discretionary percentages to create unjustified exceptions to the obligation of municipalities to go to Nombre3763 and carry out a strategic environmental assessment, which is the methodology followed for regulatory plan projects. The value of 20% contained in those regulations was established by the ICT and INVU without technical or scientific criteria, despite the fact that these institutions lack the experience and competence to carry out environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental). Those institutions created those thresholds without any studies existing in that regard, which openly violates the precautionary principle, the principle of non-regression (principio de no regresión), the principle of progressivity (principio de progresividad), and the principle of scientific guardianship, without taking into account that exceptions to carrying out environmental impact assessments in land-use planning matters cause serious harm in sites of high environmental fragility. According to the report of the Minister of Tourism, that 20% established in the regulations was agreed upon among institutions, which does not imply studies supported by science and technique that justify exempting adjustments and rectifications from environmental assessments (valoraciones ambientales). There are also no objective answers as to the reasons why it could have been 5% or 50%, since there are no studies or legal basis to validate the establishment of that value. Another point that could be raised regarding the established thresholds is the lack of consideration of cumulative effects in the areas not evaluated from an environmental perspective, and in that sense, it must be recalled that in Advisory Opinion OC-23-17 of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) of November 15, 2017, the need is emphasized for environmental impact studies to address both the cumulative impact of existing projects and that of proposed projects, and it is also essential to take into account the impact caused by other projects that are already in operation. This analytical approach contributes to a more accurate evaluation of whether the individual and cumulative effects of current and future activities represent a significant risk to the environment. Despite this, the cumulative or synergistic effects of multiple coastal projects may not be being considered, despite being a necessary aspect under the minimum Inter-American standards in environmental impact assessments, given that it is with an assessment of the cumulative or synergistic effects that the sum of these negative impacts can be measured. In that context and in accordance with the criterion of cumulative environmental impact (impacto acumulativo ambiental), it is essential to carry out an environmental assessment of 100% of the area to assess if everything is consistent, deeming that, in the specific case, it is manifest that the ICT is unaware of what cumulative impacts are. He concludes by requesting that this coadjuvancy be admitted, that his arguments be incorporated into the case file, and that unconstitutionality be declared in the terms in which it has been requested. 9.- NOMBRE55636, IN HIS CAPACITY AS ATTORNEY GENERAL OF THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), submits his report through a document filed with the Secretariat of the Chamber on November 13, 2023, in the following terms. Regarding standing: On repeated occasions, the Constitutional Chamber has recognized the possibility of filing an unconstitutionality action directly, without needing to prove the existence of a prior matter, when the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment is sought; therefore, in this case, as the defense of diffuse interests is being pursued, the PGR considers that the plaintiff has standing to file this unconstitutionality action, in accordance with the provisions of Article 75, second paragraph, of the LJC. Regarding the merits of the action: a) The strategic environmental assessment and the modification of regulatory plans: states that the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), Executive Decree No. 31849 of May 24, 2004, regulated the figure of the strategic environmental assessment, whose objective is to integrate the environmental impact variable into the planning of the country's economic development; an assessment applied to national, regional, and local development plans, programs, and policies generated by State entities, including municipalities, hydrographic basins, and specific regions, whose purpose is land-use planning, infrastructure development, or the use of natural resources, for which public or private organizations responsible for developing the policies, plans, and programs will be required, in parallel with the development, to integrate elements of environmental assessment, participation, transparency, and broad information management, thereby seeking to insert the environmental variable within strategic planning. That regulation provides that regulatory plans established by the LPU and the ZMT Law or any other instrument for land-use or territorial planning, as a means of planning the development of human activities potentially impacting the environment, must comply with the requirement of integrating the environmental impact variable, which will be subject to an environmental viability (viabilidad ambiental) process by SETENA, prior to their approval by the respective authorities. Said decree also indicated that the technical procedure for introducing the environmental variable into regulatory plans must be followed, as established in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Manual de EIA- Part III), both for planning instruments to be developed, those under development, or those already approved but not yet having the environmental variable integrated. For its part, SETENA, via the EIA Process Manual, shall establish the basic guidelines and procedures for the development and gradual implementation of a strategic environmental assessment system in the country, as part of its responsibility as the authority on the matter in accordance with the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, LOA). By Executive Decree No. 43898 of December 21, 2022, the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring (Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental) was issued, which repealed the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, and in Article 1 thereof, when establishing its object and scope of application, provided that the Strategic Environmental Assessment is specifically regulated by Executive Decree No. 32967-MINAE of February 20, 2006, and its amendments, as well as by regulations generated in the future on the matter, whereby the inclusion of the environmental variable in regulatory plans, the requirements, and the procedure continue to be regulated in that specific decree. The strategic environmental assessment is the environmental impact assessment process applied to policies, plans, and programs, which can also be applied to projects of national, bi-national, Central American regional significance, or by multilateral agreements, and it is carried out using the methodology of environmental fragility indices (índices de fragilidad ambiental), understood as: "the total environmental load balance of a given geographic space, summarizing its natural suitability condition (biotic, geologic, and potential land use), the condition of induced environmental load, and the absorption capacity of the additional environmental load, linked to the demand for resources" (Article 3.12 of Annex I of the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring, Executive Decree No. 43898 of December 21, 2022). It indicates that after carrying out the technical analysis of the different variables set forth in that decree, it is possible to determine which are the environmentally fragile areas, the latter being understood as: "a geographic space which, based on its geo-suitability conditions, land use capacity, the ecosystems that comprise it, and its particular sociocultural characteristics; presents a restricted load capacity and with some technical limitations that must be considered for its use in human activities" (Article 3.2 of the cited Annex). After determining the load capacity and environmental limitations of each geographic space, the territory can be planned, establishing the best uses for each land, as well as those suitable for each use, and also determining the conditions and restrictions of each type of use based on the results of the strategic environmental assessment. The Constitutional Chamber has indicated that the inclusion of the environmental variable is a requirement that conditions the constitutionality of instruments that plan the use of the territory (see judgments numbers 14293-2005, 11652-2006, 17388-2007, and 11862-2008, among others). Taking into account the purpose and utility of the strategic environmental assessment, it is clear that any subsequent modification to the planning instrument must be environmentally evaluated to determine whether the proposed changes conform to the already-determined environmental load capacity, whether new studies are necessary, or even whether a broader geographic space must be environmentally evaluated; the Constitutional Chamber has understood this when indicating that a regulatory plan assumes that the technical studies have been carried out to determine the suitability of each area, and consequently, a study must also exist that justifies any modification made to it (see judgment No. 2006-006346). The Constitutional Chamber has also stated that even regulatory plans approved prior to the requirement for integrating the environmental variable must be environmentally evaluated, and that "the execution of regulatory plans approved prior to the adoption of the indicated regulation is contingent upon compliance with said requirement" (see judgments 2013-012973 and 2010-000075). In practice, fulfillment of that criterion would have meant that regulatory plans that did not have the environmental variable incorporated would not have been applied, it would not have been possible to grant land use certificates (certificados de uso de suelo) based on their provisions, and, in the case of coastal regulatory plans, it would not have been possible to grant concessions in the ZMT they cover because the existence of a coastal regulatory plan is a prerequisite for that, and in that way, there would have been a greater commitment to incorporating the environmental variable into those prior regulatory plans. In the absence of a transitional rule or a concrete provision setting a deadline for local governments to integrate the environmental variable into existing regulatory plans, it must be taken into account that Annex 1 of Decree No. 32967, in point 5.13, provides a procedure for applying the environmental fragility index to already developed regulatory plans and other types of land-use planning, but also provides that it is applicable to current regulatory plans as well as to other types of land-use planning for which an adjustment or insertion of the environmental variable is desired; therefore, based on that rule, when an adjustment or modification is to be made to a regulatory plan that does not have the environmental variable incorporated, the procedure provided therein must be followed for those purposes. Otherwise, those regulatory plans, their modifications, and even expansions could continue to be carried out and applied without incorporating the environmental variable, that is, they would be planning instruments whose adjustment to the environmental requirements set forth above will depend exclusively on the discretion of the administration. b) Analysis of the unconstitutionality action: the PGR considers that it is not within the competence of the ICT or INVU to determine the parameters by which a change or modification to a coastal regulatory plan must be submitted to SETENA for assessment. In accordance with Articles 17 and 83 of the LOA, Nombre3763 is the organ of maximum deconcentration of MINAE competent to harmonize environmental impact with productive processes, that is, to carry out the environmental impact assessment procedures in accordance with current regulations. The Constitutional Chamber has indicated that the works, projects, or activities that must undergo an environmental impact assessment are those determined in the laws and regulations, and that the Executive Branch may determine, based on precise technical studies, that a specific activity or project does not need to undergo that assessment (see judgments 2019-002009 and 2002-001220). It adds that it has also recognized, in accordance with the provisions of Regulation No. 31849, the constitutional validity of Nombre3763 distinguishing, in accordance with due technical support, those activities that require, for their execution, obtaining environmental viability because they significantly affect the environment, and that those that do not alter the environment to a significant degree such that said assessment is necessary do not need to meet that specific requirement (see judgment 2019-016792). It argues that, applying those criteria to the strategic environmental assessment, the determination of which modifications, adjustments, or rectifications of land-use planning instruments must undergo an environmental impact assessment is a matter that must be determined by the Executive Branch or even SETENA, based on technical criteria, so that, in the PGR's opinion, the classification made in the impugned Manual regarding adjustments, rectifications, and modifications, the percentage used to differentiate between rectifications and modifications, and the determination that the first two categories do not need to be submitted to Nombre3763 for review prior to their approval, have no support in the current regulations governing strategic environmental assessment. While it is true that Article 46 of the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring, Executive Decree No. 43898 of December 21, 2022, mentioned above, establishes some rules on the modification of environmental viabilities already granted and uses as a parameter whether the project area is altered by more than 20%, those regulations are intended for activities, works, and projects, not for land-use planning instruments. In any case, Article 1 of that decree, which establishes its scope of application, provides that the strategic environmental assessment is specifically regulated in Decree No. 32967, which is the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)-Part III. In accordance with the specific regulation on strategic environmental assessment, it is the nature of the adjustment, change, or rectification of a regulatory plan that determines whether the intended modification must be submitted to SETENA for review. For its part, in the case of plans that do not have the environmental variable incorporated because at the time of their adoption this requirement was not enforceable, this variable must be incorporated when the plan is to be adjusted or modified. The ICT's Manual of Regulatory Plans as a Land-Use Planning Instrument (Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial), Regulation No. 6296 of December 14, 2017, applied to cantonal—non-coastal—regulatory plans, does not establish categories of modifications or percentages of changes according to which it is determined whether or not they must be submitted to Nombre3763 for review, and in this regard, it provides, as one of the steps of the procedure, that "if necessary, the municipality must take the corresponding steps before Nombre3763 in relation to the environmental resolution (resolución ambiental)" (Article 5.3.1, activity 7.3 management of environmental viability for modifications). That Manual expressly provides that "the Regulatory Plan to be modified must have the environmental viability issued by SETENA, so that this serves as a basis for the adjustment. In the event that the modification corresponds to a Regulatory Plan that does not have environmental viability, it must fully comply with the provisions of Chapter IV, Phase of Development of the Regulatory Plan of this Manual." In the case of the Manual impugned here, while it is true that the PGR is not a technical body, from a simple reading of Article 14.5, it can be noted that both what is contemplated as adjustments and as rectifications may represent significant modifications that have repercussions on the environmental load capacity of the planned geographic space; for example, adjustment to the official geographical projection CRTM05 may imply a displacement of the planned space, and the incorporation of the declaration of PNE may add new environmental aspects to be assessed on the lands surrounding that heritage. Regarding the rectifications indicated therein, it can be noted that the increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning (zonificación) and the changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulation imply modifications in the permitted land uses, which might not conform to the environmental load capacity determined for each zone; that is, the possible uses would be being varied without determining whether, technically, it is possible to permit those activities based on the prior environmental assessment (valoración ambiental) of that geographic space. The same occurs with the possibility of adjusting building setbacks (retiros de edificaciones), heights, coverages (coberturas), minimum or maximum lot areas, since all these are constructive and land-use factors whose determination depends on the environmental load capacity of the land; also, the possibility of adjusting the plan to the re-surveying (reamojonamiento) of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) may mean a displacement of the geographic space covered by the plan, so that zones whose environmental load capacity has not been previously analyzed would be being covered. In this regard, the provision that those adjustments cannot represent a variation greater than 20% of the zoned area reaffirms the fact that the permitted adjustments are really modifications and expansions of the plans; and it is, according to what has been stated, based on SETENA's criterion that modifications are changes that must be submitted for assessment when they are substantive, or when, on the merits, they require an environmental assessment given their magnitude. Therefore, it is up to the proposer (municipality) to determine the scope and content of the adjustments it proposes. The factor for determining whether a change to a regulatory plan must be environmentally evaluated should not be limited to a percentage, but rather to the fact of whether it implies a modification in the permitted land uses, whether it entails a variation in the geographic space covered by the plan, and whether it is a modification that has repercussions regarding the environmental load capacity of the planned area. Additionally, it must be considered that, depending on the total area covered by each coastal regulatory plan, that 20% can represent a large geographic space that would be being covered by the regulatory plan, without previously analyzing its environmental conditions and limitations. Coastal regulatory plans have the particularity that they constitute a prerequisite for the granting of concessions, so that the expansion and modification of one of these plans may mean that the granting of concessions on a public domain asset of high environmental fragility is enabled, and subsequently, the development of constructions and activities is permitted, without having previously determined the environmental load capacity of that geographic space. The impugned Manual provides that it was issued as a way to contribute to the process of planning and comprehensive management of the maritime-terrestrial zone by establishing a regulation that standardizes the way in which said regulatory plans are designed and prepared, such that it is a guiding instrument and, therefore, it could not modify or render ineffective higher-ranking norms. Despite the foregoing, under the parameters set forth therein, the INVU and the ICT shall exercise their competence to review and approve coastal regulatory plans (Article 31 of the ZMT Law) and, probably, local governments will conform to those guidelines for the development and modification of their regulatory plans, so that there would be no limitation for them to approve substantial modifications to the plans that do not go through SETENA's review; that is, despite its lower rank and the legal impossibility of the Manual repealing or modifying the current regulations, the provisions of the impugned Manual do have direct effects on the way modifications to coastal regulatory plans are developed and on the determination of which changes will be submitted to SETENA for review. Consequently, the PGR considers that it is indeed necessary to declare unconstitutional the provisions of the Manual that exclude adjustments and rectifications from SETENA's environmental assessment, as well as the rules that allow the environmental variable not to be incorporated in regulatory plans that were issued before that requirement, even when they are being adjusted. The foregoing because they are contrary to Article 50 of the Constitution, from which the need for land-use planning instruments and their modifications to be environmentally assessed has been derived, and also harmful to the preventive principles (principios preventivos) and the principle of objectivization of environmental guardianship. Likewise, these provisions are contrary to the provisions of Article 14 of the Convention on Biological Diversity, which establishes that States Parties must ensure that the environmental consequences of their programs and policies are duly taken into account insofar as they may have significant adverse effects on biological diversity. For the PGR, Articles 13.2.iii) and 13.9) impugned must be declared unconstitutional insofar as they provide that environmental viability is not required for adjustments and rectifications, as well as Article 14.7.1.b) because it establishes that, in the case of adjustments and rectifications of plans that do not have environmental viability, it will not even be necessary to document the change before SETENA, when, according to what was stated above, in those cases, any adjustment should imply the incorporation of the environmental variable into the plan. The PGR does not consider that Articles 14.5.1) and 14.5.2) are unconstitutional because, beyond classifying the possible changes that can be made to a regulatory plan, they do not establish a legal consequence regarding review by Nombre3763; rather, that determination is made in Articles 13.2.iii) and 13.9), whose unconstitutionality would be declared. Nor is it considered that Article 14.7.1.a) should be declared unconstitutional because what is indicated there is consistent with what was stated above regarding the fact that the modifications or adjustments that must be submitted to Nombre3763 for review are those that, in a substantive manner or on the merits, require an environmental assessment, which can be understood as implicit in that article when providing that the update of the environmental viability will not be required provided that the result of the environmental component is not altered, or, what is the same thing, that the update of the environmental viability will be required whenever the proposed changes alter the environmental component. On the other hand, it warns that, since it must be clear that, regarding the integration and modification of the environmental variable, the impugned Manual must be subject to the provisions of the specific regulation on strategic environmental assessment and the guidelines and criteria established in that regard by the specialized technical body, the PGR considers the interpretation requested by the plaintiff to be appropriate, but only with respect to Article 14.7, and in the sense that the review by Nombre3763 and the incorporation of the environmental variable into plans that do not have it incorporated are appropriate when so determined in application of the current provisions regulating the matter. Conclusions: The PGR considers that: 1) It is indeed necessary to declare unconstitutional the provisions of the challenged Manual that exclude adjustments and rectifications from SETENA's environmental assessment, as well as those that allow the environmental variable not to be incorporated in regulatory plans that were issued before that requirement, even when they are being adjusted; the foregoing, because they are contrary to Article 50 of the 50 of the Constitution, from which the need has arisen for territorial planning instruments and their amendments to be environmentally assessed, but they are also harmful to the preventive principles and the objectification of environmental protection, as well as contrary to the provisions of Article 14 of the Convention on Biological Diversity. 2) Specifically, Articles 13.2.iii) and 13.9) must be declared unconstitutional insofar as they provide that, for adjustments (ajustes) and rectifications (rectificaciones), environmental viability (viabilidad ambiental) is not required, as well as Article 14.7.1.b) because it establishes that in the case of adjustments and rectifications of plans that do not have environmental viability, it is not even necessary to document the change before SETENA. 3) Articles 14.5.1) and 14.5.2) are not unconstitutional because, beyond classifying the possible changes that can be made to a regulatory plan (plan regulador), they do not establish a legal consequence regarding review by SETENA; rather, that determination is made in Articles 13.2.iii) and 13.9), whose unconstitutionality would be declared. 4) Nor is Article 14.7.1.a) unconstitutional because what is indicated therein is consistent with what has been stated regarding that the modifications or adjustments that must be submitted to Nombre3763 for review are those that, substantively or on the merits, require an environmental assessment, which can be understood as embedded in that numeral by providing that the updating of environmental viability will not be required, provided that the result of the environmental component is not altered, or what is the same, that the updating of environmental viability will be required whenever the proposed changes alter the environmental component. 5) Regarding the integration and modification of the environmental variable, the Manual now being challenged must comply with the provisions of the specific regulations on strategic environmental assessment and the guidelines and criteria established in that regard by the specialized technical body; therefore, the interpretation requested by the claimant is considered appropriate but only with respect to Article 14.7 and in the sense that review by Nombre3763, as well as the incorporation of the environmental variable into plans that do not have it incorporated, is appropriate when so determined in application of the current provisions governing the matter. 10.- In response to the hearing granted, NOMBRE57550, IN HIS CAPACITY AS SECRETARY GENERAL OF SETENA, appears through a document filed with the Secretariat of the Constitutional Chamber on November 14, 2023, and recalls that the fundamental purpose for which that Secretariat was created is to harmonize environmental impact with productive processes. He recalls that Article 17 of the LOA establishes that the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) carried out at SETENA has an eminently preventive nature, that is, prior to the execution or materialization of activities, works, or projects, and finds constitutional support in Article 50 of the Political Constitution, since it is a State duty to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment. There is a legal and institutional framework on territorial planning (ordenamiento territorial) in various laws and regulations, and specifically, Article 28 of the LOA indicates that territorial planning policies are a function of the State, municipalities, and other public entities, so there are levels of territorial planning (national, regional, or local), with municipalities being responsible for the local territorial planning (urban and coastal) of the territory under their jurisdiction (canton), in accordance with Title XII of the Political Constitution in conjunction with the Municipal Code; therefore, it is the competence of each local government to carry out the territorial planning of its canton through regulatory plans, through which the well-being of the community inhabiting the canton must be observed, and with it, their right to a healthy and ecologically balanced environment, through the planning and control of the development of their jurisdiction. In this process, SETENA, by constitutional provision dating from 2004 and consolidated with the application of Executive Decree No. 32967-MINAE, which is the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)-Part III, in force since 2006, has the function of studying and endorsing that the environmental variable has been taken into account within regulatory plans, with the same being foreseen regarding activities that may be harmful to the environment and the natural capital of the canton, such that this Secretariat, based on the technical procedure, reviews the introduction of the aforementioned environmental variable into regulatory plans and land-use planning. His represented entity issues a preparatory administrative act that forms part of the initial process of preparing the regulatory plan as an initial requirement, but later it will have more activities and stages of conformation to finally be published and implemented, with those last stages being the competence of other bodies such as the INVU, the ICT, and later adopted by the municipal council of the corresponding canton. a) Competent institutions in territorial planning: He points out that in territorial planning, there is a legal and institutional framework in various laws and regulations, such as Article 28 of the LOA, which indicates that territorial planning policies are the responsibility of the State, public entities, and municipalities, as well as that the latter are responsible for the planning of the territory under their jurisdiction according to the Political Constitution, Title XII, and the CM. He recalls that the competence for territorial planning, although shared among the functions of the entire Costa Rican State and its various public institutions as part of constitutional principles, international law norms, laws and regulations, environmental principles, etc., it is also a reality that each State institution has its own functions and competences, and in that line, coastal territorial planning policies are the competence of the ICT and the INVU, which, as part of their functions, are responsible for local planning—in this case coastal—in a set of plans, maps, regulations, and other documents, graphics, or supplements, and thereby establish development policies and plans for population distribution, land uses, circulation routes, public services, and community facilities. Based on the foregoing, the function of Nombre3763 consists of carrying out the predictive assessment of the proposed coastal regulatory plan to verify that the environmental variable is correctly incorporated, whereby it has had no involvement whatsoever in the creation of the Manual under analysis, which seeks to enable its represented entity to analyze and endorse that the environmental variable has indeed been taken into account within the regulatory plan proposed by a local government. In such a case, the function of Nombre3763 is to review, initially and predictively, based on a technical procedure, the proper introduction of the aforementioned variable into land-use planning, thereby fulfilling the predictive function of that Secretariat, with viability (viabilidad) being an initial requirement, since the regulatory plan will subsequently have other conformation stages until it is approved, published, and implemented; stages in which the Secretariat has no involvement whatsoever. In the process, there are other institutions that have the legal tools and competences for basic environmental control, aimed at environmental protection in the face of development and which are mandatory, without omitting that, in addition, they are within the regulatory framework of bodies that are indeed responsible for granting final permits. Modifications to regulatory plans implemented before 2006: Nombre3763 became involved in the issue of territorial planning only in 2006, when Executive Decree No. 32967-MINAE, which is the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)-Part III, came into force. There are regulatory plans in the country that do not include the environmental variable because they predate the constitutional mandate to that Secretariat to carry out this process, which occurred in 2004; therefore, it is abundantly clear that Nombre3763 could not evaluate a modification to a regulatory plan that was in force and that, from its inception, did not undergo the evaluation process of its represented entity because, at that procedural moment, there was no legal obligation to do so. Since there is no file before Nombre3763 with the incorporation of the environmental variable and the IFAs (applied methodology), there is no proper technical basis or precedent that would allow a modification to be carried out and analyzed from that Secretariat. On the merits of the matter: The claimant questions the requirement of environmental viability as indicated in the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone (Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en la Zona Marítimo Terrestre) being challenged, point 14, called Changes to Current Regulatory Plans, and in this regard, he recalls that Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, in its Article 67 indicated that the procedure for introducing the environmental variable could be applied both to territorial planning instruments to be prepared, or in preparation, or to those already approved but that still do not have the environmental variable integrated, which responds to what was ordered by the Constitutional Chamber in rulings No. 2002-001220 and No. 2005-002529, among others; rulings in which it is indicated that the incorporation of the environmental variable into regulatory plans will be subject to a process of environmental viability by SETENA, prior to their approval by the corresponding authorities, with the Chamber providing in the cited ruling No. 2002-001220 that it is a fundamental requirement to obtain environmental viability for a regulatory plan. In accordance with the foregoing, the country's municipalities must apply Executive Decree No. 32967-MINAE, "Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) -PART III-," which in item 5.13 of Annex 1 describes the "Procedure for applying IFA to already-prepared regulatory plans and other types of land-use planning"; a numeral that also provides guidelines on the basic steps to follow for inserting the environmental variable into current regulatory plans, including modification processes. He points out that under the concept of modifications set forth in Executive Decree No. 32967-MINAE, the categories of rectifications, adjustments, and modifications proper described in the challenged ICT Manual are encompassed, since, to a greater or lesser extent, they are modifications or changes, but it is even clearer that, by virtue of the logic, science, and technique proposed by the regulations, all those modifications that, substantively or on the merits, require an environmental assessment given their magnitude, must be submitted for evaluation by SETENA, in accordance with the technical procedure described in Decree No. 32967-MINAE. Meanwhile, the determination of the scope and content of the proposed adjustments must be made by each regulatory plan proponent under their competences, because for cases where the plan to be modified, in any of the classifications mentioned in the challenged ICT Manual, does not have environmental viability, Nombre3763 does not possess any technical study that it previously reviewed and endorsed to determine whether or not, by the nature and magnitude of the change, it should be reviewed in light of what is indicated by Decree No. 32967-MINAE; that is, a viability that has not been previously granted cannot be modified. Nor can the Secretariat he represents, without a specific reference standard and without an associated technical procedure, request studies or reports that would allow knowing the magnitude of the modifications for these cases of changes in plans that do not have environmental viability, not only because they inherently generate an additional cost to the proponent, but also because, from a technical standpoint, there is no comparative parameter of the environmental situation before the intended change, unless environmental studies are generated in accordance with Decree No. 32967-MINAE. At this point, it is important to exemplify the types of changes or modifications to environmental viability that have most recently been processed at SETENA, although in no case does it involve a maritime-terrestrial zone plan, but it is brought up to illustrate what the disaggregation made by the challenged ICT Manual in its Article 14 on changes to current regulatory plans could involve. According to Articles 14.5.1 and 2 of the challenged Manual, adjustments and rectifications have the same processing before SETENA, with what is stated in Articles 14.1.7 a) and b) to be observed, and based on what is provided in ruling No. 2013-012973 of the Constitutional Chamber, the regulatory plan for the coastal sector of Nombre57554 and Nombre57555 beach was annulled solely and exclusively in the part that provides for its application to lands that qualify as PNE, whereby only the application of the regulatory plan in question was annulled on lands that are PNE. Regarding the claim that unjustified thresholds or exceptions are created to avoid undergoing the strategic environmental assessment before SETENA: Article 14.5 of the challenged Manual establishes modalities of changes in regulatory plans, which the Manual itself does not label as thresholds, but as modalities, which in Executive Decree No. 32967-MINAE are, for any purpose, modifications as a whole, since that regulation does not classify, subclassify, detail, or refer to the magnitude of the changes that could be required to the environmental viability of a regulatory plan, and determining which is indeed considered necessary. Why adjustments and rectifications in coastal regulatory plans should not go through Nombre3763, but modifications should: From a technical point of view, the magnitude of the intended change must be known, which obligates the plan proponent, who must have a clear picture. In that sense, in the case of the El Guarco regulatory plan, if the same procedure were applied on both occasions when the municipality needed to make changes to its environmental viability, it would not be practical at all, as for the second of the required changes—regarding the nomenclature of zones—environmental technical studies would be prepared and reviewed to address an element that is not substantive and has no technical content. In that sense, from a technical point of view, "modifications" in general to environmental viabilities has been an issue that, in the various regulatory improvement proposals for Executive Decree No. 32967-MINAE, has been pointed out and proposed to be specified in an effort to have them addressed according to logic, technique, and science, depending on the nature and scope of such modifications. Regarding the percentages that exempt municipalities from conducting strategic environmental assessments: He recalls that the ZMT is classified as an environmentally fragile area (área ambientalmente frágil, AAF) and has a management at the environmental impact assessment level that is regulated by Decree No. 43898-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, which is the Regulation for Environmental Evaluation, Control, and Monitoring. He argues that the claimant brings up arguments regarding the management requirement for AAFs in light of environmental impact assessment, and given what has been stated, it must be clarified that activities, works, and projects located in AAFs must be processed before Nombre3763 by means of Form D1-C or D1 if the activity is listed in its Annex 1, which would be evaluations to be carried out by project proponents, and not properly by municipalities, given that the EIA regulated by Decree No. 43898 is not their responsibility. The claimant refers to elements linked to the public hearing of regulatory plans, and this being an activity that is carried out after obtaining environmental viability and that, even, as a result of required changes arising in said hearing, some processes of modifications to environmental viability are recorded, with the case of El Guarco being an example of this situation. He adds that the claimant brings up the requirement for changes in the form of rectification that refer to "...building setbacks, heights, coverages, minimum or maximum lot areas..."; however, he clarifies that it is not Nombre3763's competence to analyze the construction parameters included in the studies corresponding to the incorporation of the environmental variable of regulatory plans, because current regulations do not indicate the requirements either for proponents to establish said parameters, or for Nombre3763 to grant them environmental viability. Environmental studies provide inputs so that municipalities, together with other diagnostic and decision-making criteria, determine not only land use, but also the corresponding construction parameters, without it being assumed that technical indications made prevail as an irrefutable criterion to be recorded as construction parameters without said technical indications being complemented with criteria from other territorial diagnostic studies, which clearly strengthens the municipality's decision-making process. Environmental studies allow, among other things, establishing technical parameters that must be observed so that the proposed zoning does not exceed the environmental carrying capacity that the territory can support, and, in places where it is exceeded, environmental management elements may be established. If Nombre3763 analyzes the construction parameters included in the environmental studies of regulatory plans, it invades the competences of other actors involved in the process, whether reviewed as part of the initial studies to obtain environmental viability or as part of the technical studies prepared in light of required changes to the granted environmental viability. The Chamber has already ruled in this regard in ruling No. 2023-024218, where it was indicated that it exceeded the competence of this Court to determine, in accordance with the sub-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether what was proposed in relation to the Playa Sámara coastal regulatory plan constitutes an adjustment and rectification process, or rather, one of modification. Conclusions: 1) That due to its competences, established in the current regulatory framework and in observance of the principle of legality, Nombre3763 cannot technically review a modification of a regulatory plan that did not go through Nombre3763 at the procedural moment in which it was issued, as opposed to the procedural moment when that Secretariat began evaluating regulatory plans. 2) Although Executive Decree No. 32967-MINAE does not make a differentiation or segregation of types of modifications, the truth is that the modifications that Nombre3763 must review are all those that will indeed generate a change in the environmental technical documents, and not those that are merely formal; therefore, there is no problem whatsoever with the definition of adjustments in the challenged ICT Manual. In the case of rectifications, they may or may not need an evaluation by SETENA, not because of the nature of the rectification or the predefined percentage, but because of the change it entails, so that if, for example, it refers to the right-of-way, it is not an issue that Nombre3763 must evaluate, but if it were a re-demarcation (reamojonamiento), it could have repercussions on the delimitation of the area with viability, so if it is expanded or reduced, it must be evaluated by SETENA. 3) In the case of modifications, what is established in the Manual under study coincides with Executive Decree No. 32967-MINAE, which is the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)-Part III. He ends by stating that, having carried out the analysis of the facts alleged by the claimant, it is requested that the filed action of unconstitutionality be dismissed, especially since most of the claims have already been analyzed by the Constitutional Chamber, which has indicated that these facts correspond to the ordinary jurisdiction and not the constitutional one. 11.- NOMBRE57551, IN HER CAPACITY AS HEAD OF THE URBANISM DEPARTMENT OF INVU, reports through a document filed with the Secretariat of the Chamber on November 15, 2023, in the following terms: Regarding the argument that unjustified thresholds or exceptions are created: In Chapter 14 of the challenged Manual, Article 14.7, it is clearly stated that the procedure before Nombre3763 for obtaining the environmental variable should not be carried out in the case of adjustments and rectifications, but that it must be done in the case of modifications. Both the INVU and Nombre3763 have established that the determination of the nature of changes in a current regulatory plan corresponds to the municipality, that is, modifications, rectifications, or adjustments. The procedure before Nombre3763 for obtaining the environmental variable must only be carried out in the case of modifications, and for rectifications or adjustments, the procedure must be carried out at the INVU. She indicates that, in the case of rectifications and adjustments, the application of the methodology developed by the ICT for calculating the 20% corresponds to the municipality, which must submit the pertinent documentation to justify and verify the proper application of the methodology, according to the specifications indicated in Chapter 14 of the challenged Manual, for verification by the INVU. If it is confirmed that the ICT methodology has not been correctly applied, the INVU will indicate this to the municipality so it can make the relevant modifications. The difference between an adjustment and a rectification is that the adjustment is cartographic, fitting a cartographic element to a geographic location with respect to reality; the rectification must correct imperfections or defects for reasons of necessity or convenience as agreed in the regulatory plan. Adjustments or rectifications must not exceed 20%, because if they exceed it, it would constitute a modification, in which case it would be another plan because it transforms, changes, includes, and adds other elements to the zone. She points out that the AOP (sic) do require environmental viability, and the type of study is determined by SETENA, but what makes no sense, for reasons of proportionality, is to conduct environmental studies—for minor and formal changes—on a plan that is already in force and that does not have environmental viability, since the way it was approved evaluated it in another manner, and there is no basis on which to evaluate the environmental changes. It makes no sense that any project undertaken in the ZMT must process environmental viability. A rectification is a movement of zones that are already laid out and that, due to a matter of necessity, are required, although the changes are small, but the plan remains the same by virtue of the fact that coastal regulatory plans are short, so the changes that can be implemented are not radical. The issue of the established percentage is the product of an interaction between competent entities, and according to the directives issued by SETENA, the Municipality also has authority when it comes to that type of project. The INVU—as the entity handling urban planning—the ICT—from the standpoint of ZMT oversight—and Nombre3763—as the entity in charge of environmental condition—have established that this range is appropriate and has been determined based on the different competences, assessing the reasonableness for making a minor change. The claimant's opinion cannot be shared when he indicates that the ICT and the INVU, as managers of the challenged regulation, came to create thresholds and, without having experience or being competent in environmental impact assessments, exempt adjustments or rectifications of coastal regulatory plans from environmental licensing. These institutions have extensive experience in the field, and she also notes that, for the formulation of the challenged manual, professionals who have accumulated decades of experience in the review and formulation of regulatory plans participated and, in the case of SETENA, it is an entity with professionals experienced in the formulation of strategic environmental assessment studies. Likewise, when it is pointed out that adjustments or rectifications imply changes that require a strategic environmental assessment due to the impact on the urban, rural, and natural landscape in the maritime-terrestrial zone because they are coastal sites of high environmental fragility, it must be indicated that the current regulatory plan does not require environmental viability for rectification adjustments, since it is not a modification because the plan is the same, it has only been adjusted, and thus a natural update of the same plan is appropriate. Adjustments or rectifications are for a regulatory plan that does not require an environmental license because it is not being environmentally assessed; no environmental license is required because the plan (not a project) was approved under a different regulation, which included an environmental diagnosis, under other regulations and methodology, in addition to the fact that the modifications are still considered small, so sending the documentation to Nombre3763 is simply to document that it is the same plan with some adjustments, and therefore, a heavy instrument is not required for a minor change. Adjustments and rectifications should not go through Nombre3763, but modifications should: She notes that adjustments and rectifications are made to the same plan, which is not being modified because it has already been assessed, and therefore, it does not need to obtain an environmental license again; on the contrary, a modification does require it because it is understood as a new regulatory plan in accordance with what is indicated in Article 14.7.2 of the challenged Manual. A modification responds to a new planning exercise, whereas an adjustment or rectification does not, because it is the same plan, and that is the difference; therefore, in the first scenario, an environmental license is required, while when dealing with the same plan, it is not; that is the logic proposed in the Manual being challenged. When dealing with a plan that already exists, an environmental license is not sought because it was already evaluated at the time, and it is clear that a new project does require a strategic environmental assessment; therefore, what the Chamber has indicated in terms of a new plan—an adjustment or rectification is not a new plan project, it is something else, it is the modification of a plan that is in force, and adjustments and rectifications do not respond to new plans; current plans do not require an environmental license. Unfounded percentages to exempt sites of high environmental fragility from strategic environmental assessment: The 20% issue arose from a series of meetings among technical experts in the management of the field—both from the ICT and the INVU—in which the options for the percentage of adjustment, rectification, and modifications were evaluated, and that percentage established in the manual was reached by consensus, since those professionals considered it sufficient to determine the degrees of change. This is also the case in other areas, such as, for example, minor and major works in the construction field, where it is considered major when it exceeds 30 square meters; just as one could question why not 15, 20, or 25 square meters, everything is the product of a discussion with a respective analysis by experts in the field to define a specific threshold that is proportional. Furthermore, there is the "Methodological guide for obtaining land-use values for calculating the 20% in rectifications to coastal regulatory plans," which aims to guide municipalities on the procedure established in Chapter 14 of the challenged Manual to carry out the analysis and obtain land-use values for the purpose of applying the 20% calculation usable for changes to current regulatory plans. The petitioner's argument that this 20% value as a parameter or threshold for deregularizing strategic environmental assessments could be highly dangerous because it compromises biodiversity and the rights of future generations, and that it is not precise and is removed from reality because changes in adjustment and rectification do not have a major impact since the uses and activities are basically the same, merely redistributed over the area of the same plan. Approval acts of the ICT, INVU, and municipalities that are unconstitutional because they lack an environmental variable: The existence of an unconstitutional chain of approval acts by these institutions, as the petitioner asserts, is not considered to exist, and it must also be taken into account that Art. 14.6 of the challenged Manual states verbatim that the three modalities described in Art. 14.5 ‒adjustments, rectifications, and modifications‒ must comply with the procedure described in Arts. 14.7, 14.8, and 14.9 of said Manual and comply with Art. 17 of LPU No. 4240. He reiterates that the procedure before Nombre3763 for obtaining the environmental variable shall be carried out only in modifications, and in cases of rectifications or adjustments, it shall be done at the INVU, and also that the application of the methodology prepared by the ICT for calculating the 20% corresponds to the municipality, which must deliver the relevant documentation to justify and verify the proper application of the methodology, according to the specifications indicated in Chapter 14 of the challenged Manual for verification by the INVU. If it is confirmed that the ICT methodology has not been correctly applied, the INVU shall indicate this to the municipality so that it can make the relevant modifications. In the case of coastal regulatory plans, the municipalities must be aware of and responsible for the information they send to SETENA; an institution that processes and analyzes any file that meets the established documentary requirements regardless of whether the file corresponds to a coastal regulatory plan under modification, adjustment, or rectification in accordance with the challenged Manual. He indicates that it corresponds to the ICT, in the exercise of its powers, to determine in the review process of coastal regulatory plans whether what was submitted by the municipality effectively corresponds to a modification, adjustment, or rectification and to notify the local government of inconsistencies if they exist. He concludes by requesting that this unconstitutionality action be declared without merit and that the archiving of the case file be ordered. 12.- In a brief available in the case file and delivered to the Secretariat of the Constitutional Chamber on November 16, 2023, the petitioner raises some conclusions regarding the reports rendered by the ICT and the INVU, stating that, in his opinion: a) regressive thresholds were indeed created; b) neither the ICT, nor the INVU, nor the Ministry of Tourism, are competent to regulate the environmental variable within regulatory plans, because Nombre3763 has the governing authority by normative provision of numeral 17 of the LOA, which is linked to constitutional numeral 50 and Art. 14 of the Convention on Biological Diversity; c) such thresholds were developed without the benefit of studies or research in science and technology; d) what operated was merely "consensus" among various officials, that is, it was handled based on simple administrative discretion. None of the informants and managers of the challenged Manual provided the minutes of the alleged meetings held, nor were there bibliographic citations of scientific studies with the names of the officials or researchers; that is, mere discretion operated, which openly violates the principle of scientific protection. A mere "consensus" is not capable of grounding and guaranteeing an objective criterion of anything, and this violates the principles of proportionality, reasonableness, progressivity, and in dubio pro natura. As of the date of submitting these statements, it is not known why the officials of the INVU, the ICT, or the Ministry of Tourism state that these thresholds were correct, or why that 20% "was sufficient" according to the INVU's reply. The only thing that was argued is that there are some typologies called "minor work or major work" in the constructions of warehouses, houses, or buildings, with a range of 30 square meters, and that since that was regulated, then percentages can equally exist in regulatory plans so as not to have to go to SETENA; however, he considers that reasoning to be totally irrational, nonsensical, and anti-juridical to be discussed before this Chamber. He considers, just as the representative of the PGR did in his report, that within that 20% of a regulatory plan of many hectares ‒which is frequent‒, such a percentage could have a very large impact that would bypass a strategic environmental assessment if the Manual's rules remain in force. Even a coastal regulatory plan of 20 or 40 hectares to which one wishes to apply the 20% rule to avoid going to SETENA would leave a large area unassessed, and the cumulative impacts of the new in relation to what already exists would not even be considered, and for this reason, he considers it necessary that the unconstitutionality and unconventionality be declared, since the INVU and the ICT ‒through lack of expertise‒ never visualized the synergistic effects of the regulations and the thresholds created in territorial planning in sites that are public domain assets and environmentally fragile. He reiterates that neither the ICT, nor the Ministry of Tourism, nor the INVU, as the PGR also stated, are the competent entities to have relaxed the environmental legal framework. For these reasons, it is evident that the challenged Manual has rules that contain vices of unconstitutionality, and the prevailing rule should be that any type of change in regulatory plans must obtain a prior environmental license. 13.- By means of official letter added to the electronic case file on November 30, 2023, Nombre57552 appears in their capacity as Legal Advisor of the Urbanism Department of the INVU to clarify that the hearing granted to that institute was responded to in a timely and proper manner through official letter DU-533-11-2023 signed by the Head of the Urbanism Department, sent on November 14, 2023, and incorporated into the management system on the 15th following. They request that for this reason the order of 4:17 p.m. of November 27, 2023, be rectified and that the hearing granted to the INVU be considered answered. 14.- In a ruling by the investigating magistrate of 9:56 a.m. on November 30, 2023, it was clarified that the rectification requested by the Legal Advisor of the Urbanism Department of the INVU is not appropriate, since in the resolution that initiated this constitutionality control process, the report was requested from the Executive President of the INVU as the principal executive officer of the referred institute, and said official did not render the requested report as recorded in the resolution of the Presidency of this Chamber; rather, as stated by the petitioner, the hearing was answered by another official, without having the representation of the institution from which the legal report was requested; consequently, the requested rectification was rejected. 15.- In a brief filed with the Secretariat of the Chamber on December 4, 2023, NOMBRE44591 IN HER CAPACITY AS EXECUTIVE PRESIDENT OF THE INVU appears to state that, due to a procedural error, the response sent from the Urbanism Department corresponds to the technical opinion that should have been issued in a brief from the Executive Presidency. She states that this Presidency endorses the opinion issued by the Urbanism Department. 16.- By means of a resolution of 4:17 p.m. on November 27, 2023, it was indicated that, given that the first publication of the notice occurred on October 30, 2023, in accordance with Art. 83 of the LJC, the active coadjuvancies filed by Nombre57545 and Nombre57553; Nombre1087 and Nombre57547, as well as Nombre57549, who appeared on November 8, 9, and 11, 2023, respectively, were admitted; persons who filed such actions because they consider they have a legitimate interest in this action being declared with merit. Likewise, the hearings granted to the Procurador General de la República, the Secretary General of SETENA, as well as the Executive President of the ICT were considered answered, and the action was passed for study to the reporting magistrate to whom it corresponds by turn. 17.- The prescriptions of law have been complied with in the proceedings. Drafted by Magistrate Nombre44952; and, WHEREAS: On admissibility: I.- ON ADMISSIBILITY AND STANDING IN THIS UNCONSTITUTIONALITY ACTION It must be noted that Art. 75, second paragraph, of the LJC establishes that a prior case pending resolution shall not be necessary when, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm, or it concerns the defense of diffuse interests that pertain to the community as a whole. In the present matter, the petitioner argues that he has standing via abstract constitutionality control and invokes the defense of diffuse interests since he appears in protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment in relation to the modifications, adjustments, or rectifications of coastal zone regulatory plans that, by their nature, are considered highly fragile; consequently, such circumstance confers, in favor of the petitioner, direct standing for filing this process by invoking the defense of diffuse interests. Consequently, the action is admissible for its hearing, and the petitioner has standing via abstract control. On the merits: II.- OBJECT OF THE CHALLENGE The petitioner questions the constitutionality of numerals 13.2 subsection iii); 13.6); 13.7); 13.9); 14.5.1) and 14.5.2) in paragraphs 1 through 6, including paragraph 9; 14.6); 14.7); 14.12) and 14.13) of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone, which was published in Supplement No. 139 to La Gaceta No. 135 of July 14, 2021, considering them contrary to Arts. 7, 9, 50, and 89 of the Political Constitution, Art. 14 of the Convention on Biological Diversity approved by Law No. 7416, as well as the precautionary, non-regression, progressivity, and scientific protection principles. Said numerals, in what is relevant, provide as follows: 13. INFORMATION MEETINGS AND PUBLIC HEARING (…) 13.2 To convene a public hearing, the municipality must ensure that the following requirements have been met beforehand: (…) iii. In cases of adjustment or rectification, it is not required to have environmental viability granted by Nombre3763 for the public hearing. However, said changes must be documented before this Institution beforehand. (…) 13.6 Once this consultation process is completed, the regulatory plan proposal, whether or not it has undergone changes in the Zoning Map(s), in the Regulation, or in the Implementation Strategy, shall be submitted again for the consideration of the Board of Directors of ICT and the Urbanism Directorate of INVU for its definitive ratification, granting the FINAL approval of the Regulatory Plan. For this, it must be sent together with the Regulatory Plan, the respective Municipal Council Agreement endorsing the technical report of Resolution of observations resulting from the consultation process. 13.7 As a result of this definitive ratification, each institution (ICT, INVU, and Municipality) shall place the respective signatures of the professionals responsible for the approval on the zoning sheet and the approved documents of the Regulatory Plan to attest that the approval process has concluded on the part of the State institutions. (…) 13.9 In cases of adjustment or rectification, it is not required to have environmental viability granted by Nombre3763 for a public hearing; however, said changes must be documented before this Institution. 14. CHANGES TO CURRENT REGULATORY PLANS (…) 14.5 For the purpose of identifying and specifying the different ways through which a change to a current regulatory plan can be requested, the following modalities are established: 1. Adjustments: the possibility of conforming, fitting, or accommodating a cartographic element to its geographic location compared with reality. Includes: fitting the trace of the polyline that forms a street, trail, easement (servidumbre), watercourse, among others, with respect to another reference cartographic element, cartographic adjustments to conform to the official CRTM05 geographic projection, and incorporation of a Declaration of State Natural Heritage. 2. Rectifications: the possibility of correcting imperfections, defects, or omissions, for reasons of necessity and convenience in the content of the regulatory plan or its regulations. Includes: Expansion of Rights-of-way, increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning, changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulation, re-surveying with respect to a digital or physical boundary marker line. As a whole, these rectifications did not exceed 20% of the total usable area of the ZMT and may be carried out totally or partially until completing said percentage. In case of exceeding 20%, it must be processed as a modification (Point 3 below). The verification of the effective percentage of change in the starting areas of the current Regulatory Plan shall be carried out by generating a table or chart that includes the following: | Original area of the regulatory plan in square meters: | Original area in square meters of the approved regulatory plan for the zone as indicated in the area chart on the zoning sheet. If this is not the case, the sheet must be vectorized through a digitization process. | | :--- | :--- | | Effective area of ZMT to estimate the 20% change: | Original area of the regulatory plan minus all areas that have been reduced, as a result of a re-surveying process or by the application of other legislation, for example, State Natural Heritage areas, Protected Wild Areas, among others. | | Analysis for the permitted 20%: | Percentage by which the adjusted original zoning varies within the effective ZMT area determined above, whether by redistribution or addition of lands. The percentage of change of the effective ZMT area measured in square meters must not be greater than 20%. | Also considered as rectifications are changes to the regulation regarding building setbacks, heights, coverages, minimum or maximum lot areas established by the Regulation of Law. Additionally, changes in public investment policy, changes in the canon collection regulation, and other updates of laws and regulations. Adjustments and changes in documents such as the canon regulation, the regulatory plan regulation, and others of the like, are not related to an area measurement and, therefore, are not subject to the application of the aforementioned 20% variation. Also considered as rectifications are changes to the regulation regarding building setbacks, heights, coverages, minimum or maximum lot areas established by the Regulation of Law. Additionally, changes in public investment policy, changes in the canon collection regulation, and other updates of laws and regulations. For regulations of ancient date, the regulations of this Manual shall be used as a reference to update the requirements of the different zones. 3. Modifications: It is the possibility of transforming, changing, including, adding, eliminating, partially or totally, the regulatory plan or its regulations. Modifications include variations in the initial objectives and purposes of the current regulatory plan, which entail carrying out a new planning exercise. 14.6 The three modalities described in Article 14.5 must comply with the procedure described in Art. 14.7, 14.8, and 14.9 of this manual and comply with Art. 17 of Law 4240. 14.7 Procedure before Nombre3763 according to type of modality: 1. Adjustments and Rectifications: a. For cases in which the current regulatory plan has environmental viability, its update shall not be required, as long as the result of the environmental component is not altered. b. For cases in which the current regulatory plan does not have environmental viability, it shall not be necessary to document the corresponding matter before SETENA. 2. Modifications: a. For cases in which the current regulatory plan has environmental viability, it shall be necessary to update the environmental studies so that the environmental viability corresponds to the modified Regulatory Plan proposal. b. For cases in which the current regulatory plan does not have environmental viability, it shall be necessary to initiate a process to obtain the environmental viability granted by SETENA. (…) 14.12 The Municipal Council shall send the respective Agreement, first, to the ICT for its approval and then shall send the respective documentation (Council Agreement, ICT Board of Directors Agreement, and approved regulatory plan proposal) to the INVU, which must contain the digital signatures of the two entities to be reviewed and assess its approval. 14.13 Once the proposed changes to the regulatory plan are approved by ICT and INVU respectively, the INVU shall notify, by Official Letter, the Municipal Council so that they proceed to publish the regulatory plan in the Official Gazette La Gaceta. These rules are challenged because the obligation to go to Nombre3763 to incorporate the environmental variable is only kept in force when it concerns making "modifications" to new regulatory plans, or when they are coastal plans that do not have environmental viability because at the time of their issuance it was not a mandatory requirement, while the incorporation of that variable is omitted when it concerns "adjustments and rectifications," despite the fact that, in the opinion of the petitioner, what is correct and in accordance with the Constitution is that, in the maritime-terrestrial zone and in this matter, there should be no exceptions regarding environmental assessments, unless, based on science and technique, the non-intervention of SETENA is justified. The brief indicates that the ICT and the INVU brought about unjustified exceptions in that Manual in the case of "adjustments or rectifications" to coastal regulatory plans in the ZMT, based on which a strategic environmental assessment is not mandatory, this despite the fact that they are bodies that do not have the experience nor are they competent in environmental assessments. It is argued that, as of the date of filing the action, the technical criterion that justified those exceptions to allow "adjustments and rectifications" not to be reviewed by SETENA is unknown, but "modifications" are, and furthermore, those studies also do not exist to justify the 20% threshold that establishes the difference for going or not to SETENA, which transgresses ‒in the petitioner's opinion‒ the precautionary, non-regression, progressivity, and scientific protection principles. III.- ON THE ORIGIN OF THE MANUAL FOR THE PREPARATION OF COASTAL REGULATORY PLANS IN THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE. As is evident from the case record, as a result of the Costa Rican State's urgency to improve the planning of the territory comprising the country's maritime-terrestrial zone (ZMT), the Operational and Evaluative Oversight Division, Environmental Services and Energy Oversight Area of the CGR, carried out a study in order to establish the reasonableness of the procedures and State actions aimed at bringing regulatory plans into force in the country's ZMT and the level of progress in their approval process. The foregoing, in order to provide municipalities, as soon as possible, with territorial planning instruments as inputs for planning the different regions they administer. As a result of this study ‒which was carried out between January 1, 2010, and December 31, 2012, with time extensions when deemed necessary‒, the aforementioned CGR Division issued report No. DFOE-AE-IF-12-2014 of November 19, 2014. This report started from the definition of what a regulatory plan is as a local, technical, and legal territorial planning instrument that allows for planning and managing regulated territories, containing the objectives and goals for the regulated area based on sustainable development policies, guidelines, and strategies, and characterized by being mandatory compliance; an instrument that enables the orientation and administration of the entire physical space of a territory, for which the planning it carries out must include all aspects, among them, the distribution of the population, land uses according to their characteristics and conditions, circulation routes, public services, housing and human settlements, socio-economic activities, protected areas, risk and hazard zones, community facilities, construction as well as conservation and rehabilitation of urban areas; all of the foregoing in order to foster orderly and environmentally responsible urban, tourism, agrarian, social, and economic growth. Specifically, in the case of the ZMT, that report indicated that in the preparation and approval of regulatory plans, the rules established for national and regional-level planning plans must be observed, and they must be consistent with the cantonal regulatory plan. Due to the high environmental fragility existing in most of these zones, urgent attention to the issue was merited. According to the supervisory body, the possibility of bringing a regulatory plan into force in the coastal cantons was chaotic and worrying, because no coastal municipality has a regulatory plan that covers the entirety of its canton's territory, such that the regulatory plans in the ZMT correspond to reduced areas, but they are also disjointed from the national, regional, cantonal, and environmental context. This report states that ZMT areas were detected that are unregulated, as well as others with numerous regulatory plans, all this in contrast to an accelerated development of human settlements and buildings that do not respond to a level of comprehensive planning and management; besides the fact that many regulatory plans do not comply with regulatory requirements, which can cause adverse effects on the social, economic, and environmental context of those sites. The aforementioned report indicated that there is no certainty regarding the number of current regulatory plans in the coastal cantons, as the municipalities, the INVU, and the ICT record a different number among themselves. It was also detected that most coastal municipalities do not know all the property regimes present in their canton, nor the area they comprise, and some are even unaware of the extent of the canton's coast, such that no coastal municipality has a regulatory plan that covers the entirety of its canton's territory. According to that report, the municipalities with jurisdiction on the Pacific coast have planned their territory in a fragmented manner, and their regulatory plans in the ZMT correspond to reduced areas and, even more seriously, these plans are also disjointed from the national, regional, cantonal, and environmental context. Likewise, the report indicates that the regulatory plans found are lacking because they do not incorporate, as input, the National Soil Management and Conservation Plan, nor the land-use capability maps, the technical opinion of the Ministry of Agriculture and Livestock (MAG), or all the urban development regulations. In addition to the foregoing, most of the current regulatory plans in the ZMT do not have environmental viability, such that of 155 in force and under preparation, only 49 were submitted to Nombre3763 and, in turn, only 9 of them obtained said viability. Similarly, it was detected that there is no certainty about the number of current regulatory plans in the coastal cantons, besides it being difficult to determine the regulated and unregulated area of the ZMT due to inaccuracies in some regulatory plans regarding the omission of geographic coordinates or errors between them, coupled with the fact that 14 of them overlap with each other. On this matter, said report points out that the State does not provide municipalities with the necessary inputs to carry out the diagnosis of land use in their cantons so that, from there, they can formulate the regulatory plan proposal for each canton, pointing out as an example that part of the Pacific coast, the public zone of the Caribbean coast, none of the islands, nor the public zone of mangroves, estuaries, and rivers have been officially delimited, just as not all of the PNE has been certified. As is evident from that document, provisions were issued by the CGR, directed to MINAE, INVU, ICT, MAG, the National Geographic Institute (IGN), the Real Estate Registry, the National Council of Conservation Areas, the National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE), the National Service for Groundwater, Irrigation, and Drainage (SENARA), and the Port Administration and Economic Development Board of the Atlantic Coast (JAPDEVA), so that the process of preparation and approval of regulatory plans, their procedures, and requirements be restructured; in addition to integrating into the National Territorial Information System all the standardized geo-referenced information that it generates, administers, and that which it agrees upon with other institutions regarding the preparation of regulatory plans, as well as allowing user access. Likewise, another provision was aimed at the following: delimiting and formalizing the line of the public zone of the Caribbean coast and of the country's islands; formalizing the delimitation of the line of the public zone of Puntarenas; defining and formalizing technical standards for geographic information; completing the missing basic maps in the country and preparing the cadastral maps of the coastal cantons; classifying and delimiting the PNE of the coastal cantons, the areas of rivers, estuaries, and mangroves of the Pacific and Caribbean coasts; preparing land-use capability maps, vulnerability maps for aquifer contamination, and hazard maps in the coastal cantons; and for JAPDEVA to identify the territory of the cantons of Matina, Pococí, Siquirres, and Limón that are its property. Now, for the specific case of MINAE, provision 4.3 was issued, expressly directed to the minister and, according to which, in accordance with the legal framework, the process of preparation and approval of regulatory plans, as well as their procedures and requirements, had to be restructured, according to the competencies of each institution, with criteria of effectiveness, efficiency, comprehensiveness in territorial planning and management, simplification of procedures, and social participation. What was contained in the cited report was thus taken into consideration, as well as the logical order of the phases of the process, the procedures, and requirements. It was established that it must be congruent with the territorial planning and management instruments at the national, regional, and cantonal level, and be validated with SETENA, SINAC, MAG, CNE, IGN, and SENARA, identifying the legal reforms that may be necessary to optimize the restructured process, its procedures, and requirements, and taking the corresponding actions before the Legislative Assembly. According to what the Executive President of the ICT informed this Tribunal, as a product of such provisions issued by the CGR, the Manual that is now challenged in some points emerged. Its purpose was to establish a procedure that municipalities must follow in formulating coastal regulatory plans in the ZMT, both in the drafting process and in relation to citizen participation. Now, regarding all of the foregoing, it is worth noting that at the end of this Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the ZMT, point 14, entitled “Changes to existing regulatory plans,” very clearly establishes that the planning process in the ZMT is and must be understood as a dynamic and continuous process whose ultimate goal is the development of that zone in a healthy and ecologically balanced environment, in pursuit of the general welfare, with the public interest prevailing of conserving said zone as national patrimony, such that its administration implies the search for planned and sustainable development, promoted by the municipalities and other competent State entities and the citizenry in general, procuring the actions, projects, programs, and investments necessary to put all the planning effort carried out into practice, for which inter-institutional coordination is also of vital importance. Indeed, this is set forth in Articles 13.6, 13.7, 14.12, and 14.13 of the contested Manual, which specify that any modification made to a coastal regulatory plan in the ZMT must be assessed by the Board of Directors of the ICT and the Urban Planning Directorate of the INVU, together with the agreement of the Municipal Council. The latter endorses the technical reports that have been issued, as well as the results of the public consultation that has been conducted. All such documentation must be assessed by these institutions, approved by them, and then published in the Official Gazette so that the finally approved regulatory plan is known by the national community. As can be observed, the cited report issued by the CGR with the mandatory provisions, which had to be complied with by the institutions to which they were directed, gave rise to important regulations that are now partially contested because, as stated to the Chamber by the petitioner and the coadjuvants, it is omissive and regressive in terms of environmental protection. IV.- PROTECTION OF A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT With the reform made to Article 50 of the Constitution, this right was expressly enshrined, recognized in a dual dimension: a) as a true fundamental right, recognizable to every person and therefore individualizable, because its defense concerns the community as a whole; b) as a true public power that translates into concrete obligations for the State as a whole, thus conditioning political objectives as well as the action of public authorities in general to fully comply with this fundamental right. In this way, there is a true obligation of the State to protect the environment through the necessary mechanisms, for example, through formal and material actions, legal and regulatory provisions, among others, that translate into effective protection of the environment and the natural resources that comprise it, with the aim of improving the living environment of human beings, as this Court has indicated, among others, in Judgment No. 2024-003227, in which it also stated the following: "Life depends on the environment; therefore, it must be ensured that the conditions that guarantee life are maintained over time; to that end, the Constitution requires that measures of any nature must be developed in a manner that respects the natural laws that inform ecosystems, regardless of the development model adopted." It should be noted that matters relating to urban planning, but also coastal planning, are closely related to the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Recently, in Judgment No. 2024-013166, this Chamber affirmed the following: "It is clear to this Court that urban planning law has an important and inseparable relationship with environmental protection, in the sense that through regulatory plans, certain limitations are imposed on private property for the sake of the general interest and benefit, so that the planning and development of cities guarantee an ecological balance and spaces free from pollution, as well as the protection of natural resources. The foregoing is so that the extension of the spaces used by human beings does not deplete the resources that support dignified human existence—green spaces for recreation, sports, leisure, protection of natural beauties, buffer zones, noise containment spaces and reduction of atmospheric pollution, protection of groundwater contamination, protection of water sources to guarantee the human, basic, and inalienable right of access to potable water, etc.—. Furthermore, these instruments seek to protect the population from eventual natural disasters—avoiding construction in areas of fragility due to seismic faults or respecting certain margins in relation to various bodies of water, concentration of buildings, etc.—. Precisely, for the sake of sustainable development, regulatory plans, together with zoning regulations, are a key tool and are very important for guaranteeing multiple fundamental rights—protection of natural resources, the right to life, the right to health, the right of access to potable water. In this regard, it should be recalled, for example, that Article 69 of our Constitution refers to 'ensuring the rational exploitation of the land,' which is an express manifestation of the need to guarantee the rational use of lands to support the other indicated rights. The Chamber has stated the following: 'It is thus that the principle of rational use of natural resources and the environment in general is indisputably linked to the right to health of persons and to quality of life (in this regard, see Judgment No. 1763-94, at sixteen hours forty-five minutes on the thirteenth of April, nineteen ninety-four). By virtue of which, the principle of sustainable development constitutes a fundamental parameter of the quality of life of persons, as this Court considered in Judgment No. 2219-99, insofar as it conditions the actions that human beings carry out on the environment, with the aim that they may have adequate conditions for their development, as it translates into the intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development), to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise) are obtained, but also a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing damage or harm' (Judgment No. 2005-8945, of the sixth of July, two thousand five).” (Judgment No. 2006-17126)" Regarding coastal protection, it must be kept very much in mind that there may be a great many natural resources of national and even international interest (littorals, mangroves, wetlands, estuaries, rivers, streams, etc.), such that state protection must be resolute. It is also necessary to recall—as the PGR warns in its report—that this Court has indicated that the inclusion of the environmental variable is a requirement that conditions the constitutionality of instruments that plan land use. Thus, for example, in Judgment No. 2005-14293, the Chamber resolved the following: "I.- ON THE CONSTITUTIONAL REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENTS IN THE SPECIFIC CASE WITHOUT THIS IMPLYING THE ANNULMENT OF THE CONTESTED PLAN.— Concordant with the foregoing, this Court considers that it is important to highlight that the requirement to conduct environmental impact studies regarding regulatory plans derives directly from Article 50 of the Constitution, insofar as it obligates the State—as a whole—to provide effective protection of the environment, whereby these assessments constitute an expression of that constitutional obligation, in the terms developed by the jurisprudence of this Chamber—especially in Judgment No. 2002-01220, at fourteen hours forty-eight minutes of the sixth of February, two thousand two—, insofar as it is an indispensable instrument to determine the impact that works, projects, and human activities may produce on the elements that make up the environment and on the health of persons, which is a manifestation of the environmental principle 'of linkage to science and technique' that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may have an impact on the environment require technical support to back them, and in such condition, limit and condition the discretion of the Administration in its actions. So that, in accordance with the results derived from those technical studies, if a 'reasonable doubt' of a possible impact on natural resources or on the health of persons is evidenced, it is obligatory to reject the proposed project, work, or activity, in application of the precautionary principle, which obliges decisions to be made in favor of the environment (pro-natura principle). And in this sense, it is that, in view of the importance and transcendence of conducting these environmental feasibility studies regarding projects, works, or human activities that may affect the environment, it has been considered that the omission of their realization has constitutional relevance, due to the possible impact on a fundamental right, in this case, the right to a healthy and ecologically balanced environment, which implies the obligation of the State—as a whole—to carry out due protection of the environment, the resources and elements that comprise it, and the health of persons.” (Criterion reiterated in Judgment No. 2006-011562). It is also true that this Chamber—by majority—has admitted flexibility in the approval of regulatory plans and the use of the environmental variable, with the purpose that municipalities may finally have their own regulatory plan, but this was done under the understanding that its objective or purpose was to provoke the approval of territorial planning instruments, or regulatory plans, with the environmental variable; that is, conditioned upon their improving the land-use situations of the different cantons of the country, seeking to prevent disordered infrastructure growth (see Judgment No. 2018-020341). V.- ON ADJUSTMENTS, RECTIFICATIONS, OR MODIFICATIONS TO COASTAL REGULATORY PLANS IN THE ZMT, ACCORDING TO THE CONTESTED MANUAL It has been established that the main argument of the unconstitutionality action lies in the fact that the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans—here partially contested—requires that modifications made to these territorial planning instruments must be analyzed by Nombre3763 to incorporate the environmental variable, whereas, when it comes to making adjustments or rectifications, such changes may be authorized and executed without the intervention of that Technical Secretariat and without the requirement of the applicable study—such as a strategic environmental assessment—, the petitioner’s criterion being that, because these are coastal regulatory plans in the ZMT where there are zones of high environmental fragility, it is necessary for Nombre3763 to participate in all cases, without differentiating whether they are modifications, adjustments, or rectifications. The PGR summarizes the object of this action in the following terms: “The main argument of the action is that the Manual exempts adjustments and rectifications of coastal regulatory plans from being reviewed by the National Environmental Technical Secretariat, that is, according to the contested norms, the environmental variable need not be incorporated into these changes, and thresholds are set that determine when environmental viability is necessary and when it is not, without any technical support. It considers that, in accordance with Article 50 of the Constitution, the correct approach is that the environmental assessment apply to any change, without any exclusion. And, therefore, the petitioner considers that Articles 7, 9, 50, and 89 of the Political Constitution and the principles of scientific protection, the principle of non-regression, progressivity, and the precautionary principle are violated.” (The highlighting does not correspond to the original). Based on the norms of the contested Manual, it is clear that new coastal regulatory plans in the ZMT must comply with the environmental regulations in force in all necessary aspects; a matter that, in any case, was not alleged in the unconstitutionality action; therefore, regarding this point, there would be no violation of the Law of the Constitution. On the contrary, the problem arises from regulatory plans that are already in execution or that are approved, since it is evident from the contested norms of that Manual that certainly Articles 13.2.iii), 13.9, 14.5.1, and 14.5.2, 14.6, 14.7 a) and b) refer to the possibility of making “adjustments or rectifications” to these territorial planning instruments, without requiring recourse to Nombre3763 to conduct the corresponding environmental assessment—as applicable in each specific case—, which is not the case if it is a “modification” of a coastal regulatory plan in the ZMT, where it is clearly established that the matter must be reviewed by SETENA. To illustrate the foregoing and conduct the constitutionality analysis, Article 13 of the manual under review is transcribed in its pertinent parts, which provides as follows: 13. INFORMATION MEETINGS AND PUBLIC HEARING 13.1 During the period of preparation of the regulatory plan proposal, to foster citizen participation, the Municipality shall hold at least one information meeting, which shall aim to inform about the purposes and characteristics of the work being conducted. 13.2 To convene a public hearing, the municipality must ensure that the following requirements have been previously met: i. Environmental Viability issued by Nombre3763 (for the environmental documentation accompanying the Regulatory Plan Proposal) according to the regulations in force in this matter. ii. Initial approval of the proposal by the ICT and the INVU. iii. In cases of adjustment or rectification, it is not required to have environmental viability granted by Nombre3763 for the public hearing. However, these changes must be documented before this Institution beforehand. (…) 13.9 In cases of adjustment or rectification, it is not required to have environmental viability granted by Nombre3763 for a public hearing; however, these changes must be documented before this Institution. (The highlighting does not correspond to the original). As a starting point, it must be clear that it is not for this Court to determine the appropriate definition of what should be considered an “adjustment, rectification, or modification” of a coastal regulatory plan in the ZMT; likewise, it is also not within its competence to establish the convenience or not of some or others warranting or not the intervention of SETENA, or under what assumptions it would not be necessary, since these issues are matters of legality and must be determined by the competent authorities in the matter. Equally, it is not the competence of this Court to establish which regulations are applicable (Decrees 32967, 31849, or 43898, etc.), which have been pointed out by the representatives of the institutions that were granted a hearing in the resolution processing this action, given that this is a matter within the purview of SETENA. Now, what is the competence of this Court is to determine whether the provisions under analysis contravene the obligation derived from Article 50 of the Political Constitution to ensure the protection and safeguarding of the right to a healthy and ecologically balanced environment. In this regard, as has been derived from said numeral, in the face of any doubt about the possibility that human activities may have an impact on the environment, the pertinent technical assessments must be conducted, as provided by Article 17 of the LOA mentioned supra. This norm is very clear in indicating that any human activity that affects the environment and that is determined by law and regulations must be submitted to an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), which has been recognized by this Court: “[W]e can affirm that the State has the obligation to conduct technical studies in environmental matters and the environmental impact assessment. In this regard, this Chamber, in Judgment No. 200815315 at 14:59 hours of October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such administrative procedure allows identifying and predicting, from a technical-scientific point of view, the effects that an activity may cause on the environment” (see Judgment No. 2023-017109). As already noted, this Court has indicated that the inclusion of the environmental variable is a requirement that conditions the constitutionality of territorial planning instruments in which human activity obviously intervenes. In the aforementioned Judgment No. 2024-013166, the Chamber made the following considerations: "The manner of planning the development of human activities has a significant impact on the environment, which may be negative or positive depending on the uses and activities authorized. In this way, the incorporation of environmental variables and the submission of regulatory plans to an environmental assessment (evaluación ambiental) process are imperatives derived from the provisions of Article 50 of the Constitution." (Judgment No. 2006-013028) These considerations were partially reiterated in Judgment No. 2010-012458, in which it was also added that the power of local governments to establish their own territorial planning through regulatory plans is subordinated and subject to protective environmental legislation and the precautionary and protectionist principle of the environment embodied in Article 50 of the Constitution." (The highlighting does not correspond to the original). Now, it is evident that the State is called upon as a whole to defend the environment, such that a good part of the competencies in this matter has been delegated to MINAE and, specifically, to SETENA, without releasing other public entities from their responsibilities in this field. However, it is necessary to clarify that the State, in a broad sense, is the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. That is, although the central State delegates the defense of the environment to the ministry in question, this does not eliminate the responsibility that other State institutions have in this matter, and for this reason, the need for coordination among public agencies that seeks to guarantee environmental protection has also been expressed. On this point, in Articles 13.6, 13.7, 14.12, and 14.13 of the Manual under study, it is observed that such coordination is present, since, in addition to the citizen participation that can take place in a public hearing, it is necessary that any change made to a coastal regulatory plan in the ZMT has the approval of the Municipal Council, the INVU, and the ICT, be submitted to the procedures indicated therein, and later be published in the Official Gazette La Gaceta, which, in addition to inter-institutional collaboration, favors publicity. On this point, Judgment No. 2010-006922 stated the following: “On various occasions, constitutional jurisprudence has indicated that the protection of the environment is a task that corresponds to all equally, that is, that there is an obligation for the State—as a whole—to take the necessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or inadequate use of natural resources, which endanger the health of the administered. In this task, a public institution must be understood to include both the Central Administration — Ministries, such as the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which, by reason of the subject matter, have broad participation and responsibility regarding the conservation and preservation of the environment; which act, most of the time, through their specialized agencies in the matter, such as, for example, the General Directorate of Wildlife, the Forestry Directorate, and the National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as decentralized institutions, such as the National Institute of Housing and Urbanism, SENARA, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers; a task in which of course the municipalities have great responsibility, regarding their territorial jurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility would cause chaos in administrative management, which is not true, because in order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of different origin and essence, the duplication of national and local efforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in order to be able to carry out the functions that have been entrusted to them.” Specifically, regarding the incorporation of the environmental variable, this Court has recognized that Nombre3763 is the competent institution to determine when its intervention is appropriate or not, this because it is the specialized competent body to harmonize environmental impact with human activity—productive processes—(according to Article 83 of the LOA) and, therefore, the entity responsible for carrying out environmental impact assessment procedures in accordance with the regulations in force. VI.- Now, starting from the foregoing and the protection that constitutional provisions must have, it is clear that the norms of the Manual that are contested and that exempt from performing the environmental assessment of SETENA in those cases in which “adjustments and rectifications” are made to regulatory plans that do not have it or that are not updated—Arts. 13.2.iii), 13.9, and 14.7.1 subsections a) and b)—are contrary to the protective interest surrounding the right to the environment and warrant a declaration of unconstitutionality based on several justifications. Indeed, under the terms of Article 17 of the LOA, the cited Manual does not have the normative rank to eliminate such a requirement, as it intends, even though an adjustment or rectification could cause serious injury to the right to the environment. Moreover, it is also not evident in the record that, prior to eliminating such a requirement, technical studies had been conducted that could have reliably and indubitably determined that it was not necessary to consult Nombre3763 in those scenarios, despite the fact that coastal zones with high environmental fragility in the ZMT are at stake and, as stated, possible impacts on the right to the environment arising from the eventual changes made to the coastal regulatory plan in the ZMT. The foregoing may be contradictory to what is mentioned in Articles 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2, 14.6, 14.12, and 14.13 contested here from the Manual, from which not only the necessary inter-institutional coordination and citizen participation are evident, but also the inescapable existence and presentation before the institutions cited therein of a minimum of technical reports and the resolution of observations arising from the consultation process. Now, this documentation does not serve to technically demonstrate the exoneration made from the environmental assessment by SETENA. But these articles would not be unconstitutional per se insofar as they are interpreted to mean that the possible changes to which they refer must always be referred to SETENA, so that it may conduct the corresponding environmental assessment, and that the procedures to which they allude must be subject to that requirement in order not to violate Article 50 of the Constitution. It is also important to highlight that the PGR itself has stated to this Court that, in the specific case, the classification of “adjustments, rectifications, and modifications” and the fact that the first two do not require submission to the review of Nombre3763 prior to their approval were decisions incorporated into the contested Manual by the ICT and the INVU, which are two institutions that do not have the technical competence to determine the parameters according to which an adjustment, a rectification, or a modification of a coastal regulatory plan in the ZMT must be submitted to the assessment of Nombre3763. Therefore—in the PGR’s criterion—such classification has no basis or support in the regulations in force. In that sense, that advisory body recalls that although it is true that Article 46 of the Regulation for Environmental Assessment, Control, and Monitoring—Executive Decree No. 43898 of December 21, 2022—establishes some rules on the modification of environmental viabilities already granted and uses an alteration of more than 20% as a parameter, it is also true that such regulations do not refer to territorial planning instruments. On the other hand, if it were a matter of the requirement to conduct a Strategic Environmental Assessment, the PGR recalls that this is regulated in the Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)—Decree No. 32976 of February 20, 2006—and, in relation to that specific instrument, it must be taken into account that Nombre3763 has stated that, under the concept of “modifications” proposed by that decree, the categories of rectifications, adjustments, and modifications proper that are described in the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the ZMT—here partially contested—refer to changes that—by virtue of the logic, science, and technique proposed by the regulations—would require an environmental assessment when they are transformations that, substantively or on the merits and in view of their magnitude, must be submitted to the criterion of Nombre3763 so that it may determine the applicable course of action (see official letter No. SETENA-SG-0767-2022 of September 9, 2022, provided by the Secretary General of Nombre3763 in the file processed before this Court under No. 22-018256-0007-CO). In this matter, it must be borne in mind that it is Nombre3763 and not this Court that, with technical criteria, shall determine which environmental assessment instrument is the most convenient or appropriate to require in order to incorporate the environmental variable, as well as the regulations it deems applicable. In what falls to this Court to analyze, it must be clear that the special constitutional protection of the environment imposes an exhaustive study of the reasons that support such determinations in the context of the various levels that make up the ZMT with its different ecosystems and their environmental fragility, as well as the relationships of the environment with the anthropological setting and, within this, the social, economic, cultural incidences, among others, that could influence the decisions to be made; however, in this process, it cannot be forgotten that, when variations of the nature of the environmental public domain are sought, the absence of technical rigor violates, even for the mere risk or doubt, the content of Article 50 of the Political Constitution. For this reason, the permissibility for the realization of human activities within these territorial spaces, without due consideration of the impact they may produce on the environment, is an aspect that must be noted and analyzed with great care and with technical criteria. In this sense, this Court has stated the following: “Indeed, the change of use of a good that has traditionally been conferred an environmental protection regime requires technical assessments of the consequences that those new anthropic incursions will produce on the ecosystem, as well as whether they are congruent with the environment, within a context of environmental sustainability. This implies weighing permitted behaviors, corrective actions and procedures, mitigation measures, compensatory actions, among a series of other considerations that are sorely lacking in this record.” Such a shortcoming, as has been explained, entails substantial injuries that this Chamber cannot overlook if it is understood that public property (patrimonio público), from a conceptual standpoint, refers to the set of assets that by law (or a higher norm) are dedicated to a public use and purpose (Judgment No. 2022-022606). An adjustment (ajuste) or a rectification (rectificación) can signify an important alteration entailing serious repercussions for the environment, as could well be the examples provided by the PGR, according to which an increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate land uses in the current zoning and changes in the distribution of land uses in the zoning imply modifications to permitted land uses, which might not conform to the environmental carrying capacity (capacidad de carga ambiental) determined for each zone, and thereby the possible uses would be varied. This is particularly serious if done without technical studies and without prior environmental assessment (valoración ambiental) accrediting the feasibility of carrying out those activities according to the new delimitation. In this regard, the options provided by Arts. 13.6 and 13.7 challenged herein, concerning sending the Municipal Council’s agreement, the technical report, and the resolution of observations resulting from the consultation to the INVU and the ICT for their approval, do not in any way substitute the need for other types of technical expert reports that permit justifying the reasons for which the changes made to the coastal regulatory plan (plan regulador costero) in the ZMT. For that reason, they do not necessarily exempt them from having to be environmentally assessed by SETENA. Therefore, those provisions are not unconstitutional, insofar as it is interpreted that any change must be assessed by SETENA. It should be recalled that carrying capacity (capacidad de carga) is the maximum number of individuals in a population that a habitat can support according to its resources, without adverse effects occurring for that population or for the environment; and among the variables that determine the carrying capacity of a species are food, water, demographic aspects, climate, and shelter, among others. Carrying capacity is not fixed or static: it can vary by season, from year to year, according to the implementation of technologies or the decrease in population size, among others. In this regard, it is important to highlight that the PGR has stated that, for example, the possibility of adjusting a coastal regulatory plan to the re-surveying (reamojonamiento) of the maritime terrestrial zone may signify a displacement of the geographic space covered by the planning instrument, meaning that spaces whose environmental carrying capacity would be affected would be encompassed, which is aggravated if it has not been previously analyzed. Likewise, the adjustment of building setbacks (retiros), heights, coverage (coberturas), minimum or maximum lot areas that are construction and land-use factors whose determination depends on the environmental carrying capacity of the land could seriously injure the right to the environment, if authorized without the corresponding environmental assessment. Furthermore, one cannot ignore that, in recent years, tourism has been an element that has placed itself at the top levels of foreign exchange income for the country; however, it is more than demonstrated—worldwide—that excessive use of that resource can cause serious environmental damage in zones of high environmental fragility, which is another reason that justifies the need for any change to be proposed in a coastal regulatory plan in the ZMT (adjustment or rectification) to include the corresponding analysis by SETENA, in order to incorporate the environmental variable and, thereby, ensure that the proposed change in the respective alignments does not entail leaving unprotected some specific area of special environmental protection, which undoubtedly includes the content and procedures stipulated in Arts. 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2, 14.6, 14.7.1 subsections a) and b), 14.12, and 14.13 challenged herein. This Court has also stated that the issuance of a regulatory plan presupposes that technical studies have been conducted to determine the suitability of each area, and that its execution—even if prior to the regulation that required the incorporation of the environmental variable—is conditioned on compliance with those requirements (see judgments 2006-006346 and 2013-012973), as well as on carrying out the established procedures, such as those set forth in the challenged provisions 13.6, 13.7, 14.6, 14.12, and 14.13 of the cited Manual. Finally, a very valid reason is the recognition made by this Court of the principle of the protection (tutela) of the environmental right by the State, derived from what is indicated in Constitutional provision 50, by establishing the State’s obligation to guarantee, defend, and protect this right, whereby it becomes the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources. VII.- Furthermore, it must be taken into account that Nombre3763 itself has indicated that the factor for determining whether a regulatory plan change must be environmentally assessed should not be limited to a percentage of 20% as established in the provisions of the Manual being challenged, but rather the decisive element must be whether the change intended to be made to the planning instrument implies a modification in permitted land uses, in the geographic space covered by the regulatory plan, and that it involves a change that has repercussions regarding the environmental carrying capacity of the planned area. At this point, it is necessary to pause to assess that the 20% established by the Manual—provision 14.5.2 and 14.6 with respect to that percentage—could well be a small but very significant space in terms of the environmental fragility of the zone; likewise, it could be extensive, which will depend on the total area covered by the coastal regulatory plan and which might not be as significant in terms of environmental load. Consequently, it would be very serious to allow that with the sole consideration of the percentage—20%—rectifications, adjustments, or changes to a coastal regulatory plan in the ZMT are carried out, without the environmental conditions and constraints being previously analyzed by SETENA. Nor has it been demonstrated that this percentage was determined by technical studies or criteria duly attached to the case file (expediente), nor is there any record that it has been scientifically analyzed what would happen with the individual effects of the changes—on current and future activities—, much less with the cumulative effects which, if significant in the environment, can represent an important risk for the environment. This, especially when considering the existence of multiple coastal projects—existing, under construction, and future—that, by not being referred to Nombre3763 for assessment, may not be being considered. On the contrary, when an environmental assessment is carried out by that institution, this analysis of cumulative effects and the measurement of the sum of these negative impacts must be conducted, which would yield the vision of comprehensiveness that is necessary in the ZMT, where areas of high environmental fragility exist. From this perspective, it would be highly dangerous if, in accordance with the provisions of the Manual being challenged, a coastal regulatory plan in the ZMT undergoes significant changes without incorporating the environmental variable and that this subsequently permits the granting of concessions (concesiones) over a public domain asset (bien demanial) of high environmental fragility, with the consequent development of constructions and the incorporation of many human activities. Thus, all of that would be permitted without having previously determined, in a technical and accurate manner, the environmental carrying capacity of that zone, making the direct and high impact of that Manual on the manner in which changes to coastal regulatory plans in the ZMT could be carried out more than evident. In this matter, there is the danger that any change will be attempted to be passed off as a simple and harmless adjustment or rectification with the intention of not going to SETENA; however, allowing it could bring serious consequences for the environment in zones that are highly fragile and vulnerable, which is why, in accordance with the precautionary principle (principio precautorio), it is necessary to think in advance about the possible damages to the elements that comprise the environment and adopt measures aimed at the due protection, conservation, and adequate management of resources, among them, all those that can avoid, prevent, or contain the possible impact on that right. On this point, this Court has stated the following: “Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage—or an objective doubt regarding it—a precautionary measure must be adopted and even postpone the activity in question; because subsequent coercion is ineffective in this matter, given that, in most cases, the biological effects are irreversible, where repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment. Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty about the risks or impact to the environment of a measure, and the studies or available information generate doubts about the risks or their possible negative impact” (see, among others, Judgment No. 2012-13367 and No. 2023-017109). Furthermore, the authorities of Nombre3763 and the ICT assert that another reason for not submitting any adjustment or rectification of a coastal regulatory plan in the ZMT to Nombre3763 for consideration is that, according to them, because the Constitutional Chamber in Judgment No. 2013-012973 “made it clear that regulatory plans prepared before the enactment of Decree 32967-SETENA already had an environmental analysis in the manner it was done at that time, and that one could not retroactively apply a later rule. This is how the adjustment and rectification process of current regulatory plans has been handled. Additionally, they never had a case file before Nombre3763 because they were prepared even before said Secretariat existed.” In this regard, it must be said that such an interpretation of what was stated by this Court is erroneous and partial. It is necessary to make a comprehensive reading of that judgment to be clear that, in the case under study in that case file (expediente), at no time did this Chamber lift the requirement to go to Nombre3763 and, on the contrary, it was assessed that in the situation that was the subject of its knowledge, “the environmental variable was indeed taken into consideration during the preparation of the Regulatory Plan and its Regulations, even though it was not the evaluation currently required, and therefore the alleged injury to Constitutional Article 50 has not occurred” (see Judgment No. 2013-012973). Likewise, this Court expressly stated: "IX.- What is set forth in the preceding Considering clause (Considerando) in no way implies that this Tribunal is unaware of the environmental protection of the beaches Nombre57554 and Zapotillal. As constitutional case law has held—among others, Judgment No. 2010-000075 of three o'clock and one minute in the afternoon of January sixth, two thousand ten—the provisions of Article 67 of the General Regulation on Environmental Impact Procedures (Reglamento General Sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental), Executive Decree No. 31849, MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC of June twenty-eighth, two thousand four, regarding the integration of the environmental variable into Regulatory Plans and other land-use planning instruments, state that even those that are already approved, but do not have the comprehensive variable integrated into them, must be environmentally assessed. For this reason, the execution of regulatory plans approved prior to the adoption of the indicated regulation is conditioned upon compliance with that requirement. In this sense, any eventual works that, in the opinion of the plaintiffs, would cause injury to the environment, could not be carried out until they undergo an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) to determine the impact they might have on the environment" (see Judgment No. 2013-012973). Note that the Chamber is very clear and forceful in pointing out—as indicated supra—that regulatory plans that do not have the environmental variable integrated must be environmentally assessed, such that the execution of those regulatory plans approved prior to the adoption of the indicated regulation is conditioned upon compliance with that requirement and, therefore, the Chamber indicates that any eventual works that could produce an injury to the environment cannot be carried out until they are submitted to Nombre3763 for consideration so that the possible impact they might have on the environment can be determined; to this extent, it must be interpreted that provisions 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2, 14.6, 14.12, and 14.13 are not unconstitutional provided that the changes made to a coastal regulatory plan in the ZMT are referred to Nombre3763 for its assessment of the environmental component and that the inter-institutional coordination procedures are complied with. Consequently, the justification given to the Chamber in that regard is not valid and, therefore, it is considered another reason to consider that the provisions of the Manual being challenged are unconstitutional, insofar as they exempt any adjustment or rectification of a coastal regulatory plan in the ZMT from environmental assessment by SETENA. As stated previously, the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the ZMT (Manual de Elaboración de Planes Reguladores Costeros en ZMT) is a lower-ranking regulation that cannot modify or render ineffective higher-ranking norms that are aimed at protecting the right to the environment. Consequently, in accordance with the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución), in the opinion of this Court, any “adjustment, rectification, or modification” of a coastal regulatory plan in the ZMT that does not have the environmental variable incorporated because, at the time of its issuance, it was not required, or that does have it incorporated but will be subject to an adjustment, rectification, or modification, must be submitted to Nombre3763 for consideration so that this institution may determine what is appropriate in defense of the right to the environment. Likewise, it must comply with the procedures established in the challenged articles 13.6, 13.7, 14.12, and 14.13. VIII.- PRIOR OPINION OF THE CHAMBER ON THE SUBJECT. It is important to highlight that this Court has previously ruled in relation to claims according to which, in certain locations of the ZMT, attempts have been made to modify coastal regulatory plans without first going to Nombre3763 to subject such changes to an environmental assessment. However, the assessment of the issue was made through amparo remedies (recursos de amparo), so the scope of this Court’s intervention was limited. Thus, for example, in Judgments No. 2023-017185—reiterated in No. 2023-021554 and No. 2023-024218—the following was indicated: “Having clarified the foregoing, it is noted that it exceeds the jurisdiction of this Court to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether what is proposed in relation to the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara constitutes an adjustment and rectification process, or rather, a modification process. This is because it is not compatible with the summary nature of the amparo remedy (recurso de amparo) to analyze whether the procedure in question would cover 20% or more of the total usable area of the maritime terrestrial zone, in accordance with what is indicated in the aforementioned Manual for the preparation of coastal regulatory plans in the maritime terrestrial zone.” “In the sub examine, the Chamber deems the stated criterion applicable. Indeed, it is determined that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Council should be categorized as a ‘modification,’ ‘adjustment,’ or ‘rectification’ of the regulatory plan, since it is incompatible with the summary nature of the amparo remedy to analyze whether the percentage would reach 20% of the total usable area of the maritime terrestrial zone (see Judgment No. 23-024218).” Nevertheless, it is worth highlighting what was analyzed in amparo appeal No. 22-018256-0007-CO, in which the appellant denounced the following: “I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant states that the Municipality of Nicoya is in the process of modifying the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara from 1981. She indicates that, on July 22, 2021, Nombre3763 pointed out the need to incorporate the environmental variable into regulatory plans, for which its approval is required. She adds that Nombre3763 informed the Municipality of Nicoya of the duty to comply with what is established in Executive Decree No. 32967-MINAE in the procedure for applying the environmental fragility index (índice de fragilidad ambiental) and regulatory plans. She reports that, by official notice ZMT-002-2022 of January 5, 2022, the acting coordinator of the Maritime Terrestrial Zone Department of the Municipality of Nicoya told her that ‘(…) 2. Regarding the environmental viability (viabilidad ambiental) from SETNA (sic), this Department informs you that, in the case of adjustments to plans that were carried out prior to the request for Environmental Viabilities from SETENA, it should not be requested according to what was issued by the Constitutional Chamber in its VOTE NUMBER 2013-012973, Judicial Bulletin No. 204 of October 23, 2013 (…)’. She explains that on May 28, 2022, a public hearing was held related to the aforementioned modification of the regulatory plan; however, the floor was not granted to the people who attended, nor were they given material about that proposal.” The Chamber conducted the corresponding analysis of the case file and, first, determined that the Municipality of Nicoya has the coastal regulatory plan of Playa Sámara dating from 1981 and that it has been in a process of change since 2012. The Chamber also observed that, through official notice No. SENARA-DIGH-0044-21 of April 28, 2021, the Directorate of Research and Water Management of SENARA concluded the following: “1. In the zone of the Sámara Regulatory Plan (Maritime Terrestrial Zone), which overlaps with the map of extreme and high vulnerability of the Mala Noche Aquifer, it is defined to develop urban zoning based on the density and coverage (zonas residenciales, zonas turísticas, zonas comerciales y zonas institucionales) established by the same coastal regulatory plan. 2. The (sic) remainder of the vulnerability zone of the Mala Noche Aquifer, classified as extreme, must apply the ‘Matrix of land-use criteria according to vulnerability to aquifer contamination for the protection of water resources’, which determines that in said aquifer, no type of activity can be permitted. 3. The areas outside the Mala Noche Aquifer, where the Coastal Regulatory Plan coincides with the HIGH hydrogeological vulnerability map, the regulations established in the Coastal Regulatory Plan are maintained. 4. In the case of future growth zones (outside those considered in the ZMT Regulatory Plan for urban development), it is recommended to conduct more exhaustive hydrogeological studies and propose environmental measures for that development. Furthermore, activities classified as high risk of aquifer contamination may not be developed within the Maritime Terrestrial Zone; this must be determined including the contaminant load, retardation/degradation, dispersion, mode of contaminant disposal, application time, mobility, persistence, intensity, and hydrogeochemical studies of the transit of contaminants toward the aquifer.” The Chamber took note that, as a result of the foregoing, what is explained below occurred: “Through official notice SETENA-DT-EAE-0094-2021 of July 22, 2021, Nombre3763 communicated to the respondent local government that: ‘In accordance with the foregoing, it is appropriate that the Municipality of Nicoya apply Executive Decree No. 32967-MINAE “Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) -PART III-” (04/05/2006), in item 5.1 3 of Annex 1, describes the “Procedure to apply the IFA to already elaborated regulatory plans and other types of land-use planning”, it also provides guidelines on the basic steps to follow to carry out the insertion of the environmental variable into current regulatory plans. Therefore, the Municipality of Nicoya must incorporate the environmental variable into the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara, since it is in a process of adjustment thereof’ (the bold was added by the Chamber). For its part, “The respondent entity (sic) stated in the report rendered under oath—with the solemnities and consequences that this entails—that in the proposed change to the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara ‘there is no change in zoning that exceeds what is established in the Manual for the preparation of coastal regulatory plans, according to which it is 20% of the total polygon to be rectified, regarding the inclusion of the Fee Collection Regulation, it is carried out in order to comply with the provisions of Executive Decree 37882-MP-H-TUR published in Gazette 176 of Friday, September 13, 2013, adjusting the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara to the current and valid regulations governing the matter’. Likewise, ‘the corresponding Certificates of State Natural Heritage issued by SINAC were included, valid and updated, in addition, the Map with the Water Vulnerability of the Mala Noche Aquifer generated by SENARA was included, also including a transitory regulation to safeguard said aquifer, in compliance with and respect for the precautionary principle, pro-nature principle, and Article 50 of the Political Constitution’.” It is recorded in the court records (autos) that, according to what Nombre3763 informed the Court—within that case file—in July 2021, through official notice No. SETENA-DT-EAE-094-2021, a consultation was attended to made by the acting Coordinator of the Municipality of Nicoya in which he reported that said municipality has the coastal regulatory plan of Playa Sámara, approved in 1981 and in a process of adjustment and rectification, and therefore requested to be informed what the procedure is to follow before Nombre3763, according to what is indicated in point 13 of the Coastal Plans Manual and in item 13.2. That request for information was answered in the following terms: “…it is appropriate that the Municipality of Nicoya apply Executive Decree No. 32967-MINAE “Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) -PART III-” (04/05/2006); item 5.13 of Annex I describes the “Procedure to apply the IFA to already elaborated regulatory plans and other types of land-use planning”, it also provides guidelines on the basic steps to follow to carry out the insertion of the environmental variable into current regulatory plans. Therefore, the Municipality of Nicoya must incorporate the environmental variable into the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara, since it is in a process of adjustment thereof” (emphasis made by the Chamber). The Chamber added that, likewise, the General Secretary of SETENA provided in that case file the official notice SETENA-SG-0767-2022 of September 9, 2022, in which it was indicated that, in relation to the requirement for environmental viability (viabilidad ambiental) in current regulatory plans in the ZMT, the country’s municipalities must apply Executive Decree No. 32967-MINAE, which is the “Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) -PART III-” wherein the procedure for already elaborated regulatory plans and other types of land-use planning is detailed, as well as providing guidelines for carrying out the insertion of the environmental variable into current regulatory plans, including modification processes. The official notice records what was stated by SETENA: “…It is clear that under the concept of modifications set forth by D.E. No. 32967-MINAE, the categories of rectifications, adjustments, and modifications proper described by the ICT Manual are encompassed, since with greater or lesser magnitude they are modifications, they are changes; but it is even clearer that by virtue of the logic, science, and technique established by our regulations, all those modifications that substantively or on their merits require an environmental assessment given their magnitude must be submitted to Nombre3763 for assessment (according to the technical procedure described by D.E. No. 32967-MINAE), and this determination of the scope and content of the proposed adjustments must be made by each regulatory plan proponent under the umbrella of its powers” (The emphasis does not correspond to the original). The Chamber continued stating the following: “Now, in the present case (en la especie), the plaintiff maintains that the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara is being subjected to a modification process, which would imply the need to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) granted by Nombre3763. For its part, the respondent local government maintains that what is proposed in relation to the aforementioned regulatory plan consists of an adjustment and rectification process and that in the referred proposal ‘the corresponding Certificates of State Natural Heritage issued by SINAC were included, valid and updated, in addition, the Map with the Water Vulnerability of the Mala Noche Aquifer generated by SENARA was included, also including a transitory regulation to safeguard said aquifer, in compliance with and respect for the precautionary principle, pro-nature principle, and Article 50 of the Political Constitution’, for which reason there would be no need to obtain environmental viability.” And the text of provisions 14.5, 14.6, and 14.7 of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the ZMT, challenged herein, is quoted verbatim. Finally, the Chamber concluded in the referred Judgment No. 2022-025374, the following: “Having clarified the foregoing, it is noted that it exceeds the jurisdiction of this Court to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether what is proposed in relation to the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara constitutes an adjustment and rectification process, or rather, a modification process. This is because it is not compatible with the summary nature of the amparo remedy to analyze whether the procedure in question would cover 20% or more of the total usable area of the maritime terrestrial zone, in accordance with what is indicated in the aforementioned Manual for the preparation of coastal regulatory plans in the maritime terrestrial zone. However, this Chamber observes that, through official notice SETENA-DT-EAE-0094-2021 of July 22, 2021, the National Environmental Technical Secretariat communicated to the respondent local government that: ‘…it is appropriate that the Municipality of Nicoya apply Executive Decree No. 32967-MINAE “Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA) -PART III-” (04/05/2006), in item 5.1 3 of Annex I, describes the “Procedure to apply the IFA to already elaborated regulatory plans and other types of land-use planning”, it also provides guidelines on the basic steps to follow to carry out the insertion of the environmental variable into current regulatory plans. Therefore, the Municipality of Nicoya must incorporate the environmental variable into the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara, since it is in a process of adjustment thereof’ (the emphasis was added). In other words, in the sub examine, it is evidenced that the National Environmental Technical Secretariat, namely, the organ of maximum deconcentration of MINAE, whose fundamental purpose is to harmonize environmental impact in productive processes (see provision 83 of the Organic Environmental Law), determined and communicated to the Municipality of Nicoya, through communication SETENA-DT-EAE-0094-2021 of July 22, 2021, the need to incorporate the environmental variable into the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara. The foregoing is consistent with what was expressed by the General Secretary of Nombre3763 in official notice SETENA-SG-0767-2022 of September 9, 2022, regarding the requirement for environmental viability (viabilidad ambiental) in current regulatory plans of maritime terrestrial zones. In view of the foregoing, and given that in the sub lite a change procedure is underway in relation to the Coastal Regulatory Plan of Playa Sámara, it is timely to bring up what was indicated in Judgment No. 2012004250 of 8:30 a.m. on March 30, 2012: (…) However, it is reiterated, for the purpose of the respondent authority taking note, that every urban development regulatory plan must have an environmental impact assessment, in observance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Magna Carta, and likewise, as an indispensable requirement for its adoption, the final project of the Regulatory Plan with the respective studies must be submitted to a public hearing. Consequently, in accordance with what is indicated in the above-transcribed pronouncement, the appellant's claim regarding the failure to conduct an environmental impact study in relation to such regulatory plan is premature and, therefore, it is not appropriate to grant the remedy (in a similar sense, see Judgment No. 2021016551 of 9:15 a.m. on July 30, 2021). Nevertheless, the respondent authorities must take note that, prior to holding a public hearing to determine whether or not to approve what has been proposed in relation to the Playa Sámara Regulatory Plan, they must comply with what was indicated by the National Environmental Technical Secretariat in official communication SETENA-DT-EAE-0094-2021 of July 22, 2021.” Based on the foregoing, in applying the aforementioned criteria, the Court declared that amparo action without merit, noting that, through the amparo procedure, no greater consideration could be made than to warn that it is a matter of legality to establish whether the proposal of the respondent Municipal Council should be classified as a “modification,” “adjustment,” or “rectification” of the regulatory plan, since it is incompatible with the summary amparo procedure to analyze whether the percentage would reach 20% of the total usable area of the ZMT, among other aspects. Nevertheless, as can be seen in that judgment No. 2022-025374, in its operative part, this Tribunal did issue a warning to the respondent authorities to the effect that they must take note of the obligation contained in official communication No. SETENA-DT-EAE-0094-2021 of July 22, 2021, regarding the need to incorporate the environmental variable in the coastal regulatory plan of Playa Sámara. As has been stated, the considerations expressed by this Tribunal in that judgment could not go beyond what the amparo procedure permitted; however, now that the matter is being heard again, but through this proceeding, the appropriate course is to declare the unconstitutionality of the challenged rules that exempt changes made via “adjustments and rectifications” to coastal regulatory plans in the ZMT from the incorporation of the environmental variable. That environmental assessment must be prepared by SETENA, under the terms that are appropriate in accordance with the regulations in force on the matter and, in view of the unification of several criteria issued by that institution at different times, according to which every urban development regulatory plan or coastal regulatory plan in the ZMT must have—in general terms—an environmental impact examination in observance of the protection of a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Art. 50 of the Political Constitution, as well as—specifically—when they are adjusted, rectified, or modified, such that the challenged provisions 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 subsections a) and b) of the Manual are unconstitutional for not requiring such an environmental assessment by SETENA. Consequently, the claimant is correct in considering that the precautionary principle in environmental matters, and the principles of non-regression of fundamental rights, progressivity, and scientific protection have been violated, which warrants that the unconstitutionality action be granted. IX.- CONCLUSIONS Based on the considerations expressed, it is necessary to declare unconstitutional those provisions of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the ZMT published in Alcance No. 139 to La Gaceta No. 135 of July 14, 2021, that exclude adjustments and rectifications in regulatory plans issued before that requirement for an environmental assessment by SETENA, even when they are being adjusted, as well as the rules that allow the environmental variable not to be incorporated. Such provisions are contrary to Art. 50 of the Political Constitution, since from this article the need has been derived for territorial planning instruments and their modifications to be environmentally assessed. Likewise, these provisions violate Art. 14 of the Convention on Biological Diversity, according to which each Contracting Party—as far as possible and as appropriate—must establish “appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity.” They equally violate the precautionary principle, and the principles of non-regressivity to the detriment of fundamental rights, scientific protection, and progressivity. In that sense, provisions 13.2.iii and 13.9 of the cited Manual must be declared unconstitutional insofar as they provide that, for adjustments and rectifications of coastal regulatory plans in the ZMT, environmental viability is not required, as well as Art. 14.7.1. a) and b), because it establishes that in the case of adjustments and rectifications of plans that do not have environmental viability, it will not even be necessary to document the change before SETENA. Based on what has been indicated, this declaration of unconstitutionality applies to Art. 14.7.1 both for subsection a) referring only to “adjustments and rectifications”—even though the Attorney General's Office did not consider it—and for subsection b), since it is as serious not to require the environmental assessment by SETENA in cases of adjustments and rectifications as it is in those other cases where the regulatory plan in force does not possess environmental viability and it is not considered necessary to document the matter before SETENA, as was indicated in previous whereas clauses. For their part, provisions 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 in their entirety, and 14.6, 14.12 and 14.13 are not unconstitutional to the extent that they are interpreted as meaning that, regardless of the classification made of the possible changes that can be made to a regulatory plan and whether 20% of the total usable area of the ZMT is reached or exceeded, they must always be referred to SETENA so that this institution may carry out the corresponding environmental assessment and determine whether the proposed changes alter the environmental component of the zone, as well as ensuring that the procedures established therein are followed at the appropriate procedural moment. For this Tribunal, it must be clear that, regarding the integration and modification of the environmental variable, the Manual must comply with the specific regulations on strategic environmental assessment and with the guidelines and criteria established in this regard by the specialized technical body, as well as with what is indicated above in order to protect the right to the environment. Therefore, in all cases, review by SETENA and the incorporation of the environmental variable in plans that do not have it incorporated will always be appropriate and necessary when so determined by the competent technical body and in application of the provisions in force that regulate the matter. Magistrate Cruz Castro partially dissents and also declares provision 14.5.2 of the challenged Manual unconstitutional. Likewise, he sets forth additional reasons. X.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the “Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch,” approved by the Full Court in Session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Judicial Bulletin No. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in Session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.- THEREFORE: The unconstitutionality action is partially granted. Consequently, Articles 13.2.iii), 13.9, 14.7.1 subsections a) and b) of the Manual for the Preparation of Coastal Regulatory Plans in the Maritime-Terrestrial Zone are annulled, as they are contrary to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, Article 14 of the Convention on Biological Diversity, as well as the precautionary principle, and the principles of non-regression of fundamental rights, progressivity, and scientific protection in environmental matters. Provisions 13.6, 13.7, 14.5.1, 14.5.2 in their entirety, and 14.6, 14.12 and 14.13 of that Manual are not unconstitutional to the extent that they are interpreted as meaning that, regardless of the classification made of the possible modifications that can be made to a regulatory plan and of the percentage of the total usable area of the maritime-terrestrial zone that is to be changed, they must always be referred to the National Environmental Technical Secretariat so that this institution may carry out the corresponding environmental assessment and determine whether the proposed changes alter the environmental component of the zone, as well as ensuring that the procedures established therein are followed at the appropriate procedural moment. Magistrate Cruz Castro partially dissents and also declares provision 14.5.2 of the challenged Manual unconstitutional. Likewise, he sets forth additional reasons. This judgment is declaratory and its effects are retroactive to the date of enactment of the annulled regulations, without prejudice to rights acquired in good faith. This judgment shall be reported in the Official Gazette La Gaceta. It shall be published in its entirety in the Judicial Bulletin. Notify. Fernando Castillo V. President Fernando Cruz C. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Ingrid Hess H. Hubert Fernández A. Rosibel Jara V. Exp: 23-025914-0007-CO Res. No. Telf3981 Dissenting vote of Magistrate Cruz Castro regarding provision 14.5.2 of the challenged Manual. Furthermore, additional reasons. Environmental protection requires careful preventive activity.- I have concurred with the partial granting of this action, but I also consider that provision 14.5.2 of the challenged Manual is unconstitutional, the text of which states the following: “14. CHANGES TO REGULATORY PLANS IN FORCE (…) 14.5 In order to identify and specify the different ways through which a change to a regulatory plan in force can be requested, the following modalities are established: (…) 2. Rectifications: the possibility of correcting imperfections, defects, or omissions, for reasons of necessity and convenience in the content of the regulatory plan or its regulations. This includes: Expansion of Rights of Way, increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning, changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulations, re-surveying with respect to the digital or physical boundary line. In their entirety, these rectifications did not exceed 20% of the total usable area of the ZMT and may be carried out totally or partially until completing said percentage. If 20% is exceeded, it must be processed as a modification (Point 3 below). Verification of the effective percentage of change in the initial areas of the Regulatory Plan in force shall be carried out by generating a table or chart that includes the following: | Original area of the regulatory plan in square meters: Original area in square meters of the regulatory plan approved for the zone as indicated in the area table of the zoning sheet. If it is not there, the sheet must be vectorized through a digitization process. | | --- | | Effective ZMT area for estimating the 20% change: Original area of the regulatory plan minus all areas that have been reduced, as a result of a re-surveying process or due to the application of other legislation such as, for example, areas of State Natural Heritage, Protected Wild Areas, among others. | | Analysis for the permitted 20%: Percentage by which the adjusted original zoning varies within the effective ZMT area determined above, whether by the redistribution or addition of land. The percentage of change of the effective ZMT area measured in square meters must not be greater than 20%. | Also considered as rectifications are changes to the regulation regarding building setbacks, heights, lot coverage, minimum or maximum lot areas established by regulation of Law. Furthermore, changes in public investment policy, changes in the canon charge regulation, and other updates of laws and regulations. Adjustments and changes in documents such as the canon regulation, the regulatory plan regulation, and others of a similar nature, have no relation to an area measurement and, therefore, are not subject to the application of the aforementioned 20% variation. Also considered as rectifications are changes to the regulation regarding building setbacks, heights, lot coverage, minimum or maximum lot areas established by regulation of Law. Furthermore, changes in public investment policy, changes in the canon charge regulation, and other updates of laws and regulations. For regulations of an older date, the rules of this Manual shall be used as a reference to update the requirements for the different zones.” Unlike the majority opinion, I believe that a conforming interpretation is not sufficient to resolve the constitutionality problems that I find this rule has. The rectifications that provision 14.5.2 allows for requesting a change to a regulatory plan in force include a wide range of possibilities (correcting imperfections, defects, or omissions, for reasons of necessity and convenience such as expansion of rights of way, increase or decrease in the limits or areas of the polygons that demarcate the land uses of the current zoning, changes in the distribution of land uses in the zoning and its regulations, re-surveying with respect to the digital or physical boundary line, among others) which encompasses rectifications of up to 20% in the Maritime-Terrestrial Zone. Although this Court indicates that the rectification of the regulatory plan must always be referred to the National Environmental Technical Secretariat for the corresponding environmental assessment, the fact is that including such a broad list of possibilities within the concept of “rectification of a regulatory plan” essentially facilitates changes to regulatory plans without having mandatory environmental viability. Thus, said rule in reality comes to deregulate—regressively—the scope of the precautionary principle in areas that are highly fragile, such as the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), which implies several violations of the provisions in constitutional articles 7, 9, 50, and 89, article 14 of the Convention on Biological Diversity (Law No. 7416), and reiterated constitutional jurisprudence. As the claimant indicates, said rule creates unjustified exceptions for not having to conduct a strategic environmental assessment before SETENA. The existence of a technical criterion justifying said exceptions was not proven in this case, which openly contravenes the precautionary principle, the principle of non-regression, the principle of progressivity, and the principle of scientific protection. There is no technical criterion that allows justifying that adjustments and rectifications in coastal regulatory plans should not go through SETENA, while modifications should, and such absence implies a violation of the constitutional principle of technical reasonableness and thereby of the constitutional block. Note what the CGR report indicated (No. DFOE-AE-IF-12-2014 of November 19, 2014), in the sense that the majority of regulatory plans in force in the ZMT do not have environmental viability, such that, of 155 in force and under preparation, only 49 were submitted to SETENA and, in turn, of those, only 9 obtained said viability. Clearly, such a situation was not resolved by the questioned regulations, but quite the opposite. As the PGR itself indicates, the classification of “adjustments, rectifications, and modifications” and the fact that the first two do not require being submitted to SETENA for review prior to their approval were decisions incorporated into the challenged Manual by the ICT and the INVU, which are two institutions that do not have the technical competence to determine the parameters according to which an adjustment, a rectification, or a modification of a coastal regulatory plan in the ZMT must be submitted for assessment by SETENA. The protection of the environment and the consequences of failing to do so are of such gravity and irreversibility, in some cases, that good administration and protection of Mother Earth’s assets always requires a technical criterion that defines the threats and precautions that must be adopted, as is done in an environmental impact assessment. Thus, the environmental impact study must become the rule, as it is the instrument that best protects the right to the environment. The rule that I consider unconstitutional is remiss in this aspect, and the interpretation made by the Court I consider insufficient. Furthermore, in addition to the reasons indicated in this Court’s vote regarding the declared unconstitutionality, I add the following reasons: In the challenged regulations, an exclusion of the powers of SETENA and of its role in the Maritime-Terrestrial Zone is noted. This I consider a violation of the Law of the Constitution and of all the environmental principles it contains. Pursuant to the constitutional principles of: protection of the right to the environment; the preventive principle (when there is certainty of possible damage to the environment, the affecting activity must be prohibited, limited, or conditioned upon compliance with certain requirements), the precautionary principle (when there is danger of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective cost-effective measures to prevent environmental degradation), the pro natura principle (in case of doubt or uncertainty, controversies must be resolved and rules must be interpreted in favor of the protection and conservation of the environment), the principle of objectivization of environmental protection (or principle of linkage to science and technique, according to which it is required to substantiate decision-making in this matter with technical studies, both regarding acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of “linkage to science and technique” is derived, thereby conditioning the Administration’s discretion in this matter); the principle of progressivity and non-regression in environmental matters (the State’s obligation to continually increase protection and not to adopt measures, policies, or legal norms that worsen the level of protection achieved); and the principle of rational use of resources; the State has the obligation to carry out technical studies in environmental matters and the environmental impact assessment. In this regard, this Court, in judgment number 2008-15315 of 2:59 p.m. on October 10, 2008, has established the need for certain activities to have an approved environmental impact assessment. This is because such an administrative procedure allows for identifying and predicting, from a technical-scientific point of view, the effects that an activity may cause on the environment. In this sense, this Constitutional Chamber, in judgment number 2005-05544 of 3:38 p.m. on May 10, 2005, stated: “ VI.- The environmental impact study as an instrument of protection. Environmental standards must have a technical basis, because their application must stem from the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be constrained. This is so because, since environmental damage and pollution are assessable, the impact of these elements requires a scientific evaluation and treatment. Therefore, the need for an environmental impact assessment, which as determined by the General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures, consists of a scientific-technical administrative procedure that allows for identifying and predicting what effects an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to lead to decision-making (…) In accordance with Article 17 of the Organic Law of the Environment, number 7554, of September 18, 1995, the activities that require an environmental impact study approved by the National Environmental Technical Secretariat are those human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Its prior approval, by this agency, shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects. Thus, the protection of the right to a healthy and ecologically balanced environment obliges the State to take preventive measures in order to avoid its impairment; and among the main measures provided by the legislator in this sense, there are several technical instruments among which the Environmental Impact Study stands out, as provided in the cited article. Special emphasis must be placed on the fact that it is the condition of the project or work that will determine, in each case, whether the environmental impact study is required, not the establishment of arbitrary conditions, be they administrative or regulatory.” Likewise, this Tribunal also indicated the following: “(…) The third paragraph of Article 50 of the Constitution clearly states that the State must guarantee, defend, and preserve the right of every person to a healthy and ecologically balanced environment; which implies affirming that public entities are not only obliged to enforce—on individuals and other public entities—environmental legislation, but also, above all, must adjust their actions to the dictates of those protective normative bodies. State institutions are the first called upon to comply with protective environmental legislation, without there being any justification to exempt them from complying with environmental requirements such as, for example, the environmental impact study required by the Organic Law of the Environment for activities undertaken by public entities that, by their nature, may alter or destroy the environment” (see judgment number 2001-6503 of 9:26 a.m. on July 6, 2001). In summary, as indicated by the constitutional principles in environmental matters, the requirement for prior technical studies responds to the principle of subjecting decisions related to the environment to scientific and technical criteria, in order to protect the ecological balance of the system and the health of the environment. Furthermore, the requirement for technical studies is not a mere formality, but rather a material requirement, that is, it must be materially demonstrated, through a scientific and individualized analysis, the degree of impact of the corresponding measure on the environment, propose recommendations aimed at lessening the negative impact on it, and demonstrate how such a measure implies development that meets present needs without endangering the ability of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367 of 11:33 a.m. on September 21, 2012). Thus, Article 17 of the Organic Law of the Environment (No. 7554 of October 4, 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, shall require an environmental impact assessment by the National Environmental Technical Secretariat, whose prior approval shall be an indispensable requirement to initiate the activities, works, or projects; and that the laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects shall be required to undergo that assessment. Carrying out an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste, toxic or hazardous materials, constitutes not only a legal obligation, but also a constitutional obligation. Thus, this Constitutional Court has recognized that the obligation to carry out environmental impact assessments is one of the principles that serve as a parameter of constitutionality and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment provided in Article 50 of the Political Constitution is not a mere formal postulate. (Vote No. 2003-6322 of 2:14 p.m. on July 3, 2003). In this sense, there is no doubt that carrying out prior environmental impact assessments is part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, and, therefore, failure to comply with that obligation violates that fundamental right. Likewise, that obligation to environmentally assess activities, works, or projects is founded on Article 14 of the Convention on Biological Diversity (approved through Law No. 7416 of June 30, 1994), insofar as it provides that each State Party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects”; and on Principle 17 of the Rio Declaration on Environment and Development, which establishes that “Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.” The Constitutional Court has noted that: “The determination of in which cases an environmental assessment is appropriate or not is a question determined by laws and regulations, under the general criterion that the human activities that must be environmentally assessed are those that alter the environment to a significantly sufficient degree that such an assessment is necessary.” (Vote No. 2017-5994 of 11:00 a.m. on April 26, 2017. Reiterated in Vote No. 2019-16792 of 11:51 a.m. on September 4, 2019). Thus, it is possible that there are activities, works, or projects that, because they do not alter the environment to a significant degree, should not be subject to an environmental impact assessment, and this may be determined legally or by regulation (Vote No. 2002-1220 of 2:48 p.m. on February 6, 2002). Based on the foregoing, in order for a rule to determine that certain works or activities do not need to undergo the environmental impact assessment procedure, there must be technical criteria that support that decision. That said, for activities, works, or projects that do significantly alter the environment, they must undergo a prior environmental impact assessment. The majority of this Court considers that determining which technical mechanism or instrument should be used for that assessment is a technical competence conferred on the National Environmental Technical Secretariat in Article 84 subsection f) of the Organic Law of the Environment, which states that that agency is responsible for “preparing guides for activities, works, and environmental impact assessment projects, as well as managing their provision and dissemination.” However, in the dissenting vote of the undersigned magistrate to Vote No. 2024-3227, I have considered that such determination does not correspond to SETENA, nor to a decree, but that a legal norm is required by virtue of the principle of legal reserve in this matter. For all the additional reasons set forth, I consider that this action must be granted. Environmental protection requires careful preventive activity. Fernando Cruz C. Magistrate Exp: 23-025914-0007-CO Res. Telf3980 1 CONSTITUTIONAL CHAMBER Observations voted by ballot Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited. It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 09:09:50. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República