Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)De tal manera, si bien el Área Rectora recurrida no desatendió la denuncia interpuesta por la parte tutelada, lo cierto del caso es que a pesar de las situaciones de posible afectación detectadas por los funcionarios que realizaron las inspecciones de marras, no se observa ninguna acción o diligencia ulterior para atender la situación como en derecho corresponde.
Al respecto, debe advertirse que los ordinales 346 y 347 de la Ley General de Salud disponen:
“ARTICULO 346.- Para los efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos (…)
ARTICULO 347.- En el caso que las personas físicas o jurídicas impidieren la entrada o acceso a los lugares o inmuebles o interfierieren con la actuación de los funcionarios o se negaren a la entrega de muestras y antecedentes, podrá la autoridad de salud solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento, la que deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales de solicitada. Los funcionarios del Ministerio a quien se les encomiende tal diligencia, practicarán el allanamiento debiendo sujetarse a las disposiciones legales pertinentes y a las disposiciones administrativas y técnicas de procedimientos del Ministerio. El allanamiento tendrá por objeto realizar únicamente la diligencia específica para la que ha sido solicitada por la autoridad de salud y los funcionarios que la cumplan responderán de todo perjuicio innecesario causado por su actuación o por la extralimitación en sus funciones.”.
En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento.
English (translation)Thus, although the respondent Health Area did not ignore the complaint filed by the protected party, the fact remains that despite the situations of potential harm detected by the officials who conducted the inspections in question, no further action or diligence is observed to address the situation as required by law.
In this regard, it must be noted that Articles 346 and 347 of the General Health Law provide:
"ARTICLE 346.- For the purposes of effectively monitoring compliance with the provisions of this law and its regulations, and supplementary resolutions issued by health authorities within their competence, officials of the Ministry, duly identified, may conduct inspections or visits to carry out health operations, collect samples or gather evidence and information, in buildings, dwellings, industrial and commercial establishments, and any place where violations of the aforementioned laws, regulations, and resolutions may be committed (...)
ARTICLE 347.- In the event that individuals or legal entities prevent entry or access to places or properties, or interfere with the actions of officials, or refuse to provide samples and information, the health authority may request a search warrant from the judicial authority, which must be issued within twenty-four hours of the request. The Ministry officials entrusted with such diligence shall execute the warrant in compliance with the relevant legal provisions and the Ministry's administrative and technical procedural rules. The search warrant shall have the sole purpose of carrying out the specific diligence requested by the health authority, and the officials executing it shall be liable for any unnecessary harm caused by their actions or by exceeding their functions."
Consequently, the appeal is granted in this regard, on the terms set forth in the operative part of this ruling.
Granted
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 24030 - 2025 Fecha de la Resolución: 01 de Agosto del 2025 a las 09:15 Expediente: 25-017769-0007-CO Redactado por: Fernando Cruz Castro Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés: Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. 024030-25. AMBIENTE. VECINO DEL GUARCO DE CARTAGO, ACUSA QUE, A LA PAR DE SU PROPIEDAD HAY UNA CARBONERA QUE NO TIENE PERMISOS, FUNCIONANDO Y, PESE A QUE FUE CERRADA, CONTINÚA CON LA ACTIVIDAD Y, EL MINISTERIO DE SALUD, NO ACTÚA, PESE A SUS DENUNCIAS. SE ORDENA AL MINISTERIO DE SALUD, RESOLVER LA DENUNCIA, EN EL PLAZO DE UN MES. VCG08/2025 “(…) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es dueño de un lote ubicado en La Estrella del Guarco, el cual compró en el mes de enero de 2025. Comenta que la idea principal era construir una casa pequeña en ese terreno; sin embargo, acusa que a la par de su propiedad, se encuentra una carbonera activa que genera gran cantidad de humo y polvo y no ha podido iniciar la construcción, ya que la contaminación generada es muy alta. Asegura que las siembras cercanas se llenan de polvo del carbón y si llegara a construir una casa o cabaña, se dañaría por esa contaminación. Por lo anterior, en el mes de febrero de 2025 acudió al Ministerio de Salud de Tejar de El Guarco para interponer una denuncia por la actividad que se desarrolla, denuncia a la cual se le asignó el número 12-2025. No obstante, acusa que el Ministerio de Salud no se ha preocupado por velar que esta actividad deje de funcionar ya que, aunque clausuran, la quema de madera continúa. Del estudio de los autos se tiene por demostrado que, en efecto, el 19 de febrero de 2025 se recibió la denuncia N°12-2025 en la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco por parte del recurrente en la cual se indica que denuncia por humo de carbonera y basura como cartones, tarimas, madera, plástico que desechan al bajar la madera que transportaban en un camión para convertirla en carbón, misma a la cual se le asignó el número de denuncia N°12-2025. Consta que en virtud de la denuncia planteada el 25 de febrero de 2025 se realizó una inspección i situ y, en esa oportunidad, se encontró un hueco produciendo carbón y 3 personas trabajando, situación que fue comunicada al denunciante el 21 de marzo anterior. Se acreditó también que el 25 de abril del 2025 se realizó nuevamente otra inspección en la cual se le solicitó el permiso sanitario de funcionamiento y al no contar con el mismo se procede con la clausura del lugar, se notificó el acta de clausura MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025. Se tiene por acreditado que en su informe técnico N°MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 del 09 de julio del 2025, el funcionario de la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, concluyó que en las inspecciones físico sanitarias realizadas al lugar denunciado se detectó una actividad de producción de carbón y se verificó un hueco en la tierra con madera y cubierto de tierra con un agujero en un extremo por donde sale humo sin los permisos correspondientes, por lo tanto, se procedió a colocar sellos de clausura, los cuales no se detectaron en visita posterior. En virtud de lo expuesto, el Área Rectora de Salud permanece a la espera de la respuesta del oficio No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 elaborado por la Dra. Glorianela Sancho Rodríguez, directora de esa entidad y que fue dirigida a la asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras. Al respecto, de los elementos que constan en los autos se desprende que la autoridad recurrida efectuó distintas diligencias y actuaciones para atender la denuncia interpuesta por la parte tutelada. En tal sentido, se verifica que se llevaron a cabo distintas inspecciones en el sitio y que, incluso, mediante acta de clausura No. MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 se procedió con la clausura del lugar y la suspensión de la actividad que ahí se realiza y se colocaron los respectivos sellos. Sin embargo, los quitaron y continúan con la labor. Así las cosas, ante el incumplimiento detectado por las mismas autoridades del Ministerio de Salud, la Directora Rectora del Área de Salud de El Guarco solicitó criterio ante la asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras y, actualmente, se está a la espera de ello para poder proceder. De tal manera, si bien el Área Rectora recurrida no desatendió la denuncia interpuesta por la parte tutelada, lo cierto del caso es que a pesar de las situaciones de posible afectación detectadas por los funcionarios que realizaron las inspecciones de marras, no se observa ninguna acción o diligencia ulterior para atender la situación como en derecho corresponde. Al respecto, debe advertirse que los ordinales 346 y 347 de la Ley General de Salud disponen: “ARTICULO 346.- Para los efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos (…) ARTICULO 347.- En el caso que las personas físicas o jurídicas impidieren la entrada o acceso a los lugares o inmuebles o interfierieren con la actuación de los funcionarios o se negaren a la entrega de muestras y antecedentes, podrá la autoridad de salud solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento, la que deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales de solicitada. Los funcionarios del Ministerio a quien se les encomiende tal diligencia, practicarán el allanamiento debiendo sujetarse a las disposiciones legales pertinentes y a las disposiciones administrativas y técnicas de procedimientos del Ministerio. El allanamiento tendrá por objeto realizar únicamente la diligencia específica para la que ha sido solicitada por la autoridad de salud y los funcionarios que la cumplan responderán de todo perjuicio innecesario causado por su actuación o por la extralimitación en sus funciones.”. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. (…)” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- Cuestión previa. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud por actividades que provocan contaminación, las cuales presuntamente no ha sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. (…)” VCG08/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Tema: 041- Tutela judicial efectiva. Justicia pronta y cumplida Subtemas: NO APLICA. V.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VCG08/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: AMBIENTE Subtemas: CONTAMINACION. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la presunta contaminación provocada por una carbonera activa que genera gran cantidad de humo y polvo. Aduce que ha planteado denuncias ante el Ministerio de Salud, sin obtener una solución efectiva. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente. VCG08/2025 ... Ver más Contenido de Interés: Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Tema: 056- Ejecución de sentencias Subtemas: NO APLICA. VII. VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias para atender la denuncia interpuesta por la parte tutelada, y se resuelva de manera definitiva lo correspondiente. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. VCG08/2025 ... Ver más Texto de la resolución Exp: 25-017769-0007-CO Res. Nº 2025024030 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del uno de agosto de dos mil veinticinco . Recurso de amparo que se tramita en expediente 25-017769-0007-CO, promovido por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo y manifiesta que es dueño de un lote ubicado en La Estrella del Guarco, el cual compró en el mes de enero de 2025. Comenta que la idea principal era construir una casa pequeña en ese terreno; sin embargo, acusa que a la par de su propiedad, se encuentra una carbonera activa cuyo dueño es el señor Nombre02. Comenta que debido a la gran cantidad de humo y polvo que esa carbonera produce hacia su lote, no ha podido iniciar la construcción, ya que la contaminación generada es muy alta. Asegura que las siembras cercanas se llenan de polvo del carbón y si llegara a construir una casa o cabaña, se dañaría por esa contaminación. Menciona que las veces que visita el lote, su ropa termina oliendo a humo. Relata que, en una ocasión, llevó a su sobrina y debido a que padece de asma, tuvieron que llevarla a la clínica porque el humo la afectó. Además, alega que los vecinos del lugar también se han quejado del humo, pero no han interpuesto denuncias porque el dueño de la carbonera es su familiar y no quieren tener problemas. Manifiesta que en el mes de febrero de 2025 acudió al Ministerio de Salud de Tejar de El Guarco para interponer una denuncia por la actividad que se desarrolla en La Estrella de El Guarco. Narra que fue atendido por la secretaria, quien tomó su declaración y le indicó que a la queja se le asignó el no. 12-2025; además que su caso sería atendido por el inspector Adrián Quesada. Señala que el 15 de mayo llamó al inspector del ministerio recurrido, el cual le indicó que el 25 de abril clausuró la carbonera y colocó sellos en unos postes del lugar ya que no contaban con el debido permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Expresa que le informó al inspector que el 11 de mayo visitó su lote y observó que la carbonera seguía funcionando, pese a que estaba clausurada. Afirma que había aproximadamente 100 sacos empacados de carbón, bastante madera en el suelo y un camión cargado de tarimas listo para descargar y ser quemadas. Sostiene que el inspector del ministerio recurrido le indicó que programaría una visita al lugar para ver lo que estaba sucediendo. Arguye que, debido a que no se le ha brindado una respuesta por parte del aludido inspector, el 26 de mayo envió un correo a la señora Glorianela Sancho Rodríguez, directora del Ministerio de Salud de Tejar, en el que le explicó la situación; sin embargo, no obtuvo respuesta. Asegura que posteriormente, el 10 de junio envió otro correo al director regional de Cartago, el señor Óscar Bermúdez García, pero tampoco tuvo respuesta. Acusa que el Ministerio de Salud no se ha preocupado por velar que esta actividad deje de funcionar ya que, aunque clausuran, la quema de madera continúa. Acota que se está violentando su derecho de vivir en un lugar digno, sano y rodeado de naturaleza, tanto para él como para su familia. Agrega que esa situación lo limita de construir su casa, debido a que no puede invertir dinero si el humo y el polvo van a deteriorarla. Incluso, añade que no ha podido sembrar árboles frutales porque el polvo los daña; actualmente, los árboles de guayaba y limón que tiene en el lote están negros por el polvo del carbón. Estima que el Estado debe velar por que los ciudadanos vivan en un lugar sano y libre de contaminación ambiental y proteger la salud de todas las personas. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente asunto. 2.- En resolución de las veintidós horas cuarenta y uno minutos del veinticinco de junio de dos mil veinticinco, se da curso al proceso y solicita informe al Director del Área Rectora de Salud El Guarco, sobre los hechos alegados por la parte recurrente. 3.- Informa bajo juramento Alejandra Solís Brenes, en su condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de El Guarco, en los siguientes términos: “(…) Primero: El 19 de febrero de 2025 se recibe la denuncia N°12-2025 en la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco por parte del Sr. Nombre01, se indica que denuncia por humo de carbonera y basura como cartones, tarimas, madera, plástico que desechan al bajar la madera que transportaban en un camión para convertirla en carbón. (Ver folios 0002- 0004 y 0001-0006 del expediente confidencial) Segundo: El 25 de febrero de 2025 se realizó una visita de inspección en coordinación con el denunciado, el Señor Nombre03, dueño de la actividad para verificar el motivo de la denuncia por parte del funcionario Bach. Adrián Quesada Campos. Se visitó el sitio donde se produce el carbón y se encontró un hueco produciendo carbón y 3 personas trabajando. (Ver folio 0008) Tercero: (Ver folio 0007 del expediente confidencial) Cuarto: El 24 de abril del 2025 el Bach. Adrián Quesada Campos se comunicó vía telefónica con el Sr. Nombre04, sobrino del denunciado y dueño de la actividad denunciada Nombre03 para recordarles que debían de contar con el respectivo permiso sanitario de funcionamiento para poder laborar. (Ver folio 0009) Quinto: El 25 de abril del 2025 se realizó nuevamente una visita de inspección al sitio denunciado por el Bach. Adrián Quesada Campos, en esta visita se le solicita el permiso sanitario de funcionamiento y al no contar con el mismo se procede con la clausura del lugar, se notifica el acta de clausura MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025. (Ver folios 00010- 0011) Sexto: El 15 de mayo de 2025 el Bach. Adrián Quesada Campos se comunicó vía telefónica con el denunciante Sr. Nombre01, quien le indicó que el 11 de mayo 2025 observó que la actividad de la carbonera continuaba a pesar de la clausura. (Ver folio 0008 del expediente confidencial) Sétimo: El 09 de junio 2026 se envió correo electrónico por parte de esta Dirección de Área Rectora al Nivel Regional con traslado de solicitud de asesoría regional oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 relacionado con el tema de la determinación de competencias para la autorización de la actividad de carboneras, asunto relacionado con los oficios CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025, CARTA MAG-DM-DAJ-0507-2025, ya que en el primer oficio (CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025) con fecha de 22 de abril de 2025 se indica que según el decreto 43432-S la actividad de carbón vegetal no corresponde realizar el trámite de Permiso Sanitario de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud sino más bien al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el segundo oficio (CARTA-MAG-DM-DAJ-0507-2025) con fecha del 05 de junio de 2025 el Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que otorgar estos permisos de funcionamiento no se encuentra dentro de sus competencias; por lo tanto al no existir completa claridad del ente rector se solicita criterio legal para dar continuidad en el tema de la clausura del establecimiento. (Ver folios 0012-0027 Octavo: El 26 de junio de 2025 se realizó una visita de inspección por parte del funcionario Bach. Adrián Quesada Campos funcionario de la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco para dar seguimiento a la denuncia 12-2025, por lo que se visita nuevamente el sitio denunciado observando que no estaban rótulos de clausura ni personal. (Ver folio 0028) Noveno: En su informe técnico N°MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 del 09 de julio del 2025, el funcionario de la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, Bach. Adrián Quesada Campos concluyó que en las inspecciones físico sanitarias realizadas al lugar denunciado se detectó una actividad de producción de carbón del señor Nombre03, dueño, se verifico un hueco en la tierra con madera y cubierto de tierra con un agujero en un extremo por donde sale humo, al señor Nombre04 se le solicitan documentos para poder realizar la actividad lucrativa e indica que no tiene, por lo tanto, se procedió a colocar sellos de clausura, los cuales no se detectaron en visita posterior y recomendó esperar respuesta al oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 elaborado por la Dra. Glorianela Sancho Rodríguez, directora del Área Rectora de Salud de El Guarco por asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras (…) SIC”. 4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. Redacta el Magistrado Cruz Castro; y, Considerando: I.- Cuestión previa. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este caso, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud por actividades que provocan contaminación, las cuales presuntamente no ha sido resueltas dentro de un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo. II.- Objeto del recurso. El recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que manifiesta que es dueño de un lote ubicado en La Estrella del Guarco, el cual compró en el mes de enero de 2025. Comenta que la idea principal era construir una casa pequeña en ese terreno; sin embargo, acusa que a la par de su propiedad, se encuentra una carbonera activa que genera gran cantidad de humo y polvo y no ha podido iniciar la construcción, ya que la contaminación generada es muy alta. Asegura que las siembras cercanas se llenan de polvo del carbón y si llegara a construir una casa o cabaña, se dañaría por esa contaminación. Por lo anterior, en el mes de febrero de 2025 acudió al Ministerio de Salud de Tejar de El Guarco para interponer una denuncia por la actividad que se desarrolla, denuncia a la cual se le asignó el número 12-2025. Comenta que, por lo anterior, el 15 de mayo llamó al inspector del ministerio recurrido, el cual le indicó que el 25 de abril clausuró la carbonera y colocó sellos en unos postes del lugar ya que no contaban con el debido permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Expresa que le informó al inspector que el 11 de mayo visitó su lote y observó que la carbonera seguía funcionando, pese a que estaba clausurada, situación que fue puesta en conocimiento del Ministerio de Salud y el inspector del ministerio recurrido le indicó que programaría una visita al lugar para ver lo que estaba sucediendo. Arguye que, debido a que no se le ha brindado una respuesta por parte del aludido inspector, el 26 de mayo envió un correo a la señora Glorianela Sancho Rodríguez, directora del Ministerio de Salud de Tejar, en el que le explicó la situación; sin embargo, no obtuvo respuesta. Asegura que posteriormente, el 10 de junio envió otro correo al director regional de Cartago, el señor Óscar Bermúdez García, pero tampoco tuvo respuesta. Acusa que el Ministerio de Salud no se ha preocupado por velar que esta actividad deje de funcionar ya que, aunque clausuran, la quema de madera continúa. Por los motivos expuestos, solicita la intervención de la Sala en el presente asunto. III.- Hechos Probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial: a) El 19 de febrero de 2025 se recibió la denuncia N°12-2025 en la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco por parte del recurrente en la cual se indica que denuncia por humo de carbonera y basura como cartones, tarimas, madera, plástico que desechan al bajar la madera que transportaban en un camión para convertirla en carbón (ver informes rendidos bajo fe de juramento) b) En virtud de la denuncia planteada el 25 de febrero de 2025 se realizó una visita de inspección en coordinación con el denunciado, el Señor Nombre03, dueño de la actividad para verificar el motivo de la denuncia por parte del funcionario Bach. Adrián Quesada Campos. En esa oportunidad, se visitó el sitio donde se produce el carbón y se encontró un hueco produciendo carbón y 3 personas trabajando, situación que fue comunicada al denunciante el 21 de marzo anterior (informe rendido bajo fe de juramento) c) El 25 de abril del 2025 se realizó nuevamente una visita de inspección al sitio denunciado por el Bach. Adrián Quesada Campos, en esta visita se le solicita el permiso sanitario de funcionamiento y al no contar con el mismo se procede con la clausura del lugar, se notifica el acta de clausura MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 (informe rendido bajo fe de juramento y prueba aportada en autos) d) El 15 de mayo de 2025 el recurrente comunicó que el 11 de mayo 2025 observó que la actividad de la carbonera continuaba a pesar de la clausura (informe rendido bajo fe de juramento) e) El 09 de junio 2026 se envió correo electrónico por parte de la Dirección de Área Rectora al Nivel Regional con traslado de solicitud de asesoría regional oficio CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 relacionado con el tema de la determinación de competencias para la autorización de la actividad de carboneras, asunto relacionado con los oficios CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025, CARTA MAG-DM-DAJ-0507-2025, ya que en el primer oficio (CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025) con fecha de 22 de abril de 2025 se indica que según el decreto 43432-S la actividad de carbón vegetal no corresponde realizar el trámite de Permiso Sanitario de Funcionamiento ante el Ministerio de Salud sino más bien al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el segundo oficio (CARTA-MAG-DM-DAJ-0507-2025) con fecha del 05 de junio de 2025 el Ministerio de Agricultura y Ganadería indica que otorgar estos permisos de funcionamiento no se encuentra dentro de sus competencias; por lo tanto al no existir completa claridad del ente rector se solicitó criterio legal para dar continuidad en el tema de la clausura del establecimiento (informe rendido bajo fe de juramento) f) En su informe técnico N°MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 del 09 de julio del 2025, el funcionario de la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, Bach. Adrián Quesada Campos concluyó que en las inspecciones físico sanitarias realizadas al lugar denunciado se detectó una actividad de producción de carbón y se verificó un hueco en la tierra con madera y cubierto de tierra con un agujero en un extremo por donde sale humo sin los permisos correspondientes, por lo tanto, se procedió a colocar sellos de clausura, los cuales no se detectaron en visita posterior (informe rendido bajo fe de juramento) g) El Área Rectora de Salud permanece a la espera de la respuesta del oficio No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 elaborado por la Dra. Glorianela Sancho Rodríguez, directora de esa entidad dirigida y que fue dirigida a la asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras (informe rendido bajo fe de juramento) IV.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, la recurrente manifiesta que es dueño de un lote ubicado en La Estrella del Guarco, el cual compró en el mes de enero de 2025. Comenta que la idea principal era construir una casa pequeña en ese terreno; sin embargo, acusa que a la par de su propiedad, se encuentra una carbonera activa que genera gran cantidad de humo y polvo y no ha podido iniciar la construcción, ya que la contaminación generada es muy alta. Asegura que las siembras cercanas se llenan de polvo del carbón y si llegara a construir una casa o cabaña, se dañaría por esa contaminación. Por lo anterior, en el mes de febrero de 2025 acudió al Ministerio de Salud de Tejar de El Guarco para interponer una denuncia por la actividad que se desarrolla, denuncia a la cual se le asignó el número 12-2025. No obstante, acusa que el Ministerio de Salud no se ha preocupado por velar que esta actividad deje de funcionar ya que, aunque clausuran, la quema de madera continúa. Del estudio de los autos se tiene por demostrado que, en efecto, el 19 de febrero de 2025 se recibió la denuncia N°12-2025 en la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco por parte del recurrente en la cual se indica que denuncia por humo de carbonera y basura como cartones, tarimas, madera, plástico que desechan al bajar la madera que transportaban en un camión para convertirla en carbón, misma a la cual se le asignó el número de denuncia N°12-2025. Consta que en virtud de la denuncia planteada el 25 de febrero de 2025 se realizó una inspección i situ y, en esa oportunidad, se encontró un hueco produciendo carbón y 3 personas trabajando, situación que fue comunicada al denunciante el 21 de marzo anterior. Se acreditó también que el 25 de abril del 2025 se realizó nuevamente otra inspección en la cual se le solicitó el permiso sanitario de funcionamiento y al no contar con el mismo se procede con la clausura del lugar, se notificó el acta de clausura MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025. Se tiene por acreditado que en su informe técnico N°MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 del 09 de julio del 2025, el funcionario de la Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, concluyó que en las inspecciones físico sanitarias realizadas al lugar denunciado se detectó una actividad de producción de carbón y se verificó un hueco en la tierra con madera y cubierto de tierra con un agujero en un extremo por donde sale humo sin los permisos correspondientes, por lo tanto, se procedió a colocar sellos de clausura, los cuales no se detectaron en visita posterior. En virtud de lo expuesto, el Área Rectora de Salud permanece a la espera de la respuesta del oficio No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 elaborado por la Dra. Glorianela Sancho Rodríguez, directora de esa entidad y que fue dirigida a la asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras. Al respecto, de los elementos que constan en los autos se desprende que la autoridad recurrida efectuó distintas diligencias y actuaciones para atender la denuncia interpuesta por la parte tutelada. En tal sentido, se verifica que se llevaron a cabo distintas inspecciones en el sitio y que, incluso, mediante acta de clausura No. MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 se procedió con la clausura del lugar y la suspensión de la actividad que ahí se realiza y se colocaron los respectivos sellos. Sin embargo, los quitaron y continúan con la labor. Así las cosas, ante el incumplimiento detectado por las mismas autoridades del Ministerio de Salud, la Directora Rectora del Área de Salud de El Guarco solicitó criterio ante la asesoría regional para conocer cómo proceder ante las solicitudes, tanto de renovación como de primera vez de permisos sanitarios de funcionamiento para carboneras y, actualmente, se está a la espera de ello para poder proceder. De tal manera, si bien el Área Rectora recurrida no desatendió la denuncia interpuesta por la parte tutelada, lo cierto del caso es que a pesar de las situaciones de posible afectación detectadas por los funcionarios que realizaron las inspecciones de marras, no se observa ninguna acción o diligencia ulterior para atender la situación como en derecho corresponde. Al respecto, debe advertirse que los ordinales 346 y 347 de la Ley General de Salud disponen: “ARTICULO 346.- Para los efectos de llevar a cabo el efectivo control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos, de resoluciones complementarias que las autoridades de salud dicten dentro de sus competencias, podrán los funcionarios dependientes del Ministerio, debidamente identificados, hacer inspecciones o visitas para practicar operaciones sanitarias, recoger muestras o recolectar antecedentes o pruebas, en edificios, viviendas y establecimientos industriales, de comercio y en cualquier lugar en el que pudieran perpetrarse infracciones a las leyes y reglamentos y resoluciones aludidos (…) ARTICULO 347.- En el caso que las personas físicas o jurídicas impidieren la entrada o acceso a los lugares o inmuebles o interfierieren con la actuación de los funcionarios o se negaren a la entrega de muestras y antecedentes, podrá la autoridad de salud solicitar de la autoridad judicial la orden de allanamiento, la que deberá ser dictada dentro de las veinticuatro horas naturales de solicitada. Los funcionarios del Ministerio a quien se les encomiende tal diligencia, practicarán el allanamiento debiendo sujetarse a las disposiciones legales pertinentes y a las disposiciones administrativas y técnicas de procedimientos del Ministerio. El allanamiento tendrá por objeto realizar únicamente la diligencia específica para la que ha sido solicitada por la autoridad de salud y los funcionarios que la cumplan responderán de todo perjuicio innecesario causado por su actuación o por la extralimitación en sus funciones.”. En consecuencia, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, en los términos que se indicarán en la parte dispositiva de este pronunciamiento. V.- Nota del magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico. VI.- Nota del Magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que, si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente denuncia la presunta contaminación provocada por una carbonera activa que genera gran cantidad de humo y polvo. Aduce que ha planteado denuncias ante el Ministerio de Salud, sin obtener una solución efectiva. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de verificar o descartar los alegatos de la parte recurrente. VII. VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Si bien coincido con la mayoría de la Sala en que el recurso se debe declarar con lugar, difiero sobre dónde residenciar la fase de ejecución del asunto, debido a la inexistencia de mecanismos adecuados previstos por la normativa que rige esta jurisdicción constitucional para dar seguimiento a una sentencia que reviste aspectos técnicos de gran complejidad, como es en este caso para que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias para atender la denuncia interpuesta por la parte tutelada, y se resuelva de manera definitiva lo correspondiente. En cambio, lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo en materia de ejecución (artículo 155 y siguientes) tiene evidentes ventajas, como la posibilidad de pedir cronogramas, imponer multas, sentar responsabilidades, fiscalizar etapas de cumplimiento, etc. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, estimo que la fase de ejecución debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución de sentencia de dicho Código. VIII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N°27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N°43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Alejandra Solís Brenes, en su condición de Directora a.i. del Área Rectora de Salud de El Guarco, o a quien ocupe ese cargo, coordinar lo necesario y llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, a los efectos de que, dentro del plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las diligencias necesarias para atender la denuncia interpuesta por la parte tutelada, y se resuelva de manera definitiva lo correspondiente. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Castillo Víquez consigna nota. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto respecto a la ejecución de esta sentencia y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dispone que debe realizarse ante el Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo las reglas de ejecución, establecidos en los artículos 155 y siguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo. Asimismo, ordena que se le remita copia de la sentencia para que se inicie los procedimientos de ejecución de este fallo.Notifíquese. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 634PAKTAGF861 EXPEDIENTE N° 25-017769-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:43:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
**Resolution No. 24030 - 2025** **Date of Resolution:** 01 of August of 2025 at 09:15 **Expediente:** 25-017769-0007-CO **Drafted by:** Fernando Cruz Castro **Type of matter:** recurso de amparo **Analyzed by:** SALA CONSTITUCIONAL Judgment with Dissenting Vote Judgment with separate note Relevance Indicators Relevant judgment Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest: Strategic Themes: Environmental, Economic Social Cultural and Environmental Rights Type of content: Majority vote Branch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Topic: ENVIRONMENT Subtopics: POLLUTION. 024030-25. ENVIRONMENT. NEIGHBOR OF EL GUARCO DE CARTAGO, ACCUSES THAT, NEXT TO HIS PROPERTY, THERE IS A CHARCOAL KILN (CARBONERA) THAT DOES NOT HAVE PERMITS, IS OPERATING, AND, DESPITE HAVING BEEN CLOSED, THE ACTIVITY CONTINUES, AND THE MINISTRY OF HEALTH DOES NOT ACT, DESPITE HIS COMPLAINTS. THE MINISTRY OF HEALTH IS ORDERED TO RESOLVE THE COMPLAINT WITHIN ONE MONTH. VCG08/2025 “(…) IV.- On the specific case. In the sub lite, the appellant states that he is the owner of a lot located in La Estrella del Guarco, which he bought in the month of January 2025. He comments that the main idea was to build a small house on that land; however, he accuses that next to his property, there is an active charcoal kiln (carbonera) that generates a large amount of smoke and dust and he has not been able to start construction, since the pollution generated is very high. He assures that the nearby crops become covered in charcoal dust and if he were to build a house or cabin, it would be damaged by that pollution. Due to the above, in February 2025 he went to the Ministry of Health of Tejar de El Guarco to file a complaint for the activity being carried out, a complaint to which the number 12-2025 was assigned. However, he accuses that the Ministry of Health has not been concerned with ensuring that this activity ceases to operate since, although they issue a closure order, the wood burning continues. From the study of the case file, it has been proven that, indeed, on February 19, 2025, complaint No. 12-2025 was received at the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco from the appellant, in which it is stated that the complaint is for smoke from a charcoal kiln (carbonera) and garbage such as cardboard, pallets, wood, and plastic that are discarded when lowering the wood they were transporting in a truck to turn it into charcoal, to which the complaint number 12-2025 was assigned. It is on record that, by virtue of the complaint filed, an on-site inspection was carried out on February 25, 2025, and, on that occasion, a pit producing charcoal and 3 people working were found, a situation that was communicated to the complainant on March 21st of this year. It was also accredited that on April 25, 2025, another inspection was carried out again, in which the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) was requested, and since it was not available, the closure of the place was carried out, and closure order (acta de clausura) MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 was notified. It has been accredited that in his technical report No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 of July 9, 2025, the official of the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, concluded that in the physical-sanitary inspections carried out at the denounced place, a charcoal production activity was detected, and a pit in the ground with wood was verified, covered with earth with a hole at one end from which smoke comes out without the corresponding permits; therefore, closure seals were placed, which were not detected in a subsequent visit. By virtue of the foregoing, the Área Rectora de Salud remains awaiting the response to official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 prepared by Dr. Glorianela Sancho Rodríguez, director of that entity, and which was addressed to the regional advisory office to find out how to proceed with applications, both for renewal and for first-time sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) for charcoal kilns (carboneras). In this regard, from the elements contained in the case file, it is clear that the respondent authority carried out various steps and actions to address the complaint filed by the protected party. In this sense, it is verified that various inspections were carried out at the site and that, even, by means of closure order (acta de clausura) No. MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025, the closure of the place and the suspension of the activity carried out there were ordered, and the respective seals were placed. However, they removed them and continue with the work. Thus, given the non-compliance detected by the Ministry of Health's own authorities, the Directora Rectora del Área de Salud de El Guarco requested an opinion from the regional advisory office to find out how to proceed with applications, both for renewal and for first-time sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) for charcoal kilns (carboneras), and currently, a response is awaited in order to proceed. In such a way, although the respondent Área Rectora did not ignore the complaint filed by the protected party, the truth of the matter is that despite the situations of potential impact detected by the officials who carried out the aforementioned inspections, no further action or subsequent diligence is observed to address the situation as required by law. In this regard, it should be noted that Articles 346 and 347 of the Ley General de Salud provide: "ARTICLE 346.- For the purposes of carrying out effective control of compliance with the provisions of this law and its regulations, and complementary resolutions that the health authorities issue within their competencies, officials dependent on the Ministry, duly identified, may conduct inspections or visits to carry out sanitary operations, collect samples, or gather background information or evidence, in buildings, dwellings, and industrial and commercial establishments and in any place where violations of the aforementioned laws, regulations, and resolutions could be perpetrated (…) ARTICLE 347.- In the event that natural or legal persons prevent entry or access to the places or properties or interfere with the actions of the officials or refuse to deliver samples and background information, the health authority may request from the judicial authority the search warrant (orden de allanamiento), which must be issued within twenty-four hours of being requested. The Ministry officials entrusted with such diligence shall carry out the search (allanamiento), subject to the pertinent legal provisions and the administrative and technical procedural provisions of the Ministry. The purpose of the search (allanamiento) shall be to carry out only the specific diligence for which it was requested by the health authority, and the officials who carry it out shall be liable for any unnecessary damage caused by their actions or by exceeding the scope of their functions.". Consequently, the recurso is partially granted with respect to this matter, in the terms that will be indicated in the operative part of this ruling. (…)” See more Citations of Legislation and Doctrine Content of Interest: Type of content: Majority vote Branch of Law: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. ARTICLE 41 OF THE CONSTITUCIÓN POLÍTICA “(…) I.- Preliminary issue. Before analyzing the merits of the matter -for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure- it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions-, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is raised, since we are faced with a complaint filed before the Ministry of Health for activities that cause pollution, which allegedly have not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. (…)" VCG08/2025 See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA CON JURISPRUDENCIA Topic: 041- Effective judicial protection. Prompt and complete justice Subtopics: NOT APPLICABLE. V.- Note of Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court, that when the individual alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, those who must hear the legal controversy are the Contentious-Administrative Courts and not this Chamber. Now, with the recent enactment of Law No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, it has been established that this right is subject to judicial protection by means of the recurso de amparo established by article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to article 27 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, which, based on numeral 7 of its Law, has the exclusive authority to define its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional controversies that have been recognized by this same Chamber as scenarios of exception, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional process of guarantee of amparo (recurso de amparo), in all other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with numeral 25 of the American Convention on Human Rights, the Law of the Constitution (values, principles and norms) and the corresponding legal norms based on a logical, systemic and teleological interpretation of the legal system. VCG08/2025 See more Content of Interest: Type of content: Separate note Branch of Law: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Topic: ENVIRONMENT Subtopics: POLLUTION. VI.- Note of Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the criterion of the undersigned that, if there has already been intervention by the Public Administration, its knowledge and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do examine the merits of the matter when other rights of the people affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (Article 50 of the Constitución Política), as is the case here, where the appellant denounces the alleged pollution caused by an active charcoal kiln (carbonera) that generates a large amount of smoke and dust. He alleges that he has filed complaints before the Ministry of Health, without obtaining an effective solution. The described situation constitutes an exception to my general position in this matter, and therefore I consider it necessary for this Constitutional Court to analyze the substance of the matter, in order to verify or dismiss the allegations of the appellant. VCG08/2025 See more Content of Interest: Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 6. LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ANOTADA CON JURISPRUDENCIA Topic: 056- Execution of judgments Subtopics: NOT APPLICABLE. VII. PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the recurso should be granted, I differ on where to establish the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment that involves highly complex technical aspects, as is the case here, so that within a period of one month, counted from the notification of this judgment, the necessary steps are taken to address the complaint filed by the protected party, and the corresponding matter is definitively resolved. Instead, the provisions of the Código Procesal Contencioso-Administrativo regarding execution (article 155 and following) have evident advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, monitoring stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Ley de Jurisdicción Constitucional, I believe that the execution phase must be carried out before the Área de Ejecución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code. VCG08/2025 See more Text of the resolution Exp: 25-017769-0007-CO Res. No. 2025024030 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours fifteen minutes of the first of August of two thousand twenty-five. Recurso de amparo processed in expediente 25-017769-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- By brief incorporated into the digital file on June 19, 2025, the appellant files a recurso de amparo and states that he is the owner of a lot located in La Estrella del Guarco, which he bought in January 2025. He comments that the main idea was to build a small house on that land; however, he accuses that next to his property, there is an active charcoal kiln (carbonera) whose owner is Mr. Nombre02. He comments that due to the large amount of smoke and dust that this charcoal kiln (carbonera) produces towards his lot, he has not been able to start construction, since the pollution generated is very high. He assures that the nearby crops become covered in charcoal dust and if he were to build a house or cabin, it would be damaged by that pollution. He mentions that the times he visits the lot, his clothes end up smelling of smoke. He relates that, on one occasion, he brought his niece and because she suffers from asthma, they had to take her to the clinic because the smoke affected her. Furthermore, he alleges that the neighbors of the area have also complained about the smoke, but have not filed complaints because the owner of the charcoal kiln (carbonera) is their relative and they do not want to have problems. He states that in February 2025 he went to the Ministry of Health of Tejar de El Guarco to file a complaint for the activity being carried out in La Estrella de El Guarco. He narrates that he was attended by the secretary, who took his statement and indicated that the complaint was assigned No. 12-2025; also that his case would be handled by inspector Adrián Quesada. He points out that on May 15 he called the inspector of the respondent ministry, who indicated that on April 25 he closed the charcoal kiln (carbonera) and placed seals on some posts at the place since they did not have the proper operating permit (permiso de funcionamiento) from the Ministry of Health. He expresses that he informed the inspector that on May 11 he visited his lot and observed that the charcoal kiln (carbonera) was still operating, despite being closed. He affirms that there were approximately 100 packed sacks of charcoal, a lot of wood on the ground, and a truck loaded with pallets ready to be unloaded and burned. He maintains that the inspector of the respondent ministry indicated that he would schedule a visit to the site to see what was happening. He argues that, because a response has not been provided by the aforementioned inspector, on May 26 he sent an email to Mrs. Glorianela Sancho Rodríguez, director of the Ministry of Health of Tejar, explaining the situation; however, he received no response. He assures that subsequently, on June 10, he sent another email to the regional director of Cartago, Mr. Óscar Bermúdez García, but also had no response. He accuses that the Ministry of Health has not been concerned with ensuring that this activity ceases to operate since, although they issue a closure order, the wood burning continues. He notes that his right to live in a dignified, healthy place surrounded by nature is being violated, both for him and for his family. He adds that this situation limits him from building his house, because he cannot invest money if the smoke and dust are going to deteriorate it. He even adds that he has not been able to plant fruit trees because the dust damages them; currently, the guava and lemon trees he has on the lot are black from the charcoal dust. He believes that the State must ensure that citizens live in a healthy place free from environmental pollution and protect the health of all people. For the reasons stated, he requests the intervention of the Chamber in this matter. 2.- In a resolution issued at twenty-two hours forty-one minutes on June twenty-fifth, two thousand twenty-five, the proceedings are ordered and a report is requested from the Director of the Área Rectora de Salud El Guarco, regarding the facts alleged by the appellant. 3.- Reports under oath Alejandra Solís Brenes, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud de El Guarco, in the following terms: “(…) First: On February 19, 2025, complaint No. 12-2025 was received at the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco from Mr. Nombre01, stating that he complains about smoke from a charcoal kiln (carbonera) and garbage such as cardboard, pallets, wood, and plastic that they discard when lowering the wood they were transporting in a truck to turn it into charcoal. (See pages 0002- 0004 and 0001-0006 of the confidential file) Second: On February 25, 2025, an inspection visit was carried out in coordination with the person denounced, Mr. Nombre03, owner of the activity, to verify the reason for the complaint by official Bach. Adrián Quesada Campos. The site where the charcoal is produced was visited, and a pit producing charcoal and 3 people working were found. (See page 0008) Third: (See page 0007 of the confidential file) Fourth: On April 24, 2025, Bach. Adrián Quesada Campos communicated by telephone with Mr. Nombre04, nephew of the denounced person and owner of the denounced activity Nombre03, to remind them that they had to have the respective sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) to be able to work. (See page 0009) Fifth: On April 25, 2025, another inspection visit was carried out to the denounced site by Bach. Adrián Quesada Campos; in this visit, the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) is requested, and since it is not available, the closure of the place is carried out, and closure order (acta de clausura) MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 is notified. (See pages 00010- 0011) Sixth: On May 15, 2025, Bach. Adrián Quesada Campos communicated by telephone with the complainant Mr. Nombre01, who indicated that on May 11, 2025, he observed that the charcoal kiln (carbonera) activity continued despite the closure order. (See page 0008 of the confidential file) Seventh: On June 9, 2026, an email was sent by this Dirección de Área Rectora to the Regional Level, forwarding a request for regional legal advice, official letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025, related to the issue of determining competencies for the authorization of the charcoal kiln (carbonera) activity, a matter related to official letters CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025, CARTA MAG-DM-DAJ-0507-2025, since in the first official letter (CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025) dated April 22, 2025, it is indicated that according to decree 43432-S, the charcoal activity does not require carrying out the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) procedure before the Ministry of Health but rather before the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and the second official letter (CARTA-MAG-DM-DAJ-0507-2025) dated June 5, 2025, the Ministerio de Agricultura y Ganadería indicates that granting these operating permits is not within its competencies; therefore, since there is no complete clarity on the governing body, a legal opinion is requested to continue with the issue of the closure of the establishment. (See pages 0012-0027) Eighth: On June 26, 2025, an inspection visit was carried out by official Bach. Adrián Quesada Campos, official of the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, to follow up on complaint 12-2025, therefore, the denounced site is visited again, observing that there were no closure signs or personnel. (See page 0028) Ninth: In his technical report No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 of July 9, 2025, the official of the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, Bach. Adrián Quesada Campos concluded that in the physical-sanitary inspections carried out at the denounced place, a charcoal production activity of Mr. Nombre03, owner, was detected; a pit in the ground with wood was verified, covered with earth with a hole at one end from which smoke comes out; Mr. Nombre04 is asked for documents to be able to carry out the lucrative activity and he indicates he does not have them; therefore, closure seals were placed, which were not detected in a subsequent visit, and he recommended waiting for a response to official letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 prepared by Dr. Glorianela Sancho Rodríguez, director of the Área Rectora de Salud de El Guarco, for regional legal advice to find out how to proceed with applications, both for renewal and for first-time sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) for charcoal kilns (carboneras) (…) SIC”. 4.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed. Drafted by Magistrate Cruz Castro; and, Considering: I.- Preliminary issue. Before analyzing the merits of the matter -for the alleged violation of the right to a prompt and complete procedure- it must be clarified that, as of judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction -with some exceptions-, those matters in which it is discussed whether the public administration has complied or not with the deadlines established by the Ley General de la Administración Pública (articles 261 and 325) or the sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure -initiated ex officio or at the request of a party- or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this case, an exception scenario is raised, since we are faced with a complaint filed before the Ministry of Health for activities that cause pollution, which allegedly have not been resolved within a reasonable timeframe. Having clarified the point, we proceed to resolve the specific situation raised in this amparo. II.- Object of the recurso. The appellant considers his fundamental rights violated, as he states that he is the owner of a lot located in La Estrella del Guarco, which he bought in January 2025. He comments that the main idea was to build a small house on that land; however, he accuses that next to his property, there is an active charcoal kiln (carbonera) that generates a large amount of smoke and dust and he has not been able to start construction, since the pollution generated is very high. He assures that the nearby crops become covered in charcoal dust and if he were to build a house or cabin, it would be damaged by that pollution. Due to the above, in February 2025 he went to the Ministry of Health of Tejar de El Guarco to file a complaint for the activity being carried out, a complaint to which the number 12-2025 was assigned. He comments that, regarding the above, on May 15 he called the inspector of the respondent ministry, who indicated that on April 25 he closed the charcoal kiln (carbonera) and placed seals on some posts at the place since they did not have the proper operating permit (permiso de funcionamiento) from the Ministry of Health. He expresses that he informed the inspector that on May 11 he visited his lot and observed that the charcoal kiln (carbonera) was still operating, despite being closed, a situation that was brought to the attention of the Ministry of Health, and the inspector of the respondent ministry indicated that he would schedule a visit to the site to see what was happening. He argues that, because a response has not been provided by the aforementioned inspector, on May 26 he sent an email to Mrs. Glorianela Sancho Rodríguez, director of the Ministry of Health of Tejar, explaining the situation; however, he received no response. He assures that subsequently, on June 10, he sent another email to the regional director of Cartago, Mr. Óscar Bermúdez García, but also had no response. He accuses that the Ministry of Health has not been concerned with ensuring that this activity ceases to operate since, although they issue a closure order, the wood burning continues. For the reasons stated, he requests the intervention of the Chamber in this matter. III.- Proven Facts. Of importance for the decision of this matter, the following facts are considered duly proven, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them as provided in the initial order: a) On February 19, 2025, complaint No. 12-2025 was received at the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco from the appellant, in which it is stated that he complains about smoke from a charcoal kiln (carbonera) and garbage such as cardboard, pallets, wood, and plastic that they discard when lowering the wood they were transporting in a truck to turn it into charcoal (see reports rendered under oath) b) By virtue of the complaint filed on February 25, 2025, an inspection visit was carried out in coordination with the person denounced, Mr. Nombre03, owner of the activity, to verify the reason for the complaint by official Bach. Adrián Quesada Campos. On that occasion, the site where the charcoal is produced was visited, and a pit producing charcoal and 3 people working were found, a situation that was communicated to the complainant on March 21st of this year (report rendered under oath) c) On April 25, 2025, another inspection visit was carried out to the denounced site by Bach. Adrián Quesada Campos; in this visit, the sanitary operating permit (permiso sanitario de funcionamiento) is requested, and since it is not available, the closure of the place is carried out, and closure order (acta de clausura) MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 is notified (report rendered under oath and evidence provided in the case file) d) On May 15, 2025, the appellant reported that on May 11, 2025, he observed that the charcoal kiln (carbonera) activity continued despite the closure order (report rendered under oath) e) On June 9, 2026, an email was sent by the Dirección de Área Rectora to the Regional Level, forwarding a request for regional legal advice, official letter CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025, related to the issue of determining competencies for the authorization of the charcoal kiln (carbonera) activity, a matter related to official letters CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025, CARTA MAG-DM-DAJ-0507-2025, since in the first official letter (CARTA-MS-DRRSCE-URS-IT-0156-2025) dated April 22, 2025, it is indicated that according to decree 43432-S, the charcoal activity does not require carrying out the Sanitary Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento) procedure before the Ministry of Health but rather before the Ministerio de Agricultura y Ganadería, and the second official letter (CARTA-MAG-DM-DAJ-0507-2025) dated June 5, 2025, the Ministerio de Agricultura y Ganadería indicates that granting these operating permits is not within its competencies; therefore, since there is no complete clarity on the governing body, a legal opinion was requested to continue with the issue of the closure of the establishment (report rendered under oath) f) In his technical report No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 of July 9, 2025, the official of the Dirección de Área Rectora de Salud de El Guarco, Bach. Adrián Quesada Campos concluded that in the physical-sanitary inspections carried out at the denounced place, a charcoal production activity was detected, and a pit in the ground with wood was verified, covered with earth with a hole at one end from which smoke comes out without the corresponding permits; therefore, closure seals were placed, which were not detected in a subsequent visit (report rendered under oath) g) The Área Rectora de Salud remains awaiting the response to official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 prepared by Dr. Glorianela Sancho Rodríguez, director of that entity, and which was addressed to the regional advisory office to find out how to proceed with applications, both for renewal and for first-time sanitary operating permits (permisos sanitarios de funcionamiento) for charcoal kilns (carboneras) (report rendered under oath) IV.- On the specific case. In the sub lite, the appellant states that he is the owner of a lot located in La Estrella del Guarco, which he purchased in January 2025. He comments that the main idea was to build a small house on that land; however, he alleges that next to his property, there is an active charcoal kiln (carbonera) that generates a large amount of smoke and dust, and he has been unable to start construction because the pollution generated is very high. He asserts that the nearby crops become covered in charcoal dust, and if he were to build a house or cabin, it would be damaged by this pollution. Due to the foregoing, in February 2025 he went to the Ministry of Health (Ministerio de Salud) of Tejar de El Guarco to file a complaint regarding the activity being carried out, a complaint to which number 12-2025 was assigned. However, he alleges that the Ministry of Health has not been concerned with ensuring that this activity ceases to operate since, although they order closures, the wood burning continues. From the study of the case records, it is proven that, indeed, on February 19, 2025, complaint No. 12-2025 was received by the Dirección de Área Rectora de Salud of El Guarco from the appellant, stating a complaint for smoke from a charcoal kiln (carbonera) and garbage such as cardboard, pallets, wood, and plastic that they discard when unloading the wood they transported in a truck to convert it into charcoal, said complaint being assigned complaint number No. 12-2025. It is recorded that by virtue of the complaint filed, an in situ inspection was conducted on February 25, 2025, and, on that occasion, a pit producing charcoal and 3 people working were found, a situation that was communicated to the complainant on the previous March 21. It was also proven that on April 25, 2025, another inspection was conducted again in which the sanitary operating permit was requested, and not having it, the place was closed, and the closure order MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025 was notified. It is proven that in its technical report No. MS-DRRSCE-DARSEG-IT-0339-2025 of July 9, 2025, the official of the Dirección de Área Rectora de Salud of El Guarco concluded that in the physical health inspections carried out at the denounced place, a charcoal production activity was detected and a hole in the ground with wood and covered with earth was verified, with a hole at one end from which smoke exits without the corresponding permits; therefore, closure seals were placed, which were not detected on a subsequent visit. By virtue of the foregoing, the Área Rectora de Salud remains awaiting the response to official letter No. CARTA-MS-DRRSCE-DARSEG-0660-2025 prepared by Dr. Glorianela Sancho Rodríguez, director of that entity, which was addressed to the regional advisory office to learn how to proceed with requests for both renewal and first-time sanitary operating permits for charcoal kilns (carboneras). In this regard, from the elements in the case records, it is clear that the appealed authority carried out various procedures and actions to address the complaint filed by the protected party. In this sense, it is verified that various inspections were carried out on site and that, even, by means of closure order No. MS-DRRSCE-DARSEG-04-2025, the place was closed and the activity carried out there was suspended, and the respective seals were placed. However, they removed them and continue with the work. Thus, given the non-compliance detected by the same authorities of the Ministry of Health, the Director of the Área Rectora de Salud of El Guarco requested an opinion from the regional advisory office to learn how to proceed with requests for both renewal and first-time sanitary operating permits for charcoal kilns (carboneras), and currently, a response is awaited in order to proceed. Consequently, although the appealed Área Rectora did not neglect the complaint filed by the protected party, the truth is that, despite the situations of potential impact detected by the officials who conducted the inspections in question, no subsequent action or diligence is observed to address the situation as legally required. In this regard, it should be noted that articles 346 and 347 of the General Health Law (Ley General de Salud) provide: "ARTICLE 346.- For the purposes of carrying out effective control of compliance with the provisions of this law and its regulations, and of complementary resolutions that the health authorities issue within their competencies, officials under the Ministry, duly identified, may conduct inspections or visits to carry out sanitary operations, collect samples or gather records or evidence, in buildings, homes, and industrial and commercial establishments, and in any place where violations of the aforementioned laws, regulations, and resolutions could be committed (...) ARTICLE 347.- In the event that physical or legal persons prevent entry or access to the places or properties, or interfere with the actions of the officials, or refuse to deliver samples and records, the health authority may request a search warrant from the judicial authority, which must be issued within twenty-four natural hours of the request. The Ministry officials entrusted with such a procedure shall execute the search warrant, subject to the relevant legal provisions and the Ministry's administrative and technical procedural provisions. The search warrant's sole purpose shall be to carry out the specific procedure for which it was requested by the health authority, and the officials who execute it shall be liable for any unnecessary harm caused by their actions or by exceeding their functions." Consequently, the appeal is granted regarding this point, under the terms to be indicated in the operative part of this pronouncement. V.- Note from Magistrate Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported this Court's thesis that when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in an administrative venue, the bodies that must hear the legal dispute are the Courts of Contentious-Administrative Matters (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo remedy established by article 32 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in relation to article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica (Constitución Política de la República de Costa Rica), in those cases where the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its jurisprudential line, as, based on article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own competence. Therefore, except for those legal-constitutional disputes that have been recognized by this same Chamber as exceptional cases, which may be heard in this jurisdiction through the constitutional amparo protection process, in other cases, and for the reasons given by this Court (judgment No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent bodies are the Judges of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with article 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), the Law of the Constitution (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system. VI.- Note from Magistrate Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned's criterion that if the Public Administration has already intervened, its hearing and resolution corresponds to the contentious-administrative jurisdiction. However, I do address the merits of the matter when other rights of the persons affected by the source of pollution are at stake, among them, health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution (article 50 of the Political Constitution), as is the case here, where the appellant reports the alleged pollution caused by an active charcoal kiln (carbonera) that generates a large amount of smoke and dust. He argues that he has filed complaints with the Ministry of Health without obtaining an effective solution. The described situation constitutes an exception to my general position on this matter, so I deem it necessary for this Constitutional Court to analyze the merits of the matter, in order to verify or dismiss the allegations of the appellant. VII. PARTIALLY DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Although I agree with the majority of the Chamber that the appeal should be granted, I differ on where to place the execution phase of the matter, due to the lack of adequate mechanisms provided by the regulations governing this constitutional jurisdiction to follow up on a judgment involving highly complex technical aspects, as in this case, so that within a period of one month from the notification of this judgment, the necessary measures are carried out to address the complaint filed by the protected party, and the corresponding matter is definitively resolved. In contrast, the provisions of the Code of Contentious-Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso-Administrativo) regarding execution (article 155 and following) have clear advantages, such as the possibility of requesting schedules, imposing fines, establishing responsibilities, overseeing stages of compliance, etc. Therefore, in accordance with the provisions of article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, I believe that the execution phase should be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the judgment execution rules of said Code. VIII.- Documentation provided to the case file. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Regulation on Electronic Case Files before the Judiciary (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial)", approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI. Therefore: The appeal is granted. Alejandra Solís Brenes, in her capacity as Acting Director of the Área Rectora de Salud of El Guarco, or whoever holds that position, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies, for the purpose of, within a maximum period of ONE MONTH from the notification of this judgment, taking the necessary measures to address the complaint filed by the protected party, and to definitively resolve the corresponding matter. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days will be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Castillo Víquez sets forth a note. Magistrate Salazar Alvarado sets forth a note. Magistrate Garro Vargas dissents regarding the execution of this judgment and, in accordance with article 56 of the Law of Constitutional Jurisdiction, orders that it must be carried out before the Execution Area of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, under the execution rules established in articles 155 and following of the Code of Contentious-Administrative Procedure. Likewise, she orders that a copy of the judgment be sent to initiate the enforcement proceedings of this ruling. Notify. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 634PAKTAGF861 EXPEDIENTE N° 25-017769-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa. Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:43:42. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República