Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)III.- EN CUANTO A SENASA. Vista la prueba aportada, se observa que el 30 de abril de 2025, la recurrente planteó una denuncia ante la autoridad recurrida y lo acusado (falta de resolución definitiva a esa gestión) podría configurar una lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa — con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte — o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción, pues trata de una supuesta falta de respuesta a una denuncia ambiental y, además, relacionada con un menor de edad. Empero, visto que al momento de interposición de este recurso no ha transcurrido el plazo de dos meses con el que cuenta la Administración para resolver esa gestión planteada el 30 de abril de 2025, la Sala considera que el amparo es prematuro y se impone su rechazo. Por ende, igual suerte corre la denuncia planteada el 30 de mayo de 2025. Ergo, se declara inadmisible también este aspecto.
English (translation)III.- AS TO SENASA. Upon reviewing the evidence provided, it is noted that on April 30, 2025, the petitioner filed a complaint with the respondent authority, and the alleged failure to issue a final decision on that matter could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, since vote number 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction—with some exceptions—those matters in which the dispute is whether the public administration has complied with the deadlines set by the General Public Administration Law (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure—initiated ex officio or at the request of a party—or to hear the applicable administrative remedies. Precisely, in this amparo, an exceptional case is presented, as it involves an alleged failure to respond to an environmental complaint, and, furthermore, related to a minor. However, given that at the time of filing this amparo the two-month period that the Administration has to resolve that matter filed on April 30, 2025 had not elapsed, the Chamber considers the amparo premature and its rejection is required. Therefore, the complaint filed on May 30, 2025 meets the same fate. Ergo, this aspect is also declared inadmissible.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 19799 - 2025 Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-015658-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-015658-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025019799 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de residencia CED01, a favor de Nombre02, ninguno, contra Nombre03, ninguno, y SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 8:44 horas del 2 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra Nombre03 y Senasa. Indica que reside en San Pedro de Poás y el recurrido es su vecino. Aduce que en la casa de este existe gran cantidad de perros, gansos y gallinas, animales que mantiene de manera insalubre y causan bulla. Asevera que estos animales se pasan a su propiedad, pues solo hay una división con bambú, y causan daños. Menciona que esto le causa crisis de rinitis y alergia a su hija, menor de edad. Menciona que contra el recurrido se planteó el proceso 25-000028-1474-FC, ante el Juzgado Contravencional de Poás, ya que aquel la ofendió. Reclama que el mismo juez indicó a la parte actora que Nombre04 ya tuvo que haber ido a visitar la propiedad y hacer la inspección respectiva. Relata que el 30 de mayo de 2025 se volvió a firmar un formulario de denuncia para acudir nuevamente ante Senasa. Solicita la intervención de la Sala. 2.- Por resolución de las 10:43 horas del 13 de junio de 2025, la Presidencia de la Sala previno a la recurrente que indicara: “si antes del 30 de mayo de 2025 denunció la situación alegada en el memorial de interposición ante el SENASA. En caso afirmativo, deberá aportar copia completa, legible y con el respectivo comprobante de recibido o de remisión de correo electrónico (donde se observe la dirección electrónica completa del destinatario y la fecha de remisión) de la denuncia que planteó ante el SENASA. Lo anterior, dado que la denuncia ante el Nombre04 aportada como prueba no tiene comprobante de recibido o remisión y tampoco indica cuándo fue interpuesta. Además, deberá aclarar si el Nombre04 ya resolvió al respecto, en caso afirmativo, deberá aportar copia legible y completa de la resolución administrativa. De igual modo, deberá aportar cualquier prueba adicional en la cual fundamente su dicho. Lo anterior, por cuanto tal información resulta esencial para resolver lo que en derecho corresponda y bajo apercibimiento de rechazar de plano el recurso si no lo hiciere (artículos 38 y 42 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Notifíquese”. 3.- En escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 6:39 horas del 14 de junio de 2025, se recibieron las siguientes manifestaciones: “Se adjunta los documentos solicitados por esta SALA, y asi mismo (sic) se le hace saber que la señora Nombre01, aun no ha sido conctada (sic) por SENASA, ni tampoco dicha institución (sic) a resuelto nada con respecto al tema aquí denunciado. Otro aspecto importante fue que mucho antes de poner este RECURSO DE AMPARO, la señora Nombre01, ya habia (sic) denunciado ente SENASA, pero no resolvieron nada.” 4.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente manifiesta que reside en San Pedro de Poás y el recurrido es su vecino. Aduce que en la casa de este existe gran cantidad de perros, gansos y gallinas, animales que mantiene de manera insalubre y causan bulla. Asevera que estos animales se pasan a su propiedad, pues solo hay una división con bambú, y causan daños. Menciona que esto le causa crisis de rinitis y alergia a su hija, menor de edad. Menciona que contra el recurrido se planteó el proceso 25-000028-1474-FC, ante el Juzgado Contravencional de Poás, ya que aquel la ofendió. Reclama que el mismo juez indicó a la parte actora que Nombre04 ya tuvo que haber ido a visitar la propiedad y hacer la inspección respectiva. Relata que el 30 de mayo de 2025 se volvió a firmar un formulario de denuncia para acudir nuevamente ante Nombre04. Solicita la intervención de la Sala. II.- RESPECTO DE LA PERSONA RECURRIDA. En el sub lite, adviértase que el amparo no puede ser empleado para tramitar denuncias contra sujetos de derecho privado que en apariencia han cometido ilícitos de naturaleza civil o penal, como lo alega la parte recurrente, no solamente porque se incumplen los supuestos de admisibilidad del amparo establecidos en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional —toda vez que la parte recurrida no se encuentra, de hecho o de derecho, en una posición de poder tal que la parte amparada no pueda ampararse, oportuna y efectivamente, por medio de otros remedios jurisdiccionales diferentes a la vía constitucional—, sino también porque investigar supuestas conductas irregulares de los particulares, en sí mismo, no forma parte del quehacer de esta jurisdicción, en tanto ya existen vías previstas por el ordenamiento jurídico para esos fines. Por ende, podrá la parte recurrente, si a bien lo tiene, exponer sus quejas y denuncias directamente ante la vía de legalidad que pueda corresponder, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda, como indica haberlo hecho respecto de las ofensas mencionadas. Por ende, se rechaza de plano este extremo. III.- EN CUANTO A SENASA. Vista la prueba aportada, se observa que el 30 de abril de 2025, la recurrente planteó una denuncia ante la autoridad recurrida y lo acusado (falta de resolución definitiva a esa gestión) podría configurar una lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa — con algunas excepciones— aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo — incoado de oficio o a instancia de parte — o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción, pues trata de una supuesta falta de respuesta a una denuncia ambiental y, además, relacionada con un menor de edad. Empero, visto que al momento de interposición de este recurso no ha transcurrido el plazo de dos meses con el que cuenta la Administración para resolver esa gestión planteada el 30 de abril de 2025, la Sala considera que el amparo es prematuro y se impone su rechazo. Por ende, igual suerte corre la denuncia planteada el 30 de mayo de 2025. Ergo, se declara inadmisible también este aspecto. IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- DIOA4G4VYLY61 EXPEDIENTE N° 25-015658-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:45:36. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
CONSTITUTIONAL CHAMBER Resolution No. 19799 - 2025 Date of Resolution: June 27, 2025 at 09:20 Case File: 25-015658-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of Matter: Amparo Appeal Analyzed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER Text of the resolution CASE FILE No. 25-015658-0007-CO PROCEEDING: AMPARO APPEAL RESOLUTION No. 2025019799 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and twenty minutes on the twenty-seventh of June, two thousand twenty-five. Amparo appeal filed by Nombre01, identity card CED01, on behalf of Nombre02, none, against Nombre03, none, and the SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). Whereas: 1.- By writing incorporated into the Chamber's digital case file at 8:44 a.m. on June 2, 2025, the appellant files an amparo appeal against Nombre03 and Senasa. She indicates that she resides in San Pedro de Poás and the respondent is her neighbor. She alleges that in the latter's house there are a large number of dogs, geese, and chickens, animals that he keeps in an unsanitary manner and that cause noise. She asserts that these animals cross over onto her property, since there is only a bamboo division, and cause damage. She mentions that this causes her minor daughter crises of rhinitis and allergy. She mentions that proceeding 25-000028-1474-FC was filed against the respondent before the Juzgado Contravencional de Poás, as he offended her. She complains that the same judge indicated to the plaintiff that Nombre04 should have already gone to visit the property and perform the respective inspection. She relates that on May 30, 2025, a complaint form was signed again to go once more before Senasa. She requests the Chamber's intervention. 2.- By resolution at 10:43 a.m. on June 13, 2025, the Presidency of the Chamber ordered the appellant to state: "whether she reported the situation alleged in the filing brief to SENASA before May 30, 2025. If so, she must provide a complete, legible copy with the respective proof of receipt or email transmission (showing the complete email address of the recipient and the date of transmission) of the complaint filed with SENASA. The foregoing, given that the complaint filed with Nombre04 provided as evidence lacks proof of receipt or transmission and also does not indicate when it was filed. In addition, she must clarify whether Nombre04 has already resolved the matter; if so, she must provide a legible and complete copy of the administrative resolution. Likewise, she must provide any additional evidence on which she bases her statement. The foregoing, since such information is essential to resolve what is procedurally appropriate, under warning of summarily rejecting the appeal if she fails to do so (Articles 38 and 42 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional). Let it be notified." 3.- In a writing incorporated into the Chamber's digital case file at 6:39 a.m. on June 14, 2025, the following statements were received: "The documents requested by this CHAMBER are attached, and likewise (sic) it is made known that Mrs. Nombre01 has still not been contacted (sic) by SENASA, nor has said institution (sic) resolved anything regarding the matter reported herein. Another important aspect is that long before filing this AMPARO APPEAL, Mrs. Nombre01 had already reported (sic) to SENASA, but they did not resolve anything." 4.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to summarily reject or reject on the merits, at any time, even from its presentation, any petition submitted for its consideration that proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it constitutes a mere reiteration or reproduction of an equal or similar previous petition that was rejected. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering: I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant states that she resides in San Pedro de Poás and the respondent is her neighbor. She alleges that in the latter's house there are a large number of dogs, geese, and chickens, animals that he keeps in an unsanitary manner and that cause noise. She asserts that these animals cross over onto her property, since there is only a bamboo division, and cause damage. She mentions that this causes her minor daughter crises of rhinitis and allergy. She mentions that proceeding 25-000028-1474-FC was filed against the respondent before the Juzgado Contravencional de Poás, as he offended her. She complains that the same judge indicated to the plaintiff that Nombre04 should have already gone to visit the property and perform the respective inspection. She relates that on May 30, 2025, a complaint form was signed again to go once more before Nombre04. She requests the Chamber's intervention. II.- REGARDING THE RESPONDENT. In the case sub lite, it should be noted that the amparo appeal cannot be used to process complaints against private legal subjects who have apparently committed civil or criminal offenses, as alleged by the appellant, not only because the requirements for admissibility of the amparo appeal established in Article 57 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional are not met —since the respondent is not, in fact or in law, in a position of power such that the protected party cannot seek timely and effective protection through other jurisdictional remedies different from the constitutional avenue— but also because investigating alleged irregular conduct by individuals, in itself, is not part of the purview of this jurisdiction, as there are already avenues provided by the legal system for those purposes. Therefore, the appellant may, if she deems it appropriate, present her complaints and reports directly through the appropriate legal avenue, so that what is procedurally correct may be resolved, as she indicates having done regarding the mentioned offenses. Therefore, this aspect is summarily rejected. III.- REGARDING SENASA. In view of the evidence provided, it is observed that on April 30, 2025, the appellant filed a complaint before the respondent authority, and the alleged failure (lack of a final resolution to that petition) could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, as of vote number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction —with some exceptions— those matters in which it is discussed whether the public administration has complied with the timeframes set by the Ley General de la Administración Pública (Articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure —initiated ex officio or at the request of a party— or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception case is presented, as it concerns an alleged lack of response to an environmental complaint and, furthermore, related to a minor. However, given that at the time this appeal was filed, the two-month period granted to the Administration to resolve that petition filed on April 30, 2025 had not elapsed, the Chamber considers that the amparo appeal is premature and its rejection is warranted. Therefore, the complaint filed on May 30, 2025, suffers the same fate. Ergo, this aspect is also declared inadmissible. IV.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI. Therefore: The appeal is summarily rejected. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Digitally Signed Document -- Verification code -- DIOA4G4VYLY61 CASE FILE No. 25-015658-0007-CO Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:45:36. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República