Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)I.-En el caso concreto, los recurrentes cuestionan el decreto ejecutivo 44974-S, por cuanto consideran que generará una afectación ambiental, al impedir a la Municipalidad de Heredia poder disponer de los desechos sólidos del cantón en un lugar fuera de la región en la que se ubica el cantón. Ahora bien, conviene aclarar que los hechos planteados no son susceptibles de ser conocidos en este asunto, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabra el recurso de amparo “contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado”. De esta forma, el planteamiento hecho por los accionantes en el escrito inicial resulta improcedente, pues su caso no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por el numeral mencionado, para conocer por vía del amparo la constitucionalidad de una norma. En todo caso, y sin demérito de lo anterior, cabe mencionar que los alegatos planteados por los accionantes con respecto a una afectación ambiental en el cantón de Heredia, parten de una mera presunción sobre la que no existe certeza, de ahí que no pueda constatarse una lesión al numeral 50 constitución. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse.
II.- Razones diferentes del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, estimo importante aclarar que el inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el amparo procede contra las leyes u otras disposiciones normativas solo cuando se impugnen junto con actos de aplicación individual de aquellas. Así las cosas, como en el sub lite no se hace referencia a algún acto de aplicación individual del decreto nro. 44974-S, a priori debe ser desestimado.
English (translation)I.-In the instant case, the petitioners challenge Executive Decree 44974-S, considering that it will cause an environmental impact by preventing the Municipality of Heredia from disposing of the canton's solid waste in a place outside the region where the canton is located. However, it should be clarified that the facts raised cannot be heard in this matter, because pursuant to Article 30(a) of the Constitutional Jurisdiction Law, the amparo action is not admissible "against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with individual application acts thereof, or when dealing with self-executing norms, such that their provisions become immediately binding upon their sole enactment, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable to the aggrieved party." Thus, the petitioners' claim is inadmissible, as their case does not fall within the exceptions provided for by the cited provision to hear the constitutionality of a norm via amparo. In any event, and without prejudice to the foregoing, it is worth mentioning that the petitioners' allegations regarding an environmental impact in the canton of Heredia are based on mere presumption lacking certainty, hence no violation of Article 50 of the Constitution can be established. Therefore, the amparo must be rejected.
II.- Separate reasoning of Justice Rueda Leal. In the case at bar, I find it important to clarify that Article 30(a) of the Constitutional Jurisdiction Law establishes that amparo is admissible against laws or other normative provisions only when challenged jointly with individual application acts thereof. Thus, since the case at bar makes no reference to any individual application act of Decree No. 44974-S, it must be dismissed a priori.
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Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 20033 - 2025 Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-017376-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-017376-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025020033 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, Nombre02, ninguno No Indica, Nombre03, cédula de identidad CED02, Nombre04, ninguno No Indica, Nombre05, cédula de identidad CED03, Nombre06, cédula de identidad CED04, Nombre07, cédula de identidad CED05, Nombre08, cédula de identidad CED06, Nombre09, cédula de identidad CED07, JESUS ALBERTO VILLALOBOS MORALES, cédula de identidad CED08, KEMBLY ALIZETH SOTO CHAVES, cédula de identidad CED09, Nombre10, cédula de identidad CED10, Nombre11, cédula de identidad CED11, Nombre12, cédula de identidad CED12, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.-Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 16 de junio de 2025, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Ministerio de Salud, y manifiestan que son vecinos del cantón de Heredia. Indican que la Municipalidad de Heredia brinda el servicio de recolección de basura de forma oportuna y eficiente y, además, se encarga de la recolección de desechos no tradicionales y de reciclaje. Señalan que conforme la información que con la que cuentan, el servicio de recolección de basura es contratado por la corporación mencionada a un consorcio que se encarga tanto de la recolección de los residuos, así como el tratamiento o disposición final de estos. Agregan que conocen que el contrato está pronto a vencer, por lo que se inició una licitación para contratar nuevamente el servicio a inicios del mes de marzo de 2025. Aducen que en abril de este año se percataron que el Ministerio de Salud promulgó el decreto ejecutivo número 44974-S, denominado Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios y orgánicos en Costa Rica. Afirman que dicha norma impone a las municipalidades que deben organizarse para tratar entre todas los residuos sólidos ordinarios, sin que puedan disponer esos desechos en regiones distintas a la suya. Señalan que dicha obligación rige desde la fecha de publicación del decreto, imponiéndole a las municipalidades que los nuevos procesos de contratación o las prórrogas de los contratos de los servicios de recolección de basura deban acogerse a dicha disposición. Indican que esto implica que la Municipalidad de Heredia no tenga donde depositar la basura que generan los habitantes del cantón, pues la empresa que actualmente se encarga del proceso, lo hace en un parque ambiental ubicado en Miramar. Alegan que se encuentran preocupados, pues el contrato estaba a punto de vencer a la fecha de interposición del amparo, por lo que se dejaría a la Municipalidad de Heredia en una situación compleja. Por lo expuesto, pide que se acoja el recurso y se ordene suspender los efectos del decreto ejecutivo mencionado. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.-En el caso concreto, los recurrentes cuestionan el decreto ejecutivo 44974-S, por cuanto consideran que generará una afectación ambiental, al impedir a la Municipalidad de Heredia poder disponer de los desechos sólidos del cantón en un lugar fuera de la región en la que se ubica el cantón. Ahora bien, conviene aclarar que los hechos planteados no son susceptibles de ser conocidos en este asunto, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabra el recurso de amparo “contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado”. De esta forma, el planteamiento hecho por los accionantes en el escrito inicial resulta improcedente, pues su caso no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por el numeral mencionado, para conocer por vía del amparo la constitucionalidad de una norma. En todo caso, y sin demérito de lo anterior, cabe mencionar que los alegatos planteados por los accionantes con respecto a una afectación ambiental en el cantón de Heredia, parten de una mera presunción sobre la que no existe certeza, de ahí que no pueda constatarse una lesión al numeral 50 constitución. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse. II.- Razones diferentes del magistrado Rueda Leal. En el sub lite, estimo importante aclarar que el inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el amparo procede contra las leyes u otras disposiciones normativas solo cuando se impugnen junto con actos de aplicación individual de aquellas. Así las cosas, como en el sub lite no se hace referencia a algún acto de aplicación individual del decreto nro. 44974-S, a priori debe ser desestimado. III.-DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- 2BN6AYMG5TQ61 EXPEDIENTE N° 25-017376-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:46:29. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
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Sala Constitucional
Resolution No. 20033 - 2025
Date of Resolution: June 27, 2025, at 09:20
Case File: 25-017376-0007-CO
Drafted by: Fernando Castillo Víquez
Type of Matter: Amparo Action
Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL
Ruling with protected data, in accordance with current regulations
Text of the Resolution
CASE FILE No. 25-017376-0007-CO
PROCEEDING: AMPARO ACTION
RESOLUTION No. 2025020033
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-seventh of June, two thousand twenty-five.
Amparo action filed by Nombre01, identity card CED01, Nombre02, none Not Indicated, Nombre03, identity card CED02, Nombre04, none Not Indicated, Nombre05, identity card CED03, Nombre06, identity card CED04, Nombre07, identity card CED05, Nombre08, identity card CED06, Nombre09, identity card CED07, JESUS ALBERTO VILLALOBOS MORALES, identity card CED08, KEMBLY ALIZETH SOTO CHAVES, identity card CED09, Nombre10, identity card CED10, Nombre11, identity card CED11, Nombre12, identity card CED12, against the MINISTERIO DE SALUD.
Whereas:
1.- By a brief received at the Secretariat of the Chamber on June 16, 2025, the petitioners file an amparo action against the Ministerio de Salud, and state that they are residents of the canton of Heredia. They indicate that the Municipalidad de Heredia provides the garbage collection service in a timely and efficient manner and, in addition, handles the collection of non-traditional waste and recycling. They point out that, according to the information they have, the garbage collection service is contracted by the aforementioned corporation to a consortium that is responsible for both the collection of the waste and its treatment or final disposal. They add that they know the contract is about to expire, so a bidding process was initiated to contract the service again at the beginning of March 2025. They argue that in April of this year they became aware that the Ministerio de Salud enacted the executive decree number 44974-S, called Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios y orgánicos en Costa Rica. They state that this regulation requires municipalities to organize themselves to treat all ordinary solid waste jointly, without being able to dispose of said waste in regions other than their own. They point out that this obligation is effective from the date of publication of the decree, imposing on municipalities that new contracting processes or extensions of garbage collection service contracts must comply with said provision. They indicate that this implies that the Municipalidad de Heredia would have nowhere to deposit the garbage generated by the inhabitants of the canton, since the company that currently handles the process does so in an environmental park located in Miramar. They claim that they are concerned, as the contract was about to expire at the date of filing the amparo action, which would leave the Municipalidad de Heredia in a complex situation. In light of the foregoing, they request that the action be upheld and that the effects of the mentioned executive decree be ordered suspended.
2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to reject any action brought before it outright or on the merits, at any time, even from its filing, when it proves to be manifestly inadmissible, or when it considers that there are sufficient elements of judgment to reject it, or that it is a simple reiteration or reproduction of a previous identical or similar action that was rejected.
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considering:
I.- In the specific case, the petitioners challenge executive decree 44974-S, as they consider that it will generate an environmental impact by preventing the Municipalidad de Heredia from being able to dispose of the canton's solid waste in a place outside the region in which the canton is located. However, it should be clarified that the facts raised are not susceptible to being heard in this matter, because in accordance with the provisions of article 30, subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an amparo action is not admissible “against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with acts of individual application of those, or when dealing with self-executing norms, such that their precepts become immediately obligatory by their mere enactment, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable to the injured party”. Thus, the approach taken by the claimants in the initial brief is inadmissible, since their case does not fall within the exceptional scenarios provided for in the mentioned numeral to hear the constitutionality of a norm through an amparo action. In any case, and without prejudice to the foregoing, it is worth mentioning that the allegations raised by the claimants regarding an environmental impact in the canton of Heredia are based on a mere presumption about which there is no certainty, hence a violation of constitutional numeral 50 cannot be verified. For the reasons stated, the action must be rejected.
II.- Different reasons by Magistrate Rueda Leal. In the case at hand, I deem it important to clarify that subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that an amparo action proceeds against laws or other normative provisions only when they are challenged together with acts of individual application of those. Thus, as in the case at hand no reference is made to any act of individual application of decree no. 44974-S, it must be dismissed a priori.
III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not removed within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI
Therefore:
The action is rejected outright. Magistrate Rueda Leal gives different reasons.
Fernando Castillo V.
Presidente
Fernando Cruz C.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ana Cristina Fernandez A.
Digitally Signed Document
-- Verification code --
2BN6AYMG5TQ61
CASE FILE No. 25-017376-0007-CO
Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. South of the iglesia del Perpetuo Socorro).
This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:46:29.
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