Coalición Floresta · Forest & Environmental Law Library
Español (source)I.-En el caso concreto, la parte recurrente cuestiona el decreto ejecutivo 44974-S, por cuanto considera que generará una afectación ambiental, al impedir a la Municipalidad de Heredia poder disponer de los desechos sólidos del cantón en un lugar fuera de la región en la que se ubica el cantón. Ahora bien, conviene aclarar que los hechos planteados no son susceptibles de ser conocidos en este asunto, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabra el recurso de amparo “contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado”. De esta forma, el planteamiento hecho por los accionantes en el escrito inicial resulta improcedente, pues su caso no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por el numeral mencionado, para conocer por vía del amparo la constitucionalidad de una norma. En todo caso, y sin demérito de lo anterior, cabe mencionar que los alegatos planteados por los accionantes con respecto a una afectación ambiental en el cantón de Heredia, parten de una mera presunción sobre la que no existe certeza, de ahí que no pueda constatarse una lesión al numeral 50 constitución. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse.
English (translation)I.- In the specific case, the petitioner challenges Executive Decree 44974-S, considering that it will cause environmental harm by preventing the Municipality of Heredia from disposing of the canton's solid waste in a place outside the region where the canton is located. However, it should be clarified that the facts presented cannot be heard in this matter, because according to Article 30(a) of the Constitutional Jurisdiction Law, amparo does not lie “against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with individual acts of application thereof, or when they are self-executing norms, so that their precepts become immediately mandatory by their mere promulgation, without the need for other norms or acts that develop them or make them applicable to the injured party.” Thus, the claim made by the petitioners in the initial brief is inadmissible, as their case does not fall within the exceptional scenarios provided for by the aforementioned numeral for hearing the constitutionality of a norm via amparo. In any event, and without prejudice to the foregoing, it is worth noting that the allegations raised by the petitioners regarding an environmental impact in the canton of Heredia are based on a mere presumption about which there is no certainty, hence a violation of Article 50 of the Constitution cannot be verified. For the foregoing reasons, the appeal must be dismissed.
Outright rejection
Grande Normal Pequeña Sala Constitucional Resolución Nº 20082 - 2025 Fecha de la Resolución: 27 de Junio del 2025 a las 09:20 Expediente: 25-017714-0007-CO Redactado por: Fernando Castillo Víquez Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Texto de la resolución EXPEDIENTE N° 25-017714-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2025020082 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil veinticinco . Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED01, contra el MINISTERIO DE SALUD. Resultando: 1.- Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 8:58 horas del 19 de junio de 2025, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Salud. Indica lo siguiente: “HECHOS: I. Que el suscrito es vecino del Cantón de Heredia y de conformidad con el Código Municipal nos corresponde cancelar el servicio de recolección de basura según lo dispone el artículo 83 del Código Municipal. II. Por el pago de dicho servicio se nos garantiza un servicio oportuno y eficiente de los residuos y ello nos garantiza los derechos de salud y un ambiente sano en nuestras comunidades. III. Que la municipalidad de Heredia brinda un servicio de recolección y tratamiento de residuos ordinarios de forma oportuna y, además, brinda también los servicios de recolección de desechos no tradicionales y recolección de reciclaje, todo esto como una forma de preservar la salud y mantener el ambiente sano para el disfrute de la comunidad. IV. Que como munícipes que somos, hemos tenido conocimiento que algunas municipalidades, por ejemplo: la Municipalidad de Jiménez, ha venido informando a la comunidad que a partir del mes de junio del presente año solo recogerán residuos orgánicos como restos de comida, alimentos en mal estado, restos de jardín, servilletas, brosa de café, debido a que no tienen contrato vigente con la empresa que les recoge los desechos y están valorando hacer algún enlace con Limón o Miramar, los cuales son los únicos rellenos disponibles. V. Que de acuerdo con la información que tenemos, el servicio para recogernos la basura es contratado por la Municipalidad de Heredia a un consorcio que se encarga tanto de la recolección de los residuos y además del tratamiento o disposición final de estos, situación que resulta sumamente ventajosa en el tanto se mantiene un único servicio que ha garantizado que Heredia sea una ciudad limpia y amigable con el ambiente. VI. Que adicionalmente, tuvimos conocimiento que el contrato que posee la Municipalidad de Heredia está próximo a vencer, pero iniciaron una licitación para contratar nuevamente el servicio a inicios del mes de marzo del presente año. VII. Que, para el mes de abril de este año, se promulgo por parte del Ministerio de Salud el Decreto Ejecutivo 44974-S REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN REGIONALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ORGÁNICOS EN COSTA RICA”, publicado 28 de abril del 2025. VIII. Que el decreto en cuestión impone a las Municipalidades que deben organizarse por regiones para tratar entre todas, los residuos sólidos ordinarios sin que puedan disponer esos desechos en regiones distintas a la suya. Esto es que, todas las municipalidades de una región, según lo dispuesto por el Ministerio de Planificación, deben depositar sus desechos en un mismo lugar o en lugares dentro de su región, situación que se vuelve incomprensible toda vez que dicha obligación rige desde la fecha de publicación del decreto imponiéndole a las Municipalidades que los nuevos procesos de contratación o las prórrogas de los contratos de los servicios de recolección de basura deben acogerse a esa orden lo que va a provocar que la Municipalidad de Heredia no tendrá donde depositar la basura que generamos todos los habitantes del cantón, porque los lugares donde se podrían depositar dicha basura dentro de la región central están próximos a finalizar su vida útil, aspecto que ha sido ampliamente difundido por la prensa y por el propio Ministerio de Salud. IX. Como vecino del cantón de Heredia estamos sumamente preocupados que una vez que venza el contrato a finales de esta semana para la recolección de basura, la Municipalidad de Heredia no tendría opciones donde depositar los desechos de basura ya que el consorcio (único oferente en la licitación que impulsaron antes de la entrada en vigencia del decreto) tiene un sistema de recolección de desechos y además dispone los desechos en un parque ambiental ubicado en Miramar, el cual es de los pocos que tiene una vida útil debidamente acreditada y que se ajusta plenamente a derecho. X. Que la actuación del Ministerio de Salud estaría invadiendo competencias de los Gobierno Locales, imponiéndoles dónde y cómo deben hacer los procesos de contratación para el tratamiento de desechos y además, les impone que deben hacer un relleno regional sin que exista planificación alguna para ello o algún plazo racional y proporcional para hacer un parque ambiental como el que se requiere, situación que nos afectará como vecino del cantón de Heredia y que definitivamente nos pone en riesgo inminente ante la imposibilidad que tendrá la municipalidad de recoger los desechos que generamos. XI. No cabe duda de que los más perjudicados seremos los heredianos ya que la basura se acumulará sin razón alguna debido a que la Municipalidad no podría ejecutar la licitación que promovió para la recolección y tratamiento de la basura, situación que insistimos afecta nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a un ambiente sano, conforme a las disposiciones de los artículos 21 y 50 Constitucionales. XII. Que la situación es sumamente gravosa porque a través de un decreto ejecutivo se les impone a las municipalidades de la región central que entre todos deben coordinar para que los contratos vigentes y sus prórrogas y los nuevos contratos para la recolección de basura y tratamiento, deben depositarse en un mismo lugar o en parques dentro de su región, ello implica que los cantones de: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Coronado, Acosta, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, Curridabat, León Cortés, Turrubares. Alajuela (excepto el distrito de Sarapiquí), San Ramón (excepto el distrito de San Isidro de Peñas Blancas), Grecia (excepto el distrito de Río Cuarto), Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz, Valverde Vega. Cartago. Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco. Heredia. Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo, deben buscar un parque ambiental dentro de esta región para depositar toda la basura que genere cada uno de ellos, sin poder utilizar otros parques fuera de la región central, esto a pesar de la existencia de contratos vigentes o de contratos próximos a firmar cuyas licitaciones iniciaron antes de la entra en vigor del decreto, como lo es el caso de la Municipalidad de Heredia. XIII. Que el decreto impone un carácter retroactivo y sumamente gravoso a las municipalidades, toda vez que a los contratos en ejecución se les obliga a ajustarse a esta restricción sin mayor consideración y franca afectación de los gobierno locales que ya tienen estabilidad en el tratamiento de la basura y disponiendo de sus desechos en un lugar habilitado plenamente para ello; además, le impone retroactivamente a la Municipalidad de Heredia, la imposibilidad de disponer los desechos en una región que no es la central ya que no podría ejecutarse la licitación que inició antes de la entrada en vigencia del decreto y cuyo parque ambiental se localiza en Miramar. XIV: No debe dejarse de lado que las Municipalidades tiene una autonomía de rango constitucional y que estas tienen competencia para poder licitar los servicios que se brindan en el cantón, por lo que la orden del Ministerio de Salud afecta dicha autonomía ya que no les permite tomar decisiones de cómo y dónde disponer de la basura que se genera en sus cantones y en el caso de la Municipalidad de Heredia es más gravoso aún porque solo UNA oferta se presentó que brinda una solución integral al problema pero que a partir de la imposición del Ministerio de Salud no tendría otras opciones reales para brindar el servicio de recolección de basura a finales del mes de junio próximo lo que evidentemente nos afectará gravosamente en temas de salud pública y ambientales. XV. Como vecino de Heredia, somos testigos del trabajo y la gestión que realiza la Municipalidad para cumplir con las disposiciones del artículo 8 de la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, que expresamente dispone que es la responsable de la gestión integral de los residuos que se generan en su cantón, siendo que tiene planes para el tratamiento de los desechos sólidos, reciclaje, basura no tradicional, todo esto a través de una gestión responsable y aplicando los procesos de contratación pública que orden la ley pero que ahora el Ministerio de Salud pretende desconocer y con ello generarnos a la población herediana un serio problema de salud ya que el servicio deberá paralizarse si no se toman acciones oportunas en tutela de nuestros derechos constitucionales. XVI. Es evidente y como vecino nos podemos percatar, que el Ministerio de Salud no consideró que la Región Central comprende el 54% de los Gobierno Locales, lo que evidentemente nos pone a todos en un riesgo inminente si a partir de lo dispuesto en este decreto se deben paralizar los servicios de recolección de basura. Insistimos, en el caso de Heredia, el servicio ha sido excelente, con un trabajo bien planificado, con contrataciones oportunas, pero no es posible que ahora, sin ningún tipo de coordinación, si comunicación a la comunidad que será la más afectada, el Poder Ejecutivo les imponga un cambio de reglas sin mayor consideración a la población no solo la herediana, sino la de todos los cantones que nos veremos afectados por esa decisión arbitraria. XVII. Somos conscientes que el tema de la basura es una problemática nacional, pero lo pretendido por el Ministerio de Salud es a todas luces contraria a las reglas de la ciencia, a la razonabilidad y proporcionalidad como principios que deben imperar en las actuaciones de los gobernantes. Para buscarse una solución es evidente que debe existir coordinación, comunicación, dialogo, condiciones que no se dieron con la imposición que viene haciendo el Ministerio de Salud. (…) PETITORIA: Con base en lo indicado, solicito en forma respetuosa a este Tribunal de Justicia Constitucional: a. Acoger el presente recurso de amparo para que, de manera cautelar y en aras de no afectar nuestros derechos fundamentales a la vida, la salud y ambiente sano; b. Se ordene al Ministerio de Salud la suspensión de los efectos del decreto ejecutivo y se permita a la municipalidad de Heredia seguir brindando el servicio de recolección y tratamiento de la basura en el cantón a partir de la licitación que se promovió ANTES de la entrada en vigor del decreto. c. Se condene al pago de las costas personales y procesales”. 2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y, Considerando: I.-En el caso concreto, la parte recurrente cuestiona el decreto ejecutivo 44974-S, por cuanto considera que generará una afectación ambiental, al impedir a la Municipalidad de Heredia poder disponer de los desechos sólidos del cantón en un lugar fuera de la región en la que se ubica el cantón. Ahora bien, conviene aclarar que los hechos planteados no son susceptibles de ser conocidos en este asunto, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no cabra el recurso de amparo “contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesidad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado”. De esta forma, el planteamiento hecho por los accionantes en el escrito inicial resulta improcedente, pues su caso no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos por el numeral mencionado, para conocer por vía del amparo la constitucionalidad de una norma. En todo caso, y sin demérito de lo anterior, cabe mencionar que los alegatos planteados por los accionantes con respecto a una afectación ambiental en el cantón de Heredia, parten de una mera presunción sobre la que no existe certeza, de ahí que no pueda constatarse una lesión al numeral 50 constitución. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse. II.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. En el sub lite, estimo importante aclarar que el inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que el amparo procede contra las leyes u otras disposiciones normativas solo cuando se impugnen junto con actos de aplicación individual de aquellas. Así las cosas, como en el sub lite no se hace referencia a algún acto de aplicación individual del decreto nro. 44974-S, a priori debe ser desestimado. III.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. El magistrado Rueda Leal da razones diferentes. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- QCJ8JNDJELM61 EXPEDIENTE N° 25-017714-0007-CO Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:46:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República
Sala Constitucional Resolution No. 20082 - 2025 Date of Resolution: 27 June 2025 at 09:20 Expediente: 25-017714-0007-CO Drafted by: Fernando Castillo Víquez Type of matter: Amparo action (Recurso de amparo) Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL Text of the resolution EXPEDIENTE N° 25-017714-0007-CO PROCEEDING: AMPARO ACTION (RECURSO DE AMPARO) RESOLUTION Nº 2025020082 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the twenty-seventh of June of two thousand twenty-five. Amparo action (Recurso de amparo) filed by Nombre01, identity card CED01, against the MINISTERIO DE SALUD. Whereas (Resultando): 1.- By brief incorporated into the Chamber's digital case file at 8:58 on 19 June 2025, the petitioner files an amparo action against the Ministerio de Salud. They indicate the following: “FACTS: I. That the undersigned is a resident of the Cantón de Heredia and, in accordance with the Municipal Code, we are responsible for paying for the garbage collection service as provided in article 83 of the Municipal Code. II. The payment of this service guarantees us a timely and efficient waste service, which in turn guarantees our rights to health and a healthy environment in our communities. III. That the municipalidad de Heredia provides a timely ordinary waste collection and treatment service and also provides non-traditional waste collection and recycling collection services, all as a way of preserving health and maintaining a healthy environment for the community's enjoyment. IV. That as residents we are, we have learned that some municipalities, for example: the Municipalidad de Jiménez, have been informing the community that starting in June of this year they will only collect organic waste such as food scraps, spoiled food, garden waste, napkins, coffee grounds, because they do not have a current contract with the company that collects their waste and are evaluating establishing some connection with Limón or Miramar, which are the only available landfills (rellenos). V. That according to the information we have, the garbage collection service is contracted by the Municipalidad de Heredia to a consortium that is responsible for both the collection of waste and its treatment or final disposal (disposición final), a situation that is highly advantageous as long as a single service is maintained that has ensured that Heredia is a clean and environmentally friendly city. VI. That additionally, we learned that the contract held by the Municipalidad de Heredia is about to expire, but they initiated a tender (licitación) to contract the service again at the beginning of March of this year. VII. That, in April of this year, the Ministerio de Salud promulgated Executive Decree 44974-S REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN REGIONALIZADA DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ORGÁNICOS EN COSTA RICA”, published 28 April 2025. VIII. That the decree in question requires Municipalities to organize themselves by regions to jointly manage ordinary solid waste (residuos sólidos ordinarios), without being able to dispose of this waste in regions other than their own. That is, all municipalities in a region, as determined by the Ministerio de Planificación, must deposit their waste in the same place or in places within their region, a situation that becomes incomprehensible since this obligation is in effect from the date of publication of the decree, requiring Municipalities that new contracting processes or extensions of garbage collection service contracts must comply with that order, which will cause the Municipalidad de Heredia to have nowhere to deposit the garbage generated by all the inhabitants of the canton, because the places where this garbage could be deposited within the central region are nearing the end of their useful life (vida útil), an aspect that has been widely reported by the press and by the Ministerio de Salud itself. IX. As a resident of the cantón de Heredia, we are extremely concerned that once the garbage collection contract expires at the end of this week, the Municipalidad de Heredia would have no options for where to deposit the garbage since the consortium (the sole bidder in the tender initiated before the decree's entry into force) has a waste collection system and also disposes of the waste in an environmental park (parque ambiental) located in Miramar, which is one of the few that has a duly accredited useful life and is fully lawful. X. That the Ministerio de Salud's action would be invading the powers of Local Governments, imposing on them where and how they must conduct contracting processes for waste treatment and, furthermore, imposing on them that they must build a regional landfill (relleno regional) without any planning for this or any reasonable and proportional timeframe to build an environmental park like the one required, a situation that will affect us as residents of the cantón de Heredia and that definitively puts us at imminent risk given the impossibility the municipality will face in collecting the waste we generate. XI. There is no doubt that the most harmed will be the residents of Heredia since garbage will accumulate without any reason because the Municipality could not execute the tender it promoted for garbage collection and treatment, a situation that we insist affects our right to health and our right to a healthy environment, in accordance with the provisions of articles 21 and 50 of the Constitution. XII. That the situation is extremely burdensome because, through an executive decree, the municipalities of the central region are required to coordinate among themselves so that current contracts and their extensions, and new contracts for garbage collection and treatment, must deposit waste in the same place or in parks within their region, which implies that the cantons of: San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Coronado, Acosta, Moravia, Tibás, Montes de Oca, Dota, Curridabat, León Cortés, Turrubares. Alajuela (except the distrito de Sarapiquí), San Ramón (except the distrito de San Isidro de Peñas Blancas), Grecia (except the distrito de Río Cuarto), Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz, Valverde Vega. Cartago. Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco. Heredia. Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores, San Pablo, must seek an environmental park within this region to deposit all the garbage generated by each of them, without being able to use other parks outside the central region, this despite the existence of current contracts or contracts about to be signed whose tenders began before the decree's entry into force, as is the case of the Municipalidad de Heredia. XIII. That the decree imposes a retroactive and extremely burdensome character on the municipalities, since contracts in execution are forced to adjust to this restriction without further consideration and with a clear impact on local governments that already have stability in their garbage treatment and dispose of their waste in a fully authorized place; furthermore, it retroactively imposes on the Municipalidad de Heredia the impossibility of disposing of waste in a region other than the central one, since the tender it initiated before the decree's entry into force and whose environmental park is located in Miramar could not be executed. XIV: It should not be overlooked that Municipalities have constitutionally enshrined autonomy and that they have the authority to tender the services provided in the canton, so the Ministerio de Salud's order affects this autonomy by not allowing them to make decisions about how and where to dispose of the garbage generated in their cantons, and in the case of the Municipalidad de Heredia it is even more burdensome because only ONE bid was submitted that offers a comprehensive solution to the problem, but due to the Ministerio de Salud's imposition, it would have no other real options for providing the garbage collection service at the end of next June, which will evidently seriously affect us in terms of public health and the environment. XV. As a resident of Heredia, we are witnesses to the work and management carried out by the Municipality to comply with the provisions of article 8 of Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, which expressly provides that it is responsible for the comprehensive management of waste (gestión integral de los residuos) generated in its canton, having plans for the treatment of solid waste, recycling, non-traditional garbage, all through responsible management and applying the public procurement processes ordered by law, but which the Ministerio de Salud now seeks to disregard, thereby creating for the population of Heredia a serious health problem since the service will have to be suspended if timely actions are not taken to protect our constitutional rights. XVI. It is evident, and as a resident we can see, that the Ministerio de Salud did not consider that the Central Region comprises 54% of Local Governments, which clearly puts us all at imminent risk if, based on the provisions of this decree, garbage collection services must be suspended. We insist, in the case of Heredia, the service has been excellent, with well-planned work, with timely contracts, but it is not possible that now, without any coordination, without communication to the community that will be the most affected, the Poder Ejecutivo imposes a rule change without further consideration for the population, not only that of Heredia but that of all the cantons that will be affected by this arbitrary decision. XVII. We are aware that the garbage issue is a national problem, but what is sought by the Ministerio de Salud is clearly contrary to the rules of science, reasonableness, and proportionality as principles that must prevail in the actions of the governing authorities. To seek a solution, it is evident that coordination, communication, and dialogue must exist, conditions that were not present with the imposition being made by the Ministerio de Salud. (…) PETITION: Based on the foregoing, I respectfully request this Constitutional Court: a. To grant this amparo action so that, as a precautionary measure and in order not to affect our fundamental rights to life, health, and a healthy environment; b. To order the Ministerio de Salud to suspend the effects of the executive decree and to allow the municipalidad de Heredia to continue providing the garbage collection and treatment service in the canton based on the tender promoted BEFORE the decree's entry into force. c. Be ordered to pay personal and procedural costs.” 2.- Article 9 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional empowers the Chamber to summarily or substantively dismiss, at any time, even from its filing, any petition brought before it that proves to be manifestly inadmissible, or when it deems sufficient grounds exist for its dismissal, or that it is a mere reiteration or reproduction of an identical or similar prior dismissed petition. Drafted by Judge Castillo Víquez; and, Considering (Considerando): I.- In this specific case, the petitioner challenges executive decree 44974-S, arguing that it will cause an environmental impact (afectación ambiental) by preventing the Municipalidad de Heredia from being able to dispose of the canton's solid waste (desechos sólidos) in a place outside the region where the canton is located. It should be clarified that the facts presented are not admissible in this matter, because in accordance with the provisions of article 30, subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, an amparo action is not admissible “against laws or other normative provisions, except when they are challenged jointly with individual application acts of those, or when they are self-executing norms, such that their precepts are immediately binding by their mere enactment, without the need for other norms or acts to develop them or make them applicable to the aggrieved party”. Thus, the claim made by the petitioners in the initial brief is inadmissible, as their case does not fall within the exceptional circumstances provided for in the aforementioned article for hearing, through this amparo action, the constitutionality of a norm. In any case, and without detriment to the foregoing, it should be mentioned that the arguments raised by the petitioners regarding an environmental impact in the cantón de Heredia stem from a mere presumption about which there is no certainty, hence an injury to article 50 of the Constitution cannot be verified. For the reasons stated, the action must be dismissed. II.- DIFFERENT REASONS FROM JUDGE RUEDA LEAL. In this case (sub lite), I deem it important to clarify that subsection a) of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that amparo action is admissible against laws or other normative provisions only when they are challenged together with individual application acts of those. Thus, since in this case no reference is made to any individual application act of decree no. 44974-S, it must be dismissed a priori. III.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any document in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the court office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, any material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of 22 August 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of 26 January 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on 3 May 2012, article LXXXI Therefore (Por tanto): The action is summarily dismissed. Judge Rueda Leal gives different reasons. Fernando Castillo V. Presidente Fernando Cruz C. Paul Rueda L. Jorge Araya G. Anamari Garro V. Ingrid Hess H. Ana Cristina Fernandez A. Digitally Signed Document -- Verification code -- QCJ8JNDJELM61 EXPEDIENTE N° 25-017714-0007-CO Phones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:46:52. SCIJ de Hacienda SCIJ de la Procuraduría General de la República