Res. 21357-2025 Sala Constitucional — CONAVI Not Obligated to Repair Gabion Wall on Private Property Outside Right-of-WayCONAVI no debe reparar muro de gaviones en propiedad privada fuera del derecho de vía

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Sala Constitucional

Resolución Nº 21357 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-009875-0007-CO

Redactado por: Fernando Cruz Castro

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-009875-0007-CO

Res. Nº 2025021357

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo interpuesto por Nombre01, cédula de identidad número CED01, y Nombre02, cédula número CED02, contra el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), contra el Ministerio de Salud y contra la Municipalidad de Desamparados.

RESULTANDO:

 1.- Por escrito agregado a este expediente el 7 de abril del 2025, los recurrentes alegaron, en resumen, que el 7 de noviembre de 2024 el Río Tiribí se llevó parte de la entrada de su casa de habitación. Señalan que las autoridades del Conavi llegaron al día siguiente del evento y tres días después volvieron al lugar e indicaron que cuando pasara el invierno intervendrían la entrada, porque se falseaba la base del puente que divide San Francisco de Dos Ríos y San Antonio, el cual es parte de una ruta nacional. Sin embargo, no lo han realizado. Solicitan ayuda a esta Sala para que el Conavi “cumpla con lo que dijeron”. Agregaron que el Ministerio de Salud los quiere sacar de su casa, hasta tanto no se cumpla con las reparaciones.

 2.- Por resolución de las diez horas tres minutos del nueve de abril de dos mil veinticinco, se le dio curso al proceso.

 3.- Rindió informe Mary Denisse Munive Angermüller c.c. Mery Munive Angermüller, Vicepresidenta de la República, y Ministra de Salud. Indicó lo siguiente:

“[…] En cumplimiento con lo solicitado, según lo indicado el Dr. Nelson Cordero Rodríguez, Director a. i. de la Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur, mediante oficio N° MS-DRRSCS-0848-2025 del 21 de abril de 2025, con respecto al caso de los recurrentes, indica:

“… esta Dirección hace de su conocimiento las actuaciones realizadas por parte del Área Rectora Sureste Metropolitano en el caso del deslizamiento de la ladera del puente del río Tiribi

1. Se atendió denuncia por parte de la Comisión Municipal de Emergencias, por deslizamiento en la ladera del puente del Río Tiribi, San Francisco de Dos Ríos, mayores, a le cual se le asigna el consecutivo interno 353-2024 para su debida atención y seguimiento.

2. Realizada la coordinación, el mismo 8 de noviembre de 2024, se llevó a cabo inspección por parte de autoridad sanitaria en conjunto con representantes de la Comisión Municipal de Emergencias de San José y Nivel Regional de la Unidad de Rectoría, a la vivienda localizada en San Francisco de Dos Ríos, propiedad del señor Nombre01 quien vive en compañía de su hijo, el señor Nombre02 y el hermano del dueño el señor Nombre01, personas que se citan en el informe de situación No.18 del Comité Municipal de Emergencias (CME SJO), afectados por el deslizamiento de la ladera del río Tiribi.

3. Determinó el ingeniero civil a cargo del caso, mediante informe técnico MSDRRSCS-URS-IT-0593-2024 con la fecha 08 de noviembre de 2024, indicando:

Se determina la existencia de un deslizamiento de suelo el cual, en principio, se da por el socavamiento de las cimentaciones de un muro de retención de gaviones. El colapso del muro provoca el movimiento de la masa de suelo el cual inestabiliza la zona anterior del bien inmueble. (subrayado no original)

Además, dentro de las recomendaciones se indica que la declaratoria de inhabitabilidad sobre la vivienda podrá ser levantada ante el cumplimiento de:

•Se señale, por parte de la municipalidad, el cumplimiento de las condiciones registrales, de propiedad y ordenamiento territorial y urbano y de lo establecido sobre las zonas de protección forestal de la margen del río Tiribí.

•Se implementen obras de estabilización del terreno, diseñadas y supervisadas por un profesional debidamente colegiado.

4. En fecha 01 de abril del presente año, se notifica la orden sanitaria MSDRRSCS-DARSSEM-OS-1374-2025 por condición de inhabitabilidad de la vivienda del señor Nombre01, localizada en la ladera del río Tiribí, en San Francisco de Dos Ríos puente sobre el río que comunica el Distrito de San Francisco con Desamparados, donde se ordena deshabitar la vivienda en un plazo de 2 meses calendario, a partir de la fecha de notificación, acorde al informe de la Unidad de Rectoría del 08 de noviembre 2024, MS-DRRSCSURS-IT-0593-2024, debido a presentar “condiciones riesgosas para sus habitantes, las cuales fueron ocasionadas por el fallo en el muro de gaviones en el margen derecho del río Tiribí, afectando el acceso y entrada de la vivienda.”

5. Además, el Área Rectora dirigió las cartas MS-DRRSCS-DARSSEM-OF-1529- 2025 al Consejo Nacional de la Persona Mayor, en fecha 08 de abril de 2025 y al Instituto Mixto de Ayuda Social MS-DRRSCS-DARSSEM-OF1549-2025, el pasado 10 de abril de 2025, debido a que el señor Nombre01 presenta condición de vulnerabilidad por ser adulto mayor, con la finalidad de que brinden la atención correspondiente a sus competencias.

6. En fecha 10 de abril de 2025, se realizó inspección de seguimiento del caso 353-2025, a la vivienda del señor recurrente. Por parte del ingeniero civil destacado en el área Rectora, emitiendo el informe MS-DRRSCS-1545-2025, donde indica: “la vivienda no presenta daños, como lo son desplomes de paredes, asentamientos excesivos o socavamientos de los cimientos, de acuerdo con esto No se considera que la vivienda represente un riesgo inminente para los habitantes. No obstante, el muro de gaviones se debe reparar para evitar algún perjuicio a futuro, así como el alcantarillado de desfogue de aguas.” Debido a lo anterior, la directora gira los actos administrativos MSDRRSCS-DARSSEM1433-2025 al CONAVI y el MS-DRRSCS-DARSSEM1434-2025 al Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, notificadas el 03 de abril de 2025 …”

 

 4.- Rindió informe Mauricio Sojo Quesada, Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad. Indicó lo siguiente:

“ […] III. ASPECTOS DE RELEVANCIA:

A. COMPETENCIAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Previo a analizar el fondo del presente recurso, es importante recalcar e indicar que las competencias del Consejo Nacional de Vialidad se encuentran limitadas en su ley de creación número 7798.

La mencionada ley, establece expresamente las competencias del CONAVI en su artículo número 4, que dice:

“ARTÍCULO 4.- Serán objetivos del Consejo Nacional de Vialidad los siguientes:

a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

b) Administrar su patrimonio.

c) Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial nacional.

d) Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la calidad.

e) Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el campo de la construcción y conservación vial.

f) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.” (La negrita no es de su original)

En complemento con lo anterior, el artículo 1 de la “Ley de Creación del CONAVI”, Ley No. 7798, define los siguientes conceptos:

“Artículo 1.- La presente ley regula la construcción y conservación de las carreteras, calles de travesía, pares viales y puentes de la red vial nacional. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos: Red vial nacional: conjunto de carreteras nacionales determinadas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con sustento en los estudios técnicos respectivos.

Calles de travesía: conjunto de carreteras públicas nacionales que atraviesan el cuadrante de un área urbana o de calles que unen dos secciones de carretera nacional en el área referida, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972.

Conservación vial: conjunto de actividades destinadas a preservar, de forma continua y sostenida, el buen estado de las vías y los puentes, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario. La conservación vial comprende todo lo que no alcanza a ser construcción de obras nuevas o variación sustancial de estándar de las existentes. Tampoco comprende las obras de restauración que se requieren a causa de emergencias, salvo lo dispuesto por la presente ley como excepción. Dentro de la conservación vial pueden distinguirse las siguientes actividades: mantenimiento (rutinario y periódico), refuerzo, rehabilitación y mejoramientos puntuales. Mantenimiento rutinario: Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de la demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de las estructuras de puentes.

Mantenimiento periódico: conjunto de actividades programables, cada cierto período, tendientes a renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recapados asfálticos o de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente.

El mantenimiento periódico de los puentes incluye la limpieza, la pintura y la reparación o el cambio de elementos estructurales dañados o de protección. Pares viales: conjunto de dos vías, separadas entre sí, con sentidos opuestos de circulación vehicular, que permiten la distribución del flujo vehicular entrante y saliente de los centros urbanos, situación que permite darle continuidad física y funcional a una determinada ruta de la red vial nacional. Rehabilitación: Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer. La solidez estructural y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez en cada caso, podrá incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no implique construir puentes o alcantarillas mayores. Antes de cualquier actividad de rehabilitación en la superficie de ruedo, deberá verificarse que el sistema de drenaje funcione bien. La rehabilitación de puentes se refiere a reparaciones mayores, tales como el cambio de elementos o componentes estructurales principales o el cambio de la losa del piso. Reconstrucción: Renovación completa de la estructura del camino, con previa demolición parcial o total de la estructura del pavimento o las estructuras de puente. Mejoramiento: mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía y la velocidad de circulación. También se incluyen, dentro de esta categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de superficie ("upgrade") de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o intersecciones.

Mejoramientos puntuales: corresponden a mejoras o modificaciones localizadas del estándar horizontal o vertical de los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, a fin de incrementar la seguridad vial. Se consideran mejoramientos puntuales: la construcción de bahías de autobuses, el mejoramiento de cruces, la ampliación puntual de la calzada para ubicar un carril de giro; así como corregir el alineamiento vertical u horizontal de puntos con incidencia de accidentes de tránsito.

Obras nuevas: Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional existente, de acuerdo con la presente ley”.

De igual manera, tomando en cuenta la normativa citada, es importante indicar que, la Administración Pública realiza su función en estricto apego al “Principio de Legalidad” contenido en el artículo 11 de la “Constitución Política”, en el cual dispone que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella (...)”.

Asimismo, en la Ley No.6227 “Ley General de la Administración Pública”, nos reitera que como funcionarios públicos debemos actuar amparados en la normativa vigente, tal y como se puede apreciar también en el numeral 11 que señala: “(…) 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”.

Por lo anterior y en acatamiento al artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, mismos que refieren al Principio de Legalidad, es que el Consejo Nacional de Vialidad únicamente puede hacer aquello que esté dispuesto mediante su ley y lo que prescribe al efecto el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, actuar en contraposición a lo establecido en el artículo 1 y 4 de la Ley No. 7798, sería contrario al Ordenamiento Jurídico, situación que podría -eventualmente- acarrear responsabilidad para los funcionarios y para la misma Administración.

Es importante recalcar que el CONAVI atiende rutas nacionales en el margen de acción que contempla el artículo 1 y 4 de la Ley No. 7798.

IV. CONSIDERACIONES DE FONDO

En virtud de lo anterior, corresponde referirse a los aspectos relacionados según el ámbito de competencias y funciones de este Consejo, así como a los hechos expuestos por el señor Nombre01, los cuales serán abordados en el presente informe de manera puntual.

Para la debida atención de la situación planteada en el presente recurso de amparo, se procedió a solicitar a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad la emisión de un informe técnico en relación con los hechos denunciados. Dicho informe fue emitido mediante el oficio CARTA-CONAVI-DRC-02-2025-0496, con fecha 9 de abril de 2025, el cual se adjunta como prueba documental. En dicho documento se establece lo siguiente:

Antecedentes del Caso:

I. Hechos alegados por el recurrente:

• El 7 de noviembre de 2024, el Río Tiribí destruyó parte de la entrada de la casa de habitación de los recurrentes.

• Según un informe del Ministerio de Salud, oficio MS-DRRSCS-URS.IT-0593-2024 del 8 de noviembre de 2024, el daño fue provocado por el colapso de un muro de retención de gaviones en la margen derecha del río.

• Este colapso afectó directamente el terreno del inmueble de los recurrentes.

• CONAVI visitó el lugar el día siguiente y luego tres días después, indicando que intervendrían una vez pasado el invierno para reparar la entrada y la base del puente cercano.

• No obstante, hasta la fecha de la resolución, las reparaciones no se han realizado, y el Ministerio de Salud exige el desalojo del inmueble hasta que se cumplan las obras.

Ubicación:

Con respecto a lo indicado en el Recurso dicho punto se encuentra ubicado en la Ruta Nacional No. 211, Sección de Control No. 19056 “Dirección01 (Paso Inferior R.39) – Dirección02 (Rio Tiribí) (Lte. Cant)”.

[…]

Alegatos:

I. Sobre el colapso del muro de gaviones y el deslizamiento reportado:

Los señores Nombre01 y Nombre02 alegan que el 7 de noviembre de 2024 ocurrió un deslizamiento en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en las cercanías del río Tiribí, en el límite entre San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados, adyacente a la ruta nacional secundaria N.º 211. Según su relato, dicho evento fue provocado por el colapso de un muro de retención tipo gavión, asociado a una obra pública, lo cual generó afectación directa al acceso de su propiedad.

En relación con esta afirmación, se aclara que el muro de gaviones aludido constituye una estructura complementaria dentro del derecho de vía de la Ruta Nacional No. 211, concebida para dar estabilidad a los elementos que conforman dicha infraestructura vial, particularmente el puente vehicular y el sistema de drenaje pluvial asociado. Estas obras no tienen como finalidad proteger edificaciones privadas colindantes ni atender necesidades estructurales fuera del derecho de vía. Su propósito es preservar la integridad y funcionalidad de la carretera nacional y sus componentes, garantizando el derecho de acceso a la ruta y la seguridad vial de los ciudadanos en la ruta respectiva.

El marco legal vigente establece de manera expresa los límites de acción del Consejo Nacional de Vialidad. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley N.º 7798, Ley de Creación del CONAVI, esta institución tiene la obligación de planear, diseñar, conservar y mantener la red vial nacional. Por su parte, el artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos, Ley N.º 5060, establece que dicha competencia se limita estrictamente a lo que se entiende como derecho de vía, esto es, la franja de terreno destinada a la operación segura de las vías públicas.

En ese sentido, las obras complementarias dentro del derecho de vía —como los muros de contención o gaviones— responden exclusivamente a necesidades de estabilización de taludes o protección de estructuras como puentes, calzadas u obras de drenaje. Estas no están concebidas ni orientadas a resolver o mitigar afectaciones en terrenos privados, por lo que cualquier responsabilidad sobre propiedades ubicadas fuera del derecho de vía recae en instituciones competentes como el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencias o los gobiernos locales.

En complemento a lo anterior, se realizaron inspecciones técnicas y se indica de manera clara que el puente no presenta daño estructural alguno, en la que consta que los elementos principales del puente, incluyendo estribos, vigas y losas, se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento. Esta verificación confirma que, a pesar del evento reportado y el colapso parcial del muro, la infraestructura vial nacional no ha sido comprometida en su operación ni estabilidad.

Por tanto, no es atribuible a este Consejo Nacional Vialidad una omisión en la atención del caso ni puede imputársele responsabilidad por afectaciones generadas fuera de su ámbito de actuación legalmente definido.

II. Sobre los límites de intervención del CONAVI en propiedad privada

El recurrente sugiere que el CONAVI debió haber intervenido directamente ante los daños sufridos en su vivienda. No obstante, conforme a la normativa vigente, el Consejo Nacional de Vialidad carece de competencia legal para intervenir en inmuebles privados, así como para realizar peritajes estructurales o ejecutar obras de mitigación fuera de los límites establecidos por el derecho de vía.

La Ley N.° 7798 (Ley de Creación del CONAVI) en su artículo 2 delimita de forma precisa las funciones de esta institución, circunscribiéndolas a la planificación, diseño, conservación y mantenimiento de la red vial nacional y sus obras complementarias. De igual forma, la Ley General de Caminos Públicos, N.° 5060, en su artículo 32, establece que tales funciones se deben ejercer dentro de la red vial nacional, definida por el derecho de vía, que comprende la calzada, espaldón, obras de drenaje y estructuras auxiliares destinadas a garantizar la seguridad del tránsito.

Intervenir en propiedades privadas, emitir dictámenes de habitabilidad, o realizar intervenciones sobre viviendas afectadas por fenómenos naturales son acciones que, por disposición legal, corresponden a otras entidades del Estado.

III. Sobre la ubicación de la vivienda del recurrente y zona de protección de cauces

Según se desprende de los hechos alegados en el presente recurso, la vivienda de los señores Nombre01 y Nombre02 se encuentra colindante al cauce del río Tiribí, en una zona limítrofe entre San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados. Esta ubicación está sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley Forestal N.° 7575, la cual define una franja de protección a lo largo de los ríos y quebradas que debe mantenerse libre de construcciones y actividades que alteren el ecosistema. Para ríos con un cauce superior a 6 metros de ancho, como es el caso del río Tiribí, la zona de protección mínima es de 15 metros a cada lado del cauce, conforme lo establece el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Aguas (Decreto Ejecutivo N.° 32397-MINAE-SMAG-MOPT). Dentro de esta franja no deben ubicarse construcciones permanentes sin la debida autorización del MINAE, lo cual limita aún más la posibilidad de intervención por parte de esta institución.

Lo anterior refuerza que la ubicación del inmueble está en una zona de protección ambiental, lo cual limita aún más la posibilidad de intervención del CONAVI y, además, el cumplimento del retiro establecido en los márgenes de los ríos y el permiso de construcción, es competencia del gobierno local, siendo también las valoraciones de riesgo habitacional y posibles reubicaciones materia exclusiva de las autoridades de salud y de emergencias.

[…]

Lo anterior refuerza que la ubicación del inmueble está en una zona de protección ambiental, lo cual limita aún más la posibilidad de intervención del CONAVI y, además, el cumplimento del retiro establecido en los márgenes de los ríos y el permiso de construcción, es competencia del gobierno local, siendo también las valoraciones de riesgo habitacional y posibles reubicaciones materia exclusiva de las autoridades de salud y de emergencias.

Conclusiones:

1. El CONAVI ha actuado conforme al marco legal vigente, verificando el estado estructural de la infraestructura vial y canalizando el caso según sus competencias.

2. El puente vehicular no presenta daños estructurales ni riesgo de colapso, de conformidad con la prueba aportada.

3. La afectación recae sobre una vivienda ubicada fuera del derecho de vía, en zona de riesgo ambiental, lo cual es propiedad privada que se encuentra fuera de las competencias de CONAVI.

4. El muro colapsado corresponde a una obra complementaria de estabilización dentro del derecho de vía de la Dirección03, cuya finalidad es la protección de la infraestructura vial, no de propiedades privadas colindantes.

5. El CONAVI no tiene competencia legal para ejecutar obras fuera del derecho de vía ni para intervenir en inmuebles privados, como ocurre en el presente caso.

6. Resulta relevante indicar que ya se había planteado un recurso de amparo anterior relacionado con los mismos hechos y ubicación, identificado como Expediente N.° 24-006427-0007-CO, interpuesto por el señor Rolando Alberto Solano González, y tramitado por esta institución mediante el informe técnico DRC-02-2025-0422 (0259), fechado el 1 de abril de 2025, en el que se expusieron los mismos fundamentos técnicos, legales y geográficos.

7. El Consejo Nacional de Vialidad no ha violentado ningún derecho o garantía fundamental a los recurrentes, tal y como lo indican en el presente recurso de amparo.

En atención a los hechos planteados y conforme al informe técnico rendido, se reitera que este Consejo ha actuado conforme a los límites que le impone el marco jurídico vigente, atendiendo diligentemente los aspectos que le competen dentro del derecho de vía de la Dirección04. La afectación señalada por los recurrentes, si bien se reconoce como una situación lamentable, se ubica fuera del ámbito de actuación de esta institución, tanto por tratarse de una propiedad privada como por encontrarse en una zona de protección ambiental regulada por normativa específica.

De conformidad con la rendición del informe de actuaciones que acá nos ocupa, por parte de este Consejo queda demostrado que en apego a la normativa establecida y al principio de legalidad se han realizado las gestiones y diligencias pertinentes para atender lo ordenado por esta Honorable Sala, conforme lo establecen la Ley N.° 7798 (Ley de Creación del CONAVI) y la Ley N.° 5060 (Ley General de Caminos Públicos). Las intervenciones realizadas han estado limitadas al ámbito del derecho de vía, sin que medie omisión alguna atribuible a esta institución. Resulta jurídicamente improcedente pretender que el CONAVI intervenga en propiedad privada o ejecute obras fuera del derecho de vía.

No existe omisión por parte del CONAVI, ya que se han realizado las inspecciones técnicas pertinentes, constatando la integridad estructural de la infraestructura vial nacional, sin que exista afectación que comprometa su funcionalidad o seguridad. La responsabilidad sobre la atención de daños en propiedades privadas, especialmente cuando estas se encuentran en zonas ambientalmente restringidas, corresponde a otras autoridades con competencia específica.

En consecuencia, se solicita a esta honorable Sala tener por rendido el presente informe, y reiterar que las acciones emprendidas por esta institución han sido acordes a su marco legal y reglamentario, sin que exista fundamento para atribuirle responsabilidad por hechos ajenos a su competencia Con relación a todo lo anterior y fundamento de derecho, se tiene que este Consejo ni el suscrito en lo personal ha violentado ningún derecho fundamental del recurrente, que deba ser analizado por los honorables señores Magistrados de esa Sala”.

 

 5.- Rindió informe Antonieta Naranjo Brenes, Alcaldesa de la Municipalidad de Desamparados, rindió el informe. Indicó lo siguiente:

“Vistos los hechos y argumentos expresados por el recurrente en el Recurso de Amparo, y de conformidad con el Informe IF-GR-069-2025, del 22 de abril del 2025, del área de gestión del riesgo, de la Municipalidad de Desamparados, se señala en lo conducente:

“ (…) 2. Verificación en sitio: Se realizó una inspección al sitio el día 22 de abril del 2025, con el fin de corroborar la situación planteada. Durante la visita, se constató que los hechos descritos efectivamente corresponden al margen derecha del río Tiribi, por tanto, le corresponde la atención a la Municipalidad de San José (…) “

Dado lo anterior, se indica a la honorable Sala que se opone la excepción de falta de competencia en razón del territorio, de manera que se solicita con todo respeto, se enderecen los procedimientos hacia el ente competente según su jurisdicción, lo cual se indica en el informe supra, que la incidencia, se ubica en el lindero que pertenece al cantón de San José.-”

 

 6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

 I.- OBJETO. Los recurrentes alegaron que, el 7 de noviembre de 2024, el Río Tiribí “se llevó” parte de la entrada de su casa de habitación. Señalan que las autoridades del Conavi llegaron al día siguiente del evento y, tres días después, volvieron al lugar e indicaron que cuando pasara el invierno intervendrían la entrada, porque se falseaba la base del puente que divide San Francisco de Dos Ríos y San Antonio, el cual es parte de una ruta nacional. Sin embargo, no lo han realizado. Solicitan ayuda a esta Sala para que el Conavi “cumpla con lo que dijeron”. Agregaron, por otro lado, que el Ministerio de Salud los quiere sacar de su casa, hasta tanto no se cumpla con las reparaciones.

 II.- Consideraciones previas. Lo planteado podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa (con algunas excepciones) aquellos asuntos en los que se discuta si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo (incoado de oficio o a instancia de parte) o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso, se plantea un supuesto de excepción pues se trata de una situación que involucra a una persona adulta mayor y que, según se alegó, pone en riesgo su salud.

 III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1) El 8 de noviembre de 2024, la Comisión Municipal de Emergencias de San José, mediante llamada telefónica a la dirección del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, solicita realizar inspección conjunta para la atención de emergencia por deslizamiento ocurrido en la ladera del puente sobre el río Tiribí en San Francisco de Dos Ríos, que causó afectación a una vivienda, donde habitan tres personas adultas, dos de ellos adultos mayores (informe rendido).

2) El mismo 8 de noviembre de 2024, se llevó a cabo inspección por parte del Área Rectora de Salud en conjunto con representantes de la Comisión Municipal de Emergencias de San José y Nivel Regional de la Unidad de Rectoría, a la vivienda localizada en San Francisco de Dos Ríos. La vivienda inspeccionada es propiedad del señor Nombre01 quien vive en compañía de su hijo, el señor Nombre02 y el hermano del dueño el señor Nombre01 (informe rendido).

3) Una vez realizada la inspección al lugar, se emite por parte del ingeniero civil de la Unidad de Rectoría de la Salud informe técnico MS-DRRSCS-URS-IT-0593-2024 con la fecha 08 de noviembre de 2024, que indica lo siguiente: “Se determina la existencia de un deslizamiento de suelo el cual, en principio, se da por el socavamiento de las cimentaciones de un muro de retención de gaviones. El colapso del muro provoca el movimiento de la masa de suelo el cual inestabiliza la zona anterior del bien inmueble” (informe rendido).

4) El 1° de abril del 2025, el Área Rectora de Salud procedió a realizar notificación de orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSSEM-OS1374-2025 por condición de inhabitabilidad de la vivienda del señor Nombre01, localizada en la ladera del río Tiribí, en San Francisco de Dos Ríos puente sobre el río que comunica el Distrito de San Francisco con Desamparados, donde se ordena deshabitar la vivienda en un plazo de 2 meses calendario, a partir de la fecha de notificación (1° de abril de 2025) acorde al informe de la Unidad de Rectoría del 08 de noviembre 2024 MS-DRRSCS-URS-IT-0593-2024, debido a presentar condiciones riesgosas para sus habitantes, las cuales fueron ocasionadas por el fallo en el muro de gaviones en el margen derecho del río Tiribí, afectando el acceso y entrada de la vivienda (informe rendido).

5) En apoyo a la situación de vulnerabilidad que presenta el señor Nombre01, adulto mayor de 88 años, se remitió su caso al Consejo Nacional de la Persona Mayor (CONAPAM) el pasado 8 de abril del 2025 y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el día 10 de abril de 2025 (informe rendido).

6) El 10 de abril de 2025, el Área Rectora de Salud realiza inspección de seguimiento del caso 353-2025, que involucra la vivienda del señor Nombre01 (informe rendido).

7) Según informe del ingeniero civil de esa Área Rectora Sureste Metropolitana MSDRRSCS-1545-2025, la vivienda no presenta daños, como lo son desplomes de paredes, asentamientos excesivos o socavamientos de los cimientos, de acuerdo con esto no se considera que la vivienda represente un riesgo inminente para los habitantes. No obstante, el muro de gaviones se debe reparar para evitar algún perjuicio a futuro, así como el alcantarillado de desfogue de aguas, motivo por el cual se giraron los actos administrativos MS-DRRSCS-DARSSEM1433-2025 al CONAVI y el MSDRRSCS-DARSSEM-1434-2025 al Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, notificadas el pasado 03 de abril de 2025 (informe rendido).

8) El muro de gaviones anteriormente aludido constituye una estructura complementaria dentro del derecho de vía de la Ruta Nacional No. 211, concebida para dar estabilidad a los elementos que conforman dicha infraestructura vial, particularmente el puente vehicular y el sistema de drenaje pluvial asociado. Estas obras no tienen como finalidad proteger edificaciones privadas colindantes ni atender necesidades estructurales fuera del derecho de vía. Su propósito es preservar la integridad y funcionalidad de la carretera nacional y sus componentes, garantizando el derecho de acceso a la ruta y la seguridad vial de los ciudadanos en la ruta respectiva (informe rendido).

9) El CONAVI realizó inspecciones técnicas y se indica de manera clara que el puente no presenta daño estructural alguno. Los elementos principales del puente, incluyendo estribos, vigas y losas, se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento. Esta verificación confirma que, a pesar del evento reportado y el colapso parcial del muro, la infraestructura vial nacional no ha sido comprometida en su operación ni estabilidad (informe rendido).

10) El bien inmueble que habitan los amparados está en una zona de protección ambiental (informe rendido).

IV.- Caso concreto. Los recurrentes interponen este amparo porque consideran que el Consejo Nacional de Vialidad debe reparar un muro de retención de gaviones que cedió, debido a un deslizamiento en una ladera del puente del río Tiribí, el cual divide San Francisco de Dos Ríos y San Antonio y es parte de una ruta nacional. Alegan que el deslizamiento dañó una parte de la entrada de su casa de habitación y, además, falsea la base del puente. Aseguran que funcionarios del CONAVI se presentaron al lugar, verificaron el problema e indicaron que intervendrían, pero no lo han hecho. Solicitan a esta Sala que ordene al CONAVI que “cumpla con lo que dijeron”. Por otra parte, agregaron que el Ministerio de Salud pretende desalojarlos de la vivienda, hasta tanto no se cumpla con las reparaciones.

Ahora bien, de conformidad con los informes bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción, se comprueba que, el 8 de noviembre de 2024, la Comisión Municipal de Emergencias de San José, mediante llamada telefónica a la dirección del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, solicita realizar inspección conjunta para la atención de emergencia por deslizamiento ocurrido en la ladera del puente sobre el río Tiribí en San Francisco de Dos Ríos, que causó afectación a una vivienda, donde habitan los recurrentes. Una vez realizada la inspección al lugar, el ingeniero civil de la Unidad de Rectoría de la Salud concluye lo siguiente: “Se determina la existencia de un deslizamiento de suelo el cual, en principio, se da por el socavamiento de las cimentaciones de un muro de retención de gaviones. El colapso del muro provoca el movimiento de la masa de suelo el cual inestabiliza la zona anterior del bien inmueble”. Por consiguiente, el 1° de abril del 2025, el Área Rectora de Salud procedió a realizar notificación de orden sanitaria MS-DRRSCS-DARSSEM-OS1374-2025 por condición de inhabitabilidad de la vivienda y ordena deshabitar la vivienda en un plazo de 2 meses calendario, a partir de la fecha de notificación (1° de abril de 2025), debido a presentar condiciones riesgosas para sus habitantes, las cuales fueron ocasionadas por el fallo en el muro de gaviones en el margen derecho del río Tiribí, afectando el acceso y entrada de la vivienda. En apoyo a la situación de vulnerabilidad que presenta uno de los recurrentes, adulto mayor, se remitió su caso al Consejo Nacional de la Persona Mayor (CONAPAM) el pasado 8 de abril del 2025 y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el día 10 de abril de 2025.

Posteriormente, el 10 de abril de 2025, el Área Rectora de Salud realiza inspección de seguimiento del caso. Según informe del ingeniero civil de esa Área Rectora Sureste Metropolitana, la vivienda no presenta daños, como lo son desplomes de paredes, asentamientos excesivos o socavamientos de los cimientos, de acuerdo con esto no se considera que la vivienda represente un riesgo inminente para los habitantes. No obstante, el muro de gaviones se debe reparar para evitar algún perjuicio a futuro, así como el alcantarillado de desfogue de aguas, motivo por el cual se giraron los actos administrativos al CONAVI y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, notificadas el pasado 3 de abril de 2025.

Por su parte, el CONAVI alegó que no puede intervenir con recursos públicos en protección de propiedad privada. Explicó que el muro de gaviones anteriormente aludido constituye una estructura complementaria dentro del derecho de vía de la Ruta Nacional No. 211, concebida para dar estabilidad a los elementos que conforman dicha infraestructura vial, particularmente el puente vehicular y el sistema de drenaje pluvial asociado. Estas obras no tienen como finalidad proteger edificaciones privadas colindantes ni atender necesidades estructurales fuera del derecho de vía. Su propósito es preservar la integridad y funcionalidad de la carretera nacional y sus componentes, garantizando el derecho de acceso a la ruta y la seguridad vial de los ciudadanos en la ruta respectiva. Al respecto el CONAVI realizó inspecciones técnicas y se indica de manera clara que el puente no presenta daño estructural alguno. Los elementos principales del puente, incluyendo estribos, vigas y losas, se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento. Esta verificación confirma que, a pesar del evento reportado y el colapso parcial del muro, la infraestructura vial nacional no ha sido comprometida en su operación ni estabilidad. Por otra parte, el CONAVI verificó también que el bien inmueble que habitan los amparados está en una zona de protección ambiental.

V.- De conformidad con las razones expuestas, no hay motivo para ordenar el CONAVI la reparación que exigen los recurrentes. Primeramente, porque la estructura no tiene como finalidad proteger edificaciones privadas, sino los elementos que conforman dicha infraestructura vial y el CONAVI concluyó “de manera clara que el puente no presenta daño estructural alguno”. No procedería que esta Sala ordenara la inversión de fondos públicos para proteger una edificación privada, la cual, además, “está en una zona de protección ambiental”.

En segundo término, esa Sala ha intervenido en la medida en que se verifique una situación que ponga en riesgo la salud o la integridad de las personas. En este caso, si bien, en un primer momento, el Ministerio de Salud declaró inhabitable la vivienda, posteriormente, tras una inspección de seguimiento, concluyó que “no se considera que la vivienda represente un riesgo inminente para los habitantes”. Ciertamente, el Área de Salud concluyó también que el muro de gaviones se debe reparar para evitar algún perjuicio a futuro, así como el alcantarillado de desfogue de aguas, motivo por el cual se giraron los actos administrativos al CONAVI y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA, notificadas el pasado 3 de abril de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Salud notificó al CONAVI y al AYA el 3 de abril y este amparo se interpuso pocos días después, el 7 de abril, de manera que no se puede considerar que hubiera transcurrido un plazo excesivo y se debe recalcar que las gestiones no tienen como fin intervenir ante un riesgo inminente.

Finalmente, es importante agregar que esta Sala ya conoció en otro amparo la misma situación que aquí se plantea en relación con otra vivienda ubicada en el mismo lugar. En sentencia número 2025012052 de las nueve horas veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veinticinco, concluyó lo siguiente:

“…, también se acreditó que la Municipalidad recurrida le comunicó lo de su cargo al Consejo Nacional de Vialidad, quien indicó en sus manifestaciones que la vivienda del amparado se encuentra ubicada fuera del derecho de vía y, por su parte, ante las coordinaciones con el Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, se descartó la existencia de algún riesgo para el recurrente o su familia - claramente explicó la Directora del Área Rectora de Salud Sureste Metropolitana, que la vivienda del Sr. Rolando Solano no presenta condiciones de inseguridad para los habitantes-. De manera que, logra tener por acreditado esta Sala que, no se ha lesionado el derecho a una justicia pronta y cumplida, ya que con la diligencia y celeridad debida las autoridades atendieron al reclamo planteado por la recurrente. Además, también se descartó la existencia de algún riesgo para él y su familia.

En virtud de lo expuesto, no se constata lesión a los derechos fundamentales de la recurrente”.

 

En consecuencia, en relación con el CONAVI el recurso debe declararse sin lugar.

En otro orden de ideas, en relación con el Ministerio de Salud el recurso debe, de igual forma declararse sin lugar, puesto que intervino tan solo un día después, el 8 de noviembre del 2024, de que, según exponen los recurrentes sucedieron los hechos. Por otra parte, en un primer momento declaró inhabitable la vivienda, pero, dada la condición de vulnerabilidad de uno de los amparados, adulto mayor, puso al tanto de la situación al CONAPAM y al IMAS. Ciertamente, la declaratoria de inhabitabilidad se dictó meses después del suceso, es cierto también que se dictó antes de interpuesto este amparo. Posteriormente, le dio seguimiento al caso y, el 10 de abril del 2025, descartó el riesgo inminente para los habitantes del bien inmueble. Además, remitió los oficios que consideró pertinentes al CONAVI y al AYA.

En el mismo orden de ideas, contra la Municipalidad de Desamparados no hay motivo para declarar el recurso, dado que no es de su competencia, según se explicó, la intervención en el lugar del evento.

En suma, de conformidad con las razones expuestas, el recurso debe declararse sin lugar en todos sus extremos, como, en efecto, se dispone.

 VI.- Nota del Magistrado Castillo Víquez, en cuanto a la justicia administrativa pronta y cumplida. He apoyado la tesis de este Tribunal, de que cuando el justiciable alega una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida en sede administrativa, quienes deben conocer la controversia jurídica son los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y no esta Sala. Ahora bien, con la reciente promulgación de la Ley n.° 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, se ha establecido que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, en aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. A mi modo de ver, la normativa recién promulgada no implica que este Tribunal deba modificar su línea jurisprudencial, quien, con base en el numeral 7 de su Ley, le corresponde definir exclusivamente su propia competencia. Por ende, salvo aquellas controversias jurídico-constitucionales que han sido reconocidas por esta misma Sala como supuestos de excepción, que sí proceden ser conocidas en esta jurisdicción a través del proceso constitucional de garantía del amparo, en los demás casos, y por las razones que ha dado este Tribunal (sentencia N° 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008), los competentes son los Jueces de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, todo lo cual es conforme al numeral 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) y las normas legales correspondientes con base en una interpretación lógica, sistémica y teleológica del ordenamiento jurídico.

 VII.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la actividad o inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa (omisiva o no) se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que los recurrentes aseguran que el Consejo Nacional de Vialidad debe reparar un muro de retención de gaviones que cedió, debido a un deslizamiento en una ladera del puente del río Tiribí, en el puente que divide San Francisco de Dos Ríos y San Antonio, el cual es parte de una ruta nacional. Alegan que el deslizamiento dañó una parte de la entrada de su casa de habitación y, además, falsea la base del puente.

 VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

 Se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 D472XYZKBJAE61

EXPEDIENTE N° 25-009875-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:48:20.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

**WHEREAS:**

**1.-** By brief added to this case file on April 7, 2025, the petitioners alleged, in summary, that on November 7, 2024, the Tiribí River washed away part of the entrance to their dwelling house. They state that Conavi authorities arrived the day after the event and three days later returned to the site and indicated that when the winter passed, they would intervene at the entrance, because the base of the bridge that divides San Francisco de Dos Ríos and San Antonio, which is part of a national route, was being undermined. However, they have not done so. They request help from this Chamber so that Conavi "does what they said." They added that the Ministry of Health wants to remove them from their house, until the repairs are completed.

**2.-** By resolution at ten hours and three minutes on April ninth, two thousand twenty-five, the process was given course.

**3.-** Mary Denisse Munive Angermüller c.c. Mery Munive Angermüller, Vice President of the Republic and Minister of Health, rendered a report. She stated the following:

"[…] In compliance with what was requested, as indicated by Dr. Nelson Cordero Rodríguez, Acting Director of the Central South Regional Directorate of Health Governance (Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Sur), through official communication No. MS-DRRSCS-0848-2025 of April 21, 2025, regarding the case of the petitioners, he states:

"… this Directorate makes known to you the actions carried out by the Southeast Metropolitan Health Governance Area (Área Rectora Sureste Metropolitano) in the case of the landslide on the slope of the Tiribí River bridge.

1. A complaint was addressed by the Municipal Emergency Commission, for a landslide on the slope of the Tiribí River bridge, San Francisco de Dos Ríos, adults, to which internal consecutive number 353-2024 is assigned for its proper attention and follow-up.

2. After coordination, on November 8, 2024, an inspection was carried out by the health authority together with representatives of the Municipal Emergency Commission of San José and the Regional Level of the Governance Unit, at the dwelling located in San Francisco de Dos Ríos, property of Mr. Nombre01 who lives with his son, Mr. Nombre02 and the owner's brother, Mr. Nombre01, persons cited in situation report No. 18 of the Municipal Emergency Committee (CME SJO), affected by the landslide on the slope of the Tiribí River.

3. The civil engineer in charge of the case determined, through technical report MSDRRSCS-URS-IT-0593-2024 dated November 8, 2024, stating:

The existence of a soil landslide is determined, which, in principle, is caused by the undermining of the foundations of a gabion retention wall. The collapse of the wall causes the movement of the soil mass, which destabilizes the front area of the real property. (underlining not original)

Furthermore, within the recommendations, it is indicated that the declaration of uninhabitability of the dwelling may be lifted upon compliance with:

• The municipal government indicates compliance with registry conditions, property and territorial and urban planning regulations, and what is established regarding the forest protection zones (zonas de protección forestal) of the Tiribí River margin.

• Land stabilization works are implemented, designed and supervised by a duly licensed professional.

4. On April 1 of this year, sanitary order MSDRRSCS-DARSSEM-OS-1374-2025 was notified due to the uninhabitable condition of the dwelling of Mr. Nombre01, located on the slope of the Tiribí River, in San Francisco de Dos Ríos, bridge over the river that connects the District of San Francisco with Desamparados, where it is ordered to vacate the dwelling within a period of 2 calendar months, starting from the date of notification, in accordance with the report of the Governance Unit of November 8, 2024, MS-DRRSCSURS-IT-0593-2024, due to presenting "hazardous conditions for its inhabitants, which were caused by the failure of the gabion wall on the right margin of the Tiribí River, affecting the access and entrance to the dwelling."

5. Furthermore, the Health Governance Area sent letters MS-DRRSCS-DARSSEM-OF-1529-2025 to the National Council for the Elderly (Consejo Nacional de la Persona Mayor), on April 8, 2025, and to the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social) MS-DRRSCS-DARSSEM-OF1549-2025, on April 10, 2025, because Mr. Nombre01 presents a condition of vulnerability as an older adult, with the purpose of providing the corresponding attention according to their competencies.

6. On April 10, 2025, a follow-up inspection of case 353-2025 was carried out at the petitioner's dwelling by the civil engineer assigned to the Health Governance Area, issuing report MS-DRRSCS-1545-2025, where he states: "the dwelling does not present damage, such as wall collapses, excessive settlements, or undermining of the foundations, accordingly, it is not considered that the dwelling represents an imminent risk to the inhabitants. However, the gabion wall must be repaired to avoid any future damage, as well as the water drainage sewer system." Due to the foregoing, the director issues administrative acts MSDRRSCS-DARSSEM1433-2025 to CONAVI and MS-DRRSCS-DARSSEM1434-2025 to the Institute of Aqueducts and Sewers AyA (Instituto de Acueductos y Alcantarillados AyA), notified on April 3, 2025 …"

**4.-** Mauricio Sojo Quesada, Acting Executive Director of the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), rendered a report. He stated the following:

"[…] III. RELEVANT ASPECTS:

A. COMPETENCIES OF THE NATIONAL ROAD COUNCIL

Before analyzing the merits of this appeal, it is important to emphasize and indicate that the competencies of the National Road Council are limited in its enabling law number 7798.

The aforementioned law expressly establishes the competencies of CONAVI in its article number 4, which states:

"ARTICLE 4.- The objectives of the National Road Council shall be the following:

a) To plan, program, administer, finance, execute, and control the conservation and construction of the national road network (red vial nacional), in accordance with the programs prepared by the Planning Directorate of the Ministry of Public Works and Transport.

b) To administer its assets.

c) To execute, through contracts, the works, supplies, and services required for the process of conservation and construction of the entire national road network.

d) To supervise the correct execution of the works, including quality control.

e) To promote research, development, and technological transfer in the field of road construction and conservation.

f) To enter into contracts or provide the services necessary for the fulfillment of its objectives and functions." (Bold not original)

In addition to the foregoing, Article 1 of the "CONAVI Creation Law," Law No. 7798, defines the following concepts:

"Article 1.- This law regulates the construction and conservation of highways, cross-town streets (calles de travesía), one-way pairs (pares viales), and bridges of the national road network. For the purposes of this law, the following concepts are defined: National road network: set of national highways determined by the National Road Council (CONAVI), based on the respective technical studies.

Cross-town streets: set of public national highways that cross the quadrant of an urban area or streets that connect two sections of a national highway in the referred area, in accordance with Article 3 of Law 5060, General Law of Public Roads (Ley General de Caminos Públicos), of August 22, 1972.

Road conservation (Conservación vial): set of activities intended to preserve, continuously and sustainably, the good condition of roads and bridges, so as to guarantee optimal service to the user. Road conservation includes everything that does not amount to the construction of new works or substantial variation of the standard of existing ones. It also does not include restoration works required due to emergencies, except as provided by this law as an exception. Within road conservation, the following activities can be distinguished: maintenance (routine and periodic), reinforcement, rehabilitation, and specific improvements. Routine maintenance (Mantenimiento rutinario): Set of tasks for cleaning drainage, vegetation control, minor and localized pavement repairs, and the restoration of road markings, which must be carried out continuously and sustained over time, to preserve the operational condition, level of service, and safety of the roads. It also includes the cleaning and minor, localized repairs of bridge structures.

Periodic maintenance (Mantenimiento periódico): set of programable activities, every certain period, aimed at renewing the original condition of pavements through the application of additional layers of ballast, gravel, surface treatments, or asphalt overlays or concrete sections, as the case may be, without altering the structure of the underlying pavement layers.

Periodic maintenance of bridges includes cleaning, painting, and the repair or replacement of damaged structural or protective elements. One-way pairs: set of two roads, separated from each other, with opposite directions of vehicular circulation, which allow the distribution of incoming and outgoing vehicular flow from urban centers, a situation that provides physical and functional continuity to a specific route of the national road network. Rehabilitation (Rehabilitación): Selective repair and reinforcement of the pavement or roadway, after partial demolition of the existing structure, with the purpose of restoring the original structural solidity and ride quality. Additionally, for a single time in each case, it may include the construction or reconstruction of the drainage system that does not involve building bridges or major culverts. Before any rehabilitation activity on the riding surface, it must be verified that the drainage system works well. The rehabilitation of bridges refers to major repairs, such as the replacement of main structural elements or components or the replacement of the floor slab. Reconstruction (Reconstrucción): Complete renovation of the road structure, with prior partial or total demolition of the pavement structure or bridge structures. Improvement (Mejoramiento): improvements or modifications to the horizontal or vertical standards of roads, related to width, alignment, curvature, or longitudinal slope, in order to increase the road's capacity and circulation speed. Also included within this category are the widening of the roadway, the elevation of the surface type standard ("upgrade") from earth to ballast or from ballast to asphalt, among others, and the construction of structures such as large culverts, bridges, or intersections.

Specific improvements (Mejoramientos puntuales): correspond to localized improvements or modifications to the horizontal or vertical standards of roads, related to width, alignment, curvature, or longitudinal slope, in order to increase road safety. Considered as specific improvements are: the construction of bus bays, the improvement of intersections, the specific widening of the roadway to accommodate a turning lane; as well as correcting the vertical or horizontal alignment of points with a high incidence of traffic accidents.

New works (Obras nuevas): Construction of all road works that are incorporated into the existing national network, in accordance with this law."

Likewise, considering the cited regulations, it is important to indicate that the Public Administration performs its function in strict adherence to the "Principle of Legality" contained in Article 11 of the "Political Constitution," which provides that: "Public officials are merely depositaries of authority. They are obliged to fulfill the duties imposed upon them by law and may not arrogate to themselves powers not granted therein (…)."

Similarly, in Law No. 6227 "General Law of Public Administration," it is reiterated that as public officials we must act under the protection of current regulations, as can also be seen in article 11, which states: "(…) 2. The act expressly regulated by a written norm shall be considered authorized, at least as to motive or content, even if in an imprecise form."

Therefore, and in compliance with Article 11 of the Political Constitution and Article 11 of the General Law of Public Administration, which refer to the Principle of Legality, the National Road Council may only do what is provided for under its law and what is prescribed to that effect by the legal system.

Consequently, acting in contravention of the provisions of Articles 1 and 4 of Law No. 7798 would be contrary to the Legal System, a situation that could -eventually- entail liability for the officials and for the Administration itself.

It is important to emphasize that CONAVI attends to national routes within the scope of action contemplated in Articles 1 and 4 of Law No. 7798.

IV. SUBSTANTIVE CONSIDERATIONS

By virtue of the foregoing, it is pertinent to refer to the related aspects according to the scope of competencies and functions of this Council, as well as to the facts set forth by Mr. Nombre01, which will be addressed in this report in a timely manner.

For the proper attention to the situation raised in this amparo appeal (recurso de amparo), a request was made to the Road and Bridge Conservation Management of the National Road Council for the issuance of a technical report regarding the reported facts. Said report was issued through official communication CARTA-CONAVI-DRC-02-2025-0496, dated April 9, 2025, which is attached as documentary evidence. Said document establishes the following:

Background of the Case:

I. Facts alleged by the petitioner:

• On November 7, 2024, the Tiribí River destroyed part of the entrance to the petitioners' dwelling house.

• According to a report from the Ministry of Health, official communication MS-DRRSCS-URS.IT-0593-2024 of November 8, 2024, the damage was caused by the collapse of a gabion retention wall on the right margin of the river.

• This collapse directly affected the land of the petitioners' property.

• CONAVI visited the site the day after and then three days later, indicating they would intervene once the winter passed to repair the entrance and the base of the nearby bridge.

• However, as of the date of the resolution, the repairs have not been carried out, and the Ministry of Health demands the eviction of the property until the works are completed.

Location:

Regarding what is indicated in the Appeal, said point is located on National Route No. 211, Control Section No. 19056 "Dirección01 (Paso Inferior R.39) – Dirección02 (Rio Tiribí) (Lte. Cant)".

[…]

Pleadings:

I. On the collapse of the gabion wall and the reported landslide:

The Messrs. Nombre01 and Nombre02 allege that on November 7, 2024, a landslide occurred in the vicinity of their dwelling, located near the Tiribí River, on the boundary between San Francisco de Dos Ríos and San Antonio de Desamparados, adjacent to secondary national route No. 211. According to their account, said event was caused by the collapse of a gabion-type retention wall, associated with a public work, which directly affected the access to their property.

In relation to this statement, it is clarified that the aforementioned gabion wall constitutes a complementary structure within the right-of-way (derecho de vía) of National Route No. 211, designed to provide stability to the elements that make up said road infrastructure, particularly the vehicular bridge and the associated storm drainage system. These works are not intended to protect adjacent private buildings or to meet structural needs outside the right-of-way. Their purpose is to preserve the integrity and functionality of the national highway and its components, guaranteeing the right of access to the route and the road safety of citizens on the respective route.

The current legal framework expressly establishes the limits of action of the National Road Council. In accordance with Article 2 of Law No. 7798, CONAVI Creation Law, this institution has the obligation to plan, design, conserve, and maintain the national road network. For its part, Article 32 of the General Law of Public Roads, Law No. 5060, establishes that said competence is strictly limited to what is understood as right-of-way, that is, the strip of land intended for the safe operation of public roads.

In this regard, complementary works within the right-of-way —such as retaining walls or gabions— respond exclusively to needs for slope stabilization or protection of structures such as bridges, roadways, or drainage works. These are neither conceived nor oriented to resolve or mitigate effects on private lands, for which reason any responsibility for properties located outside the right-of-way falls on competent institutions such as the Ministry of Health, the National Emergency Commission, or local governments.

In addition to the foregoing, technical inspections were carried out and it is clearly indicated that the bridge does not present any structural damage, as it is recorded that the main elements of the bridge, including abutments, beams, and slabs, are in good condition of conservation and functioning. This verification confirms that, despite the reported event and the partial collapse of the wall, the national road infrastructure has not been compromised in its operation or stability.

Therefore, an omission in the attention of the case is not attributable to this National Road Council, nor can responsibility be imputed for effects generated outside its legally defined scope of action.

II. On the limits of CONAVI's intervention in private property

The petitioner suggests that CONAVI should have intervened directly in response to the damages suffered to his dwelling. However, in accordance with current regulations, the National Road Council lacks the legal competence to intervene in private properties, as well as to carry out structural surveys or execute mitigation works outside the limits established by the right-of-way.

Law No. 7798 (CONAVI Creation Law) in its Article 2 precisely delimits the functions of this institution, circumscribing them to the planning, design, conservation, and maintenance of the national road network and its complementary works. Similarly, the General Law of Public Roads, No. 5060, in its Article 32, establishes that such functions must be exercised within the national road network, defined by the right-of-way, which includes the roadway, shoulder, drainage works, and auxiliary structures intended to ensure traffic safety.

Intervening in private properties, issuing habitability opinions, or carrying out interventions on dwellings affected by natural phenomena are actions that, by legal provision, correspond to other State entities.

III. On the location of the petitioner's dwelling and the waterway protection zone (zona de protección de cauces)

According to what emerges from the facts alleged in this appeal, the dwelling of Messrs. Nombre01 and Nombre02 is adjacent to the Tiribí River channel, in a border zone between San Francisco de Dos Ríos and San Antonio de Desamparados. This location is subject to the provisions established in the Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, which defines a protection strip along rivers and streams that must be kept free of constructions and activities that alter the ecosystem. For rivers with a channel greater than 6 meters wide, as is the case of the Tiribí River, the minimum protection zone is 15 meters on each side of the channel, as established by Article 33 of the Regulation to the Water Law (Decreto Ejecutivo No. 32397-MINAE-SMAG-MOPT). Within this strip, permanent constructions should not be located without the proper authorization of MINAE, which further limits the possibility of intervention by this institution.

The foregoing reinforces that the location of the property is in an environmental protection zone, which further limits the possibility of intervention by CONAVI and, furthermore, compliance with the setback (retiro) established on the river margins and the construction permit is the competence of the local government, with habitability risk assessments and possible relocations also being the exclusive domain of the health and emergency authorities.

[…]

The foregoing reinforces that the location of the property is in an environmental protection zone, which further limits the possibility of intervention by CONAVI and, furthermore, compliance with the setback established on the river margins and the construction permit is the competence of the local government, with habitability risk assessments and possible relocations also being the exclusive domain of the health and emergency authorities.

Conclusions:

1. CONAVI has acted in accordance with the current legal framework, verifying the structural condition of the road infrastructure and channeling the case according to its competencies.

2. The vehicular bridge does not present structural damage or risk of collapse, in accordance with the evidence provided.

3. The affectation falls on a dwelling located outside the right-of-way, in an environmental risk zone, which is private property that falls outside the competencies of CONAVI.

4. The collapsed wall corresponds to a complementary stabilization work within the right-of-way of Dirección03, whose purpose is the protection of the road infrastructure, not of adjacent private properties.

5. CONAVI has no legal competence to execute works outside the right-of-way or to intervene in private properties, as occurs in this case.

6. It is relevant to indicate that a previous amparo appeal had already been filed related to the same facts and location, identified as Case File No. 24-006427-0007-CO, filed by Mr. Rolando Alberto Solano González, and processed by this institution through technical report DRC-02-2025-0422 (0259), dated April 1, 2025, in which the same technical, legal, and geographical foundations were set forth.

7. The National Road Council has not violated any fundamental right or guarantee of the petitioners, as they claim in this amparo appeal.

In response to the facts raised and in accordance with the technical report rendered, it is reiterated that this Council has acted in accordance with the limits imposed by the current legal framework, diligently addressing the aspects that fall within its competence within the right-of-way of Dirección04. The affectation indicated by the petitioners, while recognized as an unfortunate situation, is located outside the scope of action of this institution, both because it is a private property and because it is located in an environmental protection zone regulated by specific regulations.

In accordance with the rendering of the report of actions that concerns us here, this Council has demonstrated that, in adherence to the established regulations and the principle of legality, the necessary steps and proceedings have been carried out to address what was ordered by this Honorable Chamber, as established in Law No. 7798 (CONAVI Creation Law) and Law No. 5060 (General Law of Public Roads). The interventions carried out have been limited to the scope of the right-of-way, without any omission attributable to this institution. It is legally improper to seek to compel CONAVI to intervene in private property or to execute works outside the right-of-way.

There is no omission on the part of CONAVI, since the pertinent technical inspections have been carried out, confirming the structural integrity of the national road infrastructure, without any affectation that compromises its functionality or safety. Responsibility for addressing damages to private properties, especially when these are located in environmentally restricted zones, corresponds to other authorities with specific competence.

Consequently, this honorable Chamber is requested to accept the present report as rendered, and to reiterate that the actions undertaken by this institution have been in accordance with its legal and regulatory framework, without any grounds to attribute responsibility for facts outside its competence. In relation to all the foregoing and legal grounds, it is held that neither this Council nor the undersigned personally has violated any fundamental right of the petitioner that must be analyzed by the honorable Magistrates of this Chamber."

**5.-** Antonieta Naranjo Brenes, Mayor of the Municipality of Desamparados, rendered the report. She stated the following:

"In view of the facts and arguments expressed by the petitioner in the Amparo Appeal, and in accordance with Report IF-GR-069-2025, of April 22, 2025, from the risk management area of the Municipality of Desamparados, it is stated in the relevant part:

"(…) 2. On-site verification: An inspection of the site was carried out on April 22, 2025, in order to corroborate the situation raised. During the visit, it was verified that the described facts indeed correspond to the right margin of the Tiribí River, therefore, attention corresponds to the Municipality of San José (…) "

Given the foregoing, the honorable Chamber is informed that the plea of lack of competence by reason of territory is raised, so that it is respectfully requested that the proceedings be redirected towards the competent entity according to its jurisdiction, as indicated in the aforementioned report, that the incident is located on the boundary marker that belongs to the canton of San José.-"

**6.-** In the proceedings that have been followed, the legal requirements have been observed.

Magistrate Cruz Castro drafted the opinion; and,

**Considering:**

**I.-** OBJECT. The petitioners alleged that, on November 7, 2024, the Tiribí River "washed away" part of the entrance to their dwelling house. They state that Conavi authorities arrived the day after the event and, three days later, returned to the site and indicated that when the winter passed, they would intervene at the entrance, because the base of the bridge that divides San Francisco de Dos Ríos and San Antonio, which is part of a national route, was being undermined. However, they have not done so. They request help from this Chamber so that Conavi "does what they said." They added, on the other hand, that the Ministry of Health wants to remove them from their house, until the repairs are completed.

**II.-** Previous considerations. What has been raised could constitute a violation of the right to prompt and complete administrative justice. In this regard, it must be clarified that, based on vote number 2008-02545 at 8:55 a.m. on February 22, 2008, this Chamber has referred to the contentious-administrative jurisdiction (with some exceptions) those matters in which it is discussed whether the public administration has or has not complied with the timelines set by the General Law of Public Administration (articles 261 and 325) or sectoral laws for special administrative procedures, to resolve by final act an administrative procedure (initiated ex officio or at the request of a party) or to hear the appropriate administrative appeals. Precisely, in this appeal, an exception case is raised because it involves a situation that involves an older adult person and that, as alleged, puts their health at risk.

**III.-** PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

1) On November 8, 2024, the Municipal Emergency Commission of San José, through a telephone call to the directorate of the Southeast Metropolitan Health Governance Area, requests a joint inspection to address the emergency due to a landslide that occurred on the slope of the bridge over the Tiribí River in San Francisco de Dos Ríos, which caused damage to a dwelling, where three adult persons live, two of them older adults (report rendered).

2) On that same November 8, 2024, an inspection was carried out by the Health Governance Area together with representatives of the Municipal Emergency Commission of San José and the Regional Level of the Governance Unit, at the dwelling located in San Francisco de Dos Ríos.

The inspected dwelling is the property of Mr. Nombre01, who lives with his son, Mr. Nombre02, and the owner’s brother, Mr. Nombre01 (report rendered).

3) Once the on-site inspection was completed, the civil engineer of the Health Stewardship Unit (Unidad de Rectoría de la Salud) issued technical report MS-DRRSCS-URS-IT-0593-2024 dated November 8, 2024, stating the following: “It is determined that there is a landslide (deslizamiento de suelo) which, in principle, is caused by the scouring (socavamiento) of the foundations of a gabion retaining wall (muro de retención de gaviones). The collapse of the wall causes the movement of the soil mass, which destabilizes the front area of the property” (report rendered).

4) On April 1, 2025, the Health Stewardship Area (Área Rectora de Salud) proceeded to serve sanitary order MS-DRRSCS-DARSSEM-OS1374-2025 due to the uninhabitable condition of Mr. Nombre01’s dwelling, located on the slope of the Tiribí River, in San Francisco de Dos Ríos, on the bridge over the river connecting the District of San Francisco with Desamparados, ordering the dwelling to be vacated within a period of 2 calendar months from the date of notification (April 1, 2025), in accordance with the report of the Stewardship Unit (Unidad de Rectoría) of November 8, 2024, MS-DRRSCS-URS-IT-0593-2024, because it presents hazardous conditions for its inhabitants, which were caused by the failure of the gabion wall on the right bank of the Tiribí River, affecting the access and entrance to the dwelling (report rendered).

5) In support of the vulnerability situation faced by Mr. Nombre01, an 88-year-old older adult (adulto mayor), his case was referred to the National Council for Older Persons (Consejo Nacional de la Persona Mayor, CONAPAM) on April 8, 2025, and to the Joint Institute for Social Assistance (Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS) on April 10, 2025 (report rendered).

6) On April 10, 2025, the Health Stewardship Area conducted a follow-up inspection of case 353-2025, involving Mr. Nombre01’s dwelling (report rendered).

7) According to the report of the civil engineer of that Southeast Metropolitan Stewardship Area (Área Rectora Sureste Metropolitana), MSDRRSCS-1545-2025, the dwelling shows no damage, such as wall collapses (desplomes de paredes), excessive settlement (asentamientos excesivos), or scouring (socavamientos) of the foundations; accordingly, the dwelling is not considered to pose an imminent risk (riesgo inminente) to the inhabitants. However, the gabion wall must be repaired to avoid any future harm, as well as the stormwater drainage sewer (alcantarillado de desfogue de aguas), which is why administrative acts MS-DRRSCS-DARSSEM1433-2025 were issued to CONAVI and MSDRRSCS-DARSSEM-1434-2025 to the Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto de Acueductos y Alcantarillados) AyA, served last April 3, 2025 (report rendered).

8) The aforementioned gabion wall constitutes a complementary structure within the right-of-way (derecho de vía) of National Route No. 211, designed to provide stability to the elements that make up said road infrastructure, particularly the vehicular bridge and the associated storm drainage system. These works are not intended to protect adjacent private buildings or address structural needs outside the right-of-way. Their purpose is to preserve the integrity and functionality of the national highway and its components, guaranteeing the right of access to the route and the road safety of citizens on the respective route (report rendered).

9) CONAVI conducted technical inspections and it is clearly indicated that the bridge shows no structural damage whatsoever. The main elements of the bridge, including abutments (estribos), beams (vigas), and slabs (losas), are in a good state of conservation and functioning. This verification confirms that, despite the reported event and the partial collapse of the wall, the national road infrastructure has not been compromised in its operation or stability (report rendered).

10) The property inhabited by the petitioners is in an environmental protection zone (zona de protección ambiental) (report rendered).

IV.- Specific case. The petitioners file this amparo because they consider that the National Roads Council (Consejo Nacional de Vialidad) must repair a gabion retaining wall that failed, due to a landslide on a slope of the Tiribí River bridge, which divides San Francisco de Dos Ríos and San Antonio and is part of a national route. They allege that the landslide damaged part of the entrance to their dwelling and, furthermore, undermines the base of the bridge. They assert that CONAVI officials went to the site, verified the problem, and indicated they would intervene, but they have not done so. They request that this Chamber order CONAVI to “do what they said.” Additionally, they added that the Ministry of Health intends to evict them from the dwelling, until the repairs are completed.

Now, in accordance with the reports rendered under oath, with the consequences, including criminal ones, set forth in Article 44 of the Law governing this Jurisdiction, it is verified that on November 8, 2024, the Municipal Emergency Commission of San José, via telephone call to the directorate of the Southeast Metropolitan Health Stewardship Area, requested a joint inspection to address the emergency caused by a landslide that occurred on the slope of the bridge over the Tiribí River in San Francisco de Dos Ríos, which caused damage to a dwelling where the petitioners live. Once the on-site inspection was completed, the civil engineer of the Health Stewardship Unit concluded the following: “It is determined that there is a landslide which, in principle, is caused by the scouring of the foundations of a gabion retaining wall. The collapse of the wall causes the movement of the soil mass, which destabilizes the front area of the property.” Consequently, on April 1, 2025, the Health Stewardship Area proceeded to serve sanitary order MS-DRRSCS-DARSSEM-OS1374-2025 due to the uninhabitable condition of the dwelling and ordered the dwelling to be vacated within a period of 2 calendar months from the date of notification (April 1, 2025), because it presents hazardous conditions for its inhabitants, which were caused by the failure of the gabion wall on the right bank of the Tiribí River, affecting the access and entrance to the dwelling. In support of the vulnerability situation faced by one of the petitioners, an older adult, his case was referred to the National Council for Older Persons (CONAPAM) on April 8, 2025, and to the Joint Institute for Social Assistance (IMAS) on April 10, 2025.

Subsequently, on April 10, 2025, the Health Stewardship Area conducted a follow-up inspection of the case. According to the report of the civil engineer of that Southeast Metropolitan Stewardship Area, the dwelling shows no damage, such as wall collapses, excessive settlement, or scouring of the foundations; accordingly, the dwelling is not considered to pose an imminent risk to the inhabitants. However, the gabion wall must be repaired to avoid any future harm, as well as the stormwater drainage sewer, which is why administrative acts were issued to CONAVI and to the Institute of Aqueducts and Sewers AyA, served last April 3, 2025.

For its part, CONAVI alleged that it cannot intervene with public funds to protect private property. It explained that the aforementioned gabion wall constitutes a complementary structure within the right-of-way of National Route No. 211, designed to provide stability to the elements that make up said road infrastructure, particularly the vehicular bridge and the associated storm drainage system. These works are not intended to protect adjacent private buildings or address structural needs outside the right-of-way. Their purpose is to preserve the integrity and functionality of the national highway and its components, guaranteeing the right of access to the route and the road safety of citizens on the respective route. In this regard, CONAVI conducted technical inspections and it is clearly indicated that the bridge shows no structural damage whatsoever. The main elements of the bridge, including abutments, beams, and slabs, are in a good state of conservation and functioning. This verification confirms that, despite the reported event and the partial collapse of the wall, the national road infrastructure has not been compromised in its operation or stability. Furthermore, CONAVI also verified that the property inhabited by the petitioners is in an environmental protection zone.

V.- In accordance with the reasons set forth, there is no ground to order CONAVI to carry out the repair demanded by the petitioners. Firstly, because the structure is not intended to protect private buildings, but rather the elements that make up said road infrastructure, and CONAVI concluded “clearly that the bridge shows no structural damage whatsoever.” It would not be appropriate for this Chamber to order the investment of public funds to protect a private building, which, moreover, “is in an environmental protection zone.”

Secondly, this Chamber has intervened to the extent that a situation posing a risk to the health or integrity of persons is verified. In this case, although, initially, the Ministry of Health declared the dwelling uninhabitable, subsequently, after a follow-up inspection, it concluded that “the dwelling is not considered to pose an imminent risk to the inhabitants.” Certainly, the Health Area also concluded that the gabion wall must be repaired to avoid any future harm, as well as the stormwater drainage sewer, which is why administrative acts were issued to CONAVI and to the Institute of Aqueducts and Sewers AyA, served last April 3, 2025. However, the Ministry of Health notified CONAVI and AyA on April 3, and this amparo was filed a few days later, on April 7, so it cannot be considered that an excessive period had elapsed, and it must be emphasized that the actions are not aimed at intervening in the face of an imminent risk.

Finally, it is important to add that this Chamber has already heard, in another amparo, the same situation raised here in relation to another dwelling located in the same place. In ruling number 2025012052 of nine hours and twenty minutes of April twenty-fifth, two thousand twenty-five, it concluded the following:

“…, it was also accredited that the respondent Municipality communicated its findings to the National Roads Council, which indicated in its statements that the petitioner’s dwelling is located outside the right-of-way and, for its part, following coordination with the Southeast Metropolitan Health Stewardship Area, the existence of any risk to the petitioner or his family was ruled out – the Director of the Southeast Metropolitan Health Stewardship Area clearly explained that Mr. Rolando Solano’s dwelling does not present unsafe conditions for the inhabitants -. Thus, this Chamber is able to deem it accredited that the right to prompt and complete justice has not been violated, since the authorities addressed the claim raised by the petitioner with due diligence and speed. Furthermore, the existence of any risk to him and his family was also ruled out.

By virtue of the foregoing, no violation of the fundamental rights of the petitioner is verified.”

 

Consequently, with respect to CONAVI, the remedy must be declared without merit.

In another vein, with respect to the Ministry of Health, the remedy must likewise be declared without merit, since it intervened just one day later, on November 8, 2024, after the events occurred, according to the petitioners’ account. Moreover, it initially declared the dwelling uninhabitable, but, given the vulnerable condition of one of the petitioners, an older adult, it apprised CONAPAM and IMAS of the situation. Certainly, the declaration of uninhabitability was issued months after the event; it is also true that it was issued before this amparo was filed. Subsequently, it followed up on the case and, on April 10, 2025, ruled out the imminent risk for the inhabitants of the property. Additionally, it sent the official communications it deemed pertinent to CONAVI and AyA.

In the same vein, there is no ground to uphold the remedy against the Municipality of Desamparados, since, as explained, intervention at the event site is not within its jurisdiction.

In sum, in accordance with the reasons set forth, the remedy must be declared without merit in all its aspects, as, in effect, is ordered.

 VI.- Note by Judge Castillo Víquez, regarding prompt and complete administrative justice. I have supported the thesis of this Court that, when a claimant alleges a violation of the right to prompt and complete justice in administrative proceedings, the entities that should hear the legal dispute are the Contentious-Administrative Courts (Tribunales de lo Contencioso-Administrativo) and not this Chamber. However, with the recent enactment of Law No. 9097, Law Regulating the Right of Petition (Ley de Regulación del Derecho de Petición), it has been established that this right is subject to judicial protection through the amparo remedy established by Article 32 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), in connection with Article 27 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica (Constitución Política de la República de Costa Rica), in those cases where the petitioner considers that the Administration’s material actions, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. In my view, the recently enacted regulation does not imply that this Court must modify its case-law line, since, based on Article 7 of its Law, it is exclusively responsible for defining its own jurisdiction. Therefore, except for those constitutional-legal disputes that have been recognized by this very Chamber as exceptional cases, which may properly be heard in this jurisdiction through the constitutional guarantee process of amparo, in all other cases, and for the reasons given by this Court (ruling No. 2008-02545 of 8:55 a.m. on February 22, 2008), the competent judges are those of the contentious-administrative jurisdiction, all of which is in accordance with Article 25 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos), Constitutional Law (values, principles, and norms), and the corresponding legal norms based on a logical, systemic, and teleological interpretation of the legal system.

 VII.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the activity or inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality (legalidad), the discussion of which falls to the ordinary jurisdiction (jurisdicción ordinaria), before which the interested person may debate their disagreements with greater breadth. However, when a violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction arises from that administrative conduct (omissive or otherwise), or when groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as occurs in this case, where the petitioners assert that the National Roads Council must repair a gabion retaining wall that failed, due to a landslide on a slope of the Tiribí River bridge, on the bridge that divides San Francisco de Dos Ríos and San Antonio, which is part of a national route. They allege that the landslide damaged part of the entrance to their dwelling and, furthermore, undermines the base of the bridge.

 VIII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The petitioners are cautioned that, should they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, they must retrieve them from the office within a maximum period of 30 working days counted from the notification of this ruling. Otherwise, any material not retrieved within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Full Court (Corte Plena) in session number 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Superior Council of the Judiciary (Consejo Superior del Poder Judicial), in session number 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

THEREFORE:

 The remedy is declared without merit. Judge Castillo Víquez adds a note. Judge Salazar Alvarado adds a note.

 

 

 

Fernando Castillo V.

Presiding Judge

 

 



Fernando Cruz C.

 

 

Luis Fdo. Salazar A.



Jorge Araya G.

 

 

Anamari Garro V.



Ingrid Hess H.

 

 

Jose Roberto Garita N.

 

 

Digitally Signed Document

-- Verification code --

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 D472XYZKBJAE61

CASE FILE No. 25-009875-0007-CO

 

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Email: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección05, Dirección06, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

This is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:48:20.

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