Res. 21453-2025 Sala Constitucional — Failure to notify response to environmental information requestOmisión de notificación de respuesta a solicitud de información ambiental

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Sala Constitucional

Resolución Nº 21453 - 2025

Fecha de la Resolución: 11 de Julio del 2025 a las 09:20

Expediente: 25-016008-0007-CO

Redactado por: Fernando Castillo Víquez

Clase de asunto: Recurso de amparo

Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL





Texto de la resolución

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Exp: 25-016008-0007-CO

Res. Nº 2025021453

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de julio de dos mil veinticinco .

 Recurso de amparo que se tramita en el expediente nro. 25-016008-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED03, contra la SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Sala el 4 de junio de 2025, la persona accionante interpone un recurso de amparo. Manifiesta que, el 30 de abril de 2025, mediante oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025, solicitó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, remitir la siguiente información: “(…) I. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED01, incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados. II. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED02 incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados (…)”. Reclama que no ha recibido respuesta. Solicita se declare con lugar el presente recurso. 

2.- Por resolución de las 15:48 horas del 11 de junio de 2025 se dio curso al amparo.

3.- Informa bajo juramento Andrés Cortez Orozco, en su condición de secretario general a.i. de la Setena, lo siguiente: “Respecto al trámite de información solicitado el 30 de abril del 2025, mediante el portal de correspondencia número de secuencia 04029-2025, ingreso el oficio número AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 el cual se le dio el trámite correspondiente, el mismos se detalla a continuación: Luego de buscar la información del correspondiente en las bases de datos de la SETENA, por medio del oficio SETENA-SG-0622-2025, de fecha 15 de mayo del 2025 se dio la respuesta a la solicitud del oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025, el mismo fue firmado por el Secretario General a.i. de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha 19 de mayo del 2025 como se puede apreciar a continuación en la validación de documentos de Nombre02: (Inserta imagen) En fecha del 20 de mayo del 2025, se subió al sistema oficial para la realización de la notificación correspondiente como se puede apreciar en la imaginen en la intranet de la SETENA, pero por algún error, la misma no se transmitió correctamente. (Inserta imagen) En el momento que SETENA evidenció que éxito una omisión de la notificación pertinente, se procedió a realizar la misma en fecha del 13 de junio de 2025, como se aprecia a continuación:  (Inserta imagen) Debe indicarse que en el oficio de respuesta al Señor Diputado se le indicó lo siguiente: “Respecto al trámite de información solicitado el 30 de abril del 2025, mediante el portal de correspondencia número de secuencia 04029-2025, luego de revisadas bases de datos de la SETENA, con la información aportada, se tiene el siguiente resultado: 1- Respecto a los puntos I, II, III, de solicitud no se encontraron expedientes relacionados. 2- Con respecto a el punto IV, en lo que respecta al plano P-0729410-1988, se encontró la información que se detalla en la siguiente tabla. Numero Expediente Fecha ingreso Nombre Proyecto FEAP-0688-1998 1/1/1998 PLANTA PROCESADORA DE PESCADO MARINA EXPORTACION FEAP-0253-1999 1/1/1999 ATRACADERO BAHÍA BANANO FEAP-0483-1999 1/1/1999 MARINA GOLFITO FEAP-0255-2001 1/1/2001 ATRACADERO CLUB DE YATES GOLFITO FEAP-0462-2002 1/1/2002 ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DEL PACÍFICO SUR FEAP-0065-2002 1/1/2002 ATRACADERO GOLFITO SPORTFISHING CENTER / SPORT FISHING CENTER FEAP-702-2003-1 10/27/2003 PROYECTO MARINA CIUDAD GOLFITO D1-0710-2007 6/21/2007 ATRACADERO Y CONDOMINIO GIBBS D1-1015-2007 8/28/2007 ATRACADERO Y CONDOMINIO LYNSKEY D1-0766-2008 7/9/2008 REMODELACION DEL MUELLE DE GOLFITO D1-0129-2009 2/11/2009 MARINA LAS GAVIOTAS D1-10348-2013 4/16/2013 ATRACADERO VILLA PESCA D-10383-2023 4/22/2013 OPERACION BANANA BAY D1-11895-2013 12/9/2013 PROYECTO GOLFITO BAY ZONA LIBRE D1-17059-2016 2/19/2016 CONSTRUCCION DE ESTACION DE GUARDACOSTAS GOLFITO EDA-18235-2016 8/23/2016 REPARACION MUELLE DEL DESARROLLO MAR Y LUNA D1-0206-2019 4/1/2019 MARINA TRISTICA KM3 D1-0328-2019 6/4/2019 REHABILITACION DE MUELLE MUNICIPAL DE 3-Con respecto al punto V, se encontró la siguiente información, no obstante, se debe corroborar en los expedientes, ya que los mismos datan de hace muchos años, por lo que no se cuenta con la ubicación geoespacial de los mismos. No. Expediente Fecha ingreso Nombre Proyecto FEAP-0688-1998 1/1/1998 PLANTA PROCESADORA DE PESCADO MARINA EXPORTACION FEAP-0253-1999 1/1/1999 ATRACADERO BAHÍA BANANO FEAP-0483-1999 1/1/1999 MARINA GOLFITO FEAP-0255-2001 1/1/2001 ATRACADERO CLUB DE YATES GOLFITO FEAP-0065-2002 1/1/2002 ATRACADERO GOLFITO SPORTFISHING CENTER / SPORT FISHING CENTER FEAP-0295-2003 4/30/2003 ATRACADERO AGUILA DE OSA FEAP-0599-2003 9/10/2003 ATRACADERO MENOR DRAKE FEAP-0702-2003 10/27/2003 PROYECTO DE REVITALIZACION DE GOLFITO (VER EXP 474-03) FEAP-702-2003-1 10/27/2003 PROYECTO MARINA CIUDAD GOLFITO FEAP-0222-2004 3/3/2004 ATRACADERO MENOR CAMPO BAHIA DRAKE FEAP-0729-2004 9/1/2004 ATRACADERO COCODRILO BAY D1-0710-2007 6/21/2007 ATRACADERO Y CONDOMINIO GIBBS D1-1015-2007 8/28/2007 ATRACADERO Y CONDOMINIO LYNSKEY D1-1440-2007 11/23/2007 ATRACADERO MENOR D1-0767-2008 7/9/2008 CONSTRUCCION DE AREA ANEXA AL MUELLE D1-0766-2008 7/9/2008 REMODELACION DEL MUELLE DE GOLFITO D1-0129-2009 2/11/2009 MARINA LAS GAVIOTAS EDA-7120-2012 2/6/2012 ATRACADERO PLAYA ZANCUDO D1-10348-2013 4/16/2013 ATRACADERO VILLA PESCA D-10383-2023 4/22/2013 OPERACION BANANA BAY D1-11895-2013 12/9/2013 PROYECTO GOLFITO BAY ZONA LIBRE D1-17059-2016 2/19/2016 CONSTRUCCION DE ESTACION DE GUARDACOSTAS GOLFITO EDA-18235-2016 8/23/2016 REPARACION MUELLE DEL DESARROLLO MAR Y LUNA D1-0206-2019 4/1/2019 MARINA TRISTICA KM3 D1-0328-2019 6/4/2019 REHABILITACION DE MUELLE MUNICIPAL DE GOLFITO D1-0374-2020 6/26/2020 REHABILITACIÓN DEL MUELLE MUNICIPAL DE PUERTO JIMENEZ D1-0496-2024 6/4/2024 CONSTRUCCIÓN DE UN EMBARCADERO VECINAL EN EL HIGO DE PAVÓN EDA-0049-2024 11/13/2024 REHABILITACIÓN DEL EMBARCADERO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO D1-0226-2025 3/17/2025 MUELLE JUNGLE HARMONY 4- En el caso del punto VI, solo se encontró coincidencia con el plano P-0729410-1988, el cual está reflejado en tabla del punto 1. Por lo anterior establecimos que los expedientes solicitados, son un total de 30 de los cuales 3 de ellos son digitales y los demás son físicos. En ese caso los expedientes físicos se solicitaron al Archivo Institucional, el cual indica que la gran mayoría se encuentra en la bodega externa, los cuales ya fueron solicitados; una vez que sean trasladados al Archivo deberán escanearse uno por uno, para su envió respectivo, por este motivo en este momento no se les pude proporcionar la totalidad de los expedientes tal cual lo solicita, sin embargo conforme se vaya completando el proceso se le estará enviando la información en cuanto la misma se encuentre disponible. En ese sentido, en caso que no requerir todos los expedientes enlistados y en aras de un uso eficiente de los recursos públicos, se le solicita indicar cuales son los que son de su interés. Se le adjunta los links donde puede consultar los expedientes que se encuentran digitalizados 1-D1-0496-2024: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjo5NzcwMTQzMjA2NjVmM2VmNDAzZjFlNzA2MzMxOTI2Mw== 2-EDA-0049-2024: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjo5MjQ5MzYxNDg2NzM0ZTlkN2YyM2EzNDAwMzQ5Mjc1Ng== 3-D1-0226-2025: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjoxNTE4OTc2MTY2N2Q4NGVjMjNhN2EyMTAxNTE3OTU5NQ== De manera que estamos a la espera que se nos indique cuales expedientes son los de su interés, los cuales se ponen a disposición del accionante para que se puedan revisar en físico, a efectos del uso racional de los recursos públicos. En cuanto a los errores materiales o de hecho en la notificación, la Administración Pública puede rectificarlos, siempre y cuando no perjudique al administrado o al Estado. Si la notificación se realizó por un medio inadecuado o fuera del lugar debido, o si falta alguna parte de la información esencial, se considera nula y los efectos del acto solo se producirán cuando el interesado tenga conocimiento o se manifieste de alguna forma. El artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública (Ley Nº 6227), establece: Artículo 157.-En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos. De conformidad con este artículo, (Ley Nº 6227) se permite a la Administración Pública rectificar, en cualquier momento, solventar los errores ya sean materiales, de hecho, o aritméticos. En detalle, este artículo establece que: • La rectificación puede realizarse en cualquier momento: No hay un plazo límite para corregir estos errores. • Aplica a errores materiales: Estos son errores evidentes, errores tipográficos o de transcripción. • Aplica a errores de hecho: Estos errores se refieren a situaciones fácticas mal interpretadas o registradas incorrectamente. • Aplica a errores aritméticos: Errores en cálculos matemáticos o de escritura. La posibilidad de rectificar estos errores es importante para garantizar la legalidad y la correcta actuación de la administración pública. Permite corregir fallas que no alteran el fondo de la decisión administrativa, pero que podrían generar problemas si no se subsanan. Debemos recordar si bien es cierto existo un error involuntario en el primer intento de notificación el mismo fue corregido y se notificó correctamente el oficio SETENA-SG-0622- 2025. Con lo cual se estima que, desde esta Secretaría, se ha actuado de conformidad a sus competencias y en respeto del debido proceso en materia administrativa. Fundamentos de Derecho Se realiza el presente informe de conformidad con los artículos 82 de la Ley Orgánica del Ambiente, 33 y 50 de la Constitución Política, en los artículos 29, 30, 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 59, 60 y concordantes de la Ley de la Administración Pública”.

 4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

 Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La parte recurrente indica que presentó una gestión ante la autoridad accionada. Acusa que no recibió respuesta.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a)      Mediante oficio nro. AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 del 29 de abril de 2025, recibido el 30 de abril de 2025, el tutelado solicitó a la Setena: “(…) I. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED01, incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados. II. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED02 incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados (…)”. (Hecho incontrovertido).

b)      La resolución de curso de este proceso fue notificada a la parte accionada el 13 de junio de 2025. (Los autos).

c)      Mediante oficio SETENA-SG-0622-2025 del 15 de mayo de 2025, la Setena dio respuesta a la gestión del tutelado. Este oficio le fue notificado el 13 de junio de 2025. (Ver informe rendido y prueba aportada).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la parte recurrente indica que presentó una gestión ante la autoridad accionada. Acusa que no recibió respuesta.

Analizados los autos y tomando en cuenta los términos en que fue planteado el amparo, la Sala tuvo por probado que, mediante oficio oficio nro. AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 del 29 de abril de 2025, recibido el 30 de abril de 2025, el tutelado solicitó a la Setena: “(…) I. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED01, incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados. II. Adjuntar copia digital de la totalidad de los expedientes de viabilidad ambiental tramitados a nombre de la sociedad THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED02 incluyendo aquellos que se encuentren en trámite, hayan sido aprobados o rechazados (…)”.

Luego, mediante oficio SETENA-SG-0622-2025 del 15 de mayo de 2025, la Setena dio respuesta a la gestión del tutelado. Este oficio le fue notificado el 13 de junio de 2025.

Ahora bien, la Sala nota que la atención de la gestión del accionante se dio con ocasión de este proceso, notificado a la parte recurrida el 13 de junio de 2025.  Asimismo, el plazo de atención fue irrazonable y desproporcionado, de más de un mes. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, según se explica de seguido.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes”, lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: “toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”, donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

 V.- RAZONES DIFERENTES Y VOTO SALVADO PARCIAL DE LOS MAGISTRADOS SALAZAR ALVARADO Y GARITA NAVARRO.

 

Si bien coincidimos con el voto de mayoría, que declara con lugar el recurso por violación al derecho de petición y pronta respuesta, consideramos que debe ser estimado; pero imponiendo a la parte recurrida el pago de las costas, así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, por las siguientes razones.

El derecho de petición y pronta respuesta, contenido en los artículos 27, de la Constitución Política, y 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, obliga a los funcionarios públicos a resolver las solicitudes de los administrados en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de presentación de tales gestiones, salvo que se haya señalado un plazo distinto para contestar. Sin embargo, el artículo 32 citado dispone, además, que, en la decisión de la petición, la Sala apreciará las razones que se aduzcan para considerar insuficiente dicho plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto. En todo caso, la Administración está obligada a comunicarle al peticionario las causas de la demora en pronunciarse. Para efectos del presente análisis, resulta relevante tener presente lo señalado por las normas antes citadas.  

El artículo 27, de la Constitución Política, establece lo siguiente:  

“Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”. 

Por su parte, el numeral 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece lo siguiente:

“Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole del asunto”.

En el mismo sentido, en la Ley de Regulación del Derecho de Petición N°  9097 del 26 de octubre de 2012,  se establece que ese derecho es susceptible de tutela judicial por medio del recurso de amparo establecido por el artículo 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en relación con el artículo 27, de la Constitución Política, para aquellos casos en que el peticionario considere que las actuaciones materiales de la Administración, sus actos administrativos o su respuesta le estén afectando sus derechos fundamentales. Es de relevancia tener presente lo señalado en el numeral 6, de dicha normativa: 

“Presentación de escritos y plazo de respuesta. 

El escrito en que se presente la petición y cualesquiera otros documentos y comunicaciones que se aporten, ante la administración pública correspondiente, conforme lo indica el artículo 2 de esta ley, obligará a la administración a acusar recibo de esta, debiendo responder en el plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir del día siguiente de la recepción, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente ley. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente, de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad…”. 

De este modo, en los recursos de amparo referidos a la presunta lesión de este derecho, existe norma legal expresa -avalada constitucionalmente por la ley que rige esta jurisdicción- que ordena brindar la información requerida dentro de los diez días hábiles siguientes a su solicitud, tal y como lo disponen los artículos 32, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 27, de la Constitución Política, según se indicó anteriormente. Adicionalmente, dicho plazo es reiterado en el artículo 6, de la Ley N° 9097, lo cual refuerza la intención del legislador respecto de la tutela de este derecho. 

Asimismo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 51, dispone:  

“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.  

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.  

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, se constata la violación del plazo de diez días avalado constitucionalmente -que, por cierto, no se exige para el resto de los recursos de amparo, excepto para el de rectificación y respuesta (numeral 68, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Por lo tanto, lo que procede al respecto, y con el debido respeto a la tesis de la mayoría, es tener por acreditada la lesión al derecho de petición y pronta respuesta, así como al derecho de acceso a la información pública (artículo 30, Constitucional), que garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, ordenando la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la autoridad recurrida.

Así, tratándose de un plazo avalado constitucionalmente -tanto por el legislador, así como por este Tribunal Constitucional-, su incumplimiento conlleva una lesión al derecho fundamental señalado que impulsó a la parte recurrente a formular el presente recurso de amparo como mecanismo para la obtención de la respuesta a su gestión o el acceso a la información que ha requerido, lo anterior con independencia de que la respuesta o la entrega de la información se haya producido antes o con ocasión del amparo; porque, es lo cierto, que finalmente el administrado vio satisfecho su derecho constitucional con ocasión a la interposición del recurso de amparo que se vio forzado a presentar, con los inconvenientes y los costos que ello ocasiona. Se insiste, la respuesta o el acceso dado por la Administración recurrida que se produce una vez vencido el plazo en cuestión, aún y cuando sobrevenga antes de la notificación del curso del amparo, o bien, como en este caso, con ocasión de la puesta en conocimiento de dicho curso, no constituye un cumplimiento en tiempo de la obligación que le imponen los ordinales 27 y 30 Constitucionales. Es claro que en esa hipótesis, esa respuesta extemporánea supone una satisfacción al reclamo de la parte amparada, pero ello no es óbice para el reconocimiento de los daños y perjuicios que esa indolencia pudo ocasionar al recurrente, así como de los costos asociados al ejercicio de la presente acción procesal, necesaria para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal y como lo habilita el precepto 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En consecuencia, salvamos parcialmente el voto, e imponemos a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. RESPECTO A LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA. Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VII.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en el plazo máximo de 30 días hábiles contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo aquel material no retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 del 22 de agosto de 2011, publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo de Consejo Superior del Poder Judicial, aprobado en el artículo LXXXI de la sesión nro. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

 Se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Garita Navarro consignan razones diferentes y salvan parcialmente el voto, únicamente para efectos indemnizatorios, e imponen a la parte accionada el pago de las costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas. Notifíquese.

 

 

	

Fernando Castillo V.

Presidente

	

 




Fernando Cruz C.

	

 

	

Luis Fdo. Salazar A.




Jorge Araya G.

	

 

	

Anamari Garro V.




Ingrid Hess H.

	

 

	

Jose Roberto Garita N.

 

 

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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 GGQ2LE7IIUO61

EXPEDIENTE N° 25-016008-0007-CO

 

Teléfonos: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Dirección01, Dirección02, 100 mts. Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro).

 

 

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 10:48:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República

Sala Constitucional

Resolution No. 21453 - 2025

Date of Resolution: July 11, 2025 at 09:20

Expediente: 25-016008-0007-CO

Drafted by: Fernando Castillo Víquez

Type of case: Amparo action

Analyzed by: SALA CONSTITUCIONAL

Text of the resolution

Exp: 25-016008-0007-CO

Res. No. 2025021453

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes of July eleventh, two thousand twenty-five.

Amparo action processed in expediente no. 25-016008-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED03, against the SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA).

Resultando:

1.- By a written submission received by the Sala on June 4, 2025, the petitioner filed an amparo action. They state that, on April 30, 2025, by means of official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025, they requested the Secretaría Técnica Nacional Ambiental to provide the following information: "(…) I. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility (viabilidad ambiental) case files processed under the name of the corporation INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED01, including those that are in process, have been approved, or have been rejected. II. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility case files processed under the name of the corporation THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED02, including those that are in process, have been approved, or have been rejected (…)". They claim that they have not received a response. They request that this action be granted.

2.- By a resolution at 15:48 hours on June 11, 2025, the amparo action was admitted for processing.

3.- Andrés Cortez Orozco, in his capacity as acting secretary general of SETENA, reports under oath as follows: "Regarding the information request processed on April 30, 2025, through the correspondence portal sequence number 04029-2025, official letter number AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 was received and given the corresponding processing, detailed below: After searching for the correspondent's information in SETENA's databases, by means of official letter SETENA-SG-0622-2025, dated May 15, 2025, a response was given to the request of official letter AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025; it was signed by the Acting Secretary General of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental on May 19, 2025, as can be seen below in the document validation of Nombre02: (Inserts image) On May 20, 2025, it was uploaded to the official system for the corresponding notification, as can be seen in the image in SETENA's intranet, but due to some error, it was not transmitted correctly. (Inserts image) As soon as SETENA evidenced that an omission of the pertinent notification occurred, it proceeded to carry out the notification on June 13, 2025, as seen below: (Inserts image) It must be noted that in the response official letter to the Congressman, the following was stated: 'Regarding the information request processed on April 30, 2025, through the correspondence portal sequence number 04029-2025, after reviewing SETENA's databases, with the information provided, the following result was obtained: 1- Regarding points I, II, III of the request, no related case files were found. 2- Regarding point IV, with respect to plan P-0729410-1988, the information detailed in the following table was found.

| Case File Number | Entry Date | Project Name |
| :--- | :--- | :--- |
| FEAP-0688-1998 | 1/1/1998 | PLANTA PROCESADORA DE PESCADO MARINA EXPORTACION |
| FEAP-0253-1999 | 1/1/1999 | ATRACADERO BAHÍA BANANO |
| FEAP-0483-1999 | 1/1/1999 | MARINA GOLFITO |
| FEAP-0255-2001 | 1/1/2001 | ATRACADERO CLUB DE YATES GOLFITO |
| FEAP-0462-2002 | 1/1/2002 | ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES DEL PACÍFICO SUR |
| FEAP-0065-2002 | 1/1/2002 | ATRACADERO GOLFITO SPORTFISHING CENTER / SPORT FISHING CENTER |
| FEAP-702-2003-1 | 10/27/2003 | PROYECTO MARINA CIUDAD GOLFITO |
| D1-0710-2007 | 6/21/2007 | ATRACADERO Y CONDOMINIO GIBBS |
| D1-1015-2007 | 8/28/2007 | ATRACADERO Y CONDOMINIO LYNSKEY |
| D1-0766-2008 | 7/9/2008 | REMODELACION DEL MUELLE DE GOLFITO |
| D1-0129-2009 | 2/11/2009 | MARINA LAS GAVIOTAS |
| D1-10348-2013 | 4/16/2013 | ATRACADERO VILLA PESCA |
| D-10383-2023 | 4/22/2013 | OPERACION BANANA BAY |
| D1-11895-2013 | 12/9/2013 | PROYECTO GOLFITO BAY ZONA LIBRE |
| D1-17059-2016 | 2/19/2016 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE GUARDACOSTAS GOLFITO |
| EDA-18235-2016 | 8/23/2016 | REPARACION MUELLE DEL DESARROLLO MAR Y LUNA |
| D1-0206-2019 | 4/1/2019 | MARINA TRISTICA KM3 |
| D1-0328-2019 | 6/4/2019 | REHABILITACION DE MUELLE MUNICIPAL DE |

3- Regarding point V, the following information was found; however, it must be corroborated in the case files, since they date back many years, and therefore their geospatial location is not available.

| Case File No. | Entry Date | Project Name |
| :--- | :--- | :--- |
| FEAP-0688-1998 | 1/1/1998 | PLANTA PROCESADORA DE PESCADO MARINA EXPORTACION |
| FEAP-0253-1999 | 1/1/1999 | ATRACADERO BAHÍA BANANO |
| FEAP-0483-1999 | 1/1/1999 | MARINA GOLFITO |
| FEAP-0255-2001 | 1/1/2001 | ATRACADERO CLUB DE YATES GOLFITO |
| FEAP-0065-2002 | 1/1/2002 | ATRACADERO GOLFITO SPORTFISHING CENTER / SPORT FISHING CENTER |
| FEAP-0295-2003 | 4/30/2003 | ATRACADERO AGUILA DE OSA |
| FEAP-0599-2003 | 9/10/2003 | ATRACADERO MENOR DRAKE |
| FEAP-0702-2003 | 10/27/2003 | PROYECTO DE REVITALIZACION DE GOLFITO (VER EXP 474-03) |
| FEAP-702-2003-1 | 10/27/2003 | PROYECTO MARINA CIUDAD GOLFITO |
| FEAP-0222-2004 | 3/3/2004 | ATRACADERO MENOR CAMPO BAHIA DRAKE |
| FEAP-0729-2004 | 9/1/2004 | ATRACADERO COCODRILO BAY |
| D1-0710-2007 | 6/21/2007 | ATRACADERO Y CONDOMINIO GIBBS |
| D1-1015-2007 | 8/28/2007 | ATRACADERO Y CONDOMINIO LYNSKEY |
| D1-1440-2007 | 11/23/2007 | ATRACADERO MENOR |
| D1-0767-2008 | 7/9/2008 | CONSTRUCCION DE AREA ANEXA AL MUELLE |
| D1-0766-2008 | 7/9/2008 | REMODELACION DEL MUELLE DE GOLFITO |
| D1-0129-2009 | 2/11/2009 | MARINA LAS GAVIOTAS |
| EDA-7120-2012 | 2/6/2012 | ATRACADERO PLAYA ZANCUDO |
| D1-10348-2013 | 4/16/2013 | ATRACADERO VILLA PESCA |
| D-10383-2023 | 4/22/2013 | OPERACION BANANA BAY |
| D1-11895-2013 | 12/9/2013 | PROYECTO GOLFITO BAY ZONA LIBRE |
| D1-17059-2016 | 2/19/2016 | CONSTRUCCION DE ESTACION DE GUARDACOSTAS GOLFITO |
| EDA-18235-2016 | 8/23/2016 | REPARACION MUELLE DEL DESARROLLO MAR Y LUNA |
| D1-0206-2019 | 4/1/2019 | MARINA TRISTICA KM3 |
| D1-0328-2019 | 6/4/2019 | REHABILITACION DE MUELLE MUNICIPAL DE GOLFITO |
| D1-0374-2020 | 6/26/2020 | REHABILITACIÓN DEL MUELLE MUNICIPAL DE PUERTO JIMENEZ |
| D1-0496-2024 | 6/4/2024 | CONSTRUCCIÓN DE UN EMBARCADERO VECINAL EN EL HIGO DE PAVÓN |
| EDA-0049-2024 | 11/13/2024 | REHABILITACIÓN DEL EMBARCADERO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE ZANCUDO |
| D1-0226-2025 | 3/17/2025 | MUELLE JUNGLE HARMONY |

4- In the case of point VI, a match was only found with plan P-0729410-1988, which is reflected in the table of point 1. For the foregoing, we established that the requested case files total 30, of which 3 are digital and the rest are physical. In that case, the physical case files were requested from the Institutional Archive, which indicates that the vast majority are in the external warehouse, which have already been requested; once they are transferred to the Archive, they must be scanned one by one for their respective sending. For this reason, at this moment we cannot provide the entirety of the case files exactly as requested; however, as the process is completed, the information will be sent as soon as it becomes available. In this regard, in the event that not all the listed case files are required, and in the interest of efficient use of public resources, you are requested to indicate which ones are of your interest. The links where you can consult the digitized case files are attached: 1-D1-0496-2024: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjo5NzcwMTQzMjA2NjVmM2VmNDAzZjFlNzA2MzMxOTI2Mw== 2-EDA-0049-2024: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjo5MjQ5MzYxNDg2NzM0ZTlkN2YyM2EzNDAwMzQ5Mjc1Ng== 3-D1-0226-2025: https://tramites.setena.go.cr/ConsultaPublica/ver_expediente?key=ZXhwZWRpZW50ZV9ma WxlOjoxNTE4OTc2MTY2N2Q4NGVjMjNhN2EyMTAxNTE3OTU5NQ== So we are waiting to be informed which case files are of your interest, which are made available to the petitioner so they can be reviewed physically, for the purpose of rational use of public resources. As for material or factual errors in the notification, the Public Administration may rectify them, provided it does not harm the individual or the State. If the notification was made by an inadequate means or outside the proper place, or if any part of the essential information is missing, it is considered null and void, and the effects of the act will only occur when the interested party has knowledge or manifests it in some way. Article 157 of the Ley General de la Administración Pública (Ley Nº 6227) establishes: Article 157.-At any time, the Administration may rectify material, factual, or arithmetical errors. In accordance with this article (Ley Nº 6227), the Public Administration is allowed to rectify, at any time, to remedy errors, whether material, factual, or arithmetical. In detail, this article establishes that: • The rectification may be carried out at any time: There is no deadline to correct these errors. • It applies to material errors: These are obvious errors, typographical or transcription errors. • It applies to factual errors: These errors refer to factual situations misinterpreted or incorrectly recorded. • It applies to arithmetical errors: Errors in mathematical calculations or writing. The possibility of rectifying these errors is important to guarantee the legality and correct action of the public administration. It allows correcting failures that do not alter the substance of the administrative decision, but that could generate problems if not corrected. We must remember that although it is true there was an involuntary error in the first notification attempt, it was corrected and official letter SETENA-SG-0622-2025 was correctly notified. Therefore, it is considered that, from this Secretariat, action has been taken in accordance with its powers and in respect of due process in administrative matters. Legal Basis This report is made in accordance with Articles 82 of the Ley Orgánica del Ambiente, 33 and 50 of the Constitución Política, Articles 29, 30, 43, 44 and 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, 59, 60 and concordant articles of the Ley de la Administración Pública."

4.- In the procedures followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

Considering:

I.- Purpose of the action. The appellant indicates that they filed a request before the respondent authority. They claim that they did not receive a response.

II.- Proven facts. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been thus accredited or because the respondent omitted to refer to them, according to what was ordered in the initial order:

a) By means of official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 of April 29, 2025, received on April 30, 2025, the petitioner requested from SETENA: "(…) I. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility case files processed under the name of the corporation INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED01, including those that are in process, have been approved, or have been rejected. II. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility case files processed under the name of the corporation THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED02, including those that are in process, have been approved, or have been rejected (…)". (Uncontested fact).

b) The resolution admitting this process was notified to the respondent party on June 13, 2025. (The case records).

c) By means of official letter SETENA-SG-0622-2025 of May 15, 2025, SETENA responded to the petitioner's request. This official letter was notified to them on June 13, 2025. (See report provided and evidence contributed).

III.- On the specific case. In the sub examine, the appellant indicates that they filed a request before the respondent authority. They claim that they did not receive a response.

Having analyzed the case records and taking into account the terms in which the amparo action was filed, the Sala has deemed it proven that, by means of official letter no. AL-FPFA-AARB-OFI-0152-2025 of April 29, 2025, received on April 30, 2025, the petitioner requested from SETENA: "(…) I. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility case files processed under the name of the corporation INVERSIONES MARINA GOLFITO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED01, including those that are in process, have been approved, or have been rejected. II. Provide a digital copy of the entirety of the environmental feasibility case files processed under the name of the corporation THE SOUND OF THE OCEAN SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED02, including those that are in process, have been approved, or have been rejected (…)".

Then, by means of official letter SETENA-SG-0622-2025 of May 15, 2025, SETENA responded to the petitioner's request. This official letter was notified to them on June 13, 2025.

Now then, the Sala notes that the processing of the appellant's request occurred on the occasion of this process, notified to the respondent party on June 13, 2025. Likewise, the response time was unreasonable and disproportionate, being more than one month. By virtue of the foregoing, the action is granted, without special condemnation in costs, damages, and losses, as explained below.

IV.- ON THE CONDEMNATION IN COSTS, DAMAGES, AND LOSSES PURSUANT TO ARTICLE 52 OF THE LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Under better consideration, the majority of the Sala considers that, in the sub examine, in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional ("If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate"), the grant must be without special condemnation in costs, damages, and losses, based on the following considerations. Although there is an express text in the law that requires the operative part of the ruling to indicate that the action is granted, when the grievance is resolved while the amparo is in progress, it is no less true that this same paragraph in fine states that the grant is ordered "solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate". It is emphasized that the Law states "if they are appropriate", which means that the appropriateness or inappropriateness of compensation and costs depends on an assessment, appreciation, or weighting by the Tribunal. In cases such as this, the content of the protected person's claim and the conduct of the respondent authority in acknowledging it suggest that the alleged impairments, injuries, or alterations are not directly related to a repercussion on a constitutional right of an evident patrimonial nature (as would occur, for example, with an affectation of the right to salary). To dispel any doubt in this regard, it is important to highlight the provisions of Article 51 of the same Ley de la Jurisdicción Constitucional, which states: "any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment", where the possibility of assessing whether or not compensation and costs are appropriate is not foreseen. The principles of Constitutional Law, those of Public and General Procedural Law or, where appropriate, those of International or Community Law and, additionally, in their order, the Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo and the other procedural codes, are supplementary sources for the application and interpretation of the norms of the Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Article 14-. For the contentious-administrative jurisdiction, the legislator established a precept fully applicable to the case by analogy, in Article 197 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which responds to the procedural logic in any matter. In any case, the affected party in the sub lite retains the possibility of resorting, if they see fit, to a plenary proceeding in order to demonstrate that they have suffered some type of impairment. Based on the foregoing, it is the majority's criterion to resolve this action without condemnation in costs, damages, and losses.

V.- DIFFERING REASONS AND PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATES SALAZAR ALVARADO AND GARITA NAVARRO.

While we concur with the majority vote, which grants the action for violation of the right to petition and timely response, we consider that it must be granted; but imposing on the respondent the payment of costs, as well as compensation for the damages and losses caused, for the following reasons.

The right to petition and timely response, contained in Articles 27 of the Constitución Política and 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, obligates public officials to resolve citizens' requests within a period of ten business days from the date of submission of such requests, unless a different deadline for responding has been indicated. However, Article 32 cited also provides that, in the decision on the petition, the Sala will assess the reasons adduced to consider said deadline insufficient, taking into account the circumstances and the nature of the matter. In any case, the Administration is obligated to inform the petitioner of the reasons for the delay in issuing a decision. For the purposes of this analysis, it is relevant to keep in mind the provisions of the aforementioned norms.

Article 27 of the Constitución Política establishes the following:

"The freedom of petition, individually or collectively, before any public official or official entity, and the right to obtain a timely resolution are guaranteed."

For its part, numeral 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes the following:

"When the amparo refers to the right to petition and to obtain a timely resolution, established in Article 27 of the Constitución Política, and there is no deadline set for responding, it shall be understood that the violation occurs once ten business days have elapsed from the date on which the request was filed in the administrative office, without prejudice to the fact that, in the decision of the action, the reasons adduced to consider said deadline insufficient may be assessed, taking into account the circumstances and the nature of the matter."

In the same vein, in the Ley de Regulación del Derecho de Petición No. 9097 of October 26, 2012, it is established that this right is susceptible to judicial protection through the amparo action established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in relation to Article 27 of the Constitución Política, for those cases in which the petitioner considers that the material actions of the Administration, its administrative acts, or its response are affecting their fundamental rights. It is relevant to keep in mind the provisions of numeral 6 of said regulation:

"Submission of writs and response deadline.
The writ in which the petition is submitted and any other documents and communications provided to the corresponding public administration, as indicated in Article 2 of this law, shall obligate the administration to acknowledge receipt thereof, and must respond within the non-extendable period of ten business days counted from the day following receipt, provided the requirements established in this law are met. This action shall be carried out by the corresponding body, in accordance with the organizational rules of each entity…"

Thus, in amparo actions referring to the alleged violation of this right, there is an express legal norm -constitutionally endorsed by the law governing this jurisdiction- that orders the provision of the requested information within the ten business days following its request, as provided by Articles 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional and 27 of the Constitución Política, as indicated above. Additionally, said deadline is reiterated in Article 6 of Ley No. 9097, which reinforces the legislator's intention regarding the protection of this right.

Likewise, the Ley de la Jurisdicción Constitucional, in Article 51, provides:

"...any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

This last norm establishes the general system that regulates matters relating to compensation and payment of costs, and which the majority calls the "natural or normal way of terminating the process, where there is a ruling on the merits of the matter and acknowledgment of the facts that have violated fundamental rights…"

Consequently, in the case before us, a violation of the constitutionally endorsed ten-day deadline is verified -which, it should be noted, is not required for the rest of the amparo actions, except for that of rectification and response (numeral 68 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional)-.

Therefore, what is appropriate in this regard, and with all due respect to the majority's thesis, is to deem the violation of the right to petition and timely response, as well as the right of access to public information (Article 30, Constitucional), which guarantees free access to administrative departments for information purposes on matters of public interest, as accredited, ordering the condemnation in costs, damages, and losses against the respondent authority.

Thus, dealing with a constitutionally endorsed deadline -both by the legislator and by this Constitutional Tribunal-, its non-compliance entails a violation of the fundamental right indicated, which prompted the appellant to file this amparo action as a mechanism for obtaining the response to their request or access to the information they have required, regardless of whether the response or the delivery of the information occurred before or on the occasion of the amparo; because the truth is that the individual's constitutional right was finally satisfied on the occasion of the filing of the amparo action they were forced to submit, with the inconveniences and costs that this entails. It is insisted, the response or access provided by the respondent Administration that occurs once the deadline in question has expired, even if it occurs before the notification of the admission of the amparo, or, as in this case, on the occasion of the communication of said admission, does not constitute timely compliance with the obligation imposed by numerals 27 and 30 Constitucionales. It is clear that in that hypothesis, that untimely response satisfies the claim of the protected party, but that is not an obstacle to the recognition of the damages and losses that such indolence could have caused to the appellant, as well as the costs associated with the exercise of this procedural action, necessary for the safeguarding of their fundamental rights, as enabled by precept 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Consequently, we partially dissent, and impose on the respondent the payment of costs, damages, and losses.

VI.- DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE GARRO VARGAS. REGARDING THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT. Article 52 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC) states: "If, while the amparo is in progress, an administrative or judicial resolution is issued that revokes, stops, or suspends the challenged action, the action shall be granted solely for the purposes of compensation and costs, if they are appropriate."

My interpretation of that norm is as follows: That "resolution" is any valid and effective act by which the competent authority restores the enjoyment of the violated right. The phrase "if they are appropriate" refers to costs. Furthermore, Article 197 of the Código Procesal Contencioso-Administrativo, cited by the majority, based on Article 14 of the LJC, precisely refers only to these: to costs.

Certainly, according to Article 48 of the Constitución Política (CP), the essential content of the right to the amparo action is not compensatory but restitutive; however, Article 51 of the LJC states: "Any resolution that upholds the action shall condemn in the abstract to the compensation for the damages and losses caused and to the payment of the costs of the action, and its liquidation shall be reserved for the execution of the judgment."

If the right has been violated and the Sala so verifies, even if it has been restored, damages and losses could have arisen. For this reason, the condemnation in the abstract for these is appropriate. If this were not done, if such condemnation were not ordered, in the event that they had indeed occurred, there would be no title -derived from this process- to claim them, which could violate Article 41 of the CP. Even if there is a condemnation in the abstract, if no damages or losses have occurred, the judge in the ordinary jurisdiction will so declare, since only he has the authority to deem the real existence and magnitude of the same as proven.

With the thesis defended by the majority, I believe that, contrary to what is sought, it would incentivize the Administration to respect rights only when faced with an amparo action. It remains to be said that Article 52 of the LJC provides for the possibility that, if deemed just, the Sala may condemn in costs, even when the right has been restored.

For this reason, I partially dissent regarding the operative part and order the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs.

VII.- Documentation contributed to the case file. The parties are advised that if they have contributed any paper documents, as well as objects or evidence contained in any electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not withdrawn within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in Article XXVI of session no. 27-11 of August 22, 2011, published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement of the Consejo Superior del Poder Judicial, approved in Article LXXXI of session no. 43-12 held on May 3, 2012.

Por tanto:

The action is granted, without special condemnation in costs, damages, and losses. Magistrates Salazar Alvarado and Garita Navarro set forth differing reasons and partially dissent, solely for purposes of compensation, and impose on the respondent the payment of costs, damages, and losses. Magistrate Garro Vargas partially dissents and orders the condemnation in damages and losses, but not the condemnation in costs. Notify.

Fernando Castillo V.
Presidente

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Jose Roberto Garita N.

Digitally Signed Document
-- Verification code --
*GGQ2LE7IIUO61*

EXPEDIENTE N° 25-016008-0007-CO

Telephones: Telf01/ ALA-4TA (Telf02). Fax: Telf03 / Telf04. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.

South of the Perpetuo Socorro church).

 

 

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 10:48:19.

SCIJ de Hacienda
SCIJ de la Procuraduría General de la República